El Origen Del Estado Colombiano.docx

EL ORIGEN DEL ESTADO COLOMBIANO Doscientos años después de nuestra emancipación de España, se mantiene intacta la discusión, en la doctrina jurídica constitucional y en la historiografía política nacional, acerca del origen del Estado colombiano. La tesis abrumadoramente predominante sigue siendo la del origen ‘fundacional’ de nuestro Estado, que toma como punto de partida el Acta de Independencia del 20 de Julio de 1810 y las primeras Constituciones provinciales que se expidieron con posterioridad a esa fecha. Pero las concepciones ‘evolucionistas’ que consideran a los Estados monárquicos precolombinos como el punto de partida de nuestra organización estatal, adquieren una mayor importancia. Es evidente que entre los cientistas sociales colombianos (especialmente los historiadores, politólogos y juristas), no existe consenso acerca del origen histórico y politológico de nuestro Estado, observación que también puede resultar válida para el resto de los países de América Latina. En nuestro caso, este desacuerdo aflora, incluso, entre quienes defienden el origen “fundacionista” del Estado, especialmente entre los tratadistas del derecho constitucional de los siglos XIX y XX. Un rápido repaso a la bibliografía nacional bastaría para comprobar el predominio de la teoría fundacionista sobre la evolucionista. En nuestro concepto, esta diversidad de criterios puede atribuirse a las siguientes circunstancias: 1ª) La tradicional tendencia epistemológica de la comunidad científica del derecho constitucional, la ciencia política y la historiografía nacional, de asimilar el concepto de ‘Estado’ al concepto de ‘poder público’ (uno de sus componentes), olvidando que el territorio y la población también son elementos estructurales de aquél, cuyos procesos históricos formativos son diacrónicos y no sincrónicos, sociológicos y no jurídicos, naturales y no convencionales, como los del primero. Asimismo, esta disparidad de criterios puede atribuirse a la tendencia histórica de asimilar el concepto de ‘Estado’ al de ‘forma de Estado’, como si fueran sinónimos, sin serlos. En este sentido, la transición pacífica o violenta de una forma monárquica de Estado a una forma republicana de Estado es concebida como el tránsito de un Estado viejo (que muere y desaparece) a un Estado nuevo, totalmente distinto a aquél1. Contrario a esta perspectiva, el Estado debe entenderse como un ser Entel équido substancial, que adopta diversas ‘formas’ de organización política (formas de Estado), llámese monárquica o republicana, de tal suerte que los cambios organizacionales que experimenta éste a través del tiempo no afectan su esencia ontológica, pues sigue siendo el mismo Estado (generalmente con el mismo territorio, la misma población y el mismo poder público) sólo que bajo otras formas de organización política (reino o república), otros sistemas de gobierno (parlamentario, presidencialista o de asamblea), otras formas de gobierno (monárquica, aristocrática, democrática, dictatorial, tiránica, etc.) y otros regímenes políticos (de hecho o de derecho).2ª) La influencia que ejercieron (y siguen ejerciendo desde el siglo XIX) las teorías organicistas e institucionalistas del derecho público alemán y francés en la ciencia jurídica contemporánea de los países de América Latina y, particularmente, en el derecho público colombiano, constituye otra explicación plausible de las tesis fundacionista. Bajo la luz de estas teorías (que predominaron desde la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo del siglo XX), se educaron en las universidades europeas gran parte de las élites políticas de la oligarquía latinoamericana, cuyos miembros, al regresar a sus países de origen, ocuparon cargos públicos de gran preeminencia (presidentes, vicepresidentes, ministros, magistrados, parlamentarios, etc.), o simplemente se dedicaron a ejercer la cátedra universitaria, produciendo y reproduciendo,

