Agosto 29 de 1994
Exodo De Labriegos Bombardeados Los últimos campesinos que abandonan las veredas de Totolí y Yarumal, en la frontera con Venezuela, se ven llegar sudorosos a El Molino (La Guajira), con mulas cargadas de plátano, fríjoles, ollas, camas de tijera o hamacas, mirada incierta y el firme propósito de emprender una nueva vida en otra parte. Dicen que se vienen porque tienen miedo de los bombardeos y ametrallamientos de sus parcelas, como el que ocurrió en julio pasado y que causó la muerte de los hermanos Yelmer y Emilio Vence Petit, así como de perros, mulas, burros y aves de corral, en desarrollo de operaciones militares de la Guardia Nacional de Venezuela contra los cultivos de coca, marihuana y amapola en la frontera. La Policía Antinarcóticos dice que se trata de acciones emprendidas por acuerdo binacional. Sin embargo, los campesinos aseguran que por allá sólo han visto militares venezolanos. Agregan, apoyados por las autoridades locales de El Molino -municipio de 4.997 habitantes, de los cuales 1.200 viven en la zona rural-, que la Guardia Nacional no sólo viola el territorio colombiano, sino que sus efectivos continuamente corren los mojones fronterizos hasta llevarlos a un punto distante tres kilómetros más acá de la línea tradicional. Lo de la invasión territorial no es nuevo. Se remonta a 1976. De los mojones aseguran que pasaron de Villa del Rosario (antes territorio colombiano y ahora en tierra de Venezuela), a La Meseta, en jurisdicción de El Molino. El éxodo hacia esta población afectó a 56 familias, 35 de las cuales duraron una semana en la plaza del municipio, viviendo de la caridad pública; pero ahora están dispersas, alojadas en casa de familiares o amigos. La Gobernación de La Guajira, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) les buscan acomodo lejos de la frontera, porque nadie quiere regresar. Las pruebas de que hubo bombardeos y ametrallamientos las exhibe el personero de El Molino, José Aníbal Zabaleta Celedón: restos de metales de las bombas, vainillas y proyectiles de fusiles, fotografías de viviendas y cultivos destruidos, una cachucha y una camisa caqui de uno de los Vence muertos. Todo comenzó el 6 de julio cuando llegaron a Yarumal, en donde residían los Vence, unos veinte miembros de la Guardia en helicópteros. Siendo aproximadamente las 7:30 de la mañana -relata, al personero Zabaleta y bajo juramento, Sabas Emilio Vence-, nos encontrábamos trabajando en una platanera de nuestra propiedad yo y mis dos hermanos, Yelmer Antonio y Emilio. Me desplacé a un manantial que está ahí a tomar agua, cerca de la socola (pequeño sembrado de pancoger), a unos treinta metros aproximadamente. En esos momentos escuché a uno de mis hermanos (Yelmer) que decía: señor agente, no me mate, yo me entrego . Seguidamente oí las voces de los soldados cuando le gritaban: coños de madre, tírense al suelo! . Y los mataron .
Dice que fue descubierto al salir corriendo. Que no escape! No podemos dejarlo salir vivo! , oyó gritar, y le hicieron muchos tiros. Sabas Emilio, de manos callosas y vestimenta raída, se vino enseguida a buscar apoyo y detrás suyo fueron llegando más familias denunciando las bombas y los tiros en sus parcelas. Zabaleta habla convencido de que la muerte de los Vence ocurrió en territorio colombiano. Pero Gabriel Pizano, comisionado de la Cancillería colombiana que estuvo en El Molino el 11 de julio, con mapas en mano, dijo que Yarumal es Venezuela. Lo mismo asegura el director general de Soberanía Territorial del Ministerio de Relaciones Exteriores, en visita realizada a la zona el pasado 8 de agosto. Se trata de una región montañosa, en la Serranía del Perijá, a la que se llega tras 12 horas a lomo de mula desde El Molino y después de pasar por zonas quebradas, sin árboles y utilizadas únicamente en ganadería extensiva. Totolí y Yarumal son tierras más fértiles y temperatura de unos 16 grados, en donde los campesinos manifiestan que han vivido en paz durante cuarenta años. Yo tenía mi cafetal... Al rancho de los Vence regresaron el mismo 11 otros dos hermanos, Efrén y José Manuel, Eduardo Arango y el dragoneante Orlando López Rodríguez, del Batallón Rondón. Allí encontraron los cuerpos acribillados, semienterrados y cubiertos con hojas de plátano. El dragoneante López les tomó fotografías a los cuerpos, a la vivienda destruida y a la zona. El grupo quiso traerse los cadáveres, pero su descomposición