Feuc Fundamentos Reforma Borrador

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile

Fundamentos para una Reforma a la Educación Superior: reflotando aspiraciones de país desde el movimiento estudiantil

[BORRADOR]

Este documento presenta las perspectivas particulares de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) en el marco del trabajo conjunto realizado con las Federaciones de las universidades de Chile, Técnica Federico Santa María, Alberto Hurtado y Central.

Índice 1. El Movimiento Estudiantil y la Educación Superior en un cambio de paradigma para el Desarrollo… 3 2. El conjunto de la Educación Superior: la urgencia de un Sistema con Sentido Público… 5 2.1 El problema de la producción de bienes sociales, y algunas metas de país… 5 2.2 Inexistencia actual de un real Sistema de Educación Superior… 7

3. Del diagnóstico hacia una propuesta de Reforma… 10 3.1 Diagnósticos Compartidos… 10 3.2 Principios Generales de un Sistema Nacional de Educación Superior… 11 3.2.1 Sentido Público… 11 3.2.2 Equidad y Calidad Integral… 12

4. Ejes para la Reforma de la Educación Superior… 14 4.1 Planes Específicos… 14 4.2 Proceso hacia una Ley de Educación Superior… 14

5. Resumen de Propuesta de Institucionalidad y Financiamiento… 18 5.1 Principios del Sistema Nacional de Educación Superior… 18 5.2 Financiamiento en el nuevo sistema… 19

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1. El Movimiento Estudiantil y la Educación Superior en un cambio de paradigma para el Desarrollo Chile, al igual que el mundo entero, se encuentra en un momento en que la profundidad de la crisis económica nos conduce a revisar las bases de nuestra forma de perseguir el bienestar colectivo; ya no se trata de una simple corrección del rumbo, sino de un cuestionamiento profundo a las estructuras. Existen múltiples espacios en los que este cuestionamiento toma forma, apuntando a reconfigurar los roles del el Estado, la Sociedad Civil y el Mercado. La educación es uno de dichos espacios, puesto que sobre ella pesan fuertemente las expectativas de los individuos respecto a su participación en el proceso de desarrollo. Las acciones en torno a la Educación en Chile están hoy marcadas por el proceso ocurrido entre la Revolución Pingüina el 2006 hasta la aprobación de la LGE a principios de 2009. Los hitos principales son la envergadura del movimiento social desatado por las movilizaciones de los estudiantes secundarios, y el fracaso político que significó el que se mantuvieran en la Ley General varios de los aspectos más criticados su antecesora LOCE. Por otro lado, en esta nueva ley quedan aspectos fundamentales fuera, que deberán ser incluidos, en el mediano plazo, en proyectos tales como las leyes de Educación Superior y de Educación Pública. En este contexto, la Educación Superior representa un espacio decisivo. En primer lugar, ya en el 2006 se evidenció un deterioro de la capacidad del movimiento estudiantil universitario para manejar una agenda de importancia nacional. Al igual que en otros ámbitos de la Sociedad Civil, la organización estudiantil enfrenta hoy el desafío de recuperar credibilidad y poder efectivo logrando niveles de convocatoria amplia, pero pasando de posturas meramente reactivas a una capacidad de generar y promover propuestas. No es admisible desaprovechar nuevamente la capacidad instalada en la juventud que tiene en la Educación Superior su espacio más propio de trabajo, formación y movilización. En segundo lugar, las señales que desde el mundo social hace años apuntaban a una Crisis de la Educación Superior, son ratificadas hoy por la presión que han generado los intentos de marcar una agenda para el proceso de desarrollo desde el mundo de la tecnocracia. El intento del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior (CAPESUP) demostró ser una estrategia políticamente insuficiente con grandes probabilidades de conducir al mismo fracaso de la LGE. Sin embargo, la agenda que apunta a la sostenibilidad del desarrollo económico puso presiones mucho más claras a través de las metas establecidas por el Consejo de Innovación, el Consejo de Trabajo y Equidad, y especialmente los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El gran desafío de la Educación Superior en Chile es poder asumir su masificación. De haber estado constituida únicamente por la Universidad como el lugar de formación de la elite, la Educación Superior ha evolucionado hasta conformar un conjunto de Universidades, Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales, fuertemente determinado por la irrupción de las lógicas del mercado desde los años 80, y donde en los últimos 15 años se ha casi triplicado la 3

