Informe De Propuestas Relativas A Proyecto De Ley Sobre Universidades Del Estado.pdf

INFORME DE PROPUESTAS RELATIVAS A PROYECTO DE LEY SOBRE UNIVERSIDADES DEL ESTADO

Santiago, agosto de 2017

El presente informe es una invitación a debatir y proponer, un insumo para que la comunidad universitaria de la Universidad de Chile reflexione en torno al proyecto de ley sobre Universidades del Estado presentado por el Gobierno (Boletín N°11329-04) y, de tal forma, que nuestra Casa de Estudios pueda elaborar, de manera conjunta, proposiciones respecto a esta iniciativa que afecta significativamente a todo el sistema de educación superior pública. El documento resume las conclusiones generales compartidas por representantes de diferentes organismos y agrupaciones universitarias, entre los que cabe destacar al Senado Universitario, al Consejo de Evaluación, a la Federación de Estudiantes (FECH), a la Federación de Funcionarios (FENAFUCH), al Sindicato de Trabajadores a Honorarios (SITRAUCH), académicos de la Facultad de Derecho y a la Dirección Jurídica de Rectoría. El Comité de Coordinación Institucional (CCI), instancia que reúne a los Órganos Superiores de nuestra Casa de Estudios, decidió poner a disposición de la comunidad estas conclusiones, para facilitar el análisis y permitir obtener propuestas consensuadas como Institución. En particular, las ideas trabajadas giran en torno a tres asuntos críticos advertidos en el proyecto de ley, a saber: del gobierno universitario; del financiamiento a las universidades estatales, y; del régimen jurídico del personal universitario. Con todo, cabe mencionar que, sin perjuicio de las conclusiones generales que se exponen a continuación, existe un conjunto de proposiciones detalladas que distintos organismos y agrupaciones universitarias elaboraron en pos de avanzar en fórmulas para modificar el proyecto de ley, documentos que se acompañan como anexos al presente informe.

I.

GOBIERNO UNIVERSITARIO

Diagnóstico de la situación comparada En primer lugar, se efectuó un somero diagnóstico de las distintas fórmulas de gobierno que poseen las 18 universidades del Estado, constatándose una diversidad de realidades, atendidas las circunstancias históricas en que fueron elaborados sus estatutos.

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Así, 13 instituciones conservan los regímenes impuestos durante la dictadura militar, predominando en éstas el modelo de junta directiva, con mayoría de representantes externos y sin que el Rector presida y vote en dicha instancia1. Por otra parte, 2 universidades tienen estatutos del año 1994, considerados de “época intermedia”, con un consejo superior con mayoría de académicos de la propia entidad electos por sus pares; además, integrado y presidido por el Rector, con un tercio de dignatarios del Presidente de la República y representantes, sólo con derecho a voz, de los estudiantes y funcionarios no académicos. Seguidamente, la Universidad de Chile innovó en esta materia a través del Estatuto modificado sustancialmente el año 2006, considerado “participativo”, que posee dos órganos colegiados superiores presididos por el Rector, uno de carácter ejecutivo y otro normativo, el primero integrado por dos representantes del Presidente de la República y 14 decanos de las facultades; el segundo órgano está integrado por representantes de los tres estamentos que conforman la comunidad universitaria. Finalmente, dos nuevas universidades poseen estatutos promulgados este año 2017, que tienen elementos de los dos últimos modelos expuestos, con énfasis en aquel de la “época transicional”. Además de los casos anteriormente señalados -normas efectivamente publicadas y vigentes-, han existido proyectos de nuevos estatutos por parte de las Universidades de Valparaíso, de Santiago y de Playa Ancha, iniciativas que establecían mecanismos de participación de la comunidad universitaria, pero que, en definitiva, nunca fueron concretadas mediante ley. Conclusiones compartidas Dicho esto, se considera que el proyecto de ley en estudio replica el modelo dictatorial vigente en 13 de las 18 universidades, extendiéndolo a todas ellas. Ante esta realidad, el análisis compartido es que, dada la necesidad de contar con normas comunes, corresponde establecer una fórmula que permita a cada institución, de manera flexible, poseer la forma de gobierno universitario que mejor responda a su situación particular, a través de los órganos y mecanismos de representación y participación que estimen pertinentes, en lugar de imponer un modelo rígido de disposiciones comunes en esta materia. Otra fórmula alternativa, pero que no ha sido compartida, está en exceptuar -de las normas comunes de gobierno que propone el proyecto- a todas las universidades con estatutos posteriores a marzo de 19902, opción que podría impedir a determinadas instituciones avanzar en esta materia, en lo sucesivo, en especial respecto a la participación de la comunidad universitaria.

1 Las trece instituciones que conservan los mismos estatutos dictados antes de 1990 son las Universidades: de Tarapacá; Arturo Prat; de Antofagasta; de Atacama; de La Serena; de Playa Ancha; de Valparaíso; de Santiago de Chile; Metropolitana de Ciencias de la Educación; de Talca; del Bío-Bío; de la Frontera; de Magallanes. 2 Posterior a dicho año, las cinco universidades que han dictado o reformado sus estatutos -y que podrían quedar exceptuadas- son: Universidad de Los Lagos; Universidad Tecnológica Metropolitana; Universidad de Chile; Universidad de O´Higgins; Universidad de Aysén.

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Sin perjuicio de lo anterior, cabe tener presente que esta última opción -de exceptuar a ciertas universidades- no impediría modificar el actual proyecto de ley en esta materia, en orden a establecer una fórmula de marco común sobre gobierno universitario para las instituciones no exceptuadas, distinta a la presentada por el Ejecutivo, de acuerdo a la situación particular y el parecer de tales universidades. En tal sentido, las alternativas planteadas -establecer reglas comunes de gobierno o exceptuar a ciertas universidades del marco común- no resultarían dicotómicas. Ahora bien, en la perspectiva de contar con una fórmula adaptable de gobierno universitario para las dieciocho universidades del Estado, se concordó el establecer los siguientes criterios comunes respecto de sus órganos colegiados: 1. Consagrar al menos dos órganos colegiados superiores en cada universidad, uno con funciones predominantemente ejecutivas o de administración y otro con funciones predominantemente normativas. En todo caso, establecer que todos sean resolutivos en sus ámbitos de acción. 2. Fijar una proporción máxima de representantes externos o estatales en el órgano colegiado respectivo, junto con definir una fórmula para su designación que no involucre sólo al Poder Ejecutivo. 3. Asegurar la existencia mayoritaria de integrantes académicos en los órganos colegiados. 4. Asegurar la participación en estos órganos colegiados de estudiantes y funcionarios no académicos, sin perjuicio de la existencia de integrantes de la comunidad universitaria distintos a éstos.

II.

FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES ESTATALES

Conclusiones compartidas A este respecto, el análisis compartido es que, por una parte, corresponde consagrar como una exigencia el aumento de matrícula en las universidades estatales, no sólo como posibilidad -según señala proyecto de ley-, sino como un objetivo prioritario que procure avanzar a una mayor cobertura del sistema público de educación superior. Ahora bien, se estimó necesario precisar que dicho aumento sea efectuado no sólo a través de nuevos cupos, sino también mediante la reubicación de estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado. Además, asegurar que el aumento se produzca de forma gradual, garantizando condiciones estudiantiles y laborales adecuadas especialmente en cuanto a infraestructura y equipamiento, y la calidad del funcionamiento docente. Por otro lado, consagrar que el mecanismo principal de financiamiento sea a través de aportes directos de carácter permanente, por sobre otras vías complementarias, junto con precisar los objetivos que cumple cada mecanismo. Con todo, establecer que los aportes directos aseguren el funcionamiento básico de todas las actividades universitarias, es decir que, más allá de las cantidades específicas, garantice el cumplimiento de estas funciones.

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Asimismo, establecer que el Plan de Fortalecimiento se encuentre dirigido a reforzar el sistema público de educación superior, principalmente el aumento de matrícula, mientras que mecanismos complementarios, como el Convenio Marco, entreguen recursos para proyectos o tareas específicas, pero que no signifique la vía principal de financiamiento, en ningún caso.

III.

RÉGIMEN JURÍDICO DEL PERSONAL UNIVERSITARIO

Conclusiones compartidas A este respecto, el análisis compartido es que deben conservarse las normas sobre Carrera Funcionaria contenidas en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (LOCBGAE)3, cuya aplicación a las universidades estatales el proyecto de ley pretende excluir. Por otro lado, existe un rechazo común a que cada institución pueda dictar reglamentos especiales para su personal no académico, por sobre las normas del Estatuto Administrativo (EA)4. Asimismo, existió un rechazo compartido a la exclusión de la exigencia del 20% en las contratas -respecto al total de cargos de planta- que plantea el proyecto de ley, y a la posibilidad de contratar, bajo una misma hipótesis -de servicios específicos- personal a honorarios o mediante contrato de trabajo.

Ley N°18.575, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado a través del D.F.L. N°1 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 4 Ley N°18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado a través del D.F.L. N°29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda. 3

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ÍNDICE DE ANEXOS AL INFORME

Anexo N°1. Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado (Boletín 11329-04). Anexo N°2. Proyecto de Ley de Educación Superior, versión aprobada por la Cámara de Diputados (Boletín N°10783-04). Anexo N°3. Documento de análisis al Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado (Boletín 11329-04), del Observatorio Legislativo de las Reformas en Educación Superior. Anexo N°4. Documento de análisis de modelos de gobernanza en Universidades del Estado, de la Presidencia del Consejo de Evaluación (CEv). Anexo N°5. Propuestas de la Mesa del Senado Universitario (MdS), relativas a gobierno universitario, financiamiento y régimen del personal de las universidades estatales. Anexo N°6. Propuestas de la Presidencia del Consejo de Evaluación (CEv), relativas a gobierno universitario y financiamiento de las universidades estatales. Anexo N°7. Propuestas de la Dirección Jurídica (DJ), relativas al régimen del personal de las universidades estatales. Anexo N°8. Propuestas de la Facultad de Derecho, relativas a gobierno universitario. Anexo N°9. Propuestas del Centro de Estudios de la FECH (CEFECH), relativas a financiamiento de las universidades estatales.

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MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY SOBRE UNIVERSIDADES DEL ESTADO. _______________________________ Santiago, 13 de julio de 2017.

M E N S A J E

Nº 091-365/

Honorable Cámara de Diputados: A

S.E. EL

PRESIDENTE DE

LA

H.

CÁMARA DE DIPUTADOS.

Tengo el honor de someter a consideración el siguiente proyecto sobre Universidades del Estado. I. 1.

vuestra de ley

ANTECEDENTES Origen y situación del actual sistema de Universidades del Estado

El origen de las Universidades del Estado tiene directa relación con el proyecto de consolidación de la República. Junto con establecer un nuevo ordenamiento jurídico y político, resultaba indispensable promover el saber y el conocimiento racional, formando a los ciudadanos en diversas disciplinas y oficios para servir a los destinos de la incipiente Nación. Imbuida por el espíritu ilustrado, la República debía avanzar de la mano del cultivo de la razón y del pensamiento, de la propagación consciente de las ideas y de la acción inspirada en ellas. Se necesitaba dejar atrás el modelo colonial basado en el linaje y la fortuna, promoviendo un modelo de sociedad sustentado en la capacidad, el mérito y el esfuerzo de cada persona. En este contexto se explica y comprende la fundación de la Universidad de Chile en 1842, así como la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1849, antecedente directo de la

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Universidad Técnica del Estado, fundada un siglo más tarde, en 1947. Estas instituciones, surgidas en los albores de la República, constituyeron un proyecto intelectual del país –y no de un determinado grupo o sector– con una clara orientación respecto de su misión al servicio de los intereses generales de la Nación y de sus habitantes. Por casi un siglo y medio, las Universidades del Estado representaron un pilar fundamental en el sistema de educación superior. Este rasgo se vio reforzado con la creación progresiva de sedes a lo largo del país, las cuales permitieron que las actividades de docencia, investigación y extensión de estas instituciones se propagaran por gran parte del territorio. Posteriormente, a partir de las reformas estructurales impulsadas por la dictadura en 1981, se transformó el escenario de la educación superior en Chile, afectándose de forma profunda el rol y el quehacer de las Universidades del Estado. Además de la reducción radical del gasto real público en educación superior y de la proliferación de instituciones privadas sin una adecuada regulación, se produjo el desmembramiento de las Universidades del Estado, perdiendo estas instituciones su carácter nacional. Fue así como las sedes regionales de la Universidad de Chile dieron origen a la Universidad de Valparaíso, a la Universidad de Tarapacá, al Instituto Profesional de Osorno – a partir del cual se crea la Universidad de Los Lagos–, y al Instituto Profesional de Iquique – del que nace la Universidad Arturo Prat–. De sus facultades de Educación ubicadas en Santiago y Valparaíso nacieron las Academias Superiores de Ciencias Pedagógicas, que luego pasaron a conformar la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, respectivamente. A su turno, la Universidad Técnica del Estado pasó a denominarse Universidad de Santiago de Chile en 1981. Sus sedes en regiones se transformaron en la Universidad de Atacama y

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en la Universidad de Magallanes. Asimismo, de la fusión de las ex sedes regionales de la Universidad de Chile y de la Universidad Técnica del Estado, se fundaron la Universidad de La Serena, la Universidad de La Frontera, la Universidad de Antofagasta y la Universidad de Talca. Por último, a fines de los años ochenta y comienzos de los años noventa se crearon, respectivamente, la Universidad del Bío-Bío y la Universidad Tecnológica Metropolitana. La primera, proveniente de la fusión de la sede de Concepción de la Universidad Técnica del Estado y del Instituto Profesional de Chillán, ex sede de la Universidad de Chile en dicha ciudad. La segunda, surgida del Instituto Profesional de Santiago, heredero del Instituto Politécnico de la Universidad de Chile. En este marco, las Universidades del Estado se vieron enfrentadas a un nuevo modelo de financiamiento vinculado a la progresiva competencia por recursos. A su vez, quedaron sometidas a un régimen jurídico y a un sistema de fiscalización propio de los órganos del Gobierno central, situación que ha dificultado sobremanera su gestión administrativa y financiera, debiendo realizar estas labores en abierta desventaja frente a las demás instituciones universitarias. En cuanto a su organización interna, la mayoría de las Universidades del Estado están regidas por estatutos impuestos en dictadura, sin que haya habido una deliberación en el seno de estas instituciones respecto de sus reglas de gobernanza y funcionamiento. Si bien desde el retorno a la democracia han surgido modificaciones legales significativas para resguardar su autonomía universitaria, lo cierto es que no ha existido una reflexión articulada e integral respecto del gobierno universitario de las instituciones de educación superior del Estado. Lo dicho precedentemente da cuenta de un problema mayor: la ausencia de una visión de conjunto y estratégica respecto de las Universidades del Estado, que sea capaz de reconocer la especificidad conceptual y

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jurídica de estas instituciones, así como la relevancia de su misión y de sus funciones al servicio del país. En este nuevo escenario, se ha ido difuminando el proyecto intelectual y republicano que sustentó la creación de estas instituciones de educación superior hacia mediados del Siglo XIX. 2.

Relevancia Estado

de

(re)asumir

una

visión

de

Una de las motivaciones centrales de mi Gobierno ha sido recuperar el rol que el Estado debe cumplir en todos los niveles de la enseñanza, a fin de propender hacia una sociedad más inclusiva, diversa, justa y democrática. La educación superior no ha estado exenta de este propósito. Prueba de ello ha sido la creación de quince Centros de Formación Técnica estatales y la creación, en 2015, de dos nuevas Universidades del Estado, a saber, la Universidad de O'Higgins y la Universidad de Aysén. Como señalé en el mensaje del proyecto de ley que dio origen a estas últimas instituciones, considero que en “el Estado recae la responsabilidad principal de asegurar que la educación superior […] se constituya en un derecho social de la población, asegurando calidad, acceso, permanencia y egreso sin discriminación de ningún tipo, con la sola excepción de las capacidades del estudiante”. La responsabilidad aludida demanda que el Estado asuma una visión clara y sistémica de sus instituciones de educación superior y, en particular, de sus dieciocho Universidades. En efecto, es indispensable que el Estado se haga cargo de las necesidades, los obstáculos y los desafíos que acompañan a sus Universidades desde el último cuarto del Siglo XX, con una mirada de país y de largo plazo, de forma tal de poder proyectar el quehacer de estas instituciones con una perspectiva de futuro, en el marco de las ingentes transformaciones políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas del presente siglo. Honorable Cámara de Diputados, el proyecto de ley que someto a vuestra discusión se vincula con lo más preciado de nuestra tradición

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republicana. Esta tradición nos enseñó que las Universidades del Estado trascienden las motivaciones e intereses de un determinado sector político, religioso o filosófico, fijando su horizonte en la generación y transmisión del conocimiento racional y en el desarrollo de la cultura, las humanidades, las artes, las ciencias y la tecnología, satisfaciendo, de esta manera, los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones. II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.

Objetivo general

El objetivo general del proyecto de ley es establecer un marco jurídico que permita que las Universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral del país, de conformidad a la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios que fundamentan y dirigen el quehacer de estas instituciones de educación superior. En este contexto, el proyecto pretende abordar la naturaleza, la organización y el funcionamiento de las Universidades del Estado desde una visión sistémica, estructurada y de largo plazo, con una orientación definida respecto de lo que el país demanda y necesita de sus Universidades y de lo que éstas, a su vez, requieren del Estado para llevar a cabo su misión y sus funciones, de acuerdo a criterios de excelencia. 2.

Objetivos específicos a.

Reconocimiento de la especificidad de las Universidades del Estado

El proyecto de ley reconoce y destaca la especificidad de las Universidades del Estado en el marco del sistema universitario. Dicha especificidad dice relación con su calidad de instituciones de educación superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de sus funciones, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso

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de la sociedad en las diversas áreas conocimiento y dominios de la cultura.

del

Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado. Para la realización de sus quehaceres, las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica. A su vez, se orientan por principios republicanos y democráticos que rigen a todos los miembros y órganos que integran sus comunidades. b.

Rol del Estado con sus Universidades

Una de las motivaciones centrales del proyecto de ley es recuperar y explicitar el rol del Estado en el fomento de la excelencia de todas sus universidades. En este sentido, el proyecto de ley procura que el Estado se convierta en un agente promotor de la calidad a través de sus instituciones de educación superior, en el marco de un régimen de provisión mixta. Asimismo, entiende que el Estado debe ejercer un rol clave en la configuración de una visión y acción coordinada en el quehacer de sus instituciones universitarias. c.

Reglas básicas Universitario

del

Gobierno

El proyecto de ley procura establecer las directrices básicas de los órganos superiores de sus respectivos gobiernos universitarios, así como de los órganos de control y fiscalización al interior de las Universidades del Estado. Estas reglas básicas y comunes son establecidas sin perjuicio de las demás autoridades y órganos internos que puedan regular dichas Universidades en sus correspondientes estatutos, de conformidad a su autonomía administrativa. d.

Modernización de la administrativa y financiera

gestión

Las Universidades del Estado, al ser jurídicamente organismos autónomos creados por ley para el cumplimiento de funciones de educación superior, requieren un tratamiento de

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derecho público diferenciado que facilite y agilice su gestión institucional. A este respecto, el proyecto de ley tiene por finalidad establecer normas comunes que les permitan flexibilizar su gestión administrativa y financiera bajo criterios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. e.

Régimen jurídico de los académicos y funcionarios no académicos

Se establece que los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos. Bajo esta premisa, el proyecto de ley expresa que ambos estamentos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Asimismo, el proyecto pretende promover una carrera académica en razón de requisitos objetivos de mérito y resguardar los derechos del personal no académico, entregando a las respectivas Universidades la posibilidad de dictar un reglamento de carrera funcionaria. f.

Principio de coordinación

El proyecto de ley promueve de forma particular la coordinación en el quehacer de las Universidades del Estado, con el propósito de que estas instituciones realicen una acción conjunta y articulada en aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación pública, con una visión de largo plazo. g.

Financiamiento Fortalecimiento del Estado

de

y las

Plan de Universidades

El proyecto de ley señala que las Universidades del Estado tendrán, como parte de su financiamiento permanente, un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades

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Estatales”. Además, el proyecto incorpora un Plan de Fortalecimiento que se implementará para dichas instituciones por un lapso de diez años, el cual será destinado a los usos y ejes estratégicos que se estipularán en los convenios que se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades del Estado. III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY En el marco de los objetivos expuestos, el presente proyecto de ley se estructura en cinco títulos, más un título de artículos transitorios, en los que se abordan las siguientes materias: 1.

Disposiciones generales

Se reconoce la especificidad conceptual y jurídica de las Universidades del Estado. En particular, se establece la naturaleza, el contenido de la autonomía universitaria y el régimen jurídico de estas instituciones dentro de la Administración del Estado. Asimismo, se regula la particularidad de su misión y los principios distintivos que fundamentan y dirigen su quehacer. Por último, se reconoce expresamente el rol que debe asumir el Estado con sus Universidades. 2.

Normas Estado

comunes

a

las

Universidades

del

Se determinan las reglas básicas y comunes que deben incorporar las Universidades del Estado respecto de su gobernanza. En concreto, se establecen como órganos superiores de gobierno de estas instituciones al Consejo Superior, al Rector o Rectora y al Consejo Universitario. La Contraloría Universitaria, en tanto, será el órgano responsable del control y la fiscalización interna. A su vez, se incorporan disposiciones que permitirán una gestión administrativa y financiera más expedita y eficiente; así como también, se señalan las normas legales y especiales que deben regir a los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado.

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3.

Coordinación Estado

de

las

Universidades

del

Se establecen normas que promoverán la acción coordinada de las Universidades del Estado, a fin de que puedan colaborar, por un lado, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran y, por otro lado, entre sí, como también con otras instituciones de educación. Para estos efectos, se creará el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado. 4.

Financiamiento Estado

de

las

Universidades

del

Se crea un instrumento de financiamiento de las Universidades del Estado llamado “Convenio Marco Universidades Estatales”, cuyos montos serán establecidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año, y los que no podrán ser inferiores a los de la Ley de Presupuestos del año 2016. Los criterios de distribución de estos recursos serán fijados mediante un decreto del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda. Asimismo, se establecen las normas sobre el objetivo, la finalidad y la gestión del Plan de Fortalecimiento que se implementará para las Universidades del Estado, por el lapso de diez años. 5.

Disposiciones Finales

Se exige a las Universidades del Estado que cuenten con una política de propiedad intelectual e industrial, se regula el régimen de contratación de servicios específicos, y se establece el procedimiento para que académicos extranjeros desarrollen actividades en dichas Universidades. Adicionalmente, se modifica la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, el Estatuto Administrativo y la Ley de Protección sobre Derechos de los Consumidores, con el fin de armonizarlas con el presente proyecto de ley.

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6.

Artículos Transitorios

Se establecen, entre otras materias, los plazos para la adecuación de los estatutos de las Universidades del Estado, la interpretación de lo que se debe entender como primer período del cargo de Rector para efectos de su reelección, y el plazo para dictar el decreto supremo que creará el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado. En mérito de lo expuesto, someto a vuestra consideración, el siguiente:

P R O Y E C T O

D E

L E Y:

“TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Párrafo 1º Definición, Autonomía y Régimen Jurídico de las Universidades del Estado Artículo 1.- Definición y naturaleza jurídica. Las Universidades del Estado son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo su domicilio en la región que señalen sus estatutos. Para el cumplimiento de sus funciones, las Universidades del Estado deben orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.

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Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica. La autonomía académica confiere a las Universidades del Estado la potestad para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. La autonomía administrativa faculta a las Universidades del Estado para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de la presente ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, las Universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación. La autonomía económica autoriza a las Universidades del Estado a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad. Con todo, el ejercicio de esta autonomía no exime a las Universidades del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia.

Artículo 3.- Régimen jurídico especial. En virtud de la naturaleza de sus funciones y de su autonomía académica, administrativa y económica, las Universidades del Estado no estarán regidas por las normas del Título II del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

Párrafo 2º Misión y Principios de las Universidades del Estado Artículo 4.- Misión. Las Universidades del Estado tienen como misión cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, como parte

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integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional. Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, las Universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social.

Artículo 5.- Principios. Los principios que guían el quehacer de las Universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de cátedra, de investigación y de estudio, la participación, la no discriminación, la igualdad de género, la valoración del mérito, la inclusión y la equidad. Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por las Universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, siendo vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción.

Párrafo 3º Rol del Estado Artículo 6.- Fomento de la excelencia. El Estado debe fomentar la excelencia de todas sus Universidades, promoviendo la calidad, la equidad territorial y la pertinencia de las actividades docentes y de investigación, de acuerdo a las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional. Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de la obligación del Estado de velar por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en su conjunto. Artículo 7.- Visión sistémica. El Estado debe promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus Universidades, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones de educación superior en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo.

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TÍTULO II NORMAS COMUNES A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO Párrafo 1º Del Gobierno Universitario Artículo 8.- Órganos superiores. El gobierno de las Universidades del Estado será ejercido a través de los siguientes órganos superiores: Consejo Superior, Rector o Rectora y Consejo Universitario. A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria. Las Universidades del Estado deberán constituir los referidos órganos superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás autoridades unipersonales y colegiadas de la Universidad, y de las respectivas unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos. Asimismo, en virtud de su autonomía administrativa, las Universidades del Estado podrán establecer en su organización interna Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios, Departamentos y otras unidades académicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de cada Universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha potestad organizatoria en los niveles correspondientes. Artículo 9.- Consejo Superior. El Consejo Superior es el máximo órgano colegiado de la Universidad. Le corresponde definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad. Artículo 10.- Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior estará integrado por los siguientes miembros: a) Tres representantes nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, quienes serán profesionales de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas. b) Tres miembros de la Universidad nombrados por el Consejo Universitario. De ellos, al menos dos deben estar investidos con las dos más altas jerarquías académicas.

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c) Dos profesionales de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la región en que la Universidad tiene su domicilio, nombrados de conformidad a los estatutos de la institución. d) El Rector o Rectora. Los consejeros o consejeras señalados en los literales a) y c) durarán cuatro años en sus cargos. Por su parte, los consejeros individualizados en la letra b) durarán dos años en sus funciones. En ambos casos, los citados consejeros o consejeras podrán ser designados por un período consecutivo por una sola vez. Los consejeros o consejeras precisados en los literales a) y c) no deberán desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación en el Consejo Superior. Los o las representantes indicados en la letra b) no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que asuman sus funciones en el Consejo Superior, siendo incompatibles ambos cargos. La coordinación de la oportuna designación y renovación de las vacantes, y la supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del Presidente o de la Presidenta de la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de Educación. El Consejo Superior se renovará por parcialidades, de acuerdo a las normas internas que establezcan las respectivas Universidades. En ningún caso los consejeros o consejeras podrán ser reemplazados en su totalidad. La inasistencia injustificada de los consejeros o consejeras señalados en los literales a), b) y c), a tres o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico, será causal de cesación de sus cargos de consejeros. Las demás causales, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de estos consejeros, serán reguladas por los estatutos de cada Universidad. El Consejo Superior será presidido por uno o una de los consejeros o consejeras indicados en los literales a) o c), debiendo ser elegido o elegida por los miembros del Consejo. Su mandato durará dos años sin posibilidad de reelección para un nuevo período consecutivo. Artículo 11.- Dieta de consejeros o consejeras que no pertenezcan a la Universidad. Los integrantes señalados en los literales a) y c) del artículo 10 percibirán como única retribución la suma de cuatro unidades tributarias mensuales por su asistencia a cada sesión del Consejo Superior, con un tope mensual máximo de doce unidades tributarias mensuales, independientemente del número de

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sesiones a las que asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios para todos los efectos legales. La citada retribución será incompatible con la remuneración de cualquier otro cargo en un servicio u órgano de la Administración del Estado, o en directorios de empresas públicas creadas por ley. Artículo 12.- Calidad jurídica de consejeros o consejeras que no pertenezcan a la Universidad. Los miembros del Consejo Superior que no detenten la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público. En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. Artículo 13.- Funciones del Consejo Superior. El Consejo Superior tendrá, a lo menos, las siguientes funciones y atribuciones: a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la Universidad que deban ser presentadas al Presidente o Presidenta de la República para su respectiva aprobación y sanción legal. b) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como sus modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento. c) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento. d) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución. e) Conocer las cuentas periódicas del Rector o Rectora y pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral

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f) Autorizar, a proposición del Rector o Rectora, la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos. g) Ordenar la ejecución de auditorías internas. h) Nombrar al Contralor Universitario o Contralora Universitaria y aprobar su remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad. i) Proponer al Presidente o Presidenta de la República la remoción del Rector o Rectora, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad. j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que digan relación con las políticas generales de desarrollo de la Universidad. Artículo 14.- Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del Consejo Superior. El Consejo Superior deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, seis de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente o Presidenta del Consejo.

Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a), b), c), f), h) e i) del artículo 13, se requerirá el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal i), dicho acuerdo se adoptará excluyendo de la votación al afectado. A su vez, el Rector o la Rectora no tendrá derecho a voto respecto de las propuestas que deban ser presentadas por él o ella para la aprobación del Consejo Superior. Artículo 15.- Funcionamiento interno del Consejo Superior. Las Universidades del Estado definirán a través de reglamentos, y previo acuerdo del Consejo Superior, las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo, en todo aquello que no esté previsto en la presente ley.

Artículo 16.- Rector o Rectora. El Rector o Rectora es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su representante legal, estando a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la institución.

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Tiene la calidad de jefe o jefa superior del servicio, pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente o la Presidenta de la República. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen. Los estatutos de cada Universidad definirán las atribuciones específicas del Rector o Rectora en el marco de las responsabilidades y funciones señaladas en los incisos precedentes. De la misma forma, los estatutos deberán establecer las causales de remoción que le sean aplicables e indicarán las normas para su subrogación.

Artículo 17.- Elección del Rector o Rectora. El Rector o Rectora se elegirá de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.305. Durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido o reelegida, por una sola vez, para el período inmediatamente siguiente. Una vez electo o electa, será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

Artículo 18.- Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer funciones consultivas y de proponer iniciativas al Rector o Rectora, en las materias relativas al quehacer institucional de la Universidad. Los estatutos de cada Universidad establecer una denominación distinta para este órgano.

podrán

Artículo 19.- Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estará integrado por representantes de los distintos estamentos de la institución, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus estatutos. Con todo, la participación de los académicos en este Consejo no podrá ser inferior a dos tercios del total de sus integrantes. El Consejo Universitario será presidido por el Rector o Rectora.

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Artículo 20.- Atribuciones, organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. Los estatutos de cada institución determinarán las atribuciones específicas del Consejo Universitario, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 18, debiendo cautelar que dichas atribuciones no contravengan las funciones de dirección y administración del Rector o Rectora, ni las funciones propias de la definición de la política general de desarrollo del Consejo Superior. Asimismo, las Universidades del Estado definirán a través de sus estatutos las reglas sobre el procedimiento de elección y designación de los integrantes del Consejo Universitario, la duración de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia. Las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo serán establecidas en reglamentos dictados por cada institución. Artículo 21.Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria es el órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la Universidad y de auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.

Artículo 22.- Contralor Universitario o Contralora Universitaria. La Contraloría Universitaria estará a cargo del Contralor Universitario o Contralora Universitaria, quien deberá tener el título de abogado, contar con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho años y poseer las demás calidades establecidas en los estatutos de la Universidad. Será nombrado o nombrada por el Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo ser designado o designada, por una sola vez, para el período siguiente. Los estatutos de cada institución deberán establecer el procedimiento de selección y las causales de remoción del Contralor o Contralora e indicarán las normas para su subrogación.

Artículo 23.- Dependencia técnica. El Contralor Universitario o Contralora Universitaria estará sujeto a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda.

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Artículo 24.- Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de un reglamento interno, cada institución definirá la estructura de la Contraloría Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo organismo.

Párrafo 2º De la Gestión Administrativa y Financiera Artículo 25.- Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las Universidades del Estado deberán regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado. En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su quehacer institucional y la necesidad de propender a una gestión administrativa y financiera más expedita y eficiente, las Universidades del Estado dispondrán de un régimen especial en las materias señaladas en los siguientes artículos del presente párrafo. Artículo 26.- Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebren las Universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley Nº 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

Artículo 27.- Convenios excluidos de la ley N° 19.886. No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley Nº 19.886 los convenios que celebren las Universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas Universidades entre sí.

aplicación

de

la

De la misma manera, estarán excluidos de la citada ley los contratos que celebren las

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Universidades del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile.

Artículo 28.- Licitación privada o trato directo. Las Universidades del Estado podrán celebrar contratos a través de licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el artículo 8 de la ley Nº 19.886; y además, cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto. En estos casos, las Universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios. Artículo 29.- Exclusión de la ley N° 19.496. Las actividades de las Universidades del Estado no quedarán sujetas a las disposiciones de la ley Nº 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, salvo lo dispuesto en el artículo 3 ter de dicho cuerpo legal. Los derechos de los y las estudiantes de las referidas Universidades serán resguardados mediante las normas generales aplicables a la educación superior y, en particular, a través de los organismos competentes para fiscalizar a dichas instituciones estatales. Artículo 30.- Ejecución y celebración de actos y contratos. Las Universidades del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de su misión y de sus funciones. En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente facultadas para:

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a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales, extranjeras o internacionales. b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través de sus distintos organismos. c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional. d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de su trabajo de investigación, creación e innovación. e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la Universidad. f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a sus respectivos patrimonios. g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para su cobro. h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le correspondan. i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la aplicación de los contratos que suscriban. j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación. Artículo 31.- Exención de tributos. Las Universidades del Estado estarán exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos. Artículo 32.- Actos sujetos a la toma de razón. Los actos de las Universidades del Estado no estarán afectos al trámite de la toma de razón de la Contraloría General de la República, salvo en los siguientes casos: 1) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles.

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2) Las operaciones de endeudamiento o de crédito que comprometan el patrimonio de la institución a través de hipotecas o gravámenes. 3) Los contratos para el suministro de bienes muebles y de servicios a partir de veinte mil unidades tributarias mensuales. Lo dicho se aplicará sin perjuicio de las facultades de control posterior que ejerce la Contraloría General de la República, de acuerdo a la ley.

Párrafo 3º De los Académicos y Funcionarios no Académicos Artículo 33.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos. Se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley aludido en el inciso anterior, no regirá respecto de los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado. De la misma manera, no serán aplicables a estos empleados públicos las disposiciones del párrafo 3° del Título III del decreto con fuerza de ley precitado. En consecuencia, las destinaciones, las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios del personal académico y no académico de dichas instituciones se regirán por sus respectivos reglamentos internos. Los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro. Artículo 34.- Carrera académica. La carrera académica en las Universidades del Estado se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y transparencia.

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A través de un reglamento de carrera académica, las Universidades del Estado deberán establecer las funciones, los derechos y las obligaciones de su cuerpo docente. Este reglamento deberá contener las normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de los académicos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el inciso precedente. Artículo 35.- Máxima jerarquía académica nacional. Sin perjuicio de los requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas de Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u otras equivalentes, las Universidades del Estado podrán establecer, de consuno, una jerarquía máxima nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular, que disponga de requisitos comunes y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación superior. Artículo 36.- Carrera funcionaria. Las Universidades del Estado podrán dictar un reglamento de carrera funcionaria para su personal no académico. Este reglamento deberá contener las normas sobre el ingreso, la capacitación, la promoción, los deberes y los derechos funcionarios, la responsabilidad y la cesación de funciones, así como el respectivo sistema de calificación de los funcionarios no académicos, de conformidad a requisitos objetivos basados en la idoneidad y en los principios de no discriminación, publicidad y transparencia. Artículo 37.- Capacitación y perfeccionamiento de funcionarios no académicos. Las Universidades del Estado deberán promover la capacitación de sus funcionarios no académicos, con el objeto de que puedan perfeccionar, complementar o actualizar sus conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones.

TÍTULO III DE LA COORDINACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO Párrafo 1º Principio Basal y Objetivos Artículo 38.- Principio de coordinación. En el cumplimiento de su misión y de sus funciones, las Universidades del Estado deberán actuar de conformidad al principio de coordinación, con el propósito de fomentar una labor conjunta y articulada en todas aquellas

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materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo. Artículo 39.- Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones. En este marco, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. La implementación de estos planes se establecerá mediante convenios que las Universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos. Artículo 40.- Colaboración entre las Universidades del Estado y con otras instituciones de educación. Las Universidades del Estado deberán colaborar entre sí y con otras instituciones de educación con el propósito de desarrollar, entre otros, los siguientes objetivos: a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación superior, para realizar actividades de posgrado, investigación, innovación, creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y equidad territorial. b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con Universidades y entidades extranjeras, en el ámbito propio de las funciones de educación superior. c) Promover la movilidad académica entre sus docentes.

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d) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones técnico profesionales y las Universidades del Estado. e) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica, de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional. f) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en sus procesos de acreditación. g) Vincular sus actividades con los Centros de Formación Técnica Estatales. h) Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado. i) Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a criterios de equidad y mérito académico. j) Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los contratos que celebren las Universidades del Estado para el suministro de bienes muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de conformidad a la ley Nº 19.886. k) Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un mejoramiento continuo de las Universidades del Estado y que permitan elevar progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad. Párrafo 2º Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado Artículo 41.- Del Consejo. El Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, y suscrito por el Ministro o Ministra de Hacienda, creará un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado (en adelante indistintamente, “el Consejo”), el que, con un carácter consultivo, tendrá por finalidad promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones universitarias

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estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes señalados en el párrafo 1° del presente Título. Artículo 42.- Integración del Consejo. El Consejo estará integrado por rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo. El Consejo de Coordinación de Universidades del Estado será presidido y convocado por el Ministro o Ministra de Educación. Asimismo, el apoyo administrativo y material a dicho Consejo será proporcionado por el Ministerio de Educación. Sin perjuicio de los representantes del Gobierno que integrarán el Consejo, podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o representantes gubernamentales sectoriales para tratar temas, iniciativas o propuestas que digan relación con materias de su competencia. Las reglas sobre el número, el nombramiento y la duración de sus integrantes, así la organización, el funcionamiento y las tareas Consejo, serán establecidas en el decreto supremo

procedimiento de como respecto de específicas del que lo cree.

TÍTULO IV DEL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO Párrafo 1º Fuentes de Financiamiento Artículo 43.- Convenio Marco Universidades Estatales. En su calidad de instituciones de Educación Superior estatales, creadas para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales”. Los montos específicos de este instrumento de financiamiento serán establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación “Convenio Marco Universidades Estatales” establecido en la ley N° 20.882.

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Artículo 44.- Otras fuentes de financiamiento. Lo expresado en el artículo anterior es sin perjuicio de los aportes que les corresponda percibir a las Universidades del Estado, de conformidad al decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, que fija las Normas sobre Financiamiento de las Universidades; de los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado; y de los ingresos que señalen sus respectivos estatutos por derechos de matrícula, aranceles, impuestos universitarios, prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados, entre otros. Párrafo 2º Plan de Fortalecimiento Artículo 45.- Objetivo y vigencia. Con el propósito de apoyar el desarrollo institucional de las Universidades del Estado se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas. Artículo 46.- Recursos del Plan. Los recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $150.000.000 miles, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” establecida en la ley Nº 20.981. Artículo 47.- Líneas de acción del Plan. A través del Plan de Fortalecimiento, las Universidades del Estado podrán financiar, entre otras, las siguientes iniciativas: a) Diseñar e implementar acciones destinadas a preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y rediseño curricular. b) Promover la incorporación de académicos e investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las actividades de docencia e investigación. c) Crear o fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el desarrollo de conocimiento o innovación en torno a materias de relevancia estratégica para el país o sus regiones.

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d) Elaborar planes de acceso y apoyo académico para la admisión, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables, fomentando de manera particular el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. e) Fomentar mecanismos e instrumentos de colaboración entre estas instituciones en los ámbitos de docencia, investigación y desarrollo institucional. f) Apoyar las acciones definidas en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, destinadas a la ampliación de su oferta académica, las que deberán tener en consideración su pertinencia institucional y su consistencia académica y técnica, de conformidad a indicadores objetivos. Artículo 48.- Comité del Plan de Fortalecimiento. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda, se creará el Comité del Plan de Fortalecimiento (en adelante indistintamente, “el Comité”), el que tendrá a su cargo la aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las Universidades del Estado que se financien en virtud del Plan. Artículo 49.- Integrantes del Comité y Secretaría Técnica. El Comité estará integrado por el Ministro o Ministra de Educación, quien lo presidirá, y cinco rectores de Universidades del Estado. El Comité contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, radicada en el Ministerio de Educación, que prestará respaldo material y técnico a la gestión administrativa vinculada a la implementación del Plan de Fortalecimiento. Esta Secretaría será dirigida por un Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva designado o designada por el Comité, a partir de una terna elaborada según lo establecido en el párrafo 3° del Título VI de la ley Nº 19.882. Las normas sobre el funcionamiento interno, el procedimiento de nombramiento de sus integrantes y la forma en que cumplirá sus tareas el Comité y su Secretaría Técnica, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree. TÍTULO V DISPOSICIONES FINALES Artículo 50.- Política de propiedad intelectual e industrial. Las Universidades del Estado deberán establecer a través de reglamentos, una política de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de investigación, creación e

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innovación de sus académicos, resguardando los derechos de estas instituciones. Artículo 51.Contratación de servicios específicos. Las Universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios o contrato de trabajo, la prestación de servicios específicos. Las personas que presten dichos servicios no tendrán la calidad de funcionarios públicos y su vínculo jurídico con la Universidad se regirá por las cláusulas del respectivo contrato, de conformidad a la legislación civil y laboral, respectivamente. Artículo 52.Actividades de académicos extranjeros. Los académicos, investigadores, profesionales, conferencistas o expertos extranjeros, y que tengan residencia o domicilio permanente fuera del territorio nacional, estarán exentos de solicitar la autorización para desarrollar actividades remuneradas, señalada en el artículo 48, inciso primero, del decreto ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, siempre que dichas labores correspondan a actividades académicas organizadas por instituciones universitarias estatales y no se extiendan más allá de treinta días o del término del respectivo permiso de turismo. Artículo 53.- Modifícase el inciso segundo del artículo 21 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de la siguiente manera: 1) Reemplázase la conjunción “y” situada a continuación de la frase “Consejo para la Transparencia”, por una coma. 2) Elimínase la coma que sigue a la frase “empresas públicas creadas por ley” y agrégase a continuación de dicha frase la expresión “y a las Universidades del Estado,”. 3) Reemplázase la frase “constitucionales o de quórum calificado,” por “constitucionales, de quórum calificado o especiales,”. Artículo 54.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la siguiente forma: 1) Incorpórese en el inciso final del artículo 7, entre la expresión “Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” y la conjunción “y”, la frase “, la Ley sobre Universidades del Estado”.

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2) Incorpórase en el artículo 162 letra a), a continuación de la palabra “Académicos”, la expresión “y funcionarios no académicos”. Artículo 55.- Reemplázase en el artículo 2 letra d) de la ley Nº 19.496, la frase “, técnico profesional y universitaria” por la frase “y superior no estatal”. Artículo 56.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. ARTÍCULOS TRANSITORIOS Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación. Para los efectos de adecuar los actuales estatutos de las Universidades del Estado a las disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, dichas instituciones deberán proponer al Presidente o Presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos dentro del plazo de tres años, desde la entrada en vigencia del referido texto legal. Artículo segundo.En el caso de las Universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al 1 de marzo de 2005, el plazo aludido en el inciso segundo del artículo precedente será de seis años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley. Si una Universidad del Estado no efectúa la propuesta de modificación de sus estatutos dentro de los plazos máximos señalados en la presente ley, dejará de estar habilitada para recibir recursos públicos en virtud de los instrumentos contemplados en el artículo 43 y en el Párrafo 2° del Título IV de esta ley. Dicha inhabilidad se mantendrá hasta que la institución envíe dicha propuesta al Ministerio de Educación. Artículo tercero.- Se considerará como primer período del cargo, para la aplicación del artículo 17, aquel que haya asumido el Rector o Rectora bajo la vigencia de los nuevos estatutos, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio. Artículo cuarto.- La aplicación del reglamento de carrera funcionaria señalado en el artículo 36, respecto del personal no académico que se desempeñe en las Universidades del Estado al tiempo

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de la publicación de la presente ley, no importará supresión de cargo, término de relación laboral ni modificación de su calidad de empleados públicos. Las Universidades del Estado podrán dictar su reglamento de carrera funcionaria a contar del segundo año de entrada en vigencia de la presente ley. Artículo quinto.- El plazo para dictar el decreto supremo que creará el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, será de un año desde la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo sexto.- El plazo para dictar el decreto supremo que creará el Comité del Plan de Fortalecimiento será de seis meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo séptimo.- En tanto no entren en vigencia las normas estatutarias y reglamentos internos que deban dictarse en virtud de esta ley, las Universidades del Estado seguirán rigiéndose por las respectivas normas estatutarias y reglamentos internos que actualmente les son aplicables.”. Dios guarde a V.E.,

MICHELLE BACHELET JERIA Presidenta de la República

RODRIGO VALDÉS PULIDO Ministro de Hacienda

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NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN Ministro Secretario General de la Presidencia

ADRIANA DELPIANO PUELMA Ministra de Educación

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Oficio Nº 13.405

jsk/cco S.47ª/365ª

VALPARAÍSO, 18 de julio de 2017

A S.E. EL PRESIDENTE DEL H. SENADO

Con motivo del mensaje, informes y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley sobre Educación

Superior,

correspondiente

al

boletín

N°

10.783-04, del siguiente tenor:

PROYECTO DE LEY:

“TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Y SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Párrafo 1° Disposiciones Generales

Artículo 1.- La educación superior es un derecho, cuya

provisión

debe

estar

al

alcance

de

todas

las

personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, para que

puedan

desarrollar

sus

talentos;

asimismo,

debe

servir al interés general de la sociedad y se ejerce conforme a las normas, condiciones y requisitos que se establecen en la ley y sus normas complementarias, a las garantías

constitucionales

y

a

los

tratados

internacionales ratificados por Chile, en el marco de un Estado democrático de derecho.

2

La educación superior cumple un rol social que tiene como finalidad la generación y desarrollo del conocimiento,

sus

aplicaciones,

el

cultivo

de

las

ciencias, la tecnología, las artes y las humanidades; así como también la vinculación con la comunidad a través de

la

difusión,

valorización

y

transmisión

del

conocimiento, además del fomento de la cultura en sus diversas manifestaciones, con el objeto de aportar al desarrollo sustentable, al progreso social, cultural, científico, tecnológico de las regiones, del país y de la comunidad internacional. Asimismo,

la

educación

superior

busca

la

formación integral y ética de las personas, orientada al desarrollo del pensamiento autónomo y crítico, que les incentive a participar y aportar activamente en los distintos ámbitos de la vida en sociedad, de acuerdo a sus diversos talentos, intereses y capacidades. La educación superior debe orientarse y tener como base la transformación del pensamiento, que permita la renovación de los actuales paradigmas, considerando el

fenómeno

de

la

globalización

y

la

creciente

interdependencia de los ámbitos económicos, sociales ambientales, así como la gestión de un devenir común y el desarrollo de una identidad local y planetaria, de la conciencia y la responsabilidad compartida. A su vez, debe tener siempre como finalidad el desarrollo humano, de las sociedades y el respeto por otras formas de organización social, modos de vida y cultura, los demás seres vivos y el medio ambiente en que estos viven y se desarrollan.

3

Artículo 2.- El Sistema de Educación Superior (en

adelante

Sistema”)

en

se

este

título,

inspira,

indistintamente,

además

de

los

“el

principios

establecidos en el artículo 3 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 20.370 con las normas no derogadas del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Educación, (en adelante en esta ley “decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”) en los siguientes principios: a) Autonomía. El Sistema reconoce y garantiza la autonomía de las instituciones de educación superior, entendida

ésta

como

la

potestad

para

determinar

y

conducir sus fines y proyectos institucionales, dentro del

marco

establecido

instituciones

de

por

la

educación

ley.

Asimismo,

superior

las

deben

ser

independientes de limitaciones a la libertad académica y de

cátedra,

externos

provenientes

a

la

misma,

de

controladores

orientando

su

o

entes

ejercicio

al

cumplimiento de los fines y demás principios de la educación superior, buscando la consecución del bien común y el desarrollo del país y sus regiones. La autonomía comprende la dimensión académica, económica y administrativa, de conformidad a la ley y, en

especial,

las

normas

del

Sistema

Nacional

de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. b) Calidad. El Sistema debe orientarse a la búsqueda de la excelencia, al asegurar la calidad de los procesos funciones,

y

resultados además

de

en

el

fomentar

cumplimiento el

de

desarrollo

sus de

4

trayectorias formativas a lo largo de la vida de las personas. En la búsqueda de la excelencia, la educación superior

debe

estar

motivada

en

alcanzar

una

mejor

construcción y transmisión del conocimiento en conjunto con los estudiantes y la promoción de su creatividad, de una actitud crítica, orientada a la superación de los límites del conocimiento, a la constante innovación para alcanzar

el

bienestar,

y

al

respeto

por

y

colaboración.

el

medio

ambiente. c)

Cooperación

El

Sistema

fomentará la efectiva cooperación y colaboración, entre los subsistemas y las instituciones de educación superior que los componen, como factor importante para la búsqueda de

la

calidad

y

la

equidad,

así

como

también

para

promover la transmisión y construcción permanente del conocimiento y de las buenas prácticas académicas e institucionales. De igual manera, la actuación conjunta de ellas, estará orientada a la consecución de sus objetivos, en el marco de los fines de la educación superior,

de

su

naturaleza

transformadora

y

de

sus

principios, siendo un aporte a la paz, al respeto mutuo y a la convivencia democrática. d)

Diversidad

institucionales.

El

de

Sistema

proyectos promueve

y

educativos respeta

la

diversidad de procesos y proyectos educativos, que se expresa en la pluralidad de visiones y valores sobre la sociedad y las formas de búsqueda del conocimiento y su transmisión a los estudiantes y a la sociedad. e) Inclusión. El Sistema promoverá la inclusión de los estudiantes en las instituciones de educación superior, velando por la eliminación y prohibición de

5

todas

las

formas

de

discriminación

arbitraria,

de

conformidad a los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, en especial, la discriminación en contra de la mujer. Del

mismo

modo,

al

Sistema

le

corresponderá

resguardar y promover el respeto y coexistencia, a nivel institucional

e

interinstitucional,

de

personas

con

diversidad de talentos, ideas, formas de vida, afiliación política, religión, culturas, orígenes socioeconómicos, orientación sexual e identidad de género, en situación de discapacidad y de pertenencia a pueblos indígenas, entre los distintos integrantes de los estamentos de las instituciones. Igualmente,

asegurará

la

accesibilidad

a

las

instituciones de educación superior mediante ajustes razonables en los procedimientos de admisión y todos los demás aspectos cubiertos por la educación superior. f)

Libertad

académica.

La

educación

superior

debe sustentarse en el respeto y la libertad académica, que incluye la libre expresión de opiniones, ideas, e información; así como también en la libertad de cátedra, estudio, creación e investigación para los miembros de las

comunidades

académicas

y

docentes,

sin

discriminación arbitraria, dentro del marco establecido por la ley. g) Participación. Las instituciones de educación superior promoverán y respetarán la participación de todos los estamentos en su quehacer institucional, con el propósito de fomentar la convivencia democrática al interior de aquéllas y el ejercicio de una ciudadanía crítica, responsable y solidaria.

6

h) Pertinencia. El Sistema promoverá que las instituciones de educación superior en su quehacer, y de conformidad con sus fines, contribuyan permanentemente al desarrollo del país, sus regiones y comunidades. Para ello, el Sistema, en particular a través del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, fomentará la vinculación de sus integrantes con las necesidades de la sociedad, a fin de establecer y fortalecer dicha relación. i) Respeto y promoción de los derechos humanos. El respeto y promoción por los derechos humanos deberá regir

siempre

la

actuación

del

Sistema

y

de

las

instituciones de educación superior en relación a todos los miembros de su comunidad, tanto en sus propuestas formativas, de desarrollo organizacional, como también en las relaciones de trabajo y aprendizaje. j) Transparencia. El Sistema y las instituciones de educación superior proporcionarán información veraz, pertinente,

suficiente,

oportuna

y

accesible

a

la

sociedad y al Estado. La transparencia es, a su vez, la base para la rendición

de

cuentas

académica,

administrativa

y

financiera de las instituciones de educación superior, a través de los mecanismos y obligaciones de entrega de información que establezca la ley, en particular aquellos establecidos en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. k) Trayectorias formativas y articulación. El Sistema

promoverá

la

adecuada

articulación

de

los

estudios para el desarrollo armónico y eficiente del proceso formativo de las personas a lo largo de su vida, reconociendo los conocimientos adquiridos previamente.

7

l)

Acceso

al

conocimiento.

El

conocimiento

humano es un elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad y de cada uno de sus integrantes. El Sistema promoverá,

en

el

mecanismos

para

marco el

de

la

acceso

legislación

abierto

al

vigente,

conocimiento

desarrollado dentro del sistema de educación superior, particularmente

respecto

de

aquél

financiado

con

recursos públicos.

Artículo 3.- Las universidades son instituciones de

educación

superior

cuya

misión

es

cultivar

las

ciencias, las humanidades, las artes y las tecnologías, así

como

también

conocimiento,

y

crear,

formar

preservar

graduados

y

y

transmitir

profesionales.

