Los efectos económicos de las prohibiciones, una revisión bibliográfica
Documento de Trabajo Nº 2 Borrador Marzo, 2009
Carlos Rojas Arancibia Escuela de Periodismo Universidad Diego Portales
Carlos Rojas A., es Ingeniero Comercial, Magíster en administración de empresas UDP, MBA-ESERP. Profesor de Gestión Empresarial y Economía Internacional en la escuela de periodismo de la Universidad Diego Portales.
[email protected], 56-2-6768914
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Introducción En el consumo de drogas recreacionales, como la marihuana, cocaína y heroína, es generalmente aceptado de que conducen a distintos grados de adicción, empeorando la salud de usuarios y no-usuarios, contribuyendo al crimen cometido por usuarios y oferentes e incrementando otros costos sociales. El objetivo principal de cualquier prohibición es de reducir esos costos a través de la reducción del uso. Sin disuasión la prohibición dista mucho de ser efectiva en la reducción del uso, y los esfuerzos por disuadir pueden no tener el efecto deseado en el largo plazo. Entre los economistas no hay un posición clara respecto del uso de drogas recreacionales, sin embargo, la posición anti-prohibicionista en sus múltiples alternativas es la preferida por los profesionales del área, premios Nóbel incluidos. Este estudio está centrado en un único elemento en la “Guerra a las drogas”, la prohibición del consumo de marihuana. En esta aproximación elegida, no evaluaremos si la marihuana es benéfica o dañina para el usuario o la sociedad; sino más bien nos concentraremos en varios aspectos cuantificables de la prohibición: ¿Cuáles son los costos de la prohibición? ¿Sirve la prohibición a los objetivos buscados? La política prohibicionista respecto del consumo de drogas recreacionales es un debate de interés público, abierto e inconcluso en particular respecto de la eficacia y eficiencia de la “Guerra a las Drogas” y a políticas alternativas como lo son la legalización, descriminalización, tratamientos contra las drogas y marihuana medicinal. Muchos economistas han sido fuertes críticos a la efectividad de la “Guerra a las Drogas” y aparentemente esta guerra está siendo perdida [Dennis (1990), Nedelmann (1989), y Reuter y Kleinman (1986)]. Se ha derivado la atención desde sus “consecuencias no intencionales”, como el crimen violento y la corrupción, hacia propuestas de políticas alternativas como lo son la descriminalización y la legalización. En una encuesta anónima1, dirigida a profesionales de la economía encontramos que: 58% esta a favor de una cambio en la dirección de la descriminalización, sólo el 16% de los 1
Thornton, Mark (2002), Prohibition vs. Legalization: Do economist reach a conclusion on drug policy?, southern association convention, New Orleans, Louisiana
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economistas abogan por una total liberalización y menos del 2% favorece medias más duras como sentencias más largas o incrementos en los presupuestos destinados a disuasión. Tres conclusiones emanan de este estudio: 1. La actual política prohibicionista es ineficiente, muy ineficiente o dañina 2. La mayoría concuerda que la política actual debe ser cambiada 3. La mayoría cree que el cambio debe ir en el sentido de la discriminalización El punto más conflictivo se relaciona con el grado de liberalización de la futura política. Este grado de liberalización oscila entre la discriminalización y la legalización. Bajo una legalización total, la producción, distribución, venta y posesión de drogas son legales; la ley trata a las drogas como cualquier otro bien. Bajo la premisa de la descriminalización, la posesión de drogas no es sujeto de sanciones criminales, pero las penas a la producción, distribución y venta siguen en pie. Así las drogas no son un bien legal. El único beneficio de esta política es que los usuarios de drogas recreacionales enfrentan penas limitadas por el consumo de drogas. El derecho a la libertad de elegir “Vicios son aquellos actos por los que un hombre se daña a sí mismo o a su propiedad. Delitos o crímenes son aquellos actos por los que un hombre daña la persona o propiedad de otro. Los vicios son simplemente los errores que un hombre comete en la búsqueda de su propia felicidad. Al contrario que los delitos, no implican