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A la fecha, 3.587 excombatientes viven en los Espacios Territoriales de Reincorporación (ETCR) y 7.276 están en 450 municipios del país, incluidos los 27 nuevos puntos de reagrupamiento, que surgieron tras la salida de exguerrilleros de algunos ETCR. También hay personal en cascos urbanos de Bogotá (600 personas), Cali (160), Medellín (115), entre otras ciudades capitales.

, hay 292 emprendimientos, individuales y colectivos (zapaterías, misceláneas, talleres de ebanistería, guías turísticos, entre otros), los cuales son el resultado de la autogestión de exguerrilleros (que han

aportado de su renta básica mensual de $900 mil, destinada hasta agosto de 2019) y aportes de la comunidad internacional.

A pocos días de cumplirse dos años del acuerdo de paz, se llevó a cabo “UNA MIRADA AL ACUERDO DE PAZ- El balance de la reincorporación de excombatientes y a la protección de líderes sociales” Para la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, la cual empezó su segunda etapa en septiembre pasado, el proceso de paz sigue siendo un hito histórico y por eso reiteran su apoyo a la implementación, pues, dice Raúl Rosende, director de verificación de la Misión, “desde hace 20 años no se firmaba un acuerdo de paz en el mundo”.

Alegando falta de garantías en la Seguridad física y jurídica, ocho exjefes de las Farc abandonaron los ETCR tras la posesión del nuevo gobierno. Iván Márquez, Hernán Velásquez (el Paisa), Aldinéver Morantes, Édinson Romaña, Albeiro Córdoba, Iván Alí, Enrique Marulanda, Iván Merchán, Rusbel Ramírez y otros. El encarcelamiento de su colega Jesús Santrichy la posible extradición a Estados Unidos, por una presunta conspiración para enviar cocaína a ese país después de la firma de la paz, son dos cosas que no comparten estos exjefes guerrilleros que operaron en el suroriente del país. Argumentan que si extraditan a Santrich con “montajes”, con cualquiera de ellos puede pasar lo mismo.

El otro tema que les preocupa es la seguridad física. Denunciaron operativos militares en contra del Paisa y Márquez, asunto que constató y alertó en su momento la misión de la ONU en Colombia. Y aunque 1.200 escoltas protegen la vida, principalmente, de exmiembros del Estado Mayor Central y exmandos medios, esta semana la Fiscalía reveló que, desde diciembre de 2016 hasta la fecha, 84 personas que se acogieron al proceso fueron asesinadas, principalmente en Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Nariño. El proceso de reintegración social en algunos territorios aún es tenso, pues muchos exguerrilleros durante la guerra operaron en esas zonas. Por eso, sigue siendo necesaria la protección individual.

Rosende, citando la última sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en donde los 15 países miembros dieron su respaldo unánime al Acuerdo de Paz), dice que lo más importante es preservar la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un mecanismo de justicia transicional que podrá permitir esclarecer el conflicto armado y reparar a las víctimas.