Corresponde a las universidades contribuir al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Éstas cumplen con su

misión

a

través

investigación,

de

la

creación

realización artística,

de

docencia,

innovación

y

vinculación con el medio. La formación de graduados y profesionales se caracteriza por una orientación hacia la

búsqueda

de

la

verdad

y

hacia

la

capacidad

de

desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del conocimiento fundamental de las disciplinas. Los institutos profesionales son instituciones de educación superior cuya misión es la formación de profesionales capaces de contribuir al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales del país, como también

crear,

preservar

y

transmitir

conocimiento.

Cumplen su misión a través de la realización de la docencia, innovación y vinculación con el medio, con un alto

grado

de

pertinencia

al

territorio

donde

se

8

emplazan.

Asimismo,

les

corresponde

articularse

especialmente con la formación técnica de nivel superior y vincularse con el mundo del trabajo para contribuir al desarrollo de la cultura y a la satisfacción de los intereses y necesidades del país y de sus regiones. Dicha formación

se

caracteriza

por

la

obtención

de

los

conocimientos y competencias requeridas para participar y desarrollarse en el mundo del trabajo con autonomía, en el ejercicio de una profesión o actividad y con capacidad de innovar. Los

centros

instituciones

de

de

educación

formación superior

técnica cuya

son

misión

es

cultivar las tecnologías y las técnicas, así como también crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar técnicos. Les corresponderá contribuir al desarrollo de la cultura y satisfacción de los intereses y necesidades del país y de sus regiones en el ámbito de la tecnología y la técnica. Éstas cumplirán con su misión a través de la realización de docencia, innovación y vinculación con el medio. Esta formación es de ciclo corto. La

formación

de

profesionales

y

técnicos

se

caracterizará por una orientación hacia la capacidad de desarrollar pensamiento autónomo y crítico sobre la base del

conocimiento

y

técnicas

particulares

de

cada

disciplina. Los

institutos

profesionales

y

centros

de

formación técnica deberán promover la articulación con todos

los

profesional,

niveles en

y

tipos

conformidad

a

de

formación

lo

establecido

técnico en

el

artículo 14 de la presente ley, y vincularse con el mundo del trabajo.

9

Artículo 4.- El Sistema de Educación Superior está integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos

con

competencia

en

materias

de

educación

superior, así como por las instituciones de educación superior, y busca cumplir con las normas y principios establecidos en la ley. El Sistema es de provisión mixta, y se compone por

dos

subsistemas:

el

universitario

y

el

técnico

profesional. El subsistema universitario lo integran las universidades

estatales

creadas

por

ley,

las

universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, y las universidades privadas reconocidas por el Estado. El subsistema técnico profesional lo integran los

centros

de

formación

técnica

estatales,

y

los

institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado. Asimismo, forman parte del Sistema las instituciones de educación superior referidas en la letra d) del artículo 52 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. El

Ministerio

Subsecretaría

de

de

Educación,

Educación

a

Superior,

través

será

el

de

la

órgano

rector del Sistema. En tal calidad, le corresponderá proponer las políticas para la educación superior y será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que lo componen. Por

su

parte,

el

Sistema

Nacional

de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, establecido en la ley N° 20.129, está integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, la Superintendencia de Educación Superior, la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación.

10

Artículo persona

5.-

jurídica

El

de

Consejo

derecho

de

Rectores

público

a

la

es

una

que

le

corresponde asesorar y formular propuestas al Ministerio de Educación en las políticas públicas en materia de educación superior, conforme a su estatuto orgánico. Asimismo,

tiene

instituciones

como

que

colaboración

función

lo

entre

coordinar

integran,

éstas.

Se

a

promoviendo

relacionará

con

las la la

Subsecretaría de Educación Superior. Las podrán

universidades

solicitar

ser

reconocidas

admitidas

como

por

el

Estado

integrantes

del

Consejo de Rectores. En su solicitud, la institución respectiva deberá fundamentar el cumplimiento de las siguientes condiciones: a) Poseer una antigüedad mínima, contada desde la fecha de su establecimiento, de quince años, tiempo durante el cual se deben haber desarrollado de manera consistente

las

características

que

exhiben

las

Instituciones del Consejo. b) Pertenecer al Sistema Único de Admisión o al equivalente que, al tiempo de la solicitud, exista al interior del Consejo. c) Exigir a sus postulantes, en los tres últimos períodos académicos, un puntaje de admisión ponderado no menor

al

que

exige

el

Consejo

en

las

pruebas

estandarizadas. d)

Contar

a

la

fecha

de

la

solicitud

con

acreditación institucional de al menos cinco años en las áreas

obligatorias

investigación.

de

acreditación,

incluida

la

11

e) Mantener sus programas de magister y doctorado acreditados, nacionales o internacionales. f) Demostrar trabajo académico sustantivo en red con otras universidades nacionales o extranjeras. g) Poseer una forma de gobierno que contemple la participación deliberativa de estudiantes y académicos. h) Contar con una carrera académica que regule, en términos objetivos y en base al juicio de pares, la admisión, evaluación y exclusión de la universidad. i) No tener personas jurídicas con fines de lucro entre sus sostenedores. j)

Adscribir

al

régimen

de

gratuidad

de

la

educación superior en los dos años anteriores a la fecha de la solicitud. El Estado contribuirá a la excelencia en el desarrollo de la educación superior, de la investigación científica y tecnológica y la creación artística por parte de cada una de las instituciones que componen el Consejo

de

Rectores,

a

través

de

los

recursos

que

disponga la Ley de Presupuestos del Sector Público.

Párrafo 2° De la Subsecretaría de Educación Superior

Artículo

6.-

Créase

la

Subsecretaría

de

Educación Superior (en adelante la “Subsecretaría”) que estará a cargo del Subsecretario de Educación Superior (en

adelante

carácter

de

el

“Subsecretario”),

colaborador

o

quien

colaboradora

tendrá directa

el del

Ministro de Educación en la elaboración, coordinación, ejecución y evaluación de políticas y programas para la

12

educación superior, especialmente en materias destinadas a

su

desarrollo,

mejoramiento

promoción,

continuo,

internacionalización

tanto

en

el

y

subsistema

universitario como en el técnico profesional.

Artículo 7.- Serán funciones y atribuciones de la Subsecretaría: a)

Proponer

al

Ministro

de

Educación

las

políticas en materias de educación superior, tanto para el subsistema universitario como técnico profesional. En este último caso, para la elaboración de dichas políticas deberá considerar la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 15. b)

Proponer

al

Ministro

de

Educación

una

Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior, la que deberá abordar, con un horizonte de largo plazo, los desafíos del Sistema de Educación Superior. Esta Estrategia tendrá por objeto promover el desarrollo del Sistema para el adecuado cumplimiento de los fines y principios de la educación superior. Para ello contemplará un diagnóstico sobre el estado actual y los

desafíos

de

futuro

del

Sistema

en

función

del

desarrollo cultural, social y económico del país y sus regiones; desarrollo

así del

como

objetivos

mismo,

tanto

y a

propuestas nivel

para

nacional

el

como

regional. La Estrategia para el Desarrollo de la Educación Superior

deberá

considerar

prioritariamente

la

Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional establecida en el artículo 15 de la presente ley, y deberá coordinarse con las prioridades estratégicas de

13

ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo del país. c) Proponer al Ministro de Educación políticas que

promuevan

el

acceso

e

inclusión,

permanencia

y

titulación o graduación oportuna de estudiantes de la educación superior. d) Proponer la asignación de recursos públicos que

disponga

la

ley,

así

como

la

gestión

de

sus

instrumentos. e) Administrar el procedimiento de otorgamiento y revocación del reconocimiento oficial del Estado a las instituciones de educación superior, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra f) del artículo 87 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. f)

Administrar

el

Sistema

Nacional

de

Información de la Educación Superior establecido en la ley N° 20.129. g)

Generar

y

coordinar

instancias

de

participación y diálogo, con y entre las instituciones de educación superior, y promover la vinculación de éstas con el nivel de educación media. h) Solicitar al Consejo de Rectores y a las instituciones

de

educación

superior,

antecedentes

e

informaciones sobre la situación general de la enseñanza superior del país. i) Participar de la institucionalidad encargada de diseñar, coordinar, evaluar y ejecutar las políticas, planes y programas en materia de ciencia, tecnología e innovación; y dentro de ese marco, en instancias de coordinación

enfocadas,

entre

otras

materias,

aquellas relacionadas con educación superior.

en

14

j) Proponer al Ministro de Educación el Marco Nacional de Cualificaciones, que deberá considerar tanto el subsistema universitario como el técnico profesional, de conformidad a la ley. k) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley.

Artículo 8.- Un reglamento del Ministerio de Educación

establecerá

Subsecretaría,

de

la

estructura

conformidad

a

lo

interna

de

la

dispuesto

en

el

decreto con fuerza de ley N° 1-19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Con todo, la Subsecretaría contará, al menos, con

una

división

división

de

de

educación

educación técnico

universitaria profesional

y

de

una

nivel

superior.

Artículo 9.- El personal de la Subsecretaría estará afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley

N°

18.834,

sobre

Estatuto

Administrativo

y,

en

materia de remuneraciones, a las normas del decreto ley N° 249, de 1974, que fija escala única de sueldos para el personal que señala y su legislación complementaria.

Párrafo 3° Del Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior

15

Artículo 10.- Créase un Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior (en adelante, “Sistema de Acceso”) cuya administración corresponde a la Subsecretaría, el que establecerá los procesos e instrumentos para la postulación, admisión y selección de estudiantes a las instituciones de educación superior, respecto de carreras o programas de estudio conducentes a títulos técnicos o profesionales o grados académicos, excluyendo

postgrados

o

postítulos.

Este

Sistema

de

Acceso será objetivo y transparente y deberá considerar, entre otros, la diversidad de talentos, capacidades o trayectorias establecer

previas procesos

de e

los

estudiantes,

instrumentos

que

pudiendo

podrán

ser

diferenciados para cada subsistema, según el tipo de institución

o

carrera,

sea

ésta

del

subsistema

universitario o técnico profesional, zona geográfica o pertenencia a un grupo prioritario, tales como pueblos originarios. Los instrumentos señalados en el inciso anterior serán de aplicación general y en su elaboración y diseño se

deberá

considerar

el

principio

de

inclusión.

Adicionalmente, las instituciones de educación superior podrán desarrollar sus propios instrumentos, los cuales deberán

ser,

Subsecretaría,

en

todo

previa

caso,

consulta

autorizados al

comité

por de

la

acceso

respectivo. El Sistema de Acceso podrá contemplar programas especiales de acceso, de carácter general, los que, de acuerdo con el principio de inclusión, deberán tener por objeto fomentar la equidad en el ingreso de estudiantes. Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones podrán

16

definir

sus

propios

programas,

los

que

deberán

ser

aprobados por la Subsecretaría, previa consulta al comité de acceso respectivo. Tanto especiales

los

de

instrumentos

acceso

que

como

puedan

los

programas

establecer

las

instituciones de educación superior, no podrán afectar en su esencia a los definidos en el Sistema de Acceso, ni impedir su efectivo ejercicio y aplicación. El Sistema de Acceso será obligatorio para todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación

técnica

que

reciban

recursos

públicos

y/o

instrumentos de financiamiento estudiantil que cuenten con

la

garantía

instituciones

del

Estado.

podrán

Asimismo,

adscribir

las

demás

voluntariamente

al

Sistema de Acceso, en cuyo caso deberán solicitarlo a la Subsecretaría.

Artículo 11.- Corresponderá a la Subsecretaría constituir y coordinar un comité técnico de acceso para el subsistema universitario y otro para el subsistema técnico

profesional,

cuyo

objeto

será

definir

los

instrumentos del Sistema de Acceso. Asimismo, para la definición

de

los

procedimientos

del

Sistema,

la

Subsecretaría consultará al respectivo comité. El comité de acceso del subsistema universitario estará integrado por: a)

Cinco

rectores

miembros

del

Consejo

de

Rectores indicado en el artículo 5, o quienes éstos designen,

tres

de

los

cuales

deberán

provenir

de

universidades cuyo domicilio se ubique en una región

17

distinta de la Metropolitana. En todo caso, tres de éstos deberán ser de universidades estatales. b) Un rector de universidades privadas, o quién éste designe, que no pertenezcan al Consejo de Rectores señalado en el artículo 5, de aquéllas adscritas al financiamiento establecido en el título V de esta ley. c) El Subsecretario de Educación Superior o a quien éste designe. Por su parte, el comité de acceso del subsistema técnico profesional estará compuesto por: a) Tres rectores de los centros de formación técnica estatales, o quienes éstos designen, al menos dos de los cuales deberán provenir de instituciones cuyo domicilio

se

ubique

en

una

región

distinta

de

la

Metropolitana. b) Tres rectores de los institutos profesionales y centros de formación técnica privados que adscriban al financiamiento establecido en el título V de esta ley, o quienes éstos designen. Al menos uno de ellos deberá provenir de una institución cuyo domicilio se encuentre en una región distinta de la Metropolitana. c) El Subsecretario de Educación Superior o quien éste designe.

Artículo 12.- Corresponderá a la Subsecretaría establecer los procedimientos e instrumentos del Sistema de Acceso; estos últimos serán previamente definidos a través de un informe favorable del comité respectivo, en conformidad a lo establecido en el artículo precedente. Asimismo, la Subsecretaría podrá encomendar la ejecución de las acciones necesarias para cumplir las

18

funciones indicadas en el inciso anterior a instituciones de

reconocido

prestigio

y

experiencia

en

la

administración de sistemas de acceso a la educación superior, así como también consultar a los comités y solicitar su colaboración.

Artículo resguardar

13.-

El

Sistema

especialmente

de

los

Acceso

deberá

principios

de

transparencia, objetividad y accesibilidad universal, éste último de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3

de

la

ley

N°

20.422,

que

establece

normas

sobre

igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad. Asimismo, el Sistema de Acceso deberá ajustarse

a

lo

dispuesto

en

la

ley

N°

19.628

que

establece normas sobre protección de la vida privada. Un

reglamento

del

Ministerio

de

Educación

regulará las materias señaladas en el presente párrafo. El Ministerio de Educación fijará los aranceles que deberán pagar las instituciones de educación superior para

la

utilización

del

Sistema

de

Acceso,

según

corresponda.

TÍTULO II DE LA FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 14.- Se entenderá por formación técnico profesional todo proceso de enseñanza de carácter formal y no formal, que contemple el estudio de las tecnologías y las ciencias relacionadas, el desarrollo de aptitudes, competencias, habilidades y conocimientos relacionados

19

con ocupaciones en diversos sectores económicos. Deberá promover el aprendizaje permanente de las personas y su integración en la sociedad. En el ámbito de la enseñanza formal, la formación técnico profesional considera los niveles de educación media de formación técnico profesional y el nivel de educación

superior

modalidad

de

técnico

educación

de

profesional, adultos

en

así el

como

la

nivel

de

educación media técnico profesional. En el ámbito de la enseñanza no formal considera todo tipo de formación orientada al mundo del trabajo. Asimismo, contempla todos aquellos mecanismos que faciliten la articulación entre ambos tipos de enseñanza, permitiendo la conformación de trayectorias educativas y laborales.

Artículo

15.-

El

Ministerio

de

Educación

establecerá la Estrategia Nacional de Formación Técnico Profesional (en adelante “la Estrategia”) que orientará el desarrollo e implementación de las políticas públicas que se definan en esta materia, debiendo ser revisada y actualizada cada cinco años. La Estrategia fortalecerá tanto la articulación entre el sistema educativo como su vinculación con la educación universitaria, y las necesidades nacionales y regionales, facilitando la formación para el servicio del país y la construcción de trayectorias formativas y laborales coherentes y pertinentes a las necesidades de las

personas,

del

sector

público,

de

los

sectores

productivos y de la sociedad en general. Asimismo, deberá establecer objetivos de desarrollo prioritarios para la formación técnica y profesional y proponer un plan para su implementación que considere plazos para su ejecución.

20

Su contenido mínimo será: a) El análisis de las tendencias del desarrollo productivo, social y cultural de cada una de las regiones del país. b) Análisis de la oferta formativa y la demanda de

técnicos

y

productivo, vinculadas

la al

profesionales

por

administración

pública,

desarrollo

parte

social,

del

sector

instituciones

cultural

y

demás

sectores del quehacer regional y nacional. c) Definición de áreas de desarrollo estratégico para la formación técnica y profesional. d)

Recomendaciones

a

las

instituciones

educativas y a los sectores productivos en torno a la articulación de la oferta formativa, con énfasis en aquellos

planes

y

programas

que

requieran

ser

priorizados. e) Recomendaciones a la Subsecretaría y a los comités señalados en el artículo 11, sobre el diseño de los

procesos

e

instrumentos

propios

del

Sistema

de

Acceso, en relación al subsistema técnico profesional. f) Propuestas sobre mecanismos de coordinación intersectorial

entre

el

Ministerio

de

Educación,

el

Ministerio del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en temas relacionados con

la

formación

técnica

y

profesional,

y

también

proponer iniciativas de coordinación en la dimensión territorial con los gobiernos regionales, municipios y otros actores locales. g) Una estrategia de inserción laboral y fomento de la empleabilidad dirigida a los estudiantes y los

21

trabajadores

para

potenciar

el

desarrollo

de

sus

trayectorias educativo-laborales. h) El establecimiento de líneas prioritarias de investigación, desarrollo e innovación. i) formación

Una

estrategia

técnico

de

vinculación

profesional

y

la

entre

la

educación

universitaria. j) Propuestas que fomenten la educación técnica y profesional pertinente para promover el desarrollo sustentable del país y/o las regiones, según corresponda.

Artículo

16.-

Para

la

elaboración

de

la

Estrategia, el Presidente de la República establecerá mediante decreto supremo un Consejo Asesor de Formación Técnico

Profesional,

integrado

por

los

Ministros

de

Estado con competencia en la materia, representantes de las organizaciones de empleadores y de trabajadores con mayor

representatividad

instituciones

educativas

del y

país,

representantes

expertos

de

de

reconocida

trayectoria y experiencia en materia de formación técnico profesional, considerando la representación regional en la

designación

de

sus

miembros.

Este

Consejo

será

presidido por el Ministro de Educación, quien coordinará la implementación de la Estrategia.

TÍTULO III DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR Párrafo 1° De la Superintendencia de Educación Superior

22

Artículo

17.-

Créase

la

Superintendencia

de

Educación Superior (en adelante e indistintamente “la Superintendencia”) funcionalmente

como

un

servicio

descentralizado,

con

público

personalidad

jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación. La

Superintendencia

será

una

institución

fiscalizadora en los términos del decreto ley N° 3.551, de 1980, que fija normas sobre remuneraciones y sobre personal para el sector público y estará afecta al Sistema de Alta Dirección Pública establecido en el título VI de la ley Nº 19.882. El

domicilio

de

la

Superintendencia

será

la

ciudad de Santiago.

Artículo 18.- El objeto de la Superintendencia será fiscalizar y supervigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la educación superior, así como las instrucciones y normas que

ésta

dicte

en

el

ámbito

de

su

competencia.

Le

corresponderá también fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos, y supervisar su viabilidad financiera.

Artículo 19.- Serán funciones y atribuciones de la Superintendencia: a) Fiscalizar que las instituciones de educación superior, sus organizadores, controladores, miembros o asociados,

socios,

propietarios,

fundadores,

23

representantes

legales

directivas

conformidad

de

y

quienes con

lo

ejerzan

funciones

dispuesto

por

el

artículo 72, según corresponda, cumplan con las normas aplicables vigentes. b)

Fiscalizar

el

mantenimiento

de

las

condiciones materiales y cumplimiento de los requisitos o condiciones que dieron lugar al reconocimiento oficial de las instituciones de educación superior, sin perjuicio de las atribuciones en materia académica que sean propias de otros organismos del Sistema. Asimismo, que cuenten con las condiciones necesarias en caso de ampliación de matrícula. c) Supervisar la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior. d) Fiscalizar que las instituciones de educación superior destinen sus recursos a los fines que les son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos. e) Ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.800. f) Fiscalizar que las instituciones de educación superior

respeten

los

términos,

condiciones

y

modalidades conforme a los servicios convenidos y demás compromisos académicos asumidos con los estudiantes. g) Ordenar y realizar auditorías en materias de su competencia. h) dependencias instituciones

Ingresar

a

académicas de

los y

educación

establecimientos

administrativas superior

y

o

de

las

de

sus

organizadores que tengan relación con la administración de la institución respectiva, cuando corresponda, con el propósito de realizar las funciones que le son propias.

24

En el ejercicio de esta atribución, los funcionarios de la

Superintendencia

no

podrán

impedir

el

normal

desarrollo de las actividades académicas o docentes, según

corresponda,

de

la

institución

de

educación

superior fiscalizada. i)

Acceder

a

que

sea

antecedente

cualquier

documento,

necesario

para

libro fines

o de

fiscalización, sin impedir el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la institución de educación superior de que se trate, y examinar, por los medios que estime del caso, todas las operaciones, bienes, libros, cuentas, archivos y, en general, cualquier documento o antecedente que considere necesario para la mejor fiscalización, tanto de las personas

o

instituciones

fiscalizadas,

como

de

los

terceros relacionados con que realicen operaciones. Aquellos anterior

a

los

terceros que

la

señalados

en

el

Superintendencia

párrafo requiera

antecedentes o informaciones resguardados por el secreto bancario, podrán solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva que se deje sin efecto total o parcialmente dicho requerimiento en caso que le irrogare perjuicio, y siempre

que

esto

no

se

utilice

para

entorpecer

el

procedimiento. La fundada,

Superintendencia, determinará

aquellos

mediante libros,

resolución archivos

y

documentos que deberán estar permanentemente disponibles para

su

examen

en

las

instituciones

de

educación

superior. j) Requerir, en el ámbito de sus atribuciones, de las personas e instituciones fiscalizadas, de los terceros con ellas relacionadas y de cualquier organismo

25

público, la información pertinente para el cumplimiento de sus funciones. La Superintendencia deberá determinar, mediante norma de carácter general, la forma y los medios a través de los cuales se entregará la información a que se refiere esta letra, debiendo contemplar un plazo razonable

para

que

ella

sea

proporcionada

por

los

respectivos obligados. Aquellos anterior

a

terceros

los

que

señalados

la

en

el

Superintendencia

párrafo requiera

antecedentes o informaciones resguardados por el secreto bancario, podrán solicitar a la Corte de Apelaciones respectiva que se deje sin efecto total o parcialmente dicho requerimiento en caso que le irrogare perjuicio, y siempre

que

esto

no

se

utilice

para

entorpecer

el

procedimiento. k) Citar a declarar, dentro del ámbito de sus competencias,

a

los

organizadores,

controladores,

miembros o asociados, socios, propietarios, fundadores, representantes

legales,

directivas

dependientes

fiscalizadas

o o

de

quienes

quienes

ejerzan

de

las

ejerzan

funciones

instituciones

dichos

cargos

en

instituciones relacionadas con ellas, y a toda otra persona que hubiere ejecutado y celebrado con ellas actos y convenciones de cualquiera naturaleza, como asimismo testigos,

respecto

de

cualquier

hecho

cuyo

esclarecimiento estime necesario para el cumplimiento de sus funciones. La

Superintendencia

podrá

requerir

de

la

justicia ordinaria la aplicación de lo contemplado en los artículos 93 y 94 del Código Tributario, en contra de

las

personas

que

habiendo

sido

citadas

bajo

26

apercibimiento

no

concurran

a

declarar

sin

causa

justificada. l) Atender las consultas que se le formularen en materias de su competencia, recibir y resolver reclamos, y actuar, cuando corresponda, como mediador de ellos. m) Investigar y resolver las denuncias que se presenten en materias de su competencia. n) Formular cargos, sustanciar su tramitación, adoptar medidas provisionales y resolver los procesos que se sigan respecto de cualquier infracción de que conozca en materias de su competencia. o) Imponer sanciones de conformidad a lo señalado en la ley. p) Aplicar e interpretar administrativamente las normas

cuyo

cumplimiento

le

corresponde

vigilar,

e

impartir instrucciones de general aplicación al sector sujeto a su fiscalización, sin perjuicio del ejercicio de las facultades propias del Ministerio de Educación. Las

instrucciones

Superintendencia

y

resoluciones

serán

que

obligatorias

a

emanen

de

la

partir

de

su

publicación y deberán ser actualizadas, sistematizadas y mantenidas en registros de libre acceso electrónico de tal forma de facilitar el acceso y conocimiento de las mismas. q) Remitir a la Comisión Nacional de Acreditación los antecedentes que, en ejercicio de sus funciones y atribuciones,

tuviere

conocimiento

y

en

los

cuales

aparecieren indicios de incumplimientos en materias de su competencia. r)

Remitir

al

Ministerio

Público

los

antecedentes de que tuviere conocimiento en el ejercicio

27

de sus funciones y en los cuales aparecieren indicios de haberse cometido algún hecho constitutivo de delito, especialmente en los casos señalados en los artículos 65 y 78. s) Administrar la información que recopile en el ejercicio

de

información

sus

competencias

correspondiente

al

y

proporcionar

Sistema

Nacional

la de

Información de la Educación Superior, en coordinación con la Subsecretaría. t) Elaborar índices, estadísticas y estudios con la

información

entregada

por

las

instituciones

fiscalizadas, y efectuar publicaciones en el ámbito de su competencia. u)

Convenir

con

otros

organismos

de

la

Administración del Estado, o con entidades privadas, la realización de acciones específicas, la prestación de servicios, y la transferencia electrónica de información para facilitar el cumplimiento de sus funciones. v) Educación

Asesorar y

a

técnicamente

otros

organismos

al en

Ministerio materias

de

de su

competencia. w) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley. Las funciones anteriores se llevarán a cabo sin perjuicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República y en coordinación con ésta.

Artículo 20.- En el ejercicio de sus facultades de fiscalización, la Superintendencia actuará de oficio, o

previa

denuncia

o

reclamo.

La

Superintendencia

instruirá el respectivo procedimiento en caso de advertir

28

la existencia de una o más contravenciones a las normas que le corresponde fiscalizar.

Artículo 21.- Para los efectos de esta ley, el personal

de

fiscalizador

la

Superintendencia

tendrá

el

carácter

de

habilitado ministro

como de

fe

respecto de todas las actuaciones que realice en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, y que consten en el acta de fiscalización. Los hechos constatados en dicha acta constituirán presunción legal de veracidad.

Artículo

22.-

Las

acciones

de

fiscalización

podrán llevarse a efecto cualquier día hábil en horario laboral, siempre que no se impida con ellas el normal desarrollo de las actividades académicas o docentes, según corresponda, de la respectiva institución. Los entes fiscalizados deberán otorgar todas las facilidades que sean requeridas por los funcionarios fiscalizadores. En el ejercicio de la labor fiscalizadora los funcionarios de la Superintendencia deberán informar al sujeto o institución fiscalizada la materia específica objeto de la fiscalización y de las normas pertinentes, dejando

copia

íntegra

de

las

actas

levantadas

y

realizando las diligencias estrictamente indispensables y proporcionales al objeto de la fiscalización. El sujeto o institución fiscalizada podrá, en el mismo acto, hacer constar

en

el

acta

aquellos

errores

de

hecho

o

transgresiones de derecho que, a su juicio, se hayan producido durante la fiscalización. Los sujetos o instituciones fiscalizadas podrán denunciar conductas ilegales de los fiscalizadores ante

29

el Superintendente. En caso que cualquier fiscalizador deje constancia de hechos que resultaren ser falsos o inexactos,

el

afectado

podrá

denunciar

dicha

circunstancia a su superior jerárquico, quien iniciará la investigación que corresponda de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda,

que

sistematizado

fija de

la

texto ley

refundido, N°

18.834

coordinado sobre

y

Estatuto

Administrativo. La

Superintendencia

deberá

procurar

que

los

procesos de fiscalización que lleve a cabo se coordinen con aquellos que, en el ejercicio de sus competencias, lleven a cabo los diversos órganos de la Administración del Estado, de manera de evitar distraer indebidamente la labor de las instituciones fiscalizadas.

Párrafo 2° De la organización de la Superintendencia

Artículo 23.- El Superintendente de Educación Superior, quien será el Jefe de Servicio, será nombrado por el Presidente de la República de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.882.

Artículo 24.- Serán inhábiles para desempeñar el cargo de Superintendente: a) Los miembros, asociados, propietarios, socios o fundadores de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los veinticuatro meses anteriores a la postulación al cargo. b) Los integrantes del órgano de administración superior de una institución de educación superior, o

30

quienes lo hayan sido dentro de los veinticuatro meses anteriores a la postulación al cargo. c) Los rectores de una institución de educación superior,

o

quienes

lo

hayan

sido

dentro

de

los

veinticuatro meses anteriores a la postulación al cargo. d)

Los

cónyuges,

convivientes

civiles

y

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad

de

las

personas

señaladas

en

las

letras

anteriores. e) Quienes ejerzan labores docentes en alguna de las instituciones de educación superior sujetas a su fiscalización. Asimismo, son incompatibles las actividades de las

exautoridades

o

exfuncionarios

de

la

Superintendencia en la misma forma, plazo y condiciones que sean aplicables a las instituciones fiscalizadoras, en conformidad a la ley.

Artículo 25.- Corresponderá al Superintendente: a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Superintendencia y ejercer las atribuciones propias de Jefe Superior de Servicio. b) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento de la Superintendencia. c) Ejecutar los actos y celebrar los convenios que sean necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Servicio. En el ejercicio de estas facultades podrá administrar, adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza.

31

d)

Nombrar,

remover

y

adoptar

las

demás

decisiones que correspondan respecto del personal del Servicio, de conformidad a esta ley y a las normas estatutarias correspondientes. e) Representar judicial y extrajudicialmente a la Superintendencia. f)

Impartir

instrucciones

y

circulares

de

general aplicación para las instituciones de educación superior, en materias propias de su competencia. g)

Coordinar

la

labor

fiscalizadora

de

la

Superintendencia con las demás instituciones públicas con competencia en materia de educación superior, en particular, con los demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. h) Nombrar, de conformidad con la ley N° 20.800, un administrador provisional, decretar su alzamiento, aprobar

planes

de

recuperación

y

de

administración

provisional. i) Interpretar administrativamente, en materias de su competencia, las leyes, reglamentos y demás normas que rijan a las instituciones de educación superior. j) Aplicar las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley. k) Conocer y resolver los recursos que la ley establece. l) Rendir cuenta pública, al menos una vez al año, de su gestión y de la Superintendencia. m) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de su dependencia, salvo las materias señaladas en las letras b), f), h), i), j) y k) de este artículo.

32

n) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley. Sin perjuicio de las facultades fiscalizadoras que esta ley le confiere, el Superintendente deberá poner en conocimiento de los demás organismos públicos los antecedentes de que disponga o de que tome conocimiento en ejercicio de sus funciones, a fin de que éstos ejerzan a su vez las facultades que les son propias.

Artículo 26.- El Superintendente, con sujeción a la planta y la dotación máxima de personal, establecerá la

organización

determinará

interna

las

de

la

Superintendencia

denominaciones

y

funciones

y que

correspondan a cada una de las unidades establecidas para el cumplimiento de las funciones que le sean asignadas. Con

todo,

instrucción

las

del

funciones

de

fiscalización

procedimiento

e

administrativo

sancionatorio, y la de aplicación de sanciones, estarán a cargo de unidades diferentes.

Artículo 27.- El personal de la Superintendencia se regulará por las normas de esta ley y sus reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre

Estatuto

Administrativo

y,

en

materia

de

remuneraciones, por las normas del título I del decreto ley

N°

3.551,

de

1980,

que

fija

normas

sobre

remuneraciones y sobre personal para el sector público y sus modificaciones y las bonificaciones y asignaciones dispuestas en los artículos 9 y 12 de la ley N° 20.212,

33

en el artículo 5 de la ley N° 19.528, y en el artículo 17 de la ley N° 18.091, otorgándose en la forma que señalan dichas leyes.

Artículo

28.-

El

personal

a

contrata

de

la

Superintendencia podrá desempeñar funciones directivas o de jefatura, las que serán asignadas, en cada caso, por el Superintendente. El personal a que se asigne tales funciones no podrá exceder del 7% del personal a contrata de la Superintendencia. El personal que preste servicios sobre la base de

honorarios

se

considerará

comprendido

en

la

disposición del artículo 260 del Código Penal.

Artículo antecedentes

no

29.-

Siempre

tengan

el

que

carácter

los de

documentos

y

públicos,

el

personal de la Superintendencia deberá guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las que tome conocimiento en el cumplimiento de sus labores, y deberá abstenerse

de

terceros,

sin

utilizarlos

en

perjuicio

de

beneficio las

propio

o

de

informaciones

y

certificaciones que deba proporcionar de conformidad a la ley. La infracción a esta obligación será sancionada en la forma establecida en el inciso primero del artículo 247 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa.

Artículo 30.- Las autoridades o funcionarios de la

Superintendencia

que

correspondan

a

cargos

de

34

exclusiva confianza del Superintendente estarán sujetos a las mismas inhabilidades que pesen sobre éste, y cesarán también en el cargo por las mismas causas de inhabilidad sobreviniente.

Artículo 31.- El personal de la Superintendencia tendrá prohibición absoluta de prestar servicios a las entidades sujetas a su fiscalización, ya sea en forma directa o indirecta. Cualquier constitutiva establecer perjuicio

contravención

de su

de

falta

grave

responsabilidad las

demás

a para

esta los

norma

será

efectos

administrativa,

sanciones

que

procedan

de sin de

conformidad a la ley.

Artículo 32.- El personal de la Superintendencia que ejerza cargos directivos y profesionales de los tres primeros niveles jerárquicos deberá desempeñarse con dedicación exclusiva, y no podrá ejercer labores docentes en conformidad al artículo 8 de la ley N° 19.863. Sin perjuicio de lo anterior, podrán ejercer los derechos que le atañen personalmente, percibir los beneficios de seguridad

social

de

carácter

irrenunciable

y

los

emolumentos que provengan de la administración de su patrimonio.

Artículo

33.-

La

Superintendencia

estará

sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República en lo que concierne al examen de las cuentas de entradas y gastos.

35

Artículo

34.-

El

patrimonio

de

la

Superintendencia estará constituido por: a) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público. b) Los recursos otorgados por leyes especiales. c) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o que adquiera a cualquier título y los frutos, rentas e intereses de estos bienes. d) Las herencias y legados que acepte, lo que deberá

hacer

con

beneficio

de

inventario.

Dichas

asignaciones hereditarias estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte. e) Los aportes provenientes de la cooperación nacional e internacional que reciba a cualquier título. La Superintendencia estará sujeta a las normas del decreto ley N° 1.263, de 1975, sobre Administración Financiera

del

Estado,

y

sus

disposiciones

complementarias.

Párrafo 3° De la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo supervigilar

la

35.-

La

Superintendencia

viabilidad

financiera

deberá de

las

instituciones de educación superior, y que los recursos y

condiciones

financieras

cumplimiento de sus fines.

de

éstas

les

permitan

el

36

Para el cumplimiento de lo señalado en el inciso anterior, la Superintendencia podrá determinar, mediante norma de carácter general, condiciones e indicadores de riesgo, como referencia para las instituciones en dicha materia.

En

el

ejercicio

Superintendencia instituciones

podrá

en

de

hacer

materias

esta

función,

recomendaciones relacionadas

la

a

con

las este

artículo, sin perjuicio de las atribuciones de la ley N° 20.800. Se considerará que existe viabilidad financiera, cuando los resultados y proyecciones económicas, así como las

fuentes

de

financiamiento

de

la

institución

de

educación superior, son suficientes y realistas, y no ponen en riesgo el proyecto educativo ni desatienden los fines propios de la misma, sin perjuicio de las demás normas

legales,

reglamentarias

y

normas

de

carácter

general que se dicten al efecto. Para

efectos

de

supervisar

la

viabilidad

financiera de las instituciones de educación superior, la

Superintendencia

deberá

considerar

las

características específicas de cada proyecto, los planes de inversión y cualquier otro elemento que justifique el riesgo asociado a sus decisiones estratégicas.

Artículo

36.-

Las

instituciones

de

educación

superior deberán llevar contabilidad completa conforme a principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo a las normas de carácter general que al efecto podrá dictar la Superintendencia, y deberán someter su contabilidad al examen de empresas de auditoría externa de la ley N° 18.045.

37

Artículo

37.-

Las

instituciones

de

educación

superior deberán enviar a la Superintendencia: a)

Los

debidamente

estados

auditados,

financieros que

consolidados,

contemplen,

de

manera

desagregada, los ingresos y gastos de la institución, así como activos y pasivos. b)

Una

lista

actualizada

con

la

individualización completa de sus socios, asociados o miembros, y de quienes ejerzan funciones directivas de conformidad

con

cualquiera

sea

lo

dispuesto

su

por

denominación.

el

artículo Asimismo,

72, las

instituciones de educación superior deberán informar a la

Superintendencia

cualquier

modificación

ocurrida

respecto de la información contenida en la última lista enviada. c) Información sobre los actos, convenciones y operaciones

celebradas

con

personas

relacionadas

de

acuerdo a lo establecido en los artículos 71 al 80 de la presente ley. d)

Información

respecto

de

las

donaciones

recibidas asociadas a exenciones tributarias. e) Una lista actualizada de las entidades en cuya propiedad la institución de educación superior tenga participación, y las corporaciones o fundaciones en que, conforme a los estatutos de éstas, la institución de educación

superior

pueda

elegir

a

lo

menos

a

un

integrante del directorio u órgano de administración. f) Información sobre todo hecho esencial que afecte

significativamente

patrimonial.

su

situación

financiera

y

38

g) Información entregada en cumplimiento de las obligaciones que contemplan los artículos 4, 6 y 7 del decreto N° 180, de 1987, del Ministerio de Hacienda, que fija norma para la presentación de presupuestos, balance de ejecución presupuestaria e informes de gestión de las instituciones de educación superior que indica, por las instituciones de educación que correspondan. h) Información entregada por las instituciones de educación superior estatales, en cumplimiento del artículo 50 de la ley N° 18.591. La

Superintendencia

determinará

la

forma,

contenido y periodicidad de la información requerida en el inciso precedente. Con todo, la información señalada en las letras a), c) y d) deberá enviarse, al menos, de forma anual a la Superintendencia.

Artículo incorporar

y

señalada

en

Nacional

de

38.-

La

mantener los

Superintendencia

actualizada

artículos

Información

la

anteriores

de

información

en

Educación

deberá

el

Sistema

Superior

que

desarrollará y mantendrá la Subsecretaría, coordinándose con

esta

última,

colaboración

que

de para

acuerdo estos

a

los

efectos

convenios celebren

de

ambos

organismos, y los demás órganos del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, según corresponda.

Artículo 39.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la

ley

N°

20.285,

la

Superintendencia

mantendrá

a

39

disposición del público a través de su sitio electrónico, al menos, lo siguiente: a) Las normas de carácter general e instrucciones dictadas por ésta. b)

Registro

Público

de

los

administradores

provisionales y de cierre que se hayan designado. c)

Informes

provisionales,

de

de

los

conformidad

con

administradores lo

dispuesto

el

artículo 10 de la ley N° 20.800. d) Registro Público de Sanciones. e) Registro Público de socios, miembros y de quienes

ejerzan

funciones

directivas

en

las

instituciones de educación superior. f) Todo antecedente que refiera a la sanción propiamente tal, como el expediente, descargos, informes o

pruebas,

cumplimiento,

decisión deberán

final,

entre

observarse

otros.

Para

especialmente

su los

artículos 5, 10, 11 y 21 de la ley N° 20.285.

Párrafo 4° De la atención de reclamos y denuncias

Artículo 40.- La Superintendencia recibirá los reclamos y denuncias que se le formulen y que se refieran a materias de su competencia, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

Artículo 41.- El reclamo es la petición formal realizada a la Superintendencia por una persona o grupo

40

de personas interesadas, para que ésta intervenga como mediador en la controversia existente entre el reclamante y alguna de las entidades fiscalizadas, apersonándose el reclamante en el procedimiento. Recibido el reclamo, la Superintendencia podrá abrir un período de información previa con el fin de conocer

las

circunstancias

concretas

del

caso

y

la

conveniencia de iniciar una mediación o un procedimiento sancionatorio o su rechazo fundado, según corresponda. Con todo, dicho plazo no podrá exceder de quince días hábiles.

Artículo 42.- Admitido un reclamo a tramitación, el funcionario competente ordenará la apertura de un expediente y designará al funcionario encargado de su tramitación, quien notificará al reclamado. El

funcionario

designado

citará

a

los

interesados a una audiencia de mediación en la cual propondrá bases de arreglo para solucionar el conflicto. Dicho proceso deberá constar en un acta, firmada por los comparecientes, en la cual deben constar las medidas propuestas y el hecho de haberse alcanzado o no acuerdo sobre la materia. Si

no

corresponda artículo pretensión

se

de

llegare

a

conformidad

siguiente, como

el

acuerdo, a

lo

en

caso

establecido

reclamante

denuncia.

y

podrá

Asimismo,

que

en

el

seguir

su

si

la

Superintendencia considera que los hechos objeto del reclamo afectan a otras personas además del reclamante, y que pudiesen configurar alguna de las infracciones de las señaladas en esta ley, podrá iniciar de oficio un proceso, de conformidad a los artículos siguientes.

41

La

Superintendencia,

con

motivo

de

una

mediación, reclamo o denuncia, podrá oficiar a cualquiera de los entes que forman parte del Sistema para informar, solicitar antecedentes o pedir que se incorporen a dichos procedimientos, con el fin de propender a la coordinación para

el

esclarecimiento

y

solución

de

la

eventual

controversia.

Artículo 43.- La denuncia es el acto escrito por medio

del

interesadas conocimiento

cual y

una

persona

previamente de

la

o

grupo

de

individualizadas

Superintendencia

personas ponen

una

en

eventual

irregularidad, con el objeto de que ésta investigue y adopte las medidas que correspondan, en conformidad a lo señalado en esta ley. Las denuncias deberán ser formuladas por escrito a

la

Superintendencia,

señalando

lugar

y

fecha

de

presentación y la individualización completa de el o los denunciantes, quienes deberán suscribirla personalmente o por su mandatario o representante habilitado. Asimismo, deberá contener una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar

y

fecha

de

su

comisión

y,

de

ser

posible,

identificando al presunto infractor. La

denuncia

formulada

conforme

al

inciso

anterior originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad, significa una eventual infracción a la ley y tiene mérito suficiente. En caso contrario, se podrá disponer la realización

de

acciones

de

fiscalización

sobre

el

presunto infractor y si ni siquiera existiere mérito para

42

ello, se dispondrá el archivo de la misma por resolución fundada, notificando de ello al denunciante. La Superintendencia podrá ordenar directamente la

formulación

de

cargos

y

la

instrucción

del

procedimiento cuando se trate de denuncias realizadas por el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación. Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, las denuncias de infracciones podrán ser realizadas bajo reserva

de

identidad,

si

el

denunciante

así

lo

solicitare. En este caso, el acto de instrucción que dé comienzo al procedimiento deberá dar cuenta de que éste se ha iniciado en virtud de denuncia reservada.

Artículo

44.-

Formulados

los

cargos

a

una

institución de educación superior, o una vez sancionada o absuelta, no podrá tomar ningún tipo de represalia en contra del denunciante, cualquiera sea la forma en la que éste se relacione con la institución, cuestión para la cual la Superintendencia arbitrará todas las medidas que sean necesarias de acuerdo a las facultades que le confiere la ley. Se considerarán represalias, especialmente, el despido,

traslado,

degradación

de

funciones,

la

cancelación de la matrícula, reprobación arbitraria de asignaturas,

y

cualquier

otro

hecho

u

omisión

sin

justificación suficiente, arbitraria o desproporcionada, que constituya una denigración u hostigamiento en contra del denunciante. Para

el

caso

de

instituciones

de

educación

superior estatales, sus funcionarios, incluidos quienes

43

presten servicios mediante un contrato a honorarios o del Código del Trabajo, que formulen denuncias previstas en este artículo, gozarán de los derechos previstos en el artículo 90 A del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido,

coordinado

y

sistematizado

de

la

ley

N°

18.834, en lo que sea aplicable.

Párrafo 5° Del procedimiento sancionatorio

Artículo 45.- El procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse por denuncia, regulada en los

artículos

anteriores,

o

de

oficio

cuando

la

Superintendencia tome conocimiento, por cualquier medio, de

hechos

que

pudieren

ser

constitutivos

de

alguna

infracción sobre materias de su competencia.

Artículo 46.- La instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos, que

se

notificarán

al

presunto

infractor

por

carta

certificada en el domicilio que tenga registrado ante la Superintendencia o en el que se señale en la denuncia, según el caso, confiriéndole un plazo de veinte días, prorrogables por diez días más en caso de infracciones graves

o

gravísimas,

para

formular

los

descargos

y

solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término. La

formulación

de

cargos

señalará

una

descripción clara y precisa de los hechos que se estimen

44

constitutivos verificación,

de

infracción

la

norma

y

la

eventualmente

fecha

de

su

infringida,

la

disposición que establece la infracción, y la sanción asignada.

Artículo

47.-

Las

notificaciones

a

los

interesados se realizarán por medio de carta certificada al domicilio que éstos fijen en la primera actuación, y se entenderán practicadas desde el tercer día hábil siguiente a la fecha de su recepción en la oficina de correos. Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán registrar en la Superintendencia una dirección de correo

electrónico

para

que

se

practiquen

las

notificaciones respectivas que, para todos los efectos legales, se entenderán practicadas al día hábil siguiente de su envío. La realización de la notificación señalada en el artículo

precedente

deberá

hacerse

constar

en

el

expediente administrativo correspondiente.

Artículo

48.-

El

instructor

podrá

solicitar

antecedentes adicionales dentro del plazo de quince días hábiles contado desde el vencimiento del plazo para presentar

descargos.

La

parte

de

quien

se

hubiere

requerido la presentación de antecedentes adicionales tendrá

diez

días

hábiles

para

acompañarlos,

bajo

apercibimiento de tenerse por no acompañados si no se presentaren dentro de dicho plazo. Presentados

los

descargos

y

antecedentes,

o

transcurridos los respectivos plazos sin que se hubieren presentado, el fiscal instructor, dentro del plazo de

45

diez días hábiles, evacuará un informe y propondrá al Superintendente

la

aplicación

de

sanciones

o

el

sobreseimiento, según corresponda. La prueba que se rinda se apreciará de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Artículo

49.-

Transcurridos

dos

años

de

inactividad dentro del procedimiento sancionatorio por parte de la Superintendencia, se producirá la caducidad del procedimiento, debiendo dictarse una resolución que la declare y ordene su archivo. La caducidad no implicará la prescripción de la infracción ni de la facultad de la Superintendencia para iniciar un nuevo procedimiento sancionatorio por los mismos hechos. En este último caso podrá agregar al nuevo expediente

todos

los

antecedentes,

actuaciones

útiles

efectuadas

en

el

informes

y

procedimiento

caducado, debiendo en cualquier caso realizar todas las etapas del procedimiento nuevamente. La

Superintendencia

no

podrá

perseguir

las

infracciones cometidas transcurridos cuatro años desde que hubiere terminado de cometerse el hecho. Este plazo se

suspende

cuando

se

inicia

el

procedimiento

sancionatorio, con la notificación del infractor y se interrumpe cada vez que se cometa una nueva infracción. En caso de declararse la caducidad del procedimiento, se entenderá que no se interrumpió ni suspendió el plazo de prescripción. Las sanciones impuestas por acto administrativo firme no podrán ejecutarse una vez transcurridos más de tres años desde que éste quede firme. Este plazo se

46

interrumpe

cuando

la

Superintendencia

inicie

la

ejecución.

Artículo Superintendencia

50.que

Las

resoluciones

determinen

la

de

imposición

la de

sanciones serán susceptibles de recurso de reposición, el que podrá interponerse en el plazo de cinco días hábiles contado desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Artículo 51.- Los afectados que estimen que las resoluciones de la Superintendencia no se ajustan a la ley,

podrán

reclamar

ante

la

Corte

de

Apelaciones

correspondiente, dentro del plazo de quince días contado desde la notificación de la resolución impugnada. El

reclamante

señalará

en

su

escrito,

con

precisión, el acto u omisión objeto del reclamo de ilegalidad, la norma legal que se supone infringida, la forma como se ha producido la infracción y, finalmente, cuando procediere, las razones por las cuales el acto u omisión le perjudican. La Corte dará traslado a la Superintendencia por el

término

de

diez

días.

Evacuado

el

traslado

o

teniéndosele por evacuado en rebeldía, la Corte podrá abrir un término de prueba, si así lo estima necesario, el que se regirá por las reglas de los incidentes que contempla el Código de Procedimiento Civil. Vencido el término de prueba, se remitirán los autos al fiscal judicial para su informe y a continuación se ordenará traer los autos en relación. La vista de esta causa gozará de preferencia.

47

La Corte, en su sentencia, si da lugar al reclamo de

ilegalidad,

anulación

ordenará,

total

o

según

parcial

del

sea acto

procedente,

la

impugnado;

la

dictación de la resolución que corresponda para subsanar la omisión o reemplazar la resolución anulada; y el envío de

los

antecedentes

al

Ministerio

Público,

cuando

estimare que la infracción pudiere ser constitutiva de delito

o

en

investigación,

el

caso

que,

se

concluya

como

la

producto

existencia

de

de

la

hechos

constitutivos de delito.

Párrafo 6° Infracciones y sanciones

Artículo 52.- Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia

el

ejercicio

de

la

potestad

sancionadora respecto de las infracciones establecidas en esta ley. Para los efectos del ejercicio de dicha potestad sancionadora las personas e instituciones fiscalizadas podrán incurrir en infracciones gravísimas, graves, y leves.

Artículo 53.- Son infracciones gravísimas: a) Destinar los recursos de la institución de educación superior a fines distintos a los que le son propios de acuerdo a la ley y sus estatutos, en los términos establecidos en el artículo 65 de esta ley. b) Realizar operaciones en contravención a lo señalado en el artículo 73.

48

c)

Realizar

relacionadas

sin

operaciones

dar

cumplimiento

a

con

personas

los

requisitos

establecidos en los artículos 74 a 76 de la presente ley. d) Cualquier acción u omisión dolosa destinada a obtener acreditación o años de acreditación mayores a los que correspondan en conformidad a la ley N° 20.129. e) No cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 36 y 37 o hacerlo de forma distinta a lo prescrito en dicho artículo o de manera tardía. f)

Impedir

u

obstaculizar

deliberadamente

la

fiscalización de la Superintendencia. g)

Entregar

información

falsa

u

ocultar

cualquier antecedente relevante con el fin de encubrir u ocultar una infracción. h) Efectuar publicidad que exceda la información objetiva y verificable acerca de la institución y sus carreras o programas. El gasto total anual por este concepto no podrá ser superior a la suma equivalente al 1% del total de lo que reciban por concepto de aranceles, comprendido el financiamiento para la gratuidad. Para efectos de la fiscalización, tanto los ingresos por aranceles como el gasto en publicidad deberán estar desagregados por partidas o cuentas en los balances consolidados que se remitan a la Superintendencia. i)

Incurrir

reiteradamente

en

infracciones

calificadas como graves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de doce meses se incurre en dos o más infracciones graves. j) Efectuar publicidad falsa o engañosa, en los términos que se indican en el artículo 54.

49

k) Incurrir en toda otra infracción que sea calificada como gravísima por la ley.

Artículo

54.-

Se

entenderá

por

publicidad

engañosa cualquier mensaje publicitario o comunicación dirigida al público en general que induzca a error o engaño respecto de: a)

El

valor

correspondiente

a

matrícula,

aranceles, becas y en general a cualquier desembolso o prestación pecuniaria exigida por una institución a sus estudiantes. b) Los años de acreditación, que de conformidad a la ley haya obtenido la respectiva institución de educación superior y de la acreditación de sus carreras y programas de estudio, según corresponda. c) Las perspectivas generales de empleabilidad de los estudiantes de la respectiva institución o de cualquiera de sus carreras o programas, de conformidad a lo

que

establezca

la

Superintendencia

mediante

instrucciones de carácter general. d) Los niveles formativos, las cualificaciones, las

alternativas

de

continuidad

de

estudios

o

denominación de las carreras y programas de estudio de la oferta académica. e) La infraestructura, el cuerpo docente, campos clínicos, práctica

equipamiento profesional

institución

o

y con

cualquiera

espacios que de

para

cuente sus

la

sedes,

pasantía

o

respectiva carreras

o

programas. f) Cualquier materia relacionada a la actividad de la institución de educación superior que conduzca a

50

información

equivocada

respecto

a

la

investigación,

prestigio, posición internacional u otras, que no tenga sustento real. g) La información respecto a la investigación, prestigio y posición internacional, que no tenga sustento real.

Artículo 55.- Son infracciones graves: a) No remitir la información requerida por el Ministerio de Educación, la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Acreditación, en ejercicio de sus facultades legales,

o

hacerlo

de

forma

tardía,

incompleta

o

inexacta, de manera injustificada. b) Informar erróneamente respecto del número de estudiantes

por

carrera

o

programa,

el

número

de

académicos o cualquier información, si de ello resultare un

incremento

del

financiamiento

o

aportes

que

la

institución recibiría del Estado, de manera directa o indirecta. c) Negarse a efectuar o entorpecer la auditoría externa de sus estados financieros de conformidad a la ley. d)

Modificar

condiciones

y

unilateralmente

modalidades

conforme

a

los las

términos, cuales

la

institución de educación superior hubiere convenido con el estudiante la prestación de los servicios educativos. e) Condicionar la rendición de exámenes u otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones a exigencias pecuniarias, distintas al pago

de

aranceles

previamente

establecidos

por

la

51

institución de educación superior en su reglamentación e informados a los estudiantes al momento de suscribir el contrato respectivo. f) Incurrir en cualquier otra infracción que sea expresamente calificada como tal por la ley. g) Reiterar el incumplimiento de infracciones calificadas como leves. Para estos efectos se entenderá que hay reiteración cuando en un plazo de doce meses incurren en dos o más infracciones leves. En caso de infracciones que tengan el carácter de

graves,

sólo

podrán

aplicarse

las

sanciones

de

amonestación y multa establecidas en esta ley.