cobertura bordeando el 40%1 de los chilenos en edad de estudiar. En este mismo sentido, se ha establecido que el país debiera avanzar en cobertura de educación terciaria a niveles cercanos al 80% de la población entre 18 y 24 años hacia el año 20202; esto supone un desafío mucho mayor en cómo se enfrenta la masificación. En este contexto, el problema político de la Educación Superior en Chile es la separación de calidad y equidad. Son parte de él la segregación de las oportunidades asociadas a la calidad de la educación, la exclusión social o al menos amplificación de las diferencias socioeconómicas, y, principalmente, la inexistencia de capacidad para asegurar el fin del bien común en un sistema que requiere poder funcionar, como tal, integrado a las necesidades del país. Son éstos los puntos de una agenda que el Movimiento Estudiantil debe poder levantar a nivel nacional. El desafío principal es la complejidad que se debe abordar, puesto que no cabe en una sola consigna o reivindicación; una propuesta aquí implica una reestructuración profunda del sistema educativo. Nosotros, los estudiantes, damos por iniciado el proceso hacia la Reforma de la Educación Superior, e invitamos a toda la ciudadanía a participar en ella. En este camino no será posible separar contenido, entendido como las propuestas en sus implicancias prácticas, de la forma, entendida como los medios para instalar demandas. El proceso de construcción de este proyecto de reforma es en sí una práctica estudiantil, ciudadana y política. En la edificación colectiva de esta propuesta, estamos definiendo en forma concreta y práctica nuestra naturaleza como Movimiento Estudiantil. Nuestras capacidades de educar, reflexionar y movilizar, conducen al ejercicio del poder a través de la organización social, experiencia que deseamos para la sociedad chilena en su conjunto.

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Existen distintos datos, expresados en CAPESUP, 2008; Consejo de Innovación, 2007; Consejo de Innovación, 2008. Consejo de Innovación, 2007, p. 93

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2. El conjunto de la Educación Superior: la urgencia de un Sistema con Sentido Público 2.1 El problema de la producción de bienes sociales, y algunas metas de país El Sentido Público en la Educación Superior depende de que en ella se garantice la producción de bienes sociales. Éstos dependen directamente de los fines que fundamentan la importancia de la Educación Superior para el proceso de desarrollo, los que van hoy mucho más allá de la conservación y transmisión del conocimiento o “búsqueda de la verdad” que motivó los orígenes de las universidades, primeras instituciones de educación terciaria. Evidentemente, el eje de la discusión aquí es la definición de dichos bienes sociales, lo cual es un problema político. La última reforma a la Educación Superior fue la de los años 80. Ésta respondió a un modelo de liberalización económica que se implantó durante el régimen militar. La privatización de la educación y el decaimiento de las universidades públicas fueron parte de sus consecuencias. Esta reforma estaba pensada según un modelo de desarrollo que justificaba que el mercado podía ser la piedra angular en el aseguramiento de la calidad. Los resultados fueron el debilitamiento y fragmentación de la Universidad de Chile y la ex Universidad Técnica del Estado, y el fortalecimiento y creación de universidades privadas. La irrupción de este último tipo de instituciones en la matriz histórica universitaria chilena, de carácter mixta estatal-privada, incluyó especialmente una nueva oferta de Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales en la que no existe participación del Estado3. El rol de éste fue limitado a un carácter subsidiario, sin constituir un deber del Estado el aseguramiento ni la regulación de la calidad de la educación. Esta situación ha derivado en múltiples fallas en el comportamiento del conjunto y de las partes, en relación a la calidad y distribución de los beneficios sociales demandados a la Educación Superior. Existen problemas respecto a los recursos disponibles, especialmente los dispuestos por el Estado, cuya justificación debiera ser asegurar estos beneficios, además de generar oferta en espacios no cubiertos por el sector privado que representan necesidades nacionales. Hay una problemática urgente que involucra la disposición de recursos públicos, pero también los criterios de asignación y la rendición de cuentas de las distintas instituciones. El aumento de los recursos públicos es un problema importante, pero es un riesgo buscar soluciones que se limiten a pedir más dinero sin pensar en cómo y para qué serán utilizados. Es preciso revisar la complejidad multidimensional del problema que enfrenta la Educación Superior. Existen varias metas de mediano plazo establecidas transversalmente para el país desde diversas instancias, como los Consejos Asesores Presidenciales de Innovación (2007, 2008), de Equidad y Trabajo (2008) y de Educación Superior (2008). Estas metas reflejan las necesidades del país para alcanzar el desarrollo. Por ejemplo, desde el punto de vista de la competitividad económica, “el país debiera avanzar en cobertura de educación terciaria a niveles cercanos al 80% de la población entre 18 y 24 años hacia el año 2020”4; evidentemente, aspiraciones como éstas requieren de enormes esfuerzos de parte de todos los actores. 3

Esto ha quedado expresado detalladamente en el Informe del Consejo Asesor Presidencial Para la Educación Superior (CAPESUP), del año 2008. 4 Consejo de Innovación, 2007, p. 93