malicia hacia otros, ni interferencia con sus personas o propiedades. En los vicios falta la verdadera esencia del delito (esto es, la intención de lesionar la persona o propiedad de otro). En un principio legal que no puede haber delito sin voluntad criminal; esto es, sin la voluntad de invadir la persona o propiedad de otro. Pero nunca nadie practica un vicio con esa voluntad criminosa. Practica su vicio solamente por su propia satisfacción y no por malicia alguna hacia otros. En tanto no se haga y reconozca legalmente esta clara distinción entre vicios y delitos, no puede haber en la tierra cosas como el derecho individual, la libertad o la propiedad; 3
cosas como el derecho de un hombre a controlar su propia persona y propiedad y los correspondientes derechos de otro hombre a controlar su propia persona y propiedad.” (Vices Are Not Crimes, A Vindication of Moral Liberty by Lysander Spooner, 1875) El Objetivo de este documento es aproximar una cuantificación del efecto económico de la prohibición versus la liberalización de consumo de marihuana. La prohibición tiene demasiadas consecuencias indeseables, quizás la principal consecuencia es que se violan las libertades civiles en el intento fútil de sancionar crímenes sin víctimas . Otras consecuencias son, la corrupción y la violencia, el envenenamiento por sobredosis o de manera accidental como resultado de productos sin controles de calidad, los crímenes contra la propiedad que resultan del elevado precio de las drogas recreacionales en el mercado negro y la violencia resultado de los desencuentros entre comerciantes en el mercado negro donde eligen las armas en vez del sistema legal para arreglar sus disputas y diferencias. El crimen violento y el uso de drogas Un supuesto considerado en la política de control de drogas, es la existencia de relaciones causales entre el crimen violento y el uso de drogas ilegales. En la literatura pareciera no haber evidencia que apoye tal aseveración, más aún, esta relación parece más ser débil que significativa [Goldstein (1987), Resignato (2000)]. Sin embargo existe la creencia de que es la suspensión del consumo de drogas lo que podría llevar a un comportamiento criminal, y no las drogas por si mismas. Como las drogas tienen un costo de producción bastante bajo, es la prohibición la que eleva los precios de venta de drogas recreacionales creando el incentivo para apropiarse de utilidades abundantes y extra-normales. En este escenario el crimen se comete, al menos, por tres razones: 1. Los productores, distribuidores y vendedores callejeros que están involucrados se consideran criminales per se, ya que rompen la ley antidrogas. Pero en esta categoría no hay crimen real ya que no hay víctimas de esta actividad comercial. Desde la producción, sólo hay participantes que desean satisfacer una necesidad. 2. Dado los altos precios de venta en el mercado de las drogas recreacionales, los adictos deben considerar el crimen como fuente para obtener los recursos 4
necesarios para financiar sus hábitos. Acá el crimen es flagrante, ya que no hay consentimiento previo para el daño a la propiedad privada perpetrada. 3. Finalmente están aquellos que pagan el mayor costo como resultado de la violencia generada en las calles. Estas víctimas son completamente inocentes y pierden la vida, no por el uso de drogas, sino porque la ley impide usar los tribunales y a las policías para arreglar diferencias entre los distintos distribuidores. Por este motivo toman la ley en sus manos. Los responsables últimos por la muerte de inocentes son los legisladores que redactan y aprueban la ley, y las policías y tribunales que la administran. Existen tres causas esgrimidas para explicar la relación causal entre consumo de drogas y crímenes violentos (Goldstein, 1987). Mientras las categorías psicofarmacológicas y la compulsión económica están directamente vinculadas con el uso de las drogas, los factores sistemáticos están relacionados con el hecho de que, dada la prohibición, entonces las drogas ilegales son transadas en mercados negros. Haremos una pequeña explicación de cada una, para mayor detalle ver (Resignato, 2000) •
Psicofarmacológicas: este modelo sugiere que el uso de drogas tiene un efecto emocional y mental que causa un comportamiento violento en los usuarios.