Artículo 56.- Son infracciones leves aquellas en que se incurra contra las normas que regulan la educación superior y que no tengan señalada una sanción especial, sin perjuicio de las atribuciones expresas que sobre éstas tengan la Contraloría General de la República, el Ministerio

de

Educación,

el

Consejo

Nacional

de

Acreditación y otros organismos públicos. En caso de infracciones que tengan el carácter de

leve,

sólo

podrán

aplicarse

las

sanciones

de

amonestación y multa establecidas en esta ley. Con todo, las infracciones a que se refiere este artículo sólo serán sancionadas si no fueren subsanadas en el plazo que

prudencialmente

conceda

al

efecto

el

Superintendente.

Artículo 57.- Comprobada la infracción, y sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles y administrativas que procedan, el Superintendente podrá

52

aplicar una o más de las siguientes sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 58: a) Amonestación por escrito. b) Multa a beneficio fiscal de hasta quinientas unidades

tributarias

mensuales,

tratándose

de

infracciones leves. c) Multa a beneficio fiscal de hasta mil unidades tributarias

mensuales,

tratándose

de

infracciones

graves. d) Multa de hasta diez mil unidades tributarias mensuales, tratándose de infracciones gravísimas. e) Inhabilitación temporal o a perpetuidad para concurrir, directa o indirectamente, a la constitución de instituciones de educación superior o para ocupar el cargo

de

rector

administración

o

ser

superior

integrante en

del

cualquiera

órgano de

de

dichas

instituciones. La sanción de inhabilitación temporal se podrá extender hasta por un plazo de cinco años, y se aplicará para el caso de infracciones gravísimas. Para la determinación del monto específico de la multa se deberán considerar los criterios establecidos en el artículo 58 de la presente ley. La Superintendencia podrá amonestar por escrito o

multar

hasta

por

una

cantidad

unidades tributarias mensuales

equivalente

a

mil

o quinientas unidades

tributarias mensuales en caso de infracciones leves, a quienes

ejerzan

funciones

directivas

que

resulten

responsables de las infracciones cometidas. La multa se comunicará al infractor y al representante legal de la institución.

La

Superintendencia

conocimiento

de

la

asamblea

de

podrá

poner

miembros,

en

según

53

corresponda, las infracciones, incumplimientos o actos en

que

hayan

incurrido

quienes

ejerzan

funciones

directivas de la institución, a fin de que aquélla pueda removerlos de sus cargos en caso que corresponda de acuerdo a sus estatutos y la ley, sin perjuicio de ejercer las acciones judiciales que crea pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano de administración superior deberá dar cuenta a la asamblea más próxima de las sanciones de que ha sido objeto la institución o sus funcionarios. En todo caso las multas siempre serán pagadas con

el

patrimonio

propio

de

la

persona

o

de

la

institución infractora. En ningún caso podrá utilizarse para

ello

los

recursos

públicos

que

se

hubieren

percibido.

Artículo sanciones

58.-

específicas

Para que

la en

determinación cada

caso

de

las

corresponda

aplicar, se considerará la naturaleza y gravedad de la infracción; el beneficio económico obtenido con motivo de ésta; la intencionalidad y el grado de participación en el hecho, acción u omisión constitutiva de la misma; la conducta anterior del infractor; el cumplimiento con los planes de recuperación, en su caso; la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes; y el tamaño de la institución, teniendo en especial consideración el número de estudiantes y docentes con que ésta cuenta, el número de carreras y programas de estudio que imparte, el

grado

de

institucional

desarrollo y

docencia,

en y

las el

áreas número

de de

gestión sedes

extensión territorial de la misma, cuando corresponda.

y

54

Artículo 59.- Sin perjuicio de las sanciones señaladas en el artículo 57, y en caso que sea procedente de acuerdo a la ley N° 20.800, la Superintendencia podrá disponer el cumplimiento de un plan de recuperación o la designación de un administrador provisional.

Artículo 60.- La sanción de multa no impide la aplicación de las demás sanciones establecidas en el artículo 57. Las resoluciones de la Superintendencia que apliquen multa tendrán mérito ejecutivo una vez que se hayan resuelto los recursos que correspondan de acuerdo a la ley o que se haya cumplido el plazo legal sin que éstos hayan sido presentados. El

monto

de

las

multas

impuestas

por

la

Superintendencia será a beneficio fiscal, y deberá ser pagado en la Tesorería General de la República, dentro del

plazo

de

diez

días,

contado

desde

la

fecha

de

notificación de la resolución respectiva. El pago de toda multa aplicada de conformidad a este

título

deberá

ser

acreditado

ante

la

Superintendencia dentro de los diez días siguientes a la fecha en que ésta debió ser pagada. Si el infractor fuere una persona jurídica, las personas naturales que la representen legalmente, o que actúen en su nombre, serán subsidiariamente responsables del pago de la multa. El retardo en el pago de toda multa que aplique la Superintendencia en conformidad a la ley, devengará los intereses y reajustes establecidos en el artículo 53 del Código Tributario.

55

Artículo

61.-

Constituyen

circunstancias

atenuantes de responsabilidad: a)

Subsanar

los

reparos

u

observaciones

representados por la Superintendencia dentro del plazo que ésta determine. b) sanciones

No

haber

previstas

sido en

objeto

las

de

normas

alguna

de

aplicables

las a

la

educación superior en los últimos seis años tratándose de una infracción gravísima; en los últimos cuatro años si esta fuere grave, y en los últimos dos años, en caso de una infracción leve. c) Colaboración sustancial en el proceso.

Artículo

62.-

Se

considerarán

circunstancias

agravantes de responsabilidad: a) No presentarse a declarar, salvo caso fortuito o

fuerza

mayor,

controladores, propietarios,

por

parte

miembros fundadores,

de

o

los

organizadores,

asociados,

socios,

representantes

legales,

quienes ejerzan funciones directivas o dependientes de la

persona

jurídica

fiscalizada,

cuando

haya

sido

solicitada por la Superintendencia. b) El incumplimiento reiterado de las normas aplicables, o de las instrucciones o requerimientos de información

formulados

por

la

Superintendencia.

Se

entenderá que son reiterados aquellos incumplimientos que, en un mismo año calendario, se repitan en dos o más ocasiones. c) Haber sido anteriormente objeto de la medida de designación de administrador provisional.

56

En caso de concurrir una o más circunstancias agravantes,

la

multa

aplicable

al

infractor

podrá

ascender hasta el doble del monto máximo previsto en la ley para la infracción de que se trate.

Párrafo 7° Reglas y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo

63.-

Las

instituciones

de

educación

superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado

sin

fines

controladores,

de

lucro

miembros

o

sólo

podrán

asociados

tener a

como

personas

naturales, personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o que deriven

su

personalidad

jurídica

de

éstas,

u

otras

entidades de derecho público reconocidas por ley. Tales instituciones se regirán por las normas de la presente ley y las normas especiales aplicables a la educación superior, y de forma supletoria, por las disposiciones del título XXXIII del libro I del Código Civil.

Artículo 64.- Se entenderá por controlador toda persona o grupo de personas que, actuando coordinadamente o con acuerdo de actuación conjunta, y siendo miembro o asociado de la institución de educación superior, ya sea directamente o a través de otras personas naturales o

57

jurídicas, tenga poder para asegurar mayoría de votos en las asambleas o reuniones de sus miembros; o para elegir a

la

mayoría

de

los

directivos

o

designar

al

administrador o representante legal o a la mayoría de ellos; o para influir decisivamente en la administración de la institución. Las instituciones de educación superior deberán informar a la Superintendencia quién es su controlador y,

en

caso

que

no

tuviese,

deberán

señalar

esta

circunstancia expresamente.

Artículo

65.-

Las

instituciones

de

educación

superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro tienen la obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias

que

generen,

según

sea

el

caso,

en

la

consecución de los fines que les son propios según la ley y sus estatutos, y en la mejora de la calidad de la educación que brindan. Los actos, convenciones u operaciones realizadas en contravención a lo establecido en el inciso anterior constituirán infracciones gravísimas, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra g) del artículo 6 de la ley N° 20.800, los artículos 70 a 80 de la presente ley y de la responsabilidad

penal,

civil

o

administrativa

que

corresponda. El

que

administrando

a

cualquier

título

los

recursos o excedentes de la institución de educación superior, los destine a una finalidad diferente a lo señalado en el inciso primero de este artículo, estará obligado a reintegrarlos a la institución, debidamente reajustados conforme a la variación expresada por el

58

Índice

de

Precios

al

Consumidor,

en

el

período

comprendido entre el mes anterior a aquel en que se llevó a cabo el desvío y el mes anterior en que se produjere la

restitución.

Comprobada

la

infracción,

ésta

será

sancionada por la Superintendencia, conforme a las normas del presente título, con una multa desde un 50% hasta un 200% de la suma desviada. Dichos montos en ningún caso podrán ser descontados o pagados con cargo a recursos de la institución. En

este

caso,

la

Superintendencia

deberá

denunciar ante el Ministerio Público los hechos de los que tome conocimiento para los fines correspondientes.

Artículo

66.-

Las

instituciones

de

educación

superior que estén constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro deberán contar con un

órgano

de

administración

superior,

llámese

directorio, junta directiva, consejo superior u otro órgano colegiado, cualquiera sea su denominación (en adelante “órgano de administración superior”), el cual será designado en la forma y plazos previstos en sus estatutos. Los

integrantes

del

órgano

de

administración

superior podrán gozar de una dieta, y en tal caso, ésta deberá estar establecida en los estatutos.

Artículo 67.- Es función esencial del órgano de administración administración institución,

superior

el

financiera así

como

de

control

superior

y

patrimonial

su

gestión

de de

académica

la la y

59

desarrollo estratégico, en concordancia con su plan de desarrollo institucional. Se prohíbe cualquier acto o contrato mediante el cual el órgano de administración superior delegue, total o parcialmente, y a cualquier título, sus funciones esenciales

o

determinada

se

comprometa

modalidad,

a

salvo

ejercerlas que

se

bajo trate

una del

otorgamiento de mandatos especiales cuyas facultades han sido indicadas de manera precisa.

Artículo

68.-

Los

integrantes

del

órgano

de

administración superior deberán velar por el interés de la institución de educación superior y el cumplimento de los fines establecidos en sus estatutos, y no podrán ser removidos de su cargo sino por mayoría absoluta del órgano de administración superior en los casos señalados previamente en sus estatutos. Las funciones esenciales de los integrantes del órgano de administración superior no serán delegables y se

ejercerán

colectivamente,

de

conformidad

a

las

formalidades que establezcan sus estatutos.

Artículo

69.-

Los

integrantes

del

órgano

de

administración superior deberán emplear en el ejercicio de sus funciones el cuidado y diligencia que las personas emplean

ordinariamente

en

sus

negocios

propios,

y

responderán solidariamente de los perjuicios causados a la institución, en su caso, por sus actuaciones dolosas o culpables. Toda estipulación o acuerdo que tienda a liberar o a limitar la responsabilidad de los integrantes del órgano de administración superior es nula.

60

Artículo

70.-

Los

integrantes

del

órgano

de

administración superior no podrán realizar o aprobar actos

contrarios

al

interés

de

la

institución

de

educación superior o que contravengan lo dispuesto en el inciso primero del artículo 65, ni usar su cargo para obtener

ventajas

indebidas

para

sí

o

para

terceros

relacionados, en perjuicio del interés de la entidad. Los beneficios percibidos por quienes infrinjan lo

dispuesto

en

este

artículo

pertenecerán

a

la

institución de educación superior, la que además deberá ser indemnizada de cualquier perjuicio en conformidad a lo establecido en el artículo 79.

Artículo

71.-

Para

efectos

de

esta

ley,

se

entenderá por personas relacionadas a la institución de educación superior: a) Las personas naturales o jurídicas que sean fundadores, asociados o miembros de la institución. b) Sus controladores, de conformidad al artículo 64. c) Los integrantes del órgano de administración superior. d) Sus rectores. e)

Los

cónyuges,

convivientes

civiles

o

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad

de

las

personas

señaladas

en

las

letras

anteriores. f) Las personas jurídicas en que las personas señaladas

en

las

letras

precedentes

sean

dueños,

61

directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 5% o más de su capital. g) Las personas naturales o jurídicas que sean miembros, asociados o fundadores, según corresponda, de cualquier persona jurídica de las señaladas en la letra a); sus cónyuges, convivientes civiles o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 5% o más de su capital. h) Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos

principales

o

liquidadores,

de

cualquier

persona jurídica de las señaladas en la letra a), según sea

el

caso;

sus

cónyuges,

convivientes

civiles

o

parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, cuando corresponda; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 5% o más de su capital. i) Las demás personas que desempeñen funciones directivas en la respectiva institución de educación superior,

de

acuerdo

al

artículo

72;

sus

cónyuges,

convivientes civiles o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad; o las personas jurídicas en que las personas señaladas anteriormente sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 5% o más de su capital. j) Las personas jurídicas en que las personas naturales

señaladas

directores,

en

gerentes,

las

letras

precedentes

administradores,

principales de las mismas.

o

sean

ejecutivos

62

k) Las personas jurídicas en que la institución de educación superior sea propietaria, socia, fundadora, asociada o miembro o que, conforme a los estatutos de éstas, pueda elegir a lo menos a un integrante del directorio u órgano de administración respectivo. La Superintendencia podrá establecer, mediante norma de carácter general, que es relacionada a una institución de educación superior toda persona natural o jurídica

que

por

relaciones

patrimoniales,

de

administración, de parentesco, de responsabilidad o de subordinación haga presumir que sus operaciones con la institución originan conflictos de interés.

Artículo entenderá

que

72.-

Para

ejercen

efectos

funciones

de

esta

ley,

directivas

de

se una

institución de educación superior los integrantes de el o los órganos colegiados de administración superior, sea cual fuere su denominación, el rector, así como cualquier autoridad

unipersonal

de

la

institución,

que

tenga

atribución de decisiones estratégicas y patrimoniales, así

como

facultades

los o

directores campus,

o

o los

decanos

de

integrantes

sus de

sedes, órganos

académicos superiores.

Artículo

73.-

Las

instituciones

de

educación

superior que estén organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro no podrán realizar actos, contratos, convenciones u operaciones con las personas indicadas en las letras a), b), c), d), e) y f) del artículo 71.

63

Con

todo,

establecida

en

el

se

exceptuarán

inciso

de

anterior

la

prohibición

aquellos

actos,

contratos, convenciones u operaciones cuando: a) La contraparte sea una persona jurídica sin fines de lucro, de derecho público, creada por ley o cuya personalidad jurídica derive de corporaciones de derecho público. b) Se trate de donaciones cuyo beneficiario sea una institución de educación superior sin fines de lucro o creada por ley o que derive su personalidad jurídica de corporaciones de derecho público. c) Se trate de contratos de trabajo u honorarios para desempeñar labores académicas o docentes, según corresponda, en la institución. El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 y de la responsabilidad penal, civil o administrativa que corresponda.

Artículo 74.- Las operaciones señaladas en el inciso segundo del artículo anterior, o aquéllas que se realicen

con

personas

relacionadas

distintas

a

las

señaladas en su inciso primero, deberán contribuir al interés de la institución de educación superior y al cumplimiento de sus fines; ajustarse en precio, términos y

condiciones

de

equidad

similares

a

las

que

habitualmente prevalecen en el mercado en el lugar y tiempo

de

su

celebración,

salvo

que

dicho

precio,

términos o condiciones sean más ventajosas para las instituciones

de

educación

superior,

y

cumplir

estrictamente con los requisitos establecidos en los

64

artículos

siguientes,

cualquiera

sea

el

monto,

naturaleza, objeto o condición de habitualidad de la operación. El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima.

Artículo 75.- Las operaciones a que se refiere el artículo anterior deberán ser aprobadas, en forma previa

a

su

celebración,

por

la

mayoría

de

los

integrantes del órgano de administración superior de la institución

de

educación

superior

o

su

equivalente,

debiendo excluirse de la votación aquéllos que tengan interés directo o indirecto en la operación de que se trate, en su caso. El incumplimiento de lo señalado en el inciso anterior constituirá una infracción gravísima. Con todo, lo dispuesto en el inciso primero no se

exigirá

respecto

de

operaciones

cuyo

monto

sea

inferior a 2.000 unidades de fomento, sea considerada individualmente o en conjunto con otras operaciones que tengan igual causa u objeto, y se celebren con una misma parte dentro de un período consecutivo de doce meses.

Artículo administración

76.-

superior

La que

reunión apruebe

del la

órgano operación

de de

conformidad al artículo anterior deberá constar en un acta firmada por todos los integrantes presentes y deberá contener, a lo menos, lo siguiente: a) La descripción del objeto, monto, plazo de duración y demás condiciones comerciales de la operación de que se trate.

65

b) La individualización de la contraparte en la operación y el tipo de relación existente con la misma. c) La indicación de que la operación es necesaria y de cómo contribuye al interés de la institución de educación superior. d) La individualización de los integrantes del órgano

de

administración

superior

que

aprobaron

la

operación. e) La individualización de el o los integrantes del

órgano

de

administración

superior

que

se

hayan

abstenido por tener interés en la operación respectiva, con

indicación

de

la

relación

que

tuvieren

con

la

contraparte en la operación. f) La individualización de el o los integrantes del órgano de administración que se hayan opuesto a la aprobación del acto u operaciones. g)

Las

deliberaciones

efectuadas

para

la

aprobación de los términos y condiciones de la operación, con indicación precisa de los antecedentes concretos que se hayan tenido en consideración a efectos de determinar que la operación se ajusta a lo dispuesto en el artículo 74.

Artículo

77.-

El

cumplimiento

de

los

procedimientos descritos en los artículos anteriores, en caso alguno eximirá a los integrantes del órgano de administración

superior

o

su

equivalente

de

la

responsabilidad que corresponda, en caso que la operación respectiva no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 74.

66

Artículo 78.- El que, administrando a cualquier título recursos de una institución de educación superior, se interesare, directa o indirectamente, en cualquier negociación, acto, contrato u operación que involucre a la institución, con infracción a lo previsto en los artículos 71 a 77, ambos inclusive de la presente ley, será sancionado con reclusión menor en su grado medio y con multa del tanto al duplo del valor del interés que hubiere tomado en el negocio. Las

mismas

penas

se

le

impondrán

si,

en

cualquiera de las situaciones señaladas en el inciso precedente,

y

dándose

en

lo

demás

las

mismas

circunstancias, diere o dejare tomar interés a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad. Lo

mismo

valdrá

en

caso

que

el

que

hubiere

incurrido en la conducta diere o dejare tomar interés a terceros asociados con él o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a sociedades, asociaciones o empresas en las que dichos terceros o esas personas tengan interés social, superior al diez por ciento si la sociedad es anónima, o ejerzan su administración en cualquiera forma.

Artículo asociado,

79.-

miembro

o

educación

superior,

directivas

y

no

La

Superintendencia,

fundador o

de

quienes

hubieren

la

cualquier

institución

ejerzan

concurrido

al

de

funciones acuerdo

de

aprobación de la operación celebrada en contravención a las

normas

institución

de

este de

título educación

podrán,

a

nombre

superior,

de

la

perseguir

67

judicialmente la responsabilidad civil de los directores que hubieren aprobado la operación.

Artículo 80.- Las normas establecidas en los artículos 71 a 79 de este párrafo les serán aplicables a las instituciones de educación superior que deriven su personalidad

jurídica

de

corporaciones

de

derecho

público u otras entidades de derecho público reconocidas por ley.

TÍTULO IV DEL SISTEMA NACIONAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Artículo 81.- Modifícase la ley N° 20.129, que Establece un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad

de

la

Educación

Superior,

en

el

siguiente

sentido: 1) Reemplázase el artículo 1 por el siguiente: “Artículo 1.- Establécese el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (en adelante también “el Sistema”) que estará integrado por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación, la

Comisión

Nacional

de

Acreditación

y

la

Superintendencia de Educación Superior. Al Sistema, en su conjunto, corresponderá: a) El desarrollo de políticas que promuevan la calidad, pertinencia, articulación, inclusión y equidad

68

en el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación superior. b) La identificación, recolección y difusión de los antecedentes necesarios para la gestión del Sistema, y la información pública. c) El licenciamiento de instituciones nuevas de educación superior, que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en conformidad a lo dispuesto en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación. d)

La

instituciones

acreditación de

educación

institucional superior

de

autónomas

las de

conformidad a lo establecido en el título II del capítulo II, y la acreditación de carreras o programas de pregrado y postgrado de conformidad a lo dispuesto en el título III y IV del capítulo II, y de carreras o programas de estudios conducentes a título técnico de nivel superior, título

profesional

o

licenciatura

en

modalidad

a

distancia o semipresenciales. e) La fiscalización del cumplimiento, por parte de las instituciones de educación superior, de las normas aplicables a dicho sector, en especial de la obligación de destinar sus recursos al cumplimiento de sus fines, así como la supervisión de su viabilidad administrativa y financiera, y del cumplimiento de los compromisos académicos con sus estudiantes.”. 2) Elimínase el artículo 2. 3) Reemplázase el artículo 3 por el siguiente: “Artículo

3.-

El

Sistema

Nacional

de

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior será coordinado por un comité integrado por:

69

a) El Subsecretario de Educación Superior, quien lo presidirá. b) El Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación. c) El Superintendente de Educación Superior. d)

El

Presidente

del

Consejo

Nacional

de

Educación. Corresponderá a la Subsecretaría de Educación Superior brindar soporte técnico para el funcionamiento del Comité de Coordinación. Los miembros del Comité deberán designar a un secretario, quien llevará las actas y desempeñará las demás funciones que se le asignen.”. 4) Reemplázase el artículo 4 por el siguiente: “Artículo

4.-

Corresponderá

al

Comité

de

Coordinación: a) Velar por la coordinación de los organismos que lo integran en lo relativo a su relación con las instituciones de educación superior. b)

Colaborar

Acreditación

en

el

con

la

proceso

Comisión de

Nacional

elaboración

de

de los

criterios y estándares de calidad, según ésta defina. c) Establecer y coordinar mecanismos para el intercambio de información entre los órganos que componen el Sistema y las instituciones de educación superior. d) Establecer un Plan de Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior, el cual contemplará, a lo menos, los compromisos y objetivos del Sistema, las acciones necesarias para alcanzarlos, y la identificación de las áreas que requieran de especial coordinación.

70

e) Constatar, respecto de los comisionados de la Comisión Nacional de Acreditación, la verificación de las causales de cesación en el cargo establecidas en el artículo 12 quáter, así como si se encuentran afectos a una inhabilidad para desempeñar el cargo. En estos casos, el Presidente de la Comisión Nacional de Acreditación participará sólo con derecho a voz.”. 5) Modifícase el artículo 5 en el siguiente sentido: a) Reemplázase las dos veces que aparece la palabra

“Coordinador”

por

las

palabras

“de

Coordinación”. b) Reemplázase la palabra “tres” por “seis”. 6)

Reemplázase

en

el

artículo

6

la

palabra

“verificar” por la frase “evaluar, acreditar”. 7) Reemplázase el artículo 7 por el siguiente: “Artículo

7.-

La

Comisión

Nacional

de

Acreditación estará integrada de la siguiente forma: a)

Cuatro

académicos

universitarios

de

reconocido prestigio y amplia trayectoria en gestión institucional,

docencia

de

pregrado

o

formación

de

postgrado. De éstos, al menos dos deberán estar o haber estado vinculados a alguna universidad cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana. b) Cuatro docentes o profesionales de reconocido prestigio

y

amplia

trayectoria

en

formación

técnico

profesional o en gestión institucional en centros de formación técnica o institutos profesionales. De ellos, al menos dos deberán estar o haber estado vinculados a alguna institución de educación superior cuyo domicilio

71

esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana. c)

Un

prestigio

y

docente amplia

o

profesional

trayectoria

en

de el

reconocido

área

de

la

innovación, seleccionado por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad con la ley N° 19.882, a partir de una terna propuesta por la Corporación de Fomento de la Producción. d) prestigio

Un

académico

y

amplia

universitario

trayectoria

en

de

reconocido

investigación

científica o tecnológica seleccionado por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad con la ley N° 19.882, a partir de una terna propuesta por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica o su sucesor. e)

Dos

instituciones

representantes de

educación

estudiantiles superior

de

autónomas

acreditadas, debiendo uno de ellos pertenecer a una institución cuyo domicilio esté localizado en una región distinta de la Región Metropolitana. Los representantes de los estudiantes deberán tener aprobada al menos la mitad

de

la

carrera

en

la

que

estén

inscritos

y

encontrarse dentro del 10% de los estudiantes de mejor rendimiento de su generación, y durarán dos años en sus cargos.

Los

representantes

de

los

estudiantes

serán

elegidos de acuerdo al procedimiento que establezca el reglamento subsistema,

y

deberán

ser

resguardando

representativos la

participación

de de

cada las

Federaciones de Estudiantes, en su caso. Las designaciones de las letras c) y d) serán efectuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con acuerdo de cuatro quintos de sus

72

integrantes.

El

seleccionadas

se

nombramiento efectuará

de

las

mediante

personas

resolución

del

Ministerio de Educación. Tres de los comisionados señalados en la letra a) y tres de los señalados en la letra b) anteriores, serán designados por el Presidente de la República con acuerdo de tres quintos del Senado, a partir de una terna propuesta

para

cada

Dirección

Pública,

cargo de

por

el

conformidad

Consejo al

de

Alta

procedimiento

establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley N° 19.882. Los demás comisionados de las letras a y b) serán designados por el Presidente de la República, a partir de una terna propuesta para cada cargo por el Consejo de Alta Dirección Pública, de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3º del título VI de la ley N° 19.882,

uno

de

los

cuales

será

designado

por

el

Presidente de la República como el Presidente de la Comisión. Asimismo, uno de estos últimos comisionados deberá

tener

trayectoria

en

gestión

financiera

y

organizacional. Corresponderá al Presidente citar y presidir las sesiones de la Comisión, establecer la tabla de materias a

ser

tratadas

en

cada

sesión,

dirigir

sus

deliberaciones, dirimir sus empates, y participar en el Comité de Coordinación en conformidad con lo establecido en

el

artículo

3.

Asimismo,

le

corresponderá

la

representación de la Comisión en eventos protocolares nacionales e internacionales, así como en las gestiones que se desarrollen ante cualquier entidad extranjera. El Presidente se relacionará con el Secretario Ejecutivo

para

la

coordinación

atribuciones de la Comisión.

de

las

funciones

y

73

Los comisionados señalados en las letras a), b), c) y d) anteriores durarán seis años en sus cargos, no podrán

ser

designados

nuevamente

para

un

período

consecutivo, y se renovarán por parcialidades cada tres años. En caso que no se efectuare el nombramiento del nuevo comisionado antes de la expiración del plazo de duración en el cargo del comisionado saliente, éste podrá permanecer en el desempeño de sus funciones hasta el nombramiento de su reemplazante, por un máximo de tres meses adicionales. Si su nombramiento requiere de acuerdo del Senado y éste no se hubiere pronunciado en los términos

señalados

una

vez

vencido

dicho

plazo,

se

nombrará al candidato propuesto por el Presidente de la República, sin más trámite. La Comisión designará de entre los integrantes señalados

en

las

letras

a),

b),

c)

y

d)

a

un

Vicepresidente, que subrogará al Presidente en caso de ausencia y que permanecerá dos años en esa calidad, pudiendo ser reelegido. La

Comisión

requerirá

de

la

mayoría

de

sus

integrantes para sesionar y sus acuerdos se adoptarán por

mayoría

absoluta

de

sus

miembros.

En

caso

de

producirse un empate, se tomará una segunda votación. De persistir el empate, corresponderá al Presidente el voto dirimente para resolver la materia. La Comisión deberá celebrar, como mínimo, cuatro sesiones al mes. La

Comisión

Nacional

de

Acreditación

podrá

desarrollar su labor en dos salas. La sala universitaria estará integrada por los comisionados a que se refieren las letras a) y d), más uno de los representantes de los estudiantes a que se refiere la letra e). La sala de formación técnica será integrada por los comisionados a

74

que se refieren las letras b) y c), más el restante representante de los estudiantes. La sala en que no participe el Presidente de la Comisión, será presidida por uno de los restantes comisionados designados por el Presidente de la República. Sin perjuicio de lo anterior, será la Comisión en pleno la que deberá adoptar acuerdos respecto de las materias señaladas en las letras a), b) y d) del artículo 8. Los integrantes de la Comisión tendrán derecho a gozar de una dieta por sesión a la que asistan, la que podrá ascender hasta 10 unidades tributarias mensuales con un máximo de 90 unidades tributarias mensuales por mes, conforme a las normas del reglamento interno de la Comisión. Esta asignación será incompatible con toda otra remuneración de carácter público para el personal regido por la ley N° 18.834. A los integrantes de la Comisión, salvo el caso del Presidente, no les serán aplicables las normas de la ley N° 19.882, salvo en lo relativo a su nombramiento, de conformidad a lo señalado en los incisos anteriores. Los comisionados deberán declarar intereses y patrimonio conforme a lo establecido en el capítulo 1° del título II de la ley N° 20.880.”. 8) Reemplázase el artículo 8 por el siguiente: “Artículo 8.- Corresponderán a la Comisión las siguientes funciones: a)

Administrar

acreditación

y

institucional

educación

superior

programas

de

resolver de

autónomas,

estudio

de

pre

las y y

de

los

procesos

de

instituciones

de

las

postgrado

carreras que

y

éstas

impartan, incluidos los programas on line tanto en su

75

modalidad b-learning como e-learning, conducentes a un título o grado, según corresponda. b)

Elaborar

estándares

de

y

establecer

calidad

para

los

criterios

y

la

acreditación

institucional, y de las carreras y programas de pregrado y postgrado, de acuerdo al tipo de institución, sea ésta del

subsistema

previo

informe

técnico del

profesional

Comité

o

universitario,

Coordinador

del

Sistema

Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. c)

Ejecutar

y

promover

acciones

para

el

mejoramiento continuo de la calidad de las instituciones de

educación

superior,

en

particular,

identificar,

promover y difundir entre las instituciones de educación superior buenas prácticas en materia de aseguramiento de la calidad de la educación superior. d) Resolver la solicitud de apertura de nuevas sedes, carreras o programas de pregrado en nuevas áreas del conocimiento, por parte de las instituciones de educación

superior

autónomas,

según

corresponda,

de

conformidad con lo establecido en el artículo 25 ter. e) Mantener sistemas de información pública que contengan

las

decisiones

relevantes

relativas

a

los

procesos de acreditación y autorización a su cargo, y proporcionar al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior los antecedentes correspondientes. f)

Desarrollar

toda

otra

actividad

necesaria

para el cumplimiento de sus funciones. La Comisión deberá someterse, cada cinco años y por parte de instituciones extranjeras de reconocido prestigio

en

las

áreas

de

su

competencia,

a

una

76

evaluación

externa

en

materias

relacionadas

con

el

aseguramiento de la calidad de la educación superior, en particular, respecto al desarrollo de los procesos de acreditación que le correspondan de conformidad a esta ley.”. 9) Modifícase el artículo 9 en el siguiente sentido: a) Incorpórase en la letra a), después de la coma, la frase “previa selección conforme al Sistema de Alta Dirección Pública de conformidad a lo establecido en el título VI de la ley N° 19.882”. b) Elimínase su letra c), pasando su actual d) a ser c) y así sucesivamente. c) Intercálanse las siguientes letras d), e), f),

g)

y

h),

pasando

la

letra

e)

a

ser

i)

y

así

sucesivamente: “d) Dictar normas de carácter general en materias de su competencia, en especial respecto de la forma, condiciones

y

requisitos

para

el

desarrollo

de

los

procesos de acreditación, tanto institucional como de carreras y programas de estudio de pre y postgrado; e)

Disponer

la

incorporación

de

pares

evaluadores al registro establecido en el artículo 19, designar a los que actuarán en un determinado proceso de acreditación y resolver las impugnaciones que presenten las instituciones de educación superior a la designación de los mismos, de conformidad con lo establecido en el referido artículo; f) Solicitar informes a las instituciones de educación

superior

acerca

estándares de calidad;

del

cumplimiento

de

los

77

g)

Disponer

la

realización

de

visitas

de

seguimiento del cumplimiento de los estándares de calidad a las instituciones de educación superior; h) Disponer el adelantamiento de la acreditación institucional en el caso del artículo 25 bis de esta ley;”. d) Intercálase en la letra e), que ha pasado a ser i), después del punto y coma, que pasa a ser coma, lo siguiente: “sin perjuicio de lo establecido en el artículo 54 de la Ley de Educación Superior”. 10) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido: a) Reemplázase el encabezado por el siguiente: “La Comisión nombrará, a partir de una terna que le será propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública de conformidad al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título VI de la ley N° 19.882, a un Secretario

Ejecutivo

a

quien

le

corresponderán

las

siguientes funciones:”. b) Elimínase en su letra c) la locución “y”. c) Reemplázase en su letra d) el punto final por una coma seguida de la locución “y”. d) Incorpórase la siguiente letra e): “e) Participar en las sesiones de la Comisión, con derecho a voz.”. 11) Incorpórase el siguiente párrafo 2° bis:

“Párrafo 2° bis De las inhabilidades e incompatibilidades

78

Artículo

12

bis.-

No

podrán

ser

nombrados

comisionados: a) Quienes ejerzan funciones directivas en una institución de educación superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 de la Ley de Educación Superior. b)

Los

miembros

o

asociados,

socios

o

propietarios de una institución de educación superior, o quienes lo hayan sido dentro de los doce meses anteriores a la postulación al cargo. c)

Los

cónyuges,

convivientes

civiles

y

parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad

de

las

personas

señaladas

en

las

letras

anteriores. d) Quienes ejerzan el cargo de Ministro de Estado o

Subsecretario;

Senador

o

Diputado;

ministro

del

Tribunal Constitucional, ministro de la Corte Suprema, consejero

del

Banco

Central,

Fiscal

Nacional

del

Ministerio Público, Contralor General de la República y cargos del alto mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas

de

Orden

y

Seguridad

Pública;

Intendente,

Gobernador o Consejero Regional; Secretarios Regionales Ministeriales

o

Jefe

del

Departamento

Provincial

de

Educación, Alcalde o Concejal; los que sean miembros del Escalafón Relator

Primario del

del

Poder

Tribunal

Judicial;

Constitucional;

Secretario Fiscal

o

del

Ministerio Público; miembro del Tribunal Calificador de Elecciones o su Secretario-Relator; los miembros de los Tribunales

Electorales

Secretario-Relator, Tribunales

creados

y

Regionales, los

por

miembros ley;

Suplente de

los

funcionario

o

demás de

la

79

Administración del Estado, salvo que desempeñe funciones en

instituciones

de

educación

superior

estatales,

y

miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos, candidatos a cargos de elección popular, y dirigentes de asociaciones gremiales o sindicales. Asimismo,

no

podrán

ser

nombrados

como

comisionado quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en las letras e) y f) del artículo 12 quáter. Las inhabilidades contempladas en este artículo serán también aplicables a quienes ejerzan funciones directivas en la Secretaría Ejecutiva, a los integrantes de los Comités Consultivos y a los pares evaluadores.

Artículo

12

ter.-

Los

comisionados

deberán

informar inmediatamente al Presidente de la Comisión de todo hecho, cualquiera sea su naturaleza, que les reste imparcialidad

en

sus

acuerdos

o

decisiones,

absteniéndose, en el acto, de conocer del asunto respecto del cual se configure la causal. En

particular,

los

comisionados

deberán

abstenerse de intervenir en aquellos asuntos que afecten a las instituciones de educación superior con que tengan una relación contractual. Los

comisionados

que,

debiendo

abstenerse,

actúen en tales asuntos, serán removidos de su cargo por el Presidente de la República y quedarán impedidos de ejercerlo

nuevamente,

responsabilidad

sin

administrativa,

pudiere configurarse.

perjuicio civil

o

de penal

la que

80

Toda decisión o pronunciamiento que la Comisión adopte con participación de un miembro respecto del cual existía alguna causal de abstención deberá ser revisado por la Comisión, pudiendo además ser impugnado dentro de un plazo de un año, contado desde que éste fue emitido.

Artículo 12 quáter.- Serán causales de cesación en el cargo de comisionado, las siguientes: a)

Expiración

del

plazo

por

el

que

fueron

designados. b)

Renuncia

voluntaria

aceptada

por

el

para

el

Presidente de la República. c)

Incapacidad

legal

sobreviniente

desempeño de su cargo. d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. e) Haber sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada, por delitos que merezcan pena aflictiva. f)

Falta

grave

al

cumplimiento

de

las

obligaciones como comisionado. Para estos efectos, se considerará falta grave: i.

Inasistencia

consecutivas

o

a

injustificada

cuatro

sesiones

a

dos

sesiones

en

un

semestre

calendario. ii. No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente. iii. Dar por acreditados hechos a sabiendas de que son falsos u omitir información relevante para el proceso.

81

El comisionado respecto del cual se verificare alguna causal de incapacidad sobreviniente o que se encontrare

en

una

situación

que

lo

inhabilite

para

desempeñar el cargo, o alguna causal de incompatibilidad con

el

mismo,

deberá

comunicar

de

inmediato

dicha

circunstancia a la Comisión. En caso de constatarse por el Comité de Coordinación alguna de dichas causales, el comisionado cesará automáticamente en su cargo. De igual forma, cesará en su cargo el comisionado cuya renuncia hubiere sido aceptada por el Presidente de la República. El comisionado que incurra en alguna de las situaciones descritas en la letra f) de este artículo será destituido por el Presidente de la República, a requerimiento

del

procedimiento

Ministerio

de

Educación,

administrativo,

previo

aplicándose

supletoriamente las normas del Título V de la ley N° 18.834

sobre

Estatuto

Administrativo,

cuyo

texto

refundido, coordinado y sistematizado fijó el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Mientras se lleva a cabo este proceso, el comisionado

quedará

inhabilitado

temporalmente

para

ejercer su cargo, perdiendo en tal caso su derecho a percibir la dieta establecida en la presente ley. El acto administrativo en virtud del cual se haga efectiva la destitución deberá señalar los hechos en que se funda y los antecedentes tenidos a la vista para acreditarlos. El comisionado que hubiere sido destituido de conformidad a lo dispuesto en este inciso no podrá ser designado nuevamente en el cargo. La destitución establecida en el inciso anterior procederá

sin

perjuicio

de

la

responsabilidad

administrativa, civil o penal que pudiere configurarse.

82

Si deberá

quedare

vacante

procederse

al

el

cargo

nombramiento

de

de

comisionado,

uno

nuevo

de

conformidad al procedimiento establecido en el artículo 7. El comisionado nombrado en reemplazo durará en el cargo sólo por el tiempo que restare para completar el período del comisionado reemplazado. Si quedare menos de la

mitad

del

período

de

duración

del

cargo,

dicho

comisionado podrá ser reelecto. Una vez que los comisionados hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán

tener

participación

en

su

propiedad,

o

ser

miembros o asociados de éstas, hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones.

Artículo

12

quinquies.-

Los

comisionados,

el

personal de la Secretaría Ejecutiva, los integrantes de los

Comités

Consultivos

y

el

personal

que

preste

servicios a la Comisión, deberán guardar absoluta reserva y secreto de las informaciones de las cuales tomen conocimiento en el cumplimiento de sus labores, sin perjuicio de las informaciones y certificaciones que deban proporcionar de conformidad a la ley. Asimismo,

tendrán

prohibición

absoluta

de

prestar a las entidades sujetas a su evaluación otros servicios, sean éstos remunerados o gratuitos, ya sea en forma directa o a través de terceros, salvo labores docentes en los términos del artículo 8 de la ley N° 19.863. Las infracciones a esta norma serán consideradas faltas graves para efectos de lo dispuesto en el artículo anterior

y

para

perseguir

la

responsabilidad

83

administrativa,

que

responsabilidad

se

exigirá

civil

o

sin

perjuicio

penal

que

de

la

pudiera

configurarse.”. 12) Elimínase el inciso segundo del artículo 14. 13)

Incorpórase

un

párrafo

1°

al

título

II

denominado “De la acreditación institucional”. 14) Modifícase el artículo 15 en el siguiente sentido: a)

Reemplázase

su

inciso

primero

por

el

siguiente: “Artículo

15.-

La

acreditación

institucional

será obligatoria para las instituciones de educación superior

autónomas

y

consistirá

en

la

evaluación

y

verificación del cumplimiento de estándares de calidad, los que se referirán a recursos, procesos y resultados; así como también, el análisis de mecanismos internos para el aseguramiento de la calidad, considerando tanto su existencia como su aplicación sistemática y resultados, y su concordancia con la misión y propósito de las instituciones de educación superior.”. b) Agrégase el siguiente inciso segundo, nuevo: “La acreditación institucional será integral y considerará la evaluación de la totalidad de las sedes de la institución de educación superior, y de aquellas carreras y programas de estudio de pre y postgrado que hayan sido seleccionados por la Comisión para dicho efecto.”. c) Reemplázase en su inciso segundo, que pasó a ser tercero, la frase “La opción por el proceso de acreditación será voluntaria y, en su desarrollo” por

84

“En

el

desarrollo

del

proceso

de

acreditación

institucional”. d) Agrégase en su inciso final, después del punto final que pasa a ser punto seguido, lo siguiente: “Asimismo,

un

reglamento

de

la

Comisión

establecerá el procedimiento de selección de carreras y programas evaluados

de en

procedimiento

estudio la

de

pre

y

acreditación

deberá

asegurar

postgrado

que

serán

institucional.

Este

evaluación

una

la

de

muestra representativa e intencionada de las carreras y programas de estudios impartidos por la institución en la totalidad de sus sedes, la que deberá considerar carreras y programas de estudio de las distintas áreas del conocimiento en las que la institución desarrolla sus funciones, evaluando integralmente la diversidad de la

institución.

La

institución

evaluada

podrá

seleccionar una carrera o programa para su evaluación, la que podrá ser considerada como parte integral de la muestra por la Comisión.”. 15) Reemplázase la letra a) del artículo 16 por la siguiente: “a) Autoevaluación institucional. Examen crítico y analítico que realizan las instituciones de educación superior, utilizando diferentes fuentes, tanto internas como externas, para identificar y determinar, de modo sistemático y objetivo, sus fortalezas y debilidades en las

dimensiones

sometidas

al

procedimiento

de

acreditación, en relación con los criterios y estándares de calidad y con los fines que se propone la institución. Los resultados de este examen se contendrán en un informe, que deberá incluir la autoevaluación de la totalidad de las sedes de la institución.

85

El informe deberá contemplar un Plan de Mejora, en el que la institución de educación superior deberá identificar sus principales debilidades, las áreas en las que ha determinado necesario desarrollar acciones de mejoramiento y los mecanismos mediante los cuales les dará solución, además de los resultados esperados y los plazos en los que se espera alcanzarlos.”. 16) Incorpórase el siguiente artículo 16 bis: “Artículo 16 bis.- Desde el inicio del proceso de acreditación institucional se entenderá, para todos los efectos legales, que la acreditación institucional vigente se prorrogará hasta la dictación de la resolución final que ponga término al proceso. En caso que una institución de educación superior no se someta al proceso de acreditación una vez vencida su

acreditación

institución

no

vigente, se

le

ha

se

entenderá

otorgado

la

que

a

la

acreditación

institucional, debiendo aplicársele a este respecto lo establecido en el artículo 22 de esta ley. Las

instituciones

de

educación

superior

en

proceso de licenciamiento, deberán someterse al proceso de acreditación una vez obtenida su autonomía. En este primer

proceso

de

acreditación

se

deberán

incluir

aquellas carreras de acreditación obligatoria que esté impartiendo la respectiva institución, de conformidad a lo dispuesto en el título III del capítulo II.”. 17) Reemplázase el artículo 17 por el siguiente: “Artículo 17.- La acreditación institucional se realizará

evaluando

dimensiones

específicas

de

la

actividad de las instituciones de educación superior, a

86

partir de criterios y estándares de calidad definidos para dichas dimensiones. La

Comisión

estándares

de

deberá

calidad

elaborar

que

sean

criterios

específicos

y

para

instituciones de los subsistemas universitario y técnico profesional de nivel superior. Las instituciones de educación superior deberán acreditarse en las dimensiones de docencia y resultados del

proceso

de

formación;

gestión

y

recursos

institucionales; aseguramiento interno de la calidad; generación de conocimiento, creación y/o innovación; y vinculación con el medio. Un

reglamento

de

la

Comisión

determinará

el

contenido de cada una de las dimensiones de evaluación.”. 18) Incorpórase el siguiente artículo 17 bis: “Artículo 17 bis.- Para efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá por: a) Dimensión de evaluación: ámbito en que las instituciones de educación superior son evaluadas en la acreditación

institucional,

conforme

a

criterios

y

estándares de calidad. b) dimensión

Criterio: de

objetivo

evaluación

que

específico enuncia

de

categorías

una o

principios generales de calidad aplicables a todas las instituciones de educación superior. Estos criterios se deberán elaborar considerando el tipo de institución, ya sea

para

el

subsistema

universitario

o

técnico

profesional. c) Estándar: grado o medida de cumplimiento de un

criterio,

ya

sea

de

carácter

cuantitativo

o

cualitativo, que una institución de educación superior

87

debe

alcanzar,

indicadores

medidos

que

de

manera

establecen

objetiva

evidencia

mediante

de

dicho

cumplimiento.”. 19) Reemplázase el artículo 18 por el siguiente: “Artículo 18.- Los criterios y estándares de calidad se revisarán y establecerán por la Comisión cada cinco años, previo informe del Comité de Coordinación. La Comisión elaborará los criterios y estándares de

calidad,

los

que

deberán

considerar

las

especificidades de los subsistemas técnico profesional y universitario

y

los

niveles

formativos

que

las

instituciones de educación superior impartan. Para estos efectos, la Comisión deberá consultar la opinión técnica de las instituciones de educación superior, así como también la de comités consultivos compuestos por expertos chilenos

o

extranjeros

y

representantes

del

sector

productivo. La

Comisión

deberá

remitir

los

criterios

y

estándares al Comité de Coordinación antes de seis meses de la fecha en que deban entrar en vigencia, para que este último emita su informe. Se

establecerán

criterios

y

estándares

de

calidad para los procesos de acreditación institucional, de

acreditación

acreditación

sea

de

las

carreras

obligatoria

y

y de

programas acreditación

cuya de

programas de doctorados y especialidades médicas. Con todo, los criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional deberán considerar, al menos, los siguientes aspectos de cada una de las dimensiones de evaluación:

88

1.- La institución debe contar con un sistema interno

de

aseguramiento

de

la

calidad

que

sea

transversal a sus políticas y a las funciones que le son propias. Los mecanismos aplicados para estos efectos deben

garantizar

esta

sistemáticamente

en

correspondientes,

y

transversalidad, las

cuyos

instancias resultados

aplicada orgánicas

impacten

al

desarrollo institucional. 2.- La gestión estratégica institucional debe realizarse sobre la base de la misión declarada, de modo tal

de

resguardar

el

cumplimiento

de

los

fines

institucionales. Para ello, la institución debe contar con adecuados mecanismos de evaluación, planificación y seguimiento de las acciones a desarrollar. 3.- La gestión de la docencia debe considerar políticas

y

mecanismos

satisfactorio

de

la

que

docencia

resguarden impartida.

un Estos

nivel deben

referirse, al menos, al diseño y provisión de carreras y programas, en todas las sedes de la institución, al proceso

de

enseñanza

y

resultados

del

proceso

de

formación, a las calificaciones y dedicación del personal docente,

a

los

recursos

materiales,

instalaciones

e

infraestructura, a la progresión de los estudiantes y al seguimiento de egresados. 4.- En la generación de conocimiento, creación y/o innovación, la institución debe contar con políticas institucionales claramente definidas, una organización apropiada para llevarlas a cabo, personal debidamente calificado

y

con

dedicación

académica

suficiente,

recursos materiales, de infraestructura e instalaciones apropiados y debe demostrar que el desarrollo de estas funciones aseguran resultados de calidad. Asimismo, se

89

tendrá en consideración la existencia de mecanismos que permitan un libre acceso al público por medio de la apertura digital de los contenidos de sus cursos y publicaciones. 5.- En relación a la vinculación con el medio, la institución de educación superior debe contar con políticas

y

mecanismos

sistemáticos

de

vinculación

bidireccional con su entorno significativo y con otras instituciones

de

educación

superior,

que

aseguren

resultados de calidad. Asimismo, deberán incorporarse indicadores que reflejen los aportes de la institución al desarrollo sustentable de la región y del país.”. 20) Modifícase el artículo 19 en el siguiente sentido: a) Elimínase en su segundo inciso la frase “o jurídicas”. b) Elimínase en su inciso tercero lo siguiente: i. La frase “personas naturales”. ii.

La

siguiente

oración:

“Las

personas

jurídicas, por su parte, deberán estar constituidas, en Chile o en el extranjero, con el objeto de realizar estudios, investigaciones y/o servicios de consultoría sobre temas educacionales y certificar, a lo menos, cinco años de experiencia en dichas actividades.”. c) Reemplázase el inciso cuarto por el siguiente: “Asimismo, en la designación de la Comisión de los pares evaluadores que participarán en cada caso, se deberá cautelar que se respete un adecuado equilibrio de personas con experiencia en instituciones de educación superior regionales y de la Región Metropolitana de Santiago.”.

90

d) Reemplázase en su inciso quinto lo siguiente: i. La frase “, en consulta con la institución que se acredita, a las personas naturales que actuarán como pares evaluadores” por “a los pares evaluadores que actuarán”. ii. La frase “tendrá derecho a vetar a uno o más de los pares propuestos, sin expresión de causa, hasta por tres veces. En caso de no lograrse acuerdo entre la Comisión y la institución de educación superior, la Comisión

solicitará

Superior

de

composición

un

Educación, definitiva

pronunciamiento entidad

que

de

comisión

la

al

Consejo

determinará de

la

pares

evaluadores. La designación de pares evaluadores por parte del Consejo Superior de Educación será inapelable”, por la siguiente: “podrá impugnar fundadamente a uno o más de los pares evaluadores por una sola vez, ante la Comisión, cuando concurra alguna de las causales de inhabilidad señaladas en el inciso siguiente, u otras circunstancias que a juicio de la institución puedan afectar la imparcialidad o normal desarrollo del proceso evaluativo, dentro del plazo de cinco días, contado desde la notificación de la resolución que designa a los pares evaluadores”. e) Reemplázanse los incisos sexto, séptimo y octavo por los siguientes: “No

podrán

ser

seleccionados

como

pares

evaluadores las personas que: a) Hubieren cursado estudios de pre o postgrado en la institución a ser evaluada. b) Tengan vigentes o hayan celebrado contratos, por sí o por terceros, con la institución a ser evaluada,

91

dentro de los tres años anteriores al inicio de sus funciones, según corresponda. c) Tengan la calidad de cónyuge, conviviente civil

o

parientes

consanguinidad

o

de

hasta

el

afinidad,

segundo de

grado

quienes

de

ejerzan

funciones directivas, cualquiera sea su denominación en la institución a ser evaluada. d) Se hallen condenadas por crimen o simple delito. Asimismo, mantener

ningún

los tipo

pares de

evaluadores

relación

no

podrán

contractual,

tener

participación en la propiedad, o ser miembros o asociados en una institución de educación superior, ni ejercer funciones directivas en éstas, hasta doce meses después de haber participado en la evaluación externa de la institución respectiva.”. 21) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido: a) Reemplázase en su inciso primero las palabras “criterios de evaluación” por la frase: “estándares de calidad”. b) Reemplázase en su inciso segundo lo siguiente: i.

La

primera

vez

que

aparece

la

palabra

“criterios” por la palabra “estándares”. ii. La palabra “inferior” por la siguiente frase: “de cuatro, cinco o seis años”. iii. Las palabras “criterios de evaluación” por las siguientes: “estándares de calidad”. c) Reemplázase su inciso final por el siguiente:

92

“La resolución final que otorgue la acreditación deberá incorporar un pronunciamiento respecto del Plan de Mejora del que trata el artículo 16. El cumplimiento del Plan de Mejora será especialmente considerado por la Comisión

en

el

siguiente

proceso

de

acreditación

institucional.”. 22) Elimínase en el artículo 21 la frase “Si el informe emanado de esta segunda revisión recomendare la acreditación de la institución, éste deberá ser acogido por la Comisión.”. 23) Agrégase el siguiente artículo 21 bis: “Artículo

21

bis.-

Al

siguiente

período

de

acreditación, las instituciones acreditadas por cuatro y cinco años, en el marco de la mejora continua, deberán ser capaces de obtener los estándares correspondientes al siguiente nivel de acreditación.”. 24) Sustitúyese en el artículo 23 toda referencia al “Consejo Superior” por “Consejo Nacional”. 25) Reemplázase en el artículo 24 la oración “Si como resultado del proceso de acreditación,” por la frase “Si en el ejercicio de sus funciones”, y la frase “57, 67 ó 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” por “64, 74 u 81 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación”. 26) Incorpórase el siguiente artículo 25 bis: “Artículo 25 bis.- Con todo, la Comisión podrá, de manera excepcional y por resolución fundada, adelantar el

proceso

de

acreditación

institucional,

antes

del

término del plazo por el cual fue concedida, en aquellos casos en que obtenga antecedentes que hagan presuponer que una institución de educación superior ha dejado de

93

dar

cumplimiento

a

los

estándares

de

calidad

que

justificaron su acreditación institucional vigente. Para

efectos

de

lo

dispuesto

en

el

inciso

anterior, la Comisión deberá notificar a la institución afectada, la que tendrá un plazo de treinta días para realizar sus descargos y solicitar que se abra un período de prueba no superior a igual término. De acuerdo a los antecedentes recabados en las visitas de seguimiento de cumplimiento de estándares, la Comisión

podrá

representar

a

la

institución

observaciones respecto de ellas, las que se tendrán en consideración

al

momento

del

nuevo

proceso

de

acreditación.”. 27) Incorpórase al título II del capítulo II el siguiente párrafo 2º, que consta de los artículos 25 ter, 25 quáter y 25 quinquies:

“Párrafo 2° Del Proceso de apertura y cierre de sedes, carreras o programas

Artículo 25 ter.- Las instituciones de educación superior

acreditadas,

impartir

nuevas

debiendo

cumplir

podrán

carreras con

lo

o

abrir

nuevas

programas

dispuesto

en

de el

sedes,

o

pregrado, presente

artículo. Las instituciones de educación deberán informar previamente a la Comisión Nacional de Acreditación sobre la apertura de nuevas sedes o impartir nuevas carreras o programas de pregrado. Por su parte, aquellas instituciones que cuenten con cuatro años de acreditación institucional deberán

94

solicitar autorización a la Comisión para abrir nuevas sedes, o impartir nuevas carreras o programas de pregrado en áreas del conocimiento distintas a aquellas evaluadas en el último proceso de acreditación al que se sometió la institución de educación superior, de conformidad con el procedimiento regulado en el artículo siguiente.

