Ecuador Det

POLÍTICAS E INSTITUCIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO TERRITORIAL EL CASO DE ECUADOR.

Consultor: Gustavo Abdo L. Versión preliminar

Quito, 15 de septiembre de yyyy METODOLOGÍA

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Para llevar adelante la presente investigación se trabajó en la revisión 1 de los Planes de Gobierno formulados durante la década de los 90´s hasta la actualidad; así como las políticas de los Ministerios Industrias (MICIP), Agricultura (MAG), Trabajo (MTRH), Bienestar Social (MBS), Educación y Cultura (MEC), Obras Públicas (MOP), Vivienda (MIDUVI), Secretaria de Planificación (SEMPLADES), el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias), el Banco Nacional de Fomento (BNF) y la Corporación Nacional de Fomento (CFN). Se efectuaron además, revisiones de Planes Subnacionales en Desarrollo Económico Territorial en las Provincias de Pichincha, Tungurahua, Los Ríos, El Oro y de Azuay. Se realizaron entrevistas a informantes calificados de las instituciones públicas, sectores académicos y de medios de comunicación, conocedores de las políticas en estudio y se analizaron diversas fuentes de información, tales como las disposiciones constitucionales y legales que rigen la vida de los Consejos Provinciales y de los Municipios. Además, se consultó bibliografía y documentación especializada que se presenta en listado adjunto. Respetando los puntos propuestos en los Términos de Referencia, y en base a los resultados obtenidos, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera: En el primer capítulo se analiza la presencia del discurso sobre el Desarrollo Económico Territorial en Ecuador, las temáticas abordadas, su evolución en el tiempo agregando un espacio para revisar el recorrido del fomento productivo como un elemento importante dentro del Desarrollo Territorial. En el segundo capítulo se estudia el tránsito del discurso a la práctica del DET, realizando un análisis sobre la institucionalidad nacional y sobre los instrumentos de fomento. En el tercer capítulo se realiza un análisis sobre la construcción de la institucionalidad local, impulsada desde los ámbitos nacionales. En el cuarto capítulo se estudia en qué medida la configuración institucional del Ecuador favorece u obstaculiza el desarrollo de las capacidades locales antes mencionadas como también se analizarán los casos más representativos del país, en líneas muy generales, de modo de poner de manifiesto las capacidades con que cuentan los territorios para asumir iniciativas de desarrollo económico territorial con algún nivel de autonomía y legitimidad política. En el quinto capítulo se propone conocer la distribución de competencias y atribuciones entre los diferentes niveles territoriales para el desempeño de estas políticas; es decir el proceso de organización que influye en la gestión del desarrollo económico territorial para terminar con un capítulo conclusivo sobre la políticas de DET, rasgos distintivos; contribuciones y limitaciones a la generación de condiciones favorables a estos procesos. En el capítulo final se hace un recuento de las conclusiones preliminares, y se analiza, con enfoque integral, las contribuciones, limitaciones y vacíos, que la institucionalidad y marco de políticas del Ecuador, realizan al proceso de Desarrollo Económico Territorial.

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A partir de www.presidencia.gov.ec se tiene acceso a todas las páginas oficiales.

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CAPÍTULO I. LA PRESENCIA DEL DISCURSO DEL DESARROLLO TERRITORIAL EN ECUADOR. TEMAS Y EVOLUCIÓN Durante la década de los noventa, la propuesta de “reforma” del Estado buscaba viabilizar la apertura económica, basándose principalmente en las recetas del consenso de Washington, enfocándose en tres líneas básicas: • • •

Estabilidad Macroeconómica Acceso a mercados de capitales; y, Seguridad Jurídica.

El proceso, lejos de generar los resultados previstos, dio como resultado un Estado desmantelado y débil en términos de su relación con el mercado, una decadencia de las economías regionales, y; un retroceso del nivel de empleo que impulsó a más de un tercio de la PEA a buscar en la migración una solución a este problema. El cumplimiento de los supuestos, de manera automática, debía producir, las condiciones para el mejoramiento de la producción y la productividad a nivel nacional. Sin embargo de ello, nunca se logró la estabilidad macroeconómica programada (en promedio la inflación nunca fue inferior al 25%, las tasas de interés activas siempre fueron significativamente más altas que la inflación, el tipo de cambio siempre tuvo importantes rezagos), y por tanto, no se produjo el proceso de retroalimentación esperado. Luego del conflicto con el Perú, en el año 1995, las condiciones de acceso a los mercados financieros y de capitales se dificultaron, en gran parte debido a las reformas que se introdujeron en los mercados financieros. Tales distorsiones, durante más de cinco años, castigaron a la economía nacional, al privilegiarse las inversiones especulativas (debido a las altas tasas de interés) en detrimento de la inversión productiva. La falta de consensos legislativos impidió concretar las reformas propuestas al marco legal en el Ecuador, persistiendo la injerencia de la clase política en la nominación de jueces y magistrados; manteniéndose el esquema de inseguridad jurídica, desalentando las posibilidades de inversión. Así mismo, el proceso de “modernización” del Estado que proponía el tránsito de los Ministerios de unidades ejecutoras de proyectos a unidades de formulación y rectoría de política, quedo trunco, en el sentido de que solo se trabajó en la reducción del tamaño del Estado y se dejo intocado el tema del manejo de competencias, ya que no fue posible concretar la transferencia de ellas con recursos a los gobiernos subnacionales. La orientación del desarrollo económico territorial, ha estado marginalmente presente en el discurso oficial, contando con pocas referencias explícitas. En forma paralela, fueron dejados de lado los instrumentos de fomento productivo, se produjo la descapitalización del Banco de Fomento, Corporación Financiera Nacional y Banco del Estado. Además, la casi desaparición del Ministerio de Industrias, y la reducción, a su mínima expresión, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los programas de fomento productivo, pactados

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con los Organismos Internacionales, tuvieron un muy pobre desempeño, al no contar el Estado, con los recursos de contraparte, necesarios para su ejecución. De todas maneras, en estos últimos años parece existir, una transición de las políticas neoliberales, que entendían al desarrollo territorial como el resultado de la difusión del crecimiento del centro a la periferia, hacia las políticas de desarrollo económico territorial, que lo consideran un proceso endógeno con base en la iniciativa local. EL DISCURSO PÚBLICO En el escenario de la década pasada, en los primeros años, comienza a aparecer tímidamente, en ciertos municipios del país, la propuesta para gestionar de manera diferente sus ciudades, realizando esta tarea con una perspectiva vinculada al Desarrollo Local; este fenómeno fue emergiendo más desde abajo hacia arriba que a la inversa. En general, el desarrollo local en Ecuador se fue incorporando a la agenda municipal desde mediados de los noventa con la aprobación de la Ley de Modernización del Estado, la Ley de Descentralización y la Ley del 15%. Luego, desde el año 2000, se observa la profundización y dispersión del proceso en el que muchos municipios intervienen en políticas y acciones del DET. El relevamiento realizado para este trabajo demuestra que en la Ecuador existe actualmente un incipiente discurso público favorable al DET en todos los niveles del Sector Público, tanto nacional como subnacional. En algunos casos, se están llevando adelante programas y planes en el Gobierno Nacional, en muchas provincias y en un elevado número -difícil de precisar respecto del total- de municipios. En la relación que se establece entre los Organismos Internacionales y el Gobierno Nacional, aparece el Desarrollo Económico Territorial. Se cuenta con el Programa Andino de Competitividad, financiado por la CAF, el mismo que trabaja sobre la base de ideas y proyectos a fin de dar respuesta al interés del Gobierno Nacional de contribuir con el fortalecimiento de los Gobiernos Locales entre otros, en los siguientes aspectos:  Fortalecimiento de las competencias y capacidad financiera para implementar inversiones dirigidas a incrementar la productividad de sus territorios y promover el desarrollo local, y;  Fortalecimiento de su capacidad institucional y operativa para planificar, monitorear y evaluar sus inversiones, así como proveer servicios eficientes, Todo lo anterior en el Marco de la incorporación del Ecuador al TLC, el mismo que demanda de una acción intensa y sostenida, con la finalidad de viabilizar la inserción de las regiones en el contexto de la apertura comercial y de la competencia por captar y conservar mercados. Cabe destacar que no encontramos una definición clara con respecto a la dimensión territorial en los objetivos generales de los Ministerios, en los que es común seguir asumiendo el desarrollo territorial como una dimensión a escala del desarrollo nacional. En general, se siguen entendiendo a las políticas regionales como aquellas que permiten alcanzar el desarrollo regional como resultado de la difusión del crecimiento en el centro a la periferia. 4

EL CONTENIDO DEL CONCEPTO En el Ecuador, el concepto de Desarrollo Económico Territorial, esta difundido y existe una comprensión similar a nivel de los Gobiernos Locales. Sin embargo, a nivel del Gobierno Nacional no existe una comprensión del DET, persistiendo viejos paradigmas sobre el desarrollo. En términos generales, no se han registrado esfuerzos para la unificación de conceptos, y; en la práctica, desde los ámbitos nacionales, se entiende por Desarrollo Local, al proceso de apoyo a las iniciativas de cada localidad, tratando de adaptarse a los requerimientos de las mismas. LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO En el Ecuador, los mayores aportes para el avance de la comprensión del DET han provenido de la relación entre las Universidades y los Gobiernos Locales, proceso desarrollado al margen de la relación entre estos y el Gobierno Nacional. En la actualidad, existen varios programas de Maestría desarrollados por las universidades, que tienen como principales destinatarios a los Gobiernos Provinciales y Locales. Así mismo, se observa la interrelación entre los gobiernos locales y los gremios empresariales locales, empeñados en desarrollar acciones conjuntas de DET. En el caso de los Municipios de Quito y Guayaquil se observa una clara asociación entre los gobiernos y las cámaras empresariales, que ha permitido impulsar la creación de Incubadoras de Empresas, generar Agencias Locales de Desarrollo y mecanismos para reducir los costos de constitución y transformación de empresas. LAS POLÍTICAS DE FOMENTO PRODUCTIVO Durante la década de los noventa, uno de los hechos más característicos, provino de la desacreditación, de las instituciones de planificación y de formulación de políticas a nivel nacional. Esto, tuvo su epílogo, con la desaparición en el año 1998, del ente de planificación nacional (Consejo Nacional de Planificación – CONADE). Varios fueron los factores que contribuyeron a la desacreditación de la planificación, entre ellas, la más significativa, se debió a que de acuerdo con la constitución vigente a esa fecha, quien presidía el Consejo Nacional de Planificación, era el Vicepresidente de la República, mismo que nunca tuvo capacidad para traducir los planes de desarrollo, en planes de acción, debido a los continuos enfrentamientos entre éste y el Presidente de la República. Es decir, que la planificación, se quedó en el plano, meramente referencial; llegándose a extremos en los que las incompatibilidades entre los dos máximos personeros del poder Ejecutivo, paralizaron durante años los principales proyectos de inversión pública del país. Otras de las debilidades producidas durante la década en análisis, provino de la incapacidad de los Ministerios, y entidades del sector público, para formular políticas de

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fomento productivo, dado que en la mayoría de los casos, se privilegió, el manejo de la coyuntura en detrimento de las propuestas de mediano y largo plazo. En esta línea, es necesario resaltar, la incapacidad de los gremios productivos, y organizaciones de la sociedad civil, para imponer el tratamiento de agendas que los involucraban y afectaban de manera sustancial. Sin embargo, los documentos que se produjeron, tanto desde el CONADE, como desde la institucionalidad que lo sucedió, son relevantes para establecer las propuestas que en cada Gobierno se formularon para impulsar el fomento productivo en el Ecuador. PLANES DE GOBIERNO DE LA DÉCADA DE LOS NOVENTA RODRIGO BORJA El “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 1989 – 1992” identificó los principales problemas presentes en la sociedad ecuatoriana en los niveles económico, social y cultural, planteándose las estrategias y líneas de acción que permitirían mitigar los problemas y avanzar en la búsqueda de las soluciones. Para el sector productivo se definieron como líneas de acción: • • • • •

Promover la expansión de las actividades productivas referidas: a la agricultura, industria productora de bienes de consumo básico, turismo, la minería la pesca y la silvicultura. Fortalecer las actividades del sector de la construcción, tanto pública como privada, mediante la dotación de líneas de crédito preferenciales y la expansión de la inversión pública. Fortalecer y diversificar las exportaciones, asegurando el flujo de divisas necesario para la reactivación del aparato productivo nacional. Consolidar el mercado interno como sustento del crecimiento económico futuro. Desarrollar y ejecutar los programas integrados en los distintos sectores económicos y sociales para los cuales se hallan previstos.

Para el sector agropecuario se estableció el diagnóstico situacional y se definieron los objetivos y los lineamientos de intervención que tenían como objetivo general, incentivar el fomento de la producción agropecuaria a fin de mejorar la eficiencia económica de las explotaciones e incrementar la oferta de alimentos básicos de consumo y productos destinados a la exportación. Para el sector manufacturero, se estableció un diagnóstico situacional y se definieron los objetivos y los lineamientos de intervención, orientados a reorientar selectivamente la estructura productiva industrial, principalmente hacia la solución de su heterogeneidad tecnológica, para la satisfacción de las necesidades básicas de la población ecuatoriana, sin descuidar la producción orientada a la exportación, disminuyendo sus niveles de dependencia e ineficiencia.

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Resultados Alcanzados Este fue el último de los planes libro que por tradición, formulaba el CONADE, es decir, se definieron los tratamientos exhaustivos, de los problemas, la identificación de grandes programas, proyectos y actividades, puntualizadas a nivel sectorial y territorial. A nivel productivo, se identificaron las inversiones en infraestructura económica y social de apoyo a la producción; y a nivel instrumental, se definieron programas de fomento industrial y agropecuario. Los ejecutores de estas políticas, eran los Ministerios del ramo, y las instituciones del sector público tal como establecía la Ley del CONADE. La ejecución del Plan era obligatoria para las instituciones del sector público e indicativo para las del sector privado. Pese a que este Plan tuvo un importante nivel de ejecución, las contradicciones que para la época se planteaban, entre la visión del sector público y los intereses del sector privado, limitaron su efectividad. En general, la participación de los Gobiernos Locales en el fomento productivo, fue marginal, puesto que en ningún caso se las asumió como contraparte para su diseño y ejecución. SIXTO DURÁN - BALLEN El Gobierno constitucional de Sixto Durán-Ballén formuló la “AGENDA PARA EL DESARROLLO: Plan De Acción del Gobierno 1993 – 1996”, planteándose como principal objetivo la “Modernización Integral” del Estado. El esfuerzo modernizador apuntaba a cambiar el rol del Estado, de ser altamente intervensionista y productor, por el de coordinador y regulador, al respecto se anotaba: “Esta estrategia se fundamente en una filosofía de respeto a la libertad y a la racionalidad del individuo, en la que el Gobierno asume un papel fomentador de iniciativas, coordinador de esfuerzos y regulador de procesos. Una filosofía en la que creemos por ser la más idónea para enrumbar a nuestro país por el sendero del desarrollo económico y social, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”. Para el sector agropecuario se estableció que el principal problema que debía enfrentar era la baja productividad de la actividad y para mitigar y superar los problemas identificados se propuso impulsar el desarrollo de programas nacionales que permitan mejorar la competitividad sectorial y garantizar su inserción en los mercados internacionales. Para el sector manufacturero se estableció que el principal problema que debía enfrentar era la baja productividad de la actividad, así como la insuficiente promoción de exportaciones e inversiones, como soluciones se propuso avanzar en la elaboración y aplicación de un sistema de asistencia técnica integral y de coordinación de los

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programas de cooperación técnica orientados a la manufactura para aprovechar adecuadamente la asistencia internacional; desarrollar un sistema de información estratégico manejado por los sectores público y privado, crear las condiciones necesarias para desarrollar un mercado financiero, coordinar la política integral de promoción de exportaciones e inversiones; elaborar, coordinar y ejecutar programas de desarrollo y promoción de exportaciones para generar corrientes estables de exportación de productos industrializados; dictar y aplicar políticas de inducción, apoyo y promoción de la calidad, eficiencia y progreso tecnológico; impulsar un programa de modernización, reconversión y reestructuración de la manufactura, priorizar, negociar y consolidar los diferentes convenios internacionales de comercio, apoyar el establecimiento de una unión aduanera en el Grupo Andino, buscando la libre circulación de los factores de la producción y, promover el establecimiento de zonas de libre comercio con terceros países. Resultados Alcanzados Durante el Gobierno Constitucional del Arq. Sixto Duran-Ballén, se cambia la modalidad de planificación, y se formula la Agenda de Desarrollo Nacional, concentrándose en los grandes problemas y definiendo programas de intervención nacional. Durante este período, se discute y aprueba la Ley de Modernización del Estado y la Ley de Descentralización, mismas que preveían, la posibilidad de una mayor participación del sector privado y de los organismos seccionales en la formulación y ejecución de políticas e instrumentos de fomento productivo. En la práctica, si bien se avanzó en la incorporación del sector privado en la gestión de muchas competencias del sector público, mediante la privatización y concesiones de servicios públicos, la participación de los Gobiernos Locales siguió restringida a lo que tradicionalmente fueron sus competencias y niveles de intervención. ABDALÁ BUCARÁM ORTIZ El Gobierno constitucional de Abdalá Bucarán formuló la “AGENDA PARA EL DESARROLLO: Plan De Acción del Gobierno 1996 – 2000”, planteándose como principal objetivo la “Modernización Integral” del Estado. El esfuerzo modernizador apuntaba a cambiar el rol del Estado, de ser altamente intervensionista y productor, por el de coordinador y regulador, al respecto se anotaba: “Esta estrategia se fundamente en una filosofía de respeto a la libertad y a la racionalidad del individuo, en la que el Gobierno asume un papel fomentador de iniciativas, coordinador de esfuerzos y regulador de procesos. Una filosofía en la que creemos por ser la más idónea para enrumbar a nuestro país por el sendero del desarrollo económico y social, con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”.