3ª) La implícita y explícita intención de las élites independentistas neogranadinas y latinoamericanas decimonónicas (criollas y mestizas) de destruir u ocultar por completo cualquier lazo que pudiera unir el presente y el futuro de las nacientes repúblicas con el oprobioso pasado colonialista europeo y el “salvaje” mundo cultural de los pueblos indígenas (del que se avergonzaron), constituye otra poderosa razón para que deliberadamente se hayan ignorado a las organizaciones estatales precolombinas e hispánica a la hora de explicar el verdadero origen del Estado colombiano. La permanente búsqueda de una nueva identidad nacional y la necesidad de construir un discurso nacionalista propio, independiente (incluso aristocrático) que realzara, idealizara y reafirmara la organización republicana sobre la monárquica y los principios de libertad, igualdad, propiedad, democracia, separación de poderes, etc., condujo a las élites americanas decimonónicas a concebir la república como un “Estado nuevo” (el Estado liberal), totalmente distinto al anterior (el Estado monárquico absolutista europeo) y a los que, tres siglos antes, habían descubierto, conquistado y colonizados (y prácticamente exterminado) los invasores europeos (los Estados monárquicos aborígenes). Es en esta inacabada e interesante polémica sobre el origen del Estado colombiano, donde creemos haber encontrado la motivación para escribir este ensayo politológico e histórico, que no tiene pretensión distinta a la de contribuir, desde la academia universitaria, a reexaminar las bases mismas de nuestra identidad nacional; a reafirmar nuestra unidad política en la diversidad cultural que nos caracteriza; a rescatar y revalorar los seminales aportes geográficos, demográficos, sociales, políticos, económicos y culturales (materiales e inmateriales) que hicieron los diversos Estados aborígenes precolombinos a nuestra actual forma de organización estatal; y a rediseñar –después de doscientos años de vida republicana— un nuevo modelo de desarrollo económico y social para el país, territorial y poblacionalmente más igualitario, políticamente más pluralista e incluyente, económicamente más democrático y culturalmente más diverso y participativo. Para lograr estos propósitos, hemos fundado la estrategia metodológica de este ensayo en un análisis evolucionista de nuestro Estado, sin ignorar las perspectivas organicistas e institucionalistas que quedan incorporadas en el estudio del poder público colombiano. Esta metodología nos conduce a analizar el origen y la evolución histórica y sociopolítica del Estado colombiano a partir de cada uno de sus componentes o elementos estructurales (el territorio, la población y el poder público), poniendo especial énfasis en los periodos históricos precolombino y colonial. Igualmente nos conduce a revisar, previamente, las teorías decimonónicas que han influido –y todavía influyen– en las distintas interpretaciones científicas del origen histórico, político, económico, social y cultural de los Estados latinoamericanos y, en particular, de nuestro Estado. Por eso, la primera parte del ensayo lo dedicamos a precisar el alcance de cada una de estas teorías para definir luego una posición intermedia que nos lleve a concluir que, si bien existe una gran diversidad de concepciones teóricas sobre el origen evolucionista y fundacionista del Estado latinoamericano, aparentemente antagónicas, éstas finalmente se complementan para dar paso a una visión holística e integradora sobre el verdadero origen de nuestra organización política contemporánea. Consecuente con la estrategia anunciada, la segunda parte la dedicamos al estudio del territorio colombiano como primer elemento estructural de nuestro Estado (elemento físico), poniendo especial énfasis en la territorialización histórica del mismo y la territorialidad multicultural que generó entre las distintas razas y combinaciones mestizas que conformaron la población colombiana hasta el siglo XIX.

En la tercera parte, analizamos el origen de la población colombiana como segundo componente estructural de nuestro Estado (elemento humano). En esta parte, recreamos las rutas de nuestro poblamiento prehispánico a partir del examen de las distintas teorías sobre el origen del hombre americano, contrastando las “viejas” con las nuevas (o novísimas), para lo cual echamos mano a los más recientes estudios arqueológicos, paleontológicos, antropológicos y etnolingüísticas producidos por connotados cientistas norteamericanos y europeos, que rompen con los tradicionales paradigmas interpretativos de estas ciencias y revolucionan científicamente el conocimiento existente sobre la materia. Igualmente, en esta parte, presentamos una propuesta sobre lo que hemos denominado el ‘proceso de conquista y colonización prehispánica del territorio colombiano’, enfatizando en las rutas de penetración a nuestro territorio, propuesta ésta con la que esperamos reanimar la discusión sobre este particular tema, que, en honor a la verdad, se encuentra muy poco estudiado por la arqueología, la antropología y la historiografía nacional. Asimismo, analizamos el proceso de conquista y colonización de nuestro territorio y el consecuencial mestizaje poblacional que se produjo durante los tres siglos que duró la dominación española. Finalmente, en la última parte de este libro, hacemos un análisis del proceso formativo de las instituciones políticas que conforman el poder público colombiano (elemento institucional). En primer lugar, analizamos el proceso formativo de los Estados prehispánicos o precolombinos que consideramos ‘Estados cimientos’ de nuestra actual organización política republicana, deteniéndonos en el estudio de las más importantes organizaciones estatales prehispánicas que tuvieron asiento en nuestro territorio, así como sus más sobresalientes características políticas, sociales, económicas y culturales. Allí resaltamos las múltiples aportaciones que hicieron los Estados prehispánicos a la creación de nuestra actual forma republicana estatal, no solamente en cuanto al territorio heredado y a la población originaria que sirvió de cepa al proceso triétnico de nuestro mestizaje sino, también, a la organización y al funcionamiento de nuestro poder público, su elemento institucional. Seguidamente analizamos el origen y la evolución institucional del Estadocolonia de la Nueva Granada (llamado también Virreinato de la Nueva Granada), como organización estatal creada por la Corona española para gobernar y administrar los territorios conquistados y colonizados en el continente americano. En esta parte nos proponemos demostrar que independientemente de la subordinación de las autoridades coloniales americanas a la Corona española, los “reinos” creados por España en América (México, Nueva Granada, Perú y La Plata) constituyeron verdaderas organizaciones estatales, con un territorio y una población propia, y con un poder público y un sistema de gobierno muy peculiar, cuyo origen, estructura y funcionamiento fue el resultado del proceso de fertilización cruzada que se dio entre las culturas políticas precolombinas y la hispánica, aunque prevaleciera ésta sobre aquellas. Como punto intermedio entre la organización monárquica colonial y la organización republicana de nuestro Estado, analizamos el proceso revolucionario que condujo al rompimiento definitivo de las élites políticas criollas respecto del poder imperial español y la transformación de la forma de Estado-reino que traíamos en la de Estado republicano; de la forma de gobierno monárquica en aristocrática y del sistema de gobierno monárquicoabsolutista en presidencialista. En esta parte pretendemos demostrar que el proceso revolucionario independentista americano si bien trajo como consecuencia el surgimiento formal de “nuevos” Estados (en este caso los de Nueva Granada, Venezuela y Ecuador), realmente lo que produjo fue la transformación de la forma de Estado existente, que pasó de ser Estado-reino a Estado republicano (en casi todos los casos), a partir del

