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PRESENTACION Universidad Abierta para Adultos UAPA

Asignatura: Evaluación Institucional Tema: Tarea 3 Facilitador: Gerson José Frías Villanueva Sustentante: Licda. Rosa Payano A. Matricula: 17-1550

3.1.3 Normas Legales

NORMA 1 Principios, objetivos y metas convenidos internacionalmente En el sistema de las Naciones Unidas, los coordinadores de la evaluación y los evaluadores tienen la responsabilidad de defender y promover, en su trabajo de evaluación, los principios y valores asumidos por las Naciones Unidas. En concreto, deben respetar y promover los objetivos y metas que se establecen en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y contribuir a ellos.

NORMA 2 Utilidad Cuando se encarga y lleva a cabo una evaluación, debe existir una intención clara de utilizar los análisis, conclusiones o recomendaciones resultantes para fundamentar las decisiones y acciones. La utilidad de la evaluación se pone de manifiesto cuando realiza aportaciones pertinentes y oportunas al aprendizaje institucional, los procesos fundamentados de adopción de decisiones y la rendición de cuentas de los resultados. Asimismo, la contribución de las evaluaciones puede ir más allá de la organización, al generar conocimiento y empoderar a las partes interesadas.

NORMA 3 Credibilidad Las evaluaciones deben ser creíbles. La credibilidad se sustenta en la independencia, la imparcialidad y una metodología rigurosa. Entre sus elementos principales cabe destacar los procesos de evaluación transparentes, los enfoques inclusivos en los que participan las partes interesadas pertinentes y los sistemas robustos de garantía de calidad. Los resultados (o hallazgos) y las recomendaciones de las evaluaciones se derivan del uso atento, explícito y sensato de los mejores datos objetivos, fiables y válidos disponibles —o se fundamentan en él—, así como de un análisis cuantitativo y cualitativo preciso de las pruebas. Para resultar creíbles, las evaluaciones deben llevarse a cabo de forma ética y ser gestionadas por evaluadores que demuestren competencia profesional y cultural.

NORMA 4 Independencia La independencia de la evaluación es un requisito para su credibilidad, influye en cómo se utiliza, garantiza la imparcialidad de los evaluadores e impide que estén sujetos a presiones indebidas durante el proceso de evaluación. La independencia de la función de evaluación comprende dos aspectos fundamentales: la independencia de actuación y la independencia organizativa. La independencia de actuación consiste en la capacidad para evaluar sin que ninguna parte influya de forma indebida en el proceso. Los evaluadores deben gozar de libertad plena para desempeñar su labor evaluadora con imparcialidad, sin que su desarrollo profesional se vea amenazado y con la capacidad de expresar su opinión libremente. La independencia de la función de evaluación sustenta el libre acceso de los evaluadores a información relacionada con la intervención que es motivo de la evaluación.

NORMA 5 Imparcialidad Los elementos clave de la imparcialidad son la objetividad, la integridad profesional y la ausencia de sesgos. El requisito de imparcialidad está presente en todas las fases del proceso de evaluación, incluidas la planificación de la evaluación, la formulación del mandato y el alcance, la selección de los equipos de evaluación, la provisión de acceso a las partes interesadas, la realización de la evaluación y la exposición de los hallazgos y recomendaciones.

NORMA 6 Ética Las evaluaciones deben realizarse con los más altos niveles de integridad y respeto de las creencias, usos y costumbres de los entornos sociales y culturales en las que se lleven a cabo; de los derechos humanos y la igualdad de género; y del principio de no ocasionar daños que rige la asistencia humanitaria. Los evaluadores deben respetar el derecho de las instituciones y personas a proporcionar información de manera confidencial y garantizar que, en el caso de información sensible, no pueda rastrearse la fuente, y han de contrastar los planteamientos que se incluyen en el informe con las personas a quienes se atribuye la información. Los evaluadores deben obtener el consentimiento informado de las personas que aportan información confidencial a fin de utilizar dicha información. Cuando se descubran pruebas de infracciones, estas deberán comunicarse con discreción a un órgano competente (por ejemplo, la oficina de auditoría o investigación correspondiente).

NORMA 7 Transparencia La transparencia es una característica esencial de la evaluación. Genera confianza, aumenta su credibilidad, fomenta el sentido de apropiación de las partes interesadas y mejora la rendición de cuentas pública. Los productos de la evaluación deben estar a disposición del público.

NORMA 8 Derechos humanos e igualdad de género Los valores y principios de los derechos humanos y la igualdad de género, reconocidos universalmente, deben integrarse en todas las etapas de una evaluación. Los evaluadores y los coordinadores de la evaluación tienen la responsabilidad de velar por que esos valores se respeten, atiendan y promuevan, apuntalando así el compromiso con el principio de «no dejar a nadie atrás».

NORMA 9 Capacidades nacionales de evaluación El ejercicio efectivo de la evaluación puede contribuir de manera valiosa a la rendición de cuentas y el aprendizaje, lo que justifica las medidas encaminadas a fortalecer las capacidades nacionales de evaluación. De conformidad con la resolución A/RES/69/237 de la Asamblea General relativa al fomento de la capacidad para la evaluación de las actividades de desarrollo en los países, deberán respaldarse las capacidades nacionales de evaluación cuando así lo solicite un Estado Miembro.

NORMA 10 Profesionalidad Las evaluaciones deben llevarse a cabo con profesionalidad e integridad. La profesionalidad contribuye a la credibilidad de los evaluadores, los coordinadores de la evaluación y los jefes de las oficinas de evaluación, así como de la función de evaluación. En este sentido, cabe destacar como aspectos clave el conocimiento; la educación y capacitación; el cumplimiento de criterios éticos, así como de las presentes normas y estándares; la aplicación de competencias de evaluación; y el reconocimiento de conocimientos, destrezas y experiencias. Todo ello ha de complementarse con el respaldo de un entorno favorable, estructuras institucionales y recursos adecuados.