Artículo 25 quáter.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior, las

instituciones

de

educación

superior

deberán

presentar a la Comisión un proyecto que contenga, a lo menos, lo siguiente: a) Justificación de la coherencia, necesidad y pertinencia de la nueva sede, carrera o programa. b) Indicación de los objetivos de la nueva sede, carrera o programa. c) Especificación de la infraestructura y de los recursos docentes, académicos, didácticos y financieros con que cuenta la nueva sede, carrera o programa. d)

Especificación

de

los

resultados

de

aprendizaje previstos, para el caso de la nueva carrera o programa de estudio. e) Especificación del sistema interno de gestión de la calidad, para el caso de una nueva sede. f) Etapas y plazos de ejecución del proyecto. La

Comisión,

previo

informe

de

la

Superintendencia de Educación Superior en lo que respecta a la viabilidad financiera del proyecto, deberá resolver la respectiva solicitud. El plazo máximo de duración de este procedimiento de autorización no podrá exceder de tres meses.

95

Mediante resolución la Comisión establecerá la forma, condiciones y requisitos para el desarrollo del proceso de autorización de apertura de sedes, carreras y programas.

Artículo 25 quinquies.- Para efectos del cierre de una sede, carrera o programa, las instituciones de educación superior deberán presentar un Plan de Cierre a la

Subsecretaría

previamente

de

deberá

Educación

ser

notificado

Superior, a

los

el

que

estudiantes

matriculados en la respectiva carrera. El Plan de Cierre deberá contener, al menos, lo siguiente: a) Antecedentes sobre la necesidad de cerrar la sede, carrera o programa. b) Información relativa a matrícula de la sede, carreras,

y

programas,

planta

docente,

datos

de

titulación y retención. c) Copia de los planes y programas de estudio. d) Indicar los mecanismos a través de los cuales se resguardará la integridad de los registros académicos de las carreras. e) Señalar la manera en que se resguardará y garantizará

la

continuidad

de

estudios

de

los

estudiantes, además de la forma en que éstos recibirán el servicio educativo comprometido hasta finalizar sus carreras, en la medida que cumplan con los requisitos académicos que correspondan, lo que en ningún caso podrá contemplar cobros adicionales. f) Información detallada sobre etapas y plazos de ejecución del cierre.

96

La Subsecretaría deberá pronunciarse sobre el Plan de Cierre, aprobándolo o formulándole observaciones fundadas,

las

que

deberán

ser

subsanadas

por

la

institución. Sólo una vez aprobado el Plan de Cierre por la Subsecretaría,

la

institución

de

educación

superior

podrá ejecutarlo. Una vez finalizado el Plan de Cierre, la institución de educación superior deberá presentar los antecedentes al Ministerio de Educación para que éste dicte el acto administrativo correspondiente. El incumplimiento de lo señalado en este artículo constituirá una infracción gravísima para los efectos de lo dispuesto en la Ley de Educación Superior. Un

reglamento

del

Ministerio

de

Educación

regulará las materias que trata este artículo.”. 28) Reemplázase el epígrafe del título III por el siguiente “De la acreditación de carreras y programas conducentes

a

los

títulos

profesionales

de

Médico

Cirujano y demás profesiones de la salud que se indican, Profesor

de

Educación

Básica,

Profesor

de

Educación

Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial y Educador de Párvulos”. 29) Elimínase en el título III la referencia al “Párrafo 1° Del Objeto de la acreditación”. 30) Elimínase el artículo 26. 31) Reemplázase el artículo 27 por el siguiente: “Artículo

27.-

Las

carreras

y

programas

de

estudio conducentes a los títulos profesionales de Médico Cirujano, Kinesiólogo,

Cirujano

Dentista,

Terapeuta

Enfermero,

Ocupacional,

Matrón,

Fonoaudiólogo,

Nutricionista, Tecnólogo Médico, Químico Farmacéutico,

97

Bioquímico, Profesor de Educación Básica, Profesor de Educación Media, Profesor de Educación Diferencial o Especial

y

Educador

de

Párvulos

deberán

someterse

obligatoriamente al proceso de acreditación establecido en este párrafo. La acreditación de estas carreras y programas consistirá

en

la

evaluación

y

verificación

del

cumplimiento de estándares de calidad, y tendrá por objeto certificar la calidad de las carreras y los programas ofrecidos por las instituciones autónomas de educación

superior,

en

función

de

los

propósitos

declarados por la institución que los imparte. Esta acreditación se extenderá hasta por un plazo de siete años, según el grado de cumplimiento de los estándares de calidad. Con todo, a la carrera o programa que

no

presente

un

cumplimiento

aceptable

de

los

estándares de calidad, no se le otorgará la acreditación. Un

reglamento

de

la

Comisión

establecerá

la

forma, condiciones y requisitos para el desarrollo de los

procesos

de

acreditación

de

estas

carreras

y

programas, los que, en todo caso, deberán considerar las etapas

de

autoevaluación,

evaluación

externa

y

pronunciamiento de la Comisión.”. 32) Modifícase el artículo 27 bis en el siguiente sentido: a) Reemplázase en su inciso primero la oración “carreras

y

programas

de

estudio

conducentes

a

los

títulos profesionales de Profesor de Educación Básica, Profesor

de

Educación

Media,

Profesor

de

Educación

Técnico Profesional, Profesor de Educación Diferencial y Educador

de

Párvulos”

por

la

siguiente

frase

“las

carreras y programas referidas en el artículo anterior”.

98

b)

Reemplázase

el

inciso

segundo

por

el

siguiente: “Asimismo, las universidades que se encuentren en proceso de licenciamiento y bajo la supervisión del Consejo Nacional de Educación, y que cuenten con la autorización

de

ese

organismo,

podrán

impartir

las

carreras referidas en el artículo anterior hasta que dichas instituciones logren la plena autonomía, momento en el cual deberán iniciar su proceso de acreditación y acreditar la o las respectivas carreras. Con todo, las carreras o programas podrán funcionar mientras se tramite este primer proceso de acreditación.”. c) Intercálase en su inciso tercero, antes de la segunda coma, la frase: “de pedagogía”. d) Reemplázase en su inciso final la frase “de pedagogía” por la oración “referidas en el artículo anterior”. 33) Modifícase el artículo 27 ter en el siguiente sentido: a)

Incorpórase

el

siguiente

inciso

primero

nuevo, pasando el actual inciso primero a ser segundo: “Para efectos de otorgar la acreditación de las carreras y programas referidos en el artículo 27, la Comisión

Nacional

de

Acreditación

deberá

establecer

criterios y estándares de calidad, de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de esta ley.”. b)

Reemplázase

en

el

encabezado

del

inciso

primero, que pasa a ser inciso segundo, la palabra “orientaciones” por la frase “estándares de calidad”. c) Reemplázase en el inciso final la frase: “de evaluación” por “y estándares de calidad”.

99

34) Reemplázase el artículo 27 quáter por el siguiente: “Artículo 27 quáter.- La acreditación de las carreras y programas referidos en el artículo 27 será otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación. Con todo,

para

efectos

acreditaciones,

se

del

financiamiento

procederá

de

de

dichas

conformidad

a

lo

dispuesto en el artículo 14.”. 35) Modifícase el artículo 27 quinquies en el siguiente sentido: a) En el inciso primero: i. Reemplácese la frase: “En caso de que la carrera

o

programa

no

obtuviera

o

perdiese

la

acreditación a que se refiere este artículo” por la siguiente:

“En

caso

que

alguna

carrera

o

programa

referidos en el artículo 27 no obtuviera o perdiese la acreditación”. ii.

Incorpórase

después

de

la

palabra

“supervisión” la segunda vez que aparece, la siguiente frase: “o, si sometiéndose, no obtiene un resultado satisfactorio ante el Consejo Nacional de Educación”. b) Elimínase en su inciso final la frase: “o un resultado

satisfactorio

ante

el

Consejo

Nacional

de

Educación”. 36) Intercálase en el artículo 27 sexies, en su inciso primero, después de la frase “prosecución de estudios” la siguiente alocución “de las carreras de pedagogía”. 37) Modifícase el artículo 29 en el siguiente sentido:

100

a)

Reemplázase

la

oración

“Las

agencias

acreditadoras que, en el cumplimiento de sus funciones, tomen” por la siguiente: “Si en el ejercicio de sus funciones, la Comisión toma”. b) Reemplázase la frase “57, 67 ó 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza” por “64, 74 u 81 del

decreto

con

fuerza

de

ley

N°

2,

de

2009,

del

Ministerio de Educación”. 38) Elimínanse los artículos 30, 31, 32 y 33. 39) Elimínanse los párrafos 2° y 3° del Título III. 40) Modifícase el artículo 44 en el siguiente sentido: a) Elimínase en su inciso primero las frases “postgrado correspondientes a magíster,”, “y de otros niveles

equivalentes

que

obedezcan

a

otra

denominación,”, y la palabra “autónomas”. b)

Reemplázase

su

inciso

segundo

por

el

siguiente: “La acreditación de estos programas de postgrado será obligatoria.”. 41) Modifícase el artículo 45 en el sentido que se indica a continuación: a) Reemplázase la frase “de evaluación” por la siguiente: “y estándares de calidad”. b) Incorpórase a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de esta ley.”. 42) Modifícase el artículo 46 en el siguiente sentido:

101

a)

Reemplázase

su

inciso

primero

por

el

siguiente: “La acreditación de programas de postgrado y especialidades en el área de la salud será otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación.”. b) Elimínase su inciso segundo. c)

Incorpórase

los

siguientes

cambios

en

su

inciso tercero, que pasó a ser segundo: i. Reemplázase la oración “En el caso en que un programa de postgrado no cumpla íntegramente con los criterios de evaluación” por la siguiente frase: “En el caso en que un programa de los referidos en el inciso anterior no cumpla íntegramente con los criterios y estándares de calidad”. ii. Elimínase la frase “agencia o”. d) Incorpórase en su inciso cuarto, que pasó a ser tercero, las siguientes modificaciones: i. Reemplázase la frase “de evaluación” por la oración “y estándares de calidad”. ii.

Reemplázase

la

palabra

“Superior”

por

“Nacional”. 43) Modifícase el artículo 47 en el siguiente sentido: a) Elimínase en el inciso primero la frase: “; la

autorización

acreditación

de

y

supervisión

carreras

y

de

las

programas

de

agencias pregrado

de y

postgrado; y la acreditación de programas de postgrado”. b) Elimínase en el segundo inciso la frase: “las agencias acreditadoras y”.

102

c)

Elimínase

en

el

inciso

final

la

frase

“profesionales y técnicas”. 44) Modifícase el artículo 48 en el sentido que se indica a continuación: a) Elimínase su letra b), pasando la actual c) a ser b). b)

Incorpórase

el

siguiente

inciso

segundo

nuevo, pasando el actual segundo a ser inciso final: “En el caso de la información referida a las carreras o programas de estudio, deberá señalarse el estado de la acreditación institucional, según se establece en el inciso anterior. Además, deberá informarse si se les ha otorgado

la

acreditación

respectivo,

y

si

se

a

la

carrera

encontraren

o

en

programa

proceso

de

acreditación, cuando corresponda.”. 45) Reemplázase en el artículo 49 la frase “su División” por “la Subsecretaría”. 46) Modifícase el artículo 50 en el sentido que se indica a continuación: a)

Reemplázase

la

palabra

“División”

por

“Subsecretaría”. b) Elimínase la palabra “estadísticos”. 47) Reemplázase el artículo 51 por el siguiente: “Artículo

51.-

El

Sistema

de

Información

contendrá los datos que remita la Superintendencia de Educación

Superior

Acreditación. recoger

la

Para

y estos

información

la

Comisión

efectos,

la

Nacional

de

obligación

de

proporcionada

por

las

instituciones, validarla, procesarla e incorporarla al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior corresponderá

a

la

Superintendencia

de

Educación

103

Superior

y

a

la

Comisión

Nacional

de

Acreditación,

respectivamente. La

coordinación

de

los

órganos

en

la

incorporación de la información al Sistema Nacional de Información

corresponderá

a

la

Subsecretaría

de

Educación Superior.”. 48) Elimínanse los artículos 52, 53 y 54.

TÍTULO V DEL FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GRATUIDAD

Párrafo 1° Del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo

82.-

Las

universidades,

institutos

profesionales y centros de formación técnica, que cumplan con los requisitos señalados en esta ley, podrán acceder al financiamiento institucional para la gratuidad de conformidad a las condiciones que establece este título.

Artículo 83.- Para optar a este financiamiento, las instituciones de educación superior señaladas en el artículo anterior deberán:

104

a) Contar con cuatro o más años de acreditación institucional, de acuerdo a lo dispuesto en la ley Nº 20.129. b) Estar constituidas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, corporaciones de derecho público o cuya personalidad derive de éstas u otras entidades de derecho público reconocidas por ley. c) Estar adscritas, al menos un año antes de la solicitud respectiva, al Sistema Común de Acceso a las Instituciones

de

Educación

Superior

regulado

en

la

presente ley. Un reglamento dictado por el Ministerio de Educación establecerá

y

firmado

por

criterios

el

de

Ministro

de

selectividad

Hacienda, para

las

universidades que reciban este financiamiento, basados en desempeños mínimos que deberán tener los estudiantes matriculados en primer año en dichas instituciones en los instrumentos del Sistema de Acceso. d) Aplicar políticas, previamente autorizadas por la Subsecretaría de Educación Superior, al menos un año antes de la solicitud respectiva, que permitan el acceso equitativo de estudiantes; y contar con programas de apoyo a estudiantes vulnerables que promuevan su retención, fomentando que al menos el 20% de la matrícula total de la institución corresponda a estudiantes de hogares pertenecientes a los cuatro primeros deciles de menores ingresos del país. e)

Cumplir

estrictamente

las

disposiciones

constitucionales, legales y reglamentarias que regulen diversos aspectos

de la vida nacional en todos sus

ámbitos, especialmente en educación y salud. Sin

perjuicio

de

los

requisitos

establecidos

anteriormente, si una institución se encuentra en el caso

105

regulado

en

el

artículo

112,

no

podrá

acceder

al

financiamiento regulado en el presente título, durante el plazo que dicho artículo dispone. Las estatales

instituciones que

cumplan

de los

educación requisitos

superior anteriores

accederán a este financiamiento por el solo ministerio de la ley, debiendo dar cumplimiento a las obligaciones señaladas en el presente título, no siendo aplicable lo dispuesto en los artículos 84 y 86.

Artículo

84.-

Las

instituciones

de

educación

superior reconocidas oficialmente por el Estado, que deseen acceder al financiamiento institucional para la gratuidad, deberán solicitarlo a la Subsecretaría hasta el 30 de abril de cada año. La Subsecretaría tendrá un plazo de treinta días corridos, contado desde la fecha de la solicitud, para verificar el cumplimiento de los requisitos. Acogida

la

solicitud,

el

financiamiento

se

otorgará a contar del año siguiente y se entenderá que la

institución

lo

mantiene

mientras

cumpla

con

lo

dispuesto en el presente título y no manifieste su voluntad en contrario de conformidad al artículo 86.

Artículo 85.- La Subsecretaría determinará un monto

anual

en

instituciones

dinero que

expresado accedan

en

pesos

al

para

las

financiamiento

institucional para la gratuidad. Dicho monto considerará la

información

del

arancel

regulado

y

los

derechos

básicos de matrícula establecidos de conformidad a este título.

Asimismo,

deberá

tener

en

consideración

el

106

volumen de estudiantes de cada institución, considerando la información de a lo menos los tres últimos años. Para establecer el volumen de estudiantes en el caso de instituciones nuevas se considerarán, mientras no alcancen el mínimo de años señalado en el inciso anterior,

los

años

para

los

cuales

la

institución

institución

reconocida

disponga de información.

Artículo

86.-

La

oficialmente por el Estado que opte por dejar de recibir el

financiamiento

de

que

trata

este

título

deberá

comunicarlo a la Subsecretaría antes del 30 de abril de cada año, lo que se materializará el año siguiente a dicha comunicación. Con todo, la institución deberá asegurar que los estudiantes

matriculados

con

anterioridad

a

dicha

comunicación, mantengan la misma situación respecto de todos los cobros que les efectúe la institución o su exención,

según

corresponda,

de

conformidad

a

lo

dispuesto en el presente título. La comunique

institución la

de

decisión

educación

de

dejar

de

superior percibir

que el

financiamiento, podrá volver a solicitarlo sólo una vez transcurridos cinco años contados desde la fecha de la referida comunicación.

Artículo

87.-

Las

superior que accedan al para

la

gratuidad

instituciones

educación

financiamiento institucional

deberán

siguientes obligaciones:

de

dar

cumplimiento

a

las

107

a)

Regirse

por

la

regulación

de

aranceles,

derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, establecidas en el párrafo 2° y en conformidad al párrafo 5° del presente título. b)

Regirse

por

la

regulación

de

vacantes

establecida en el párrafo 4° del presente título. c) Otorgar estudios gratuitos de conformidad al párrafo 5° de este título.

Párrafo 2° De los valores regulados de aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación

Artículo educación

superior

institucional valores

y

Aquellas

que

para

regulados

matrícula

88.la

cobros

accedan

gratuidad

de

instituciones

aranceles, por

al se

financiamiento

regirán

derechos

concepto

de

de

por

básicos

titulación

los de o

graduación para las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103. Los

valores

de

los

aranceles

regulados

se

determinarán en razón a “grupos de carreras” definidos por la Subsecretaría, los que corresponderán a conjuntos de

carreras

o

programas

de

estudios

que

tengan

estructuras de costo similares entre sí. Para ello, la Subsecretaría deberá considerar, al menos, los recursos que

se

requieran

estructura

para

curricular,

impartirlas si

se

trata

en de

razón

de

carreras

su o

programas de estudios profesionales o técnicos de nivel superior, los años de acreditación institucional con que

108

cuentan las instituciones que las imparten, el tamaño de estas últimas y la región en que se imparten. Los valores de los derechos básicos de matrícula corresponderán determinado

a

un

según

valor

tipo

de

anual

por

estudiante,

institución,

es

decir,

universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Por su parte, los valores de los cobros

por

concepto

de

titulación

o

graduación

corresponderán a un valor único por estudiante para uno o más grupos de carrera. Los

valores

que

trata

este

artículo

se

establecerán, cada cinco años, mediante resoluciones exentas del Ministerio de Educación, las que deberán ser visadas por el Ministro de Hacienda y publicarse en abril del año anterior al que se aplicarán dichos valores.

Artículo 89.- El arancel regulado deberá dar cuenta del costo de los recursos materiales y humanos que

sean

necesarios

y

razonables,

de

acuerdo

a

lo

previsto en las bases técnicas señaladas en el artículo 90, para impartir una carrera o programa de estudios de los grupos de carreras respectivos. Dicho arancel deberá considerar tanto los costos anuales directos e indirectos como el costo anualizado de

las

inversiones

laboratorios,

en

infraestructura,

servicios,

edificios

tales y

uso

como de

dependencias.

Artículo

90.-

La

Subsecretaría

establecerá,

mediante resolución exenta, visada por el Ministro de Hacienda, las bases técnicas para la realización del

109

cálculo de los valores regulados de arancel, cobros por concepto de titulación o graduación para uno o más grupos de carreras y de los derechos básicos de matrícula. Estas bases contendrán el mecanismo de elaboración de los grupos de carreras, las hipótesis, criterios de cálculo, metodologías y procedimientos conforme a los cuales se determinarán los valores que trata este artículo.

Artículo 91.- Para la elaboración de las bases técnicas que trata el artículo anterior, la Subsecretaría deberá presentar una primera propuesta a la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, establecida en el párrafo 3° siguiente (en adelante “la Comisión”), dentro de los tres años siguientes a la publicación de la

resolución

exenta

que

determinó,

para

el

último

quinquenio vigente, los valores del arancel regulado, los derechos básicos de matrícula y cobros por titulación o graduación para el grupo o los grupos de carreras respectivos. Para la elaboración de la propuesta deberá considerar previamente un proceso de consulta a las instituciones

de

educación

superior

que

accedan

al

financiamiento regulado en este título. La propuesta presentada a la Comisión deberá adjuntar los antecedentes relacionados con el proceso de consulta señalado en el inciso anterior. La Comisión deberá pronunciarse respecto de las bases técnicas dentro de tres meses desde la recepción de la propuesta. En el caso que la Comisión realice observaciones a la propuesta, éstas serán enviadas a la Subsecretaría, la que tendrá un plazo de dos meses para remitir

una

nueva

propuesta

que

considere

las

110

modificaciones necesarias o dé respuesta fundada del rechazo de las observaciones. La Comisión deberá pronunciarse respecto de esta nueva propuesta dentro del plazo de un mes contado desde su recepción. Este pronunciamiento será vinculante y podrá modificar de manera fundada la proposición de bases técnicas de la Subsecretaría, la que deberá dictar la resolución

exenta

de

conformidad

al

último

pronunciamiento de la Comisión. La resolución exenta que establezca las bases técnicas de que trata este artículo deberá entrar en vigencia dentro del plazo de ocho meses contado desde la presentación de la propuesta a la que alude el inciso primero. En caso que la Subsecretaría no presente las bases técnicas o que no se cumpla el plazo señalado en el

inciso

anterior,

se

aplicarán

aquellas

que

se

encuentren vigentes, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa según corresponda.

Artículo 92.- Dentro del plazo de ocho meses contado desde la dictación de la resolución exenta que establece las bases técnicas, la Subsecretaría deberá presentar a la Comisión un informe que contenga el cálculo de los valores de los aranceles regulados, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación, de conformidad a dichas bases técnicas, así como también las memorias de cálculo que correspondan. La contado

Comisión,

desde

la

dentro

recepción

del de

plazo dicho

de

dos

meses

informe,

se

111

pronunciará al respecto, pudiendo aprobarlo o realizarle observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, dentro del plazo de tres meses contado desde la recepción de

dichas

observaciones,

deberá

pronunciarse

fundadamente sobre éstas, aprobándolas o rechazándolas, debiendo

dictar

la

o

las

resoluciones

exentas

correspondientes. Dichas resoluciones exentas deberán dictarse en el plazo establecido en el inciso cuarto del artículo 88.

Artículo 93.- Las resoluciones exentas señaladas en el artículo anterior deberán establecer, al menos, lo siguiente: a) La definición de el o los grupos de carreras que se hubieren determinado, debiendo explicitar las carreras o programas de estudios que se incluyan en cada grupo. b) Los valores de los aranceles regulados y cobros por concepto de titulación o graduación expresados en pesos por estudiante para cada grupo de carreras señalados en la letra a). c) Los valores de derechos básicos de matrícula, expresados en pesos por estudiante, de conformidad a la resolución

vigente

correspondiente

a

cada

tipo

de

institución de educación superior, sin perjuicio de los reajustes que establece esta ley.

Artículo 94.- La Subsecretaría actualizará en octubre de cada año, mediante resolución exenta, los valores establecidos en las resoluciones vigentes de que

112

trata el artículo anterior, de conformidad al reajuste que señale la Ley de Presupuestos del Sector Público para el

año

respectivo.

Este

reajuste

aplicará

para

los

aranceles, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto

de

titulación

o

graduación

de

todos

los

estudiantes matriculados en la institución respectiva. Asimismo,

en

dicha

resolución

se

deberá

incorporar una nómina de las instituciones de educación superior que

acceden al financiamiento institucional

para la gratuidad, indicando los años de acreditación institucional considerar

vigente

para

ello

para los

dicho años

año, de

debiendo

acreditación

institucional del mes inmediatamente anterior a la fecha de dictación de la resolución. En caso de que la acreditación institucional cambie durante la vigencia de la resolución regulada en este artículo, se deberán considerar los nuevos años de acreditación en la resolución para el año siguiente.

Párrafo 3° De la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles

Artículo 95.- Créase una Comisión de Expertos para la regulación de aranceles, de carácter permanente. Corresponderá a la Comisión: a) Aprobar o modificar fundadamente las bases técnicas para el cálculo de los valores de aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación, presentadas por la Subsecretaría.

113

b)

Aprobar

u

observar

fundadamente

y

de

conformidad a las bases técnicas vigentes, el cálculo de los valores de los aranceles regulados, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación propuestos por la Subsecretaría. c) Emitir informes sobre otros requerimientos de opinión o asesoría técnica solicitados por el Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría. d) Realizar las demás funciones y ejercer las atribuciones que le correspondan de conformidad a la ley. Para

el

cumplimiento

de

sus

funciones,

la

Comisión podrá solicitar información a la Subsecretaría.

Artículo 96.- La Comisión estará integrada por siete profesionales nacionales o extranjeros, de amplia trayectoria profesional o académica, que acrediten al menos diez años de experiencia laboral o profesional, y dominio y experiencia laboral mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de servicios públicos, o en gestión de educación superior en el subsistema universitario o técnico profesional. La

integración

experiencias

de

profesionales

la o

Comisión

deberá

laborales,

reunir

tanto

del

subsistema universitario como técnico profesional, así como

experiencias

regionales,

distintas

a

la

Región

Metropolitana, y promover la paridad de género. Los

integrantes

de

la

Comisión

serán

seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública, establecido público

de

en

la

ley

N°

antecedentes,

19.882, fundado

mediante en

concurso

condiciones

114

objetivas, transparentes y no discriminatorias. En el marco del concurso, dicho Consejo deberá constatar la idoneidad de los profesionales elegidos y la ausencia de incompatibilidades e inhabilidades que les afecten. El concurso deberá cumplir con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley, y desarrollarse en un plazo máximo de noventa días. Para ello, la Subsecretaría propondrá al Consejo de Alta Dirección Pública perfiles profesionales, y de competencias y aptitudes. El efectuará

nombramiento mediante

de

los

resolución

seleccionados del

se

Ministerio

de

Educación. Los integrantes de la Comisión permanecerán en sus cargos seis años. Podrán ser designados para un nuevo período,

debiendo

para

ello

presentarse

al

concurso

público correspondiente. La renovación de los integrantes de la Comisión se efectuará por parcialidades, las que como máximo podrán considerar dos miembros. Las designaciones serán efectuadas en listas únicas por el Consejo de Alta Dirección Pública, con acuerdo de cuatro quintos de sus integrantes.

Artículo

97.-

No

podrán

ser

nombrados

integrantes de la Comisión: a) Las personas que ejerzan funciones directivas en una institución de educación superior, de conformidad al artículo 72. b) Los miembros, asociados o fundadores; o socios o

propietarios,

según

corresponda,

directamente

o

a

115

través de otras personas naturales o jurídicas, de una institución de educación superior. c)

Los

cónyuges,

convivientes

civiles

y

parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad

de

las

personas

señaladas

en

las

letras

anteriores. d) Los funcionarios públicos, con excepción de aquellos que posean dicha calidad en razón de ejercer labores académicas en las instituciones de educación superior

estatales.

Así

también,

quienes

detenten

convenios de honorarios en ministerios u otros servicios públicos. Las personas que al momento de su nombramiento se encuentren en cualquiera de las condiciones señaladas en el inciso anterior deberán renunciar a ellas para poder ser nombrados en el cargo. Una vez que los consejeros hayan cesado en su cargo por cualquier motivo, no podrán ejercer funciones directivas de una institución de educación superior, ni podrán

tener

cualquier

participación

de

aquellas

señaladas en la letra b) del presente artículo, hasta doce meses después de haber expirado en sus funciones. Asimismo, no podrán ser nombrados integrantes de la Comisión quienes hubieren sido removidos de su cargo de conformidad a lo establecido en la letra e) del artículo 100 de esta ley.

Artículo

98.-

El

Ministerio

de

Educación,

a

través de la Subsecretaría, financiará los gastos de administración y funcionamiento de la Comisión, así como también el monto de los honorarios de sus integrantes,

116

incluyéndolos en las partidas correspondientes de la Ley de

Presupuestos

Subsecretaría

del

Sector

deberá

Público.

coordinar

y

Asimismo, ejecutar

la las

actividades necesarias para la administración de gastos y

el

funcionamiento

de

la

Comisión,

brindándole

asistencia administrativa. Los

honorarios

mensuales

de

cada

integrante

corresponderán a diez unidades tributarias mensuales, por cada sesión, con un tope total mensual de cien unidades tributarias mensuales.

Artículo 99.- La Comisión elegirá de entre sus integrantes a quien la presidirá por los siguientes tres años o hasta que expire su cargo, lo que ocurra primero. El quórum mínimo para sesionar será de cuatro integrantes

y

los

acuerdos

se

adoptarán

por

simple

mayoría, decidiendo el voto del Presidente en caso de empate. De

los

acuerdos

de

la

Comisión

se

dejará

constancia en los libros de actas respectivos y en las resoluciones que se emitan.

Artículo 100.- Serán causales de cesación en el cargo de integrante de la Comisión: a)

Expiración

del

plazo

por

el

que

fueron

designados. b) Renuncia voluntaria aceptada por el Ministro de Educación. c) Incapacidad legal sobreviniente. d) Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.

117

e)

Faltas

graves

al

cumplimiento

de

las

obligaciones en su calidad de integrante de la Comisión de Expertos. Se entenderán faltas graves: i.

Inasistencia

consecutivas

o

a

injustificada

cuatro

sesiones

a

dos

sesiones

en

un

semestre

calendario. ii. No guardar la debida reserva respecto de la información recibida en el ejercicio de su cargo que no haya sido divulgada oficialmente.

Párrafo 4° Regulación de las vacantes de las instituciones de educación superior

Artículo

101.-

La

Subsecretaría,

mediante

resolución, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda y que deberá dictarse a más tardar el 30 de abril del año anterior al que se aplique la regulación, determinará las vacantes máximas de estudiantes de primer año para instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, para aquellas carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103. Dicha resolución considerará, entre otras, las siguientes variables: a) Los años de acreditación institucional. b) El tipo de institución, ya sea universidad, instituto profesional o centro de formación técnica. c) superior.

La

cobertura

regional

de

la

educación

118

Para

efectos

anterior,

la

antecedentes

de

lo

señalado

Subsecretaría

tales

como

la

en

el

deberá

inciso

considerar

Estrategia

Nacional

de

Formación Técnico Profesional, regulada en el artículo 15, así como otras estrategias y políticas relevantes para

los

subsistemas

universitario

y

técnico

profesional.

Párrafo 5° Del deber de otorgar estudios gratuitos y cobros regulados

Artículo 102.- Las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional de que trata este título deberán otorgar estudios gratuitos a

los

estudiantes

socioeconómica

que

que,

de

la

ley

acuerdo

a

la

disponga,

condición

cumplan

los

siguientes requisitos: a)

Ser

chileno,

extranjero

con

permanencia

definitiva, o extranjero con residencia, y respecto a éste último caso, que haya cursado la enseñanza media completa en Chile. b) No poseer un título técnico de nivel superior, ni un título profesional o una licenciatura; ni un título o grado académico reconocido o revalidado en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de esta ley. Se estudiantes

entenderá que

que

hayan

cumplen

obtenido

este una

requisito

licenciatura

los en

carreras o programas de estudio conducentes a un título profesional, mientras no obtengan este último. c) Estar matriculado en alguna de las carreras o programas de estudio señalados en el artículo 103.

119

Artículo 103.- Para efectos de esta ley, se entenderá que la institución de educación superior cumple con otorgar estudios gratuitos si exime a los estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo anterior

de

cualquier

derechos

básicos

de

pago

asociado

matrícula,

a

arancel

cualquiera

y

sea

a su

denominación, respecto de aquellas carreras y programas de estudio presenciales conducentes a los títulos y grados señalados en las letras a), b) y c) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley Nº 2, de 2009, del Ministerio de Educación. En caso que dichas carreras o programas

de

estudio

sean

impartidas

en

modalidad

semipresencial, su financiamiento deberá ser autorizado por resolución de la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad a criterios objetivos establecidos en el reglamento respectivo. En lo relativo a los cobros por concepto de titulación o graduación, las instituciones de educación superior sólo podrán cobrar como máximo aquel valor definido de conformidad al párrafo 2º de este título.

Artículo 104.- La obligación de otorgar estudios gratuitos

de

que

trata

respecto

de

aquellos

este

párrafo

estudiantes

será

que

exigible

permanezcan

matriculados en la respectiva carrera o programa de estudio por un tiempo que no exceda la duración nominal de éstas. La duración nominal de la carrera o programa de estudio corresponderá al tiempo de duración del plan de estudios y los procesos asociados a la titulación o graduación de los estudiantes. Dicha duración nominal

120

será

informada

por

las

instituciones

de

educación

superior de conformidad a las normas vigentes. Para inicial

el

caso

general,

de

tales

los como

programas

de

bachilleratos

formación u

otros

equivalentes de conformidad a las normas vigentes, su duración nominal se deberá entender incorporada a aquella de la carrera o programa de estudios en que prosiga el estudiante.

Artículo 105.- Tanto para los efectos del cálculo de la permanencia de un estudiante del artículo anterior, como para aquella a la que se refiere el artículo 107, no se considerará el tiempo en el cual el estudiante suspenda dicha

justificadamente

suspensión

sea

sus

estudios,

aprobada

por

la

siempre

que

institución

respectiva y se haya notificado a la Subsecretaría según lo disponga el reglamento.

Artículo

106.-

En

caso

de

estudiantes

que

realicen cambios de carreras o programas de estudio dentro de una institución de educación superior o entre instituciones

que

acceden

al

financiamiento

institucional, éstas mantendrán su obligación de otorgar estudios gratuitos a aquellos que cumplan lo dispuesto en el artículo 102 sólo respecto del cambio de la primera carrera o programa de estudios a otra. Para la determinación de la duración de dicha obligación se considerará la duración nominal de la carrera o programa de estudio en curso, descontándosele el total del tiempo que el estudiante haya cursado de

121

forma gratuita en la anterior carrera o programa de estudio.

Artículo 107.- En caso que la permanencia de un estudiante que cumple con los requisitos para acceder a estudios

gratuitos

superior

que

en

recibe

una

el

institución

de

financiamiento

educación

institucional

exceda el plazo de la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en este párrafo, la

institución

podrá

cobrar

a

dicho

estudiante

de

conformidad a lo dispuesto a continuación: a) En caso que el tiempo de permanencia exceda hasta un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta sólo podrá cobrar al estudiante hasta el 50% del valor de la suma del arancel regulado y los derechos

básicos

de

matrícula

correspondientes

al

período adicional a dicho plazo. b) Si el tiempo de permanencia excede más de un año sobre el plazo de la obligación de la institución, ésta podrá cobrar al estudiante hasta el total del valor de la suma del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula correspondientes al período adicional al señalado en la letra a). La

determinación

del

porcentaje

de

cobro

lo

realizará la institución de educación superior en la cual el estudiante se encuentre matriculado, de conformidad a los límites máximos señalados en el inciso anterior.

Artículo 108.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 102, las instituciones de educación superior que

reciban

el

financiamiento

institucional

para

la

122

gratuidad deberán otorgar estudios gratuitos a aquellos estudiantes que cumplan con lo dispuesto en las letras a) y c) de dicho artículo, y que posean un título técnico de nivel superior otorgado por instituciones de educación superior, para cursar una segunda carrera o programa de estudios cuya finalidad sea la obtención de un título profesional o grado académico de licenciado impartido por una institución que reciba dicho financiamiento. Para la determinación de la duración de los estudios gratuitos, se considerará lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 106. Asimismo, dichas instituciones deberán otorgar estudios gratuitos a los estudiantes que cumplan con los requisitos

establecidos

en

las

letras

a)

y

c)

del

artículo 102 y que posean el grado de licenciado o licenciada superior, conducente

otorgado para a

por

cursar título

instituciones un

módulo

pedagógico

de

de

educación

licenciatura

otorgado

por

una

institución que reciba el financiamiento institucional cuya duración no exceda de cuatro semestres. Para este caso, no le será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo.

Artículo 109.- Las instituciones de educación superior que reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, podrán cobrar como máximo a aquellos estudiantes que cumplan solo lo dispuesto en las letras a) y c) del artículo 102, y a aquellos estudiantes que cumpliendo

con

los

requisitos

del

referido

artículo

realicen más de un cambio de carrera en conformidad a lo dispuesto

en

el

artículo

106,

el

arancel

regulado,

derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de

123

titulación programa

o

de

graduación estudio

fijados

respectivo

para de

la

carrera

conformidad

a

o lo

dispuesto en el párrafo 2º de este título, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108. Los

nuevos

valores

establecidos

en

las

resoluciones exentas señaladas en el artículo 92, serán aplicables a los nuevos estudiantes matriculados el año en que se inicia la vigencia de la resolución respectiva. Respecto de aquellos estudiantes que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 102 o aquellos matriculados

en

carreras

o

programas

de

estudios

conducentes a título técnico de nivel superior, título profesional o licenciatura en modalidad a distancia o semipresenciales que, en este último caso, no hayan sido autorizadas por la Subsecretaría, no aplicará el límite dispuesto en el inciso anterior.

Párrafo 6° Infracciones y sanciones a este título

Artículo 110.- La Superintendencia de Educación Superior fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones y requisitos establecidos en el presente título, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo

111.-

Sin

perjuicio

de

las

demás

infracciones que la ley establezca, el incumplimiento de los requisitos establecidos en las letras c) y d) del artículo 83 se considerarán infracciones graves. En caso que una institución de educación superior pierda

su

acreditación,

se

requerirá

únicamente

la

124

notificación

de

esta

circunstancia

que

realice

la

Comisión Nacional de Acreditación a la Subsecretaría para que ésta determine la pérdida del financiamiento público regulado en este título. Por su parte, en caso que la institución de educación superior incumpla el requisito establecido en la letra b) del artículo 83, la Subsecretaría determinará la pérdida del financiamiento público regulado en este título. El

incumplimiento

de

las

obligaciones

establecidas en el artículo 87 de la presente ley se considerarán infracciones gravísimas. En caso que la institución incumpla lo dispuesto en la letra b) de dicho artículo

se

descontará

de

los

recursos

que

se

le

transfieran por los nuevos estudiantes matriculados, una proporción

equivalente

estudiantes

nuevos

al

porcentaje

matriculados

por

del

sobre

total el

de

límite

correspondiente. En este caso la institución igualmente deberá

otorgar

estudios

gratuitos

a

todos

aquellos

estudiantes que cumplen los requisitos señalados en el artículo 102, y que mantengan las condiciones señaladas en el párrafo 5° del presente título. Con todo, la Superintendencia podrá, atendida la gravedad y las consecuencias del hecho o la existencia de infracciones reiteradas a esta regulación, resolver la pérdida del financiamiento público regulado en el presente

título

solicitando

a

la

Subsecretaría

de

Educación Superior que ejecute dicha medida, a partir del año siguiente a la fecha de la resolución final del procedimiento sancionatorio. Se entenderá, para estos efectos, que son infracciones reiteradas cuando se hayan cometido dos o más de ellas en los últimos tres años.

125

La

Superintendencia

podrá

establecer

devoluciones de dinero a favor de los estudiantes, así como también otras medidas correctivas. El cumplimiento de estas medidas se considerará como una circunstancia atenuante de conformidad a lo dispuesto en el artículo 61. En

caso

financiamiento

que

se

público

disponga

regulado

la

en

pérdida

este

del

título

de

conformidad a este artículo, la institución sancionada sólo

podrá

solicitar

nuevamente

el

acceso

a

dicho

financiamiento diez años después de la resolución final del procedimiento sancionatorio de la Superintendencia. Con todo, este plazo no regirá cuando la pérdida del financiamiento

se

deba

a

la

no

obtención

de

la

acreditación.

Artículo 112.- Si una institución que recibe el financiamiento público regulado en el presente título es sancionada por infracciones graves o gravísimas cinco o más

veces

resolverá

dentro la

de

tres

pérdida

años,

de

el

dicho

Superintendente financiamiento,

solicitando a la Subsecretaría de Educación Superior la ejecución de la medida. En este caso, la institución sancionada sólo podrá

solicitar

el

acceso

al

financiamiento

público

regulado en el presente título diez años después de la resolución final en que la Superintendencia resolvió la pérdida del financiamiento.

Artículo 113.- El Estado transferirá recursos públicos a las instituciones que dejen de recibir el

126

financiamiento institucional para la gratuidad, respecto de

aquellos

estudiantes

comunicación

regulada

que

en

con

el

anterioridad

artículo

86

o

a

la

a

la

determinación de la pérdida del financiamiento público regulado en el presente título, cursaban sus estudios de forma gratuita, en la medida que éstos mantengan los requisitos y condiciones regulados en el presente título. Las instituciones de educación superior que sean sancionadas de conformidad a lo dispuesto en el presente párrafo,

deberán

asegurar

que

aquellos

estudiantes

matriculados con anterioridad a la verificación de la infracción, mantengan la misma situación respecto de los cobros que efectúe la institución o su exención, de conformidad a lo dispuesto en el presente título.

Artículo 114.- Un reglamento del Ministerio de Educación, que deberá llevar la firma del Ministro de Hacienda,

regulará

las

materias

y

procedimientos

necesarios para la aplicación del presente título.

TÍTULO VI DISPOSICIONES FINALES

Artículo Superior

será

115.-

la

La

Subsecretaría

sucesora

legal

de

la

de

Educación

División

de

Educación Superior del Ministerio de Educación, una vez que entre en funcionamiento conforme a lo establecido en el número 6) del artículo quinto transitorio de esta ley. En consecuencia, toda referencia que las leyes, reglamentos Educación

y

demás

Superior

normas y

al

hagan

Jefe

de

a

la

División

División

de

de

dicha

127

repartición,

deberán

entenderse

hechas

a

la

Subsecretaría de Educación Superior y al Subsecretario de Educación Superior, respectivamente, desde la fecha de entrada en funcionamiento de la Subsecretaría de Educación Superior.

Artículo

116.-

Introdúcense

las

siguientes

modificaciones en la ley N° 18.591, que establece normas complementarias

de

administración

financiera,

de

incidencia presupuestaria y personal: 1) Reemplázase en el artículo 79, la expresión “Valores

y

Seguros”

por

la

expresión

“Educación

Superior”. 2) Reemplázase en el artículo 80, la expresión “Valores

y

Seguros”

por

la

expresión

“Educación

Superior”. 3) Reemplázase en el artículo 80 bis la expresión “Valores

y

Seguros”

por

la

expresión

“Educación

Superior”.

Artículo 117.- Modifícase la ley N° 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, en el siguiente sentido: 1) Intercálase en la letra i) del artículo 2 bis, a continuación de la palabra “Educación” la frase “o la Superintendencia de Educación Superior”. 2) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido: a) Introdúzcase la siguiente letra d) nueva, pasando la actual letra d) a ser letra e):

128

“d) La Subsecretaría de Educación Superior.”. b)

Reemplázase

el

inciso

tercero

por

el

siguiente: “El Ministro de Educación será subrogado, en primer orden, por el Subsecretario de Educación, y a falta de éste, sucesivamente por el Subsecretario de Educación Parvularia y por el Subsecretario de Educación Superior, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la

República

para

nombrar

como

subrogante

a

otro

Secretario de Estado.”. 3) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido: a) Intercálase, a continuación de la expresión “Tendrá a su cargo la coordinación”, la frase “de las Subsecretarías que componen el Ministerio,”. b) Agrégase el siguiente inciso segundo: “Asimismo, contará con una unidad de formación técnico profesional, encargada de la coordinación de las iniciativas técnico

relacionadas

profesional

Subsecretaría

de

a

con

la

nivel

Educación

y

Educación

Superior

del

asegurando

que

políticas

las

modalidad

sectorial, la

entre

la

Subsecretaría

de

Ministerio de

formativa

de

Educación,

formación

técnico

profesional de cada subsecretaría se articulen en pos del desarrollo de trayectorias educativo-

laborales.

Además, le corresponderá apoyar técnicamente al Consejo Asesor

de

elaboración

Formación de

la

Técnico

Estrategia

Profesional, Nacional

Técnico Profesional.”. 4) Derógase el artículo 8.

de

para

la

Formación

129

Artículo

118.-

Introdúcense

las

siguientes

modificaciones en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación: 1) Agrégase en la letra d) del artículo 52, a continuación de la frase “Suboficiales de Carabineros de Chile,” la frase “la Escuela de Gendarmería de Chile;”. 2) Agrégase, en el inciso final del artículo 53, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: “excepto la Escuela de Gendarmería de Chile, la que se relacionará con el Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.”. 3)

Agrégase

en

el

artículo

54

letra

a)

a

continuación de la frase “de una duración mínima de mil seiscientas clases” la oración “o cuatro semestres”. 4) Agrégase en el artículo 82, a continuación de la frase “de Carabineros” la expresión “, Gendarmería”. 5) Agrégase en el artículo 84, a continuación de la frase “Escuela de Suboficiales de Carabineros” la expresión “, así como la Escuela de Gendarmería de Chile”. 6) Reemplázase el inciso segundo del artículo 100 por los siguientes incisos segundo y tercero nuevos: “En caso contrario, el Consejo deberá solicitar fundadamente al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial de dicha institución. Con todo, el Consejo Nacional de Educación podrá ampliar el período de verificación hasta por tres años. Si transcurrido el nuevo plazo, la entidad de educación superior no diere cumplimiento a los requerimientos del Consejo,

éste

deberá

solicitar

fundadamente

al

130

Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial.”. 7) Derógase el artículo 114.

Artículo modificaciones

119.en

la

Introdúcense ley

N°

las

20.800,

siguientes

que

crea

el

administrador provisional y administrador de cierre de instituciones

de

educación

superior

y

establece

regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales: 1) Modifícase el artículo 3 en el siguiente sentido: a) Sustitúyese en el inciso primero la frase “El Ministerio de Educación, de oficio o por denuncia, y por resolución

fundada,

dará

inicio

a

un

período

de

investigación preliminar, de carácter indagatorio,” por “La Superintendencia de Educación Superior (en adelante “la Superintendencia”), de oficio o por denuncia, y por resolución

fundada,

dará

inicio

a

un

período

de

investigación”. b)

Reemplázase

el

inciso

segundo

por

el

siguiente: “La Superintendencia podrá, para los fines de esta investigación, ingresar a la institución, acceder y recopilar toda la información que estime necesaria, sin impedir

el

normal

funcionamiento

de

las

actividades

académicas de la misma.”. c) Reemplázase en los incisos tercero, cuarto y quinto, la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”.

131

2) Modifícase el artículo 4 en el siguiente sentido: a) Reemplázase en el inciso primero la frase “preliminar,

el

Ministerio

de

Educación”

por

“,

la

Superintendencia”. b) Reemplázase la letra c) por la siguiente: “c) Proponer al Ministerio de Educación que dé inicio al procedimiento de revocación del reconocimiento oficial, en caso de que se constaten problemas de entidad tal

que

aquella.

pudieren De

procederá

ser

decretarse

al

constitutivos la

nombramiento

de

revocación, de

un

causales el

de

Ministerio

administrador

de

cierre.”. c) Reemplázase en el inciso final la referencia a “N° 19.880” por “de Educación Superior”. 3) Modifícase el artículo 5 en el siguiente sentido: a)

Reemplázanse

todas

las

referencias

a

“el

Ministerio de Educación”, a “al Ministerio de Educación” y a “el Ministerio” por la frase “la Superintendencia” o “a la Superintendencia”, según corresponda. b) Incorpórase en el inciso segundo después de “plan” la frase “previo informe favorable del Ministerio de Educación,”, precedida por una coma. c) Elimínase en el inciso tercero la palabra “ministerial”. d) Reemplázase en el inciso cuarto la palabra “decretará” por el vocablo “resolverá”. 4) Modifícase el artículo 6 en el siguiente sentido:

132

a) Reemplázase en el inciso primero la frase “el Ministerio

de

Educación,

previo

acuerdo

del

Consejo

Nacional de Educación” por “la Superintendencia”. b) Incorpórase en el inciso primero, en la letra d), después de “la ley N° 20.720” la frase “en cuyo caso la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento deberá

comunicar

dicha

circunstancia

a

la

Superintendencia de Educación Superior”, precedida de una coma. c)

Incorpórase

en

el

inciso

primero

las

siguientes letras f) y g) nuevas: “f) En caso que una institución de educación superior autónoma no se acredite de conformidad a lo establecido en la ley N° 20.129. g)

Si

una

institución

de

educación

superior

constituida como persona jurídica sin fines de lucro no cumple con su obligación de destinar sus recursos y de reinvertir los excedentes o ganancias que genere, según sea el caso, en la consecución de sus fines y en la mejora de la calidad de la educación que brinda.”. d)

Elimínanse

sus

incisos

tercero,

cuarto,

quinto y sexto. 5) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 8 la frase “entenderán que son entes relacionados,” por “entenderá por personas relacionadas” y la referencia a “el artículo 100 de la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores” por “el artículo 71 de la Ley de Educación Superior”. 6) Reemplázase en el artículo 9:

133

a)

En

el

inciso

segundo

la

referencia

“al

Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia” y la palabra “Éste” por “Ésta”. b)

En

el

inciso

tercero

la

referencia

“el

Ministerio” por “la Superintendencia”. 7) Modifícase el artículo 10 en el siguiente sentido: a)

Reemplázase

el

inciso

primero

por

el

de

los

siguiente: “El treinta

administrador

días

siguientes

provisional, a

su

dentro

nombramiento,

deberá

levantar un acta que dé cuenta del estado administrativo y financiero en que recibe la institución de educación superior. Asimismo, dentro de los sesenta días siguientes a su nombramiento deberá realizar un informe respecto de la situación financiera y patrimonial en que se encuentra la institución. Este informe comprenderá, a lo menos, la gestión de la institución de educación superior realizada durante los sesenta días anteriores a que haya asumido sus funciones.”. b) En el inciso segundo reemplázase la palabra “treinta” por “sesenta”. c) En el inciso segundo reemplázase la expresión “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia, con informe favorable del Ministerio de Educación”. d) En el inciso tercero reemplázase la expresión “al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”. e) En el inciso cuarto reemplázase la expresión “el Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”. f) En el inciso quinto:

134

i. Reemplázase la referencia “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”. ii. Reemplázase la frase “División de Educación Superior del Ministerio de Educación” por “misma”. 8) Modifícase el artículo 11 en el siguiente sentido: a) En el inciso cuarto, reemplázase “al Consejo Nacional de Educación” por “a la Superintendencia”. b) En el inciso quinto, reemplázase “al Consejo” por “a la Superintendencia”. c) En el inciso sexto, reemplázase “El Consejo” por “La Superintendencia”. 9) Modifícase el artículo 12 en el siguiente sentido: a) En el inciso primero reemplázase las frases “un año, plazo prorrogable por una sola vez hasta por igual período” por “por un plazo de hasta dos años, prorrogable hasta por un año más” y “el Ministerio de Educación, Educación

previo adoptado

acuerdo por

del

mayoría

Consejo

Nacional

de

de

miembros

en

sus

ejercicio” por “la Superintendencia”. b)

Incorpórase

el

siguiente

inciso

segundo

nuevo, pasando los demás a ordenarse sucesivamente: “Con todo, en caso que, de conformidad a la letra f) del artículo 6 de esta ley, se nombre un administrador provisional por la no acreditación según la ley N° 20.129, éste durará tres años en su cargo, prorrogables hasta por un año más.”. c) Reemplázase en el inciso tercero, que ha pasado

a

ser

cuarto

la

expresión

“El

Ministro

de

135

Educación,” por “La Superintendencia”, y elimínese la frase “previo acuerdo del Consejo Nacional de Educación adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión convocada para ese solo efecto,”. 10) Reemplázase en el artículo 13 en su inciso segundo, letra g) la palabra “tres” por la expresión “cuatro”. 11) Reemplázase en el artículo 16 la frase “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia, para que ésta proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra c) de la presente ley.”. 12) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 18 por el siguiente: “El informe señalado en el inciso anterior deberá ser entregado a más tardar un mes después del término de la gestión del Administrador Provisional y deberá ser aprobado por la Superintendencia. Sin perjuicio de lo establecido

en

Administrador

el

artículo

Provisional

12,

la

será

designación alzada

por

del la

Superintendencia, una vez aprobado el referido informe y habiéndose subsanado los problemas y deficiencias que dieron origen a la medida, circunstancia que deberá ser debidamente

acreditada

por

el

Administrador

Provisional.”. 13) Reemplázase en el artículo 19 la frase “el Ministerio de Educación” por “la Superintendencia”. 14) Modifícase el artículo 20 en el siguiente sentido: a) Sustitúyese, en el inciso primero la oración “el Ministerio de Educación dará inicio al procedimiento de

revocación

del

reconocimiento

oficial

de

la

136

institución

de

educación

superior”

por

“la

Superintendencia enviará los antecedentes al Ministerio de Educación para que, de estimarlo procedente, dé inicio al

procedimiento

de

revocación

del

reconocimiento

oficial de la institución de educación superior”. b) En el inciso segundo, elimínase la expresión “,

lo

que

requerirá

el

acuerdo

previo

del

Consejo

Nacional de Educación, adoptado por la mayoría de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto”. c) En el inciso cuarto, reemplázase la expresión “al Ministerio de Educación” por “a la Superintendencia”, la palabra “éste” por “ésta” y la oración “El Ministerio de Educación, si lo estima pertinente, podrá dar inicio al

procedimiento

de

revocación

del

reconocimiento

oficial de la institución de educación superior” por “La Superintendencia, si lo estima pertinente y mediante resolución fundada, podrá proceder en conformidad a lo establecido en el artículo 4 letra c) de la presente ley.”. d) Incorpórase el siguiente inciso final: “Para primero,

efectos

la

de

lo

señalado

Superintendencia

de

en

el

inciso

Insolvencia

y

Reemprendimiento deberá comunicar a la Superintendencia de Educación Superior la circunstancia de haberse dictado una

resolución

de

liquidación

de

la

respectiva

institución o de su entidad organizadora en conformidad a la ley N° 20.720.”. 15) Reemplázase en el artículo 21 la frase “y al Superintendente”

por

“,

a

la

Superintendencia

Educación Superior y a la Superintendencia”.

de

137

16) Sustitúyese en el artículo 24, inciso quinto, la palabra “tres” por “cuatro”. 17) Reemplázase en el artículo 25 la palabra “División”

por

“Subsecretaría”

y

elimínese

la

frase

“provisional o”. 18)

Incorpórase

el

siguiente

artículo

cuarto

transitorio: “Artículo cuarto.- Para efectos de lo dispuesto en los artículos 13 letra g) y 24 de la presente ley, también podrán suscribirse convenios con instituciones de educación superior que cuenten con al menos cuatro años de acreditación conforme a lo previsto en la ley Nº 20.129 y sus modificaciones.”.

