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LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD.

Autor: José Gregorio Cipriani Farías C.I.:

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Maturín, marzo 2019

I

LA SEGURIDAD CIUDADANA COMO DERECHO FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD. Autor: José Gregorio Cipriani Farías.

SEGURIDAD CIUDADANA.

La seguridad ciudadana intuye una serie de ideas y actividades destinadas a prevenir y reducir la violencia, fundamentalmente con la prevención y disminución del delito en función de la criminalidad y la violencia, se busca promover la seguridad pública y el acceso a la justicia, a fortalecer la cohesión social y a reforzar los derechos y las obligaciones mutuas entre el Estado y los ciudadanos. Es más que una reforma del sector seguridad, que por lo general se decreta en escenarios de posconflicto, aunque existen algunas actividades y áreas de interés claramente superpuestas.

La seguridad ciudadana involucra la aplicación de medidas de seguridad pública efectivas en el contexto de normas democráticas más amplias. Por ello es distinta y más amplia que los enfoques del orden público nacional basados en el trabajo policial y el control del delito. El concepto de seguridad ciudadana está ampliamente difundido globalmente de las políticas en América Latina y el Caribe, pero los académicos también han teorizado un poco al respecto (CAF, 2014; PNUD, 2013, 2012, 2010). No obstante, el concepto se encuentra en la palestra en América, y la mayoría de los países reclaman políticas nacionales y subnacionales en seguridad ciudadana, y prácticamente todos los donantes

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internacionales han alineado sus inversiones en la misma dirección (Muggah y Szabo de Carvalho, 2014).

El primer elemento fundamental es que la seguridad ciudadana sea vértice de un Estado responsable. Entre los años 70 y 80, el debate sobre los derechos humanos estuvo determinado por la idea de que los actores civiles y públicos comprometidos deberían controlar los abusos sistemáticos de los derechos de los ciudadanos cometidos por el Estado (Sikkink, 1996). Hoy en día es crucial dejar atrás esta fórmula obsoleta, para entender cómo las limitaciones y los fracasos de las políticas públicas pueden ser corregidos mediante políticas de seguridad ciudadana que promuevan la prevención del delito desde su mínima expresión, y con ello disminuir lo mayormente posible las incidencias negativas en factor primordial a la criminalidad brindando sensación de seguridad a la sociedad.

En retrospectiva, la seguridad ciudadana está centrada en los derechos y deberes. El Estado la enmarca y respalda, pero la participación pública la orienta y la moldea a trabajar de la mano en contacto directo con los afectados por la criminalidad y el delito. (CIDH, s.f.; Costa, 2012; BID, 2012, 2010, 2009). La seguridad ciudadana es compatible con una amplia variedad de prácticas policiales exitosas en el mundo, aunque no las reemplaza, como el trabajo policial orientado a la solución de problemas, el trabajo policial de orientación comunitaria y de proximidad, así como el trabajo policial guiado por inteligencia que buscan de manera directa prevenir los riesgos que implican la ejecución del delito en la sociedad.

La prevención del delito exige que se adopten medidas e allí donde esté la causa del problema. Es importante determinar los factores responsables del delito y de la inseguridad,

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establecer prioridades, comprometer recursos y utilizar los medios de acción apropiados para modificar el potencial de delincuencia de la ciudad. La variedad de factores asociados con las tasas más elevadas de delincuencia ha dado lugar a que teóricos y especialistas distingan entre estrategias diferentes y complementarias de la prevención del delito en general.

Los cambios constantes del Estado venezolano a partir de 1999 hasta la actualidad han generado nuevos retos e invitan a replantear conceptos tradicionales como democracia, seguridad y ciudadanía. Si bien la seguridad es una construcción permanente de la vida cotidiana, su término ha generado algunas polémicas debido a los múltiples conceptos prevalecientes e interrelacionados (seguridad nacional, pública, integral, humana, ciudadana, jurídica). Actualmente se discuten no sólo los bienes jurídicos que se deben proteger mediante las políticas de seguridad ciudadana, sino también la relación existente entre la noción de "seguridad" con las de libertad, derechos humanos, democracia, criminalidad, orden público, entre otros.

Los venezolanos vivimos un proceso histórico de cambio que comenzó con la refundación de la patria, a partir de la promulgación de la constitución del año 1999, esto trajo consigo la necesidad tal como lo define Gramsci en sus cuadernos de la cárcel (1929) del cambio de la superestructura del estado burgués a la estructura de un estado social de justicia y de derecho; y como lo explicaba el Presidente Chávez en su discurso del 02 de junio de 2.007

Las intimidaciones más visibles a la seguridad ciudadana es la delincuencia en general, pero no es la única. El concepto de seguridad humana aparece en 1993, propuesto

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por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y aunque no cuenta con una definición precisa y concluyente, se plantea que es de orden polivalente, de contenido antropocéntrico, universal, interdependiente, preventivo, democrático, indivisible, global, local, integrativo y de connotaciones cualitativas y cuantitativas y que responde a dos factores: percepción de inseguridad y un estado de satisfacción de necesidades. La seguridad humana se concibe como un concepto amplio y significa mucho más que la ausencia de la amenaza militar o delictiva. Incluye la seguridad en contra de la privación humana, una calidad de vida aceptable, ¿así como garantías a todos los derechos humanos; significa seguridad para la gente de amenazas tanto violentas como no violentas ya que es una condición o estado caracterizado por la libertad de amenazas a los derechos de las personas.