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Compulsión económica: ocurre cuando los usuarios de drogas participan de un crimen violento orientado a proveer los recursos para costear el uso de drogas. Las investigaciones indican que la mayoría de los crímenes económicos cometidos por usuarios de drogas son del tipo no-violentos y si se dan alternativas de crímenes violentos, los usuarios de drogas prefieren otras formas de financiamiento.
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Factores sistemáticos: esta categoría se refiere al uso y amenaza de uso de violencia intrínseco al desarrollo de un mercado negro ilegal. En este contexto, la prohibición de drogas se transforma en la causa indirecta de de la violencia sistemática en los mercados de la droga.
La demanda por drogas recreacionales
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La elasticidad por consumo de drogas es bastante baja2, esto es porque estos bienes son usualmente vistos como necesarios y no superfluos o de lujo. Mientras un aumento de los precios tiene un efecto significativo en la reducción de cantidades consumidas de los bienes de lujo, esto no aplica a bienes de demanda inelástica, como las drogas para el caso de los adictos. Los usuarios de marihuana presentan una baja respuesta a las variaciones de precios. Un incremento de un 1% en el precio resulta en sólo una 0,06% de disminución en la demanda. Puesto de otra manera, un aumento de un 16,67% del precio reduce la demanda sólo un 1%. Como apuntan De Simonne y Farrelly (2003), “claramente, factores distintos al precio o a los arrestos, son importantes en determinar cambios en el uso de las drogas recreacionales a través de las cohortes” Dado lo anterior, es poco probable que la elasticidad de la demanda por drogas recreacionales sea muy alta. Una expectativa mucho más razonables es que cuando los precios caigan producto de la legalización y la competencia, las cantidades demandadas no deberían incrementarse de manera significativa. Costos de la prohibición Un análisis costo-beneficio respecto de hechos pasados es difícil porque no todo tiene valor económico (i.e. monetario) como por ejemplo, la vida. Los economistas hacen un esfuerzo para proveer números adecuados. Analizar el futuro es más dificultoso aún, ya que hay presente una incertidumbre inherente. El uso de las leyes para disuadir el consumo de drogas recreacionales incrementa el costo de la oferta para proveer las drogas al mercado. Los estudios asociados muestran que a los niveles actuales de gasto, la disuasión no es efectiva: marginalmente, un dólar puesto en disuasión lleva a una reducción del costo social de menos de un dólar. Una razón importante para esto es que el efecto de los esfuerzo de disuasión, frecuentemente se ven disminuidos en la medida que oferentes y demandantes se adaptan y aprenden a evitar los costos impuestos por la prohibición.