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Se debe precisar que “Chile muestra, por relación a la experiencia comparada, una predominancia excepcional del gasto privado –un 1.8% de un total de 2.1% del gasto como porcentaje del PIB- a la hora de financiar la educación superior”5, a lo que hay que agregar que “las actuales cifras muestran que la proporción de matrícula en carreras de tipo profesional versus carreras de nivel técnico superior es 3,6 a 1”6, realidad inversa a la de los países desarrollados. Se ha determinado como fundamental “aumentar la cobertura con foco en los sectores de menores ingresos y en la formación de técnicos”7. Todo lo anterior, al contraponerse a la paradoja de que la oferta de la Educación Superior crecerá “a tasas muy inferiores a las observadas en los últimos 15 años”8, y que no existe participación del Estado en la educación técnico-profesional – a pesar de la histórica naturaleza mixta público-privada en la Educación Superior –, señala la necesidad de un replanteamiento del rol de las distintas partes, especialmente del Estado. Un problema central es la incorporación de los estratos socioeconómicos más bajos a la Educación Superior, puesto que es justamente entre estos grupos donde hay más espacio para crecer en la cobertura. Se ha señalado que existiría la posibilidad real de, al menos, “doblar, en un período de tiempo estructuralmente viable, la cobertura en los niveles de menores ingresos, los quintiles I, II y III, de existir un financiamiento público mayor al actual que contribuya a alcanzar ese objetivo”9. Otro punto fundamental es la educación técnico-profesional; por ejemplo, el CAPESUP estableció “la conveniencia que el estado provea –y no sólo financie- ese tipo de educación especialmente en aquellas áreas en las que la iniciativa privada no logra hacerlo de una manera eficiente”10. Por último, se ha señalado que el gasto público del PIB en Educación Superior alcanzaría hoy para intentar cubrir necesidades de docencia, requiriéndose inversiones importantes para financiar investigación y extensión11. De esta manera, queda claro que no se trata simplemente de “pedir más recursos”; efectivamente, resulta fundamental un aumento de los recursos públicos destinados a la Educación Superior, pero éstos ya cuentan explícitamente con prioridades en relación a los beneficios sociales demandados. Éstos involucran un replanteamiento del rol del Estado, especialmente en relación a la educación técnica-superior y la incorporación de los estratos socioeconómicos más bajos. Lo anterior se suma a la necesidad ya señalada de reformular los criterios de distribución de los recursos públicos, sobre todo los ya existentes, basándose en la producción de bienes sociales, orientados a la equidad, calidad, eficiencia y pertinencia12. Es preciso, sin embargo, ir más allá del problema presupuestario. El proceso de desarrollo de chile ha establecido demandas claras respecto a la producción de bienes sociales. En este sentido, existe una cada vez mayor complejidad de la función social de la Educación Superior. En este sentido, el Sentido Público determina que ésta deba cumplir con los siguientes fines: 5

CAPESUP, 2008, p. 412 Ibidem. P. 55 7 Consejo de Innovación, 2008, p. 54 8 CAPESUP, 2008, p. 70. 9 Ibidem. p. 70. 10 Ibidem. p. 33 11 Ibidem. p. 232 12 Brunner, 2008. 6

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Asegurar la existencia de profesionales y técnicos con las competencias necesarias para el desarrollo nacional. Constituir un espacio de discusión, formación y práctica ciudadana, aportando a la sostenibilidad y calidad de la democracia. Producir conocimiento científico y desarrollo artístico. Traspasar dicha producción a la sociedad. Constituir un instrumento de distribución equitativa de las oportunidades, orientado a la movilidad social.

Al enunciar estos fines, se reconocen las dimensiones en las que el sistema que rija la Educación Superior debe poder responder. Evidentemente, no todas las instituciones cumplen con todos estos fines, puesto que presentan una alta especialización. Sin embargo, son estas las demandas para la Educación Superior en general. Además de las funciones tradicionales de producir Capital Humano y Cultural, se reconocen otras complejidades propias del proceso de desarrollo actual de Chile en sus pretensiones de incorporarse plenamente a la Economía del Conocimiento. Un ejemplo de las “nuevas complejidades” es el rol de traspasar la producción de conocimiento a la sociedad, lo que incorpora la I+D y la cooperación con la Empresa en procesos de Innovación, lo mismo con las labores de Extensión valoradas por la OCDE como función fundamental de la educación terciaria en las sociedades del conocimiento, y atiende también al histórico rol social que han cumplido las Universidades en el contexto del subdesarrollo latinoamericano. Por otro lado, se reconoce el papel de la Educación Superior en una realidad nacional con una distribución del ingreso regresiva y altas inequidades en la distribución de oportunidades. Finalmente, se reconoce también el rol histórico de las instituciones de Educación Superior en la formación de la ciudadanía y el desarrollo de la democracia. La pregunta ahora es ¿cómo responder a estos fines? ¿Cuál es la situación actual respecto a la capacidad de entregar esa respuesta?

2.2 Inexistencia actual de un Sistema de Educación Superior Como ya se dijo, la complejidad de los problemas relacionados con los bienes sociales que debiese producir la Educación Superior va mucho más allá de la disponibilidad y asignación de recursos. En la actualidad no es posible hablar de a existencia real de un Sistema de Educación Superior, puesto que el comportamiento y características de las que debieran ser sus partes (U, CFT, IP), y la institucionalidad que debiese dar marco a su existencia como total, obedecen a lógicas parciales e incluso muchas veces contradictorias. Así, es posible verificar problemas en el encuentro de institucionalidades antiguas con las nuevas características de la Educación Superior, generándose actualmente diferencias en la forma como cada IES debe enfrentarse a un marco común, que hoy no es nada más que la competencia por estudiantes y recursos. Muchas veces, estas diferencias entre las condiciones que deben enfrentar las IES no tendrían justificación de acuerdo a un criterio asociado a la 7