Artículo establece

un

120.aporte

Derógase fiscal

el

artículo

indirecto

3,

para

que las

instituciones de educación superior, del decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, del Ministerio de Educación, que

fija

normas

sobre

financiamiento

de

las

universidades.

Artículo 121.- Derógase la ley N° 20.027, que establece Normas para el Financiamiento de Estudios de Educación Superior, a partir del 1 de enero de 2019. Dicha derogación entrará en vigencia siempre que comience a regir otro mecanismo de financiamiento de estudios de educación

superior

que

lo

administrado por el Estado

reemplace,

el

cual

será

y será propuesto por la

Presidenta de la República a través de un proyecto de ley que presentará durante el año 2017.

138

Artículo 122.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y en lo que faltare con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación, sin perjuicio de las excepciones que se establezcan en las siguientes disposiciones transitorias.

Párrafo 1° De la transitoriedad de las normas relativas al Título I

Artículo

segundo.-

Las

instituciones

de

educación superior que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley se encuentren bajo régimen de supervisión por parte del Ministerio de Educación, y aquellas que se encuentren bajo régimen de examinación por parte de otra institución de educación superior, tendrán el plazo de un año contado desde la entrada en funcionamiento de la Subsecretaría

de

Educación

Superior

para

iniciar

el

proceso de licenciamiento administrado por el Consejo Nacional de Educación. En caso de no iniciar dicho proceso en el plazo indicado, el Ministerio de Educación iniciará

el

procedimiento

de

cancelación

de

la

personalidad jurídica y revocación del reconocimiento oficial de conformidad a los artículos 64, 74 y 81 del

139

decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, según corresponda. Para

los

efectos

del

presente

artículo,

se

entenderá que la institución de educación superior ha iniciado el proceso de licenciamiento una vez que se cumplan las siguientes condiciones copulativas: a) Que la institución presente los antecedentes y formularios solicitados por el Consejo Nacional de Educación para estos efectos. b)

Que

presente

el

informe

de

análisis

institucional para el proceso de autonomía ante dicho organismo. c) Que pague los aranceles fijados por el Consejo por

concepto

de

verificación

de

proyectos

institucionales establecidos en la circular respectiva.

Artículo tercero.- El Sistema Común de Acceso a las Instituciones de Educación Superior establecido en el párrafo 3° del título I de esta ley será obligatorio para las instituciones establecidas en el inciso quinto del artículo 10 de esta ley a partir del año 2020, iniciando su funcionamiento para los procesos de admisión del año 2021.

Artículo cuarto.- Para efectos de lo establecido en esta ley, se entenderá que el Marco Nacional de Cualificaciones (en adelante también “Marco”), es un instrumento para organizar y reconocer aprendizajes, distribuidos en una estructura gradual de niveles, los que

comprenden

conocimientos,

habilidades

y

competencias. Su objetivo es contribuir a la generación

140

de un sistema coordinado e integrado de cualificaciones, que considera tanto la educación formal como no formal, ayudando a articular las demandas del mundo del trabajo y la sociedad con la oferta formativa y educativa, de acuerdo

a

las

necesidades

del

país.

Asimismo,

este

instrumento busca fomentar la calidad y pertinencia de la oferta de educación y formación, así como promover los aprendizajes a lo largo de la vida de las personas, orientándolas en la conformación de sus trayectorias formativo-laborales. Corresponderá

al

Ministro

de

Educación

establecer, por decreto supremo dictado bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”, un primer Marco Nacional de Cualificaciones, dentro del plazo de un año desde la publicación de la presente ley. Adicionalmente, la Subsecretaría de Educación Superior, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 letra j) de la presente ley y dentro del plazo de tres años contado desde su publicación, deberá proponer al Ministro de Educación el procedimiento para revisar y actualizar

el

Marco,

así

como

la

institucionalidad

encargada de administrarlo. Con todo, el Marco deberá ser revisado y actualizado, al menos, cada cinco años, considerando entidades

la

participación

públicas

especialmente

del

con

de

los

competencia

sector

en

educativo,

organismos la

y

materia,

laboral

y

productivo, tales como el Consejo Asesor de Formación Técnico-Profesional,

el

Servicio

Nacional

de

Capacitación y Empleo, la Corporación de Fomento de la Producción, y las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad Escolar y el Sistema Nacional de Certificación

141

de Competencias Laborales. Asimismo, deberá considerar la participación de representantes de las instituciones educativas y formativas, tanto de la educación formal como no formal, así como también representantes del sector productivo, trabajadores y expertos.

Artículo quinto.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias: 1)

Fijar

la

planta

de

personal

de

la

Subsecretaría de Educación Superior. El encasillamiento en esta planta podrá incluir a los funcionarios de la División de Educación Superior, y adicionalmente, podrá incluir

a

los

funcionarios

de

la

Subsecretaría

de

Educación del Ministerio de Educación. 2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de los funcionarios titulares de planta y de personal

a

contrata

desde

la

División

de

Educación

Superior, y desde la Subsecretaría de Educación del Ministerio de Educación, si procede, a la Subsecretaría de Educación Superior. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado y en la misma calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso. 3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de los funcionarios que se traspasarán por estamento a la Subsecretaría de Educación Superior. Con todo, la individualización del personal que se encuentre

142

en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo

la

fórmula

“Por

orden

del

Presidente

de

la

República”, por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fijen la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de los funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso

de

personal,

se

transferirán

los

recursos

presupuestarios que se liberen por este hecho. 4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, establecer el número de cargos para dicha planta, los requisitos

para

el

desempeño

de

los

mismos,

sus

denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado

de

la

ley

N°

18.834

sobre

Estatuto

Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento de la planta de la Subsecretaría de Educación Superior. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios dejen de ocupar el cargo por cualquier causa.

Adicionalmente,

podrá

dictar

las

normas

143

transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en la ley N° 19.553, entre otras. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley

señalados

funcionarios

a

precedentemente. contrata

en

Asimismo,

servicio

a

la

a

los

fecha

de

vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes. 5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la

planta

determinar

de la

personal fecha

de

que

fije.

entrada

Asimismo,

en

vigencia

podrá de

los

traspasos y los encasillamientos que se practique a dicha planta. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Subsecretaría de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley Nº 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 6)

Fijar

la

fecha

en

que

entrará

en

funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior y la

fecha

de

supresión

de

la

División

de

Educación

Superior del Ministerio de Educación, la cual será la misma de entrada en vigencia del numeral 4) del artículo 117 de la presente ley.

144

Artículo sexto.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones: a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado

como

causal

de

término

de

servicios,

supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento. b)

No

podrá

significar

pérdida

del

empleo,

disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado. c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser

pagada

absorberá

por

planilla

por

remuneraciones

los que

suplementaria,

futuros

correspondan

la

que

mejoramientos a

los

se de

funcionarios,

excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. d) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo

séptimo.-

El

Presidente

de

la

República, mediante decreto expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto

145

de la Subsecretaría de Educación Superior, pudiendo, al efecto,

crear,

suprimir

o

modificar

los

capítulos,

programas, ítems, asignaciones y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo administrativos,

octavo.de

Los

fiscalización

procedimientos y

sancionatorios,

iniciados con anterioridad a la vigencia de la presente ley, especialmente aquellos regidos por la ley N° 20.800, y

que

se

sustancien

ante

la

División

de

Educación

Superior del Ministerio de Educación, continuarán su tramitación ante la Subsecretaría de Educación Superior desde la fecha de entrada en vigencia de esta última, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6) del artículo quinto transitorio de esta ley, y conforme a las normas vigentes a la época de su iniciación, hasta su total terminación.

Párrafo 2° De la entrada en vigencia de la Superintendencia de Educación Superior

Artículo

noveno.-

Desde

de

la

fecha

de

publicación de la presente ley, el Presidente de la República podrá nombrar al Superintendente de Educación Superior, quien asumirá de inmediato, y en tanto se efectúa el proceso de selección pertinente que establece la ley N° 19.882 para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública, tendrá derecho a una remuneración equivalente al grado 1 de la Escala de Fiscalizadores del decreto ley N° 3.551, de 1981, que será financiada con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación

146

mientras no entre en funcionamiento la Superintendencia de

Educación

Superior.

Al

Superintendente

le

corresponderá realizar todas las gestiones necesarias para

la

entrada

en

funcionamiento

de

dicha

Superintendencia.

Artículo décimo.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos con fuerza de ley, expedidos por el Ministerio de Educación, los que también deberán ser suscritos por el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las siguientes materias: 1)

Fijar

Superintendencia

la

planta

de

de

personal

Educación

de

Superior.

la El

encasillamiento en esta planta, cuando proceda, podrá incluir personal del Ministerio de Educación. 2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios de planta y a contrata desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se

relacionen

por

su

intermedio,

si

procede,

a

la

Superintendencia. El traspaso del personal de planta y a contrata, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del traspaso, salvo que

se

produzcan

entre

instituciones

adscritas

a

diferentes escalas de sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado cuya remuneración total sea la más cercana a la que perciba el funcionario traspasado. 3) Determinar el número y precisar la calidad jurídica de los funcionarios que se traspasarán por estamento y calidad jurídica desde el Ministerio de Educación, y servicios dependientes o que se relacionen

147

por su intermedio, si procede, a la Superintendencia. Con

todo,

la

individualización

del

personal

que

se

encuentre en dicha situación se realizará por decretos dictados bajo la fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio de Educación, en el plazo de ciento ochenta días, contado desde la fecha de publicación del o de los decretos con fuerza de ley que fije la nueva planta. A contar de la fecha del traspaso, el cargo de que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación máxima de personal se disminuirá en el número de los funcionarios traspasados. Conjuntamente con el traspaso

de

personal,

se

traspasarán

los

recursos

presupuestarios que se liberen por este hecho. 4) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta a que se refiere el numeral 1) de este artículo. En especial, podrá determinar el número de cargos para dicha planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva confianza y de carrera, los niveles jerárquicos para efectos de la aplicación del título VI de la ley N° 19.882 y los niveles para la aplicación del artículo 8 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Además, en el ejercicio de esta facultad, podrá establecer las normas de encasillamiento del personal derivados de las plantas que fije. Asimismo, podrá determinar la supresión o conversión de cargos de la nueva planta que hayan sido provistos mediante el encasillamiento del personal traspasado, conforme a lo

148

dispuesto en el numeral 3) precedente, una vez que estos funcionarios dejen de ocupar el cargo por cualquier causa.

Adicionalmente,

podrá

dictar

las

normas

transitorias para la aplicación de las remuneraciones variables, tales como las contempladas en las leyes N° 19.528 y N° 18.091, entre otras. Los requisitos para el desempeño de los cargos que se establezcan en el ejercicio de esta facultad no serán exigibles para efectos del encasillamiento de los funcionarios titulares y a contrata en servicio a la entrada en vigencia del o de los decretos con fuerza de ley

señalados

funcionarios

a

precedentemente. contrata

en

Asimismo,

servicio

a

la

a

los

fecha

de

vigencia del o de los respectivos decretos con fuerza de ley y aquellos o aquellas cuyos contratos se prorroguen en las mismas condiciones, no les serán exigibles los requisitos que se establezcan en los decretos con fuerza de ley correspondientes. 5) Determinar la fecha de entrada en vigencia de la planta de personal que fije. Además, podrá fijar la fecha

de

los

traspasos

y

encasillamientos

que

se

practiquen. Igualmente, fijará la dotación máxima de personal de la Superintendencia de Educación Superior, la cual no estará afecta a la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 6)

Fijar

funcionamiento Superior.

la

la

fecha

en

que

Superintendencia

entrará de

en

Educación

149

Artículo décimo primero.- El ejercicio de las facultades señaladas en el artículo anterior, en lo relativo a personal, quedará sujeto a las siguientes condiciones: a) No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado

como

causal

de

término

de

servicios,

supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación laboral del personal. Tampoco podrá importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando sus servicios, salvo con su consentimiento. b)

No

podrá

significar

pérdida

del

empleo,

disminución de las remuneraciones ni modificaciones de derechos previsionales respecto del personal traspasado. c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser

pagada

absorberá

por

planilla

por

remuneraciones

los que

suplementaria,

futuros

correspondan

la

que

mejoramientos a

los

se de

funcionarios,

excepto los derivados de los reajustes generales que se otorguen a los trabajadores del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa. Además, a la planilla suplementaria se le aplicará el reajuste general antes indicado. d) Los funcionarios traspasados conservarán la asignación de antigüedad que tengan reconocida, así como también el tiempo computable para dicho reconocimiento.

Artículo décimo segundo.- El Presidente de la República,

por

decreto

expedido

por

intermedio

del

Ministerio de Hacienda, conformará el primer presupuesto

150

de

la

Superintendencia

de

Educación

transferirá a ella los fondos de las

Superior,

y

entidades que

traspasan personal o bienes, necesarios para que se cumplan suprimir

sus

funciones,

o

modificar

pudiendo los

al

efecto,

capítulos,

crear,

programas,

asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean pertinentes.

Artículo

décimo

tercero.-

Mediante

decreto

supremo expedido por intermedio del Ministerio de Bienes Nacionales, el que deberá también suscribir el Ministro de

Educación,

inmuebles

se

determinarán

fiscales

Superintendencia

que de

los

se

bienes

muebles

traspasarán

Educación

a

Superior.

e la El

Superintendente de Educación Superior requerirá de las reparticiones

correspondientes

las

inscripciones

y

anotaciones que procedan, con el solo mérito del decreto supremo antes mencionado.

Artículo

décimo

cuarto.-

Las

modificaciones

establecidas en el artículo 119 entrarán en vigencia desde

la

fecha

de

entrada

en

funcionamiento

de

la

Superintendencia de Educación Superior, de acuerdo a lo establecido

en

el

número

6)

del

artículo

décimo

transitorio, a excepción de las indicadas en los números 5) y 7) letra a) del señalado artículo 119. Por su parte, lo dispuesto en la nueva letra f) del artículo 6 de la ley N° 20.800, incorporada por el letra c) del número 4 del artículo 119, entrará vigencia el 1 de enero del año 2020.

151

Párrafo 3° De la transición de la supervigilancia de la viabilidad financiera de las instituciones de educación superior y de sus obligaciones de informar

Artículo décimo quinto.- La obligación de llevar contabilidad

completa

conforme

a

principios

de

contabilidad generalmente aceptados establecida en el artículo 36 a las instituciones de educación superior, será exigible en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, sin perjuicio de aquellas obligaciones en materias relacionadas que se establezcan en otras leyes.

Artículo

décimo

sexto.-

Las

obligaciones

de

informar que establece el artículo 37 a las instituciones de educación superior, serán exigibles en el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley. Corresponderá al Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría

de

Educación

Superior,

ejercer

las

facultades que dicha norma confiere a la Superintendencia de

Educación

Superior

en

tanto

ésta

no

inicie

sus

funciones.

Párrafo 4° De la transición a las nuevas regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones de educación superior organizadas como personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro

Artículo décimo séptimo.- Las instituciones de educación

superior

deberán

dar

cumplimiento

a

lo

152

dispuesto en los artículos 63 y 64 de esta ley dentro del plazo de dos años contado desde su publicación.

Artículo décimo octavo.- Para cumplir con las regulaciones

y

prohibiciones

establecidas

en

los

artículos 73 a 80 de esta ley, las instituciones de educación

superior

deberán

modificar

los

actos

o

contratos que hayan otorgado o celebrado, dentro del plazo de tres años contado desde su publicación.

Párrafo 5° De las transiciones de los procedimientos de acreditación

Artículo

décimo

noveno.-

El

Comité

de

Coordinación a que se refiere el artículo 3 de la ley N° 20.129, deberá constituirse dentro del plazo de dos meses contado desde la fecha de inicio de actividades de la última de las instituciones que componen el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. A más tardar dentro de seis meses de constituido el

Comité,

deberá

establecerse

el

primer

Plan

de

Coordinación para el Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior del que trata la letra d) del artículo 4 de la ley N° 20.129.

Artículo vigésimo.- Los numerales 14, 15, 16, 17, 20, 21 y 26 del artículo 81 de la presente ley, que modifica la ley N° 20.129 entrarán en vigencia a contar del 1 de enero del 2020.

153

Por su parte, las disposiciones del artículo 81 de la presente ley que modifican el capítulo III de la ley N° 20.129 entrarán en vigencia una vez que inicie su funcionamiento la Subsecretaría de Educación Superior de conformidad con el artículo quinto transitorio.

Artículo vigésimo primero.- La Comisión Nacional de Acreditación deberá elaborar una primera propuesta de los criterios y estándares de los que trata el nuevo artículo 18 de la ley N° 20.129 que se entregará al Comité Coordinador para su aprobación, dentro del plazo de tres meses contado desde la fecha en que el Comité se haya constituido. En caso que el Comité no aprobare la propuesta en el plazo señalado, se entenderá aprobada la propuesta de la Comisión. Para

estos

efectos,

la

Comisión

Nacional

de

Acreditación deberá iniciar el proceso de consulta del que trata el inciso segundo del nuevo artículo 18 de la ley N° 20.129 dentro del plazo de ocho meses de publicada esta ley. Con

todo,

dichos

criterios

y

estándares

de

calidad deberán estar aprobados y publicados antes del 1 de enero del año 2020.

Artículo vigésimo segundo.- La obligación de las instituciones de educación superior autónomas de estar acreditadas institucionalmente, de conformidad con lo establecido en el nuevo artículo 15 de la ley N° 20.129, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020. Con todo, a aquellas instituciones de educación superior autónomas que no se encontraren acreditadas

154

institucionalmente al 1 de enero del año 2020, no les será aplicable lo dispuesto en el nuevo artículo 22 de la

ley

N°

resolución acreditación

20.129, final

sino

que

hasta

pone

institucional,

la

dictación

término de

al

de

la

proceso

de

conformidad

con

lo

dispuesto en el artículo vigésimo sexto transitorio. Las acreditaciones institucionales otorgadas por la Comisión Nacional de Acreditación con anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán su vigencia por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación establecida en el inciso primero de este artículo.

Artículo

vigésimo

tercero.-

La

obligación

de

acreditar las carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano y a las otras profesiones de la salud, de conformidad con el numeral 31 del artículo 81 de esta ley, entrará en vigencia a partir del 1 de enero del año 2020. Con todo, a aquellas carreras y programas que no se encontraren acreditados al 1 de enero del año 2020, no les será aplicable lo dispuesto en el nuevo artículo 27 quinquies de la ley N° 20.129 sino hasta la dictación de la resolución final que pone término al proceso de acreditación

de

dichas

carreras

y

programas,

de

conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo sexto transitorio. Aquellas carreras y programas de estudio a los que la Comisión Nacional de Acreditación o una agencia acreditadora les otorgó la acreditación con anterioridad al 1 de enero de 2020 mantendrán la vigencia de la misma por el plazo que fueron otorgadas y se entenderá, para

155

todos los efectos legales, que dan cumplimiento a la obligación

señalada

en

el

inciso

primero

de

este

artículo.

Artículo

vigésimo

cuarto.-

Aquellas

instituciones de educación superior no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar procesos de acreditación institucional ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019.

Por

su

acreditaciones

parte,

aquellas

institucionales

instituciones

vencieren

cuyas

durante

los

años 2018 y 2019 podrán iniciar sus procedimientos de acreditación de conformidad con la normativa vigente. Asimismo, aquellas instituciones de educación superior que dicten carreras y programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano no acreditadas a la fecha de publicación de la presente ley podrán iniciar sus procesos de acreditación ante la Comisión Nacional de Acreditación sólo hasta el 31 de mayo de 2019.

Artículo vigésimo quinto.- La Comisión Nacional de Acreditación deberá notificar antes del 15 de enero de 2020 a aquellas instituciones de educación superior autónomas,

cuyas

acreditaciones

institucionales

vencieren durante dicho año, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación institucional. Asimismo, universidades

que

la

Comisión

impartan

notificará

carreras

y

a

aquellas

programas

de

acreditación obligatoria, cuyas acreditaciones vencieren

156

durante el 2020, la fecha de inicio de sus respectivos procesos de acreditación. Con todo, las acreditaciones institucionales y de carreras y programas de acreditación obligatoria que vencieren durante el año 2020 se entenderán, para todos los efectos legales, vigentes hasta la dictación de la resolución

final

acreditación

que

ponga

institucional

término

al

conforme

proceso al

de

presente

artículo.

Artículo vigésimo sexto.- Aquellas instituciones de

educación

superior

autónomas

y

las

carreras

y

programas de estudio conducentes al título profesional de médico cirujano no acreditadas al 31 de diciembre del año 2019, se sujetarán a las siguientes reglas para el inicio de sus procesos de acreditación obligatoria: 1)

La

Comisión

Nacional

de

Acreditación

establecerá, a más tardar el 1 de diciembre de 2019, mediante un sistema aleatorio, las fechas de inicio de los procesos de acreditación. 2)

La

Comisión

Nacional

de

Acreditación

comenzará a tramitar dichos procesos de acreditación según el orden establecido de conformidad con el numeral anterior, a partir del 1 de enero del año 2020, los que no podrán extenderse más allá del año 2024.

Artículo

vigésimo

séptimo.-

Las

carreras

y

programas conducentes al título profesional de médico cirujano que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley

se

encontraren

en

proceso

de

acreditación

ante

agencias de acreditación continuarán con dicho proceso

157

hasta

su

finalización.

Dichos

procesos

no

podrán

extenderse más allá del 31 de diciembre de 2019.

Artículo vigésimo octavo.- Los procedimientos de acreditación institucional de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica iniciados con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 se regirán por las siguientes reglas: 1) En los procesos de acreditación institucional iniciados dentro del plazo de quince años, contado desde la publicación de la presente ley, no será exigible para obtener la acreditación institucional y la acreditación institucional condicional, la dimensión de generación de conocimiento, creación y/o innovación. 2)

Adicionalmente,

en

aquellos

procesos

de

acreditación institucional iniciados dentro del plazo de siete años, contado desde la publicación de la presente ley, tampoco será exigible para obtener la acreditación institucional

y

la

acreditación

institucional

condicional, la dimensión de vinculación con el medio. Sin procesos

perjuicio de

cumplimiento

de

lo

acreditación de

los

anterior, deberá

criterios

en

todos

los

evaluarse

el

y

estándares

correspondientes a todas y cada una de las dimensiones señaladas en el nuevo artículo 17 de la ley N° 20.129. Con

todo,

los

aranceles

regulados

que

sean

fijados por la Comisión de Expertos de los que trata el título V de la presente ley se determinarán por grupos de carreras y considerarán los años de acreditación institucional; las dimensiones o áreas en las que se encuentre

acreditada

la

respectiva

institución;

el

158

tamaño de estas últimas; y, la región en que se imparten; hasta

el

vencimiento

de

todas

las

acreditaciones

obtenidas por las instituciones de educación superior en conformidad a las reglas de los numerales 1) y 2) del presente artículo.

Artículo vigésimo noveno.- Se entenderá que la Universidad de Aysén y la Universidad de O’Higgins, creadas mediante la ley N° 20.842, así como también los centros de formación técnica estatales creados mediante la ley N° 20.910, cumplen con la obligación señalada en el inciso primero del artículo 15 de la ley N° 20.129, incorporada por el numeral 14 del artículo 81 de esta ley, mientras den cumplimiento a lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de la ley N° 20.842, y el artículo

tercero

Vencidos

tales

transitorio

plazos,

de

dichas

la

ley

N°

20.910.

instituciones

deberán

acreditarse de conformidad a lo dispuesto en la ley N° 20.129.

Párrafo 6° De la designación de los integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación

Artículo

trigésimo.-

La

designación

de

los

integrantes de la Comisión Nacional de Acreditación, de conformidad con lo establecido en la presente ley, deberá efectuarse dentro del plazo de nueve meses contado desde su publicación.

159

Con el objeto de permitir la renovación parcial de

los

integrantes

de

la

Comisión

Nacional

de

Acreditación, la mitad de los consejeros señalados en las letras a) y b), y el consejero de la letra c) del artículo 7 de la ley N° 20.129, incorporado por el numeral 7 del artículo 81 de esta ley, serán nombrados por un período de tres años. En el acto de nombramiento deberá constar la circunstancia de ejercerse el cargo por este período especial. Por su parte, los representantes estudiantiles que integran la Comisión a la fecha de la publicación de esta

ley,

se

mantendrán

en

sus

cargos

hasta

el

vencimiento de su período, momento en el cual tendrán que

ser

reemplazados

en

conformidad

a

la

normativa

La

Comisión

vigente.

Artículo

trigésimo

primero.-

Nacional de Acreditación, dentro del plazo de tres años contado desde que se haya integrado de conformidad a lo dispuesto

en

el

artículo

trigésimo

transitorio,

desarrollará una propuesta para el establecimiento de un nuevo

procedimiento

de

acreditación,

la

que

deberá

contemplar, al menos, el establecimiento y la definición de nuevos niveles de acreditación, que reemplazarán la acreditación por años.

Párrafo 7° De las transiciones del financiamiento institucional para la gratuidad

Artículo trigésimo segundo.- Las instituciones de educación superior que a la fecha de publicación de

160

esta ley reciban el financiamiento institucional para la gratuidad, se entenderá que continuarán recibiendo dicho financiamiento. Sin anterior,

perjuicio estas

de

lo

dispuesto

instituciones

podrán

en

el

inciso

manifestar

al

Ministerio de Educación su voluntad de no continuar recibiéndolo. Para ello, desde la fecha de publicación de esta ley, tendrán un plazo de sesenta días para solicitar su retiro, caso en el cual, se mantendrá el financiamiento solamente para aquellos estudiantes que hayan sido beneficiarios en años anteriores y cumplan los requisitos para mantener sus estudios gratuitos, según los requisitos y condiciones en las que fueron otorgadas. Con

todo,

las

instituciones

señaladas

en

el

inciso primero, para mantener el financiamiento público regulado en el título V, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 83 de la presente ley

de

conformidad

a

lo

dispuesto

en

el

artículo

trigésimo noveno.

Artículo trigésimo tercero.- Las instituciones de

educación

superior

que

reciban

el

financiamiento

institucional para la gratuidad cumplirán la obligación señalada en la letra c) del artículo 87 de conformidad a lo señalado en el siguiente cronograma y a lo dispuesto en dicho título. a) Desde el año 2018 hasta el año en que se verifique

lo

instituciones

dispuesto de

en

educación

la

letra

superior

siguiente, deberán

las

otorgar

estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que

161

dichos

estudiantes

provengan

de

los

hogares

pertenecientes a los seis primeros deciles de menores ingresos de la población del país. b) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del

presente

artículo,

que

los

ingresos

fiscales

estructurales representaron al menos un 23,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones

de educación superior

deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V,

siempre

que

dichos

estudiantes

provengan

de

los

hogares pertenecientes a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país. c) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del

presente

artículo,

que

los

ingresos

fiscales

estructurales representaron al menos un 24,5% respecto del

PIB

Tendencial

inmediatamente

del

país,

precedentes,

las

en

los

dos

instituciones

años de

educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V, siempre que dichos estudiantes provengan

de

los

hogares

pertenecientes

a

los

ocho

primeros deciles de menores ingresos de la población del país. d) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del

presente

artículo,

que

los

ingresos

fiscales

estructurales representaron al menos un 26,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior

162

deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V,

siempre

que

dichos

estudiantes

provengan

de

los

hogares pertenecientes a los nueve primeros deciles de menores ingresos de la población del país. e) A partir del año siguiente a aquel en que se verifique, de la forma prevista en el inciso penúltimo del

presente

artículo,

que

los

ingresos

fiscales

estructurales representaron al menos un 29,5% del PIB Tendencial del país, en los dos años inmediatamente precedentes, las instituciones de educación superior deberán otorgar estudios gratuitos a sus estudiantes de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5º del título V. Desde el año 2020, el Ministerio de Hacienda verificará, a más tardar el 15 de julio de cada año, el cumplimiento de los requisitos antedichos referidos a los ingresos fiscales estructurales. Para ello utilizará las

estadísticas

de

ingresos

cíclicamente

ajustados

calculados por la Dirección de Presupuestos, publicados anualmente en su Informe de Evaluación de la Gestión Financiera del Sector Público, y las estadísticas de PIB tendencial reportadas en el acta del Comité Consultivo del PIB Tendencial más próximo a la fecha señalada, llevadas a moneda de cada año con el deflactor del PIB del año respectivo, reportado por el Banco Central de Chile. Un reglamento del Ministerio de Hacienda, que deberá ser firmado por el Ministro de Educación, regulará las materias señaladas en el presente artículo.

163

Artículo trigésimo cuarto.- Las instituciones de educación

superior

que

reciban

el

financiamiento

institucional para la gratuidad, cumplirán la obligación señalada en la letra a) del artículo 87 de conformidad a lo señalado en el artículo trigésimo tercero anterior y a lo dispuesto en el título V de la presente ley. Las instituciones de educación superior podrán cobrar como máximo los derechos básicos de matrícula y el arancel regulado más un porcentaje adicional de éstos, fijados para la carrera o programa de estudio respectivo, a: 1)

Aquellos

estudiantes

que

cumplen

los

requisitos para cursar estudios gratuitos, señalados en el párrafo 5° del título V, mientras no cuenten con la condición

socioeconómica

señalada

en

las

letras

del

artículo anterior. 2) Aquellos estudiantes señalados en el inciso primero del artículo 109. La establecerá

determinación según

la

del

porcentaje

condición

adicional

socioeconómica

se del

estudiante de la forma que sigue: a) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan a los primeros siete deciles de menores ingresos del país: hasta un 20%. b) Aquellos estudiantes que provengan de hogares que pertenezcan al octavo y noveno decil de menores ingresos del país: hasta un 60%. Con

todo,

financiamiento

las

instituciones

institucional

para

la

que

reciban

el

gratuidad,

no

podrán cobrar a los estudiantes señalados en las letras a) y b) anteriores, aranceles cuyo monto supere el

164

arancel

informado

por

la

institución

en

la

oferta

académica del año 2017 para la respectiva carrera o programa

de

estudio,

reajustado

anualmente

en

conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor del año anterior, más dos puntos porcentuales. Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos anteriores, para el caso de los estudiantes extranjeros que no cumplan lo dispuesto en la letra a) del artículo 102 o aquellos estudiantes que se encuentren matriculados en carreras o programas de estudio no comprendidos en el artículo 103 o aquellos estudiantes que provengan de hogares

pertenecientes

al

décimo

decil,

no

se

les

aplicarán las limitaciones anteriores.

Artículo

trigésimo

quinto.-

Para

la

determinación de los deciles señalados en el artículo anterior, el Ministerio de Educación podrá solicitar a los estudiantes, la presentación de antecedentes en el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS). El Ministerio de Educación podrá verificar y complementar la información proporcionada por los estudiantes para acceder

a

este

beneficio,

pudiendo

solicitar

antecedentes a diversas entidades públicas y privadas, considerando entre otros, el instrumento establecido en el artículo 5 de la ley N° 20.379. Sin perjuicio de lo anterior, a partir del año 2020, se utilizará el instrumento establecido en el artículo 5 de la ley N° 20.379.

165

Artículo trigésimo sexto.- La primera resolución exenta que establezca las primeras bases técnicas para el cálculo del arancel regulado, derechos básicos de matrícula

y

cobros

por

concepto

de

titulación

o

graduación para uno o más grupos de carreras, deberá dictarse dentro del plazo de dos años contado desde la fecha de publicación de la ley. Para estos efectos, se aplicará

el

procedimiento

regulado

en

los

incisos

siguientes. La Subsecretaría deberá presentar a la Comisión de Expertos, establecida en el párrafo 3° del título V, una primera propuesta de bases técnicas a que se refiere este

artículo,

debiendo

considerar

previamente

un

proceso de consulta a las instituciones de educación superior, de conformidad a los incisos primero y segundo del artículo 91. La Comisión deberá pronunciarse dentro del plazo de tres meses, aprobando dicha propuesta o realizando observaciones fundadas. Por su parte, la Subsecretaría, tomando en consideración dichas observaciones deberá dictar

las

resoluciones

exentas

que

establezcan

las

primeras bases de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 2° del título V de esta ley, la que deberá dictarse en el mes de diciembre del año correspondiente. Para la determinación de los valores señalados en el inciso primero, se estará a lo dispuesto en el artículo 92 de la presente ley.

Artículo

trigésimo

séptimo.-

Mientras

no

se

encuentren vigentes la o las resoluciones exentas que establezcan los valores regulados de arancel, derechos básicos de matrícula y cobros por concepto de titulación

166

o graduación de un grupo de carreras o programas de estudio

determinado,

dictadas

en

conformidad

a

lo

establecido en el título V de esta ley, el cálculo del arancel regulado y los derechos básicos de matrícula para dicho grupo, se realizará de conformidad a lo dispuesto en los incisos siguientes. La fórmula de cálculo de arancel regulado de los grupos de carreras o programas de estudio se establecerá mediante decreto del Ministerio de Educación, suscrito por el Ministro de Hacienda, la que se determinará en base a los derechos básicos de matrícula promedios por el tipo de institución que corresponda, determinados conforme al inciso quinto del presente artículo, y al promedio ponderado de los aranceles de referencia del año 2017 de las carreras o programas de estudio de dicho grupo de las instituciones que durante dicho año se encontraban adscritas al financiamiento regulado en las asignaciones

24.03.198

y

24.03.199,

asociadas

al

programa 09.01.30, Educación Superior, de la ley N° 20.981

y

contaban

con

el

mismo

número

de

años

de

acreditación institucional al 31 de diciembre de 2016, considerando

también

las

áreas

o

dimensiones

de

acreditación de las instituciones a la misma fecha. El Ministerio de Educación deberá publicar en el Diario Oficial y en la página web del Ministerio, el valor del arancel regulado calculado según lo dispuesto en el inciso anterior, el que deberá ser actualizado anualmente de acuerdo a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor. Para cada año, el arancel regulado de cada carrera o programa de estudio en cada institución será asignado según el grupo que le corresponda de acuerdo a la acreditación institucional y

167

las

áreas

o

dimensiones

de

acreditación

al

31

de

diciembre del año anterior. El

monto

instituciones

de

financiamiento

que

corresponda

educación

transferir

superior

institucional

para

que

la

a

las

reciban

gratuidad

el

para

aquellas carreras o programas de estudios señalados en el artículo 103 respecto de cuyos grupos de carreras o programas no se haya dictado una resolución exenta que establezca el cálculo de los valores señalados en el inciso primero, se determinará sumando los siguientes valores: a) El resultado de multiplicar el valor del arancel regulado, calculado de conformidad al inciso segundo, por el número de estudiantes respecto de los cuales la institución tenga la obligación de otorgar estudios gratuitos de conformidad a lo dispuesto en el párrafo 5° del título V y según el cronograma señalado en el artículo trigésimo tercero transitorio, al año académico correspondiente. b) El resultado de multiplicar la diferencia entre el valor del arancel real más derechos básicos de matrícula reajustados, según se establece en el párrafo siguiente,

y

el

del

conformidad

al

estudiantes

señalados

arancel

inciso

regulado

segundo, en

la

por

letra

calculado el

número

anterior,

al

de de año

académico correspondiente. Con todo, este valor no podrá superar el 20% del valor resultante de la letra anterior. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso anterior, en el caso de las universidades, se considerará el valor del arancel real y derechos básicos de matrícula correspondiente al año 2015, reajustados de conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al

168

Consumidor entre noviembre de 2014 y noviembre del año anterior de aquel para el cual se calculan los valores señalados en el inciso primero. Por su parte, para el caso de los centros de formación técnica e institutos profesionales se considerará el valor del arancel real y derechos básicos de matrícula correspondiente al año 2016,

reajustado

de

conformidad

a

la

variación

que

experimente el Índice de Precios al Consumidor entre noviembre de 2015 y noviembre del año anterior de aquel para el cual se calculan los valores señalados en el inciso primero. Si información

algún del

programa arancel

de

real

estudios o

derechos

no

tuviera

básicos

de

matrícula según lo considerado en el inciso anterior, se utilizará el valor correspondiente al primer valor del arancel real y derecho básico de matrícula que registre el

programa

de

estudio,

el

que

será

reajustado

de

conformidad a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor entre enero del primer año de registro y noviembre del año anterior para el cual se calculan los valores.

Artículo trigésimo octavo.- Dentro del plazo de un año contado desde la fecha de publicación de esta ley, deberá procederse al nombramiento de los profesionales que integrarán la Comisión de Expertos y a la instalación del mismo, de acuerdo al procedimiento establecido en el párrafo 3° del título V. Para los efectos de la renovación parcial de la Comisión de Expertos, el período inicial de vigencia del nombramiento de los integrantes será: a) De tres años para dos de sus integrantes.

169

b) De cuatro años para dos de sus integrantes. c) De cinco años para dos de sus integrantes. d) De seis años para uno de sus integrantes. Lo anterior se aplicará de conformidad a la designación que efectúe el Consejo de Alta Dirección Pública,

establecido

en

la

ley

N°

19.882,

el

cual

oficiará al Ministro de Educación, para efectos de que curse la correspondiente resolución de nombramiento.

Artículo instituciones acceder

al

trigésimo

de

educación

noveno.superior

financiamiento

que

institucional

Aquellas soliciten para

la

gratuidad, deberán dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 83

de conformidad a lo

dispuesto en el presente artículo. Los requisitos de las letras a) y b) del artículo 83 serán exigibles desde la fecha de publicación de la presente ley. Para dar cumplimiento a lo establecido en la letra b) del referido artículo, las instituciones de educación

superior

deberán

modificar

los

actos

o

contratos que hayan otorgado o celebrado para cumplir con lo establecido en los artículos 73 a 80 de la presente ley. Por su parte, lo dispuesto en la letra c) del artículo 83 será exigible desde que el Sistema Común de Acceso sea obligatorio. Con todo, mientras no entre en vigencia el Sistema Común de Acceso será exigible a las instituciones que cuenten con un sistema de admisión transparente,

objetivo

discriminaciones universidades

este

y

arbitrarias, sistema

debe

que

no

para

el

estar

implique caso

basado

en

de el

170

mérito,

mientras

que

para

el

caso

de

instituciones

pertenecientes al subsistema técnico profesional, el sistema

de

admisión

deberá

favorecer

a

estudiantes

egresados de los establecimientos de enseñanza media técnico - profesional y a trabajadores cuyas trayectorias educativas y laborales se vinculen con las carreras y programas

a

los

que

postulen.

Dicho

sistema

deberá

encontrarse publicado en su página web. Además, para el caso de universidades, deberán cumplir con que al menos el 80% de los estudiantes matriculados para el año correspondiente, en primer año en licenciaturas no conducentes a título o carreras profesionales con licenciatura, cuenten con un puntaje ponderado promedio, igual o mayor a 450 puntos entre la Prueba

de

Selección

Universitaria

de

Lenguaje

y

Comunicación, la Prueba de Selección Universitaria de Matemáticas, el puntaje de notas de enseñanza media y el puntaje de ranking de notas, los que se considerarán en idéntica proporción. Respecto del requisito establecido en la letra d) del artículo 83, éste entrará en vigencia un año después

de

la

entrada

en

funcionamiento

de

la

Subsecretaría.

Artículo cuadragésimo.- Para el ingreso de las instituciones al financiamiento institucional para la gratuidad para el año siguiente a la publicación de la presente ley, el plazo señalado en el inciso primero del artículo 84, se extenderá hasta el 15 de octubre del año de publicación.

171

Artículo cuadragésimo primero.- Lo dispuesto en el párrafo 4° del título V entrará en vigencia el año siguiente a la entrada en vigencia del Sistema de Acceso regulado en el párrafo 3° del título I. Mientras no entre en vigencia lo dispuesto en el inciso

anterior,

el

número

de

estudiantes

nuevos

matriculados para cursar las carreras o programas de estudios

señalados

en

el

artículo

103

para

el

año

académico correspondiente, no podrá superar en un 2,7% de

los

estudiantes

inmediatamente

nuevos

anterior

matriculados

en

dichos

en

el

programas.

año Podrá

autorizarse un incremento superior al 2,7% antes señalado en los programas de estudio con admisión regular de las instituciones

que

se

encuentren

adscritas

al

financiamiento institucional para la gratuidad regulado en esta ley, si éste obedece a decisiones institucionales adoptadas antes del 31 de diciembre de 2015, o derivadas de requerimientos formulados por la Comisión Nacional de Acreditación

como

resultado

del

último

proceso

de

acreditación institucional, o que sean producto de la participación Acompañamiento

de y

la

institución

Acceso

Efectivo

en

el

Programa

(PACE),

o

de

aquellas

convenidas, de manera excepcional, entre el Ministerio de

Educación

y

las

instituciones

que

adscriban

al

financiamiento institucional para la gratuidad regulado en la presente ley, que tengan como objetivo apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En este último

caso,

la

referida

autorización

se

realizará

mediante resolución fundada del Ministerio de Educación, la

que

deberá

ser

visada

por

la

Dirección

de

Presupuestos. En caso que el incremento total de estudiantes nuevos

matriculados

supere

el

límite

establecido

o

172

autorizado

en

el

párrafo

anterior,

se

estará

a

lo

dispuesto en el inciso cuarto del artículo 111 de la presente ley. Lo dispuesto en el párrafo anterior, también será aplicable

en

caso

que

una

universidad

adscrita

al

financiamiento institucional para la gratuidad regulado en la presente ley, incumpla lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo trigésimo noveno transitorio.

Párrafo 8° De las transiciones a otras disposiciones de esta ley

Artículo cuadragésimo segundo.- Lo dispuesto en el artículo 116 comenzará a regir un año después de la entrada

en

funcionamiento

de

la

Superintendencia

de

Educación Superior.

Artículo cuadragésimo tercero.- En el plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios

Superiores

entregará

a

las

comisiones

de

Educación y de Hacienda de la Cámara de Diputados un informe sobre el estado general de los instrumentos de financiamiento crediticio regulados por las leyes N° 20.027 y N° 19.287, y otros análogos, incluyendo en su informe, a lo menos, un balance general que dé cuenta del porcentaje de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones

contraídas;

información

respecto

a

los

créditos que se encuentren en un proceso de cobranza judicial, precisando la etapa procesal correspondiente

173

en que se encuentren; una caracterización socioeconómica de los deudores de acuerdo a instrumentos de medición generalmente aceptados para ello y un monto estimado de las obligaciones exigibles a esa fecha, distinguiendo aquellas cuyo acreedor es una entidad privada, de las que son estatales.

Artículo cuadragésimo cuarto.- En el plazo de tres años contados desde la publicación de la presente ley, la Subsecretaría de Educación Superior presentará una

propuesta

títulos

y

de

grados

actualización del

sistema

de de

la

estructura

educación

de

superior

chilena contenida en el artículo 54 del decreto con fuerza

de

ley

N°

2,

de

2009,

del

Ministerio

de

Educación.”.

*****

Hago presente a V.E. que, en general, las normas que a continuación se detallan fueron aprobadas con el voto afirmativo de 70 diputados, de un total de 117 en ejercicio: -Artículo 7, letra e). -Artículo 19, letra b) del inciso primero e inciso final. -Artículo 33. -Artículo 51, inciso primero.

174

-Artículo 81, números 1), 2), 4), 6), 8), 9), 24), 38) y 39). -Artículo 118, números 1), 2), 3), 4), 5) y 6). -Artículo 119, número 14). -Artículo segundo transitorio.

Del mismo modo, la aprobación en particular de las referidas normas se produjo de la siguiente manera: -Artículo 7, letra e), por 68 votos afirmativos. -Artículo 19, letra b); párrafo segundo de la letra i), párrafo segundo de la letra j), todas ellas del inciso primero, e inciso final, por 111 votos a favor. -Artículos 33 y 51, inciso primero, por 112 votos afirmativos. -Artículo 81, números 1), 4), 6) y 39), por 106 votos a favor; números 2) y 38), por 107 votos; número 8), por 68 votos; número 9), por 110 votos, y número 24), por 111 votos a favor. -Artículo 118, números 1), 2), 3), 4), 5) y 6), por 104 votos afirmativos. -Artículo

119,

número

transitorio, por 106 voto a favor.

14),

y

segundo

175

-Artículo cuadragésimo cuarto transitorio, por 102 votos a afirmativos. En todos los casos anteriores, la aprobación se produjo

respecto

de

un

total

de

117

diputados

en

ejercicio.

De esta manera se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 66, inciso segundo, de la Constitución Política de la República.

*****

Dios guarde a V.E.

FIDEL ESPINOZA SANDOVAL Presidente de la Cámara de Diputados

MIGUEL LANDEROS PERKIĆ Secretario General de la Cámara de Diputados

PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MENSAJE N° 091-365 DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA, SOBRE UNIVERSIDADES DEL ESTADO. Boletín N° 11.329-041 I. ANTECEDENTES 1. Origen y situación del actual sistema de Universidades del Estado 2. Relevancia de (re)asumir una visión de Estado

pp. 1-4 pp. 4-5

II. OBJETIVOS DEL PROYECTO 1. Objetivo general 2. Objetivos específicos a. Reconocimiento de la especificidad de las Ues. del Estado b. Rol del Estado con sus Universidades c. Reglas Básicas del Gobierno Universitario d. Modernización de la gestión administrativa y financiera e. Régimen jurídico de los académicos y funcionarios no académicos f. Principio de coordinación g. Financiamiento y Plan de Fortalecimiento de las Ues. del Estado

p. 5 pp. 5-6 p. 6 p. 6 pp. 6-7 p. 7 p. 7 pp. 8-9

III. CONTENIDO DEL PROYECTO 1. Disposiciones generales Párrafo 1° Definición, Autonomía y Régimen Jurídico de las Ues. del Estado Párrafo 2° Misión y Principios de las Ues. del Estado Párrafo 3° Rol del Estado 2. Normas comunes a las Universidades del Estado Párrafo 1° Del Gobierno Universitario Párrafo 2° De la Gestión Administrativa y Financiera Párrafo 3° De los Académicos y Funcionarios no Académicos 3. Coordinación de las Universidades del Estado Párrafo 1° Principio Basal y Objetivos Párrafo 2° Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado 4. Financiamiento de las Universidades del Estado Párrafo 1° Fuentes de Financiamiento Párrafo 2° Plan de Fortalecimiento 5. Disposiciones Finales 6. Artículos transitorios 1

Arts. 1-3 Arts. 4-5 Arts. 6-7 Arts. 8-24 Arts. 25-32 Arts. 33-37 Arts. 38-40 Arts. 41-42 Arts. 43-44 Arts. 45-49 Arts. 50-56 1ro-7mo

El proyecto de Ley sobre Universidades del Estado fue ingresado inicialmente en el Senado de la República, con fecha 6 de junio de 2017 (Boletín Nº11.255-04). Sin embargo, posteriormente fue retirado por el eejecutivo e ingresado al Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, con fecha 13 de julio de 2017 (Boletín Nº11.329-04) mediante el Mensaje Nº 091. El retiro del proyecto fue dado en cuenta en el Senado de la República en Sesión 31º Especial de lunes 17 de julio de 2017. El ingreso del proyecto fue dado en cuenta en Sesión Ordinaria 47º de la Cámara de Diputados y enviado a la Comisión de Educación y Comisión de Hacienda para su estudio. El presente documento de trabajo fue elaborado por el abogado del Senado Universitario Gustavo Fuentes Gajardo y la egresada de Derecho Alejandra Brito Urrutia.

PROYECTO DE LEY Título I: DISPOSICIONES GENERALES. Párrafo 1º Definición, Autonomía y Régimen Jurídico de las Universidades del Estado. Art. Definición y naturaleza jurídica. 1 - Definición: Las Universidades del Estado son Instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. - Naturaleza jurídica: Son organismos autónomos2, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio Marco normativo para el cumplimiento de las funciones universitarias: ley, estatutos respectivos, misión y principios que se desprende de ellos. Relación de las Universidades Estatales con el Estado: Forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo su domicilio en la región que señalen sus estatutos. Art. 2

2

Autonomía Universitaria. Las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica. - Autonomía académica: Confiere la potestad para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de estudio y sus líneas de investigación. Dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio. - Autonomía administrativa: Faculta para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de la presente ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, las Universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación. - Autonomía económica: Autoriza a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad. El

El profesor Eduardo Cordero Quinzacara distingue entre autonomía constitucional y legal: “La autonomía se puede otorgar a nivel constitucional (por ejemplo, Banco Central Contraloría, Ministerio Público, Municipalidades, Consejo para la Transparencia) o a nivel legal (por ejemplo, Consejo para la Transparencia, Servicio Electoral)… La diferencia más importante está en que los órganos de autonomía legal se encuentran sujetos a la voluntad de legislador en su configuración, la cual bien puede cambiar o desaparecer. Esto no ocurre con la autonomía constitucional, ya que estas entidades gozan de una garantía institucional cuyo núcleo o contenido esencial debe ser respetado por el legislador.” Ver: http://www.contraloria.cl/NewPortal2/portal2/ShowProperty/BEA%20Repository/Merged/2012/ARCHIVOS/ 20121214_Eduardo_Cordero

ejercicio de esta autonomía no exime a las Ues. del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia. Art. 3

Régimen jurídico especial de las Universidades del Estado. No estarán regidas por las normas del Título II (Normas especiales) de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado3, salvo lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

Párrafo 2º Misión y principios de las Universidades del Estado. Art. Misión: Cultivar, generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas 4 áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Deberes: (i) Contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad; (ii) Colaborar, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional; (iii) Asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social Art. 5

Principios que guían el quehacer de las Universidades y que fundamentan el cumplimiento de su misión y funciones: Pluralismo, laicidad, libertad de pensamiento y de expresión, libertad de cátedra, de investigación y de estudio, participación, no discriminación, igualdad de género, valoración del mérito, inclusión y la equidad. Ámbito de aplicación de los principios: Deben ser respetados, fomentados y garantizados por las Ues. del Estado en el ejercicio de las funciones, siendo vinculantes para todos los integrantes y órganos de la comunidad, sin excepción.

Párrafo 3º Rol del Estado. Art. Fomentar la excelencia: Fomentar la excelencia de todas sus Universidades, 6 promoviendo la calidad, la equidad territorial y la pertinencia de las actividades

3Decreto

con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. (link). En la Historia de la Ley (página 167) se señala que la implicancia de esta exclusión refiere a que a estos órganos no les serán aplicables las disposiciones sobre organización, funcionamiento y carrera funcionaria que se contienen en el Título II, "En efecto y tal como se señalara en el acápite relativo al Análisis General de la Juricidad de Fondodel(sic) Proyecto (letra B de este Capítulo), la Contraloría General de la República, el Banco Central y las Municipalidades se regirán por sus propias leyes orgánicas constitucionales; las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen sus bases orgánicas y de carrera funcionaria en la propia Constitución Política, y las empresas públicas creadas por ley deberán regirse por las leyes de quórum calificado que las autoricen para constituirse como tales." Por su parte, el art. 41° dispone normas sobre delegación del ejercicio de atribuciones y facultades, mientras que el art 42° dispone que los órganos de la Administración son responsables del daño que causen por falta de servicio, no obstante el derecho del Estado de repetir en contra del funcionario que hubiere incurrido en falta personal.

docentes y de investigación, de acuerdo a las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional. Obligación general del Estado: Velar por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación superior4 en su conjunto. Art. 7

Visión sistémica del Estado: El Estado debe promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus Universidades, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones de educación superior en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo.