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la elasticidad de la demanda respecto del precio es de -0.06. Pacula et al. (2001)
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Cuando estamos frente a una prohibición, el análisis se complica aún más, porque no podemos asumir la condición ceteris paribus. Cuando los mercados se liberalizan todo cambia en ellos. Afortunadamente podemos preguntarnos: ¿cuál es el costo de oportunidad? que sacrificamos cuando re-ubicamos estos recursos que fortalecen la prohibición. Este costo de oportunidad (sacrificio) se puede ejemplificar de las siguientes formas: 1. Pérdida de otros servicios entregados por el gobierno o una rebaja de impuestos: si redistribuimos los recursos provenientes de la seguridad pública y los focalizamos en hacer valer la legislación prohibicionista, ¿qué sucederá con el crimen? Con menos policías que protejan la propiedad privada y menos policías que persigan a delincuentes no-relacionados con drogas, la tasa de crímenes aumentará y por ende más crímenes serán cometidos. Si aumentamos el presupuesto de seguridad ciudadana entonces se aprehenderá a un mayor número de delincuentes, pero eso podría obstruir nuestro ya saturado sistema de cárceles y tribunales, por lo que los delincuentes saldrán antes a las calles o recibirán penas menores. Si los delincuentes no-relacionados con drogas salen antes de prisión, ceteris paribus, entonces tendremos una tasa más alta de crímenes. Podríamos aumentar el número de cárceles, pero eso también redundaría en un aumento del costo de la prohibición; sin embargo la fuerza laboral también se ve afectada y se ve disminuida por penas más largas en el sistema de cárceles y las familias se verán sin sostenedor y podría disminuir las oportunidades de bienestar. 2. Formación de mercados negros que, por la prohibición, pierden todas las salvaguardias que un mercado abierto provee: las empresas de consumo masivo son evaluadas constantemente por la opinión pública. Si una empresa de alimentos vende comida contaminada ira a la quiebra o será demandada antes los tribunales. Las empresas automovilísticas no venden vehículos a menores de edad y ciertamente no se debería vender alcohol, cigarrillos o marihuana a menores. Estas restricciones no existen en los mercados negros y a diferencia de las compañías farmacéuticas, productores de café y destilerías de alcohol, los consumidores de drogas recreacionales no tienen la información necesaria respecto de la calidad y compuestos del producto consumido. De hecho, mientras más fuerte es el control 7
de la prohibición, drogas más peligrosas y fuertes son puestas en el mercado negro (Thorntorn, 1998). Cualquier reducción de la cantidad ofrecida en el mercado es rápidamente compensada con drogas más fuertes y de menor calidad incrementando de manera significativa los riesgos a la salud. 3. Corrupción política: la prohibición deriva en una disminución de la droga recreacional ofertada, por ende un aumento de precio debido a la escasez. El margen de utilidades que genera la prohibición entre el costo de producción y el precio de venta proveen un incentivo extra-normal a los vendedores de drogas ilegales para tratar de seducir a las policías, jueces y políticos para conseguir protección o evitar la captura, las sentencias y la encarcelación. Esto fue un problema durante la prohibición en EE.UU. durante los años 20’ y sigue siendo un problema en los países que producen drogas recreacionales. En el límite, este tipo de corrupción hace que el sistema político y legal sea disfuncional y debilite la economía de manera importante. La prohibición crea oportunidades de rentabilidad extra-normales que invitan a crear estas “consecuencias no intencionadas” que se oponen directamente con el objetivo de la prohibición en si misma. La prohibición impide que el gobierno local aplique las sanciones de rutina y regulaciones adecuadas como impuestos, restricciones de ubicación y horarios de funcionamiento. En resumen el costo de la prohibición excede los gastos del gobierno en la prohibición porque hace que las cosas empeoren en vez de mejorar. Beneficios de la prohibición 1. La prohibición no elimina la demanda por drogas recreacionales: los consumidores de drogas recreacionales tienen acceso a drogas legales, ilegales y sustitutos inferiores. No se puede sostener que los beneficiarios de la prohibición sean los consumidores. (Ver Bruce Yandle, “Bootleggers and baptists: the education of a regulary economist”). 2. Las industrias que venden sustitutos de drogas recreacionales ilegales: en la medida que la prohibición eleva los precios del las drogas recreacionales, éstas son sustituidas de manera parcial por demanda de drogas recreacionales legales como son el tabaco y el alcohol. Los incentivos para mantener la prohibición de la