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Resultados Alcanzados El Gobierno del Abogado Abdalá Bucaram, fue un Gobierno efímero que permaneció apenas 7 meses en funciones, que dejó planteada la propuesta de incorporar a la economía ecuatoriana en el esquema de convertibilidad, y que en general, no pudo avanzar en la ejecución de sus propuestas de impulso a la descentralización. El corto tiempo de su mandato impidió la ejecución de los programas y proyectos definidos, sin embargo el enfoque siguió siendo el de programas nacionales, manteniéndose ausente las estrategias de desarrollo local o de DET. FABIÁN ALARCÓN El Gobierno Constitucional de Fabián Alarcón formuló el documento denominado “Marco Macroeconómico, objetivos y lineamientos estratégicos para 1998”, planteándose como principal objetivo asegurar una ordenada transición del poder al nuevo gobierno por elegirse, dado el carácter de facto del mismo. La fragilidad institucional que caracterizó a este gobierno le obligo a plantearse metas de corto plazo que apuntaban a generar las condiciones para la transición política, dejando de lado la resolución de los problemas estructurales de la economía nacional. Se estableció que el principal problema que debían enfrentar los sectores productivos era la baja productividad de las actividades. Entre las líneas de acción definidas constaban:  Promover y facilitar un amplio debate y participación social sobre la modernización del Estado.  Definir las políticas que normen el accionar de los mercados y la vida futura de las empresas del Estado en sus procesos de capitalización con recursos nacionales e internacionales.  Avanzar en la eliminación de las regulaciones que ponen obstáculos a los mercados, la libre competencia, la inversión extranjera y las exportaciones.  Articular la estrategia de participación en la Organización Mundial de Comercio (OMC).  Definir y aplicar las políticas de protección del medio ambiente, ligadas a la consecución de un desarrollo sustentable.  Fortalecer el sistema tributario.  Apoyar las reformas laborables.  Impulsar las reformas de la unificación salarial, la seguridad social y el IESS.  Consecución de la Paz y afirmación de la Soberanía Territorial. Durante el mandato de Alarcón se estructuró la Asamblea Nacional encargada de dictar una nueva Constitución Política para el Ecuador, documento que sentó las bases para impulsar el desarrollo económico territorial, al reconocer a los gobiernos locales como gobiernos autónomos, estableciendo las condiciones para diseñar programas en el ámbito productivo 9

Resultados Alcanzados El Gobierno Interino del Doctor Fabián Alarcón, impulsó como principal gestión de su administración, que duró casi tres años, la instauración de la Asamblea Constitucional, encargada del diseño y aprobación de la Constitución Política que entró en vigencia desde el 10 de Agosto de 1998, misma en la que se estableció la desaparición definitiva del CONADE, y en su lugar se propuso, la creación de una instancia de planificación descentralizada y participativa. Es decir, una instancia, cuyo principal objetivo, debía contar con la transferencia de las competencias que gestionaba el CONADE, en favor de los Ministerios e Instituciones del Sector Público bajo un esquema desconcentrado y de los Gobiernos Seccionales, e Instituciones Privadas, de manera descentralizada. JAMIL MAHUAD WITT El Gobierno constitucional de Jamil Mahuad elaboró el documento denominado “Objetivos, Políticas y Lineamientos Estratégicos del Gobierno Constitucional 1998 – 2003”. Se planteaba que la sociedad ecuatoriana ha acumulado un conjunto de graves problemas, lo cual la enfrenta a varios retos que deben ser atendidos con relativa prontitud por el Gobierno Constitucional. Como el mayor reto para el país se planteó la reducción de la pobreza, dado que había alcanzado niveles inaceptables económicos, social y políticamente. Como condición previa para resolver este problema se planteó resolver previamente cuatro desafíos cruciales:    

Estabilizar la variables macroeconómicas básicas Reactivar la economía Mejorar la equidad social y fortalecer el capital humano Impulsar el proceso de reformas estructurales y del Estado

Pese a las propuestas diseñadas, fue poco lo que se pudo avanzar, especialmente en lo que se refiere al proceso de reforma del Estado, ya que la crisis financiera de 1999, impidió todo esfuerzo en esa línea, concluyendo con la entrada del Ecuador en el proceso de dolarización y finalmente con la salida del presidente por presión ciudadana. Resultados Alcanzados Durante el Gobierno del Dr. Jamil Mahuad Witt, se crea ODEPLAN (Oficina de Planificación de la Presidencia de la República), y se estructura el Sistema Nacional de Planificación, en el que se establece la participación de la Presidencia de la República, los Ministerios y como novedad, la dimensión territorial estableciendo roles específicos para los Gobiernos Intermedios (Consejos Provinciales), Locales (Municipios y Juntas Parroquiales). Así mismo, se define la activa participación de los Consejos Transversales, (Consejo Nacional de la Mujer- CONAMU; Consejo Nacional de Discapacitados,

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Consejo Nacional de Nacionalidades y Pueblos Indígenas – CODEMPE, y el Ministerio del Ambiente. Se establece que el principal rol de los Gobiernos Seccionales es el de formular Planes de Desarrollo en el ámbito de su competencia, con el supuesto de que la agregación de los Planes de Desarrollo Parroquial, Municipal y Provincial, permitirán tener el referente del Plan Nacional de Desarrollo. ODEPLAN articularía, las políticas sectoriales definidas por cada uno de los Ministerios como el marco referencial, para que cada Gobierno Local formule sus planes, programas y proyectos. En esta misma línea, debían trabajar los Ministerios sus planes institucionales. El Sistema Nacional de Planificación se articuló y trabajó de manera sistemática, para impulsar la consolidación de la institucionalidad desde lo local, de tal forma que se garantice su permanencia en el tiempo. Con el afán de establecer mecanismos que viabilicen y fortalezcan la economía nacional, el Gobierno Nacional, decretó el 08 de enero de 2000, la entrada del Ecuador al sistema de tipo de cambio fijo, mediante la adopción del dólar como patrón monetario. Sin embargo, y pese a los esfuerzos realizados por el Gobierno, la crisis política generada por la debacle financiera, obligó la salida de Mahuad mediante el establecimiento de un movimiento popular ciudadano. GUSTAVO NOBOA BEJARANO El Gobierno constitucional de Gustavo Noboa elaboró el “Plan de Gobierno 2000 – 2003: Por un nuevo país”. En el campo productivo, el diagnóstico no difería sustancialmente de los planes anteriores, proponiéndose, lograr una reactivación sostenida y paulatina del sector productivo, considerando al ser humano como el eje del desarrollo para garantizar el uso eficiente de los recursos y generar un proceso de crecimiento compatible con la meta global de reducción de la pobreza. Para alcanzar este objetivo proponía, propender al desarrollo del sector productivo en la perspectiva de atender el consumo interno y facilitar su inserción al mercado externo, incentivar las exportaciones de productos agropecuarios tradicionales y no tradicionales y de productos industrializados, mejorar la productividad, calidad y competitividad de los productos de consumo interno y externo, mejorar la inversión en infraestructura de apoyo al sector productivo, especialmente en el área rural Resultados Alcanzados Durante la administración del Dr. Gustavo Noboa Bejarano, que tuvo una duración de 3 años, se repitió el contexto del Gobierno de Fabián Alarcón, es decir que, el objetivo del Gobierno se concentró en viabilizar la transición y apuntalar el esquema de dolarización en el cual el país se encontraba inmerso.

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Sin embargo, se formuló un Plan de Desarrollo que planteaba la vinculación del desarrollo económico y el desarrollo social, como dos elementos claves, que permitirían impulsar, el desarrollo del país. Pese a los esfuerzos desplegados, los resultados de la gestión se resumen en el repunte del proceso de inflación en dólares, pérdida generalizada de la competitividad del aparato productivo nacional, reducción de la calidad de vida de lo ecuatorianos, incremento sustancial de los índices de pobreza e indigencia, y profundización del proceso migratorio. Como hecho rescatable, se puede mencionar, que durante esta administración, se desarrolló un creciente proceso de incorporación de los Gobiernos Locales en la gestión del fomento productivo, contándose al momento con importantes avances que serán suficientemente documentados en los capítulos respectivos. AL FINAL El resultado más visible de la gestión gubernamental a lo largo de la década de los noventa estuvo marcada por la lucha de intereses de grupos o partidos políticos, lo cual llevo a que los problemas diagnosticados a inicios de la década lejos de resolverse se profundizaron al punto de poner en riesgo la supervivencia del Estado Ecuatoriano. Entonces, en el marco de la evidencia mostrada se llega a las siguientes conclusiones: 1. Sí hay evidencias acerca de la existencia de un discurso público favorable al DET. 2. En el contenido exacto de este discurso o declaración pública de intenciones de política, se focaliza en la construcción de una nueva institucionalidad que permita la transferencia de funciones y competencias a los territorios, así como el impulso de políticas y estrategias que privilegien el traslado de competencias a los mismos, desde los ministerios e instituciones nacionales. 3. La continuidad de los planes, dada por cada uno de los Gobiernos de turno, se ha visto afectada por dos ámbitos claros; el primero, consiste en que cada gobernante ha elaborado su propio plan de acción en función de sus intereses partidistas principalmente, a pesar de que las necesidades y realidades socio económicas del país eran muy similares entre períodos; y, el segundo consiste en la temporalidad de cada administración, que bien se vio afectada por fenómenos sociales que interrumpieron la finalización del mandato, o bien se constituyó como una gobierno de transición que debía privilegiar la estabilidad por sobre la consecución de objetivos concretos. Entonces, no existe una verdadera dinámica gubernamental que haya garantizado la continuidad de las políticas de estado, en beneficio de la construcción de un proceso de desarrollo económico territorial sostenido en el país durante la década analizada.

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CAPITULO II. “DEL DISCURSO A LA POLÍTICA PÚBLICA”. EL “UNIVERSO” DE LAS POLÍTICAS DE DET. En general, existen en el Ecuador incipientes y aislados avances en el discurso público en lo que al DET se refiere; es imperativo avanzar en la construcción de Políticas Nacionales que permitan una mayor continuidad y extensión del proceso, que en la actualidad aparece desestructurado, no existe una línea conductora y, la incorporación de áreas importantes, como la infraestructura básica y el ordenamiento territorial, es resiente y restringido a ciertas provincias, estando la mayoría de territorios excluidos de esta dinámica. El DET parece ser “un gran marco de referencia de los planes con intervención local” y trabaja una serie de numerosas variables, abordadas incipientemente desde las iniciativas sectoriales. El DET está recorriendo un camino con avances positivos. Sin embargo, quedan pendientes temas centrales, los que hoy aparecen como puntos débiles. Un ejemplo de ello está dado por los responsables de la política; que insisten en proponer una gestión conjunta e integrada en lo local, a fin de aunar esfuerzos y coordinar tareas, pero la falta de diálogo y concertación se produce justamente entre estos responsables, problema clave en la falta de eficiencia. UNIVERSO AL CUAL SE DIRIGEN LAS POLÍTICAS. ASPECTOS O DIMENSIONES ESTRATÉGICAS AL DET QUEDAN INCLUIDOS O EXCLUIDOS. En el cuadro siguiente, se presenta un organigrama que sintetiza a la mayoría de las instituciones públicas nacionales que tienen que ver con los programas DET: Instituciones del Gobierno Nacional con Programas de Desarrollo Económico Territorial GOBIERNO CENTRAL SEMPLADES

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE TRABAJO

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE VIVIENDA

INIAP

(Esquema para análisis - mayor nivel de detalle en el Capítulo III)

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LAS POLÍTICAS SECTORIALES La crisis institucional que se generó en la década de los noventa (producto del proceso de modernización), debilitó sustancialmente la capacidad de los Ministerios encargados del fomento productivo para definir alternativas que permitan enfrentar de manera adecuada los retos impuestos por la economía global y el acelerado proceso de apertura comercial. Por tanto, no resulta extraño que la producción de políticas, programas y proyectos durante el período de análisis, tuviera una estrecha relación, con la identificación y ejecución de programas y proyectos definidos por los Organismos Multilaterales de Crédito. En este capítulo, se sistematizan las políticas que durante la década de estudio, desarrollaron las instituciones involucradas en el fomento productivo sectorial en forma exclusiva. Más adelante, en el capítulo siguiente, se analizará la estructura del Estado en su conjunto, a nivel de institución, para determinar así, las interrelaciones en el proceso de impulso del DET. MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO INTEGRACIÓN Y PESCA (MICIP) El MICIP, es la unidad administrativa encargada de formular y gestionar las políticas de fomento productivo para la industria, artesanía, comercio exterior y pesca. Desde el año 2000, también es responsable de impulsar la política de competitividad. Para el sector industrial se ha formulado una política sustentada en: OBJETIVOS GENERALES      

Consolidar el mercado interno Generar ventas externas Crear fuentes de trabajo Elevar la competitividad de las empresas Incorporar programas de calidad de empresas Diseñar un programa nacional de competitividad

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Aumentar el valor agregado de la producción industrial Alcanzar una especialización productiva en sectores con ventajas competitivas Incrementar el número de productos industriales de exportación Creación de nuevas industrias de exportación Establecer programas de capacitación, entrenamiento y formación de recursos humanos  Estimular la productividad, innovación y calidad     

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 Preservación del medio ambiente BASES PARA UNA POLÍTICA INDUSTRIAL Elaborar programa y agenda de competitividad con énfasis en:          

Normalización y calidad Recursos humanos Innovación tecnológica Institucionalidad publica y privada Elaborar programas de capacitación Financiamiento y tasas de interés Política arancelaria de impulso a la producción Mejoramiento de los servicios públicos Costos razonables de los servicios públicos Programas de cooperación universidad-empresa

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG) El MAG, es la unidad administrativa encargada de formular y gestionar las políticas de fomento productivo para la agricultura y ganadería. ENFOQUE ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO Se plantea una transformación integral del agro, que involucre tanto a los pequeños y medianos, como a los grandes agricultores, así como también a las empresas proveedoras de insumos, servicios de comercialización, y a la agroindustria, con énfasis en la calidad, productividad y generación de valor agregado, con criterios de competitividad, equidad social y protección ambiental, para satisfacer las necesidades alimenticias de la población y lograr una adecuada inserción de la producción agropecuaria nacional en los mercados internacionales. BASES PARA UNA POLÍTICA AGROPECUARIA     

Innovación tecnológica Comercialización interna Fortalecimiento gremial Reformulación del marco legal Los instrumentos de fomento productivo

LOS INSTRUMENTOS DE FOMENTO PRODUCTIVO EN LA DECADA DE LOS NOVENTA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF)

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En el Ecuador, históricamente el Banco Nacional de Fomento ha sido el principal oferente de financiamiento para el sector productivo del país, de allí la importancia de incluir el análisis de su actividad para así dejar establecida la preponderancia de la intervención estatal, fortalecida a través del financiamiento del fomento productivo, en los procesos de desarrollo del país. Durante la década de los noventa se producen cambios significativos en el manejo de la cartera del BNF. En primer lugar resulta notorio que hasta el año 93 los montos totales de crédito, son crecientes. A partir del año 94 el BNF entra en un proceso acelerado de descapitalización, al punto que en el año 98, el monto de créditos originales concedidos en las diferentes líneas de financiamiento del Banco no representan ni el 5% de los créditos concedidos n 1993. El proceso de descapitalización se originó en sucesivos procesos de condonación de deudas debido a las pérdidas sufridas en los cultivos agrícolas, por efectos de El Niño; así como a la destrucción de la cartera de crédito dado el alto nivel de morosidad. Es así como de una cartera de crédito original de 138 millones de USD, otorgada en 1993, se pasó a otra de 3,5 millones de USD en 1998. De los casi 700 millones de USD concedidos en calidad de créditos nuevos de corto plazo, el 40% se destinó a cultivos agrícolas, el 25% para comercio y el 24% para pastos y ganadería; menos del 10% del monto total se destinó a financiar maquinaria agrícola, mejoras territoriales, movilización de cosechas y pequeña industria y artesanías. BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE CORTO PLAZO Y DESTINO DE INVERSION Número de operaciones Año

Cultivos Agrícolas

Pastos y ganaderí a

Maquinaria Agrícola

Mejoras Territoriales

Movilizació n

Pequeña Industria y Artesanía

Comercio

TOTAL

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total

20.669 19.891 17.567 15.008 11.532 7.070 7.416 5.435 631 105.219

10.009 9.079 9.641 10.992 5.456 3.310 4.377 3.074 578 56.516

277 234 328 194 183 29 20 29 5 1.299

84 106 90 80 30 16 19 23 0 448

167 173 222 179 213 170 86 58 3 1.271

3.166 3.055 2.599 2.765 1.831 925 1.231 791 164 16.527

12.875 17.026 19.767 24.664 18.577 10.792 12.376 10.553 1.775 128.405

47.247 49.564 50.214 53.882 37.822 22.312 25.525 19.963 3.156 309.68

Fuente: Banco Nacional de Fomento Elaboración: Consultor Respecto de las operaciones de crédito de Mediano y Largo Plazo, es decir aquellas que permiten a los agricultores impulsar procesos de capitalización y de transformación productiva, se evidencia la preferencia por financiar: Pastos y ganadería 58%, Pequeña Industria y artesanía 21%, cultivos agrícolas 10% y maquinaria y equipos 7%.

16

BANCO NACIONAL DE FOMENTO CREDITO ORIGINAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DESTINO DE INVERSION Número de Operaciones Año

Cultivos Agrícolas

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total

969 1.009 1.028 452 527 290 1.295 835 198 6.603

Pastos y ganadería 6.962 7.223 6.884 4.237 4.317 1.929 3.295 1.884 352 37.083

Maquinaria Agrícola

Mejoras Territoriales

Movilización

Pequeña Industria y Artesanía

Comercio

TOTAL

802 942 858 455 496 154 327 223 8 4.265

330 361 309 138 135 124 122 102 1 1.622

0 0 0 1 0 0 1 0 0 2

1.588 1.371 1.485 3.196 2.642 995 1.066 863 142 13.348

0 0 0 556 56 0 20 9 0 641

10.651 10.906 10.564 9.035 8.173 3.492 6.126 3.916 701 63.564

Fuente: Banco Nacional de Fomento Elaboración: Consultor En cuanto a los créditos originales de mediano y largo plazo, de los casi 300 millones de crédito otorgado, el 48% se lo destino a financiar pastos y ganadería, el 24% a pequeña industria y artesanía, el 12% para agricultura y el 11% para maquinaria agrícola. BANCO NACIONAL DE FOMENTO CREDITO ORIGINAL DE MEDIANO Y LARGO PLAZO Y DESTINO DE INVERSION Valores (USD) Año

Cultivos Agrícolas

Pastos y ganadería

Maquinaria Agrícola

Mejoras Territoriales

Movilizació n

Pequeña Industria y Artesanía

Comercio

TOTAL

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Total

3.163.214 7.186.415 8.214.341 2.361.991 2.526.302 1.932.395 5.271.574 2.491.530 305.973 33.453.736

16.367.411 24.558.842 27.096.124 17.497.285 23.007.833 9.025.326 11.421.119 5.930.224 834.322 135.738.48 6

5.482.589 8.381.029 8.053.322 3.212.971 3.618.158 1.010.673 1.381.307 1.116.524 38.451 32.295.024

1.693.125 3.675.241 3.310.963 1.092.056 1.078.327 1.539.327 753.350 368.086 6.490 13.516.966

0 0 0 24.133 0 0 1.654 0 0 25.787

4.516.875 5.496.945 7.214.618 16.827.954 17.354.784 6.239.396 5.541.577 4.580.375 474.867 68.247.391

0 0 0 1.962.343 91.322 0 23.077 23.907 0 2.100.648

31.223.214 49.298.473 53.889.369 42.978.733 47.676.725 19.747.117 24.393.659 14.510.646 1.660.103 285.378.038

Fuente: Banco Nacional de Fomento Elaboración: Consultor Los montos promedios otorgados en calidad de créditos originales también sufrieron variaciones importantes. En el caso de los créditos destinados a la producción agrícola casi se duplican entre 1990 y 1993, terminando el período en condiciones similares a las iniciales. Para todas las demás líneas de financiamiento el proceso fue similar, pese a que

17

los requerimientos de financiamiento fueron crecientes, evidenciándose la creciente perdida de participación del BNF en la oferta de crédito para financiar este tipo de actividades. BANCO NACIONAL DE FOMENTO CREDITO ORIGINAL DE CORTO PLAZO Y DESTINO DE INVERSION Valores promedios por Operación (USD) Año

Cultivos Agrícolas

Pastos y ganadería

Maquinaria Agrícola

Mejoras Territoriales

Movilizació n

Comercio

12.064

Pequeña Industria y Artesanía 2.026

1 990 1 991 1 992 1 993 1 994 1 995 1 996 1 997 1 998

1.811

1.745

1.204

1.302

2.671

2.832

2.195

1.387

19.222

3.113

1.133

3.033

3.355

2.183

1.520

20.703

3.056

1.007

3.404

3.573

3.327

3.062

18.871

3.722

1.363

2.962

3.562

4.638

4.246

14.781

4.273

1.861

2.694

3.479

2.948

3.084

13.046

3.986

1.785

2.162

2.532

3.715

2.593

13.921

3.263

1.664

2.031

2.639

2.682

2.501

12.343

2.938

1.283

1.286

1.791

1.590

0

12.881

2.413

712

848

Fuente: Banco Nacional de Fomento Elaboración: Consultor De acuerdo con los datos del Censo Agropecuario realizado en el año 2000, apenas el 5% de los productores agropecuarios accedieron a algún tipo de financiamiento y solo el 1.4% accedió a un crédito del BNF. CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (CFN) La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera pública, autónoma, con personería jurídica, técnica, que, estimula la modernización y el crecimiento de todos los sectores productivos y de servicios, apoya la creación de nueva cultura empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y competitividad. Es la primera institución financiera pública en Ecuador en tener el Certificado de Calidad ISO 9001. Para cumplir con su objetivo opera con las siguientes líneas de financiamiento: •

Fondo de Operación General (FOGEN)

Fondo de atención para mediana y gran industria, mediante líneas de créditos directos. Se prioriza el financiamiento de proyectos con uso extensivo de mano de obra e insumos nacionales.