Título II: NORMAS COMUNES A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO. Párrafo 1º Del Gobierno Universitario. Art. Gobierno ejercido a través de los órganos superiores: Consejo Superior, Rector(a) 8 y Consejo Universitario. Responsabilidad del Control y fiscalización interna: Contraloría Universitaria. Estructura orgánica: Las Ues. del Estado deberán constituir los referidos órganos superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás autoridades unipersonales y colegiadas de la Universidad, y de las respectivas unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos. Autonomía administrativa para darse organización interna: En virtud de su autonomía administrativa, las Ues del Estado podrán establecer en su organización interna Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de Estudios, Departamentos y otras unidades académicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de cada Universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha potestad organizatoria en los niveles correspondientes. Art. 9

El CONSEJO SUPERIOR: Máximo órgano colegiado de la Universidad. Encargado de definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad.

4Artículo

1° del Proyecto de Ley de Educación Superior, actualmente en discusión, propone una definición de Sistema (Boletín N° 10783-04): “El Sistema de Educación Superior (en adelante en este título, indistintamente, “el Sistema”) está integrado por el conjunto de organismos y servicios públicos con competencia en materias de educación superior, así como por las instituciones de educación superior. El Sistema es de provisión mixta, y se compone por dos subsistemas: el universitario y el técnico profesional. El subsistema universitario lo integran las universidades estatales creadas por ley, las universidades no estatales pertenecientes al Consejo de Rectores, y las universidades privadas reconocidas por el Estado. El subsistema técnico profesional lo integran los centros de formación técnica estatales, y los institutos profesionales y centros de formación técnica privados reconocidos por el Estado. El Ministerio de Educación, a través de la Subsecretaría de Educación Superior, será el órgano rector del Sistema. En tal calidad, le corresponderá proponer las políticas para la educación superior y será responsable de la coordinación de los órganos del Estado que lo componen.”

Art. 10, 11 y 12

Integración del Consejo Superior: a) 3 representantes nombrados por el Presidente (a) de la República (profesionales de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas. - Duración en el cargo: 4 años en sus cargos, con posibilidad de ser designados por un período consecutivo por una sola vez. - Inhabilidad: no desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación. - Sobre nombramiento: su coordinación, renovación y supervisión de funciones, estará a cargo del Ministerio de Educación. - Cesación: por inasistencia injustificada a 3 o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico. Las demás causales, serán reguladas por los Estatutos de cada Universidad. - Renovación: en parcialidades junto a los demás consejeros (de acuerdo a normas internas). - Dieta: 4 UTM mensuales por asistencia a cada sesión, con tope mensual máximo de 12 UTM (con carácter de honorario). Esta será incompatible con remuneración de cualquier otro cargo en un servicio u órgano de la Administración del Estado, o en directorios de empresa públicas creadas por ley. - Presidencia del Consejo: Podrán presidir el Consejo Superior por elección de sus miembros, por un mandato de 2 años, sin reelección. - Calidad jurídica: Aquellos que no detenten la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público. Se les aplicarán las normas del Título III de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado5, así como también los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo6. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. b) 3 miembros de la Universidad nombrados por el Consejo Universitario (Al menos 2 deben estar investidos con las dos más altas jerarquías académicas). - Duración en el cargo: 2 años en sus funciones, con posibilidad de ser designados por un período consecutivo por una sola vez - Inhabilidad: no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que sean nombrados en el Consejo Superior. - Sobre nombramiento: efectuado por el Consejo de la Universidad. Cesación: por inasistencia injustificada a 3 o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico. Las demás causales, serán reguladas por los Estatutos de cada Universidad. - Renovación: en parcialidades junto a los demás consejeros (de acuerdo a normas internas).

5Decreto

con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (link) 6 Decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

- Dieta: Se le excluye del régimen de retribución. - Presidencia del Consejo: No pueden presidir. c) 2 profesionales de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la región en que la Universidad tenga su domicilio (nombrados de conformidad a los estatutos de la institución) - Duración en el cargo: 4 años en sus cargos, con posibilidad de ser designados por un período consecutivo por una sola vez. - Inhabilidad: no desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación. - Sobre nombramiento: de conformidad a los Estatutos de la Universidad. - Renovación: en parcialidades junto a los demás consejeros (de acuerdo a normas internas). Cesación: por inasistencia injustificada a 3 o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico. La demás causales, serán reguladas por los Estatutos de cada Universidad. - Dieta: 4 UTM mensuales por asistencia a cada sesión, con tope mensual máximo de 12 UTM (con carácter de honorario). Esta será incompatible con remuneración de cualquier otro cargo en un servicio u órgano de la Administración del Estado, o en directorios de empresa públicas creadas por ley. - Presidencia del Consejo: Podrán presidir el Consejo Superior por elección de sus miembros, por un mandato de 2 años, sin reelección. - Calidad jurídica: Aquellos que no detenten la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público. Se les aplicarán las normas del Título III de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado7, así como también los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo8. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. d) El Rector o Rectora. - Presidencia del Consejo: No podrá presidir el Consejo Superior. Art. 13

Funciones y atribuciones del Consejo Superior: a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la Universidad que deban ser presentadas al Presidente (a) de la República para su respectiva aprobación y sanción legal. b) Aprobar, a proposición del Rector(a), el plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como sus modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento. c) Aprobar, a proposición del Rector(a), las políticas financieras y la contratación

7Decreto

con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (link) 8 Decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento. d) Aprobar, a proposición del Rector(a), el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución. e) Conocer las cuentas periódicas de Rector(a) y pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral. f) Autorizar, a proposición del Rector(a), la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos. g) Ordenar la ejecución de auditorías internas. h) Nombrar al Contralor(a) Universitario (a) y aprobar su remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad. i) Proponer al Presidente(a) de la República la remoción del Rector (a), de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad. j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que digan relación con las políticas generales de desarrollo de la Universidad. Art. 14 y 15

Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del Consejo Superior. - Quórum de funcionamiento: a lo menos 6 de sus miembros. - Quórum de adopción de acuerdos: mayoría de los miembros presentes. En caso de empate, decide el voto del Presidente. - Quórum especial para adopción de acuerdos: 2/3 de los miembros en el ejercicio para aquellas materias dispuestas en las letras a) [Aprobar propuestas de modificación de Estatuto], b) [Aprobar propuesta Plan Desarrollo Institucional], c) [Aprobar las políticas financieras y la contratación de empréstitos], f) [Autorizar enajenación o gravámenes de activos], h) [Nombrar o remover al Contralor(a) Universitario (a)], i) [Proponer la remoción del Rector, el acuerdo excluirá el voto del afectado] del art. 13°. - Supletoriedad: todo aquello no previsto en la ley, será definido en la normativa interna. - Respecto de las Propuestas presentadas por el Rector (a) a aprobación del Consejo Superior: El Rector(a) no tendrá derecho a voto. Funcionamiento interno del Consejo Superior: Definido por las Ues. a través de reglamentos, y previo acuerdo del Consejo Superior.

Art. 16 y 17

RECTOR(A): Máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su representante legal. Tiene a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la institución. Jefe(a) superior del servicio, pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente(a) de la República. Le corresponde al Rector(a): - Dirigir, organizar y administrar la Universidad - Supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras.

Dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos - Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad - Responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen. - Las demás atribuciones específicas definidas en los Estatutos de cada Universidad, en el marco de las responsabilidades y funciones señalados en los incisos precedentemente. Remoción y subrogación del Rector(a): Tanto las causales de remoción como las de subrogación serán establecidas en los Estatutos de cada Universidad. Elección del Rector(a): De conformidad a la Ley N°19.3059 Duración en el cargo de Rector(a): 4 años en el cargo, pudiendo ser reelegido(a), por una sola vez, para el período inmediatamente siguiente. Nombramiento: por el Presidente(a) de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación. -

9

Art. 18

El CONSEJO UNIVERSITARIO: Órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer funciones consultivas y proponer iniciativas al Rector(a), en las materias relativas al quehacer institucional de la Universidad. Los Estatutos de las Universidades podrán establecer otra denominación para este órgano superior.

Art. 19 y 20

Integración del Consejo Universitario: - Integrado por representantes de los distintos estamentos de la institución, de acuerdo al número y a la proporción definida en sus Estatutos.

La Ley N°19.305, publicada el 23 de abril de 1994, modificó los Estatutos de las Universidades de Chile, Santiago de Chile, de Valparaíso, de Antofagasta, de La Serena, del Bío-Bío, de la Frontera, de Magallanes, de Talca, de Atacama, de Tarapacá, Arturo Prat, Metropolitana de Ciencias de la Educación y de Playa Ancha, n lo referente a la forma elección de los Rectores de las Universidades Estatales y sus procedimiento. En síntesis: (i) El organismo colegiado superior convocará a elección del Rector; (ii) en las elecciones participaran los académicos pertenecientes a las tres más altas jerarquías de la universidad que tengan, a lo menos, un año de antigüedad en la misma. Con todo, el organismo colegiado superior respectivo, con el voto conforme a la mayoría de sus integrantes, podrá permitir la participación de los académicos pertenecientes a otras jerarquías siempre que tengan la calidad de profesor y cumplan con el requisito de antigüedad antes señalado. (iii) El voto será personal, secreto e informado y podrá ser ponderado, de acuerdo al reglamento que dicte el organismo colegiado superior de la universidad, atendidas su jerarquía y jornada. (iv) Para ser candidato a Rector, se requerirá estar en posesión de un título profesional universitario no inferior a 5 años y acreditar experiencia académica de a lo menos 3 años y experiencia en labores por igual laboro o por un período mínimo de 3 años en cargos académicos que impliquen el desarrollo de funciones de dirección. Solo será útil como experiencia académica la adquirida mediante ejercicio de funciones en alguna Universidad Estatal o que cuente con reconocimiento oficial. (v) Será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se realizará, en la forma que lo determine el reglamento, a lo menos 30 días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. (vi) Si a la elección se presentasen más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviese más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una nueva elección entre los dos candidatos que hubiesen obtenido las más altas mayorías relativas. (vii) El Rector será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Educación. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido.

Resguardo de la participación de académicos: Con todo, no podrá ser inferior a 2/3 del total de sus integrantes. Presidencia del Consejo Universitario: Rector(a). Atribuciones del Consejo Universitario: Determinados en los Estatutos de cada Institución, en el marco de las funciones señaladas en el art. 18° de la ley, debiendo cautelar que dichas atribuciones no contravengan las funciones de dirección y administración del (la) Rector(a), ni a las funciones propias de la definición de la política general de desarrollo del Consejo Superior. Elección, designación y duración de consejeros; quórum para sesionar y adoptar acuerdos: Definidos en los Estatutos de cada Universidad. Reglas sobre funcionamiento interno: Serán establecidas en reglamentos dictados por cada institución. -

Art. 2124

Contraloría Universitaria: Órgano responsable de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la Universidad y de auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.10 Contralor(a) Universitario(a): A lo menos 8 años de abogado y poseer las demás calidades establecidas en los Estatutos de la Universidad. - Nombramiento: Nombrado por el Consejo Superior, por un periodo de 6 años, pudiendo ser reelegido, por una sola vez, para un periodo siguiente. - Procedimiento de selección, causales de remoción, normas para su subrogación: Deberán ser establecidas en los Estatutos de cada institución. - Dependencia técnica: de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 con la Ley N°10.33611. Estructura interna de la Contraloría Universitaria: Definida a través de un reglamento interno de cada Universidad, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y auditoria queden a cargo de 2 unidades independientes dentro del mismo organismo.

Párrafo 2º De la Gestión Administrativa y Financiera. Art. Principios y normas que rigen la gestión administrativa y financiera: 25Responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como por las 28 normas de Derecho Público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.

10Esta

vendría siendo una nueva atribución del Consejo Superior. Decreto N°2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 10.336 de organización y atribuciones de la Contraloría General de la República. (link) El artículo 19 de la citada ley señala lo siguiente: “Los abogados, fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la Administración Pública o instituciones sometidas al control de la Contraloría que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, quedarán sujetos a la dependencia técnica de la Contraloría, cuya jurisprudencia y resoluciones deberán ser observadas por esos funcionarios. El Contralor dictará las normas del servicio necesarias para hacer expedita esta disposición.” 11

Régimen jurídico especial de las Universidades: En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su quehacer institucional y la necesidad de propender una gestión administrativa y financiera más expedita y eficiente. - Normas aplicables a contratos que celebren las Ues. del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles y servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones: se regirán por el artículo 9 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado12; y por las disposiciones de la Ley N°19.88613, y su reglamento14. - Convenios excluidos de la aplicación de la Ley N°19.886: 1) Los convenios que celebren las Ues. del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas Universidades entre sí. 2) Los contratos que celebren las Universidades del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile. - Celebración de contratos por las Universidades, a través de Licitación privada o trato directo: 1) En razón de las causales señaladas en el artículo 8 de la Ley Nº 19.88615;

12

Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (link) 13La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y Prestación de Servicios (link). 14Decreto N° 250/2004, Ministerio de Hacienda, Aprueba Reglamento de Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios (link). 15 La Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de suministro y Prestación de Servicios (link). Cuyo Artículo 8º señala “Procederá la licitación privada o el trato o contratación directa en los casos fundados que a continuación se señalan: a) Si en las licitaciones públicas respectivas no se hubieren presentado interesados. En tal situación procederá primero la licitación o propuesta privada y, en caso de no encontrar nuevamente interesados, será procedente el trato o contratación directa. Las bases que se fijaron para la licitación pública deberán ser las mismas que se utilicen para contratar directamente o adjudicar en licitación privada. Si las bases son modificadas, deberá procederse nuevamente como dispone la regla general; b) Si se tratara de contratos que correspondieran a la realización o terminación de un contrato que haya debido resolverse o terminarse anticipadamente por falta de cumplimiento del contratante u otras causales y cuyo remanente no supere las 1.000 unidades tributarias mensuales; c) En casos de emergencia, urgencia o imprevisto, calificados mediante resolución fundada del jefe superior de la entidad contratante, sin perjuicio de las disposiciones especiales para casos de sismos y catástrofes contenidas en la legislación pertinente. Sin perjuicio de la validez o invalidez del contrato, el jefe superior del servicio que haya calificado indebidamente una situación como de emergencia, urgencia o imprevisto, será sancionado con una multa a beneficio fiscal de diez a cincuenta unidades tributarias mensuales, dependiendo de la cuantía de la contratación involucrada. Esta multa será compatible con las demás sanciones administrativas que, de acuerdo a la legislación vigente, pudiera corresponderle, y su cumplimiento se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 del decreto ley Nº 1.263, de 1975; d) Si sólo existe un proveedor del bien o servicio; e) Si se tratara de convenios de prestación de servicios a celebrar con personas jurídicas extranjeras que deban ejecutarse fuera del territorio nacional;

2) Cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto. Obligación de las Universidades: Establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios. Art. 29

Exclusión de la aplicación de la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, a las actividades de las Universidades. Salvo lo dispuesto en el artículo 3 ter de dicho cuerpo legal16

f) Si se trata de servicios de naturaleza confidencial o cuya difusión pudiere afectar la seguridad o el interés nacional, los que serán determinados por decreto supremo; g) Cuando, por la naturaleza de la negociación, existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato o contratación directa, según los criterios o casos que señale el reglamento de esta ley, y h) Cuando el monto de la adquisición sea inferior al límite que fije el reglamento. En todos los casos señalados anteriormente, deberá acreditarse la concurrencia de tal circunstancia, la que contará con las cotizaciones en los casos que señale el reglamento. En los casos previstos en las letras señaladas anteriormente, salvo lo dispuesto en la letra f), las resoluciones fundadas que autoricen la procedencia del trato o contratación directa, deberán publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, a más tardar dentro de las 24 horas de dictadas. En igual forma y plazo deberán publicarse las resoluciones o acuerdos emanados de los organismos públicos regidos por esta ley, que autoricen la procedencia de la licitación privada. Siempre que se contrate por trato o contratación directa se requerirá un mínimo de tres cotizaciones previas, salvo que concurran las causales de las letras c), d), f) y g) de este artículo. 16 Artículo 3 ter de la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, señala “En el caso de prestaciones de servicios educacionales de nivel superior, proporcionadas por centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades, se faculta al alumno o a quién efectúe el pago en su representación para que, dentro del plazo de diez días contados desde aquél en que se complete la primera publicación de los resultados de las postulaciones a las universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, deje sin efecto el contrato con la respectiva institución, sin pago alguno por los servicios educacionales no prestados. Para hacer efectivo el retracto a que se refiere este artículo, se requerirá ser alumno de primer año de una carrera o programa de pregrado y acreditar, ante la institución respecto de la cual se ejerce esta facultad, encontrarse matriculado en otra entidad de educación superior. En ningún caso la institución educacional podrá retener con posterioridad a este retracto los dineros pagados ni los documentos de pago o crédito otorgados en respaldo del período educacional respectivo, debiendo devolverlos todos en el plazo de 10 días desde que se ejerza el derecho a retracto. En el evento de haberse otorgado mandato general para hacer futuros cobros, éste quedará revocado por el solo ministerio de la ley desde la fecha de la renuncia efectiva del alumno al servicio educacional. El prestador del servicio se abstendrá de negociar o endosar los documentos recibidos, antes del plazo señalado en el inciso primero. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, la institución de educación superior estará facultada para retener, por concepto de costos de administración, un monto de la matrícula, que no podrá exceder al uno por ciento del arancel anual del programa o carrera.

Derechos de los estudiantes: Resguardados por normas generales aplicables a la educación superior y por los organismos competentes para fiscalizar a dichas instituciones estatales. Art. 30

Ejecución y celebración de actos y contratos por las Universidades. Éstas podrán ejecutar y celebrar todos aquellos que contribuyan al cumplimiento de su misión y funciones. Están expresamente facultadas para: a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales, extranjeras o internacionales. b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través de sus distintos organismos. c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional. d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de su trabajo de investigación, creación e innovación. e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la Universidad. f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a sus respectivos patrimonios. g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para su cobro. h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le correspondan. i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la aplicación de los contratos que suscriban. j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.

Art. 31

Exención de tributos por parte de las Universidades: Quedarán exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos.

Art. 32

Actos de las Universidades sujetos a la toma de razón. Regla general: Los actos de las Universidades no requerirán el trámite de la toma de razón de la CGR. Excepción: Salvo en los casos siguientes; 1) Adquisición y enajenación de bienes inmuebles. 2) Operaciones de endeudamiento o de crédito que comprometan el patrimonio de la institución a través de hipotecas o gravámenes. 3) Los contratos para el suministro de bienes muebles y de servicios a partir de veinte mil UTM. Lo dicho se aplicará sin perjuicio de las facultades de control a posteriori de la CGR.

Párrafo 3º De los Académicos y Funcionarios no Académicos. Art. Calidad jurídica de académicos y funcionarios no académicos de Ues. del 33 Estado: empleados públicos. Normativa aplicable: Reglamentos que dicten las Ues., y en lo no previsto, por las disposiciones del Estatuto Administrativo17. - Exclusión de ciertas normas del Estatuto Administrativo a académicos y funcionarios no académicos: (i) La restricción dispuesta en el artículo 10, inciso segundo18, (ii) Disposiciones del párrafo 3º del Título III19. En consecuencia, las destinaciones, las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios del personal académico y no académico de dichas instituciones se regirán por sus respectivos reglamentos internos. Información que deberá enviarse a la CGR para su registro: Los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades. Art. Organización de la Carrera Académica: En razón de requisitos objetivos de 34 y mérito. Sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, 35 publicidad y transparencia. Reglamento de Carrera Académica: Establecido por cada Universidad. Contenido: (i) Funciones derechos y obligaciones del cuerpo docente; (ii) normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones; (iii) procedimientos de evaluación y calificación de los académicos (de acuerdo a las exigencias y principios anteriores). Máxima jerarquía académica nacional: Sin perjuicio de los requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas, de Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u otras equivalentes; las Ues. del Estado podrán establecer, de consuno, una jerarquía máxima nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular (con requisitos comunes y que sea oponible a todas ellas). Art. 36 y 37

Reglamento de carrera funcionaria en las Ues. Estatales: Podrán dictarlo. - Contenido: (i) normas sobre el ingreso, la capacitación, la promoción; (ii) los deberes y los derechos funcionarios; (iii) la responsabilidad y la cesación de funciones, (iv) el sistema de calificación de los funcionarios no académicos (de conformidad a requisitos objetivos basados en la idoneidad y en los principios de no discriminación, publicidad y transparencia) Deber de promoción de la capacitación a funcionarios no académicos de Ues. Estatales: con el objetivo de perfeccionar, complementar o actualizar sus

17Decreto

con Fuerza de Ley N°29, 2004, Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo (link). 18El art. 10 de la referida norma legal regula los empleos a contrata. 19Dicho Título III regula las obligaciones funcionarias y su párrafo 3º las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios.

conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones.

Título III: DE LA COORDINACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO. Párrafo 1º Principio basal y objetivos. Art. Principio de coordinación de las Universidades: En su misión y funciones las 38, Universidades deberán ser cumplir dicho principio, con el propósito de fomentar 39 y una labor conjunta y articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad 40 contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar los estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo. Deber de colaboración de las Universidades: Deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones. - Con el Ministerio de Educación: Quien podrá solicitar a cada una, la elaboración de planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones (el diseño y ejecución de estos planes, deberá cautelar y preservar la calidad académica y fomentar ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones). Implementación de los planes: Mediante convenios que las Ues del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos. - Entre Universidades y con otras instituciones de educación: Con el propósito de desarrollar los siguientes objetivos (entre otros): a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación superior, para realizar actividades de posgrado, investigación, innovación, creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y equidad territorial. b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con Universidades y entidades extranjeras, en el ámbito propio de las funciones de educación superior. c) Promover la movilidad académica entre sus docentes. d) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones técnico profesionales y las Universidades del Estado. e) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica, de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional. f) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e

g) h) i) j)

k)

institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en sus procesos de acreditación. Vincular sus actividades con los Centros de Formación Técnica Estatales. Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado. Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a criterios de equidad y mérito académico. Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los contratos que celebren las Ues. del Estado para el suministro de bienes muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de conformidad a la Ley Nº 19.886. Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un mejoramiento continuo de las Ues. del Estado y que permitan elevar progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad.

Párrafo 2º Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado Art. Consejo de Coordinación de Ues. del Estado (“el Consejo”). 41 y - Creación: Por el Presidente(a) de la República, mediante decreto supremo 42 expedido a través del Ministerio de Educación, y suscrito por el Ministro(a) de Hacienda. El decreto también establecerá: (i) Las reglas sobre el número, el procedimiento de nombramiento y duración de sus integrantes, (ii) la organización, el funcionamiento y las tareas específicas del mismo. - Carácter: Consultivo. - Finalidad: Promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones universitarias estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes señalados en el párrafo 1° de este Título. - Integración: Será integrado por rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo. Podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o representantes gubernamentales sectoriales para tratar temas, iniciativas o propuestas que digan relación con materias de su competencia. - Presidencia del Consejo: El Ministro(a) de Educación (quien lo convocará). - Apoyo administrativo y material al Consejo: Será proporcionado por el Ministerio de Educación

Título IV: DEL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO. Párrafo 1º. Fuentes de Financiamiento Art. Convenio Marco Universidades Estatales: En su calidad de instituciones de 43 Educación Superior estatales, creadas para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con

el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales”. - Establecimiento de sus montos específicos: En virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. - Criterios de distribución de los recursos: Mediante un decreto anual del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro(a) de Hacienda. Deberá considerar, al menos, los recursos de la asignación “Convenio Marco Universidades Estatales” establecido en la Ley N° 20.882. Art. 44

Otras fuentes de financiamiento: El financiamiento vía “Convenio Marco” es sin perjuicio de los aportes que les correspondan de conformidad a: - El decreto con fuerza de ley N° 4, de 198120, que fija las Normas sobre Financiamiento de las Universidades, - Los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado; - Los ingresos que señalen sus respectivos estatutos por derechos de matrícula, aranceles, impuestos universitarios, prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados, entre otros.

Párrafo 2º. Plan de Fortalecimiento Art. Implementación de un Plan de fortalecimiento: 45 - Objetivo: Apoyar el desarrollo institucional de las Universidades del Estado - Vigencia del Plan (de carácter transitorio): tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas. Art. 46

Recursos del plan: Ascenderán a $150.000.000 miles (por el plazo establecido en el artículo anterior), que se dividirán en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, y considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” establecida en la Ley Nº 20.981.

Art. 47

Líneas de acción del plan: A través de este plan, las Ues. del Estado podrán financiar, entre otras, las siguientes iniciativas: a) Diseñar e implementar acciones destinadas a preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y rediseño curricular. b) Promover la incorporación de académicos e investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las actividades de docencia e investigación.

20Decreto

con Fuerza de Ley N° 4, 1981, Educación, que fija financiamiento de las Universidades. (link)

c) Crear o fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el desarrollo de conocimiento o innovación en torno a materias de relevancia estratégica para el país o sus regiones. d) Elaborar planes de acceso y apoyo académico para la admisión, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables, fomentando de manera particular el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. e) Fomentar mecanismos e instrumentos de colaboración entre estas instituciones en los ámbitos de docencia, investigación y desarrollo institucional. f) Apoyar las acciones definidas en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, destinadas a la ampliación de su oferta académica, las que deberán tener en consideración su pertinencia institucional y su consistencia académica y técnica, de conformidad a indicadores objetivos. Art. 48

Art. 50

Art. 51

Comité del Plan de fortalecimiento (“el Comité”): - Creación: Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro(a) de Hacienda. Que establecerá además: (i) Las normas sobre el funcionamiento interno, (ii) el procedimiento de nombramiento de sus integrantes y (iii) la forma en que cumplirá sus tareas el Comité y su Secretaría Técnica. - Encargado de: La aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las Ues del Estado que se financien en virtud del Plan. - Integrantes del Comité: El Ministro(a) de Educación (quien lo presidirá), y cinco rectores de Ues. del Estado. - Secretaría técnica del Comité: Deberá apoyar al Comité. Estará radicada en el Ministerio de Educación, que prestará respaldo material y técnico a la gestión administrativa vinculada a la implementación del Plan de Fortalecimiento. Será dirigida por un Secretario(a) Ejecutivo(a) designado(a) por el Comité, a partir de una terna elaborada según lo establecido en el párrafo 3° del Título VI de la Ley Nº 19.882.

Título V: DISPOSICIONES FINALES. Política de Propiedad intelectual e industrial: Establecida por las Ues, del Estado a través de reglamentos. Debe fomentar las actividades de investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos de estas instituciones. Contratación de servicios específicos: Las Ues. del Estado podrán contratar estos servicios, sobre la base de honorarios o contrato de trabajo. Las personas que presten dichos servicios no tendrán la calidad de funcionarios públicos y su vínculo jurídico con la Universidad se regirá por las cláusulas del respectivo contrato, de conformidad a la legislación civil y laboral, respectivamente.

Art. 52

Actividades de académicos extranjeros: Los académicos, investigadores, profesionales, conferencistas o expertos extranjeros, y que tengan residencia o domicilio permanente fuera del territorio nacional, estarán exentos de solicitar la autorización para desarrollar actividades remuneradas, señalada en el artículo 48, inciso primero, del Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior21, siempre que dichas labores correspondan a actividades académicas organizadas por instituciones universitarias estatales y no se extiendan más allá de treinta días o del término del respectivo permiso de turismo.

Art. 5355

Modifícase, el inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado22, de la siguiente manera: Texto legal vigente LOCBGAE Propuesta de modificación LOCBGAE

21

Artículo 21.- La organización básica de los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, será la establecida en este Título.

Artículo 21.- La organización básica de los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, será la establecida en este Título.

(inciso 2º) Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión, al Consejo para la Transparencia y a las empresas públicas creadas por ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado, según corresponda.

(inciso 2º) Las normas del presente Título no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Gobiernos Regionales, a las Municipalidades, al Consejo Nacional de Televisión, al Consejo para la Transparencia, a las empresas públicas creadas por ley y a las Universidades del Estado, órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales, de quórum calificado o especiales, según corresponda.

Decreto Ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, establece normas sobre extranjeros en Chile. con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. (link) 22Decreto

Modificase la Ley N° 18.834 Sobre Estatuto Administrativo23, de la siguiente forma: Texto legal vigente Estatuto Adm. Propuesta de modificación Estatuto Adm.

23Decreto

Artículo 7º.- Serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento:

Artículo 7º.- Serán cargos de la exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento:

a) Los cargos de la planta de la Presidencia de la República;

a) Los cargos de la planta de la Presidencia de la República;

b) En los Ministerios, los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la

b) En los Ministerios, los Secretarios Regionales Ministeriales y los Jefes de División o Jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas jefaturas, existentes en la

estructura ministerial, cualquiera sea su denominación;

estructura ministerial, cualquiera sea su denominación;

c) En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas

c) En los servicios públicos, los jefes superiores de los servicios, los subdirectores, los directores regionales o jefaturas de niveles jerárquicos equivalentes o superiores a dichas

jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.

jefaturas, existentes en la estructura del servicio, cualquiera sea su denominación.

Se exceptúan los rectores de las Instituciones de Educación Superior de carácter estatal, los que se regirán por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y los estatutos orgánicos propios de cada Institución.

Se exceptúan los rectores de las Instituciones de Educación Superior de carácter estatal, los que se regirán por la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, la Ley sobre Universidades del Estado y los estatutos orgánicos propios de cada Institución.

Artículo 162.- Los funcionarios que ejerzan las profesiones y actividades que, conforme al inciso segundo del artículo 43 de la ley Nº 18.575, se regirán por estatutos de carácter especial, serán los siguientes:

Artículo 162.- Los funcionarios que ejerzan las profesiones y actividades que, conforme al inciso segundo del artículo 43 de la ley Nº 18.575, se regirán por estatutos de carácter especial, serán los siguientes:

con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, Sobre Estatuto Administrativo. (link)

a) Académicos de las instituciones de Educación Superior; (…)

a) Académicos y funcionarios no académicos de las instituciones de Educación Superior; (…)

Reemplázase en el artículo 2 letra d) de la Ley Nº 19.49624, la frase “, técnico profesional y universitaria” por la frase “y superior no estatal”. Texto legal vigente Ley 19.496 Propuesta de modificación Ley 19.496 Artículo 2º.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley: d) Los contratos de educación de la enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria, sólo respecto del Párrafo 4º del Título II; de los Párrafos 1º y 2º del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a los procedimientos que esta ley establece, para hacer efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les confieren. No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o programa respectivo, los cuales no podrán ser alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación; Art. 56

24

Artículo 2º.- Quedan sujetos a las disposiciones de esta ley: d) Los contratos de educación de la enseñanza básica, media y superior no estatal, sólo respecto del Párrafo 4º del Título II; de los Párrafos 1º y 2º del Título III; de los artículos 18, 24, 26, 27 y 39 C, y respecto de la facultad del o de los usuarios para recurrir ante los tribunales correspondientes, conforme a los procedimientos que esta ley establece, para hacer efectivos los derechos que dichos Párrafos y artículos les confieren. No quedará sujeto a esta ley el derecho a recurrir ante los tribunales de justicia por la calidad de la educación o por las condiciones académicas fijadas en los reglamentos internos vigentes a la época del ingreso a la carrera o programa respectivo, los cuales no podrán ser alterados sustancialmente, en forma arbitraria, sin perjuicio de las obligaciones de dar fiel cumplimiento a los términos, condiciones y modalidades ofrecidas por las entidades de educación;

Mayor gasto fiscal en aplicación de la ley: El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

Ley Nº 19.496, Que Establece Normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores. (link)

Art. primero y segundo

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. Vigencia inmediata de la ley: La presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación. Adecuación de los actuales Estatutos de Ues. Estatales a las disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan: - Cada Universidad deberá proponer al Presidente(a) de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, una modificación que adecué el texto a la ley, dentro del plazo de 3 años, desde la entrada en vigencia de la ley. - Universidades cuyos estatutos hayan entrado en vigencia después del 1 de marzo de 2005: El plazo precedente será de seis años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley. - Sanción: Si una Universidad del Estado no efectúa la propuesta de modificación de sus estatutos dentro del plazo señalado, dejará de estar habilitada para recibir recursos públicos en virtud de los instrumentos contemplados en el artículo 43 (Convenio Marco) y en el Párrafo 2° del Título IV (Plan de Fortalecimiento) de esta ley. Dicha inhabilidad se mantendrá hasta que la institución envíe dicha propuesta al Ministerio de Educación25

Art. Tercero.

Sobre elección y reelección Rector (art. 17°): se considerará como primer período del cargo, aquel que haya asumido el Rector bajo la vigencia de los nuevos estatutos, según el art. primero transitorio.

Art. Cuarto.

Sobre Carrera funcionaria: Aplicación del reglamento referido en el art. 36, respecto del personal no académico que se desempeñe en las Universidades del Estado al tiempo de la publicación de la presente ley, no importará supresión de cargo, término de relación laboral ni modificación de su calidad de empleados públicos. Las Universidades del Estado podrán dictar su reglamento de carrera funcionaria a contar del segundo año de entrada en vigencia de la presente ley.

Art. Quinto.

Plazo para dictar Decreto Supremo que creará Consejo de Coordinación de Ues. del Estado: 1 año desde la entrada en vigencia. Plazo para dictar Decreto Supremo que creará el Comité del plan de fortalecimiento: 6 meses desde la entrada en vigencia. Vigencia de los actuales Estatutos: Mientras no entren en vigencia las normas estatutarias y reglamentarias que deban dictarse, las Universidades del Estado seguirán rigiéndose por las normas que actualmente les son aplicables.

Art. Sexto Art. Séptimo.

25

Dicho inciso fue incorporado en el reingreso del proyecto de Ley en la Cámara de Diputados, con fecha 13 de julio de 2017, Boletín N° 11.329-04, mediante el Mensaje N° 091.

Análisis de Modelos de Gobernanza actuales en Universidades Estatales Chilenas

Directores: Prof. Cecilia Hidalgo y Prof. Luis Valladares Coordinador: Pablo Duarte Asesora Jurídica: Paula Callejas www.uchile/ConsejoEvaluacion [email protected]

Agosto 2017 v.170804

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Modelo 1980s (13)

JUNTA DIRECTIVA (6-12)

63-67% Externos

(Presidente y Comunidad)

25-38% Académicos

R

Tarapacá Arturo Prat Antofagasta Atacama La Serena Playa Ancha Valparaíso Santiago Educación Talca Bío-Bío La Frontera Magallanes PLUE

55-70% Académicos (Autoridades)

30-45% Académicos (Representantes)

CONSEJO ACADÉMICO (10-30)

ACADÉMICOS

2

Modelo 1990s (4)

Tecnológica O’Higgins Los Lagos Aysén

R CONSEJO SUPERIOR (9)

33-44% Externos (Presidente) 33-67% Académicos (Estudiantes) (Funcionarios)

73-100% Académicos

(Autoridades/Representantes)

100% Académicos

0-13% Estudiantes 0-13% Funcionarios

CONSEJO EVALUACIÓN (N)

CONSEJO ACADÉMICO/ SENADO UNIVERSITARIO (9-15)

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS FUNCIONARIOS

3

Modelo 2000 (4)

Chile Valparaíso* Playa Ancha* Santiago*

R CONSEJO SUPERIOR/UNIVERSITARIO SENADO UNIVERSITARIO (23-45)

0-13% Externos (Presidente) 56-76% Académicos 13-29% Estudiantes 5-16% Funcionarios 0-44% Externos

(Presidente y Comunidad)

22-100% Académicos

100% Académicos CONSEJO EVALUACIÓN (6)

(Autoridades/Representantes)

0-28% Estudiantes 0-5% Funcionarios

CONSEJO ACADÉMICO/UNIVERSITARIO/ADMINISTRACIÓN COMITÉ SUPERIOR COORDINACIÓN (8-40)

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS FUNCIONARIOS

4

*No decretado

Respecto al máximo organismo

1980s (13)

1990s (4)

2000 (4)

NO

SÍ

SÍ

Representantes externos

63-67%

33-44%

0-13%

Académicos

25-38%

33-67%

56-76%

Estudiantes y Funcionarios

NO

Sin voto

22-44%

Elección participativa de representantes de estamentos

NO

SÍ

SÍ

Existe un consejo de calidad

NO

SÍ/NO

SÍ/NO

Rector preside

5

Modelo Alternativo

Ues Estatales

R CONSEJO SUPERIOR (N)

<33% Externos Académicos (Estudiantes) (Funcionarios)

Académicos

(Autoridades/Representantes)

100% Académicos

Estudiantes Funcionarios

CONSEJO CALIDAD (N)

CONSEJO UNIVERSITARIO (N)

ESTUDIANTES

ACADÉMICOS FUNCIONARIOS

6

Respecto al máximo organismo

1980s (13)

1990s (4)

2000 (4)

Propuesta

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Representantes externos

63-67%

33-44%

0-13%

<33%

Académicos

25-38%

33-67%

56-76%

SÍ

Estudiantes y Funcionarios

NO

Sin voto

22-44%

Con voto

Elección participativa de representantes de estamentos

NO

SÍ

SÍ

SÍ

Existe un consejo de calidad

NO

SÍ/NO

SÍ/NO

SÍ

Rector preside

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Documento de Trabajo N° 63– agosto – 2017 Propuesta de la Mesa del Senado Universitario – Aportes para discusión triestamental - 08 y jueves 10 agosto 17 Proyecto de Ley sobre Universidades Estatales

SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE UNIVERSIDADES ESTATALES Propuesta de la Mesa Senado Universitario para la discusión triestamental I.

Antecedentes a considerar

Uno.- En la Sesión Extraordinaria del Comité de Coordinación Institucional, de fecha 13 de julio de 2017, se expuso el documento elaborado por la Subcomisión denominado “Informe resumen de propuestas relativas al proyecto de ley sobre universidades del Estado”.

Se inhabilitará financieramente (Convenio Marco y Plan de Fortalecimiento) a aquellas universidades que, teniendo estatutos post 2005 (Universidades de Chile, O´Higgins y Aysén), no adecúen estos al “Gobierno Universitario”, “Gestión Administrativa y Financiera” y a las normas sobre “Académicos y funcionarios no académicos” propuestas en el proyecto de ley.

Dos.- En dicho documento, se abordaron los temas discutidos en las sesiones del subcomité, aportados tanto por la Dirección Jurídica, el Consejo de Evaluación, la FECh, los representantes de gremios académicos y personal de colaboración y del Senado Universitario. Además, se tuvo presente un informe presentado, con posterioridad a las sesiones presenciales, por la Facultad de Derecho.

Cinco.- Lo anterior, no solo implica volver a fojas cero sino que hace resurgir la idea originalmente planteada en junio de 2016 (Boletín N° 10.783-04) en el proyecto original sobre educación superior), de condicionar una determinada forma de gobierno (y ahora se suma un régimen jurídico al personal) para la entrega de financiamiento. Seis.- Es por ello que, tomando en consideración lo discutido y consensuado durante las últimas semanas, la Mesa del Senado propone para la discusión triestamental, los siguientes documentos:

Tres.- Sin perjuicio de lo anterior, el referido informe se basó en el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo al Senado de la República el 02 de julio (Boletín N° 11.25504), el cual fue cuestionado tanto por integrantes del CCI, así como por los Órganos Superiores, Consejos de Facultad, gremios y comunidad universitaria en general, respecto a las tres temáticas abordadas: i) Gobierno Universitario; ii) Financiamiento y iii) Régimen Jurídico del Personal Universitario.

a) Mensaje de Indicación Sustitutiva/modificativa al Proyecto de ley de Universidades Estatales. (página 2)

Cuatro.- En paralelo, el mismo día 13 de julio, el Ejecutivo retiró del Senado de la República el original proyecto de ley, reingresándolo a través de la Cámara de Diputados el día 17 de julio (Boletín N° 11.329-04), manteniendo su texto original pero innovando respecto de lo siguiente:

b) Propuesta concreta de nuevo redacción del proyecto, en aspectos como: “Rol del Estado”; “Sobre Gobierno Universitario” y “Financiamiento”. (página 4) c)

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Ver el Proyecto de ley

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II.

Mensaje de Indicación Sustitutiva/modificativa al Proyecto de ley de Universidades Estatales.

Las Universidades -como indica el mensaje presidencialson instituciones "creadas para el cumplimiento de las funciones de educación superior de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país y al progreso de la sociedad desde una visión universitaria. "Las funciones indicadas -particularmente las principales de docencia investigación, creación artística e innovaciónrequieren del pleno despliegue del saber, encarnado en individuos y grupos, y luego, por su esencia misma, presupone un ámbito de libertad y pluralismo que, en su nivel más intenso y exigente -el de la creación y la inventiva- no debe ser condicionado. La autonomía Universitaria es y ha sido consustancial a las funciones que se le han asignado a la Universidad como institución. Imponer externamente direcciones y regulaciones al gobierno interno a la docencia, la investigación, la creación artística y la innovación significa anular su esencia misma. El Estado, al crear las Universidades, delega en ellas la función de generación de conocimiento, y en ese instante le entrega la autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones respecto de los destinos de la institución. En este sentido, la Universidad es una institución especial y debe ser tratada como tal, de modo que aquello que podría ser perfectamente razonable para otras instituciones de la administración del Estado, para la Universidad carece de sentido.

condición donde además se asienta la continua reflexión de la Universidad sobre su quehacer. Como consecuencia de esto, las formas específicas de gobierno dependerán del contexto histórico y social en el cual la distintas Universidades se desenvuelven. Lo anterior no excluye que se puedan establecer lineamientos generales sobre gobierno universitario basados en los principios establecidos en los párrafos precedentes. Las Universidades deben establecer y contar con gobiernos que aseguren la reflexión sobre sus propósitos, en el contexto social e histórico en el cual se desarrollan; que formulen normas y políticas que permitan avanzar en el logro de estos propósitos y, por último, deben ser capaces de evaluar que sus tareas sean cumplidas con la pertinencia adecuada. Cada una de estas funciones deberá recaer en órganos vinculados entre sí y establecidos por la comunidad universitaria en los estatutos de cada Universidad. De lo expuesto, se deriva que la constitución de la comunidad universitaria debe reconocer las especificidades respectivas de los estamentos y asegurar el compromiso de estos con las instituciones universitarias, por cuanto es fundamental para el cumplimiento de las funciones y objetivos complejos de las Universidades. La vinculación con el país, territorios y comunidades debe darse en el marco de la colaboración amplia y estratégica, guiada por el proyecto de desarrollo del país y las necesidades de la sociedad. Esta vinculación deberá enmarcarse en principios o directrices generales a los cuales la Universidad tendrá que ajustarse en concordancia con lo que la sociedad espera de éstas, con debido resguardo de la autonomía universitaria.

En virtud de estos principios generales, es en la comunidad universitaria donde recae la facultad de decidir respecto del funcionamiento, organización, gobierno y administración de la institución, la que se ejercerá mediante los órganos y procedimientos establecidos en los estatutos correspondientes. En la comunidad universitaria están representados los diversos intereses de la sociedad, en cuanto tienen pertinencia y experiencia con las facetas de educación, creación científica y artística e innovación. Al asegurar esta diversidad es que se evita que la universidad sea cooptada por asuntos ajenos a su función y es en esta

Respecto al financiamiento, las Universidades estatales fundan su misión en aportar al desarrollo del país y bienestar de sus habitantes, desde los ámbitos de la docencia,

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la ciencia, la creación y la extensión, con absoluta prescindencia de intereses de cualquier índole. En atención a lo anterior, las Universidades estatales deben contar con un aporte financiero estatal privilegiado, que permita su labor independiente. Los recursos estatales deben, por tanto, dirigirse prioritariamente a recuperar, ampliar la matrícula y fortalecer la Educación Superior Estatal. El financiamiento de las instituciones de educación superior estatales debe ser preocupación central del Estado, asegurando su estabilidad y facilitando la cooperación entre sus instituciones. Cualquier plan de fortalecimiento de las instituciones de educación superior estatal, debe estar direccionado por el desarrollo de un modelo inclusivo, democrático, equitativo, soberano y sustentable del país y no depender de directrices externas. Concordante con esto, proponemos que en base a un minucioso diagnóstico de la situación, se elabore un proyecto que fortalezca a las instituciones universitarias estatales (debilitadas en lo institucional y financiero), emprendiendo la tarea fundamental de aumentar progresivamente su matrícula en correlación con las necesidades del país y sus regiones, y que se haga cargo de la precarización de la infraestructura estatal, la situación laboral de académicos y funcionarios, la precarización de la docencia de pregrado y posgrado, la desnaturalización de la investigación y creación artística y la privatización obligada de sus funciones. Finalmente, la certeza jurídica y estabilidad laboral de los funcionarios de las Universidades Estatales son elementos esenciales que constituyen la base de una comunidad universitaria comprometida con su institución y su quehacer. En tal sentido, lo que se propone es el reconocimiento del estatus jurídico que históricamente han tenido tanto los funcionarios académicos como no académicos de las Universidades estatales, no existiendo fundamento de facto alguno para modificar dicha situación.

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III. Propuesta concreta de nuevo redacción del proyecto, en aspectos como: “Rol del Estado”; “Sobre Gobierno Universitario” y “Financiamiento”.

Sobre Rol del Estado Eliminar el párrafo 3° del Título I, y reemplazarlo por los siguientes artículos Artículo ___. Obligación general del Estado. El Estado velará por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación superior estatal en su conjunto, fomentando la equidad territorial y la pertinencia de las actividades universitarias de acuerdo a las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional. Las instituciones de educación superior del Estado serán gratuitas en los estudios conducentes a títulos o licenciaturas, por el solo ministerio de la ley. Artículo ___. Visión sistémica del Estado. El Estado debe promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus instituciones de educación superior, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo.

Sobre Gobierno Universitario Eliminar por completo el párrafo “Del Gobierno Universitario” del Título II y las normas transitorias respectivas, y reemplazarlo por los siguientes artículos. Artículo ______.- Sobre Gobierno Universitario: Las Universidades definirán en sus estatutos sus estructuras de gobierno interno, así como también la existencia de organismos consultivos que permitan la inserción de la Universidad con el contexto nacional y/o regional, en virtud de su autonomía. En todo caso, los estatutos siempre deberán considerar los órganos, autoridades, sus atribuciones y funciones, estableciéndose una clara separación de poderes y funciones entre órganos colegiados, salvaguardando la participación vinculante de la comunidad universitaria en al menos uno de sus órganos superiores. Residirá en la comunidad universitaria la facultad de decidir respecto del funcionamiento, organización, gobierno y administración de la institución, la que ejercerá mediante los órganos y procedimientos establecidos en los respectivos estatutos. Artículo ______.- Sobre el Rector/a: Es la máxima autoridad unipersonal de la universidad y su representante legal. Le corresponde adoptar todas las medidas conducentes a dirigir, supervisar y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras al más alto nivel. Será elegido/a de acuerdo a la forma establecida por sus propios estatutos y será nombrado por el Presidente/a de la República mediante decreto supremo. Durará cuatro años en su cargo, pudiéndose ser reelegido/a, por una sola vez, para el periodo siguiente.

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  Artículos transitorios Artículo transitorio ______.- Modificaciones a los Estatutos: Aquellas Universidades que decidan modificar sus estatutos, deberán proponer al Presidente/a de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, la modificación dentro del plazo de dos años, desde la entrada en vigencia de la ley. Lo anterior podrá incluir, igualmente, aquellas modificaciones aprobadas por las universidades con anterioridad a la presente ley. Todo lo anterior, sin perjuicio de lo que dispongan cada uno de los estatutos de las universidades respecto a la forma de modificarlos. Artículo transitorio ______.- Ley Delegatoria: Facúltese al Presidente de la República para que dentro del plazo de un año, desde la expiración del plazo señalado en el artículo transitorio anterior, proceda mediante la dictación de uno o más decretos con fuerza de ley, a modificar los estatutos de las universidades estatales, sobre la base de las propuestas presentadas por éstas. Artículo transitorio ______.- Sobre reelección Rector: Respecto de la elección del Rector/a y al plazo señalado en esta ley, mientras no se modifiquen los estatutos de las universidades estatales, regirán las reglas contempladas en ellos y en la ley N° 19.305, salvo en lo que respecta a la reelección indefinida. Con todo, se considerará como primer periodo del cargo, aquel que haya asumido el Rector/a bajo la vigencia de la presente ley.

Sobre Financiamiento Eliminar por completo el Título 4° “Del Gobierno Universitario” y las normas transitorias respectivas, y reemplazarlo por los siguientes artículos. Artículo _____.- Sobre la gratuidad. Las instituciones de educación superior del Estado serán gratuitas en los estudios conducentes a títulos o licenciaturas, por el solo ministerio de la ley. Artículo ______.- Del financiamiento de las Universidades del Estado. Se reconocerá el aporte de las Universidades del Estado al desarrollo cultural, científico, económico y social del país y al bienestar de sus habitantes, con un aporte financiero estatal privilegiado, cuyo objetivo será fortalecer dichas instituciones y a través de ello, la Educación Superior Estatal. Artículo ________.- Principal fuente de financiamiento de las Universidades del Estado. El Aporte Fiscal Directo (AFD) será el principal instrumento de financiamiento basal que el Estado otorgará a sus Universidades para su funcionamiento básico de sus tareas permanentes. Dicho financiamiento, será permanente, y consistirá en un aporte de libre disposición para cada Universidad. El monto de este aporte deberá ser equivalente al menos al 50% (cincuenta por ciento) del presupuesto de cada universidad, reajustado como porcentaje del PIB. Con todo, el AFD deberá incorporar el reajuste anual de las remuneraciones de los funcionarios públicos de las universidades estatales. Artículo _______.- Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

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Artículo ____________.- Convenio Marco Universidades Estatales. En su calidad de instituciones de Educación Superior estatales, creadas para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales. Los montos específicos de este instrumento de financiamiento y los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará quinquenalmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación “Convenio Marco Universidades Estatales” establecido en la ley N° 20.882. Para todos los efectos legales, el o los Convenios Marcos siempre serán un complemento a las fuentes de financiamiento directas y en caso alguno las reemplazarán. Artículo ________.- Otras fuentes de financiamiento de las Universidades del Estado. Sin perjuicio del Aporte Fiscal Directo, las Universidades del Estado recibirán los aportes que les correspondan de conformidad a: a) El decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, que fija las Normas sobre Financiamiento de las Universidades, b) Los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado; c) Los ingresos que señalen sus respectivos estatutos por derechos de matrícula, aranceles, impuestos universitarios, prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados, entre otros. d) Cualquier otro ingreso, no comprendido anteriormente, y que le corresponda recibir en atención a la misión y funciones de la institución. Artículos Transitorios Artículo Transitorio ______.- Sobre gratuidad. Traspasar hacia la gratuidad una parte preferencial de los recursos fiscales destinados al Crédito con Aval del Estado contempladas en la Ley N° 20.027 que establece normas para el financiamiento de Estudios en Educación Superior, a partir del año siguiente de la entregada en vigencia de esta ley. Artículo Transitorio _________.- Colaboración con los órganos del Estado. Respecto a lo señalado en el artículo “XX” sobre “Colaboración con los órganos del Estado”, el Ministerio de Educación solicitará a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su matrícula con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones, en el plazo de un año, entrado en vigencia esta ley. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. La implementación de estos planes se establecerá mediante el Convenio Marco Universidades Estatales y el Plan de Fortalecimiento que las Universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos. Artículo Transitorio _________.- Plan de fortalecimiento de las Universidades del Estado. Con el propósito de restituir el carácter estratégico, apoyar el cumplimiento de su misión y desarrollar una efectiva coordinación de las Universidades del Estado, se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes principales que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas. Este plan estratégico será elaborado por una Comisión ad hoc y deberá tomar en cuenta en su distribución la situación económica,

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administrativa y académica de las instituciones estatales. Existirá un Programa Específico de Revitalización para fortalecer las universidades con mayores problemas académicos, financieros y de gestión, que incluirá, entre otros, capacitación, infraestructura, acompañamiento y presupuesto. Artículo Transitorio ________.- Recursos de Plan de fortalecimiento: ascenderán a $______________, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación "Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales" establecida en la ley N° 20.981. Artículo Transitorio _____.- Líneas de acción del Plan de Fortalecimiento: A través de este plan, las universidades del Estado podrán financiar, entre otras, las siguientes iniciativas: a) Diseñar e implementar acciones destinadas al aumento de la matrícula estatal. b) Mejorar la infraestructura de las universidades para el desarrollo de sus funciones esenciales de docencia, investigación, creación y extensión. c) Promover la incorporación de académicos e investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las actividades de docencia e investigación. d) Crear o fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el desarrollo de conocimiento o innovación en torno a materias de relevancia estratégica para el país o sus regiones. e) Elaborar planes de acceso y apoyo académico para la admisión, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables, fomentando de manera particular el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. f) Fomentar mecanismos e instrumentos de colaboración entre estas instituciones en los ámbitos de docencia, investigación y desarrollo institucional. g) Apoyar las acciones definidas en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, destinadas a la ampliación de su oferta académica, las que deberán tener en consideración su pertinencia institucional y su consistencia académica y técnica, de conformidad a indicadores objetivos. h) Diseñar e implementar acciones destinadas a preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y rediseño curricular. Artículo Transitorio _______.- Comité del Plan de Fortalecimiento. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda, se creará el Comité del Plan de Fortalecimiento (en adelante indistintamente, "el Comité"), el que tendrá a su cargo la aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las Universidades del Estado que se financien en virtud del Plan. Artículo Transitorio ______.- Integrantes del Comité y Secretaría Técnica. El Comité estará integrado por el Ministro o Ministra de Educación, quien lo presidirá, y cinco rectores de Universidades del Estado. El Comité contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, radicada en el Ministerio de Educación, que prestará respaldo material y técnico a la gestión administrativa vinculada a la implementación del Plan de Fortalecimiento. Esta Secretaría será dirigida por un Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva designado o designada por el Comité, a partir de una terna elaborada según lo establecido en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882.