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los productores de drogas recreacionales legales tienen un incentivo que es el monetario, y no un criterio de tipo ideológico o una ilusión subjetiva. Cuando examinamos la evidencia económica de los costos y beneficios de la prohibición encontramos una visión más clara que el puro análisis costo-beneficio. El costo de oportunidad de la prohibición reconoce que cedemos salvaguardias muy valiosas en la economía. Como resultado experimentamos más crímenes y corrupción además de productos más peligrosos, todo lo que es contrario al espíritu de la prohibición. Los beneficios económicos son también problemáticos ya que los beneficiarios no son ni los consumidores ni la sociedad como un todo, sino que aquellos empresarios que rentan en el mercado negro y sus competidores en el mercado formal de drogas legales. Examinaremos alternativas para cambiar la política de la prohibición hacia alguna forma de legalización. Cuatro alternativas serán expuestas: Monopolio de gobierno, gobierno regulador, mercado regulado, libre mercado. Cada una de estas alternativas representa políticas posibles dentro de un espectro amplio de alternativas. Estructura de los mercados y legalización de drogas 1. Monopolio de gobierno: una política que es frecuentemente considerada como un reemplazo a la política prohibicionista. Se trata de establecer un monopolio estatal para la distribución de drogas. Esta aproximación ubica en el estado la producción y distribución y así provee un control directo sobre la mayoría de los aspectos de un punto de venta (qué, cuánto, quién). Algunos ejemplos de monopolios estatales son: casinos, transplante de órganos y lotería. Una consecuencia de esta política es que el estado puede controlar directamente el producto. Puede establecer normas para la producción, distribución y consumo del producto y así, determinar: su composición, precios, cantidades límites y horarios de operación. Los monopolios gubernamentales pueden establecer las regulaciones respecto de quien puede comprar y consumir el producto. 2. Gobierno regulador: la regulación desde esta perspectiva se concentra en la regulación de los precios. Los precios regulados deben estar en un mercado legalizado, pero no influye sobre otros aspectos de su venta. De hecho, la 9
restricción de precios son frecuentemente parte de las regulaciones auto impuestas por el gobierno. Así muchos reformadores han propuesto que las drogas ilegales estén disponibles pero sólo a través de procesos regulados donde oferentes como demandantes convergen con requerimientos estatales/gobierno. Se argumenta (Kleiman, 1992) que los bebedores de alcohol y los fumadores de marihuana paguen altos impuestos3, tengan licencias revocables y limites en la cantidades consumidas. El costo de administrar un sistema tan burocrático puede ser demasiado alto, pero hay alternativas a la propuesta de Kleiman. 3. Mercado regulado (Impuestos específicos): otra alternativa a la prohibición es permitir que las drogas recreacionales sean vendidas en el mercado, pero imponiendo impuestos específicos al producto. Contrariamente a la creencia popular, legalizar no necesariamente nos llevara a un aumento significativo del consumo si es combinado con altos impuestos. De hecho, políticas que combinan legalización e impuestos junto con incrementos en gastos en programas de tratamiento y prevención financiados con una pequeña fracción de los ingresos por impuestos tienen el potencial de generar un ingreso potencial a través de impuestos sin incrementar el uso de drogas. Estos impuestos específicos se aplican en forma adicional al IVA sobre las transacciones de ciertos productos (i.e drogas recreacionales), los cuales se encuentran establecidos por leyes especiales. Este es el caso de los tabacos y los combustibles. La base imponible no es la misma que la del IVA. Una de las potenciales ventajas de la perspectiva de los impuestos específicos, es que es políticamente atractiva. Provee al gobierno de ingresos extras y permite la crítica y la condena del producto a través de estos altos impuestos específicos. Muchos de los adeptos a esta política consideran que los ingresos extras del estado, pueden y deben ser usados en aumentar la disuasión, tratamientos o algún otro propósito específico. Si embargo debemos considerar el efecto re-distributivo del estado, por lo que los recursos extras no serán del todo utilizados en los objetivos específicos antes comentados. 3
La tasa del Impuesto al Tabaco es diferenciada según el tipo de producto, a los puros se les aplica una tasa del 51%, a los cigarrillos se les aplica una tasa del 60,4% y al tabaco elaborado una tasa del 57,9%. El Impuesto se aplica sobre el valor de venta al consumidor final. Aspectos generales del sistema tributario chileno, SII, Noviembre 2004.