producción de bienes sociales, más allá de circunstancias históricas de la existencia de las distintas instituciones. Este es sólo uno de los aspectos donde se verifica la incoherencia en la forma de operar del conjunto de la Educación Superior. Se suma a esto la crisis de la Educación Universitaria Estatal, que se ha visto profundamente afectada por las contradicciones del sistema, especialmente en lo referido al financiamiento y gestión. En otro ejemplo, el debate público del último tiempo se ha centrado fuertemente en las vías de acceso a la Educación Superior desde la Secundaria. Preocuparse de la relación con la educación escolar es fundamental para la consecución de los fines propios de la Educación Superior; sin embargo, este punto ha significado un peligro de avocarse a las pruebas de selección, entendiéndolas como un instrumento para solucionar problemas que van mucho más allá de lo que les corresponde abarcar. Aún así, en esta instancia debe considerarse la necesidad de que exista Equidad en el acceso, lo cual no se consigue reproduciendo las desigualdades del sistema escolar. La situación actual no solo reproduce, sino que aumenta los niveles de desigualdad socioeconómica y según procedencia de instituciones públicas o privadas. Si bien éste es un punto fundamental, es preciso entender que, especialmente en relación al fin de constituir un instrumento de distribución equitativa de las oportunidades, orientado a la movilidad social, debe asegurarse también la Equidad en la salida13, es decir, respecto a la titulación y los niveles de calificación e inserción en el mercado laboral, además de que “el acceso a la educación superior no sirve de mucho si no se logra terminar los estudios”14. Esta discusión ha centrado el problema de la Equidad, en el Acceso, siendo que se requieren muchas más variables para hacerse cargo de que la Educación Superior efectivamente constituya una herramienta de distribución equitativa de las oportunidades, y éstas requerirían una atención al sistema en general y su relación con el mercado laboral, instancia que prácticamente no existe. El criterio de Equidad no es suficiente si no hay Calidad, ni viceversa. Hoy en día existe una fuerte segregación socioeconómica en la Educación Superior, que se suma a bajos niveles generales de calidad de las competencias entregadas, y una concentración de unas pocas instituciones excelencia que, en general, corresponden a las Universidades tradicionales de la elite. A esto se suma un descalce entre las demandas de Capital Humano desde el sector productivo respecto a la oferta que la Educación Superior termina por generar en el mercado laboral, es decir, una falta de pertinencia en las competencias entregadas a los estudiantes. Todo esto involucra problemas en la coordinación, la búsqueda de recursos, la calidad de los alumnos, el currículo, la calidad docente, la escasez de investigación, y una serie de “crisis” parciales que hacen que hoy la Educación Superior no cumpla con lo que la sociedad requiere de ella. De esta manera, diferentes aspectos de exigencias a las que hoy la Educación Superior debiera dar respuesta – satisfaciendo los criterios de equidad, calidad, eficiencia y pertinencia –, reiteran una y otra vez la urgencia de la pregunta por ¿dónde se garantiza la existencia de una Educación Superior que cumpla los fines de que ésta produzca los bienes sociales para el desarrollo del país? La respuesta a esta pregunta es, justamente, la existencia real de un Sistema de Educación Superior que concretice la capacidad de dar un Sentido Público a lo que 13

“Se debe evaluar el costo alternativo de estudiar para personas de los quintiles 1, 2 y 3. Dejar de trabajar para estudiar puede significar dejar de acceder al financiamiento de necesidades tan básicas como la alimentación” (Consejo de Innovación, 2007, p. 94). 14 Newman et. al., 2004, citado en Meller & Meller, 2007, p. 238.

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hoy es un conjunto de instituciones, el cual se verifica en la medida que el comportamiento del total obedezca al criterio del bien común. De aquí surge el cuestionamiento fundamental a los roles del Estado, el Mercado y la Sociedad Civil en el sistema. En el proceso político, las respuestas que se han dado han obedecido, nuevamente, a una lógica de las partes por sobre el todo. Por otro lado, muchas de las medidas se han implementado “a medias” respecto a su naturaleza original, ocasionando nuevos problemas derivados de su ineficacia. Es por esto, que plantemos que hoy es ineludible y fundamental que la sociedad chilena instaure un nuevo Contrato Social que asegure, de una vez por todas, la existencia del Sistema de Educación Superior, en su Sentido Público.

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3. Del diagnóstico hacia una propuesta de Reforma 3.1 Diagnósticos Compartidos Como ya se ha señalado, en el último tiempo ya se han realizado bastantes esfuerzos por fijar una agenda en torno a la Educación Superior, de manera tal que se ha llegado a un relativo consenso en torno al diagnóstico sobre su situación actual, difiriendo tal vez en las formas de enfrentar los problemas y desafíos planteados. Muchas de las problemáticas van incluso más allá del caso particular chileno, puesto que tienen que ver con dilemas que enfrenta la Educación Superior en general, puesto que la sociedad le exige cumplir con funciones que antes no realizaba, en un contexto distinto. Podríamos esquematizar los rasgos principales del diagnóstico en los siguientes puntos15: -

Crisis de la Calidad: existe un problema generalizado respecto a la Calidad de la educación impartida, sin contar con formas de evaluar el desempeño de la docencia y el aprendizaje, dificultándose la capacidad de generar planes de mejoramiento, especialmente en relación a los requerimientos que las metas de desarrollo significan para la Educación Superior, en términos de capital humano.