18

Se financia capital de operación, refinanciamiento de acreencias vencidas y fortalecimientos de formación de capital fijo, de proyectos nuevos o de aquellos que están en operación. •

Fondo de Promoción de las Exportaciones (FOPEX)

Atiende las solicitudes de financiamiento directo de corto, mediano y largo plazo de las personas o empresas dedicadas a las exportaciones de productos no tradicionales (flores, frutas, legumbres, madera, pesqueros, manufactureros, etc.). •

Fondo de la Pequeña Industria y Artesanía (FOPINAR) Programa de crédito de segundo piso, opera mediante operaciones de redescuento de los créditos concedidos por el sistema bancario o financiero, con las pequeñas industrias y la artesanía. Permite asociar el sistema de pagos con el desarrollo del proyecto. Las actividades incluidas en esta línea de financiamiento son: la pesca artesanal, confecciones de prendas de vestir, producción alimenticia y productos metálicos.

De los 59 sectores del clasificador del CIIU con los que trabaja la CFN, se observa que la mayor concentración en cuanto al número de operaciones aprobadas se da en 6 sectores, los mismos que en promedio representan más del 40% del total de operaciones aprobadas. Una destacada participación tienen los créditos aprobados para Producción Agrícola y de Alimentos, los mismos que en algunos años sobrepasan el 24% del total de operaciones. ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA CFN NUMERO DE APROBACIONES CFN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (Miles de US Dólares) CIIU

ACTIVIDAD

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1

Producción Agropecuaria

496

1,139

745

829

1,439

118

15

Elaboración de Alimentos

258

258

245

249

83

19

25

Plástico Y Caucho

28

43

29

47

13

5

45

Construcción

0

174

418

1,406

872

10

55

Hoteles y Restaurantes

135

146

132

115

42

11

92

Esparcimiento

17

16

23

30

6

1

3.876

6.237

8,652

11,160

17,877

439

TOTAL

Fuente: Corporación Financiera Nacional Elaboración: Consultor

19

En cuanto a los montos aprobados, se observa incluso una mayor concentración que la registrada en el número de operaciones, puesto que los 6 sectores mencionados en el párrafo anterior, concentran más del 65% del monto total concedido como créditos para los sectores productivos. Se evidencia los efectos de la crisis financiera sufrida por el país, puesto que de los 640 millones de USD, concedidos como créditos, se pasó en 1999 a 182 millones de USD y 52 millones de USD en el 2000. ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA CFN APROBACIONES CFN POR ACTIVIDAD ECONÓMICA (Miles de US Dólares) CIIU

1998

1999

2000

1

Producción Agropecuaria

ACTIVIDAD

54,551.2

1995

91,719.9

1996

91,755.1

1997

144,550

66,944.5

22,968.4

15

Elaboración de Alimentos

34,761.6

53,013.9

44,210.4

62,064.4

22,421.0

6,860.9

25

Plástico y Caucho

5,318.0

24,851.7

18,501.2

11,634.0

2,451,4

1,506.0

45

Construcción

4,646.1

38,407.7

59,555.3

93,288.8

19,440.1

9,741.4

55

Hoteles y Restaurantes

9,172.2

13,462.9

15,455.5

23,645.5

4,818.3

1,824.5

92

Esparcimiento

6,908.8

6,105.1

8,268.8

5,255.8

817.6

74.5

TOTAL 6 SECTORES

115.357

227.561

237.746

340.439

138.955,5

42.975,7

TOTAL SECTORES FINANCIADOS

187.287

362,164

403,846

639,678

182,027.4

52,768.7

Fuente: Corporación Financiera Nacional Elaboración: Consultor A nivel regional se constata la concentración del financiamiento concedido por la CFN en dos polos, Pichincha en la sierra, la cual concentra en promedio el 28% del crédito y Guayas en la Costa, que concentra alrededor del 45% del crédito total. ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA CFN NUMERO DE APROBACIONES CFN POR REGION (Número) PROVINCIA

1995

1996

1997

1998

1999

2000

SUBTOTAL SIERRA

2,075

3,474

5,312

8,348

14,998

369

SUBTOTAL COSTA

1,617

2,702

3,270

2,788

2,864

70

184

56

67

19

9

0

SUBTOTAL ORIENTE SUBTOTAL GALAPAGOS TOTAL

0

5

3

5

6

0

3,876

6,237

8,652

11,160

17,877

439

Fuente: Corporación Financiera Nacional Elaboración: Consultor Así mismo, es necesario resaltar la disparidad que se produce en cuanto a los montos de operaciones promedio. Durante el año 2000, mientras en Pichincha se aprobaron casi el 20

85% del total de operaciones, solo se asignó el 25% del monto total de créditos; en ese mismo año en Guayas, se aprobaron el 16% de operaciones, mientras que los montos aprobados representaron el 75% del total aprobado a nivel nacional.

ACTIVIDAD FINANCIERA DE LA CFN PARTICIPACIÓN EN LAS APROBACIONES CFN POR PROVINCIAS (Miles de US Dólares) PROVINCIA

1995 Monto

AZUAY BOLIVAR CARCHI CAÑAR

1996

1997

1998

1999 Monto

2000

Monto

Monto

Monto

Monto

2953,8

15181,2

12095,4

41554,5

1801.2

68,3

33,7

530,2

6,5

3.3

0

1508,2

2690,1

930,4

1315,9

741.9

50.0

1134.8

552,0

3924,1

1645,1

9559,6

329.3

0

CHIMBORAZO

13963,0

2220,1

2319,3

3207,9

649.2

12.0

COTOPAXI

11720,0

9906,8

19565,6

26646,5

1295.2

631.5

IMBABURA

1505,0

3090,3

3008,9

3083

1864.5

115.1

757,1

1606,15

1186,5

487,6

104.7

0

44505,0

60329,0

89941,9

164724

77782.7

11032.6

LOJA PICHINCHA TUNGURAHUA EL ORO ESMERALDAS

3263,5

505,8

3623

5449

1317.4

247.5

12,947.4

14558,3

14772

17,642.6

4680.7

2140.0

7,897.9

4664,4

7123

11,315.2

3475.8

0.0

GUAYAS

66,180.1

198000,0

219343,0

303,126.9

75414.0

36497.0

LOS RIOS

12,149.8

1420,1

6321

23,703.7

7865.7

28.7

MANABI

6,153.7

25092

20490

24,693.2

4625.5

879.0

MORONA SANTIAGO

582.0

47.2

66,8

2,8

3,7

0

NAPO

149.3

177.0

240,4

102,2

0

0

PASTAZA

172.5

105.6

5

0

2,2

0

SUCUMBIOS

158.9

75.6

20,5

1740,4

0

0 0

ZAMORA CHINCHIPE GALAPAGOS TOTAL

75.1

199.5

75,3

293,5

4,5

0.0

1,072.7

540.5

980.8

65.1

0

187,287.9

362,164

403,846

639,678

182,027

52,768.7

Fuente: Corporación Financiera Nacional Elaboración: Consultor CARACTERISTICAS DEL SECTOR MANUFACTURERO De acuerdo al IV Censo de Población y Vivienda del Ecuador del 2001, el sector manufacturero del Ecuador emplea a 456.060 personas comprendidas entre los 5 y los 65 años, que constituyen el 10,5% del total de la población empleada de entre 5 y 65 años y el 11,1% de la PEA. El sector manufacturero aporta al PIB en el mismo año, el 14,8% (valores reales del $ 2000)3. De ese total de la población empleada en la manufactura, el 28,6% radica en Pichincha y el 27,2% en Guayas, las que sumando concentran al 55,8% del total de la población empleada en la manufactura. Las provincias de Azuay (8,7%), Tungurahua (7,4%), 21

Manabí (5,1%) e Imbabura (4,7%) se sitúan a continuación y junto con las primeras dos provincias, concentran el 81,2% del total. De este total, el 69% son hombres y el 31% mujeres, el 47% son Jefes de Hogar, mientras que el 53% restante corresponden a otros miembros. El 76,6%, es decir el grueso de los empleados, tienen entre los 20 y 50 años, cerca del 13% menos de 20 años y el 10,5% más de 50 años. El 42,1% tienen instrucción primaria y básica, mientras que el 39,4% tienen instrucción secundaria y media. Es decir el grueso (81,5%) de la población empleada en la manufactura, tiene instrucción entre primaria y secundaria, básica y media. El 16% restante tiene educación superior y apenas un 2,4% son analfabetos. El 5,4% del total tiene título universitario o superior. La población empleada en el sector manufacturero es predominantemente urbana puesto que el 71,7% del total vive en el sector urbano y el restante 28,3% habita en el sector rural. CIIU3 181 361 154 369 171 151 269 192 281 289 222 202 Total Total Total

RAMA DE ACTIVIDAD Fabricación de Prendas de Vestir Fabricación de Muebles Elaboración de Otros Productos alimenticios Industrias Manufactureras N.C.P. Hilatura, Tejedura y Acabado de Productos Textiles Produccion, Elaboración y Conservacion de Carne, Pescado Fabricación de Productos Minerales No Metalicos N.C.P. Fabricación de Calzado Fabricación de Productos Metalicos Para Uso Estructural Fabricación de Otros Productos Elaborados de Metal; Activida Actividades de Impresión y Actividades Conexas Fabricación de Productos de Madera, Corcho y Paja 12 Actividades más importantes Otras Actividades Empleados Manufactura

Riesgo

Empleados

%

2 2 2 5 2 2 5 2 5 5 5 5

81.413 60.078 41.542 36.450 22.689 20.806 19.890 15.577 14.566 14.310 10.951 10.768 349.040 107.020 456.060

17,9 13,2 9,1 8,0 5,0 4,6 4,4 3,4 3,2 3,1 2,4 2,4 76,5 23,5 100,0

Con respecto a la ocupación el 69% eran Operarios, el 3% Directivos, el 3% Técnicos y Profesionales, el 3% Obreros, el 10,8% estaban ocupados en Servicios y el 11,2% correspondían a Otros. El 18% de la población de la manufactura estaba empleada en la Fabricación de Prendas de Vestir (181), el 13,2% en la Fabricación de Muebles (361), el 9% en la Elaboración de Productos Alimenticios (154) y el 8% en Industrias Manufactureras NCP (369). En estas cuatro actividades se concentraba el 48,2% del total de la población manufacturera. Si a esa cifra se le suma las 8 siguientes actividades más importante, se tiene que las 12 principales actividades manufactureras concentraban al 76,5% del total, como lo indica el siguiente cuadro. Las restantes actividades empleaban a 107.020 personas que representan el 23,5% del total.

22

POBLACION EMPLEADA EN LAS 12 RAMAS MÁS IMPORTANTES A nivel nacional, de las 12 actividades principales, 6 están en posición 2 que corresponde a situación de Riesgo Alto Mediano (ver en el cuadro las actividades de color anaranjado), y 6 actividades en posición 5 que corresponden a situación de Riesgo Bajo Mediano. Las seis actividades en situación de Riesgo Alto Mediano emplean a 242.105 personas que equivalen al 53,1% del total de la población ocupada en la manufactura. Casi en todas las actividades de la manufactura, los Hombres son predominantes, con excepción de la Fabricación de Prendas de Vestir (181) en donde las Mujeres son predominantes, puesto que están empleadas 61.910 que equivalen al 76% del total de empleados en esta actividad. LOS ESPACIOS TERRITORIALES INSTITUCIONALIDAD LOCAL.

Y

LA

CONSTRUCCIÓN

DE

LA

En el Ecuador la propuesta de reforma del Estado no se restringe a la discusión del rol de las instancias nacionales, sino que involucra con mucha fuerza, la discusión sobre la creación de Autonomías Provinciales, como el instrumento que permita impulsar el desarrollo territorial sobre la base de las capacidades locales. A nivel intermedio, en la Provincia se evidencia la debilidad de los Consejos Provinciales como instancias de gobierno, ya que tradicionalmente han jugado un papel de unidades ejecutoras encargadas de la vialidad y de alguna infraestructura social. Sin embargo, la expedición de la Ley del 15% que permitió a los Consejos Provinciales por primera oración contar con un flujo significativo de recursos y la discusión y expedición de la nueva Constitución del Estado, le dieron a estos el marco y los recursos para impulsar procesos de desarrollo territorial, que se iniciaron con la definición de Planes de Desarrollo Provincial, en los que aparece la necesidad de incorporar el DET como parte de las responsabilidades y estrategias institucionales. Los nuevos roles asumidos por los Consejos Provinciales, sin embargo no alcanzan para impulsar el Desarrollo Territorial, debido a que la Constitución Política de 1998, no se establecieron niveles de Gobierno a nivel territorial, estando los Consejos Provinciales, los Municipios y las Juntas Parroquiales, en el mismo nivel jerárquico, imposibilitando la acción conjunta de las instituciones, ya que cada una puede establecer sus prioridades y su ámbito de acción, quedando la acción del Consejo Provincial restringida a sus propias capacidades y posibilidades institucionales, quedando todas las demás instituciones al margen de las políticas y estrategias provinciales. Con miras a corregir las distorsiones que dificultan el establecimiento de agendas comunes de acción a nivel territorial, los Consejos Provinciales vienen impulsado una propuesta de Reforma del Estado, con miras a la creación del Nivel Intermedio de Gobierno, entendido como: “Una organización política representativa responsable de impulsar el desarrollo de la provincia, a través de la formulación de políticas públicas, la gestión del territorio, la construcción de gobernabilidad entre actores y 23

niveles de gobierno, el fomento del Desarrollo Económico y el Desarrollo Humano Sostenible”. Así mismo, vienen impulsando una propuesta para construir competencias territoriales, que permitan modificar las lógicas sectoriales de intervención, definidas desde la centralidad como instrumentos de gestión del Gobierno Central, en su relación con sus pares internacionales y no en la lógica de responder e impulsar el desarrollo de los territorios. Las competencias territoriales definidas se enfocan a trabajar en cuatro sectores: Gobernabilidad Territorial, Planificación, administración y gestión territorial, Competitividad Territorial (DET), Desarrollo Humano Sostenible a través de los ODM. El modelo de gestión política en el Ecuador ha privilegiado la relación entre el Gobierno Central y los Municipios, lo cual ha generado fuertes distorsiones en la relación urbano rural y ha consolidado la bipolaridad Quito-Guayaquil. La exclusión de los Consejos Provinciales, como el Nivel Intermedio de Gobierno, ha imposibilitado la discusión e implementación de propuestas de DET. El Gobierno Central y sus Ministerios, producto de la aplicación del proceso de “Modernización del Estado” y de la crisis financiera han quedado reducidos a su mínima expresión, incapaces de impulsar y aplicar políticas sectoriales nacionales. Los pocos esfuerzos vigentes de apoyo al sector productivo y de DET, se sustentan en apoyos de la cooperación internacional y programas financiados con crédito de los organismos multilaterales. En la coyuntura actual existe la necesidad y la decisión política de acercarse a los actores locales considerándolos protagonistas. Si bien la situación no aparece claramente, hay avances pero también algunas interferencias producto de una cultura de centralismo por la cual, el territorio muchas veces es un delegado de las políticas que provienen desde arriba, no terminando tampoco de definirse las relaciones Nación-Provincia. En este sentido, existen argumentaciones variadas sobre la des-coordinación desde todos los actores. Los Ministerios tienen definidas regiones y agentes territoriales que interactúan con lo territorial, en muchos casos tienen estructuras fijas en las Provincias. No hay criterios unificados incluso, la institucionalidad es contradictoria. Igualmente, el nivel de articulación con las Provincias varía, aunque prevalece un accionar que no cuenta con un piso mínimo de concertación. En este caso, la posibilidad de unificar la figura del Prefecto con la del Gobernador y tener un gobernador electo en cada provincia aparece como el mecanismo adecuado para coordinar la acción entre los Gobiernos intermedio y nacional, para ejecutar los Planes de Desarrollo Provincial. Si bien es cierto que la gestión de la mayoría de las Provincias es limitada y con bajo nivel de involucramiento, algunas de ellas tienen otra mirada (como veremos más adelante) y siguen siendo numerosos los casos en los cuales los instrumentos nacionales siguen llegando directamente al territorio sin articular con los niveles provinciales, generando desorden y superposición. En la práctica, parecería que en las intervenciones desde las instancias supralocales sigue prevaleciendo la idea de “bajar a los territorios”; ya sea porque necesitan a estas instancias de niveles inferiores como “intermediación” con los beneficiarios, o porque

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desde las debilidades de las gestiones territoriales, no se logra superar el rol de receptor pasivo de las políticas. Aun falta recorrer un largo camino para que exista una interrelación política coherente entre estos niveles, elemento imprescindible para que cualquier estrategia resulte exitosa. A NIEL DE CONCLUSIONES La consistencia entre lo que plantea la teoría y la literatura sobre DET y el diseño especifico de políticas de DET planteado por cada país, en el caso del Ecuador, no se puede constatar, debido a que no existen políticas nacionales ni específicas a nivel territorial sobre desarrollo económico. Lo que se observa, son esfuerzos aislados y autogestionarios de impulsar el tema, sin responder a una política o estrategia nacional. En el Ecuador, el universo sectorial e institucional que se definen como parte de sus políticas de DET, está dado por los niveles de gobierno definidos en la Constitución, estos son: Provincia, Cantón, Parroquia y Circunscripción Territorial Indígena y/o Afroecuatoriana. Los aspectos o dimensiones estratégicas al DET consideran: la infraestructura económica básica (vías y medios de comunicación y telecomunicaciones, energía); ordenamiento del territorio y uso del suelo; fomento productivo y empresarial, especialmente MIPYMES (innovación y desarrollo tecnológico, capacitación y empleo, asociatividad, financiamiento, concertación público-privada, sistemas de información productiva); desarrollo de cadenas productivas; políticas de turismo; promoción de exportaciones; atracción de inversiones, mejoramiento de la competitividad. El debate sobre políticas territoriales es nuevo en el país. La continuidad no existe, ya que las políticas generalmente cambian con los gobiernos e inclusive, con los entornos sociales determinantes el momento de su aplicación. En el Ecuador, se han dado varios intentos por construir una política integral de DET, pero hasta el momento, no se ha logrado contar con un resultado concreto. Las acciones gubernamentales han variado según las líneas de política, definidas por el gobierno de turno, sin generar consensos ni acuerdos básicos de gestión (urgente descentralización / desconcentración) y sin contar con una figura de articulación integral de esfuerzos. El DET es una práctica de incorporación reciente, salvo el caso de algunos gobiernos locales y provinciales como son Pichincha y Quito, en donde se han formulado políticas territoriales. En general, la alternabilidad de las autoridades gubernamentales, caracterizada por la alta rotación de funcionarios en los Ministerios y Subsecretarias. Las principales razones de esta falta de concreción en el tratamiento o construcción colectiva de esta política, han sido fundamentalmente una débil comprensión del alcance intersectorial del tema, visiones institucionales demasiado limitadas a su espacio de competencia, poco apoyo político de los líderes sectoriales, sumado a una frágil institucionalidad pública; inseguridad jurídica, inestabilidad de gobiernos, temporalidad / transitoriedad de líneas y políticas.