se lo impidió. Decidieron, entonces, regresar a pedir ayuda. El 15 de julio, según testimonios -en poder del Personero- de los campesinos Ciro Alberto y Atanasio Vicente Escobar Aponte, César Baquero y Rubén Garzón, dos helicópteros y un avión bombardearon durante dos horas las parcelas. Dicen que uno de los helicópteros aterrizó y se bajaron varios soldados que incendiaron la vivienda abandonada de Jorge Celedón y luego depositaron en bolsas plásticas negras los cadáveres y las amarraron en la parte baja del helicóptero. El aparato levantó vuelo y se paseó por la región, en gesto que los campesinos interpretan de intimidatorio, para luego seguir el curso del río Guasare y dirigirse a Venezuela, dijeron los Escobar Aponte. Esos hechos fueron expuestos a la Gobernación de La Guajira y a la Asamblea. Estas entidades, a su vez, los remitieron a la Cancillería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y a los organismos de Defensa de los Derechos Humanos. La Cancillería comisionó a Gabriel Pizano, que llegó a El Molino, vio, oyó, dijo que lo ocurrido había sido en territorio venezolano y se devolvió. Ante la situación, Danilo Gómez Borrego, por esos días gobernador encargado de La Guajira, puso de manifiesto su preocupación pero señaló que se remitía a la decisión de la Cancillería. También hicieron contacto con Alfredo Balsis, fiscal de Machiques (municipio fronterizo en territorio venezolano), quien dijo haber iniciado las investigaciones, pero señaló que era imprescindible un testigo de los hechos e ir con él hasta la zona.
El personero Zabaleta afirmó que con la ayuda del cónsul colombiano en Maracaibo, Luis Valdeblánquez, y de la Gobernación del Estado Zulia, logró conseguir un helicóptero para ir al sitio, pero a última hora los militares no autorizaron el sobrevuelo porque habían declarado el lugar como zona roja . Los campesinos (Efrén Vence, los Escobar y Baquero, entre otros) insisten en que todo se debe a un error, pues en vez de narcocultivos lo que ellos tienen sembrado es café, yuca, plátano, malanga, maíz y frutas. Pero el coronel Humberto de los Ríos, comandante de la Policía del Cesar y jefe de la Cuarta Compañía Antinarcóticos, dijo que sí existen por allá esos cultivos, y, por lo mismo, está autorizada la fumigación con glifosato de esa y otras zonas de la Serranía. Entre los municipios cesarenses de Codazzi, San Diego, La Paz, Manaure, y los guajiros Urumita, El Molino y Villanueva, fueron detectados cerca de cuarenta cultivos de amapola. Para De lo Ríos, las denuncias de incursión de la Guardia Venezolana en territorio colombiano son simples especulaciones. Lo que pasa es que los campesinos colombianos se meten allá (en Venezuela) y entonces tienen problemas. Eso lo hemos establecido, verificado. Ellos han capturado campesinos, pero en el terreno de ellos . Otras denuncias La presencia arbitraria y la violación del espacio aéreo, por parte del Ejército de Venezuela, también han sido denunciadas en Fonseca y Barrancas (La Guajira) y en Curumaní, La Jagua de Ibirico, Codazzi, Manaure y La Paz (Cesar). Azael Mindiola, personero de Barrancas, informó que en marzo de 1993 recibió denuncias de que en la región de Mapurito habían corrido los límites. Una comisión visitó el sitio, en junio siguiente, pero no encontró evidencias. En cambio, descubrieron un helipuerto construido por la Guardia de Venezuela en terrenos colombianos desde donde se observaba el complejo carbonífero de El Cerrejón. Cayo Augusto Tovar, consejero para el Ministerio de Relaciones Exteriores, comentó que había méritos para que la ministra Nohemí Sanín presentara una reclamación diplomática. Pero nada se supo después. Mindiola señaló que los problemas se remontan a 1976, cuando soldados venezolanos mataron al Mono Durán, un campesino muy reconocido en la región. Después vinieron los desalojos de colombianos. En La Paz está el caso de Kennedy Riobó Claro, quien dice que fue herido a bala el 7 de julio de este año por la Guardia. En La Jagua, el campesino Alfonso Bautista declaró que han visto volar aviones de guerra venezolanos en El Tesoro y El Zumbador. Y en Fonseca, la ANUC denunció en septiembre de 1993 -ante Fernando Alzate Donoso, director de Fronteras-, que la violación del espacio aéreo y la destrucción de viviendas y cultivos se remontan a 1973. Publicación eltiempo.com Sección Nación Fecha de publicación 29 de agosto de 1994 Autor Alvaro Oviedo C.