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Una debilidad del uso de un impuesto específico para drogas recreacionales es que la mayoría de estos impuestos son pagados por el vendedor del bien, esto crea un aumento de costos para el productor, por lo que está incentivado a evitar esos costo impuestos por el gobierno. Si el impuesto es demasiado alto y eso afecta la cantidad demandada disminuyéndola, entonces las ventas ilegales en el mercado negro seguirán ocurriendo, al igual que con la prohibición. Otra precaución es que el impuesto específico es regresivo, es decir, mientras menor es el ingreso el impuesto toma un porcentaje mayor del ingreso comparado con el mismo impuesto al bien para familias de mayores ingresos. En la política cotidiana, es una fortaleza ya que reduce el consumo de drogas recreacionales en las familias de menores ingresos. Sin embargo este tipo de impuestos crea el incentivo, para aquellos de bajos ingresos que quieren consumir la droga, a buscar otras alternativas más baratas en el mercado negro. Otra complejidad del impuesto específico es la dificultad para imponer una tasa impositiva adecuada. Una tasa impositiva baja, tiene poco efecto sobre el consumo mientras que una tasa alta genera los incentivos para comprar y comercializar a través del mercado negro. Como apuntan Becker y Murphy (2006), el mercado negro existirá bajo la premisa de impuestos específicos, por lo que se debe mantener un menor nivel de disuasión para eliminar ese mercado. Quizás las dos dificultades más importantes asociadas a la política de impuestos son, primero que la estimación de los costos externos del consumo de drogas está sujeta a una sustancial incertidumbre y sólo son de orden de magnitud y sentido. Segundo, inclusive con beneficios sociales netos significativos puede no ser políticamente factible el implementar un control de drogas que involucre un incremento en el consumo. 4. Libre mercado: bajo una modalidad de libre mercado, la oferta y la demanda por drogas recreacionales se definirán sólo en base a las fuerzas del mercado. Las condiciones de competencia resultarán en una baja de precios y una oferta
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diversificada de productos competitivos. El consumidor determinará cual producto satisface de mejor manera su necesidad en términos de precio y calidad. También deberíamos esperar que un alto número de oferentes entren al mercado y muchos dejen la economía informal. Aunque es imposible proyectar como será el mercado en su madurez en términos de oferentes, productos y demandantes, es razonable especular que la mayoría del consumo privado será satisfecho por producción industrial, en vez de producción hogareña. Comparando con otras industrias maduras, encontraremos que pocas empresas proveerán la mayoría de los productos vendidos en el mercado. Aquellos que prefieren la legalización, a menudo, enfatizan los costos de la prohibición, en desmedro del incremento del consumo esperado bajo la legalización. Los que apoyan la legalización se apoyan en esta sola idea de que existiría un aumento en el consumo total por drogas recreacionales y rechazan la idea de que la legalización eliminaría los costos de la prohibición. Más aún y de manera inocente, muchos prohibicionistas creen que todos los problemas relacionados con drogas y la prohibición del consumo de drogas recreacionales, crimen y corrupción incluidas, simplemente se harán peores en cuanto son función del incremento del consumo de drogas, sin considerar la evidencia considerable de lo contrario. Los prohibicionistas sugieren que si la prohibición es levantada, el consumo de drogas aumentará de manera explosiva a causa de la falta de castigo legal, una caída de los precios generales y una publicidad abundante promoviendo su uso. Sienten que precios bajos podrían incrementar el consumo entre los consumidores actuales, pero más importante aún la legalización incrementará el número de consumidores que actualmente se abstienen por la amenaza legal o la percepción de la moralidad de la ley. Sin embargo, en un escenario de libre competencia, muchos abstemios seguirán sin consumir drogas porque consideran que ese consumo es: inmoral, peligroso o repugnante. Para aquellos que la ley pone el límite, la legalización les permitirá consumir drogas recreacionales de manera responsable, ahora sólo por temor a la 12