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Régimen Jurídico del Personal de la Universidad a) Exclusión Título II de la LOCBGAE: Eliminar arts. 3, 36 y 53 del proyecto, a efectos de conservar la plena aplicación del Título II de la LOCBGAE. b) Regulación especial personal universitario: Reemplazar el inciso primero del art. 33 del proyecto, a efectos de conservar la plena aplicación del EA a los funcionarios no académicos, pero continuar con la autorización que poseen las universidades estatales para dictar reglamentos especiales para académicos, rigiéndoles supletoriamente el EA. c) Exclusión regla del 20%: Reemplazar el inciso segundo -o tercero- del art. 33 del proyecto, a efectos de excluir la aplicación de esta regla, contenida en el inciso segundo del art. 10 del EA, pero sólo respecto al personal académico. d) Exclusión normas sobre destinaciones, comisiones y cometidos: Reemplazar el inciso segundo -o tercero- del art. 33 del proyecto, en los términos señalados en el apartado anterior, a efectos de eliminar esta disposición. e) Excepción en Toma de Razón: Eliminar art. 33, inciso tercero -o cuarto-, del proyecto, a efectos de mantener la sujeción al trámite de Toma de Razón -en materia funcionaria- bajo los mismos términos que existen actualmente. Adicionalmente, para hacer efectiva esta propuesta, correspondería añadir un nuevo literal al art. 32, para sujetar a la Toma de Razón los actos en materia funcionaria, especialmente las desvinculaciones que provengan de una destitución o la declaración de vacancia del cargo. f) Contratación de servicios específicos mediante honorarios o contratos de trabajo Eliminar art. 51 del proyecto, con objeto mantener esta materia sujeta al EA, es decir, que se puedan contratar labores accidentales no habituales de la institución y cometidos específicos mediante honorarios. Con todo, se puede establecer otra regulación sobre esta materia en un eventual Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado.

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PROYECTO DE LEY DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO

Fundamentación

ALTERNATIVA (en rojo lo que se modifica o incorpora)

Boletín N°11.255-04

(en rojo lo que se modifica o elimina) TÍTULO I

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Párrafo 1°

Párrafo 1°

Definición, Autonomía y Régimen Jurídico de las Universidades del Estado

Definición, Autonomía y Régimen Jurídico de las Universidades del Estado

Artículo 1.- Definición y naturaleza jurídica. Las Universidades del Estado son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.

Artículo 1.- Definición y naturaleza jurídica. Las Universidades del Estado son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Las

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Universidad del

Estado serán

gratuitas en los estudios conducentes a título o licenciatura. Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo su domicilio en la región que señalen sus estatutos.

Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo su domicilio en la región que señalen sus estatutos.

Para el cumplimiento de sus funciones, las Universidades del Estado deben orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.

Para el cumplimiento de sus funciones, las Universidades del Estado deben orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.

Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica.

Artículo 2.- Autonomía universitaria. Las Universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica.

La autonomía académica confiere a las Universidades del Estado la potestad para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de

La autonomía académica confiere a las Universidades del Estado la potestad para organizar y desarrollar por sí mismas sus planes y programas de

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estudio y sus líneas de investigación. En las instituciones universitarias estatales dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

estudio y sus líneas de investigación. Dicha autonomía se funda en el principio de libertad académica, el cual comprende las libertades de cátedra, de investigación y de estudio.

La autonomía administrativa faculta a las Universidades del Estado para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de la presente ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, las Universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación.

La autonomía administrativa faculta a las Universidades del Estado para estructurar su régimen de gobierno y de funcionamiento interno de conformidad a sus estatutos y reglamentos universitarios, teniendo como única limitación las disposiciones de la presente ley y las demás normas legales que les resulten aplicables. En el marco de esta autonomía, las Universidades del Estado pueden, especialmente, elegir a su máxima autoridad unipersonal y conformar sus órganos colegiados de representación.

La autonomía económica autoriza a las Universidades del Estado a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad. Con todo, el ejercicio de

La autonomía económica autoriza a las Universidades del Estado a disponer y administrar sus recursos y bienes para el cumplimiento de su misión y de sus funciones, sin la intervención de autoridades u órganos públicos ajenos a la Universidad. Con todo, el ejercicio de

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esta autonomía no exime a las Universidades del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia. Artículo 3.- Régimen jurídico especial. En virtud de la naturaleza de sus funciones y de su autonomía académica, administrativa y económica, las Universidades del Estado no estarán regidas por las normas del Título II del decreto con fuerza do ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

esta autonomía no exime a las Universidades del Estado de la aplicación de las normas legales que las rijan en la materia. Se propone eliminar este art. ya que de lo contrario quedarían excluidas reglas básicas y comunes para la carrera funcionaria. Asimismo, se excluiría el art. 40 que establece que los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, no son cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República, lo que atenta contra la autonomía propia que deben tener estas instituciones respecto del Gobierno de turno; sin perjuicio que esta ley proponga que el Presidente no puede elegirlo o removerlo, es preferible mantenerlo por Ley Orgánica Constitucional. Además, contraviene lo establecido en el art.38 inc. 1° de la Constitución, que indica que una ley orgánica constitucional será la que garantice la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, por lo que no corresponde, en ningún caso, sustituir tal normativa por reglamentos o leyes comunes, como pretende el presente proyecto a través de este artículo y los siguientes 36 y 53 N°3.

Párrafo 2° Misión y Principios Universidades del Estado

Párrafo 2° de

las

Misión y Principios Universidades del Estado

Artículo 4.- Misión. Las Universidades del Estado tienen como misión cultivar,

de

las

Artículo 3.- Misión. Las Universidades del Estado tienen como misión cultivar,

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generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.

generar, desarrollar y transmitir el saber superior en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura.

Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional.

Como rasgo propio y distintivo de su misión, dichas instituciones deben contribuir a satisfacer las necesidades e intereses generales de la sociedad, colaborando desde su autonomía, como parte integrante del Estado, en todas aquellas políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional.

Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, las Universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social.

Asimismo, como elemento constitutivo e ineludible de su misión, las Universidades del Estado deben asumir con vocación de excelencia la formación de personas con espíritu crítico y reflexivo, que promuevan el diálogo racional y la tolerancia, y que contribuyan a forjar una ciudadanía inspirada en valores éticos, democráticos, cívicos y de solidaridad social.

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Artículo 5.- Principios. Los principios que guían el quehacer de las Universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de cátedra, de investigación y de estudio, la participación, la no discriminación, la igualdad de género, la valoración del mérito, la inclusión y la equidad.

Artículo 4.- Principios. Los principios que guían el quehacer de las Universidades del Estado y que fundamentan el cumplimiento de su misión y de sus funciones son el pluralismo, la laicidad, la libertad de pensamiento y de expresión, la libertad de cátedra, de investigación y de estudio, la participación, la no discriminación, la igualdad de género, la valoración del mérito, la inclusión y la equidad.

Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por las Universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, siendo vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción.

Los principios antes señalados deben ser respetados, fomentados y garantizados por las Universidades del Estado en el ejercicio de sus funciones, siendo vinculantes para todos los integrantes y órganos de sus comunidades, sin excepción.

Párrafo 3°

Párrafo 3°

Rol del Estado

Rol del Estado

Artículo 6.- Fomento de la excelencia. El Estado debe fomentar la excelencia de todas sus Universidades,

Artículo 5.- Fomento de la excelencia. El Estado debe fomentar la excelencia de todas sus Universidades,

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promoviendo la calidad, la equidad territorial y la pertinencia de las actividades docentes y de investigación, de acuerdo a las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional.

promoviendo la calidad, la equidad territorial y la pertinencia de las actividades docentes y de investigación, de acuerdo a las necesidades e intereses del país, a nivel nacional y regional.

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de la obligación del Estado de velar por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en su conjunto.

Lo establecido en el inciso anterior es sin perjuicio de la obligación del Estado de velar por la calidad y el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en su conjunto.

Artículo 7.- Visión sistémica. El Estado debe promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus Universidades, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones de educación superior en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo.

Artículo 6.- Visión sistémica. El Estado debe promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus Universidades, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones de educación superior en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés general, de acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo.

TÍTULO II

TÍTULO II

NORMAS COMUNES A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

NORMAS COMUNES A LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

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PÁRRAFO 1°

PÁRRAFO 1°

Del Gobierno Universitario

Del Gobierno Universitario

Artículo 8.- Órganos superiores. El gobierno de las Universidades del Estado será ejercido a través de los siguientes órganos superiores: Consejo Superior, Rector o Rectora y Consejo Universitario. A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.

Se propone hacer uso de un concepto técnico neutro (Máximo Organismo Colegiado), habitual en la literatura de gobernanza universitaria, y considerado como parte de la definición del Consejo Superior en el artículo 9° del proyecto inicial. De esta manera, se evitan rechazos por el nombre del organismo, que ya han sido manifestados por diversos actores.

Artículo 7.- Órganos superiores. El gobierno de las Universidades del Estado será ejercido a través de los siguientes órganos superiores: Máximo Órgano Colegiado, Rector o Rectora, Consejo Universitario y Consejo de Evaluación de la Calidad. A su vez, la responsabilidad del control y de la fiscalización interna estará a cargo de la Contraloría Universitaria.

Las Universidades del Estado deberán constituir los referidos órganos superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás autoridades unipersonales y colegiadas de la Universidad, y de las respectivas unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos.

Las Universidades del Estado deberán constituir los referidos órganos superiores y de control en sus estructuras de gobierno; sin perjuicio de las demás autoridades unipersonales y colegiadas de la Universidad, y de las respectivas unidades académicas, que puedan establecer en sus estatutos.

Asimismo, en virtud de su autonomía administrativa, las Universidades del Estado podrán establecer en su organización interna Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de

Asimismo, en virtud de su autonomía administrativa, las Universidades del Estado podrán establecer en su organización interna Facultades, Escuelas, Institutos, Centros de

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Estudios, Departamentos y otras unidades académicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de cada Universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha potestad organizatoria en los niveles correspondientes.

Estudios, Departamentos y otras unidades académicas necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Los estatutos de cada Universidad deberán señalar las autoridades facultadas para ejercer dicha potestad organizatoria en los niveles correspondientes. Dada la disparidad en la composición de los órganos directivos en cuanto a género, resulta impostergable la posibilidad de establecer un cambio normativo común para todas estas instituciones, de modo que efectivamente comulguen con el espíritu de los tiempos.

En cada órgano superior colegiado se deberá asegurar una cuota mínima de género que no podrá ser inferior a un 33% del total de los miembros. Teniendo presente la preocupación de un uso del leguaje que no discrimine ni genere diferencia de género, se entenderá al emplear el genérico masculino plural que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres, para efecto de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar marcas para la existencia de ambos sexos.

Artículo 9.- Consejo Superior. El Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) Consejo Superior es el máximo órgano y 7 (según propuesta). colegiado de la Universidad. Le corresponde definir la política general de desarrollo y las decisiones

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Artículo 8.Máximo Órgano Colegiado. El Máximo Órgano Colegiado es el órgano superior de la Universidad, representativo de la comunidad universitaria. Le corresponde

estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad.

definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad Se establece flexibilidad para la denominación del Máximo Órgano Colegiado.

Artículo 10.- Integrantes del Consejo Superior. El Consejo Superior estará integrado por los siguientes miembros: a) Tres representantes nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, quienes serán profesionales de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas.

Cada Universidad podrá darle el nombre que considere apropiado al Máximo Órgano Colegiado. Artículo 9.- Integrantes del Máximo Órgano Colegiado. El Máximo Órgano Colegiado estará integrado por los siguientes miembros:

Se propone limitar los representantes de Presidencia hasta la proporción considerada en el proyecto actual y vigente en las Juntas Directivas de 13 de las 18 instituciones, permitiendo opciones vigentes en las universidades con estatutos posteriores a 1990.

a) Hasta un 33% de representantes nombrados por el Presidente o la Presidenta de la República, quienes serán profesionales de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas.

b) Tres miembros de la Universidad Se abre la posibilidad de aumentar el número de b) Representantes de los académicos de nombrados por el Consejo Universitario. representantes académicos. la Universidad nombrados de De ellos, al menos dos deben estar conformidad a los estatutos de la investidos con las dos más altas institución. De ellos, al menos dos deben jerarquías académicas. estar investidos con las dos más altas jerarquías académicas.

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c) Dos profesionales de destacada trayectoria y de un reconocido vínculo profesional con la región en que la Universidad tiene su domicilio, nombrados de conformidad a los estatutos de la institución.

Se modifica la presencia de externos por integrantes de los otros estamentos de la comunidad, haciéndose eco de las demandas internas, y reforzando la autonomía, al preponderar la presencia de integrantes internos, y la participación, al considerarse otros estamentos. Esta propuesta es coherente con los cambios reflejados en mayor o menor medida en los 5 estatutos posteriores a 1990.

c) Representantes de los estudiantes y funcionarios, así como egresados de destacada trayectoria, nombrados de conformidad a los estatutos de la institución.

d) El Rector o Rectora.

Se recuperan atribuciones consideradas en todos los Estatutos posteriores a 1990.

d) El Rector o Rectora, quien lo presidirá.

Los consejeros o consejeras señalados en los literales a) y c) durarán cuatro años en sus cargos. Por su parte, los consejeros individualizados en la letra b) durarán dos años en sus funciones. En ambos casos, los citados consejeros o consejeras podrán ser designados por un período consecutivo por una sola vez.

Los consejeros señalados en los literales a), b) y c) durarán cuatro años en sus cargos. Dichos consejeros podrán ser designados por un período consecutivo por una sola vez.

Cada Universidad establecerá la cantidad de consejeros señalados en los literales b) y c), y el procedimiento de elección, que deberá considerar la participación de los pares correspondientes, de acuerdo con sus propios estatutos.

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Asimismo, dichos estatutos determinarán en el caso de los consejeros señalados en el literal c), su derecho a voto. Los consejeros o consejeras precisados Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) en los literales a) y c) no deberán y 7 (según propuesta). desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación en el Consejo Superior. Los o las representantes indicados en la letra b) no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que asuman sus funciones en el Consejo Superior, siendo incompatibles ambos cargos.

Los consejeros precisados en el literal a) no deberán desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación en el Máximo Órgano Colegiado. Los o las representantes indicados en las letras b) y c) no podrán ser miembros del Consejo Universitario una vez que asuman sus funciones en el Máximo Órgano Colegiado, siendo incompatibles ambos cargos.

La coordinación de la oportuna designación y renovación de las vacantes, y la supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del Presidente o de la Presidenta de la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de Educación.

La coordinación de la oportuna designación y renovación de las vacantes, y la supervisión del ejercicio de las funciones de los representantes del Presidente o de la Presidenta de la República señalados en la letra a), estarán a cargo del Ministerio de Educación.

El Consejo Superior se renovará por Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) parcialidades, de acuerdo a las normas y 7 (según propuesta). internas que establezcan las respectivas Universidades. En ningún caso los

El Máximo Órgano Colegiado se renovará por parcialidades, de acuerdo a las normas internas que establezcan las respectivas Universidades. En ningún

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consejeros o consejeras podrán ser reemplazados en su totalidad.

caso los consejeros podrán reemplazados en su totalidad.

ser

La inasistencia injustificada de los Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) consejeros o consejeras señalados en los y 7 (según propuesta). literales a), b) y c), a tres o más sesiones del Consejo Superior, durante el año académico, será causal de cesación de sus cargos de consejeros. Las demás causales, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de estos consejeros, serán reguladas por los estatutos de cada Universidad.

La inasistencia injustificada de los consejeros señalados en los literales a), b) y c), a tres o más sesiones del Máximo Órgano Colegiado, durante el año académico, será causal de cesación de sus cargos de consejeros. Las demás causales, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de estos consejeros, serán reguladas por los estatutos de cada Universidad.

El Consejo Superior será presidido por Se elimina, en coherencia con atribución conferida a uno o una de los consejeros o consejeras Rector. indicados en los literales a) o c), debiendo ser elegido o elegida por los miembros del Consejo. Su mandato durará dos años sin posibilidad de reelección para un nuevo período consecutivo. Artículo 11.- Dieta de consejeros o Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) consejeras que no pertenezcan a la y 7 (según propuesta). Universidad. Los integrantes señalados en los literales a) y c) del artículo 10 percibirán como única retribución la suma de cuatro unidades tributarias

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Artículo 10.- Dieta de consejeros que no pertenezcan a la Universidad. Los integrantes señalados en el literal a) del artículo 10 percibirán como única retribución la suma de cuatro unidades tributarias mensuales por su asistencia a

mensuales por su asistencia a cada sesión del Consejo Superior, con un tope mensual máximo de doce unidades tributarias mensuales, independientemente del número de sesiones a las que asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios para todos los efectos legales.

cada sesión del Máximo Órgano Colegiado, con un tope mensual máximo de doce unidades tributarias mensuales, independientemente del número de sesiones a las que asistan en el mes respectivo. Esta retribución tendrá el carácter de honorarios para todos los efectos legales.

La citada retribución será incompatible con la remuneración de cualquier otro cargo en un servicio u órgano de la Administración del Estado, o en directorios de empresas públicas creadas por ley.

La citada retribución será incompatible con la remuneración de cualquier otro cargo en un servicio u órgano de la Administración del Estado, o en directorios de empresas públicas creadas por ley.

Artículo 12.- Calidad jurídica de Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) consejeros o consejeras que no y 7 (según propuesta). pertenezcan a la Universidad. Los miembros del Consejo Superior que no detenten la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público.

Artículo 11.- Calidad jurídica de consejeros que no pertenezcan a la Universidad. Los miembros del Máximo Órgano Colegiado que no detenten la calidad de funcionario público tendrán el carácter de agente público.

En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría

En virtud de lo anterior, les serán aplicables las normas establecidas en el Título III del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría

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General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los párrafos 1° y 5° del Título III y el Título V del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que correspondan.

Artículo 13.- Funciones dei. Consejo Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) Superior. El Consejo Superior tendrá, a y 7 (según propuesta). lo menos, las siguientes funciones y atribuciones:

Artículo 12.- Funciones del Máximo Órgano Colegiado. El Máximo Órgano Colegiado tendrá, a lo menos, las siguientes funciones y atribuciones:

a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la Universidad que deban ser presentadas al Presidente o Presidenta de la República para su respectiva aprobación y sanción legal.

a) Aprobar las propuestas de modificación de los estatutos de la Universidad que deban ser presentadas al Presidente o Presidenta de la República para su respectiva aprobación y sanción legal.

b) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como

b) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como

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sus modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento.

sus modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento.

c) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento.

c) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento.

d) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución.

d) Aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución.

e) Conocer las cuentas periódicas del Rector o Rectora y pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral.

e) Conocer las cuentas periódicas del Rector o Rectora y pronunciarse respecto de ellas de forma trimestral.

f) Autorizar, a proposición del Rector o Rectora, la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos.

f) Autorizar, a proposición del Rector o Rectora, la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos.

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g) Ordenar la ejecución de auditorías internas.

g) Ordenar la ejecución de auditorías internas.

h) Nombrar al Contralor Universitario o Se elimina atribución que se traspasa a CGR (artículo 23° Contralora Universitaria y aprobar su de propuesta), que se substituye por nueva atribución coherente con nuevo artículo 20°. remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad.

h) Aprobar, a propuesta del Rector o Rectora, la nominación de los académicos integrantes del Consejo de Evaluación de la Calidad.

i) Proponer al Presidente o Presidenta de la República la remoción del Rector o Rectora, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad.

i) Proponer al Presidente o Presidenta de la República la remoción del Rector o Rectora, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad.

j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que digan relación con las políticas generales de desarrollo de la Universidad.

j) Ejercer las demás funciones y atribuciones que señalen los estatutos y que digan relación con las políticas generales de desarrollo de la Universidad.

Artículo 14.- Normas sobre quórum Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) de sesiones y de aprobación de y 7 (según propuesta). materias del Consejo Superior. El Consejo Superior deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, seis de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, decidirá

Artículo 13.- Normas sobre quórum de sesiones y de aprobación de materias del Máximo Órgano Colegiado. El Máximo Órgano Colegiado deberá sesionar con la asistencia de, a lo menos, 2/3 de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por la mayoría de los miembros

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el voto del Presidente o Presidenta del Consejo.

presentes y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente o Presidenta del Consejo.

Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a), b), c), f), h) e i) del artículo 13, se requerirá el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal i), dicho acuerdo se adoptará excluyendo de la votación al afectado. A su vez, el Rector o la Rectora no tendrá derecho a voto respecto de las propuestas que deban ser presentadas por él o ella para la aprobación del Consejo Superior.

Sin embargo, para la aprobación de las materias señaladas en los literales a), b), c), f), h) e i) del artículo 13, se requerirá el voto conforme de dos tercios de sus miembros en ejercicio. En el caso del literal i), dicho acuerdo se adoptará excluyendo de la votación al afectado.

Artículo 15.- Funcionamiento interno Ver fundamentación en artículo 8 (según proyecto actual) del Consejo Superior. Las y 7 (según propuesta). Universidades del Estado definirán a través de reglamentos, y previo acuerdo del Consejo Superior, las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo, en todo aquello que no esté previsto en la presente ley.

Artículo 14.- Funcionamiento interno del Máximo Órgano Colegiado. Las Universidades del Estado definirán a través de reglamentos, y previo acuerdo del Máximo Órgano Colegiado, las normas sobre el funcionamiento interno de este Organismo, en todo aquello que no esté previsto en la presente ley.

Artículo 16.- Rector o Rectora. El Rector o Rectora es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su

Artículo 15.- Rector o Rectora. El Rector o Rectora es la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su

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representante legal, estando a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la institución.

representante legal, estando a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la institución.

Tiene la calidad de jefe o jefa superior del servicio, pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente o la Presidenta de la República. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen.

Tiene la calidad de jefe o jefa superior del servicio, pero no estará sujeto a la libre designación y remoción del Presidente o la Presidenta de la República. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen.

Los estatutos de cada Universidad definirán las atribuciones específicas del Rector o Rectora en el marco de las responsabilidades y funciones señaladas en los incisos precedentes. De la misma forma, los estatutos deberán establecer las causales de remoción que le sean aplicables e indicarán las normas para su

Los estatutos de cada Universidad definirán las atribuciones específicas del Rector o Rectora en el marco de las responsabilidades y funciones señaladas en los incisos precedentes. De la misma forma, los estatutos deberán establecer las causales de remoción que le sean aplicables e indicarán las normas para su

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subrogación.

subrogación.

Artículo 17.- Elección del Rector o Rectora. El Rector o Rectora se elegirá de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.305. Durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido o reelegida, por una sola vez, para el período inmediatamente siguiente.

Artículo 16.- Elección del Rector o Rectora. El Rector o Rectora se elegirá de conformidad a lo establecido en la ley N° 19.305. Durará cuatro años en su cargo, pudiendo ser reelegido o reelegida, por una sola vez, para el período inmediatamente siguiente. Sin embargo, en virtud de su autonomía, las Universidades que lo deseen podrán regular dicha elección a través de sus respectivos estatutos.

Una vez electo o electa, será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

Una vez electo o electa, será nombrado o nombrada por el Presidente o Presidenta de la República mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación.

Artículo 18.- Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer funciones consultivas y de proponer iniciativas al Rector o Rectora, en las materias relativas al quehacer institucional, de la Universidad.

Artículo 17.- Consejo Universitario. El Consejo Universitario es el órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, encargado de ejercer funciones consultivas y de proponer iniciativas al Rector o Rectora, en las materias relativas al quehacer institucional, de la Universidad.

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Los estatutos de cada Universidad podrán establecer una denominación distinta para este órgano.

Los estatutos de cada Universidad podrán establecer una denominación distinta para este órgano.

Artículo 19.- Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estará integrado por representantes de los distintos estamentos de la institución, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus estatutos. Con todo, la participación de los académicos en este Consejo no podrá ser inferior a dos tercios del total de sus integrantes.

Artículo 18.- Integrantes del Consejo Universitario. El Consejo Universitario estará integrado por representantes de los distintos estamentos de la institución, de acuerdo al número y a la proporción que definan sus estatutos.

El Consejo Universitario será presidido por el Rector o Rectora.

El Consejo Universitario será presidido por el Rector o Rectora.

Artículo 20.Atribuciones, organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. Los estatutos de cada institución determinarán las atribuciones específicas del Consejo Universitario, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 18, debiendo cautelar que dichas atribuciones no contravengan las funciones de dirección y administración del Rector o Rectora, ni las funciones

Artículo 19.Atribuciones, organización y funcionamiento interno del Consejo Universitario. Los estatutos de cada institución determinarán las atribuciones específicas del Consejo Universitario, en el marco de las funciones señaladas en el artículo 17, debiendo cautelar que dichas atribuciones no contravengan las funciones de dirección y administración del Rector o Rectora, ni las funciones

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propias de la definición de la política general de desarrollo del Consejo Superior.

propias de la definición de la política general de desarrollo del Máximo Órgano Colegiado.

Asimismo, las Universidades del Estado definirán a través de sus estatutos las reglas sobre el procedimiento de elección y designación de los integrantes del Consejo Universitario, la duración de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia. Las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo serán establecidas en reglamentos dictados por cada institución.

Asimismo, las Universidades del Estado definirán a través de sus estatutos las reglas sobre el procedimiento de elección y designación de los integrantes del Consejo Universitario, la duración de sus funciones y el quórum para sesionar y aprobar las materias de su competencia. Las normas sobre el funcionamiento interno de este Consejo serán establecidas en reglamentos dictados por cada institución. Se refuerza el rol del Consejo de Evaluación de la Calidad, a fin de contribuir a garantizar la calidad (ver todo el artículo).

Artículo 20.- Consejo de Evaluación de la Calidad. El Consejo de Evaluación de la Calidad es el organismo colegiado que deberá promover en la Universidad, el mejoramiento de la calidad y la pertinencia, tanto en sus procesos como en sus resultados, en el desarrollo de sus funciones con la finalidad de constituirse en un referente de calidad. Para lo anterior, superintendencia de

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ejercerá la la función

evaluadora, de manera transversal e integral, que consiste en examinar, ponderar e informar sobre la calidad y cumplimiento de las tareas universitarias. La función evaluadora se aplica tanto a las estructuras como a los académicos y gestores que las integran, mediante normas, procesos y criterios debidamente reglamentados, y resguardando la especificidad, características y diversidad de las actividades. De esta forma, al Consejo de Evaluación de la Calidad le competerá: a) Supervisar y coordinar, en forma rigurosa y permanente, los procesos de incorporación, permanencia, promoción y desvinculación de los académicos y gestores; así como los procesos de autoevaluación y acreditación institucional, y de carreras y programas; b) Supervisar y coordinar la constitución de comisiones generales y locales, que deberán ejecutar los procesos que

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supervisa de acuerdo a las indicaciones y exigencias establecidas. Se define capacidad sancionadora a fin de asegurarse de la efectividad de las propuestas de estos Consejos.

El Consejo de Evaluación de la Calidad tendrá la facultad sancionadora respecto de las comisiones que no cumplan con lo establecido en el reglamento que instale a este organismo. El Consejo de Evaluación de la Calidad estará integrado por académicos de la más alta jerarquía de la Universidad. El reglamento del Consejo de Evaluación de la Calidad establecerá el número, la forma de designación, duración y requisitos que deberán cumplir sus integrantes, sus atribuciones y las normas de funcionamiento, así como su unidad ejecutiva. Artículo 21.- En cada órgano superior colegiado se deberá asegurar una cuota mínima de género que no podrá ser inferior a un 33% del total de los miembros.

Artículo 21.Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria es el órgano responsable

Artículo 22.Contraloría Universitaria. La Contraloría Universitaria es el órgano responsable

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de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la Universidad y de auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior. Artículo 22.- Contralor Universitario o Contralora Universitaria. La Contraloría Universitaria estará a cargo del Contralor Universitario o Contralora Universitaria, quien deberá tener el título de abogado, contar con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho años y poseer las demás calidades establecidas en los estatutos de la Universidad. Será nombrado o nombrada por el Consejo Superior por un período de seis años, pudiendo ser designado o designada, por una sola vez, para el período siguiente.

de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la Universidad y de auditar la gestión y el uso de los recursos de la institución, sin perjuicio de las demás funciones de control interno que le encomiende el Máximo Órgano Colegiado. Ante la exención del control de legalidad ex ante por parte de la Contraloría General de la República, prevista en los artículos 32 y 33 del proyecto original a fin de agilizar los procesos, se propone esta opción que entregaría mayor eficiencia y mayor garantía de control por parte del Estado.

Los estatutos de cada institución deberán establecer el procedimiento de selección y las causales de remoción del Contralor o Contralora e indicarán las normas para su subrogación.

Artículo 23.- Contralor Universitario o Contralora Universitaria. La Contraloría Universitaria estará a cargo del Contralor Universitario o Contralora Universitaria, quien deberá tener el título de abogado, contar con una experiencia profesional de, a lo menos, ocho años y poseer las demás calidades establecidas en los estatutos de la Universidad. Será nombrado o nombrada por el Contralor General de la República por un período de seis años, pudiendo ser designado o designada, por una sola vez, para el período siguiente. Un reglamento específico de la Contraloría General deberá establecer el procedimiento de selección y las causales de remoción del Contralor o Contralora e indicarán las normas para su subrogación.

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Artículo 23.- Dependencia técnica. El Contralor Universitario o Contralora Universitaria estará sujeto a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 24.- Dependencia técnica. El Contralor Universitario o Contralora Universitaria estará sujeto a la dependencia técnica de la Contraloría General de la República, de conformidad a lo establecido en el artículo 19 de la ley N° 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N° 2.421 de 1964, del Ministerio de Hacienda.

Artículo 24.- Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de un reglamento interno, cada institución definirá la estructura de la Contraloría Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo organismo.

Artículo 25.- Estructura interna de la Contraloría Universitaria. A través de un reglamento interno, la Contraloría General de la República definirá la estructura de la Contraloría Universitaria, debiendo garantizar que las funciones de control de legalidad y de auditoría queden a cargo de dos unidades independientes dentro del mismo organismo.

Párrafo 2°

Párrafo 2°

De la Gestión Financiera

Administrativa

y

De la Gestión Financiera

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Administrativa

y

Artículo 25.- Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las Universidades del Estado deberán regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.

Artículo 26.- Régimen jurídico de la gestión administrativa y financiera. En el ejercicio de su gestión administrativa y financiera, las Universidades del Estado deberán regirse especialmente por los principios de responsabilidad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, así como por las normas de derecho público que regulan los actos de los órganos de la Administración del Estado.

En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su quehacer institucional y la necesidad de propender a una gestión administrativa y financiera más expedita y eficiente, las Universidades del Estado dispondrán de un régimen especial en las materias señaladas en los siguientes artículos del presente párrafo.

En razón de la especificidad de sus funciones, la autonomía propia de su quehacer institucional y la necesidad de propender a una gestión administrativa y financiera más expedita y eficiente, las Universidades del Estado dispondrán de un régimen especial en las materias señaladas en los siguientes artículos del presente párrafo.

Artículo 26.- Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebren las Universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes

Artículo 27.- Normas aplicables a los contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Los contratos que celebren las Universidades del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes

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muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones, se regirán por el artículo 9 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; y por las disposiciones de la ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y de su reglamento.

Artículo 27.- Convenios excluidos de la ley N° 19.886. No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley N° 19.886 los convenios que celebren las Universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas Universidades entre sí.

Artículo 28.- Convenios excluidos de la ley N° 19.886. No obstante lo señalado en el artículo anterior, quedarán excluidos de la aplicación de la ley N° 19.886 los convenios que celebren las Universidades del Estado con los organismos públicos que formen parte de la Administración del Estado y los convenios que celebren dichas Universidades entre sí.

De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los contratos que celebren las Universidades

De la misma manera, estarán excluidos de la aplicación de la citada ley los contratos que celebren las Universidades

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del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile.

del Estado con personas jurídicas extranjeras o internacionales para el suministro de bienes muebles necesarios para el cumplimiento de sus funciones y que, por sus características específicas, no puedan ser adquiridos en Chile.

Artículo 28.- Licitación privada o trato directo. Las Universidades del Estado podrán celebrar contratos a través de licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el artículo 8 de la ley N° 19.886; y además, cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto.

Artículo 29.- Licitación privada o trato directo. Las Universidades del Estado podrán celebrar contratos a través de licitación privada o trato directo en virtud de las causales señaladas en el artículo 8 de la ley N° 19.886; y además, cuando se trate de la compra de bienes o la contratación de servicios, incluida la contratación de créditos, que se requieran para la implementación de actividades o la ejecución de proyectos de gestión institucional, de docencia, de investigación, de creación artística, de innovación, de extensión o de vinculación con el medio de dichas instituciones, en que la utilización del procedimiento de licitación pública ponga en riesgo la oportunidad, la finalidad o la eficacia de la respectiva actividad o proyecto.

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En estos casos, las Universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.

En estos casos, las Universidades del Estado deberán establecer por medio de una resolución, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, los procedimientos internos que permitan resguardar la publicidad, la transparencia, la igualdad de trato y la no discriminación arbitraria en esta clase de adquisiciones y contratación de servicios.

Artículo 29.- Exclusión de la ley N° 19.496. Las actividades de las Universidades del Estado no quedarán sujetas a las disposiciones de la ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, salvo lo dispuesto en el artículo 3 ter de dicho cuerpo legal.

Artículo 30.- Exclusión de la ley N° 19.496. Las actividades de las Universidades del Estado no quedarán sujetas a las disposiciones de la ley N° 19.496 sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, salvo lo dispuesto en el artículo 3 ter de dicho cuerpo legal.

Los derechos de los y las estudiantes de las referidas Universidades serán resguardados mediante las normas generales aplicables a la educación superior y, en particular, a través de los organismos competentes para fiscalizar a dichas instituciones estatales.

Los derechos de los y las estudiantes de las referidas Universidades serán resguardados mediante las normas generales aplicables a la educación superior y, en particular, a través de los organismos competentes para fiscalizar a dichas instituciones estatales.

Artículo 30.- Ejecución y celebración

Artículo 31.- Ejecución y celebración

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de actos y contratos. Las Universidades del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de su misión y de sus funciones.

de actos y contratos. Las Universidades del Estado podrán ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que contribuyan al cumplimiento de su misión y de sus funciones.

En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente facultadas para:

En virtud de lo anterior, dichas instituciones estarán expresamente facultadas para:

a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales, extranjeras o internacionales.

a) Prestar servicios remunerados, conforme a la naturaleza de sus funciones y actividades, a personas naturales o jurídicas de derecho público o privado, nacionales, extranjeras o internacionales.

b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través de sus distintos organismos.

b) Emitir estampillas y fijar aranceles por los servicios que presten a través de sus distintos organismos.

c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional.

c) Crear fondos específicos para su desarrollo institucional.

d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de su trabajo de investigación, creación e innovación.

d) Solicitar las patentes y generar las respectivas licencias que se deriven de su trabajo de investigación, creación e innovación.

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e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la Universidad.

e) Crear y organizar sociedades, corporaciones o fundaciones cuyos objetivos digan directa relación con el cumplimiento de la misión y de las funciones de la Universidad.

f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a sus respectivos patrimonios.

f) Contratar empréstitos y emitir bonos, pagarés y demás documentos de crédito con cargo a sus respectivos patrimonios.

g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para su cobro.

g) Castigar en sus contabilidades los créditos incobrables, siempre que hayan sido contabilizados oportunamente y hubieren prescrito las acciones judiciales para su cobro.

h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le correspondan.

h) Celebrar avenimientos judiciales respecto de las acciones o derechos que le correspondan.

i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la aplicación de los contratos que suscriban.

i) Celebrar pactos de arbitraje, compromisos o cláusulas compromisorias, para someter a la decisión de árbitros de derecho las controversias que surjan en la aplicación de los contratos que suscriban.

j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.

j) Aceptar donaciones, las que estarán exentas del trámite de la insinuación.

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Artículo 31.- Exención de tributos. Las Universidades del Estado estarán exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos.

Artículo 32.- Exención de tributos. Las Universidades del Estado estarán exentas de cualquier impuesto, contribución, tasa, tarifa, patente y otras cargas o tributos.

Artículo 32.- Actos sujetos a la toma de razón. Los actos de las Universidades del Estado no estarán afectos al trámite de la toma de razón de la Contraloría General de la República, salvo en los siguientes casos;

Artículo 33.- Actos sujetos a la toma de razón. Los actos de las Universidades del Estado no estarán afectos al trámite de la toma de razón de la Contraloría General de la República, salvo en los siguientes casos;

1) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles.

1) La adquisición y enajenación de bienes inmuebles.

2) Las operaciones de endeudamiento o de crédito que comprometan el patrimonio de la institución a través de hipotecas o gravámenes.

2) Las operaciones de endeudamiento o de crédito que comprometan el patrimonio de la institución a través de hipotecas o gravámenes.

3) Los contratos para el suministro de bienes muebles y de servicios a partir de veinte mil unidades tributarias mensuales.

3) Los contratos para el suministro de bienes muebles y de servicios a partir de veinte mil unidades tributarias mensuales.

Lo dicho se aplicará sin perjuicio de las facultades de control posterior que

Lo dicho se aplicará sin perjuicio de las facultades de control posterior que

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ejerce la Contraloría General de la República, de acuerdo a la ley.

ejerce la Contraloría General de la República, de acuerdo a la ley.

Párrafo 3°

Párrafo 3°

De los Académicos y Funcionarios no Se propone un lenguaje unificador, pues ambos son De los Funcionarios Académicos y de funcionarios, y positivo, cambiando funcionario “no Gestión Académicos académico” por funcionario “de gestión”, englobando todas las funciones (directiva, profesional, técnica, administrativa y auxiliar) que permiten el funcionamiento institucional.

Artículo 33.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos. Se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Manteniendo la regulación esencial a través de la LOCBGAE, se estima necesario regular ambas carreras, dadas sus particularidades, por separado y de manera general a través de estatutos, de modo de evitar 18 regulaciones distintas de académicos y gestores a lo largo del país, dejando de manera supletoria el Estatuto Académico en ambos casos. De esta forma, se propone un trato similar a ambos estamentos, a diferencia de lo que sucede hoy día.

Artículo 34.- Régimen jurídico de los funcionarios académicos y de gestión. Los académicos y gestores de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos. Se regirán por los estatutos especiales generales que se indican en los artículos siguientes y, en lo no previsto por dichas normativas, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley aludido en el inciso

Eliminando la referencia al funcionario no académico, se mantiene la exclusión sólo respecto al académico establecida en el Estatuto de la Universidad, y no se altera la situación de las plantas de colaboración de las

Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley aludido en el inciso

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anterior, no regirá respecto de los universidades. académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado. De la misma manera, no serán aplicables a estos empleados públicos las disposiciones del párrafo 3° del Título III del decreto con fuerza de ley precitado. En consecuencia, las destinaciones, las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios del personal académico y no académico de dichas instituciones se regirán por sus respectivos reglamentos internos. Los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro.

anterior, no regirá respecto de los académicos de las Universidades del Estado.

Se elimina al contar con una Contraloría Interna regulada por la propia Contraloría General, que nombra a su vez al Contralor Interno, bastando de este modo con el control de legalidad interno y su posterior envío a registro a la CGR.

Artículo 34.- Carrera académica. La carrera académica en las Universidades del Estado se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y

Artículo 35.- Carrera académica. La carrera académica en las Universidades del Estado se organizará en razón de requisitos objetivos de mérito y estará sustentada en los principios de excelencia, pluralismo, no discriminación, publicidad y

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transparencia.

transparencia.

A través de un reglamento de carrera académica, las Universidades del Estado deberán establecer las funciones, los derechos y las obligaciones de su cuerpo docente. Este reglamento deberá contener las normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de los académicos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el inciso precedente.

A través de un Estatuto especial, que deberá establecerse a través de una ley especialmente dictada al efecto, se consagrará un sistema estatal de carrera académica, se establecerán las funciones, los derechos y las obligaciones de su cuerpo docente. Este Estatuto deberá contener las normas sobre la jerarquía, el ingreso, la permanencia, la promoción, la remoción y la cesación de funciones, así como los respectivos procedimientos de evaluación y calificación de los académicos, de acuerdo a las exigencias y principios señalados en el inciso precedente.

Artículo 35.- Máxima jerarquía Se elimina ya que se regulará en el estatuto especial para académica nacional. Sin perjuicio de tal efecto. los requisitos internos para acceder a las jerarquías académicas de Instructor, Profesor Asistente, Profesor Asociado y Profesor Titular, u otras equivalentes, las Universidades del Estado podrán establecer, de consuno, una jerarquía máxima nacional situada por sobre la jerarquía de Profesor Titular, que

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disponga de requisitos comunes y pueda ser aplicable y oponible a todas las instituciones universitarias estatales en el quehacer propio de sus funciones de educación superior. Artículo 36.- Carrera funcionaria. Las Universidades del Estado podrán dictar un reglamento de carrera funcionaria para su personal no académico. Este reglamento deberá contener las norias sobre el ingreso, la capacitación, la promoción, los deberes y los derechos funcionarios, la responsabilidad y la cesación de funciones, así como el respectivo sistema de calificación de los funcionarios no académicos, de conformidad a requisitos objetivos basados en la idoneidad y en los principios de no discriminación, publicidad y transparencia.

Artículo

37.-

Capacitación

Se propone la existencia de un estatuto único para todo el personal de gestión, debido al riesgo, advertido ya por los funcionarios de nuestra institución, y el desorden que supondría que cada Universidad se diera el suyo propio, rebajando la condición de empleado público.

y

Artículo 36.- Carrera funcionaria de gestión. Un Estatuto especial general deberá establecerse a través de una ley especialmente dictada al efecto, la que, junto con reconocer la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado, regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, la capacitación, la promoción, los deberes y los derechos funcionarios de gestión, la responsabilidad y la cesación de funciones, así como el respectivo sistema de calificación de los funcionarios de gestión de las Universidades Estatales, de conformidad a requisitos objetivos basados en la idoneidad y en los principios de no discriminación, publicidad y transparencia. Artículo

37

37.-

Capacitación

y

perfeccionamiento de funcionarios no académicos. Las Universidades del Estado deberán promover la capacitación de sus funcionarios no académicos, con el objeto de que puedan perfeccionar, complementar o actualizar sus conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones.

perfeccionamiento de funcionarios de gestión. Las Universidades del Estado deberán promover la capacitación de sus funcionarios de gestión, con el objeto de que puedan perfeccionar, complementar o actualizar sus conocimientos y competencias necesarias para el eficiente desempeño de sus funciones.

TÍTULO III

TÍTULO III

DE LA COORDINACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

DE LA COORDINACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

Párrafo 1°

Párrafo 1°

Principio Basal y Objetivos

Principio Basal y Objetivos

Artículo 38.Principio de coordinación. En el cumplimiento de su misión y de sus funciones, las Universidades del Estado deberán actuar de conformidad al principio de coordinación, con el propósito de fomentar una labor conjunta y articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar

Artículo 38.Principio de coordinación. En el cumplimiento de su misión y de sus funciones, las Universidades del Estado deberán actuar de conformidad al principio de coordinación, con el propósito de fomentar una labor conjunta y articulada en todas aquellas materias que tengan por finalidad contribuir al progreso nacional y regional del país, y a elevar

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los estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo.

los estándares de calidad de la educación pública en todos sus niveles, con una visión estratégica y de largo plazo.

Artículo 39.- Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

Artículo 39.- Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

En este marco, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el ingreso de estudiantes

En este marco, el Ministerio de Educación solicitará a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones, en el plazo de un año, entrado en vigencia esta ley. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera

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procedentes de sus respectivas regiones.

particular, el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. Así mismo, las Universidades del Estado elaborarán planes para la reubicación de estudiantes, en virtud del Artículo 40 letra h) de la presente ley.

La implementación de estos planes se Se define como directa o basal la principal fuente de La implementación de estos planes se establecerá mediante convenios que las financiamiento a las Universidades estatales. establecerá mediante el Aporte Fiscal Universidades del Estado deberán firmar Directo y convenios que las con el Ministerio de Educación, los que Universidades del Estado deberán firmar deberán ser visados por la Dirección de con el Ministerio de Educación, los que Presupuestos. deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos. Artículo 40.- Colaboración entre las Universidades del Estado y con otras instituciones de educación. Las Universidades del Estado deberán colaborar entre sí y con otras instituciones de educación con el propósito de desarrollar, entre otros, los siguientes objetivos:

Artículo 40.- Colaboración entre las Universidades del Estado y con otras instituciones de educación. Las Universidades del Estado deberán colaborar entre sí y con otras instituciones de educación con el propósito de desarrollar, entre otros, los siguientes objetivos:

a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación

a) Promover la conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios entre sus comunidades académicas, así como con otras instituciones de educación

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superior, para realizar actividades de posgrado, investigación, innovación, creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y equidad territorial.

superior, para realizar actividades de posgrado, investigación, innovación, creación artística, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a criterios de pertinencia y equidad territorial.

b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con Universidades y entidades extranjeras, en el ámbito propio de las funciones de educación superior.

b) Fomentar relaciones institucionales de cooperación y colaboración con Universidades y entidades extranjeras, en el ámbito propio de las funciones de educación superior.

c) Promover la movilidad académica entre sus docentes.

c) Promover la movilidad académica entre sus docentes.

d) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones técnico profesionales y las Universidades del Estado.

d) Facilitar la movilidad estudiantil entre ellas, y entre las instituciones técnico profesionales y las Universidades del Estado.

e) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica, de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional.

e) Propender a un crecimiento equilibrado y pertinente de su oferta académica, de conformidad a lo previsto en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional.

f) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que

f) Colaborar con otras instituciones de educación superior del Estado que

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requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en sus procesos de acreditación.

requieran asesoría en el diseño y ejecución de proyectos académicos e institucionales, y con aquellas instituciones estatales que presenten dificultades en sus procesos de acreditación.

g) Vincular sus actividades con los Centros de Formación Técnica Estatales.

g) Vincular sus actividades con los Centros de Formación Técnica Estatales.

h) Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado.

h) Colaborar con el Ministerio de Educación en los procesos de reubicación de los estudiantes provenientes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado.

i) Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a criterios de equidad y mérito académico.

i) Impulsar programas dirigidos a alumnos de establecimientos educacionales públicos, a fin de fomentar su acceso a la educación superior de acuerdo a criterios de equidad y mérito académico.

j) Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los contratos que celebren

j) Establecer procedimientos y protocolos de acción conjunta en materia de compras públicas, con el objeto de promover la eficacia y eficiencia de los contratos que celebren

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las Universidades del Estado para el suministro de bienes muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de conformidad a la ley N° 19.886.

las Universidades del Estado para el suministro de bienes muebles y de los servicios que requieran para el desarrollo de sus funciones, de conformidad a la ley N° 19.886.

k) Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un mejoramiento continuo de las Universidades del Estado y que permitan elevar progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad.

k) Compartir las buenas prácticas de gestión institucional que propendan a un mejoramiento continuo de las Universidades del Estado y que permitan elevar progresivamente sus estándares de excelencia, eficiencia y calidad.

Párrafo 2°

Párrafo 2°

Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado

Del Consejo de Coordinación de Universidades del Estado

Artículo 41.- Del Consejo. El Se refuerza la reciprocidad en el trato Estado- Artículo 41.- Del Consejo. El Presidente o Presidenta de la República, Universidades. Presidente o Presidenta de la República, mediante decreto supremo expedido a mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, y través del Ministerio de Educación, y suscrito por el Ministro o Ministra de suscrito por el Ministro o Ministra de Hacienda, creará un Consejo de Hacienda, creará un Consejo de Coordinación de Universidades del Coordinación de Universidades del Estado (en adelante indistintamente, "el Estado (en adelante indistintamente, "el Consejo"), el que, con un carácter Consejo"), el que, con un carácter consultivo, tendrá por finalidad consultivo, tendrá por finalidad

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promover la acción articulada y colaborativa de las instituciones universitarias estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes señalados en el párrafo 1° del presente Titulo.

promover la acción articulada y colaborativa de los organismos del Estado y las instituciones universitarias estatales, con miras a desarrollar los objetivos y proyectos comunes señalados en el párrafo 1° del presente Titulo.

Artículo 42.- Integración del Consejo. El Consejo estará integrado por rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo.

Artículo 42.- Integración del Consejo. El Consejo estará integrado por rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo.

El Consejo de Coordinación de Universidades del Estado será presidido y convocado por el Ministro o Ministra de Educación. Asimismo, el apoyo administrativo y material a dicho Consejo será proporcionado por el Ministerio de Educación.

El Consejo de Coordinación de Universidades del Estado será presidido y convocado por el Ministro o Ministra de Educación. Asimismo, el apoyo administrativo y material a dicho Consejo será proporcionado por el Ministerio de Educación.

Sin perjuicio de los representantes del Gobierno que integrarán el Consejo, podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o representantes gubernamentales sectoriales para tratar

Sin perjuicio de los representantes del Gobierno que integrarán el Consejo, podrán ser invitados a sus sesiones otras autoridades o representantes gubernamentales sectoriales para tratar

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temas, iniciativas o propuestas que digan relación con materias de su competencia.

temas, iniciativas o propuestas que digan relación con materias de su competencia.

Las reglas sobre el número, el procedimiento de nombramiento y la duración de sus integrantes, así como respecto de la organización, el funcionamiento y las tareas específicas del Consejo, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree.

Las reglas sobre el número, el procedimiento de nombramiento y la duración de sus integrantes, así como respecto de la organización, el funcionamiento y las tareas específicas del Consejo, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree.

TÍTULO IV

TÍTULO IV

DEL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

DEL FINANCIAMIENTO DE LAS UNIVERSIDADES DEL ESTADO

Párrafo 1° Fuentes de Financiamiento Artículo 43.- Convenio Marco Se define como directa o basal la principal fuente de Artículo 43.- Aporte Fiscal Directo. Universidades Estatales. En su calidad financiamiento a las Universidades estatales. En su calidad de instituciones de de instituciones de Educación Superior Educación Superior estatales, creadas estatales, creadas para el cumplimiento para el cumplimiento de las funciones de de las funciones de docencia, docencia, investigación, creación investigación, creación artística, artística, innovación, extensión y innovación, extensión y vinculación con vinculación con el medio, de acuerdo a el medio, de acuerdo a la misión y a los la misión y a los principios que les son

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principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado "Convenio Marco Universidades Estatales".

propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado "Convenio Marco Universidades Estatales". El Aporte Fiscal Directo garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un Brasil. LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. funcionamiento básico de calidad. Art. 55. Caberá à União assegurar, anualmente, em seu Se propone que se garantice el funcionamiento, tal como sucede en leyes de Brasil o España.

Orçamento Geral, recursos suficientes para manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. Art. 55. Corresponde a la Unión asegurar, anualmente, en su Presupuesto General, recursos suficientes para el mantenimiento y desarrollo de las instituciones de educación superior por ella mantenidas. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm#art92 España. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Artículo 79. Autonomía económica y financiera. 1. Las universidades públicas tendrán autonomía económica y financiera en los términos establecidos en la presente Ley. A tal efecto, se garantizará que las universidades dispongan de los recursos necesarios para un funcionamiento básico de calidad. https://www.boe.es/buscar/pdf/2001/BOE-A-2001-24515consolidado.pdf

Los

montos

específicos

de

este Se promueve consideración de un periodo más amplio, no Los anual, que permita mayor estabilidad.

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montos

específicos

de

este

instrumento de financiamiento serán establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación "Convenio Marco Universidades Estatales" establecido en la ley N° 20.882.

instrumento de financiamiento serán establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará en forma plurianual el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación "Convenio Marco Universidades Estatales" establecido en la ley N° 20.882.

Artículo 44.- Otras fuentes de financiamiento. Lo expresado en el artículo anterior es sin perjuicio de los aportes que les corresponda percibir a las Universidades del Estado, de conformidad al decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, que fija las Normas sobre Financiamiento de las Universidades; de los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado; y de los ingresos que señalen sus respectivos estatutos por derechos de matrícula,

Artículo 44.- Otras fuentes de financiamiento. Lo expresado en el artículo anterior es sin perjuicio de los aportes que les corresponda percibir a las Universidades del Estado, de conformidad al decreto con fuerza de ley N° 4, de 1981, que fija las Normas sobre Financiamiento de las Universidades; de los recursos públicos a los que puedan acceder a través de fondos concursables u otros instrumentos de financiamiento que disponga el Estado; y de los ingresos que señalen sus respectivos estatutos por derechos de matrícula,

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aranceles, impuestos universitarios, prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados, entre otros.

aranceles, impuestos universitarios, prestación de servicios, frutos de sus bienes, donaciones, herencias o legados, entre otros.