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CAPITULO III. DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LA PRÁCTICA INSTITUCIONAL: LO SECTORIAL I.

DISEÑO INSTITUCIONAL: ORGANIZACIONES Y COMPETENCIAS

INTRODUCCIÓN El sector público no financiero (SPNF) del país, comprende el Gobierno Central con todos sus ministerios y órganos dependientes; los Gobiernos Regionales compuestos por los Gobiernos Seccionales (Consejos Provinciales) y los Gobiernos Locales (Municipios y Juntas Parroquiales); estos sectores, a su vez, forman el Gobierno General. En su cobertura más amplia el SPNF agrega al Gobierno General, todo el sector de Empresas Públicas de carácter no financiero y productivo. Se conoce como Gobierno Central al conjunto de instituciones o unidades administrativas creadas por una autoridad pública y que cumplen funciones especiales para alcanzar objetivos económicos, sociales y políticos de alcance nacional. Este nivel institucional realiza la prestación de servicios públicos en forma directa o mediante delegación de dichas funciones en instituciones descentralizadas organizadas expresamente para atender necesidades públicas específicas. Los gobiernos regionales son niveles institucionales que tienen competencia regional o local independiente del gobierno central para el cumplimiento de ciertos objetivos económicos, sociales y políticos. Realizan acciones administrativas públicas en una división del territorio nacional o en jurisdicciones urbanas o rurales y tienen facultades delegadas para administrar sus recursos en forma independiente. Las Empresas Públicas son unidades institucionales independientes, tienen personería jurídica propia y su propósito final es producir bienes o servicios que luego serán colocados en el mercado de bienes, estas instituciones son propiedad y están controladas por los diversos niveles de gobierno a los que pertenecen, de ahí que pueden existir Empresas Públicas Nacionales y Empresas Públicas Regionales. Paralelamente a esto, las dependencias encargadas de diseñar e implementar las políticas y programas del Ejecutivo son los Ministerios (15); mientras que su ejecución a nivel específico, está a cargo de las Secretarías de Estado (7). A pesar de la limitada información disponible, es posible observar la importancia y limitaciones del aparato técnico administrativo gubernamental en la ejecución de programas y políticas de gestión del Desarrollo Económico Territorial. De acuerdo con normas legales en vigencia el SPNF de la República del Ecuador se clasifica de la siguiente manera:

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- Administración Secretarias (7)

Central:

Ministerios

(15)

y

- Gobierno Central - Instituciones Descentralizadas

-

Instituciones de Seguridad Social Banco del Estado

Gobierno General - Gob. Regionales

- Consejos Provinciales (22)

SPNF - Gob. Locales

- Municipios (219) - Juntas Parroquiales

- Empresas Públicas Nacionales Empresas Públicas - Empresas Públicas Regionales

A continuación, se presenta la información base correspondiente a la articulación del Desarrollo Económico Territorial, por niveles de Estado, correspondiendo ese detalle, al organigrama presentado a continuación:

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Poder Ejecutivo

Poder Legislativo

Poder Judicial

Nivel País Presidente Congreso

Corte Suprema de Justicia

Ministerios

Nivel Provincial

Corte Superior

Gobernaciones Consejos Provinciales

Tribunales Distritales

Juzgados

Tribunal Penal

Nivel Municipal Municipios

Nivel Parroquial Juntas Parroquiales

1.1.1.MINISTERIOS Es en este nivel de la estructura administrativa gubernamental que deben concretarse los contenidos de las propuestas del Presidente de la República. Así, los ministros del Estado son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República y lo representarán en los asuntos propios del Ministerio a su cargo. Dichos Ministros son responsables por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de esa representación. Cabe señalar además que, el número de ministerios, su denominación y las materias de su competencia son determinados por el Presidente de la República.

1.1.1.1.MINISTERIO DE GOBIERNO Y POLICIA La Función primordial del Ministerio es conseguir la paz social de las personas e instituciones que conforman el país, de conformidad con la Constitución y Leyes de la República. Una de las principales metas del Ministerio es garantizar y conseguir la seguridad individual, colectiva de las personas Naturales y Jurídicas, instituciones públicas y privadas de la Nación a través de la Policía Nacional. Es importante destacar que el Ministerio se encarga de garantizar el funcionamiento normal y legal de la Policía pretendiendo su Bienestar Social e Institucional. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan en el cumplimiento de sus objetivos y amplían su radio de acción en beneficio de los ciudadanos del país, son las siguientes:

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    

Policía Nacional. Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación. Consejo Nacional de Rehabilitación Social. Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Comisión Especial de Límites Internos de la República.

MISIÓN El Ministerio de Gobierno y Policía tiene como misión esencial dirigir las relaciones políticas entre el Gobierno Nacional y los diferentes estamentos políticos y sociales del país y garantizar la seguridad interna del Estado, precautelando la gobernabilidad y el orden público VISIÓN Constituirse en el órgano rector y orientador de la gestión política del Gobierno, a través de la formulación y aplicación de estrategias, planes y políticas de diálogo y concertación social, que permitan procesar y resolver con efectividad y oportunidad las demandas de la sociedad. OBJETIVOS El Ministerio de Gobierno y Policía, tiene como objetivos: 1. Formular, dirigir y ejecutar políticas y estrategias de gobierno que promuevan el desarrollo nacional con equidad y justicia social. 2. Promover, conducir y desarrollar procesos de diálogo y concertación social, tendientes a mantener la gobernabilidad del Estado. 3. Garantizar la paz y la seguridad interna del Estado, necesarias para propiciar el desarrollo sociopolítico y económico de los ecuatorianos. 4. Precautelar la vigencia en el territorio nacional de los derechos garantizados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es parte. 5. Dirigir las relaciones políticas entre la función Ejecutiva y los organismos del régimen seccional Autónomo, estableciendo mecanismos que propicien el desarrollo y fortalecimiento de los mismos. 6. Formular, dirigir y aplicar políticas y estrategias intra-sectoriales

1.1.1.2.MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Al Ministerio de Economía y Finanzas, le corresponde la generación, en el ámbito de los objetivos institucionales, de las condiciones necesarias que propicien un permanente, armónico y sostenido desarrollo económico y social, en concordancia con las políticas del Estado y el Plan Nacional del Gobierno Nacional. Coadyuvará tanto al logro del equilibrio general de la economía, a través de su rol en la planificación económica, en la programación macroeconómica, y en la redistribución del ingreso y a la asignación eficiente, transparente y equitativa de los recursos fiscales. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:  INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censos.

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 SIGEF, Sistema Integrado de Gestión Financiera MISIÓN Alcanzar la estabilidad general de la economía nacional, la misma que permita crear condiciones para el desarrollo económico y social del país, mediante la formulación de programas macroeconómicos, debidamente sustentados en políticas integradas y consistentes en el equilibrio y sostenibilidad de las finanzas públicas. Articular la planificación a la disponibilidad de los recursos públicos, sobre la base de asignaciones equitativas, descentralizadas y transferencias oportunas. Fortalecer el sistema de información para rendir cuantas a la ciudadanía y de esta forma transparentar la gestión pública VISIÓN Ser ente rector de la economía nacional, con liderazgo, transparencia y credibilidad, que genere políticas tendientes a lograr los equilibrios macroeconómicos para el desarrollo económico social; que asigna los recursos fiscales en forma eficiente, equitativa y descentralizada, sobre la base de una planificación nacional e institucional participativa, con el apoyo de personal calificado, comprometido y con una tecnología de punta ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Establecidas de acuerdo a lo estipulado por la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 1. Definir y conducir a la política financiera del Gobierno Nacional. 2. Dirigir los sistemas de determinación y recaudación de los recursos financieros del Estado, de Tesorería y de Presupuesto, en los términos previstos en esta Ley. 3. Establecer las normas de que trata esta Ley, con respecto a las siguientes materias: a. Proceso de determinación y recaudación de los recursos financieros. b. Proceso de depósito y administración de los recursos financieros. c. Proceso de programación de flujo de los recursos financieros. 4. Elaboración, ejecución y evaluación de los presupuestos públicos y la consolidación de la información presupuestaria. 5. Formulación, coordinación y ejecución de la política de endeudamiento interno y externo, la emisión de bonos y el servicio de la deuda pública; y,. 6. Funcionamiento de la cuenta corriente única del tesoro nacional. 7. Velar por la correcta y legal aplicación de todas las Leyes Tributarias y las concernientes a recursos financieros o materiales del Estado. 8. Dirigir la preparación del proyecto de presupuesto del Gobierno Nacional, y presentarlo a consideración del Presidente de la República. 9. Aprobar los presupuestos de entidades adscritas, empresas del Estado y los denominados presupuestos y distributivos especiales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley. 10. Planificar el flujo de los recursos financieros del Gobierno Nacional. 11. Invertir transitoriamente y en forma lucrativa los recursos financieros que no tengan aplicación inmediata. 12. Determinar las necesidades de préstamos a corto plazo, para financiar períodos transitorios de deficiencia de caja, y ejecutar dichos préstamos. 13. Administrar el Crédito Público del Estado.

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14. Intervenir, en representación del Presidente de la República, en la celebración de los contratos que interesen a la administración financiera nacional, exceptuados los que por disposición expresa de la Ley correspondan a otro Ministro. 15. Asegurar la transferencia oportuna de los recursos financieros autorizados, a las entidades y organismos del sector público, para el cumplimiento de sus metas y objetivos. 16. Dirigir la contabilidad gubernamental, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley. 17. Asegurar el control interno de los recursos financieros que administre. 18. Llevar a cabo las acciones correctivas para mejorar la administración financiera a su cargo. 19. Imponer sanciones de acuerdo con la Ley. 20. Mantener informado al Presidente de la República acerca de la marcha de la administración financiera que le compete. 21. Dictaminar en forma obligatoria sobre todo proyecto de la Ley o Decreto que tenga incidencia económica en los recursos financieros del Gobierno Nacional. 22. Formular y dirigir la política tributaria. 23. Formular la política de adquisiciones para el Gobierno Nacional. 24. Elaborar y presentar a los órganos competentes un informe anual sobre la administración financiera. 25. Emitir informes previo a los proyectos de reformas o codificación de esta Ley; y, 26. Las demás que le confieran las Leyes

1.1.1.3.MINISTERIO DE TURISMO La función de esta Cartera de Estado es fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos participativos y concertados, posicionando al turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. La visión está ligada a que el Ecuador sea reconocido como líder en el desarrollo turístico sostenible en América del Sur y consolidar el éxito de la actividad turística en el país mediante un modelo de gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente MISIÓN Fomentar la competitividad de la actividad turística, mediante procesos participativos y concertados, posicionando el turismo como eje estratégico del desarrollo económico, social y ambiental del Ecuador. VISIÓN Ser reconocido como líder en el desarrollo turístico sostenible en la región andina y consolidar el éxito de la actividad turística en el Ecuador a través de un modelo de gestión pública descentralizado, efectivo y eficiente. OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE TURISMO 1. Promover el desarrollo turístico, mediante procesos participativos entre el sector público y privado, que garanticen la utilización racional de los recursos turísticos y la conservación de los recursos naturales y culturales. 2. Lograr la sustentabilidad de la actividad turística en el país. 3. Consolidar la identidad e imagen turística del Ecuador en el ámbito nacional e internacional.

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4. Estimular procesos de investigación turística que permitan la consolidación, incorporación y/o desarrollo de zonas o áreas turísticas actuales o potenciales. 5. Facilitar el desarrollo turístico mediante la expedición de normas y políticas que regulen la actividad.

1.1.1.4.MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA El papel del Ministerio de Salud Pública es velar por el mejoramiento permanente del nivel de salud y bienestar de la población, coadyuvando a la elevación de su calidad de vida que propenda al desarrollo e implantación del Sistema Nacional de Salud. Normalizar, regular y controlar las actividades vinculadas de salud de las personas y el medio ambiente, realizados por entidades públicas y privadas. Promover, desarrollar y difundir actividades de investigación en salud en los ámbitos: básicos, clínicos epidemiológico, ambiental y operativo, que contribuyan a la solución de los problemas de salud en el país. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:  Instituto Nacional de Higiene y Medicina tropical "LEOPOLDO IZQUIETA PEREZ".  Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria

1.1.1.5.MINISTERIO DE EDUCACIÓN El Ministerio de Educación es responsable de tres áreas: Educación, Cultura y Deportes. En materia educativa el MEC es el organismo rector de la Educación Fiscal, Fiscomisional, Particular y Municipal. Su responsabilidad mayor es con los 25.000 establecimientos fiscales preprimarios, primarios y secundarios, a donde acuden cerca de 4 millones de estudiantes. En materia cultural, la Subsecretaría de Cultura establece las políticas culturales y las ejecuta mediante sus organismos. En lo deportivo, el Consejo Nacional de Deportes es la autoridad máxima que impulsa el desarrollo y el bienestar de los deportistas asociados en las distintas federaciones. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:      

CNCULTURA, Consejo Nacional de Cultura Consejo Nacional de Deportes Instituto de Patrimonio Cultural Casa de la Cultura Ecuatoriana IADAP, Instituto Andino de Artes Populares Proyecto Navegar

1.1.1.6.MINISTERIO DEL AMBIENTE El Ministerio de Medio Ambiente es el organismo del Estado ecuatoriano encargado de diseñar las políticas ambientales y coordinar las estrategias, los proyectos y programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Propone y define las

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normas para conseguir la calidad ambiental adecuada, con un desarrollo basado en la conservación y el uso apropiado de biodiversidad y de los recursos con los con los que cuenta nuestro país La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, que coadyuva al cumplimiento de sus objetivos es:  El Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazonía - ECORAE

1.1.1.7.MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA Este Ministerio esta encargado de coordinar, diseñar y evaluar las políticas del sector agropecuario con el resto de sectores económicos y sociales. Además, entre sus funciones está proporcionar condiciones de estabilidad y claridad en las reglas de juego que incentivan las inversiones privadas en el sector agropecuario. Otra misión de esta cartera es ejecutar las actividades programadas en los planes operativos, brindar asistencia técnica al sector productivo y participar de las responsabilidades gubernamentales en materia de conservación de recursos naturales renovables. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:               

INDA, Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. ECORAE, Instituto para el Desarrollo Regional Amazónico. INIAP, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. INCCA, Instituto Nacional de Capacitación Campesina. SESA, Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. CRE, Centro de Reconversión Económica del Austro. CRM, Centro de Rehabilitación de Manabí. CEDEGE, Comisión de Estudios para el desarrollo de la Cuenca del Río Guayas. PREDESUR, Programa Regional para el Desarrollo del Sur. CRNH, Consejo Nacional de Recursos Hídricos. CORSINOR, Consejo Regional de la Sierra Centro. CORCICEN, Corporación Regional de la Sierra Centro. CODELORO, Corporación de Desarrollo Regional del Oro. CODERECH, Corporación de Desarrollo Regional del Chimborazo. BNF, Banco Nacional de Fomento

MISIÓN El Ministerio de Agricultura y Ganadería brinda servicios de calidad que responden a las necesidades de sus clientes, motiva y desarrolla su talento humano, comunica permanentemente, orienta, norma y capacita al sector agropecuario, agroindustrial, agroforestal y de riego VISIÓN Un Ministerio de Agricultura y Ganadería proactivo, motivado, honesto, moderno, eficiente y con recursos, que facilita los procesos de información, concertación y provisión de servicios de apoyo para el desarrollo sostenible de un sector Agropecuario, Agroindustrial, Agroforestal y de Riego,

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altamente competitivo, con enfoque humano, generando credibilidad, confianza y valor a sus clientes OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Elevar la competitividad de los encadenamientos agro productivos. 2. Fortalecer las negociaciones internacionales de carácter agropecuario. 3. Apoyar el Desarrollo Rural y Desarrollo Agropecuario, Agroforestal, Agroindustrial y Riego. 4. Garantizar la Seguridad Alimentaria a través de elaboración de planes de contingencia. 5. Fortalecer la Institución con énfasis en la descentralización, generación de tecnología, capacitación, fortalecimiento gremial, comunicación y lucha contra la corrupción

1.1.1.8.MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL El Ministerio de Bienestar Social es el organismo responsable de formular, dirigir y ejecutar la política estatal en materia de protección de menores, mujeres, jóvenes, ancianos, personas discapacitadas, indígenas y campesinos. Corresponde al Ministerio de Bienestar Social, promover e impulsar la organización comunitaria, el cooperativismo con fines productivos y de desarrollo, y otras tareas orientadas a lograr el bienestar de la colectividad, mediante mecanismos que faciliten el acceso a la alimentación, vivienda, salubridad, protección, desarrollo social y a la satisfacción de aquellas necesidades que permitan a los sectores poblacionales más vulnerables de la sociedad, desarrollar su vida en condiciones aceptables. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:     

ORI, Programa Operación Rescate Infantil. Programa "Nuestros Niños". Programa de Bono Solidario. SIISE Sistema Integrado de Indicadores Sociales. Corte Nacional, Distritales y Tribunales de Menores del Ecuador

MISION Liderar, formular y regir las políticas de desarrollo social y regular sistemas eficientes y descentralizados de atención, procurando la integración social de la población que vive en condiciones de pobreza y exclusión social, a nivel urbano y rural. VISION Organismo técnico que lidera el sistema descentralizado de atención para la protección y el auto desarrollo de la población excluida y en situación de pobreza OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Impulsar el desarrollo integral de las niñas y niños de 0 a 12 años de edad. 2. Establecer y ejecutar política a favor de los jóvenes, mujeres, indígenas y de la población en situación de pobreza.