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Crisis de la Pertinencia: hay una falta de información respecto a la Pertinencia de lo aprendido por los estudiantes de la Educación Superior. En muchos casos, las habilidades y calificaciones de los egresados están por debajo de lo requerido por el sector productivo. Existiría un “descalce entre oferta y demanda”, producto de interferencias que tienen que ver con el mercado de la educación, desorientaciones producto de la publicidad, etc. Esto se ve acentuado por la linealidad de currículos y ausencia de grados intermedios que permitan calificaciones luego de períodos de tiempo más cortos, acordes con el aprendizaje continuo en un mercado laboral cambiante, y posibilidades de alternar trabajo y estudios de modo de hacer la educación económicamente más accesible.

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Crisis de la Carrera Académica y Docente: los recursos disponibles y la estructura de promoción e incentivo de la carrera académica no valorizan lo suficiente la docencia y el aprendizaje. Existe un descalce entre las funciones que la sociedad le exige a la Educación Superior, como son la docencia, la investigación, la participación en la innovación. Este problema se aplica a la Educación en general; es especialmente importante en el caso particular de la formación de educadores.

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Crisis del Financiamiento y la Equidad: los requerimientos de autofinanciamiento de las IES presionan al alza de los aranceles y al aumento del monto de créditos proporcionados por el sector público. Al respecto, se ha señalado que “el encarecimiento

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Meller & Meller (2007) intentan definir varias de estas problemáticas, para lo que recurren al diagnóstico de Newman et. Al. (2004).

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del estudio universitario se está transformando en un problema político similar al del creciente costo de la salud”16. -

Crisis del Financiamiento y la Misión Pública: los requerimientos de autofinanciamiento en medio de la alta competitividad del mercado de la Educación Superior, “han vuelto difusas las fronteras entre lo que constituyen actividades académicamente aceptables e inaceptables”. Aparecen aquí problemas políticos como el de la compatibilidad entre los fines de lucro de algunas instituciones con los requerimientos sociales que debe enfrentar la Educación Superior, así como múltiples problemas de antiguas instituciones estatales que deben responder a este nuevo entorno competitivo que plantea funcionar fuera de su lógica original, compitiendo en el mercado: es preciso hoy hablar de la Crisis de las Universidades Estatales. Por otro lado, en algunas instituciones privadas se generan prácticas contra la organización estudiantil, por considerarse un riesgo para la estabilidad y rentabilidad, sin que existan definiciones legales al respecto.

Todo lo anterior resume, en rasgos generales, los problemas que debe enfrentar la Educación Superior. Lo que presentaremos de aquí en adelante corresponde a las conclusiones de nuestro diagnóstico, que tienen que ver, como en parte ya se ha anunciado, con (1) la ausencia de capacidad para que la Educación Superior funcione como un sistema para asegurar la producción de bienes sociales necesarios para el desarrollo de Chile, (2) la necesidad de llegar a una definición operativa de Sentido Público, para que rija la existencia y funcionamiento de un Sistema Nacional de Educación Superior, y (3) la creciente separación entre los objetivos de Calidad y Equidad, los cuales se deben necesariamente cumplir simultáneamente. 3.2 Principios Generales de un Sistema Nacional de Educación Superior 3.2.1 Sentido Público En primer lugar, un posible Sistema Nacional de Educación Superior debe estar caracterizado en todas las instancias por un Sentido Público, lo que implica que éste debe estar dotado de la capacidad política, financiera y administrativa para que en su totalidad responda al fin del bien común y la consecución de los fines de la Educación Superior17; esto conlleva que dichos fines están por encima de cualquier otro. Se entiende que el Sentido Público no depende de la propiedad o administración “pública” de las instituciones, sino de la producción de bienes sociales-públicos por parte de éstas, lo que las califica para ser parte de un 16

Meller & Meller, 2007, p. 233 Éstas ya fueron enunciadas más arriba: (1) asegurar la existencia de profesionales y técnicos con las competencias necesarias para el desarrollo nacional; (2) constituir un espacio de discusión, formación y práctica ciudadana, aportando a la sostenibilidad y calidad de la democracia; (3) producir conocimiento científico y desarrollo artístico; (4) traspasar dicha producción a la sociedad; (4) constituir un instrumento de distribución equitativa de las oportunidades, orientado a la movilidad social. 17