pérdida del trabajo o la pérdida de reputación en su comunidad. Algunos individuos serán afectados por el efecto de la fruta prohibida, que incrementa el consumo por bienes ilegales. Haciendo los bienes legales dejarán de tener el atractivo que los inducía a su consumo. El incremento real de consumo de drogas recreacionales estará ubicado entre las dos posiciones, el incremento será positivo pero no significativo. En un mercado libre podría derivar en un aumento del consumo de drogas recreacionales. Primero, los consumidores actuales enfrentarán precios más bajos y mejor calidad (no potencia) del producto. Segundo, nuevos consumidores entrarán al mercado dado el levantamiento de castigo criminal y la mejora en la seguridad de los productos. Tercero, habrá sustitución de las drogas que hoy son legales con precios altamente impositivos, como el tabaco y el alcohol. Cuarto, los productos legales tenderán a ser vendidos con menores potencias así las medidas más objetivas prevalecerán. Quinto, surgirán otros usos para las drogas recreacionales como la marihuana medicinal, hoy prohibida o restringida. Lo que normalmente es negado en el debate sobre las políticas sobre drogas es que las reglas que regulan los mercados libres son las preferencias de la propiedad privada. Con la legalización, el comportamiento del mercado será más parecido a Marlboro y Coca-Cola que a Al Capone, Miami Vice o Los Sopranos. Legalización de la marihuana vs. Legalización de todas las drogas Podríamos observar que los individuos toman decisiones razonables sobre biene que tiene un riesgo modesto, como la marihuana y sobre biene más peligrosos como la cocaína. Sin embargo preferimos la legalización de drogas relativamente inofensivas como la marihuana respecto de drogas más duras como lo pueden ser la cocaína y la heroína. Desde muchas perspectivas la marihuana es menos peligrosa (i.e. adictiva) que la cocaína, heroína u otras drogas recreacionales ilegales, lo que significa que el análisis debería enfocarse en la legalización obvia de la marihuana pero menos obvia en otras drogas. Los impuestos específicos en teoría Compradores y vendedores de bienes prohibidos están imposibilitados de buscar protección en la ley, y consecuentemente resulta en el uso de la violencia como medio 13
para prevenir el hurto y/o disuadir contratos. Como la prohibición está combinada con disuasión, los participantes de estos mercados enfrentan el riesgo de la cárcel y el arresto. Todos estos efectos son costos que pueden ser evitados bajo la legalización de las drogas recreacionales. La legalización de las actuales drogas ilegales llevará a un aumento de la oferta y un aumento poco significativo en el consumo total de drogas. Considerando la intensidad de los esfuerzos actuales de disuasión, la legalización podría llevarnos a un incremento en el consumo de droga. Si acordamos que este efecto es indeseable, sigue sin ser un argumento para la prohibición de drogas. La prohibición reduce el uso de drogas imponiendo altos costos a los participantes del intercambio. Estos costos podrían ser impuestos a través de una política que combina legalización con altos impuestos. Los impuestos específicos proveen de un espectro entre dos posiciones extremas de la prohibición con altos esfuerzos de disuasión y la legalización pura. El uso de impuestos específicos provee de un rango amplio de políticas intermedias. Si una droga actualmente prohibida, fuera legalizada y aplicada un impuesto sobre ella, cualquier potencial oferente debe evaluar si prefiere vender en el mercado formal y pagar impuestos o derivar al mercado informal o negro. Cada decisión específica tiene sus propios costos. El costo específico de vender drogas de manera legal es el impuesto que debe ser pagado. El costo específico de vender drogas de manera informal en el mercado negro está asociado con la imposibilidad de buscar protección en la ley y el riesgo de castigo por evasión tributaria. Dado que el beneficio económico está garantizado y es normal, un proveedor que maximiza los beneficios, podría elegir la opción que presentara el menor costo específico. Esta elección va a ser diferente para los diferentes proveedores. Aunque la tasa de impuesto es la misma y será aplicada a todos los vendedores de drogas, el costo de vender en el mercado negro va a ser una decisión individual y no sólo dependerá de los esfuerzos por disuadir y el castigo, sino que también dependerá de la habilidad de los proveedores para evitar la detección o su disposición favorable a tomar riesgos. De manera consecuente, aquellos sin experiencia en el mercado negro y con altos niveles de aversión al riesgo serán más propensos a pagar el impuesto, mientras que aquellos que actualmente están participando del mercado negro tenderán a evadir el pago de impuestos y mantenerse en el comercio informal.