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3. Identificar y estimular acciones al empleo y al desarrollo del capital humano y social. 4. Coordinar las políticas de protección y seguridad social. 5. Promocionar las empresas comunitarias y de autogestión

1.1.1.9.MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA (MIDUVI) Este Organismo es promotor de los sistemas, facilitador de la participación de actores privados, comunitarios, regulador general y canalizador de recursos por medio de los bonos y proveedor de asistencia técnica para los municipios y grupos organizados. De esta manera, en forma planificada, crea y mejora las viviendas dotada de servicios básicos de agua potable y saneamiento considerando la organización territorial, el uso de recursos y la participación activa y concertación de los gobiernos locales, prefecturas, juntas parroquiales, ONGS, grupos comunitarios y privados en la planificación, gestión y evaluación de programas de desarrollo integral que contribuyan al cumplimiento de los objetivos nacionales del Gobierno. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:  Banco Ecuatoriano de la Vivienda MISION El MIDUVI define como misión el fomento y desarrollo de condiciones habitacionales y ambientales de sanidad, seguridad y productividad para la población ecuatoriana, de forma equitativa y sustentable. Un Hábitat sano, seguro y productivo es el objeto de trabajo del MIDUVI; un hábitat que:  Promueva e impulsa las potencialidades de la gente y el medio ambiente.  Respete la cultura y diversidad de la población.  Integre a la Nación y fortalezca el equilibrio regional.  Genere empleo y promueva el desarrollo local OBJETIVOS ESTRATEGICOS Para el logro de su misión el MIDUVI persigue cinco grandes objetivos: 1. Crear condiciones que hagan posible que las familias de menores ingresos puedan comprar una casa o mejorar la vivienda precaria que ya tienen; 2. Mejorar y ampliar la dotación de agua potable y saneamiento para las comunidades rurales pobres y para los municipios pequeños del Ecuador; 3. Alentar, promover e incentivar la participación del sector privado, tanto en el financiamiento como en la construcción de programas de vivienda popular y en programas de saneamiento básico;

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4. Apoyar a los municipios para que desarrollen mecanismos e instrumentos que permitan administrar e una manera planificada la organización del territorio, el uso de los recursos y la administración local, de forma que se mejoren las condiciones sociales y ambientales de los pueblos y las ciudades; y, 5. Propiciar a participación de las comunidades organizadas, para que, junto con los municipios y organizaciones privadas, desarrollen programas que atiendan las demandas de vivienda y saneamiento 1.1.1.10.MINISTERIO DE DEFENSA El Ministerio de Defensa tiene como misión básica la ejecución de la política y la conducción administrativa de las Fuerzas Armadas para la defensa, seguridad y apoyo al desarrollo nacional. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:         

IGM, Instituto Geográfico Militar. DINE, Dirección de Industrias del Ejército. INOCAR, Instituto Oceanográfico de la Armada. ASTINAVE, Artilleros Navales Ecuatorianos. IAFA, Industria Aeronáutica de la Fuerza Aérea. FLOPEC, Flota Petrolera Ecuatoriana. TAME, Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos. DIGMER, Dirección Nacional de Marina Mercante. CLIRSEN, Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales por Sensores Remotos

MISION Ejecutar la política militar y la conducción administrativa de las Fuerzas Armadas, hacia la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la integridad e independencia del Estado, la garantía de su ordenamiento jurídico y el apoyo para el desarrollo social y económico del país VISION Entidad moderna y dotada del más alto nivel de credibilidad, integrada por personal profesional ético y moralmente calificado, con capacidad para enfrentar los cambios sociales y los nuevos escenarios y que garantice la paz, la seguridad y el bienestar de la Nación 1.1.1.11.MINISTERIO DE TRABAJO Y EMPLEO La función de este organismo del Estado es mantener la paz social, mediante armónicas y justas relaciones de trabajo entre empleados y trabajadores, para el desarrollo de las 36

actividades productivas. Precautelar y proteger la integridad física y salud mental de los trabajadores en el desempeño de sus labores e impulsar y auspiciar las organizaciones laborales conforme con lo que dispone la ley contribuyendo efectivamente a la consecución de los objetivos de la política de empleo y desarrollo de los recursos humanos. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:  SECAP, Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional.  Dirección Nacional de Empleo. OBJETIVOS GENERALES 1. Dirigir, orientar y administrar la política la política laboral, para mejorar las relaciones de trabajo, mediante el diálogo y la concertación social y fortalecer el sistema productivo e insertarnos competitivamente en los mercados internacionales. Dirigir, orientar y administrar políticas activas de empleo y desarrollo de los recursos humanos, que permitan disminuir los niveles de desempleo y subempleo, con énfasis en los sectores más vulnerables de la sociedad. 2. Coadyuvar al desarrollo sustentable del país en cumplimiento a la política de competitividad y productividad impulsada por el Gobierno Nacional. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Armonizar las relaciones laborales mediante el diálogo y la concertación, como mecanismos válidos para alcanzar la paz y bienestar social-laboral del país; para que, junto con la implementación de políticas activas de empleo y la participación de los diferentes actores sociales, permitan disminuir los índices de desempleo y subempleo, mejorando las condiciones de vida de la población, fundamentando su accionar en principios de equidad, justicia, precautelando la salud y medio ambiente del trabajo y convencidos que el usuario-ciudadano es la razón de ser del Ministerio. 2. Ejercer la rectoría y normalización de los sectores de trabajo y empleo a nivel nacional, con representación internacional. 3. Promover políticas laborales y de empleo tendientes al desarrollo de los recursos humanos, regulando las relaciones laborales. 4. Desarrollar una gestión desconcentrada, transparente y efectiva, en un marco de equidad y armonía que goce de la confianza y credibilidad social. 5. Genera productos y servicios de calidad VISION El Ministerio de Trabajo y Empleo será la institución rectora en el diseño y ejecución de las políticas laborales, de empleo y desarrollo de los recursos humanos, con alto grado de

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competitividad que responda en forma ágil a situaciones y condiciones cambiantes, que mediante una administración directa y transparente de sus recursos, cuente con la confianza y credibilidad social, con personal altamente calificado, comprometido con el cambio y los objetivos institucionales, apoyados con tecnología moderna y sustentados en una estructura de acuerdo a las necesidades permanentes. El Ministerio de Trabajo y Empleo es líder del proceso de vigencia de los derechos laborales, fomentando el empleo y la paz social con énfasis en los sectores vulnerables, enmarcando en la Constitución, los Convenios Internacionales y las leyes nacionales. 1.1.1.12.MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones es el organismo encargado de propender a la consecución de los siguientes objetivos: 1. Fomentar el desarrollo económico y social del país, mediante la ejecución de obras de infraestructura vial y de comunicaciones. 2. Coadyuvar a la integración económica del país, mediante la conexión de las zonas de producción con los centros de consumo. 3. Propender a un desarrollo armónico de la vialidad y las comunicaciones del país considerando las disponibilidades financieras y las necesidades de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones Dentro de sus objetivos y metas importantes se pueden citar: 1. El fomento y desarrollo económico-social con la ejecución de obras de infraestructura vial mediante la construcción de carreteras, caminos y puentes, acordes con el desarrollo productivo y humano de cada sector nacional. 2. Define las políticas sobre la calidad de obras viales, técnicas y materiales utilizados que beneficien a la transportación terrestre, de conformidad a las decisiones implementadas por el gobierno nacional en esta materia. 3. Planificar, dirigir y ejecutar, al igual que coordinar y controlar los planes y programas de vialidad, transporte terrestre y comunicaciones a nivel nacional. 4. Formula programas de inversiones de la obra pública vial, proponiendo sus formas de financiamiento, tanto interno, como externo, además de controlar su ejecución 1.1.1.13.MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1. Formular y ejecutar la política energética y minera 2. Regular, controlar y normar las actividades hidrocarburíficas, mineras y de energías alternativas.

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3. Fomentar la utilización de fuentes alternativas de energía y el uso eficiente de energía. Manteniendo relaciones con organismos nacionales e internacionales relacionados con los sectores de su competencia. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:    

Petroecuador Comisión de Energía Atómica Consejo Nacional de Electricidad Centro Nacional de Control de Energía 1.1.1.14.MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Este organismo fue creado para colaborar directamente con el Jefe de Estado en la formulación de la política internacional y ejecutarla. El Ministro de Relaciones Exteriores es el Jefe directo del Servicio Exterior. Este organismo tiene a su cargo la gestión internacional de la República, conforme con la Constitución Política del Estado, las leyes y el derecho internacional. El Servicio Exterior, bajo la inmediata dirección del Ministerio de Relaciones Exteriores, ejecuta la política internacional, vela por el respeto de la personalidad, soberanía, independencia, dignidad e integridad territorial de la República y asegura la defensa de sus derechos y la protección de sus intereses. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:                 

CENDESMI, Centro del Desminado del Ecuador. CIESPAL, Centro internacional de Estudios de Periodismo. CEEA, Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica Comisión Ecuatoriana de Cooperación Amazónica. CIM, Comisión Interamericana de la Mujer. IECE, Comisión mixta de Selección de Becarios Ecuatorianos CPPS, Comisión Permanente del Pacífico Sur. Comisión Permanente para las Islas Galápagos. Comisión de Refugiados. Comisión Interinstitucional técnica. ECUPECC, Comité Ecuatoriano para la Cuenca del Pacífico. COMEXI, Consejo de Comercio Exterior. ECUADOR-PECC, Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. CORPEI, Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Diálogo 21. CONSEP, Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas IECI, Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional 39

1.1.1.15.MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION, PESCA Y COMPETITIVIDAD El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad es un organismo de derecho público facultado para planificar, dirigir, controlar y ejecutar las políticas fijadas para los sectores de comercio exterior, industrialización, pesca, pequeña industria y mediana industria, microempresa y artesanías. Las entidades adscritas al Ministerio, que coadyuvan al cumplimiento de sus objetivos son:  CORPEI  Programa de Apoyo al Emigrante Ecuatoriano MISIÓN Mejorar el clima de negocios en el Ecuador, facilitando la competitividad interna y externa de los sectores productivos El éxito de la Misión significa: 1. 2. 3. 4. 5.

Desarrollo de Políticas de Crecimiento Sustentable. Mejoramiento del Clima de Negocios. Facilitar Calidad, Productividad y Competitividad. Satisfacer la demanda Nacional e Internacional. Fortalecer la Imagen Institucional.

VISIÓN Ser una entidad fortalecida con alta capacidad innovadora que promueva el Comercio Exterior, la Industrialización, la Pesca e impulse la competitividad de los sectores productivos. El éxito de la Visión significa: 1. Orientadora del Comercio Exterior. 2. Facilitadora del Crecimiento del Sector Productivo. 3. Impulsadora de la Competitividad OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Establecer políticas de Comercio Exterior e Inversiones, negociaciones económicas internacionales y operaciones comerciales. 2. Facilitar el acceso del Sector Industrial a nuevas tecnologías que garanticen su participación competitiva en el mercado.

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3. Impulsar la competitividad del Sector Productivo a través de la ejecución de la Agenda Nacional de Competitividad. 4. Orientar la producción de las Pequeñas y Medianas Empresas, Microempresas y Artesanías hacia una estructura diversificada de exportaciones coherentes con el desarrollo socio-económico nacional. 5. Garantizar que los recursos organizacionales respondan con eficiencia al cumplimiento de las metas institucionales. 6. Facilitar el desarrollo de la actividad pesquera y acuícola con importante valor agregado y el manejo sustentable de los recursos bioacuáticos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1. Establecer políticas de Comercio Exterior conjuntamente con el sector productivo del país. 2. Proponer al COMEXI políticas de Comercio Exterior. 3. Seguimiento operativo de las Resoluciones del COMEXI. 4. Solucionar los inconvenientes que se presenten en el intercambio comercial. 5. Negociar Acuerdos Comerciales Internacionales a nivel bilateral y multilateral: Subregional y Regional; CAN, Ínter bloques, ALADI, Hemisféricos; ALCA, TLC, Universal; OMC 6. Determinar la estructura y composición de la Oferta Exportable actual y potencial en orden a establecer estrategias que permitan diversificar los productos exportables. 7. Promocionar el aprovechamiento de los tratamientos preferenciales que recibe el Ecuador en el marco de los Acuerdos Internacionales de Comercio. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS POR ÁREAS: COMPETITIVIDAD 1. Mejorar el clima de negocios del país, fortalecer el tejido empresarial y ejecutar la Agenda Nacional de Competitividad. INDUSTRIALIZACIÓN 1. Impulsar la modernización y reconversión del Sector Industrial, acorde con los procesos actuales científicos y tecnológicos que demanda la globalización y la participación competitiva en ésta. PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, MICROEMPRESA Y ARTESANÍA 1. Mejoramiento de la participación y promoción de las Pymes, Microempresas y Artesanías en el ámbito del comercio internacional. DESARROLLO ORGANIZACIONAL

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1. Facilitar la implementación del nuevo Modelo de Gestión por procesos del MICIP. 2. Desarrollar e instrumentar sistemas automatizados de administración y control. 3. Profesionalizar y tecnificar al MICIP. 4. Mejorar las condiciones de trabajo y beneficios sociales. 5. Mejorar la imagen institucional y la productividad. RECURSOS PESQUEROS 1. Apoyar el mejoramiento de la calidad de los productos pesqueros y acuícolas en las fases de captura, selección, procesamiento y comercialización 1.1.2.SECRETARÍAS 1.1.2.1.SECRETARÍA DESARROLLO

NACIONAL

DE

PLANIFICACION

Y

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo –SENPLADES- es un organismo técnico responsable de la planificación nacional y dependiente de la Presidencia de la República; creada el 12 de febrero del 2004 mediante Decreto Ejecutivo 1372. Esta nueva entidad reemplaza a la Oficina de Planificación de la Presidencia (ODEPLAN). La SENPLADES es responsable del diseño, implementación, integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación en todos sus niveles, de acuerdo con el mandato constitucional señalado en los Artículos 254 y 255 de la Carta Magna. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo dispone en ejercicio de su cargo del rango de Ministro de Estado. Para el cumplimiento de su misión institucional, la SENPLADES tiene entre las atribuciones más importantes las siguientes: 1. Procesar, armonizar y conciliar las políticas públicas e integrarlas en el Plan de Desarrollo conjuntamente con los gobiernos seccionales; las organizaciones empresariales, laborales y sociales; las universidades y escuelas politécnicas; de acuerdo con las orientaciones del Presidente de la República; 2. Establecer los lineamientos generales de la planificación nacional, dirigirla y efectuar el seguimiento y evaluación; 3. Dirigir el Sistema Nacional de Planificación coordinando la integración participativa de las unidades de planificación de la Función Ejecutiva, Comités Permanentes de Desarrollo provincial y cantonal, Secretarías Técnicas de los Consejos Provinciales, Concejos Municipales, Juntas Parroquiales, entidades de desarrollo regional, circunscripciones indígenas, afroecuatorianas y montubias y, organizaciones sociales y empresariales; 4. Formular y actualizar las políticas generales económicas y sociales del Estado y, los planes de desarrollo económico-social con los Frentes Económico y Social para someterlos a la aprobación del Presidente de la República

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1.1.2.2.SECRETARIA DE LA PRODUCCIÓN La Secretaría General para la Producción fue creada a fines del mes de septiembre del 2001, para servir de efectivo nexo entre la Presidencia de la República y los sectores productivos del país, teniendo como objetivo superar las barreras para la generación de empleos productivos. La Secretaría se convirtió así, en el canal mediante el cual, sectores productivos llevan sus planteamientos a los más altos niveles del Estado, y, en el instrumento a través del cual esos planteamientos se canalizan a las entidades estatales correspondientes, con el seguimiento respectivo. Esa función se cumplió en el 2001, con lo que se eliminaron recurrentes causas de fricción y se estableció una efectiva relación de trabajo. El secretario general para la Producción tiene el rango de Ministro de Estado. La misión de la Secretaría es alcanzar la coordinación de los Ministerios de Estado y más organismos gubernamentales, con los representantes de los sectores productivos del país, y aportar elementos estratégicos para la formulación, emisión y aplicación de políticas para el desarrollo de la producción nacional. Los objetivos se ciñen a la articulación de la participación de las diferentes representaciones de los sectores productivos en la formulación de la política productiva. La Secretaría para la Producción apoya los planes y programas de fomento del sector productivo que formulan los Ministerios de Estado. También asiste al Presidente de la República en el establecimiento de políticas, objetivos y criterios de gestión en apoyo al sector productivo nacional. Este organismo gubernamental efectúa el seguimiento y verificación del cumplimiento de las directrices emanadas del Presidente de la República referentes al sector productivo nacional; y realiza las tareas específicas que el Presidente de la República le encomienda sobre políticas y acciones de las diferentes entidades del Gobierno. 1.1.2.3.SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA Según el Registro Oficial número 1148, del 14 de enero del 2004, el presidente de la República, consideró crear la secretaría, con el objeto de establecer mecanismos de coordinación y lograr mayor eficiencia en las actividades que estas cumplen en beneficio de la colectividad. El secretario General de la Presidencia tiene el rango de Ministro de Estado, el mismo que será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. La Secretaría General de la Presidencia tiene las siguientes atribuciones y funciones: 1. Dirigir la marcha administrativa de la Secretaría para lo cual podrá expedir conforme a la ley y el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, acuerdos, resoluciones, órdenes y disposiciones, así como autorizar todos los actos y contratos necesarios para la gestión de la Secretaría. 43

2. Actuar como consejero, asesor principal y vocero del Presidente de la República en coordinación con la Secretaría de Comunicación. 3. Integrar y participar en las Sesiones de Gabinete presidencial. 4. Coordinar la eficiente y oportuna ejecución de proyectos de interés nacional que se encuentren en estudio y análisis en la Presidencia de la República. 5. Supervisar y evaluar las nominaciones de los funcionarios de las entidades y organismos detallados en el Artículo 2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de las Función Ejecutiva. 6. Coordinar con los asesores de la Presidencia las actividades que cada unos de ellos cumple, con la finalidad de hacer efectiva la agestión presidencial; y las demás que se la asigne el Presidente de la República. 1.1.2.4.SECRETARIA NACIONAL DE DESARROLLO DEL MILENIO

LOS

OBJETIVOS

DE

Se crea la Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), como una institución técnica adscrita a la Presidencia de la República, descentralizada administrativa y financieramente, a cargo de un Secretario con rango de Ministro, que integrará el Gabinete Ministerial, de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. La Secretaría Nacional de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (SODEM), es el organismo de coordinación de los ministerios y demás instituciones del Estado que tienen a su cargo el cumplimiento de las metas y objetivos del milenio, para articular políticas públicas en la materia y definir una agenda que permita el cumplimiento de esta obligación asumida por el Estado ecuatoriano. Los objetivos fundamentales de la Secretaría son: 1. Definir la agenda estratégica de Gobierno que unifique los esfuerzos de las instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento, a nivel nacional, de los objetivos y metas del milenio; 2. Coordinar, monitorear y evaluar la ejecución de las políticas para el cumplimiento, a nivel nacional, de los objetivos y metas del milenio; 3. Desarrollar un sistema de gestión gubernamental, que asegure el aprovechamiento eficiente de las oportunidades de financiamiento en los programas de desarrollo y optimice la capacidad de negociación de las instituciones involucradas; y, 4. Realizar la coordinación necesaria para obtener información suficiente que permita a las instituciones involucradas focalizar sus esfuerzos, optimizar los recursos y compartir información. El Secretario Nacional de la SODEM será el responsable de administrar la Secretaría; dictar los acuerdos y las resoluciones que se requieran para el desenvolvimiento de las actividades de esta última; nombrar y remover, de acuerdo con la ley, el personal necesario para el funcionamiento de la institución.