Párrafo 2°

Se traslada párrafo completo a artículos transitorios

Plan de Fortalecimiento

Se traslada a artículos transitorios

Artículo 45.- Objetivo y vigencia. Con Se traslada a artículos transitorios el propósito de apoyar el desarrollo institucional de las Universidades del Estado se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas. Artículo 46.- Recursos del Plan. Los Se traslada a artículos transitorios recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $150.000.000 miles, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha

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cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación "Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales" establecida en la ley N° 20.981. Artículo 47.- Líneas de acción del Se traslada a artículos transitorios Plan. A través del Plan de Fortalecimiento, las Universidades del Estado podrán financiar, entre otras, las siguientes iniciativas: a) Diseñar e implementar acciones Se traslada a artículos transitorios destinadas a preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y rediseño curricular. b) Promover la incorporación de Se traslada a artículos transitorios académicos e investigadores con grado de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las actividades de docencia e investigación. c) Crear o fortalecer centros de Se traslada a artículos transitorios investigación destinados a profundizar el desarrollo de conocimiento o innovación

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en torno a materias de relevancia estratégica para el país o sus regiones. d) Elaborar planes de acceso y apoyo Se traslada a artículos transitorios académico para la admisión, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables, fomentando de manera particular el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. e) Fomentar mecanismos e instrumentos Se traslada a artículos transitorios de colaboración entre estas instituciones en los ámbitos de docencia, investigación y desarrollo institucional. f) Apoyar las acciones definidas en sus Se traslada a artículos transitorios respectivos Planes de Desarrollo Institucional, destinadas a la ampliación de su oferta académica, las que deberán tener en consideración su pertinencia institucional y su consistencia académica y técnica, de conformidad a indicadores objetivos. Artículo 48.- Comité del Plan de Se traslada a artículos transitorios Fortalecimiento. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito

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además por el Ministro o Ministra de Hacienda, se creará el Comité del Plan de Fortalecimiento (en adelante indistintamente, "el Comité"), el que tendrá a su cargo la aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las Universidades del Estado que se financien en virtud del Plan. Artículo 49.- Integrantes del Comité y Se traslada a artículos transitorios Secretaría Técnica. El Comité estará integrado por el Ministro o Ministra de Educación, quien lo presidirá, y cinco rectores de Universidades del Estado. El Comité contará con el apoyo de una Se traslada a artículos transitorios Secretaría Técnica, radicada en el Ministerio de Educación, que prestará respaldo material y técnico a la gestión administrativa vinculada a la implementación del Plan de Fortalecimiento. Esta Secretaría será dirigida por un Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva designado o designada por el Comité, a partir de una terna elaborada según lo establecido en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882.

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Las normas sobre el funcionamiento Se traslada a artículos transitorios interno, el procedimiento de nombramiento de sus integrantes y la forma en que cumplirá sus tareas el Comité y su Secretaría Técnica, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree. TÍTULO V

TÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 50.- Política de propiedad intelectual e industrial. Las Universidades del Estado deberán establecer a través de reglamentos, una política de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de Investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos de estas instituciones.

Artículo 45.- Política de propiedad intelectual e industrial. Las Universidades del Estado deberán establecer a través de reglamentos, una política de propiedad intelectual e industrial que permita fomentar las actividades de Investigación, creación e innovación de sus académicos, resguardando los derechos de estas instituciones.

Artículo 51.Contratación de servicios específicos. Las Universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios o contrato de trabajo, la prestación de servicios específicos.

Se elimina con objeto de dejar esta materia sujeta al Estatuto Administrativo, a menos que se establezca una regulación diferente a través del estatuto general de funcionarios de gestión, un eventual Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado que incluya tanto a funcionarios como a

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Las personas que presten dichos servicios no tendrán la calidad de funcionarios públicos y su vínculo jurídico con la Universidad se regirá por las cláusulas del respectivo contrato, de conformidad a la legislación civil y laboral, respectivamente.

honorarios. Al mantener esta disposición, se atentaría en contra de la garantía constitucional de igualdad ante la ley, por dar pie a que dos personas que cumplen funciones idénticas podrán estar sujetas a estatutos jurídicos diferentes.

Artículo 52.Actividades de académicos extranjeros. Los académicos, investigadores, profesionales, conferencistas o expertos extranjeros, y que tengan residencia o domicilio permanente fuera del territorio nacional, estarán exentos de solicitar la autorización para desarrollar actividades remuneradas, señalada en el artículo 48, inciso primero, del decreto ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, siempre que dichas labores correspondan a actividades académicas organizadas por instituciones universitarias estatales y no se extiendan más allá de treinta días o del término del respectivo permiso de turismo.

Artículo 46.Actividades de académicos extranjeros. Los académicos, investigadores, profesionales, conferencistas o expertos extranjeros, y que tengan residencia o domicilio permanente fuera del territorio nacional, estarán exentos de solicitar la autorización para desarrollar actividades remuneradas, señalada en el artículo 48, inciso primero, del decreto ley N° 1.094, de 1975, del Ministerio del Interior, siempre que dichas labores correspondan a actividades académicas organizadas por instituciones universitarias estatales y no se extiendan más allá de treinta días o del término del respectivo permiso de turismo.

Artículo 53.- Modifícase el inciso Se elimina segundo del artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del

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Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de La Administración del Estado, de la siguiente manera: 1) Reemplázase la conjunción "y" Se elimina situada a continuación de la frase "Consejo para la Transparencia", por una coma. 2) Elimínase la coma que sigue a la frase Se elimina "empresas públicas creadas por ley" y agrégase a continuación de dicha frase la expresión "y a las Universidades del Estado,". 3) Reemplázase la frase Se elimina "constitucionales o de quórum calificado," por "constitucionales, de quórum calificado o especiales,". Artículo 54.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la siguiente forma:

Artículo 47.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la siguiente forma:

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1) Incorpórese en el inciso final del artículo 7, entre la expresión "Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza" y la conjunción "y", la frase ", la Ley sobre Universidades del Estado".

1) Incorpórese en el inciso final del artículo 7, entre la expresión "Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza" y la conjunción "y", la frase ", la Ley sobre Universidades del Estado".

2) Incorpórase en el artículo 162 letra a), a continuación de la palabra "Académicos", la expresión "y funcionarios no académicos".

2) Incorpórase en el artículo 162 letra a), a continuación de la palabra "Académicos", la expresión "y funcionarios de gestión, manteniendo el presente Estatuto de modo supletorio en ambos casos”.

Artículo 55.- Reemplázase en el artículo 2 letra d) de la ley N° 19.496, la frase ", técnico profesional y universitaria" por la frase "y superior no estatal".

Artículo 48.- Reemplázase en el artículo 2 letra d) de la ley N° 19.496, la frase ", técnico profesional y universitaria" por la frase "y superior no estatal".

Artículo 56.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público.

Artículo 49.- El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley se financiará con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y, en lo que faltare, con cargo a la Partida Presupuestaria Tesoro Público. Se propone asegurar carácter supletorio de resto de normativa respecto de esta ley.

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Artículo 50.- La presente Ley será de carácter principal, sobre las demás leyes sobre educación superior, que tendrán

carácter supletorio respecto de las Universidades del Estado. ARTÍCULOS TRANSITORIOS

ARTÍCULOS TRANSITORIOS Párrafo 1° Plazos y vigencias

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación.

Artículo primero.- La presente ley entrará en vigencia al momento de su publicación.

Para los efectos de adecuar los actuales estatutos de las Universidades del Estado a las disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, dichas instituciones deberán proponer al Presidente o Presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos dentro del plazo de tres años, desde la entrada en vigencia del referido texto legal.

Para los efectos de adecuar los actuales estatutos de las Universidades del Estado a las disposiciones del Título II de esta ley que así lo exijan, dichas instituciones deberán proponer al Presidente o Presidenta de la República, por intermedio del Ministerio de Educación, la modificación de sus respectivos estatutos dentro del plazo de tres años, desde la entrada en vigencia del referido texto legal.

Artículo segundo.- En el caso de las Universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al 1 de marzo de 2005, el

Artículo segundo.- En el caso de las Universidades del Estado cuyos estatutos hayan entrado en vigencia con posterioridad al 1 de marzo de 2005, el

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plazo aludido en el inciso segundo del artículo precedente será de seis años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

plazo aludido en el inciso segundo del artículo precedente será de seis años, contados desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo tercero.- Se considerará como primer período del cargo, para la aplicación del artículo 17, aquel que haya asumido el Rector o Rectora bajo la vigencia de los nuevos estatutos, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio.

Artículo tercero.- Se considerará como primer período del cargo, para la aplicación del artículo 17, aquel que haya asumido el Rector o Rectora bajo la vigencia de los nuevos estatutos, según lo dispuesto en el artículo primero transitorio.

Artículo cuarto.- La aplicación del Se realizan ajustes coherentes con cambios anteriores. reglamento de carrera funcionaria señalado en el artículo 36, respecto del personal no académico que se desempeñe en las Universidades del Estado al tiempo de la publicación de la presente ley, no importará supresión de cargo, término de relación laboral ni modificación de su calidad de empleados públicos.

Artículo cuarto.- La aplicación de los Estatutos señalados en los artículos 35 y 36, respecto del personal académico y de gestión que se desempeñe en las Universidades del Estado al tiempo de la publicación de la presente ley, no importará supresión de cargo, término de relación laboral ni modificación de su calidad de empleados públicos.

Las Universidades del Estado podrán Se modifica dictar su reglamento de carrera funcionaria a contar del segundo año de entrada en vigencia de la presente ley.

Mientras no se dicten los mencionados Estatutos, los funcionarios de gestión se regirán por las normas contenidas en el Estatuto Administrativo regulado en el decreto con fuerza de ley N° 29, de

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2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo; en tanto que los funcionarios académicos por sus respectivos reglamentos y, en lo no previsto por éstos, por las disposiciones del mencionado decreto con fuerza de ley Artículo quinto.- El plazo para dictar el decreto supremo que creará el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, será de un año desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo quinto.- El plazo para dictar el decreto supremo que creará el Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, será de un año desde la entrada en vigencia de la presente ley.

Artículo sexto.- El plazo para dictar el Se traslada al final del Párrafo 2° de los artículos decreto supremo que creará el Comité transitorios del Plan de Fortalecimiento será de seis meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. Artículo séptimo.- En tanto no entren en vigencia las normas estatutarias y reglamentos internos que deban dictarse en virtud de esta ley, las Universidades del Estado seguirán rigiéndose por las respectivas normas estatutarias y reglamentos internos que actualmente les son aplicables.".

Artículo sexto.- En tanto no entren en vigencia las normas estatutarias y reglamentos internos que deban dictarse en virtud de esta ley, las Universidades del Estado seguirán rigiéndose por las respectivas normas estatutarias y reglamentos internos que actualmente les son aplicables.

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Párrafo 2° Financiamiento Se establece gradualidad coherente con actuales avances, dando libertad del ejecutivo, a fin de no enfrentar rechazo parlamentario directo.

Artículo octavo.- El alcance de la gratuidad de los estudios conducentes a título o licenciatura, señalado en el artículo 1°, será ampliado en forma progresiva por ley de presupuesto de acuerdo a las posibilidades económicas del país.

Se traslada desde título IV, párrafo 2°, del actual proyecto.

Artículo octavo.Plan de Fortalecimiento. Con el propósito de restituir el carácter estratégico, apoyar el cumplimiento de su misión y desarrollar una efectiva coordinación de las Universidades del Estado, se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes principales que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas.

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Se traslada desde título IV, párrafo 2°, del actual proyecto.

Artículo noveno. Recursos del Plan. Los recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a _________________, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” establecida en la ley Nº 20.981.

Se traslada desde título IV, párrafo 2°, del actual proyecto.

Artículo décimo.- Líneas de acción del Plan. A través del Plan de Fortalecimiento, las Universidades del Estado podrán financiar, entre otras, las siguientes iniciativas: a) Diseñar e implementar acciones destinadas a preservar o elevar su calidad académica, incluyendo planes de evaluación y rediseño curricular. b) Promover la incorporación de académicos e investigadores con grado

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de Doctor con el objetivo de potenciar especialmente las actividades de docencia e investigación. c) Crear o fortalecer centros de investigación destinados a profundizar el desarrollo de conocimiento o innovación en torno a materias de relevancia estratégica para el país o sus regiones. d) Elaborar planes de acceso y apoyo académico para la admisión, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de los sectores sociales más vulnerables, fomentando de manera particular el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. e) Fomentar mecanismos e instrumentos de colaboración entre estas instituciones en los ámbitos de docencia, investigación y desarrollo institucional. f) Apoyar las acciones definidas en sus respectivos Planes de Desarrollo Institucional, destinadas a la ampliación de su oferta académica, las que deberán tener en consideración su pertinencia institucional y su consistencia

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académica y técnica, de conformidad a indicadores objetivos. g) Impulsar la incorporación de procedimientos internos que promuevan la sustentabilidad medioambiental, incluyendo el mejoramiento de la infraestructura universitaria a través del uso de energías renovables. Se traslada desde título IV, párrafo 2°, del actual proyecto.

Artículo décimo primero. Comité del Plan de Fortalecimiento. Mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda, se creará el Comité del Plan de Fortalecimiento (en adelante indistintamente, "el Comité"), el que tendrá a su cargo la aprobación, supervisión y seguimiento de las iniciativas y proyectos propuestos por las Universidades del Estado que se financien en virtud del Plan.

Se traslada desde título IV, párrafo 2°, del actual proyecto.

Artículo décimo segundo. Integrantes del Comité y Secretaría Técnica. El Comité estará integrado por el Ministro o Ministra de Educación, quien lo presidirá, y cinco rectores de

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Universidades del Estado. El Comité contará con el apoyo de una Secretaría Técnica, radicada en el Ministerio de Educación, que prestará respaldo material y técnico a la gestión administrativa vinculada a la implementación del Plan de Fortalecimiento. Esta Secretaría será dirigida por un Secretario Ejecutivo o Secretaria Ejecutiva designado o designada por el Comité, a partir de una terna elaborada según lo establecido en el párrafo 3° del Título VI de la ley N° 19.882. Las normas sobre el funcionamiento interno, el procedimiento de nombramiento de sus integrantes y la forma en que cumplirá sus tareas el Comité y su Secretaría Técnica, serán establecidas en el decreto supremo que lo cree. Se traslada desde título IV, párrafo 2°, del actual proyecto.

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Artículo décimo tercero segundo.- El plazo para dictar el decreto supremo que creará el Comité del Plan de Fortalecimiento será de seis meses desde la entrada en vigencia de la presente ley.

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ANÁLISIS Y PROPUESTAS SOBRE MARCO REGULATORIO DEL PERSONAL UNIVERSITARIO, EN RELACIÓN AL PROYECTO DE LEY SOBRE UNIVERSIDADES DEL ESTADO (BOLETÍN N°11.255-04). Dirección Jurídica

Actualmente, la situación del personal universitario se encuentra regulada, principalmente, en la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado1 (LOCBGAE) y en la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo2 (EA). Ahora, el proyecto de ley en comento afectaría este marco regulatorio a través de seis vías cardinales, a saber: a) Excluir a las Universidades del Estado de la aplicación del Título II de la LOCBGAE, cuyo Párrafo 2° establece disposiciones esenciales de la carrera funcionaria3. Esto se formula a través de los artículos 3 y 53 del proyecto. b) Permitir que las Universidades del Estado dicten reglamentos especiales para su personal académico y no académico, en especial un reglamento de Carrera Funcionaria para el personal no académico, resultando aplicable el EA de forma supletoria a tales disposiciones. Esto se formula a través de los artículos 33, inciso primero, y 36 del proyecto. c) Excluir a las Universidades del Estado del artículo 10, inciso segundo, del EA, que establece como exigencia que el número de funcionarios a contrata de una institución no exceda de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta. Esto se formula a través del artículo 33, inciso segundo, del proyecto. d) Excluir a las Universidades del Estado del Título III, Párrafo 3°, del EA, que regula las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios 4. Esto se formula a través del artículo 33, inciso segundo, del proyecto. e) Exceptuar a las Universidades del Estado del trámite de Toma de Razón, por la Contraloría General de la República, en materia de nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico, documentación que será para el solo efecto de su registro. Esto se formula a través del artículo 33, inciso final, del proyecto. f) Permitir a las Universidades del Estado contratar la prestación de servicios específicos, sobre la base de honorarios o contrato de trabajo, quedando tales prestadores sujetos a las cláusulas del instrumento respectivo, de conformidad a la legislación civil y laboral, respectivamente. Esto se formula a través del artículo 51 del proyecto. A continuación se efectuará un somero análisis y se formularán propuestas de indicaciones para cada uno de los tópicos reseñados.

Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado a través del D.F.L. N°1 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia 2 Cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se encuentra fijado a través del D.F.L. N°29 del año 2004, del Ministerio de Hacienda 3 Entre las disposiciones de este párrafo, se encuentra el artículo 46 que garantiza, entre otros derechos funcionarios, la estabilidad en el empleo: “… (El) personal gozará de estabilidad en el empleo y sólo podrá cesar en él por renuncia voluntaria debidamente aceptada; por jubilación o por otra causal legal, basada en su desempeño deficiente, en el incumplimiento de sus obligaciones, en la pérdida de requisitos para ejercer la función, en el término del período legal por el cual se es designado o en la supresión del empleo. Lo anterior es sin perjuicio de la facultad que tiene el Presidente de la República o la autoridad llamada a hacer el nombramiento en relación con los cargos de su exclusiva confianza” (inciso primero). 4 Esta materia se encuentra también regulada en los incisos tercero y cuarto del artículo 46 de la LOCBGAE. 1

1

a) Exclusión al Título II de la LOCBGAE Sobre este particular, cabe tener presente que, sin perjuicio de existir algunas disposiciones sobre los funcionarios públicos en este cuerpo legal que no se verían afectadas, como son, por ejemplo, sus artículos 13 al 20 (que integran su primer título de normas), el Título II de la LOCBGAE (que en el proyecto de ley deja de ser aplicable a los funcionarios de las universidades estatales), en particular su Párrafo 2°, consagra algunas normas esenciales de la Carrera Funcionaria para el personal de planta en los órganos de la Administración del Estado. Con todo, cabe mencionar que un par de normas del Párrafo 2° seguirían siendo aplicables por disposición expresa del artículo 3 del proyecto, a saber, los artículos 41 y 42 de la LOCBGAE, relativos a la delegación de facultades y la responsabilidad del Estado, respectivamente, que no afectan directamente al personal universitario. Sin embargo, dado que las disposiciones del Párrafo 2° quedarían excluidas, según se advirtió, algunas de las reglas mínimas y esenciales para la carrera funcionaria dejarían de ser aplicables, como son, por ejemplo, las relativas al ingreso en calidad de titular (artículo 44), las de promoción y ascenso (artículo 45), las que consagran causales y criterios para el cese en el empleo (artículo 46), las de calificación (artículo 47), las de cargos de confianza (artículo 49) o el principio de que a funciones análogas se les asignen iguales retribuciones y demás beneficios económicos (artículo 50). Otro asunto relevante, está en la exclusión que el proyecto realiza del artículo 40 de la LOCBGAE, que establece que los rectores de las instituciones de Educación Superior de carácter estatal, no son cargos de exclusiva confianza del Presidente de la República. Atendida la autonomía inherente que deben posees estas instituciones respecto del Gobierno de turno, se recomienda conservar la citada norma. Por último, preciso es advertir que esta exclusión podrá entenderse que contraviene lo dispuesto en el artículo 38, inciso primero, de la Constitución Política de la República, en cuanto dispone este precepto que “Una ley orgánica constitucional (…) garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse…”, y en ningún caso corresponde sustituir tal normativa por reglamentos o leyes comunes, como pretende el presente proyecto a través de sus artículos 36 y 53 N°3. De tal manera, se contemplan dos tipos de indicaciones sustitutivas en este punto, a saber: i.

Eliminar los artículos 3, 36 y 53 del proyecto y conservar la plena aplicación del Título II de la LOCBGAE. Además, suprimir el numeral 2 del artículo 54. ii. Ampliar las excepciones a la exclusión, intercalando en el artículo 3 del proyecto la expresión “Párrafo 1° del” entre “las normas” y “del Título II”; y reemplazando la expresión “41 y 42” por lo siguiente: “29, 40, 41 y 42”. Adicionalmente, eliminar el artículo 36 del proyecto. De esta forma resultarían aplicables las normas esenciales de la LOCBGAE sobre Carrera Funcionaria y el carácter de no exclusiva confianza del cargo de Rector, pese a mantenerse la exclusión a disposiciones sobre la organización y funcionamiento de los servicios públicos, salvo en lo que

2

dice relación con la definición de los servicios públicos descentralizados (artículo 29). b) Facultad para dictar reglamentos especiales sobre funcionarios En este punto, salta a la vista que, si cada Institución se permitiera dictar reglamentaciones especiales para su respectivo personal, podrían existir 18 marcos jurídicos disímiles para los funcionarios universitarios en el país, los que, a mayor abundamiento, ni siquiera se encontrarían sujetos a las normas mínimas y esenciales sobre Carrera Funcionaria, según se explicó en el acápite anterior. De tal forma, a efectos de impedir tal circunstancia, se contemplan dos principales alternativas de indicaciones a presentar en la especie, a saber: i.

Reemplazar el artículo 33, inciso primero, del proyecto, por el siguiente texto: “Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado ostentan la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Los funcionarios no académicos se regirán por la citada Ley N°18.834”. Adicionalmente, eliminar el artículo 36 del proyecto, siempre que se conserve la plena aplicación del Título II, Párrafo 2°, de la LOCBGAE, de acuerdo al acápite anterior. De esta manera, se mantendría el actual régimen del personal de colaboración, es decir, sujeción a la LOCBGAE y al EA. ii. Reemplazar en el artículo 33, inciso primero, del proyecto, por la siguiente disposición: “Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado ostentan la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo. Los funcionarios no académicos se regirán por el Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado y, en lo no previsto por este, por la citada Ley N°18.834”. Adicionalmente, agregar un nuevo inciso segundo en el artículo 33 del siguiente tenor: “El Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado deberá establecerse a través de una ley especialmente dictada al efecto, la que, junto con reconocer la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado, regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos funcionarios, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, entre otras materias.” Lo anterior, implica la incorporación de una norma transitoria, en virtud de la cual mientras no se dicte el mencionado Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado, sus funcionarios académicos se regirán por las normas contenidas en el Estatuto Administrativo contenido en la Ley N°18.834.

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c) Exclusión a la regla del 20% para las contratas Al respecto, en atención a que esta disposición, sumada a otras normas del proyecto que afectan el marco jurídico de la Carrera Funcionaria, permitirían alterar de manera importante la situación de las plantas de colaboración en las universidades estatales. En tal sentido, sin perjuicio que un eventual Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado podría consagrar una regla distinta en este punto, se contempla como principal alternativa de indicación a presentar en la especie, la siguiente: i.

Sustituir en el artículo 33, inciso segundo, del proyecto (que podría pasar a ser el tercero, según la segunda alternativa enunciada en el acápite anterior) por el siguiente texto: “Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley del N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no regirá respecto de los académicos de las Universidades del Estado”.

En relación a la propuesta anterior, cabe indicar que en la Universidad de Chile no rige el criterio del 20% para las contratas respecto del personal académico, conforme lo indicado en el inciso final del artículo 59 del estatuto universitario vigente desde el año 2006. 5 d) Exclusión a las reglas sobre destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios Salvo al trámite ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Relaciones Exteriores que requieren las comisiones de servicios en el extranjero, respecto del personal no académico, no se advierte otra necesidad de exceptuar a las universidades públicas de estas disposiciones. Si los reglamentos internos pudieran aplicarse con preferencia al mismo EA, como pretende el proyecto original, esta disposición resulta improductiva e, incluso, contraproducente, pues esta materia se encontraría desregulada mientras las instituciones universitarias no la reglamenten. Con todo, dado que un eventual Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado podría consagrar una regla distinta en este punto, se contempla como principal alternativa de indicación a presentar en la especie, la señalada en el acápite anterior o establecer derechamente que no proceda el trámite ante las secretarías de Estado antes señaladas para comisiones de servicio al extranjero. e) Excepción al trámite de Toma de Razón en materia funcionaria En este punto, cabe primero considerar que de las cuatro materias que pasarían a encontrarse exentas de la Toma de Razón, esto es, los nombramientos, contrataciones, desvinculaciones y prórrogas del personal, la última de ellas ya se encuentra exceptuada de dicho trámite conforme a la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República. Ahora, en relación a los demás actos administrativos, sin perjuicio del importante rol que cumple la citada entidad en su control preventivo de legalidad, resulta particularmente importante la revisión

No regirá para el personal académico de la Universidad de Chile la limitación contenida en el inciso segundo del artículo 10 del D.F.L. N° 29 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. 5

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relativa a las desvinculaciones, en especial aquellas practicadas como medida disciplinaria de destitución en un sumario administrativo. De tal forma, teniendo en consideración lo anterior, se contemplan dos principales alternativas de indicaciones a presentar en la especie, a saber: i. Eliminar el artículo 33, inciso tercero, del proyecto. ii. Agregar en el artículo 33, inciso tercero (que podría ser el cuarto según la indicación de que se trate) del proyecto, a continuación del término “desvinculaciones”, y antes de la expresión “del personal”, el siguiente texto: “que no provengan de una destitución o de una declaración de vacancia del cargo6”. f) Facultad para contratar prestación de servicios específicos, sobre la base de honorarios o contrato de trabajo Sobre este particular, resulta útil entender que la prestación de servicios a honorarios se encuentra permitida, conforme al artículo 11 del EA, cumpliendo dos hipótesis, a saber: que se trate de labores accidentales y no habituales de la Institución -sólo a profesionales, técnicos de educación superior, expertos o extranjeros con título en la especialidad requerida-, o bien; que se trate de cometidos específicos. En ambos casos, dichos servidores se rigen por sus respectivos convenios y no por las reglas del Estatuto Administrativo. Ahora, la propuesta del proyecto de ley (artículo 51) consiste en reducir tales habilitaciones a una sola, esto es, la prestación de servicios específicos, la que permitiría no sólo celebrar convenios a honorarios, sino también contratos de trabajo, modalidades que podrán utilizarse indistintamente, cualquiera de ellas. De tal forma, más allá de lo que establezcan los instrumentos respectivos, podría producirse que ciertas personas, en el cumplimiento de labores bajo iguales condiciones, queden sujetas a marcos jurídicos completamente distintos, esto es, por una parte, la legislación civil y, por otra, la profusa legislación laboral, pudiendo provocar distinciones arbitrarias e, incluso, inconstitucionales entre ambas situaciones. En definitiva, teniendo en consideración lo anterior, se contemplan tres principales alternativas de indicaciones a presentar en la especie, a saber: i.

Eliminar el artículo 51 del proyecto, con objeto de dejar esta materia sujeta al EA, a menos que se establezca una regulación diferente a través de un eventual Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado. ii. Reemplazar el contenido del artículo 51 del proyecto por un nuevo texto, que mantenga las dos hipótesis permitidas en el EA, pero sujetando la segunda de ellas, esto es, los cometidos específicos, a las reglas propias de un contrato de trabajo, de acuerdo al siguiente tenor: “Las Universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios, a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, o a extranjeros que posean título correspondiente a

El artículo 150 del Estatuto Administrativo establece como causales para la declaración de vacancia del cargo: a) Salud irrecuperable o incompatible con el desempeño del cargo; b) Pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos de ingreso a la Administración del Estado; c) Calificación del funcionario en lista de Eliminación o Condicional, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 50 del Estatuto Administrativo; y d) Por no presentación de la renuncia, en los cargos de exclusiva confianza. 6

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la especialidad que se requiera, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. “Además, se podrá contratar, mediante contratos de trabajo, la prestación de servicios para cometidos específicos. “Las personas contratadas conforme a los incisos precedentes se regirán por las reglas que establezca el respectivo convenio a honorarios o contrato de trabajo, de conformidad a la legislación civil o laboral, respectivamente.” iii. Alternativamente, podría proponerse una norma que estableciera la inaplicabilidad para los funcionarios de las universidades estatales de la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 11 del Estatuto Administrativo que dispone: “Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales”.

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ANEXO- PROPUESTA DE ARTÍCULOS7

Proyecto de ley

Indicación 1

Indicación 2

Artículo 3.- Régimen jurídico especial. En virtud de la naturaleza de sus funciones y de su autonomía académica, administrativa y económica, las Universidades del Estado no estarán regidas por las normas del Título II del decreto con fuerza do ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

Suprimir el artículo 3

Artículo 3.- Régimen jurídico especial. En virtud de la naturaleza de sus funciones y de su autonomía académica, administrativa y económica, las Universidades del Estado no estarán regidas por las normas del Párrafo 1° del Título II del decreto con fuerza do ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N°18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 29, 40, 41 y 42 de dicho cuerpo legal.

Artículo 33.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado detentan la calidad de empleados públicos. Se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

Artículo 33.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado ostentan la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Los funcionarios no académicos se regirán por la citada ley N° 18.834.

Artículo 33.- Régimen jurídico de académicos y funcionarios no académicos. Los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado ostentan la calidad de empleados públicos. Los académicos se regirán por los reglamentos que al efecto dicten las Universidades y, en lo no previsto por dichos reglamentos, por las disposiciones del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Los funcionarios no académicos se regirán por el Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado y, en lo no previsto por este por la citada ley N°18.834. El Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado deberá establecerse a través de una ley especialmente dictada al efecto, la que, junto con reconocer la dignidad de la función pública y guardar conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado, regulará la carrera funcionaria y considerará especialmente el ingreso, los deberes y derechos funcionarios, la responsabilidad administrativa y la cesación de funciones, entre otras materias.

Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley aludido en el inciso anterior, no regirá respecto de los académicos y funcionarios no académicos de las Universidades del Estado. De la misma manera, no serán aplicables a estos empleados públicos las disposiciones del párrafo 3° del Título III del decreto con fuerza de ley precitado. En consecuencia, las destinaciones, las comisiones de servicio y los cometidos funcionarios del personal académico y no académico de dichas instituciones se regirán por sus respectivos reglamentos internos.

Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley del N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no regirá respecto de los académicos de las Universidades del Estado.

Con todo, la restricción establecida en el artículo 10, inciso segundo, del decreto con fuerza de ley del N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, no regirá respecto de los académicos de las Universidades del Estado.

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En algunos casos, las distintas propuestas contenidas en las indicaciones 1 y 2 pueden ser combinadas.

7

Los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro.

Suprimir el inciso 3° del artículo 33

Los nombramientos, contrataciones, prórrogas y desvinculaciones que no provengan de una destitución o de una declaración de vacancia del cargo del personal académico y no académico de las Universidades del Estado serán enviados a la Contraloría General de la República para el solo efecto de su registro.

Artículo 36.- Carrera funcionaria. Las Universidades del Estado podrán dictar un reglamento de carrera funcionaria para su personal no académico. Este reglamento deberá contener las norias sobre el ingreso, la capacitación, la promoción, los deberes y los derechos funcionarios, la responsabilidad y la cesación de funciones, así como el respectivo sistema de calificación de los funcionarios no académicos, de conformidad a requisitos objetivos basados en la idoneidad y en los principios de no discriminación, publicidad y transparencia.

Suprimir el artículo 36

Suprimir el artículo 36

Artículo 51.- Contratación de servicios específicos. Las Universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios o contrato de trabajo, la prestación de servicios específicos. Las personas que presten dichos servicios no tendrán la calidad de funcionarios públicos y su vínculo jurídico con la Universidad se regirá por las cláusulas del respectivo contrato, de conformidad a la legislación civil y laboral, respectivamente.

Suprimir el artículo 518

Artículo 51.- Contratación de servicios específicos. Las Universidades del Estado podrán contratar, sobre la base de honorarios, a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, o a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la institución, mediante resolución de la autoridad correspondiente. Además, se podrá contratar, mediante contratos de trabajo, la prestación de servicios para cometidos específicos. Las personas contratadas conforme a los incisos precedentes se regirán por las reglas que establezca el respectivo convenio a honorarios o contrato de trabajo, de conformidad a la legislación civil o laboral, respectivamente.

Artículo 53.- Modifícase el inciso segundo del artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de La Administración del Estado, de la siguiente manera: 1) Reemplázase la conjunción "y" situada a continuación de la frase "Consejo para la Transparencia", por una coma. 2) Elimínase la coma que sigue a la frase "empresas públicas creadas por ley" y agrégase a continuación de dicha frase la expresión "y a las Universidades del Estado,".

Suprimir el artículo 53

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Artículo 53.- Modifícase el artículo 21 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de La Administración del Estado, de la siguiente manera: Incorpórase un nuevo inciso tercero del siguiente tenor: “Las normas contenidas en el Párrafo 1° de este Título no se aplicarán a las universidades del Estado, salvo lo dispuesto en los artículos 29, 40, 41 y 42”.

En atención a lo manifestado en reuniones del Subcomité para analizar alternativas en torno al proyecto de ley en comento, los días 4 y 7 de julio de 2017, se consideró como posibilidad una indicación del siguiente tenor: “A las Universidades del Estado no les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 11 del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo”.

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3) Reemplázase la frase "constitucionales o de quórum calificado," por "constitucionales, de quórum calificado o especiales,". Artículo 54.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la siguiente forma: 1) Incorpórese en el inciso final del artículo 7, entre la expresión "Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza" y la conjunción "y", la frase ", la Ley sobre Universidades del Estado". 2) Incorpórase en el artículo 162 letra a), a continuación de la palabra "Académicos", la expresión "y funcionarios no académicos".

Artículo 54.- Modifícase el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, de la siguiente forma: Incorpórase en el inciso final del artículo 7, entre la expresión "Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza" y la conjunción "y", la frase ", la Ley sobre Universidades del Estado".

Artículo Transitorio.- Mientras no se dicte el Estatuto Administrativo del Personal de las Universidades del Estado, sus funcionarios no académicos continuarán rigiéndose por las normas contenidas en el decreto con fuerza de ley del N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

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MINUTA Indicaciones sobre gobierno universitario para proyecto de ley sobre universidades del Estado (Boletín 11.255-04)

§1. Existe una contradicción evidente en la definición de universidad del Estado como un organismo que goza de “autonomía académica, administrativa y económica” y la forma en que esa autonomía es regulada en el proyecto de ley sobre universidades del Estado (en adelante, el proyecto). En particular, la regulación de los órganos a cargo del gobierno universitario afecta la referida autonomía universitaria. §2. El proyecto de ley modifica el gobierno de las universidades del Estado, afectando en mayor o menor medida su autonomía. Es posible distinguir a grandes rasgos tres tipos de gobernanza en las universidades estatales. Las Universidades de Chile, de O´Higgins y de Aysen, que cuentan con un órgano colegiado de carácter normativo, con participación de estudiantes y funcionarios. Luego, el número más importante de ellas que tienen una estructura similar a la propuesta por el proyecto de ley, pero con una importante modificación que permite un mayor grado de autonomía. En efecto, la mayor parte de los miembros del consejo superior son designados por el Consejo Académico. Por último, aquellas que han mantenido la estructura de gobierno dictada a comienzos de los años 80. La principal innovación está en la figura del Consejo Superior al cual se entregaría la facultad de “definir la política general de desarrollo y las decisiones estratégicas de la institución, velando por su cumplimiento, de conformidad a la misión, principios y funciones de la Universidad”. La composición propuesta para de este órgano no da cuenta de la autonomía universitaria y representa un serio atentado a ella. En efecto, de los 9 miembros que se proponen, 3 serían nombrados directa y discrecionalmente por el Presidente de la República, sin ceñirse a requisitos que den cuenta de su experiencia o idoneidad respecto de la gestión universitaria.

Por otra parte, 5 de esos 9 miembros “no deberán desempeñar cargos o funciones en la Universidad al momento de su designación”, lo cual implica un serio atentado a las condiciones de autonomía universitaria, desde que las facultades del Consejo Superior van desde la aprobación del plan de desarrollo institucional hasta proponerle al Presidente de la República la remoción del rector. Por otro lado, la dieta de los referidos consejeros y su dedicación no da cuenta tampoco de la relevancia del referido órgano. §3. Un cambio tan radical en el gobierno universitario no tiene en el proyecto una justificación convincente. En efecto, el proyecto hace referencia escueta a que su objetivo en materia de gobierno universitario es “establecer las directrices básicas de los órganos superiores de sus respectivos gobiernos universitarios, así como de los órganos de control y fiscalización al interior de las Universidades del Estado”. Sin embargo, la propuesta no realiza un mínimo balance del actual funcionamiento de los gobiernos universitarios, teniendo una posibilidad inmejorable para contrastar distintas orgánicas de diversas universidades. §4. El proyecto, por otra parte, no pretende agotar la institucionalidad de gobierno universitario. Al contrario, hace explícita la intención de definir sólo las “reglas básicas y comunes” a las universidades estatales, dejando a las mismas la definición de “las demás autoridades y órganos internos”. Es clara entonces su pretensión de generar una regulación común – esto es, que excluya los tratamientos excepcionales – y es clara también la necesidad de que el proyecto ocupe un espacio de regulación básica o principal y no de detalle. De ahí que cualquier modificación que se pretenda introducir al proyecto deba respetar aquella pretensión de estandarización y el carácter de regulación de “bases” (a menos de controvertir las premisas en que se sustenta el proyecto). En razón de lo que se viene afirmando, debiese conservarse la estructura del proyecto, entendido como regulación marco para las universidades estatales, dejando la definición de los tipos de órganos y sus facultades en detalle, ya sea a la regulación estatutaria o, para aspectos de ejecución, a la normación interna de la universidad. Todo ello apartando el problema de fuentes normativas en virtud del cual la ley marco (el proyecto) y los estatutos universitarios (actualmente vigentes y que luego se ajustarán a la referida ley) poseen la misma jerarquía normativa, distorsionándose con ello la relación de respeto entre la ley general y la específica.

No obstante ello, mientras más pormenorizada sea la ley marco, mayor debiese ser el espacio entregado a la regulación reglamentaria en materia de “régimen de gobierno y de funcionamiento interno” tal como lo enuncia correctamente el art. 2 del proyecto. §5. El proyecto persigue un objetivo correcto de “establecer un marco jurídico que permita que las Universidades del Estado fortalezcan sus estándares de calidad académica y de gestión institucional, y que contribuyan de forma permanente en el desarrollo integral del país, de conformidad a la especificidad de la misión, de las funciones y de los principios que fundamentan y dirigen el quehacer de estas instituciones de educación superior”. Este objetivo, entonces, conlleva tanto una pretensión de configurar un marco jurídico para todas las universidades estatales (erigiéndose en una “ley marco”), como la necesidad de propender a una mejora en la actual calidad académica y gestión institucional. Una modificación de las propuestas formuladas en el proyecto debiese conservar aquellos propósitos de estandarización universitaria como una mejora efectiva en los referidos bienes universitarios. §6. De la propuesta orgánica contenida en el proyecto se deriva que las preocupaciones del Gobierno, que la Facultad comparte, y que (luego de la reforma de los Estatutos de 2006) el actual diseño orgánico de la Universidad de Chile contiene, pueden resumirse en las siguientes: 6.1. Existe en el Gobierno una pretensión clara de intensificar la vinculación entre universidades y el Estado de forma tal de transformar a la universidad estatal en un servicio que responda eficientemente a las necesidades públicas con una mayor vinculación a las decisiones estatales, sin perder su autonomía. De ahí que el mensaje identifique como una motivación central del proyecto la de “recuperar y explicitar el rol del Estado en el fomento de la excelencia de todas sus universidades”, precisando, al mismo tiempo, “que el Estado debe ejercer un rol clave en la configuración de una visión y acción coordinada en el quehacer de sus instituciones universitarias”. Más clara es la redacción del proyecto en lo que este denomina la “visión sistémica”, entendida como aquella que reconoce al Estado la posibilidad de “promover una visión y acción sistémica, coordinada y articulada en el quehacer de sus Universidades, a fin de facilitar la colaboración permanente de estas instituciones de educación superior en el diseño e implementación de políticas públicas y proyectos de interés

general, de acuerdo a los requerimientos del país y de sus regiones, con una perspectiva estratégica y de largo plazo”. No obstante, reconociendo la necesidad de intensificar la participación del Gobierno en el quehacer universitario y el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y coordinación entre el Estado y sus universidades, se estima que la propuesta del proyecto se excede en esa intervención, provocando una alteración demasiado radical en la autonomía universitaria, piedra fundamental de la universidad pública y necesaria garantía para que la universidad desarrolle un conocimiento crítico y sin sesgos. Reconociendo aquella necesidad se propone una intervención del Ejecutivo más equilibrada. 6.2. Puede también deducirse del proyecto la necesidad de generar espacios de deliberación con mayor participación de los estamentos universitarios. La comprensión de un “Consejo Universitario” entendido como un “órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria” da cuenta de esta necesidad. Con ese objeto se propone un diseño orgánico del órgano deliberativo que dé esas garantías. 6.3 Finalmente, hay en el proyecto una pretensión de fortalecer la posición orgánica del rector. La explicitación de sus funciones da cuenta de ese propósito. Sostiene el proyecto, de manera bastante amplia, que al Rector “le corresponde dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades académicas, administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen”. §7. Finalmente, no se ve con claridad la necesidad de que en materia de coordinación de universidades no se continúe simplemente con un diseño de coordinación entre universidades. El proyecto, por el contrario, crea un “Consejo de Coordinación de Universidades del Estado”, presidido por el Ministro de Educación e integrado por “rectores de Universidades del Estado, y por autoridades de Gobierno vinculadas a los sectores de educación, ciencia y tecnología, cultura y desarrollo productivo” y deja la “organización, el funcionamiento y las tareas específicas del Consejo” a la voluntad del Presidente de la República manifestada a través de un decreto supremo.

§8. La necesidad de estandarización en la organiza universitaria, realizada mediante una regulación “de bases”, unida a los demás objetivos manifestados por el Gobierno, permiten proponer la siguiente estructura de cambio en la orgánica de las universidades estatales: 8.1. Una regulación común básica del gobierno universitario, que respete la autonomía universitaria, permite proponer una organización estructurada al menos sobre la base de tres tipos de órganos: un órgano deliberativo, un órgano ejecutivo o rector y un órgano estratégico. Los Estatutos de cada universidad definirán si las decisiones de cada uno de los órganos se adoptan mediante una sola unidad administrativa o mediante el concurso de varias. La denominación de cada uno de estos órganos y sus facultades serán también determinados en los estatutos. 8.2. Además, la estructura orgánica básica, deberá satisfacer las exigencias mínimas que se indican: A. Para el órgano deliberativo: - Este órgano deberá estar compuesto por miembros de los estamentos universitarios en la proporción determinada por los estatutos y con o sin derecho a voto según lo indique esa misma fuente. - El órgano deliberativo decidirá, a lo menos, la aprobación de los reglamentos referidos en el Estatuto institucional y sus modificaciones, toda norma de carácter general relativa a las políticas y planes de desarrollo de la Universidad y las propuestas de modificación al Estatuto que deban someterse al Presidente de la República para su trámite respectivo. B. Para el órgano ejecutivo o Rector - El órgano ejecutivo o Rector será la máxima autoridad unipersonal de la Universidad y su representante legal, estando a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la institución. - El órgano ejecutivo tendrá la calidad de jefe o jefa superior del servicio. Le corresponde dirigir, organizar y administrar la Universidad; supervisar el cumplimiento de sus actividades

académicas, administrativas y financieras; dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la institución de conformidad a sus estatutos; ejercer la potestad disciplinaria respecto de los miembros de la Universidad; responder de su gestión y desempeñar las demás funciones que la ley o los estatutos le asignen - La elección de rector será convocada por el órgano estratégico de la universidad la que se realizará de conformidad con el siguiente procedimiento: En las elecciones de rector participarán los académicos pertenecientes a las tres más altas jerarquías de la universidad que tengan, a lo menos, un año de antigüedad en la misma. Con todo, el organismo colegiado superior respectivo, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio, podrá permitir la participación de los académicos pertenecientes a otras jerarquías, siempre que tengan la calidad de profesor y cumplan con el requisito de antigüedad antes señalado. El voto de los académicos será personal, secreto e informado y podrá ser ponderado, de acuerdo con el reglamento que dicte el organismo colegiado superior de la universidad, atendidas su jerarquía y jornada. Para ser candidato a rector se requerirá estar en posesión de un título profesional universitario por un período no inferior a cinco años y acreditar experiencia académica de a lo menos tres años y experiencia en labores por igual plazo o por un período mínimo de tres años en cargos académicos que impliquen el desarrollo de funciones de dirección. Sólo será útil como experiencia académica la adquirida mediante ejercicio de funciones en alguna universidad del Estado o que cuenten con reconocimiento oficial. El candidato a rector será elegido en votación directa y por mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos. La elección se realizará, en la forma que determine el reglamento, a lo menos treinta días antes de aquel en que deba cesar en el cargo el que esté en funciones. Si a la elección de rector se presentaren más de dos candidatos y ninguno de ellos obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una nueva elección, la que se circunscribirá a los dos candidatos que hubieren obtenido las más altas mayorías relativas.

El rector será nombrado por el Presidente de la República, mediante decreto supremo del Ministerio de Educación. Durará cuatro años en sus funciones y podrá ser reelegido.". C. Para el órgano estratégico - Este órgano deberá tener una composición mixta, tanto sobre la base de miembros de la comunidad universitaria como de agentes externos. Podrá contar con un mínimo de 9 y máximo de 15 miembros, excluido el rector dentro de ese número. Un tercio de sus integrantes deben ser miembros de la universidad, otro tercio debe corresponder a profesionales de reconocida experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas, que no sean miembros de la comunidad universitaria, pero sean elegidos por la propia universidad y, por último, otro tercio ha de ser de designación exclusiva del Gobierno de entre miembros internos o externos a la universidad; tratándose de miembros externos, su designación recaerá en profesionales de experiencia e idoneidad en actividades académicas o directivas. Lo integrará también el rector, quién lo presidirá. - El órgano estratégico deberá a lo menos tener la función de aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, así como sus modificaciones, y verificar periódicamente su estado de avance y cumplimiento. - También deberá aprobar, a proposición del Rector o Rectora, las políticas financieras y la contratación de empréstitos señalados en las pautas anuales de endeudamiento; aprobar, a proposición del Rector o Rectora, el presupuesto y sus modificaciones, debiendo pronunciarse, a lo menos, semestralmente sobre su ejecución; ordenar la ejecución de auditorías internas; nombrar al Contralor Universitario o Contralora Universitaria y aprobar su remoción, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad; proponer al Presidente de la República la remoción del Rector o Rectora, de acuerdo a las causales señaladas en los estatutos de la Universidad.

- Del mismo modo autorizará, a proposición del Rector o Rectora, la enajenación o el gravamen de activos de la Universidad cuando correspondan a bienes inmuebles o a bienes que hayan sido previamente declarados de especial interés institucional, en conformidad con los procedimientos que defina cada institución en sus estatutos.

Fortalecimiento de la Educación Pública Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado – Mensaje N°58-365

El Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado no manifiesta un real compromiso con el fortalecimiento de la Educación Pública, especialmente en los ámbitos de matrícula y financiamiento. De esta manera, no se superan los efectos que han tenido las políticas del Estado con sus instituciones. Omisión en el mensaje y rol “estrecho” del Estado En el primer apartado de los Antecedentes del Proyecto, donde se esboza un diagnóstico y revisión histórica de los efectos de las políticas del Estado sobre sus instituciones educativas, se omite cualquier referencia a la actual distribución de la Matrícula en el sistema de educación superior[1]. Por otro lado, en el Artículo 6 se propone que el rol del Estado sea “fomentar la excelencia de todas sus Universidades”, sin explicitar un trato preferente o reparador ante los efectos de las políticas del Estado en educación superior. Posibilidad o decisión En el Título III De la coordinación de las Universidades del Estado, particularmente en el Artículo 39 se señala que el Ministerio de Educación “podrá solicitar” la elaboración de planes para la ampliación de la oferta académica, con resguardo a desafíos regionales y nacionales, su calidad y equidad territorial. En el Artículo 40, literal e) se especifica que aquel crecimiento debe considerarse en función de los Planes de Desarrollo Institucional de cada Universidad. Al no existir una planificación coordinada entre todas las Universidades, se puede abrir la posibilidad de una nueva competencia entre instituciones. Lo mismo se sostiene en el Artículo 47, literal f). Por otro lado, en el literal h) del Artículo 40, se hace referencia a la reubicación de estudiantes de instituciones de educación superior cuyo reconocimiento oficial haya sido revocado. Aquí también se plantea como posibilidad al consignarse como una “colaboración entre Universidades del Estado y con otras instituciones de educación”. De esta forma, no se especifica una decisión para desarrollar un crecimiento de matrícula a través de estudiantes provenientes de otras instituciones. Financiamiento En primer lugar, el “Convenio Marco Universidades Estatales” presente en el Artículo 43 es un mecanismo que ya se ha utilizado en los últimos años para otorgar recursos económicos a través de la Ley de Presupuesto. Este mecanismo implica una alta incertidumbre en torno a los recursos disponibles para cada año, generando condiciones para una captura de los intereses de los gobiernos de turno. En segundo lugar, el Plan de Fortalecimiento corresponde a M$150.000.000 en un plazo de 10 años, que, si llegara a dividirse de forma equivalente entre las 18 instituciones, corresponden a

M$833.333. Si se considera el presupuesto de la Universidad de Chile ejecutado durante el 2016 (según los datos de su Vicerrectoría de Asuntos Económicos y Gestión Institucional), este monto anual del Plan de Fortalecimiento representa el 0,13%. Por último, no se hace referencia al financiamiento de la formación de pregrado de las Universidades del Estado y su condición de gratuidad. Indicaciones sustitutivas A continuación se presentan propuestas -en construcción- para el Proyecto de Ley que permitirán fortalecer efectivamente la educación pública. Mensaje de Ley 058-365

Indicación sustitutiva.

Art. 1; Definición y naturaleza jurídica. Las Universidades del Estado son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo su domicilio en la región que señalen sus estatutos. Para el cumplimiento de sus funciones, las Universidades del Estado deben orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.

Art 1; Definición y naturaleza jurídica. Las Universidades del Estado son instituciones de Educación Superior de carácter estatal, gratuitas en su pregrado, creadas por ley para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país y al progreso de la sociedad en las diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Estas instituciones universitarias son organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, que forman parte de la Administración del Estado y se relacionan con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, teniendo su domicilio en la región que señalen sus estatutos. Para el cumplimiento de sus funciones, las Universidades del Estado deben orientar su quehacer institucional de conformidad a la misión, principios y normas establecidas en la presente ley y en sus respectivos estatutos.

Art. 39; Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

Art 39; Colaboración con los órganos del Estado. Las Universidades reguladas en la presente ley deberán colaborar, de conformidad a su misión, con los diversos órganos del Estado que así lo requieran, en la elaboración de políticas, planes y programas que propendan al desarrollo cultural, social, artístico, científico, tecnológico, económico y sustentable del país, a nivel nacional y regional, contribuyendo a satisfacer los intereses generales de la sociedad y de las futuras generaciones.

En este marco, el Ministerio de Educación podrá solicitar a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, elingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. La implementación de estos planes se establecerá mediante convenios que las Universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos.

En este marco, el Ministerio de Educación solicitará a las Universidades del Estado que elaboren planes de crecimiento de su oferta académica con la finalidad de apoyar el desarrollo estratégico del país y sus regiones, en el plazo de un año, entrado en vigencia esta ley. En el diseño y ejecución de los mismos, las Universidades deberán cautelar y preservar su calidad académica y fomentar, de manera particular, el ingreso de estudiantes procedentes de sus respectivas regiones. Así mismo, las Universidades del Estado elaborarán planes para la reubicación de estudiantes, en virtud del Artículo 40 letra h) de la presente ley. La implementación de estos planes se establecerá mediante el Convenio Marco Universidades Estatales y el Plan de Fortalecimiento que las Universidades del Estado deberán firmar con el Ministerio de Educación, los que deberán ser visados por la Dirección de Presupuestos.

Art. 43; Convenio Marco Universidades Estatales. En su calidad de instituciones de Educación Superior estatales, creadas para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales”. Los montos específicos de este instrumento de financiamiento serán establecidos en virtud de la Ley de Presupuestos del Sector Público de cada año. A su vez, los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará anualmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación “Convenio Marco Universidades Estatales” establecido en la ley N° 20.882.

Art. 43; Convenio Marco Universidades Estatales. En su calidad de instituciones de Educación Superior estatales, creadas para el cumplimiento de las funciones de docencia, investigación, creación artística, innovación, extensión y vinculación con el medio, de acuerdo a la misión y a los principios que les son propios, señalados en el Título I de esta ley, las Universidades del Estado tendrán un financiamiento permanente a través de un instrumento denominado “Convenio Marco Universidades Estatales”. Los montos específicos de este instrumento de financiamiento y los criterios de distribución de dichos recursos serán fijados mediante un decreto que dictará quinquenalmente el Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro o Ministra de Hacienda. El citado instrumento considerará, al menos, los recursos de la asignación “Convenio Marco Universidades Estatales” establecido en la ley N° 20.882.

Art. 45; Objetivo y vigencia. Con el propósito de apoyar el desarrollo institucional de las Universidades del Estado se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes estratégicos que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas.

Art. 45; Objetivo y vigencia. Con el propósito de restituir el carácter estratégico, apoyar el cumplimiento de su misión y desarrollar una efectiva coordinación de las Universidades del Estado, se implementará un Plan de Fortalecimiento de carácter transitorio, que tendrá una duración de diez años contados desde el año siguiente al de entrada en vigencia de la presente ley, destinado a los usos y ejes principales que serán estipulados en los convenios que para estos efectos se suscriban entre el Ministerio de Educación y cada una de las Universidades referidas.

Art. 46; Recursos del Plan. Los recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a $150.000.000 miles, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” establecida en la ley No 20.981.

Art. 46; Recursos del Plan. Los recursos totales destinados al financiamiento del Plan de Fortalecimiento ascenderán a _________________, por el plazo establecido en el artículo anterior. Dicha cantidad se dividirá en montos anuales, según lo establezcan las Leyes de Presupuestos del Sector Público correspondientes, que considerarán al menos los recursos de la asignación “Plan de Fortalecimiento Universidades Estatales” establecida en la ley Nº 20.981.

[1] Al año 2017, las Universidades del Estado contemplan un 15,2% del total de estudiantes en el sistema de educación superior (CNED, 2017).