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Un proveedor va a vender drogas de manera legal y pagar impuestos si y sólo si (i) se pueden obtener utilidades económicas, (ii) la tasa impositiva es menor que el costo específico de vender en el mercado negro. Se sigue que un impuesto “prohibitivo” puede ser encontrado y podrá ser suficientemente alto como para evitar que los oferentes vendan en el mercado formal. Con una disminución en el impuesto los emprendedores podrían encontrar rentable entrar el negocio formal de venta de drogas recreacionales. El mercado negro debería disminuir de manera notable en base a la competencia adicional y los menores precios de las drogas recreacionales. La cantidad total de droga transada podría incrementarse a tasas rápidas, pero no significativas. Con un impuesto suficientemente bajo, el mercado negro seria eliminado. La tasa de evasión va a depender de la capacidad disuasiva sobre el cobro de impuestos. La tasa de evasión de impuestos se incrementará de manera directa con la tasa del impuesto y disminuirá en base a la capacidad de disuasión aplicada. La legalización podría eliminar el riesgo y el costo de oferentes y demandantes en el mercado negro. Beneficios de la liberalización del consumo marihuana 1. Disminución del crimen: como la legalización elimina las utilidades extranormales, los incentivos hacia la criminalidad tenderán a desaparecer. Con menos criminales habrá menos prisiones sobre pobladas y el gasto público en ese sentido disminuirá. Otro ahorro significativo vendrá por la disminución de recursos utilizados, por los privados, en la prevención del crimen a la propiedad. Es relevante recalcar que cada vez que inflingimos una derrota a los traficantes de drogas, no hacemos otra cosa que aumentar los incentivos para el mercado negro, ya que mayores utilidades serán conseguidas. Es mejor arruinar el negocio ilícito desinflando la burbuja que aumentar la prohibición, que no hace otra cosa que hacerlos más poderosos. 2. Mejor protección en la salud pública: si destináramos una pequeña fracción de los recursos hoy utilizados en prohibir los narcóticos y éstos fueran utilizados para curar a los enfermos de adicción a las drogas, el nivel promedio de la salud mejoraría notoriamente. Esta es si una batalla que podemos ganar, tal como lo acredita la experiencia en otras drogas legales, como el tabaco y el alcohol. 15
Si consideramos el caso del VIH, encontraremos que la propagación de la enfermedad ocurre a través del compartir las agujas infectadas por los adictos, los cuales no tienen forma segura, a través del sistema de salud pública, de solucionar sus problemas de agujas. Para comparar, otra enfermedad donde legalmente hay apoyo y también se utilizan agujas, es el caso de los diabéticos y la insulina. Allí no hay propagación del VIH. Si se legaliza, entonces muchas empresas farmacéuticas estarían dispuestas a producir, lo que llevaría a consumo de drogas más seguras y de mejor calidad. 3. Libertades civiles: como la venta de drogas, es un crimen sin víctimas, las policías trabajan con desventaja en comparación con el robo de autos, violaciones, etc. No existe un verdadero acusador. En consecuencia, si se desea resolver el “crimen”, se debe recurrir a técnicas y tácticas que de otra manera serian innecesarias y poco éticas. Esta es la razón del porque estas actividades de las policías atropellan las libertades civiles. Los Costos del sistema de Justicia •
Costos de la disuasión:
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Costos del poder judicial:
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Costos del sistema penal (cárceles):
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