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1.1.2.5.SECRETARIA PÚBLICA

GENERAL

DE

LA

ADMINISTRACION

La Secretaría General de la Administración Pública es una de las oficinas integrales de la Presidencia de la República. El Secretario General de la Administración Pública tiene el rango de Ministro de Estado. Según los artículos 13 y 14 De La Organización De La Función Ejecutiva, publicados en el Registro Oficial número 536, del lunes 18 de marzo del 2002, el Secretario General de la Administración Pública asesora y asiste al Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas generales del Estado, para lo cual coordina y realiza las gestiones que se requiera con los ministros de Estado y demás funcionarios del sector público. Corresponde a la Secretaría General de la Administración Pública el despacho de los asuntos administrativos de la Presidencia de la República. Dependen de esta Secretaría la Subsecretaría General de la Administración Pública, la Casa Militar, la oficina de Coordinación de Asuntos Diplomáticos y la Dirección de Asesoría Jurídica 1.1.2.6.SECRETARIA GENERAL FISICA Y RECREACION

DEL

DEPORTE

EDUCACION

La Secretaría se encargará de fomentar, desarrollar, dirigir y fiscalizar la actividad deportiva del país. La acción de la misma está encaminada a mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables como niños, ancianos y discapacitados. El secretario nacional del Deporte, Educación Física y Recreación tiene el rango de Ministro de Estado. La Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, fue creada el 11 de enero de 2003 mediante Decreto Ejecutivo No.66, como organismo rector del deporte, educación física y recreación, ejerciendo las atribuciones sobre la materia, previstas en la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación y sus reglamentos. La Secretaría Nacional del Deporte tiene el régimen administrativo y financiero propios, y está sometida al control de la Contraloría General del Estado en cuanto a los recursos públicos. La Secretaría Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación, es el organismo superior, rector del Deporte, Educación Física y Recreación, para lo cual ejercerá las atribuciones sobre la materia, previstas en la Ley de Educación Física, Deportes y Recreación y sus reglamentos.

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1.1.2.7.SECRETARIA GENERAL DE COMUNICACION Según el Registro Oficial número 82, del 23 de mayo del 2000, el presidente de la República, consideró crear la secretaría, con el objetivo de coordinar la gestión de información y comunicación social de las entidades del Estado. El secretario General de Comunicación tiene el rango de Ministro de Estado e integrará el Gabinete Ministerial, y se encargará de dirigir la ejecución de las políticas de comunicación e información del Estado que se realice a través de la Presidencia de la República y demás entidades de la Función Ejecutiva. La Secretaría General de Comunicación tendrá las siguientes y funciones: 1. Velar que la comunicación social aporte efectiva y eficientemente al desarrollo de la gestión productiva, cultural, educativa, social y política del país. 2. Fomentar procesos de intercambio de información, opiniones, criterios, puntos de vista entre los diversos sectores de la sociedad, para estimular el diálogo necesario y consolidar procesos de concertación nacional en procura de los objetivos nacionales permanentes. 3. Informar a la comunidad nacional sobre las políticas, programas, acciones y obras del Gobierno, con el propósito de fomentar su participación contributiva y receptiva alrededor de los objetivos nacionales permanentes que persigue el Gobierno de la República. 4. Fomentar la vigencia del derecho a la libertad de opinión, a la libre expresión del pensamiento y el libre acceso a la información que sea trascendente a las necesidades de todos los ecuatorianos. 5. Asesorar al Gobierno Nacional en materia de comunicación, información pública y publicidad, y coordinar estas actividades, de manera que respondan a un enfoque y estrategia, de manera que respondan a un enfoque y estrategia general que se haya determinado en la concordancia con el criterio del Presidente de la República. 1.1.3.LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 1.1.3.1.Del Régimen Administrativo y Seccional El territorio del Ecuador, definido así por la Constitución Política del Estado (1998) es indivisible. Y, para la administración del Estado y la representación política existirán provincias, cantones y parroquias. Existen circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas que serán establecidas por la ley. Adicionalmente a esto, la Carta Magna dice además que: El Gobierno Central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios d el régimen seccional dependiente.

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Las competencias del gobierno central podrán descentralizarse, excepto la defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y convenios internacionales expresamente excluyan. En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de competencias. La descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y tenga capacidad operativa para asumirla. 1.1.3.2.Del Régimen Seccional Dependiente En las provincias hay un Gobernador, representante del Presidente de la República, que coordina y controla las políticas del gobierno nacional y dirige las actividades de funcionarios y representantes de la Función Ejecutiva en cada provincia. 1.1.3.3.De los Gobiernos Seccionales Autónomos Los gobiernos seccionales autónomos son ejercidos por los Consejos Provinciales, los Concejos Municipales, las Juntas Parroquiales y los organismos que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. Los gobiernos provincial y cantonal gozan de plena autonomía y, en uso de su facultad legislativa pueden dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. Las provincias, cantones y parroquias se pueden asociar para su desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos naturales. Sin perjuicio de lo prescrito en la Constitución, la ley determina la estructura, integración, deberes y atribuciones de los consejos provinciales y concejos municipales, y cuidará la aplicación eficaz de los principios de autonomía, descentralización administrativa y participación ciudadana. Los gobiernos seccionales autónomos generan sus propios recursos financieros y participan de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de solidaridad y equidad. Los recursos que corresponden al régimen seccional autónomo dentro del Presupuesto General del Estado, se asignan y distribuyen de conformidad con la ley. La asignación y distribución se rige por los siguientes criterios: número de habitantes, necesidades básicas insatisfechas, capacidad contributiva, logros en el mejoramiento de los niveles de vida y eficiencia administrativa. La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo es predecible, directa, oportuna y automática y está bajo la responsabilidad del Ministro de Economía y Finanzas, y se hace efectiva mediante la transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las entidades correspondientes.

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La proforma anual del Presupuesto General del Estado determina, obligatoriamente, el incremento de las rentas de estos organismos, en la misma proporción que su incremento global. Los recursos para el funcionamiento de los organismos del gobierno seccional autónomo estarán conformados por: 1. Las rentas generadas por ordenanzas propias. 2. Las transferencias y participaciones que les corresponden. Estas asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomo no pueden ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. 3. Los recursos que perciben y los que les asigna la ley. 4. Los recursos que reciben en virtud de la transferencia de competencias. 5. Se prohíbe toda asignación discrecional, salvo casos de catástrofe. 1.1.3.4.Consejos Provinciales En cada provincia hay un Consejo Provincial con sede en su capital. Se conforma con un número de consejeros fijados por la ley, en relación directa con su población; y, desempeña sus funciones durante cuatro años. La mitad más uno de los consejeros serán elegidos por votación popular, y los restantes designados de conformidad con la ley por los concejos municipales de la provincia y serán de cantones diferentes a los que pertenezcan los consejeros designados por votación popular. El prefecto provincial es el máximo personero del Consejo Provincial, que lo presidirá con voto dirimente. Será elegido por votación popular y desempeña sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constan en la ley. El Consejo Provincial representará a la provincia y, además de las atribuciones previstas en la ley, promueve y ejecuta obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y microcuencas hidrográficas de su jurisdicción. Ejecuta obras exclusivamente en áreas rurales. De acuerdo a lo establecido en el Art. 7 de la Ley de Régimen provincial, le corresponde al Consejo Provincial: 1. Responder al progreso de la provincia, en orden a robustecer el sentimiento de nacionalidad; 2. Prestar servicios públicos de interés provincial directamente o en colaboración con los organismos del Estado o de las municipalidades; 3. Realizar obras públicas de carácter provincial e interprovincial; 4. Coordinar la acción de las municipalidades de la provincia, para fines de progreso común; 5. Procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios y de las obras públicas que se realicen en la provincia; 6. Orientar las aspiraciones provinciales relacionadas con el desenvolvimiento económico, promoviendo la explotación y fomento de las fuentes de producción

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agrícola, pecuaria, industrial y minera, para lo cual, acordará los planes correspondientes, encuadrándolos dentro del Plan General de Desarrollo; 7. Fomentar la educación mediante la creación de escuelas, institutos técnicos, estaciones experimentales y de otros centros similares, de acuerdo con la Ley; 8. Atender y vigilar el estado sanitario de la provincia y propender a su mejoramiento, a través de una acción conjunta con los organismos estatales, con los concejos municipales, y con las juntas parroquiales de su jurisdicción; 9. Fomentar el turismo; 10. Vigilar que las rentas asignadas para las obras públicas provinciales se inviertan oportuna y correctamente; 11. Los consejos provinciales efectuarán su planificación siguiendo los principios de conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y; 12. Cumplir con los demás fines que les señalen la Constitución y las Leyes. 1.1.3.5.Municipios Cada cantón constituye un municipio. Su gobierno está a cargo del Concejo Municipal, cuyos miembros son elegidos por votación popular. Los deberes y atribuciones del Concejo Municipal y el número de sus integrantes están determinados en la ley. El alcalde es el máximo personero del Concejo Municipal, que lo preside con voto dirimente. Es elegido por votación popular y desempeña sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constan en la ley. El concejo municipal, además de las competencias que le asigna la ley, puede planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Las funciones municipales se establecen en el Art. 12 de la ley de Régimen Municipal, misma que dice: “Al Municipio le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana, cuya atención no competa a otros organismos gubernamentales”. De esta forma, los fines esenciales del Municipio, son los siguientes: 1. Procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales; 2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbanas y rurales; y, 3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad y la confraternidad de los asociados para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad de la Nación. FUNCIONES

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Tal como queda establecido, el Municipio es el llamado a vigilar el desarrollo armónico para el buen convivir, con la dotación de servicios y prestar soluciones a los problemas que les son comunes a los habitantes de una comunidad, por lo tanto, sus funciones primordiales son: 1. Dotación de sistemas de agua potable y alcantarillado, 2. Construcción, mantenimiento, aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos, 3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos, 4. Dotación y mantenimiento del alumbrado público, 5. Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres, 6. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres, 7. Control de construcciones, 8. Autorización para el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales, 9. Servicio de cementerios, 10. Fomento del turismo, y, 11. Servicio de mataderos y plazas de mercado. 1.1.3.6.Juntas Parroquiales En cada parroquia rural hay una junta parroquial de elección popular. Su integración y atribuciones se determinan en la ley. Su presidente es el principal personero y tiene las responsabilidades y competencias que señala la ley. La ley establece las competencias de los órganos del régimen seccional autónomo, para evitar superposición y duplicidad de atribuciones, y regula el procedimiento para resolver los conflictos de competencias. La ley establece las formas de control social y de rendición de cuentas de las entidades del régimen seccional autónomo. Las atribuciones de las Juntas Parroquiales están establecidas en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Juntas Parroquiales; son las siguientes: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes, ordenanzas, instructivos y reglamentos de la República así como los acuerdos y resoluciones emitidas de conformidad con la Ley por la Junta Parroquial dentro de su circunscripción territorial; 2. Convocar en el transcurso de 30 días, a partir de su posesión, a la conformación de la Asamblea Parroquial que será el espacio que garantice la participación ciudadana; 3. Dictar aprobar y reformar los reglamentos internos y el reglamento Orgánico Funcional; 4. Gestionar ante organismos del estado la transferencia de recursos económicos; 5. Coordinar con Municipios y Consejos Provinciales la planificación, presupuesto y ejecución de políticas, programas y proyectos de desarrollo de la parroquia; 50

6. Coordinar con Municipios y Consejos Provinciales; ONG´s y otros todo lo relacionado con el medio ambiente, recursos naturales, desarrollo turístico, cultura popular y problemas sociales; 7. Evaluar la ejecución de planes, programas, proyectos y acciones que se emprendan en el sector; 8. Plantear la ejecución de obras o la prestación de servicios en la parroquia; 9. Coordinar con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas las acciones preventivas ante la alteración del orden público; 10. Organizar Centros de Mediación para la solución de conflictos; 11. Proponer proyectos de ordenanzas en beneficio de la parroquia; 12. Aceptar legados, donaciones y herencias con beneficio de inventario; 13. Nombrar y remover, los empleados de la Junta Parroquial; 14. Planificar y coordinar actividades encaminadas a la protección familiar, salud, y promoción popular. 15. Formular anualmente el Plan de Desarrollo Parroquial; 16. Rendir cuentas de su gestión; 17. Promover consultas populares; 18. Impulsar la conformación de comités barriales; 19. Plantear reclamos y solicitudes para exigir la atención de obras y asuntos de interés comunitario; 20. Conformar la estructura técnica y administrativa de la parroquia; 21. Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su circunscripción territorial; 22. Ejercer las demás competencias y atribuciones establecidas en Leyes y Reglamentos. Cada una de estas atribuciones permite la ejecución de derechos y obligaciones en igualdad de oportunidades que las otras entidades y organismos locales, obviamente, de acuerdo a su población, y ámbito territorial. Respeto de su estructura orgánica, las Juntas Parroquiales se integran con cinco miembros principales y cinco suplentes; miembros que son elegidos por votación popular y directa. Respetando la normativa establecida para la designación de las autoridades de la Junta, es escogido un presidente, vicepresidente y tres vocales. Los miembros de la Junta son elegidos para períodos de cuatro años, y pueden ser reelegidos.

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1.1.3.7.De los Regímenes Especiales Existen regímenes especiales de administración territorial por consideraciones demográficas y ambientales. Para la protección de las áreas sujetas a régimen especial, pueden limitarse dentro de ellas los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar al medio ambiente. La ley norma cada régimen especial. Los residentes del área respectiva, afectados por la limitación de los derechos constitucionales, serán compensados mediante el acceso preferente al beneficio de los recursos naturales disponibles y a la conformación de asociaciones que aseguren el patrimonio y bienestar familiar. En lo demás, cada sector se rige de acuerdo con lo que establecen la Constitución y la ley. La ley podrá crear distritos metropolitanos, y; regular cualquier tipo de organización especial. Se dará preferencia a las obras y servicios en las zonas de menor desarrollo relativo, especialmente en las provincias limítrofes. La provincia de Galápagos tiene un régimen especial. El Instituto Nacional Galápagos, realiza la planificación provincial, aprueba los presupuestos de las entidades del régimen seccional dependiente y autónomo y controla su ejecución. Lo dirige un consejo integrado por el gobernador, quien lo preside; los alcaldes, el prefecto provincial, representantes de las áreas científicas y técnicas, y otras personas e instituciones que establece la ley. La planificación provincial realizada por el Instituto Nacional Galápagos, que cuenta con asistencia técnica y científica y con la participación de las entidades del régimen seccional dependiente y autónomo, es única y obligatoria. En las provincias de la región amazónica, el Estado pone especial atención para su desarrollo sustentable y preservación ecológica, a fin de mantener la biodiversidad. Se adoptan políticas que compensan su menor desarrollo y consolidan la soberanía nacional. La organización, competencias y facultades de los órganos de administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, son reguladas por la ley. 1.1.4.A Nivel de Conclusiones Respecto de la organización del Estado, en pro del fomento productivo y el logro del despegue económico territorial, en amplia relación con la estructura política nacional, regional y local; caben las siguientes consideraciones: 1.1.4.1.En cuanto a la Organización Política 1. La superposición de funciones y atribuciones entre instancias de delegación (Régimen Seccional Dependiente) y de representación (Régimen Seccional Autónomo); que a pesar de que la Constitución vigente (1998) ha buscado la forma de superarlo, los problemas aún subsisten. La existencia de instancias propias en cada uno de los dos

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regímenes, en las mismas jurisdicciones territoriales, origina un conjunto de dificultades que no han sido resueltas de manera satisfactoria hasta el momento. De manera especial se puede anotar la superposición de funciones entre las Gobernaciones y los Consejos Provinciales, así como entre aquellas y los Municipios. 2. Superposición de funciones y atribuciones entre instancias de representación. Dentro del mismo régimen de representación (Régimen Seccional Autónomo) se presentan problemas de superposición, debido a que actúan sobre las mismas jurisdicciones territoriales (Consejos Provinciales, Municipios y Juntas Parroquiales). También en este caso la Constitución ha previsto soluciones sin efecto alguno hasta el momento. 3. Contraposición de legitimidad entre autoridades de elección popular. Debido al origen democrático representativo de las diversas autoridades del Régimen Seccional Autónomo, que producen enfrentamiento de legitimidades, alimentado además por la superposición de funciones. Inclusive, esto se observa dentro de una misma institución y no solamente entre autoridades de diversas instituciones. Así, la contraposición de legitimidades se evidencia entre los prefectos y alcaldes de los diferentes cantones de una provincia, sino también se generan entre prefecto y los consejeros de una misma jurisdicción territorial, de la misma forma que entre el alcalde y los concejales. Dotados de la misma legitimidad de origen, ellos se enfrentan frecuentemente en el ejercicio de sus funciones. 1.1.4.2.En cuanto a la Representación 1. Déficit en el proceso de consolidación de instituciones locales (provinciales, cantonales y parroquiales) así como en gobiernos locales. Las instituciones propias del sistema democrático representativo (consejos provinciales y municipios), enmarcadas dentro del régimen seccional autónomo determinado por la Constitución, carecen de las atribuciones y facultades necesarias para consolidarse como gobiernos locales. Por ello, su capacidad de acción se evidencia fuerte y constantemente disminuida. 2. La escasa capacidad institucional para canalizar la representación ciudadana. Por la misma razón anotada en el punto anterior, estas instituciones han perdido su capacidad de representar adecuadamente los intereses de los diversos sectores sociales que conviven en sus jurisdicciones. Estos intereses tienden a manifestarse en los niveles nacionales, produciendo una sobrecarga sobre las instancias centrales y un vaciamiento en las locales y provinciales. 3. La baja capacidad de ciertas instituciones para procesar los conflictos sociales y políticos. Esas mismas razones determinan que ellas puedan procesar los conflictos y las demandas que se manifiestan en sus respectivas jurisdicciones. En este sentido, se produce una constante deslegitimación de las instituciones y de quienes las dirigen, así como del sistema político en su conjunto. Aun más, buena parte de esos conflictos no solamente que se procesan en los niveles centrales, sino que encuentran