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sistema donde el Estado garantiza la “publicidad” del total mediante participación directa, regulaciones, subsidios e incentivos, integrando los distintos tipos de instituciones. Por lo tanto, se reconoce la presencia mixta de instituciones privadas y estatales en el actual conjunto de U, CFT e IP, lo cual responde a una constante histórica respecto a la Educación Superior en Chile. De esta manera, admitiéndose la presencia de fines privados como propios de algunas instituciones, éstos son admisibles en el sistema en la medida que no interfieran con los fines propios de su Sentido Público. 3.2.2 Equidad y Calidad Integral En segundo lugar, la existencia y funcionamiento del Sistema Nacional no puede sino asegurar conjuntamente la Equidad y Calidad en la Educación Superior; esto es una implicancia fundamental de su Sentido Público. Si ambos objetivos no se verifican simultáneamente en el sistema y, peor aún, si en la práctica la consecución de uno es entendida como un obstáculo para que el otro se vea logrado, no se está alcanzando el bien común ni los fines propios de la Educación Superior. El principio de la Equidad está directamente asociada con la movilidad social; implica que el sistema (1) colabore en que exista igualdad de oportunidades que permitan a las personas colocarse en base a su propio esfuerzo en cualquier punto de la escala social, y que (2) los esfuerzos desplegados en el sistema busquen disminuir las diferencias entre los niveles básicos de capital cultural y social que la Educación Superior puede entregar a los chilenos, lo que implica, evidentemente, mejorar los niveles de calidad para la gran mayoría, con miras que éstos dependan cada vez menos de la situación socioeconómica de cada persona. De lo anterior se desprende la estrecha relación entre la Educación Superior y la realidad de las etapas que la preceden, de ahí la importancia de los mecanismos de Acceso respecto a las inequidades que predeterminan a los estudiantes; sin embargo, es preciso que el criterio de la Equidad encuentre medios de verificación tanto en las instancias de acceso, como en las etapas intermedias, y en la salida de la Educación Superior. El principio de Calidad obedece a que (1) es necesario asegurar niveles mínimos de calidad en la Educación Superior de acuerdo a las prioridades definidas según estrategias de desarrollo nacionales y regionales, en circunstancias actuales donde existen instituciones que estarían por debajo de estándares básicos, y (2) es fundamental que el Sistema cuente con los medios para fomentar en sus instituciones la búsqueda de la excelencia y el progreso. En suma, la coherencia de los bienes públicos producidos por la Educación Superior chilena respecto a las metas de desarrollo del país requiere que todos los medios desplegados para verificar y maximizar dicha producción persigan inseparablemente la Equidad y Calidad, incluyendo esta última la Eficiencia y la Pertinencia. A partir de estos principios generales, es necesario ahora poder generar ejes claros que sean los pilares de la Reforma de la Educación Superior. En torno a estos ejes pretendemos guiar la discusión pública y el camino hacia una propuesta que pueda ser levantada por la ciudadanía. 12

4. Ejes para la Reforma de la Educación Superior

4.1 Planes Específicos El proceso de reforma requiere la capacidad de generar demandas efectivas para el mejoramiento de la situación en el sistema educativo, y especialmente en la Educación Superior. Es por esto que, además de la reflexión y la participación amplia en la creación de un nuevo proyecto que apunte a la posible elaboración de nuevas leyes, es necesario manejar una agenda de corto plazo. Contar con puntos inmediatos permitiría aprovechar el momento actual del ciclo político, al final del Gobierno de Michelle Bachelet, para poder levantar el proceso de la Reforma. Por esta razón, y para poder sumar a otros actores sociales mediante ejes movilizadores comunes, se plantean las siguientes peticiones: -

Plan de rescate de las Instituciones Estatales de Educación

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Plan para eliminación de la discriminación en el Acceso

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Plan para una nueva Educación Técnica pública y de calidad

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Elaboración ciudadana de las leyes de Educación Superior y Educación Pública

4.2 Proceso hacia una Ley de Educación Superior La capacidad de involucrar al Movimiento Estudiantil y a la comunidad en general en el proceso de reflexión y acción para la reforma, debe estar orientado a conseguir logros políticos concretos, previniendo el fracaso del proceso hacia la Ley General de Educación. Para esto es necesario ser capaces de levantar demandas claramente formuladas, que permitan que frente a la movilización social, los actores políticos adquieran compromisos claros y verificables en plazos definidos. Es preciso poder comenzar el proceso de la reforma a través de la concientización y educación mutua que posibilita la dinámica del movimiento estudiantil. La capacidad de movilizar por una agenda de gran complejidad necesariamente requiere que en forma individual y colectiva los estudiantes no sólo se encuentren interiorizados de la discusión, sino que sean ellos mismos los protagonistas de su desenlace, en pleno dominio de los consensos y disensos. Luego, es preciso poseer credibilidad y ejes programáticos comunes con otros actores, que permitan generar solidaridad y cooperación, de manera de masificar las demandas. Para esto es que se ha planteado la necesidad de diseñar formas innovadoras de trabajo, participación y movilización. Además del proceso de movilización tradicional y socialización 13

posible en el año 2009 previo al 21 de mayo, aparece la posibilidad de marcar dos hitos de trabajo para la Reforma: -

El primero es la gestión de un Congreso Nacional de Educación, en la que el espacio de las Universidades se abriría a los otros actores de la Educación Superior y de la Sociedad Civil, aprovechando la base institucional del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), en la medida que la Reforma es una agenda que posibilita la confluencia y cooperación mutua. El objetivo del encuentro es poder aclarar los consensos y disensos de una agenda de Reforma a nivel de la comunidad universitaria a escala nacional y dimensión triestamental. De esta manera, la Reforma se encamina a ser no sólo una reivindicación estudiantil, sino una demanda que viene del mundo de la Educación Superior, con participación amplia de todos sus actores. El gran desafío aquí es la inclusión de los actores de las instituciones privadas que se encuentran fuera del Consejo de Rectores.