nuestro caso particular, el proceso revolucionario no dio origen a la “creación” de un nuevo Estado, sino a la transformación del poder público que traíamos bajo el dominio español. En igual forma, analizamos el proceso histórico y político de creación y evolución de nuestra actual forma republicana de Estado, así como del sistema de gobierno presidencialista, del régimen político democrático y de las distintas formas de gobierno que hemos tenido a lo largo de estos doscientos años de evolución republicana.Pero si bien este ensayo pretende reivindicar los aportes que hicieron nuestros antepasados indígenas y españoles a la actual organización republicana del Estado colombiano, también tiene por finalidad resaltar la importancia que han tenido las instituciones republicanas en el desarrollo social, económico, político y cultural del país. Es innegable que en estos doscientos años de vida republicana, los colombianos hemos consolidamos nuestra soberanía estatal que comenzamos a ganar el 20 de julio de 1810 y sellamos el 7 de Agosto de 1819, una vez quedó asegurada totalmente –en la batalla de Boyacá– la derrota militar del invasor europeo; igualmente, hemos ido construyendo y consolidando nuestra propia identidad nacional, en medio de todas las desdichas que trajeron las guerras civiles del siglo XIX y la separación de Panamá y la violencia política en la primera mitad del siglo XX, y las que han traído la guerrilla, el narcotráfico y el paramilitarismo en los últimos tiempos, que han venido de la mano de la corrupción, la politiquería, la pobreza y la desigualdad social; pero también, en medio de nuestras dichas, representadas en la abolición de la esclavitud, la igualdad de derechos políticos, el avance del Estado social de derecho, la industrialización, la urbanización, la disminución de las tasas de analfabetismo y de morbi-mortalidad infantil y adulta, los avances de nuestro desarrollo territorial, económico y tecnológico, el advenimiento de la democracia participativa con la expedición de la Constitución de 1991, el progresivo desmonte del paramilitarismo, la lucha frontal y exitosa contra el narcotráfico y la guerrilla y los inobjetables avances en materia de seguridad democrática. Por su naturaleza bibliográfica y su finalidad eminentemente académica, más descriptiva que prescriptiva, hemos prescindido de los tediosos tecnicismos metodológicos propios de los informes finales que caracterizan las investigaciones científicas de campo; por tanto, el lenguaje que hemos utilizado en la redacción de este ensayo se parece más al que suele usarse en las investigaciones monográficas, sin que por ello dejemos de lado las reglas mínimas de la referencia bibliográfica. En algunos temas, nos hemos tomado la libertad de formular interpretaciones teóricas inferenciales a partir de datos provenientes de investigaciones arqueológicas, antropológicas e históricas cuyos autores y textos hemos tenido el cuidado de citar. En todo caso, esta obra pretende trascender la mera descripción e interpretación historiográfica que caracteriza la narrativa histórica tradicional y ensayar otras hipótesis re-interpretativas del origen y la evolución del Estado colombiano. Tras ese afán es posible que nuestras hipótesis no se encuadren del todo dentro de los paradigmas tradicionales de la historiografía y la politología nacional. Por eso esperamos que ellas reanimen el estudio de nuestro pasado político para que las nuevas generaciones de colombianos y colombianas puedan comprender mejor los fenómenos que los afectan en el presente y, a partir de allí, proyecten respuestas mucho más propositivas y justas para el futuro inmediato y mediato.