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mecanismos extra institucionales (como el clientelismo), lo que se revierte en contra de esas mismas instituciones. 4. La rigidez en la asignación de capacidad de representación de las instituciones. La inexistencia de diferenciación o estratificación dentro de instituciones de un mismo tipo (como los municipios), establece parámetros extremadamente rígidos que para muchos de ellos son imposibles de cumplir o, por el contrario, para otros son insuficientes. A manera de ejemplo, no todos los municipios del país tienen las condiciones y atribuciones necesarias para transformarse en instancias de representación y de procesamiento de conflictos como las que exige un gobierno local. Asignar las mismas responsabilidades para todos por igual puede constituirse en un elemento de profundización de las diferencias y, sobre todo, en un factor de permanencia de diferencias y de caos en la mayor parte de los casos. Obviamente, cualquier correctivo que se pretenda introducir en este aspecto deberá partir de la definición de tipologías dentro de un mismo grupo de instituciones, para luego emprender en los detalles necesarios referidos a la representación. 1.1.4.3.En cuanto a la Participación 1. La debilidad e inclusive ausencia de procedimientos y canales de intervención en asuntos de interés comunitario. A pesar de los constantes reclamos de participación, en el Ecuador, se puede advertir la ausencia de una ciudadanía activa en la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Más que el producto de diseños institucionales y de vacíos en cuanto a espacios y mecanismos de participación -que en efecto existen-, esta situación puede ser atribuida a la existencia de prácticas políticas clientelares y paternalistas. 2. La ausencia de mecanismos de vinculación entre instancias de representación y formas de participación. Una errada comprensión de la democracia representativa ha dado origen a una concepción negativa de ella, y a la búsqueda de su sustitución por formas directas de participación. Esta concepción, que tiende a erosionar los mecanismos de participación propios de la democracia, ha llevado a la creación de instancias paralelas a las instituciones representativas. Por lo general, estas instancias carecen de la representatividad ciudadana (ya que se conforman más bien por una representación corporativa) y se constituyen en pesadas cargas para las instituciones propias del régimen democrático. 3. La inexistencia de vínculos entre la participación política y participación social. Derivado de lo anterior, en el Ecuador se ha generalizado un concepto de participación que hace referencia a la presencia de la población en la ejecución de obras o, en el mejor de los casos, de proyectos. Esta manera de entender y de practicar la representación, no guarda mayor relación con lo que ella debe ser en el marco de la democracia representativa, donde la participación hace relación a la toma de decisiones y, por tanto, a la presencia en las instancias de poder. Por este motivo, la concepción participativa (como se la conoce) produce resultados opuestos a los que dice buscar, ya que confina a la población (especialmente a la de menos recursos) a

54

formas de participación que no tienen ninguna incidencia sobre la toma de decisiones o sobre las instancias de poder. De esta forma, y para alcanzar la consolidación de esquemas de Desarrollo Económico Territorial, involucrando los niveles nacional, provincial, cantonal y parroquial, es recomendable el impulso de procesos de desarrollo territorial que consoliden la optimización del uso de los recursos, el afianzamiento de las relaciones entre niveles gubernamentales y la creación de escenarios de mancomunidad y asociatividad entre organismos subnacionales, correspondientes a los regímenes seccionales autónomos. Es menester además, el desarrollo de esquemas de autonomías, que establezcan los verdaderos alcances de los procesos, transparente los procesos de distribución equitativa de recursos, e institucionalice esquemas de solidaridad territorial, que permitan la consecución de los objetivos primeros del desarrollo económico local y regional. Este esquema deberá incluir el proceso de descentralización vertical (entre niveles), y la descentralización horizontal (entre regímenes), así como el desarrollo de componentes relacionados con la existencia de circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas, el ámbito y las responsabilidades del nivel parroquial, y la administración territorial por consideraciones demográficas y ambientales. II.

DISEÑO INSTITUCIONAL: EL PRESUPUESTO

Los recursos que los gobiernos seccionales reciben por parte del Estado se canalizan de la siguiente manera: 3.2.1. Transferencias

sectoriales 2

Actualmente, el presupuesto se distribuye inicialmente por sectores (Educación, Salud, Finanzas, etc.), a partir de la asignación sectorial se entrega a las diferentes Instituciones, para finalmente a través de estas asignar a las Unidades Ejecutoras. A continuación se presenta de manera esquemática el manejo presupuestario del Gobierno Central.

2

Incluye las asignaciones presupuestarias por sectores asignables a cada provincia, en tanto que las asignaciones a nivel nacional y regional se han distribuido por población.

55

Presupuesto del Gobierno Central S1 S1

S2 S2

Inst.11 Inst. U.E.1 E.1 U.

S3 S3 Inst.22 Inst.

U.E.2 E.2 U.

Sn Sn

• • • • • •

• • •

Inst.n Inst.n

U.E.n E.n U.

Sn = Sector Inst = Institución U.E.n = Unidad Ejecutora

Sin embargo, el actual manejo presupuestario permite que a través del Presupuesto se entregue recursos directamente incluso a las unidades ejecutoras. A manera de ejemplo, el Presupuesto del Gobierno Central se destina para educación a través del Sector Educación y del Sector Seccional. Del Sector Educación se asignan recursos al Ministerio de Educación, el que a su vez los distribuye a las Direcciones Provinciales y de allí se destina a las escuelas fiscales. Adicionalmente, directamente del presupuesto se entrega recursos a los Colegios Fiscales, que en total son 1.789. Por otra parte, a través del Sector Seccional se entregan recursos a los diferentes municipios, los mismos que destinan sus recursos a las Escuelas Municipales.

56

Presupuestodel delGobierno GobiernoCentral Central Presupuesto SECTOREDUCACION EDUCACION SECTOR

SECTORSECCIONAL SECCIONAL SECTOR

MINISTERIOEDUCACION EDUCACION MINISTERIO DP1 DP1 F.1 E.E.F.1

DP2 • • • DP2

M1 M1

DPn DPn

E.M1 E.M1

M2 • • • Mn Mn M2

CP1 • • • CPn CPn CP1

E.M2 • • • E.Mn E.Mn E.M2

Esc.2 • • • Es.n Es.n Esc.2

DPn = Dirección Provincial E.F.n = Escuela Fiscal C.F.n = Colegio Fiscal (1798) CF1 CF1

CF2 CF2

• • •

Col.n Col.n

Mn = Municipio E.M.n = Escuela Municipal

Cabe destacar, que la formulación presupuestaria se la realiza sobre la base del gasto histórico de cada rubro o partida más un porcentaje equivalente o inferior a la inflación. Esta metodología de formulación ha provocado que la presupuestación sea un proceso poco claro, ya que se elabora sobre la base de ejercicios anteriores, lo que ocasiona que el presupuesto deba ser modificado varias veces durante el año. Otro problema del sistema presupuestario vigente es que no existe integración de las cifras del Sector Público. La Proforma de Presupuesto anual que el Poder Ejecutivo presenta al Honorable Congreso Nacional para su aprobación, no está contenida en ningún documento, puesto que se lo remite en varios cuerpos (Gobierno Central por una parte, y de otra el de las entidades descentralizadas, autónomas y empresas públicas) por lo que la información se encuentra dispersa, incumpliendo con los principios básicos presupuestarios: el de universalidad y el de unidad. El sistema de asignación de recursos no responde necesariamente a las necesidades de las instituciones, sino que sirve para atender a los grupos con mayor capacidad de presión o favorecer las preferencias subjetivas de quienes toman la decisión de distribuir los recursos. Por la falta de claridad en el esquema presupuestario, la asignación de recursos fiscales en muchos casos es menor en las provincias o regiones más pobres del país y, por ende, de mayores necesidades insatisfechas.

57

3.2.2. Leyes

especiales 3

Existe una amplia base legal (alrededor de 15 leyes y/o decretos) que regula la distribución, manejo y transferencia de recursos y/o participación en rentas en favor de los Municipios y Consejos Provinciales. Toda ley a favor de los gobiernos seccionales ha partido del concepto de no afectar los recursos ya asignados (“derechos ganados”), es decir, se constituyen en recursos adicionales sin que el Gobierno Central transfiera ninguna competencia a los Gobiernos Seccionales. Las asignaciones presupuestarias a los Gobiernos Seccionales deben basarse en una priorización de las necesidades de los Municipios y Consejos Provinciales. Es así como la distribución actual es muchas veces inequitativa respecto de las ciudades menos pobladas, pero con innumerables necesidades insatisfechas. Adicionalmente a esto, los gobiernos seccionales no han canalizado esfuerzos en forma adecuada para poder, en conjunto, incrementar las fuentes de generación de ingresos propios para autofinanciar su funcionamiento y sus inversiones. Si bien los recursos transferidos por leyes se deben destinar en su mayor parte a gastos de inversión, la falta de establecimiento de procesos y mecanismos de rendición de cuentas y la duplicidad de funciones en los diferentes niveles de gobierno, han provocado que en muchos casos, los índices de pobreza y las condiciones sociales de muchas ciudades se deterioren aún más, incrementando las brechas socio económicas de cada territorio. El cumplimiento de éstas leyes dificulta a las autoridades el poder aplicar políticas fiscales, así como establecer prioridades de gasto en función de necesidades, con lo se agudiza, aún más, el problema de la poca flexibilidad del manejo presupuestario. 3.2.1.

La Generación de Ingresos Provinciales Propios

Los ingresos de los Gobiernos Provinciales quedan establecidos en la Ley de Régimen Provincial, y su composición es la siguiente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Las asignaciones y subvenciones del Estado, Las tasas por servicios, Las multas que imponga el Consejo o el Prefecto, Las herencias, legados y donaciones, Los impuestos creados o que se crearen especialmente en su favor, Las rentas provenientes de sus bienes propios, y; Las transferencias que hicieren en su favor otras entidades.

Entre las asignaciones del Estado podemos citar, principalmente, el aporte correspondiente de acuerdo con la Ley Especial de Distribución del 15% del Presupuesto 3

Corresponden a los valores entregado por Tesorería por la Ley del 15%, Fodesec y Leyes Especiales.

58

del Gobierno Central para los Gobiernos Seccionales, que crea el fondo de descentralización, el cual debe ser distribuido así; un 70% para los municipios y el 30% para los consejos provinciales. Y, la distribución entre los consejos provinciales se realiza de la siguiente forma: El porcentaje que corresponde a los consejos provinciales, que equivale al 4,5% del presupuesto del Gobierno Central se debe distribuir en alícuotas de la siguiente manera: 1. El 50% del monto, es decir, el 2,25% del presupuesto del Gobierno Central, debe ser distribuido en proporción a la población con necesidades básicas insatisfechas que residan en la respectiva provincia, en relación a la población con necesidades básicas insatisfechas en todo el país. 2. El 10% del monto, es decir, el 0,45% del presupuesto del Gobierno Central, en proporción a la superficie territorial con relación a la superficie del país; y, 3. El 40% del monto, es decir el 1,80% del presupuesto del Gobierno Central, será distribuido proporcionalmente a la población de la respectiva provincia, en relación a la población total del país. Adicionalmente a esto, la Constitución Política de la República otorga a los consejos provinciales la potestad tributaria de crear, modificar o extinguir contribuciones especiales de mejora, que deben ser reguladas por el Consejo mediante ordenanza. En lo referente a los impuestos, existen las tasas e impuestos establecidos para obras y servicios determinados, que se deben aplicar en forma exclusiva a su objeto, bajo la responsabilidad pecuniaria del tesorero del Consejo Provincial, no obstante, el tesorero puede destinarlos a un fin diferente cuando el Consejo así lo resuelva. El pago por concepto de contribuciones especiales de valoración puede ser generado por construcción, rectificación, ensanche o pavimentación de carreteras o caminos, construcción de puentes, lo que deviene en el aumento del valor de las propiedades, así, los propietarios de éstas, deben pagar al consejo provincial la contribución especial de valoración en las proporciones: 1. El 30% del costo total de la obra, los dueños de las propiedades situadas dentro de la zona de influencia primaria, a prorrata del valor de sus inmuebles, 2. El 20% del costo total de la obra, los dueños de las heredades situadas dentro de la zona de influencia secundaria, a prorrata del valor de sus propiedades, 3. El 10% del costo total de la obra, los dueños de los inmuebles situados dentro de la zona de influencia terciaria, a prorrata del valor de sus propiedades, y; 4. El 40% restante del costo total de la obra será financiado por el Consejo Provincial, con recursos del presupuesto, con independencia de las contribuciones anteriores.

59

3.2.3.Evolución de Ingresos y Gastos Provinciales Respecto de la evolución de los ingresos y los gastos provinciales, como organismos articuladores del fomento al Desarrollo Económico Territorial, ya en conocimiento del mecanismo de distribución del Presupuesto General del Estado y, la estructura orgánica funcional del Sector Público no Financiero del país, se pone de manifiesto la altísima dependencia de los Gobiernos Regionales respecto de las transferencias directas realizadas en forma anual por el ejecutivo. De esta forma y al analizar las cifras históricas que financian la existencia y accionar de los Gobiernos Locales, se evidencia lo siguiente:

Composición del Ingreso Dólares

60.000.000 50.000.000 40.000.000

Ingresos Totales

30.000.000

Ingresos Propios

20.000.000

Transferencias

10.000.000 Zamora

Sucumbios

Tungurahua

Pastaza

Pichincha

Napo

Orellana

Manabí

Morona

Loja

Los Rios

Guayas

Imbabura

Galapagos

El Oro

Esmeraldas

Cotopaxi

Chimborazo

Cañar

Carchi

Azuay

Bolivar

0

Provincias

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2005 La composición del ingreso provincial es mayoritariamente dependiente de las transferencias realizadas por el Gobierno Central. Al observar la gráfica anterior, se concluye claramente que la tendencia de generación de ingresos propios es mínima y muestra un claro comportamiento a mantenerse de esa forma. Las limitantes legales para la generación de ingresos propios por parte de los Gobiernos Locales impiden la ampliación de posibilidades de inversión. Respecto de la disponibilidad de recursos, los resultados son claros, son las provincias más grandes, tanto en concentración poblacional como en actividades comerciales y bancarias, son los que mantienen mayores disponibilidades respecto de las provincias más pequeñas. De esta forma, la preponderancia de Pichincha y Guayas, en lo que se refiere a disponibilidad de recursos, amplía sobremanera el radio de acción de sus gestiones político administrativas; lo que en términos de desarrollo económico territorial, representa enormes ventajas; que no necesariamente se ven traducidas en ofertas institucionales de planes y proyectos en pro del logro del despegue de sus territorios. Un dato importante surge del análisis de los porcentajes de generación de ingresos propios, información que demuestra que del promedio provincial, exceptuando a cuatro territorios Pichincha, Tungurahua, El Oro y Galápagos, alcanza el 3.51% respecto del ingreso provincial total, lo cual implica que no existe autogestión alguna por parte del

60

81% de las provincias del país, traducida en una ineficiencia casi total en la generación de recursos para el financiamiento del crecimiento. Composición de los Ingresos Provinciales Provincias

Valores en dólares constantes (2000)

Porcentajes

Ingresos Totales

Ingresos Propios

Transferencias

Ingresos Propios

Transferencias

Azuay

11.845.390

326.173

11.519.217

2,75%

97,25%

Bolívar

4.810.383

143.497

4.666.885

2,98%

97,02%

Cañar

4.733.293

308.862

4.424.431

6,53%

93,47%

Carchi

3.503.292

105.694

3.397.598

3,02%

96,98%

Chimborazo

8.665.162

368.288

8.296.874

4,25%

95,75%

Cotopaxi

10.132.304

234.235

9.898.069

2,31%

97,69%

El Oro

17.209.698

2.262.594

14.947.104

13,15%

86,85%

Esmeraldas

11.495.995

137.823

11.358.172

1,20%

98,80%

Galápagos

3.096.292

411.140

2.685.152

13,28%

86,72%

Guayas

56.142.341

2.771.189

53.371.151

4,94%

95,06%

Imbabura

7.651.560

514.535

7.137.024

6,72%

93,28%

Loja

10.813.069

378.096

10.434.973

3,50%

96,50%

Los Ríos

19.438.695

256.372

19.182.324

1,32%

98,68%

Manabí

26.750.093

782.832

25.967.262

2,93%

97,07%

Morona

10.105.681

379.722

9.725.959

3,76%

96,24%

Napo

9.698.833

214.248

9.484.585

2,21%

97,79%

Orellana

10.527.335

145.501

10.381.834

1,38%

98,62%

Pastaza

10.868.694

509.183

10.359.512

4,68%

95,32%

Pichincha

45.838.109

13.352.598

32.485.512

29,13%

70,87%

Sucumbíos

11.972.328

407.330

11.564.999

3,40%

96,60%

Tungurahua

10.705.723

1.650.442

9.055.281

15,42%

84,58%

Zamora

7.980.625

421.801

7.558.824

5,29%

94,71%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2005 Por otra parte, si nos referimos a la generación de los ingresos, el análisis se presenta desde esta realidad financiera territorial: Azuay

Ingresos Provinciales Propios 1% 2%

6%

1%1%0% 2%

Bolivar

Transferencias 2% a las Provincias

Cañar Chimborazo

1% 9%

El Oro

1%

Esmeraldas

2%

Guayas Imbabura Loja

2% 1% 3% 1% 2%

Carchi

1%

Chimborazo

3%

Cotopaxi

Los Rios

1%

Manabí

11%

Esmeraldas

5%

Galapagos

4% 4%

1%

4%

Guayas Imbabura Loja Los Rios

3% 3%

19%

Morona Napo

El Oro

3%

Galapagos

11%

51%

4%

Cotopaxi

3% 3% 4%

Bolivar Cañar

2%

Carchi

1%

Azuay

9%

Manabí Morona Napo

4% 2%

Orellana

1%

Orellana

1%

Pastaza

Pastaza

Pichincha

Pichincha

Sucumbios

Sucumbios

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2005

7%

Es Pichincha la provincia con mayor y mejor capacidad para la generación de ingresos propios, llegando a alcanzar el 51%, seguida muy de lejos por Guayas, cuya capacidad de generación de recursos alcanza el 11% del total de ingresos propios generados territorialmente. Paralelamente a ello, son El Oro, Tungurahua y en menor proporción 61

Manabí, los territorios que con mayores aportes contribuyen a la formación de sus presupuestos, alcanzando el 9%, 6% y 3% respectivamente. Si analizamos ahora las cifras de las transferencias a los territorios, realizadas por la autoridad central, vemos a Guayas con el 19% y Pichincha con el 11%, respecto del total nacional, posicionándose como las Provincias más aventajadas. Sin embargo, en vez de premiar la gestión de generación de ingresos en cada territorio, las asignaciones presupuestarias realizadas por el Gobierno Central, incrementan las brechas y financian a ciertas jurisdicciones, más que por eficiencia, por presión política; en forma inequitativa y poco solidaria. Esta situación lejos de incentivar el desarrollo económico territorial del país en su conjunto, concentra recursos en ciertos territorios del país. Del análisis anterior surge como iniciativa el fomentar la eficiencia de los territorios en cuanto a su generación de ingresos propios, vía condicionamiento de las transferencias realizadas por el Gobierno Central, es decir, que las provincias que mayor número de recursos propios produzcan, recibirán en premio mayores asignaciones presupuestarias en reconocimiento a su gestión; ya que queda demostrado que de acuerdo al modelo actual de distribución de recursos, la inequidad de la distribución castiga la eficiencia territorial. Composición del Gasto 25.000.000

Dólares

20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000

Zamora

Sucumbios

Tungurahua

Pastaza

Pichincha

Napo

Orellana

Manabí

Morona

Loja

Los Rios

Guayas

Imbabura

Galapagos

El Oro

Esmeraldas

Cotopaxi

Chimborazo

Cañar

Carchi

Azuay

Gasto Corriente Gasto Capital Gastos de Inversión

Bolivar

0 Gasto Total

Provincias

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2005 De igual forma, la superestructura del gasto corriente por sobre el gasto de capital, limita además el logro de la eficiencia en la gestión del desarrollo económico de los territorios y jurisdicciones de cada uno de estos organismos seccionales. Al observar la estructura del gasto de las provincias, en análisis histórico desde el 2000, en dólares constantes (base 2000), se evidencia la preponderancia de gasto concentrada en las dos provincias más grandes del país, siendo Pichincha y Guayas las de mayor nivel de ejecución de gasto en todos los períodos. Existes ligeros repuntes, que siguen muy de lejos a estos dos territorios, correspondiendo a provincias de la costa a Manabí, Esmeraldas y El Oro; y siendo provincias de la sierra con similar disponibilidad para el gasto Tungurahua y Loja.