El concepto de seguridad ciudadana planteado como alternativa al orden público, es más cónsono con las exigencias constitucionales de los Estados de derecho. La función de la seguridad ciudadana supone un verdadero resguardo de los derechos como premisa indispensable de su pleno ejercicio y no se predica como el resultado de acciones específicas, sino como componente final de un proceso colectivo que se conforma con una multiplicidad de acciones.

Es el sentimiento de protección jurisdiccional, de garantía jurídica, de proximidad policial, de confiabilidad en las instituciones y en sus responsables y gestores, entre otros, lo que da lugar a la seguridad ciudadana. Por ello, no es posible una aproximación a una idea de seguridad ciudadana sin hacer referencia a la tipología de seguridad objetiva y subjetiva.

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En el ordenamiento jurídico venezolano vigente, el desarrollo de la noción de seguridad ciudadana o de sus componentes es incipiente, debido a que, la Constitución, aunque se introduce el término en forma tangencial (Art. 55), no se delimita específicamente. El tema o sus aproximaciones es y ha sido siempre definido dentro del ámbito del orden público. Así, la Constitución hace referencia al "orden público" como límite al derecho de las personas al libre desenvolvimiento de su personalidad (artículo 20). Significa ello que la libertad de las personas encuentra limitaciones en la noción de orden público y social y el derecho de otros, como lo establece el señalado artículo y otros.

En tal sentido, la seguridad subjetiva puede tomarse como la que afecta a todos los ciudadanos por igual, ya que la sensación que se pueda tener de la misma es indiferente a la suposición de convertirse en víctima o no. Así, los ciudadanos podrán ejercer sus derechos y libertades en la medida en que se sientan seguros de su ejercicio. Sin embargo, en cuanto a la seguridad objetiva, se refiere del grado de seguridad real de una sociedad. Si bien es cierto que existen elementos determinados que permiten la contabilidad de este fenómeno tales como son los índices y las estadísticas, también se deben tener en cuenta los límites existentes al tratar de abordar el problema.

De las instituciones previstas con el fin de brindar y asegurar seguridad y prevención del delito por parte del estado venezolano, se habla en la mayoría de los casos de aproximación a la realidad en lugar de expresión exacta del nivel de seguridad objetiva. Así pues, la búsqueda de un concepto cuyos componentes resguarden, garanticen y promuevan

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los derechos y libertades suponen la adopción del término propuesto de seguridad ciudadana, amplio en su esencia y filosófico en su eficacia.

Venezuela atraviesa momentos de incertidumbre en su destino político, económico y social. La confrontación política se agudizó con posterioridad a los eventos del ultimo semestre entre los años 2019 y los corrientes. Las manifestaciones de dichas confrontaciones y sus consecuencias sobre las políticas de seguridad se mueven entre el centralismo, defendido como una forma de coordinación, y el federalismo y la municipalización, defendidos como vías para proteger reductos de autonomía que genera estados de emergencia y contingencia para los cuerpos de seguridad a lo largo y ancho de territorio nacional

Las políticas de control de la criminalidad no han encontrado un marco para la discusión entre actores de diversos niveles de la administración pública, observándose una tendencia al recelo y al ocultamiento de información y datos que podrían ser utilizados para ataques con fines políticos. El tema de la seguridad atraviesa, pues, por una especie de limbo, sin discusión democrática y sustentada, donde la acción gubernamental se ejerce sin mayor información y sin mecanismos de consulta ni rendición de cuentas, elevándose así el cometimiento desenfrenado de la criminalidad en comparación con otros episodios protagonizados por el enfrentamiento entre el gobierno nacional y la derecha fascista con fines desestabilizadores.

Venezuela atraviesa una coyuntura de cambios. Las demandas de la sociedad en su conjunto por el desarrollo y consolidación de la ciudadanía y la democracia, chocan abiertamente con algunas tendencias autoritarias que permanecen arraigadas en las prácticas

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del Estado y que se expresan cada vez con más fuerza en los mecanismos de control desplegados para la contención de la delincuencia, pero no con el fin de reprimir a la ciudadanía si no con el fin de evitar conflictos que atentes con el hilo constitucional y la armonía nacional.