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO

Según nuestra constitución Política, el Estado es l agrupamiento social en un territorio reconocido y constituido sobre la legalidad de un poder público, que incorpore norma para mantener un orden social. Veamos ahora cada uno de estos elementos El Territorio: Colombia posee: El espacio Continental: está compuesto por el suelo que es el lugar donde habitamos todos los colombianos. El suelo puede ser propiedad de las personas particulares, pero el subsuelo y sus recursos son propiedades del Estado. El Espacio Marítimo: Está conformado por el mar territorial, que es la franja marina cercana a las costas e islas del país, de la cual hacen parte el suelo y el subsuelo marino, y el espacio aéreo, en un área que se prolonga hasta las 12 millas náuticas, mar adentro. El espacio marítimo también consta de la zona contigua, que es la franja que va desde las 12 hasta las 24 millas náuticas, incluyendo el mar territorial; de la plataforma continental, que es una prolongación de las costas del país sumergidas en el mar; de la zona económica exclusiva, que corresponde a las 200 millas náuticas en donde Colombia, sin ejercer plenamente soberanía, tiene derecho a controlar la pesca y a proteger el medio ambiente marino. El Espacio Aéreo: Se refiere a la atmosfera que cubre el territorio hasta una altura de 10.000 metros. Aquí el Estado ejerce total soberanía. El Espacio aéreo, a vez consta de la órbita geoestacionaria, que es la curva circular que se encuentra por encima de la línea del Ecuador y se mueve en la misma dirección de la tierra La población La población, o el agrupamiento social que menciona la constitución, es el componente humano del territorio colombiano, resultado de la mezcla de tres razas: indígena, blanca y negra. Esta combinación recibe el nombre de mestizaje, la actual distribución racial colombiana es: 58% mestizos, 20% blancos y el 1% indígenas. El Poder Público Colombia es un país de derecho, es decir, se gobierna por las normas elaboradas por legisladores elegidos por los mismos ciudadanos. Estas estas normas o leyes buscan el bien común. El poder de

los gobernantes provienen del mismo pueblo, que es el que los elige. Este poder se llama poder público y se encuentra repartido en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial. Las funciones de cada una de las tres ramas son: Rama ejecutiva: es la encargada de hacer cumplir las leyes aprobadas por el congreso. Está representada por el gobierno, encabezada por el presidente de la república, en el país; por los gobernadores, en los departamentos, y por los alcaldes, en los municipios Rama legislativa: es la encargada de hacer las normas que orientan el comportamiento de los habitantes del país, está representada por el Congreso, en el país, por la Asamblea, en el departamento, y por el concejo, en el municipio. Rama judicial: es la encargada de juzgar y buscar solución a conflictos que se presenten entre los particulares, y entre estos y el Estado, haciendo uso de las luyes establecidas en la Constitución Política. Está representada por la Corte Suprema de Justicia, en el país; por los tribunales, en el departamento, y por los juzgados, en el municipio. Estudio de las funciones legislativa, administrativa, jurisdiccional, fiscalizadora o de control, electoral, de banca central y de seguridad y defensa nacional y de la nueva Estructura del Estado para cumplirlas: Ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial, Organizaciones Fiscalizadora o de Control y Electoral, y los órganos autónomos con personería jurídica y régimen constitucional y legal propio. Procesos constitucionales como el colombiano de 1991, dieron un gran paso adelante al prever en la nueva Carta Política una nueva estructura del Estado y precisar y definir en ella la existencia de otros órganos, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones públicas, distintas a las que tradicionalmente han correspondido a los órganos del poder público que integran las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Jurisdiccional. Y tenía que ser así, porque según el régimen constitucional clásico, había órganos que no encuadraban en ninguna de las tres ramas del poder público, ya que sus funciones ni son legislativas, ni administrativas, ni judiciales. Esos órganos ejercen primordialmente unas funciones propias, específicas y distintas y por lo mismo no encajaban dentro de la simplista y elemental teoría tripartita por lo que, entonces, hubo necesidad de hacer una enumeración adicional y ubicarlas en donde corresponde. La Constitución Política de Colombia y con fundamento en ella la ley prevén una nueva Estructura del Estado encargada de cumplir todas las funciones públicas. Según dicha Estructura, se reitera la existencia de las tres tradicionales Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial, pero al mismo tiempo se precisa que, además de los órganos que las integran, existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado, algunos de los cuales se agruparon en Organizaciones y otros se estructuraron como órganos independientes y autónomos sujetos a un régimen constitucional y legal propio.

FINES SOCIALES DEL ESTADO COLOMBIANO