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El segundo es un Referéndum Nacional en el que las propuestas emanadas del Congreso Nacional de Educación serán llevadas a la ciudadanía en general para su aprobación. Un proceso como éste permitiría incluir directamente a la comunidad en la agenda de la Reforma, utilizando recursos que se desmarcan de la carga mediática negativa de las movilizaciones, y permitiría validar las propuestas del mundo de la Educación Superior. Por otro lado, la ejecución del referéndum podría incorporar la participación masiva de estudiantes, en una actividad concreta que sigue siendo movilizadora y formadora, en forma alternativa.

Como ya se ha indicado antes, estas acciones deben ir encaminadas hacia la construcción de una demanda clara, que asegure el compromiso de los actores políticos. En este sentido, el proceso del Congreso y el Referéndum debe necesariamente desembocar en un proceso de mediatización buscando el pronunciamiento de los Candidatos Presidenciales y Parlamentarios para la elección de fines del 2009. De lograrse compromisos satisfactorios, el Movimiento Estudiantil podría asumir la presión de asegurar el respeto por dichos compromisos. La única forma de que esto ocurra es masificando la demanda de la educación, de manera análoga a la Revolución Pingüina del 2006, acusando esta vez mayor claridad en sus ejes programáticos. Previo a todo esto, y en forma inmediata, el proceso de socialización debe buscar las formas de incorporar toda la complejidad que supone la discusión de un nuevo marco para la Educación Superior, cuyos ejes son los siguientes: -

Definición de la Función Pública

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Reformulación de la institucionalidad del sistema:


Perfeccionamiento rol de la Comisión Nacional de Acreditación

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Institución sustituta del Consejo de Rectores, que incorpore a privadas con sentido público.




Incorporación de instancias de participación multisectorial, entre instituciones, académicos, estudiantes, el Estado, la empresa, las asociaciones profesionales, organizaciones de la Sociedad Civil.




Nueva política de títulos y licenciamiento: regulación de la relación entre programas de estudio, el mercado laboral, y la fijación de metas de largo plazo.

Redefinición del Gobierno Institucional:


Modernización de sistemas de gestión para las instituciones Estatales.




Exigencias de participación triestamental democrática en todas las instituciones.

Nueva política de financiamiento:


Como mínimo, duplicar el gasto público para ir en aumento progresivo; aumento de los mínimos de financiamiento de instituciones estatales.




Reformulación AFD: definición de criterios de desempeño claros; separación de fondos de instituciones estatales y privadas; inclusión de instituciones privadas según criterios claros de funciones públicas y control de aranceles.




Reformulación del AFI: aumento de disponibilidad de recursos; definición de criterios competitivos; fomento de actividades complejas productoras de beneficios sociales.




Créditos y Becas: unificar mecanismos en Fondo Solidario; impulso hacia la gratuidad de los 4 primeros quintiles; incorporación de otras necesidades a cubrir por becas.

Nueva política de participación Estatal:


Refuerzo en la dotación de instituciones para el desarrollo regional




Explosión de participación estatal en la Formación Técnico – Profesional

Nueva política de acceso:


Perfeccionamiento de mecanismos de aprobación final en la educación secundaria; no mezclar verificación de contenidos curriculares con priorización en el acceso a la Educación Superior. 15




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Incorporación de la nivelación integral de los alumnos; eliminación de los preuniversitarios; incorporación de la sociedad civil y ONGs a formas de nivelación en el acceso.

Nueva Política de Formación de Profesores:


Regulación de las licencias y títulos; restricción de la formación de profesores exclusivamente a las Universidades.




Examen de habilitación obligatorio.




Inversión en incentivos para captar alumnos de excelencia, y financiamiento especial para las Facultades de Educación.

Nueva política de participación de la Sociedad Civil:


Eliminación de las restricciones legales a la participación política y las formas democráticas de gobierno institucional.




Reconocimiento y subsidio de la representación estudiantil.




Incorporación de las Agrupaciones Profesionales en la certificación de programas de estudio, y políticas de titulación y licenciamiento.




Incorporación de agrupaciones sociales y ONGs en funciones como la nivelación en el acceso y la formación técnica.

Nuevo marco curricular:


Integración total de todos los niveles de la Educación Superior; asegurar la posibilidad de progreso y movilidad en el sistema.




Modulación de las calificaciones y licencias; permitir la alternancia entre trabajo y estudio, y fomentar la educación continua.




Rebaja de las cargas horarias; permitir actividades paralelas al estudio.




Potenciar Prácticas Profesionales de servicio social, extendiéndolas en forma obligatoria a todo el sistema; incorporar incentivos a los estudiantes, como ocurre hoy con las becas en Medicina.




Generar espacios de participación multisectorial (Estado, empresa, trabajadores, instituciones) en el aseguramiento de la pertinencia de la formación profesional y técnica.

Nueva política de Investigación e Innovación: 16

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Asegurar la valorización de la carrera del investigador.




Simplificación de institucionalidad que otorga recursos, y aumento de la disponibilidad de fondos.




Mejorar incentivos especialmente la I+D




Aumentar y promover mecanismos de colaboración entre el Estado, las Instituciones de Educación Superior y el sector productivo.