En un Estado democrático y social de derecho, no basta que el ordenamiento penal someta la prevención punitiva a los límites impuestos al ejercicio del poder. Las exigencias derivadas de la obligación estatal de garantizar el respeto a los derechos humanos, demandan un proceso penal garantista. Es por ello necesario que el marco regulatorio resultante del cambio constitucional se defina sobre los postulados mencionados, es decir, los que sirven de base al Estado social y democrático de derecho, y sobre los fundamentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En suma, el derecho a la seguridad ciudadana es fundamental dentro de la estructura de un Estado social y democrático de derecho, como el consagrado en la Constitución de la República, por lo que la efectiva garantía de su cumplimiento es una responsabilidad indelegable del Estado venezolano para con sus conciudadanos.

La Sociedad tiene como necesidad primordial ser regida por un marco legal, proporcional y participativo que garantice las convivencias en armonía para así garantizar el orden público fomentando el respecto, la tolerancia subjetiva que promueva un desarrollo social, dentro de la ley. Es por ende que el Estado está obligado a brindar seguridad ciudadana en lo que respecta a todo el ámbito del reguardo para con tal sentido.

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Todo esto parte desde un proceso de formación del individuo desde que es introducido a la sociedad, claramente en referencia a la educación, el respecto, valores, derechos y deberes. Las desigualdades sociales y la pobreza relativa constituyen la escena en la que entran en juego la mayoría de los dramas de familia, de escuela y de vecindad: el joven que ha sido descuidado o maltratado en su familia, que tiene problemas en la escuela o que ha tenido malos ejemplos en su barrio, aprende pronto a ser delincuente, ya que las ocasiones son fáciles y numerosas.

Para lograr un modelo de convivencia libre de violencia con alto niveles de tolerancia y resolución de conflictos de manera pacífica que garantice así el cumplimento del hilo constitucional, es imperante impulsar la prevención del delito en todo el territorio nacional a través de todos los medios posibles para lograr el cumplimento de este objetivo partiendo del principio de proporcionalidad e integración social y democracia participativa.

La seguridad Ciudadana no sólo es un problema de los cuerpos policiales. La colaboración de todos los actores sociales es urgente, especialmente cuando vemos que las debilidades en este rubro son fuente de una violencia e impunidad que afectan la vida, la integridad, la libertad y el derecho a la justicia de las personas y, en general, el de todos a llevar una vida libre de temores y sobresaltos.

Para que la lucha contra la delincuencia sea eficaz, las acciones deben ser legítimas, esto es, respetar la Constitución y con ello los derechos humanos, no sólo por el bien de

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la legalidad, sino por el de la sociedad, para que recupere ese espacio tan natural que le ha sido arrebatado: la calle.

Está claro que los Estados son entidades responsables por la seguridad de los ciudadanos, pero la historia reciente ha demostrado que la producción de seguridad puede tomar como horizonte ciertas claves excluyentes e incluso siniestras, o puede reposar en políticas que con los ojos abiertos a una realidad compleja e interconectada, respondan con una perspectiva de derechos humanos a través de instituciones profesionales y competentes ante los patrones violentos y de criminalidad que surcan a una sociedad.

Bajo el marco internacional de los derechos humanos la responsabilidad de los Estados se expresa no sólo en el deber de respetar los derechos humanos internacionalmente reconocidos, sino también en actuar con la debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas lesivas contra las personas por parte de agentes gubernamentales o particulares, cualquiera sea el ámbito en el que ocurra.

No solo la policía, sino también los ciudadanos desempeñan un papel clave en el desafío de garantizar la seguridad ciudadana. Por un lado, pueden exigir a los funcionarios públicos que rindan cuentas sobre el cumplimiento adecuado de su función de brindar seguridad. Por el otro, el éxito de muchas políticas de seguridad pública depende de la colaboración positiva entre la población y la policía. Aunque a menudo se confronta una tradición de negligencia y maltrato sistemático para brindar información, para diseñar e

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implementar una política policial eficaz es esencial encontrar maneras de fomentar la colaboración entre la policía y la población (Ungar y Arias, 2012).

El modelo de policía de orientación comunitaria o de proximidad constituye el más reciente paradigma en materia policial y surge como respuesta al agotamiento que empieza a evidenciar el tradicional modelo "profesional" desarrollado a partir de los años cincuenta. Es evidencia de esto la creación del alma mater para la profesionalización en materia de seguridad ciudadana, la Universidad Nacional De La Seguridad (febrero 2009) “UNES” a la par nace El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana “CPNB” con un ordenamiento jurídico sustentado en Ley Orgánica del Servicio de “Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (diciembrep2009)”. Para logra efectividad, en colaboración con las fuerzas del orden público, los ciudadanos deben hacerse cargo de su propia seguridad. La idea de que los ciudadanos se hacen responsables de sí mismos y de otras personas puede ser descrita como autorregulación y regulación mutua. No implica vigilancia a nivel pronunciado, linchamientos y tomar la fuerza por propias manos, aunque vale decir que estas prácticas reciben una alarmante distorsión dentro de la comunidad mas no es el fin deseado ni buscado por el modelo de integración policía-comunidad.