Incorporación del sector productivo (empresa y trabajadores) en las definiciones de las competencias de la formación de Capital Humano.




Fomentar las actividades de extensión y socialización “blanda” del conocimiento.

y

mecanismos

para

financiamiento

privado,

Nueva política de fomento a la participación en el desarrollo local:


Fomento de las funciones sociales, especialmente en Salud (hospitales y consultorios) y educación (programas de integración, prácticas). Ampliación a otras áreas, como la capacitación, fomento del voluntariado de calidad.




Fomento de la participación de las universidades en la Modernización del Estado y la creación de Políticas Públicas.




Fomento de las publicaciones universitarias no-académicas.




Fomento de las actividades de extensión.




Fomento de la apertura de los Campus Universitarios a la comunidad.

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5. Bases de Propuesta de Institucionalidad y Financiamiento

5.1 Principios del Sistema Nacional de Educación Superior: En un nuevo marco, debe quedar definida la relación del Estado con cada una de las Universidades, Centros de Formación e Institutos Profesionales del sistema. Esta relación no depende de que se trate de instituciones estatales o privadas, sino de la Función Pública que cumplen. Para conformar este sistema se plantea: Acreditación Los criterios utilizados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) deben ser más exigentes y orientarse a una mejor gestión de las instituciones, con especial énfasis en la enseñanza de pregrado. Deben revisarse los mecanismos y contar con mayores atribuciones, que incluyan promover el mejoramiento de las instituciones, y medios para asegurar conciencia entre los estudiantes de los riesgos de permanecer en una institución no acreditada. Así mismo, se requieren formas de eliminar instituciones que estén por debajo de criterios mínimos. Trato con el Estado No son sólo instituciones estatales aquellas que hoy producen bienes públicos, sino también varias de carácter privado. Todas las instituciones deben regirse por las regulaciones del Sistema Nacional, y pueden acceder a financiamiento estatal en la medida que cumplan con: (1) promover la integración social buscando reproducir la realidad de Chile al interior de las instituciones, (2) contar con libertad de expresión, cátedra y asociación, (3) contar con una estructura participativa y democrática de gobierno, provisto de representación triestamental. En el caso del financiamiento, para los mismos criterios existirán fondos disponibles para privadas y estatales (para las primeras una posibilidad, para las segundas per se, fortaleciendo criterios de desempeño), pero diferenciados, evitando que compitan un tipo con otro en la asignación. Nueva institucionalidad Las instituciones que cumplan con las características anteriores se agruparían en una institución de coordinación en reemplazo del actual Consejo de Rectores. Sus funciones serán encargarse de velar por la calidad académica y la integración entre los marcos curriculares de las distintas instituciones, incluyendo Universidades, CFT e IPs. Incorporación de la Sociedad Civil Es preciso incorporar a distintos sectores, más allá de la dicotomía Estado-Mercado, a las distintas responsabilidades y funciones del Sistema. Es preciso asegurar la participación de los estudiantes en las decisiones académicas, y reconocer el rol de las organizaciones estudiantiles en poder detectar necesidades y colaborar en un buen gobierno institucional. Las Asociaciones Profesionales tienen capacidad de participar efectivamente en lo que respecta a políticas de titulación licenciamiento, participando de la relación entre la educación de pregrado y el 18

mercado laboral. Así mismo, en tareas como la nivelación para el acceso desde la Educación Secundaria, existen múltiples organizaciones que podrían cumplir funciones de manera apropiada y sensible a las necesidades particulares.

5.2 Financiamiento en el nuevo sistema Financiamiento Basal (Reformulación del AFD): Como mínimo, duplicar el gasto público para ir en aumento progresivo; aumento de los mínimos de financiamiento de instituciones estatales; definición de criterios de desempeño claros; separación de fondos de instituciones estatales y privadas; inclusión de instituciones privadas según criterios claros de funciones públicas y control de aranceles. Financiamiento Competitivo (Reformulación del AFI): aumento de disponibilidad de recursos; definición de criterios competitivos; fomento de actividades complejas productoras de beneficios sociales, además de criterios de equidad. Reformulación del Financiamiento Estudiantil: Unificar mecanismos en Fondo Solidario; impulso hacia la gratuidad de los 4 primeros quintiles; incorporación de otras necesidades a cubrir por becas.

Financiamiento Competitivo

Financiamiento Basal

Criterios de financiamiento de Funciones Públicas: Criterio de equidad en el Proporción de estudiantes según quintiles: fomento acceso a la heterogeneidad social. Necesidad Institucional

N° de alumnos en cursos técnicos N° alumnos matriculados pregrado Mantención de infraestructura

Desempeño

Pertinencia de los contenidos curriculares

Desarrollo Regional

Aseguramiento de Capital Humano en Regiones

Formación Investigación y Creación

Formación de investigadores Producción de conocimiento científico y filosófico Innovación (I+D, Patentes) Creación Artística

Extensión y externalidades Conservación y difusión del conocimiento sociales Fomento de las artes, la cultura y la identidad nacional Responsabilidad Cívica Impacto en el desarrollo local y la calidad de vida Promover la integración social Fomento de la cultura cívica-democrática

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Bibliografía

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