En realidad, podríamos afirmar que no se trata de un nuevo concepto, sino más bien de la recuperación del modelo elaborado hace más de 150 años por Sir Robert Peel y aplicado a la Policía Metropolitana de Londres, inspirándose también en el modelo de Policía de Japón, conocida como el "koban".

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La

policía

de

proximidad

no

solamente

se

preocupa

por

actuar

sobre variables tradicionalmente asociadas a su quehacer como lo son la delincuencia y el orden público, sino que incorpora otras como la sensación de inseguridad, la calidad de vida de la población y la cohesión y solidaridad social.

Todo esto genera de forma obligatoria el cambio de modelos, siendo la educación y profesionalización de los cuerpos de seguridad ciudadana punta de lanza del desarrollo con el fin dar veracidad a las políticas de estado en materia de seguridad nacional, no solo en servicio policía si no en protección civil y desastres, bomberil en ciencias del fuego y seguridad contra incendios, investigación penal y servicios penitenciarios. Formando parte del nuevo paradigma en materia de seguridad ciudadana. Buscando así trasmitir seguridad a la ciudadanía y emprender un feetbat entre la sociedad estableciendo así un cordón que pudiera llamarse umbilical entre los organismos de defensa del estado y la sociedad.

CONCLUSIONES

En tal sentido la sensación de seguridad no puede únicamente atribuírsele a los problemas de criminalidad. La inseguridad por consecuente esta es una problemática compleja, que se encuentra directamente relacionada con los problemas de salubridad, de medio ambiente, de desarrollo urbano y de formación; es el efecto de desigualdades paulatinas en el acceso y administración a los recursos; pone en jaque los conflictos de intereses, sobre todo con respecto a la división en el uso del espacio y de los ritmos del

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crecimiento en función del desarrollo del estado La inseguridad es un riesgo urbano al que hace falta darle respuestas civiles y de integración social.

No obstante, por otro lado, todas las referencias antes mencionadas en el cuerpo de este ensayo en seguridad ciudadana coinciden en este aspecto., postula:

Se analice como se quiera, la inseguridad (que es hoy en día como un fenómeno específico de las realidades urbanas de todo el mundo) se caracteriza por la complejidad y la variedad de los parámetros que contribuyen a constituirlas y se desenvuelven en un ámbito netamente interpuesto por un nivel de dedicación y ejecución de las políticas de estado que lo enmarcan en sentido legalmente jurídico y profesional dentro del cumplimiento de la normativa y planes que buscan la resolución de la misma.

La esencia del problema en sí, es por otro lado, la que el ciudadano común, razonando con los compendios a su alcance, debido al incremento de la sensación inminente de inseguridad, inequívocamente pide, en primer lugar, la ejecución de un sistema que sanciones de manera más severa y constante el cometimiento de los delitos en general, en segundo lugar, más presencia de los organismos de seguridad. Los responsables de las administraciones habrán de hacer todo lo posible para no caer en esta simplificación y poder actuar sobre las causas de la sensación de seguridad para poder satisfacer las necesidades y demandas de los ciudadanos bajo el territorio que rigen. El planteamiento y sus resultados refuerzan las políticas nacionales de seguridad debe ser valoradas en cuanto a su eficiencia en la prevención de la criminalidad y la violencia, en la legitimidad de los medios empleados y, sobre todo, por el respeto de los derechos

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humanos. Serán estos criterios a considerar, de forma transversal, para la evaluación de la política venezolana en la materia. Según el programa de gobierno del Presidente de la República, “Hugo Chávez Frías”, la política nacional de seguridad ciudadana debía tender a proteger y organizar la seguridad ciudadana, “entendida como la protección de los derechos ciudadanos y las libertades civiles, a fin de mantener la armonía social y la consolidación de la paz pública para el logro de los objetivos nacionales principalmente reflejados en la integración y el socialismo que promulgan la paz ciudadana.

En consideración la seguridad ciudadana, debe ser considerado un derecho con carácter de fundamental e innato pues debe de hacerse un esfuerzo supremo par logran brindar el sentimiento de seguridad y tranquilidad a la población, por derecho adquirido a través de todos los programas necesarios para su cumplimiento en la busque da de la prevención del delito en todo sus aspecto en función al cumplimiento del marco legal correspondiente, ya que por meritocracia y solo por el hecho de ser nacidos de esta tierra otorgando a cada ser humano del mundo en conformidad con el cumplimiento y respeto total con los Derechos Humanos…

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