62

Estas marcadas diferencias se refieren a factores socio económicos claros, tales como la generación de ingresos vía impuestos y tasas (Pichincha y Guayas), ahorro y posicionamiento de actividades comerciales (Tungurahua y Manabí) y presiones políticas para gestionar mejoras en cuanto a las transferencias centrales se refiere. Así, las marcadas asimetrías respecto de las asignaciones y la capacidad de gasto de los territorios, amplían sustancialmente las brechas de desarrollo de cada uno de ellos, imposibilitando las tareas de equidad y solidaridad territorial, tan promocionadas por las corrientes de crecimiento, descentralización y autonomías perseguidas – en niveles de discurso – en el país.

Provincias

Gasto Improductivo Bienes de Larga Remuneraciones Duración

Azuay

27%

13%

Gasto de Inversión 55%

TOTAL

Bolívar

59%

6%

32%

97%

Cañar

25%

4%

65%

94%

Carchi

21%

12%

59%

92%

Chimborazo

43%

9%

41%

92%

Cotopaxi

33%

5%

59%

97%

El Oro

16%

2%

80%

97%

Esmeraldas

24%

2%

65%

90%

Galápagos

23%

0%

58%

82%

Guayas

27%

17%

49%

93%

Imbabura

40%

1%

53%

94%

Loja

33%

18%

49%

100%

Los Ríos

36%

2%

55%

94%

Manabí

21%

6%

69%

96%

Morona

24%

15%

48%

87%

Napo

11%

46%

40%

98%

Orellana

33%

16%

29%

78%

Pastaza

23%

12%

59%

94%

Pichincha

26%

2%

60%

87%

Sucumbíos

46%

2%

29%

76%

Tungurahua

12%

26%

57%

96%

Zamora

88%

1%

1%

90%

95%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2005 Por otra parte, al analizar la concentración de recursos destinados al gasto corriente, es claro que en muchas provincias se debe a pagos de sueldos y salarios de empleados provinciales, circunstancia que genera gran presión respecto de los recursos disponibles. Sin embargo, son 12 provincias las que destinan cerca del 55% de sus presupuestos al gasto de inversión, dando claras muestras de gestión por el desarrollo económico territorial de sus jurisdicciones seccionales.

63

Si nos referimos ahora a la calidad del gasto respecto de las provincias con mayor preponderancia presupuestaria, podemos concluir que son los territorios provinciales los que poco a poco han tomado la posta y se han especializado en la provisión de servicios públicos, mayoritariamente salud y educación, asumiendo competencias que corresponden al Gobierno Central, sin ser parte efectiva aún de la transferencia oficial de ellas. Es así que, los territorios han demostrado eficiencia, en su limitada capacidad del gasto, respecto de la generación de alternativas públicas endógenas en favor del crecimiento, sin esto ser una consecuencia directa del proceso de descentralización. Por ello, una clara conclusión preliminar apunta al hecho de que la promoción del desarrollo de los territorios, logrado desde cada jurisdicción local (desarrollo endógeno), es más eficiente; circunstancia que obliga a su reconocimiento legal, que debería verse traducido en la posibilidad de fortalecimiento de su autonomía financiera y la ampliación de su accionar respecto de la provisión de bienes y servicios públicos, históricamente responsabilidad del Gobierno Central. 3.2.4.Análisis de Estados de Situación de las Cuentas Provinciales 3.4.1.

Indicadores de Alerta de Gestión Financiera

En este acápite se analizarán las capacidades provinciales respecto del financiamiento de su desarrollo local, poniendo en evidencia todo anteriormente observado, es decir, que a nivel territorial, existen claros esfuerzos por alcanzar mejores niveles de gestión institucional en el cumplimiento de sus objetivos propios de promoción del crecimiento y competitividad en cada una de sus jurisdicciones. Los resultados obtenidos de este análisis permitirán demostrar las capacidades reales de los territorios para asumir competencias del Gobierno Central, justificando la necesidad territorial de impulsar el desarrollo en forma endógena y la descentralización como medio para el logro de este objetivo; y, obligando a cada uno de los Gobiernos Locales, a ser más eficientes respecto tanto del cumplimiento de sus fines, como de la eliminación del desgastado modelo centralista. Sostenibilidad Financiera.- Indica la capacidad que tiene cada gobierno seccional para cubrir los gastos corrientes con el flujo de ingresos corrientes disponibles. Es deseable que el resultado de este indicador se aproxime o sea superior al 100%. Este resultado nos indica una adecuada estructura de sus finanzas, pues se estaría financiando gasto permanente con ingreso permanente (que es menos volátil que otro tipo de ingreso). La fórmula para el cálculo es la siguiente:

64

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico: Sostenibilidad Financiera CARCHI AZUAY TUNGURAHUA PICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BABURA ESM ERALDAS COTOPAXI BOLIVAR 0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. En términos generales, la cobertura del Gasto Corriente4 a través de ingresos de la misma naturaleza, tal como se observa en la gráfica anterior, es adecuada, toda vez que los índices presentados superan la relación 1 a 1 en el 82% de los gobiernos seccionales. Es así que para el 18% restante, se demuestra una clara incapacidad para financiar su gasto corriente, debiendo entonces replantear la estructura de financiamiento de sus presupuestos (casos de Carchi, Orellana, Los Ríos y Bolívar). Autosuficiencia Financiera.- Esta relación expresa el grado de autonomía de los gobiernos seccionales que está dada por el nivel de ingresos propios. El mayor peso de los ingresos propios respecto de los ingresos totales, indica que se tiene mayor capacidad de gestión. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico:

4

Los Gastos Corrientes incluyen los siguientes rubros: remuneraciones, servicios, suministros y materiales y aportes, transferencias y donaciones.

65

Autosuficiencia Financiera CA RCHI AZUA Y TUNGURA HUA P ICHINCHA ORELLA NA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BA B URA ESM ERA LDA S COTOP AXI BOLIVA R 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. Para este caso, la mayor capacidad de autogestión para el financiamiento del desarrollo de su territorio a través de la generación de ingresos propios es del Gobierno de la Provincia de Pichincha, misma que supera grandemente a los 21 gobiernos seccionales restantes, que muestran su clara dependencia respecto de las transferencias recibidas por parte del Gobierno Central. Paralelamente a esto, son a penas cinco gobiernos seccionales los que dan evidencia de generación de capacidades endógenas para cubrir las necesidades de sus jurisdicciones territoriales a través de sistemas institucionales de gestión de recursos (Cañar, Tungurahua, Imbabura, Galápagos y El Oro). Este factor pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecimiento institucional de las entidades locales para convertirlas en verdaderas gestoras de su desarrollo, ya que este inminente rezago respecto de la capacidad de autogestión impide el hacer efectivo el proceso de transferencia de competencias derivado del proceso de descentralización, tanto en cuanto la condición sine qua non para su efectivización, consiste en demostrar capacidad financiera para el manejo de competencias y recursos. Autosuficiencia Mínima.- Este indicador nos permite analizar cuanto del gasto corriente es financiado por ingresos propios. Los resultados que se obtengan de este indicador deben ser analizados cuidadosamente en función del potencial de generación de ingresos propios. Sin embargo, es necesario recalcar que mientras más alto sea el indicador, reflejará una mejor situación financiera. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico:

66

Autosuficiencia Minima CARCHI AZUAY TUNGURAHUA PICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BABURA ESM ERALDAS COTOPAXI BOLIVAR 0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. Respecto de este indicador representa la capacidad mínima que los gobiernos seccionales deben manifestar para financiar su gasto corriente a través de sus ingresos propios, es decir, financiar su gasto operativo, para garantizar su funcionamiento inclusive. Entonces, se evidencia una imposibilidad de generación de sus ingresos propios paralelo al tamaño de sus entidades que puede representar un peso superior al financieramente manejable. Son tres las provincias que cumplen a cabalidad con este requerimiento, Pichincha, Galápagos y El Oro. El 85% restante evidencia capacidades de gestión mínimas, que lejos de ejercer su autonomía se convierten en simples ejecutores de acciones puntuales, limitadas por las transferencias efectuadas por el Gobierno Central. Esto implica, una vez más, la necesidad de fortalecimiento y reorganización institucional, en pro del logro de capacidades gestión autónomas, más que políticas. Dependencia.- Mide el peso relativo de los ingresos por transferencias sobre el total de los ingresos. Permite saber hasta donde las finanzas locales son controladas por la administración local o dependen de las decisiones de transferencias del Gobierno Central. Cuanto más dependientes sean las finanzas, más reducidas las posibilidades de hacer una gestión financiera propia. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en la siguiente tabla:

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Dependencia / 2004 Gobiernos Seccionales BOLIVAR

97,02

CHIMBORAZO

95,75

COTOPAXI

97,69

EL ORO

86,85

ESMERALDAS

98,80

GALAPAGOS

86,72

IMBABURA

93,28

LOJA

96,50

LOS RIOS

98,68

MANABI

97,07

MORONA SANTIAGO

96,24

NAPO

97,79

ORELLANA

98,62

PASTAZA

95,32

PICHINCHA

70,87

SUCUMBIOS

96,60

TUNGURAHUA

84,58

ZAMORA CHINCHIPE

94,71

AZUAY

97,25

CAÑAR

93,47

CARCHI

96,98

GUAYAS

95,06

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. A este respecto las conclusiones son obvias, toda vez que los niveles de dependencia de los Gobiernos Locales bordean el 80% en la mayoría de los casos. Este hecho implica la necesidad de cada una de las administraciones de mantener líneas de ejecución acordes a las impuestas por las políticas centrales de turno, subordinando así sus gestiones propias a acuerdos preestablecidos para garantizar en muchos casos, su funcionamiento. Adicionalmente a esto, la autonomía administrativa financiera, que en letra legal ampara a cada uno de los Gobiernos Locales, se ve sujeta a las disposiciones del Gobierno Central, tanto en cuanto dependen en forma casi exclusiva de las transferencias realizadas en forma mensual. Este candado, fortalecido por la imposibilidad legal de generar ingresos propios, condiciona todo esfuerzo por lograr la ejecución de planes y programas gestados internamente – a nivel territorial. Ahorro Público.- Este indicador mide la disponibilidad de recursos que pueden ser destinados para la inversión seccional o para adquirir bienes de capital, después del pago del gasto corriente que incluye el pago de intereses. Para la correcta utilización de este indicador, los ingresos totales no contienen a aquellos provenientes del endeudamiento y el gasto total no considera el servicio por amortización de la deuda. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

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Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico: Ahorro Público CARCHI AZUAY TUNGURAHUA PICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BABURA ESM ERALDAS COTOPAXI BOLIVAR 0,00

10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. En este rubro se pone de manifiesto la cantidad de recursos disponibles para inversión en cuanto al desarrollo de los territorios. Se observa entonces que Guayas, en proporción mayoritaria destina sus recursos al crecimiento de su jurisdicción, y en menor proporción Pichincha. Este hecho, inequitativo en suma, muestra las claras disparidades que en la distribución de recursos se generan desde el Gobierno Central. Otro factor importante de análisis es la consolidación de polos de desarrollo, en perjuicio del resto de provincias del país, que por falta de gestión política, en forma mayoritaria, no poseen las mismas disponibilidades de efectivo para financiar su desarrollo. Inversión respecto de Transferencias.- Este indicador permite hacer un análisis de la composición del gasto realizado a través de las transferencias intergubernamentales. En otras palabras, se puede observar que porcentaje de las transferencias realizadas a los gobiernos seccionales se destina a la inversión. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico:

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Inversión respecto a Transferencias CARCHI AZUAY TUNGURAHUA P ICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BAB URA ESM ERALDA S COTOP AXI BOLIVA R 0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. A nivel de porcentajes, se observa que el destino de las transferencias realizadas por el Gobierno Central hacia los gobiernos locales es otro diferente al de la inversión en desarrollo en forma mayoritaria. Lo cual muestra una gestión inadecuada de los recursos percibidos, pues actualmente, no se cumple con el objetivo primero de los Gobiernos Locales que es el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos que corresponden a cada uno de sus territorios. Además, los gobiernos locales más eficientes, Tungurahua y Pichincha en la Sierra mantienen sus tendencias de gasto en inversión, pero los más preponderantes en la costa, Guayas y El Oro, no evidencian eficiencia en su gestión por el desarrollo, sino que muestran, a priori, incrementos desmedidos por coberturas de gasto corriente en desmedro de la inversión para el crecimiento. Finalmente, no se observa una tendencia marcada por parte de los gobiernos locales correspondientes a provincias pequeñas por mejorar la eficiencia en sus niveles de gasto, reduciendo gastos corrientes e incrementando sus gastos de inversión, como sería adecuado para transformar sus realidades territoriales. Relación Mínima.- Este indicador permite identificar la vulnerabilidad de las finanzas públicas de los gobiernos seccionales. Si el resultado de la relación es superior al 100% indica una situación financiera muy débil, lo que quiere decir que la administración local depende de otros recursos para garantizar el funcionamiento mínimo de su administración. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

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Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico: Relación Mínima CARCHI AZUAY TUNGURAHUA PICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BABURA ESM ERALDAS COTOPAXI BOLIVAR 0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. En este caso, las cifras evidencian la pesada carga burocrática de ciertos gobiernos seccionales que viven para soportar su carga de personal, en detrimento del cumplimiento mínimo de sus funciones territoriales y políticas (Orellana, Esmeraldas y Bolívar). Esta situación expresa claramente la necesidad de mejoramiento de las estructuras institucionales, castigando su situación de gobiernos autónomos y en detrimento de los instrumentos de desarrollo generados por sus gestiones administrativas. Aquí cabe mencionar que ciertos territorios a nivel nacional, no están en capacidad de gestar su propio crecimiento, tornando en menester el impulso de esquemas de autonomías solidarias entre territorios. 3.4.2.

Indicadores de Alerta de Endeudamiento

Esta sección del documento analiza el cumplimiento de los gobiernos locales respecto de sus obligaciones financieras, surgidas como alternativa para el financiamiento de sus gestiones deconcentradas en el proceso de impulso al desarrollo económico territorial endógeno. Cada uno de los indicadores generados a continuación, implican, a más de las capacidades locales para cumplir con las obligaciones externas, las de generación de ahorro interno y de la administración de pasivos, elementos determinantes de la gestión local, en el proceso de búsqueda y obtención de financiamiento adicional, a través de la contracción de obligaciones. Balance Primario.- Este indicador mide el esfuerzo de las administraciones seccionales para cubrir además de sus gastos operativos y de inversión, sus compromisos financieros

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derivados de su deuda pública en un período de tiempo determinado. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico: Balance Primario CARCHI AZUAY TUNGURAHUA PICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BABURA ESM ERALDAS COTOPAXI BOLIVAR

0,00

5.000.000, 10.000.000 15.000.000 20.000.00 25.000.00 30.000.00 35.000.00 40.000.00 00 ,00 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. Una vez más, son pocas las administraciones locales capaces de cubrir sus obligaciones financieras en forma sostenida, es el caso de Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y El Oro, en diferentes proporciones, pero sobresaliendo de la media provincial. Es así que Guayas a pesar de su poca capacidad de generación de ingresos propios, cumple, a través de las transferencias con las obligaciones externas contraídas, lo cual implica, que su desarrollo está siendo financiado por el resto de las provincias del país. Los casos preocupantes son los de las provincias de Carchi, Cañar y Bolívar, cuyas capacidades no alcanzan a cubrir en medida alguna sus pasivos externos, circunstancia que pone de manifiesto su falta de gestión, especialmente en la generación de ingresos propios, lo cual permitiría afirmar que su situación financiera dificulta sobremanera sus posibilidades de crecimiento y desarrollo en forma endógena. Ahorro Corriente.- Este indicador muestra la proporción del servicio de la deuda que puede ser cubierto con el ahorro corriente. El ahorro corriente se define como: ingreso corriente - gasto corriente (no incluye el interés). Un elemento clave que condiciona el potencial de pago de la deuda es "la capacidad de ahorro en el tiempo". La fórmula para el cálculo es la siguiente:

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Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico: Ahorro Corriente CARCHI AZUAY TUNGURAHUA PICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM BABURA ESM ERALDAS COTOPAXI BOLIVAR -800,00

-600,00

-400,00

-200,00

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00 1.200,00

1.400,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. A este respecto, la capacidad de los gobiernos locales para cubrir sus pasivos en el corto plazo es aceptable, con excepción de Manabí y Loja, que mantienen niveles de endeudamiento que no pueden ser cubiertos con su capacidad de ahorro. Para las provincias de Carchi y Los Ríos la situación es compleja, toda vez que son incapaces de afrontar inclusive, sus gastos corrientes, clara muestra de mala estructuración presupuestaria, adicionalmente a su deficiente gestión por la generación de ingresos propios. El resto del país mantiene niveles aceptables de cobertura de pasivos, lo cual les permite destinar adecuadamente los recursos tanto recibidos como transferencias, así como los de generación propia. Stock de Deuda.- Este indicador relaciona directamente el pasivo total, que incluye el pasivo de largo plazo y el pasivo de corto plazo o deuda flotante, con el nivel de ingresos de cada gobierno seccional. De acuerdo a la Ley de Responsabilidad Fiscal, este indicador no debería superar el 100%. La fórmula para el cálculo es la siguiente:

Y los resultados obtenidos a nivel provincial, corresponden a los presentados en el siguiente gráfico:

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Stock de Deuda CA RCHI A ZUA Y TUNGURAHUA P ICHINCHA ORELLANA M ORONA SANTIAGO LOS RIOS IM B ABURA ESM ERALDAS COTOP A XI BOLIVAR 0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2004. El nivel de endeudamiento en términos generales para las provincias del país es moderado, sin embargo en Pichincha, Manabí y Loja la situación es diferente, ya que presentan niveles de endeudamiento superiores al 50% de sus presupuestos, a ciencia cierta, afirmando que sus transferencias son menores a las de otras provincias, obligando a sus gestiones institucionales a fondearse en forma externa para cubrir sus necesidades de financiamiento y a comprometer sus recursos futuros para el pago de obligaciones. 3.2.5.A Nivel de Conclusiones Respecto de toda la información presentada, concerniente a las capacidades locales para la generación de desarrollo económico territorial, se puede concluir lo siguiente: 1. La autonomía administrativa financiera que en forma legal se reconoce a los Gobiernos Provinciales, es mero discurso en papel, debida en primera instancia a la alta dependencia de estos organismos respecto de las transferencias realizadas desde el Gobierno Central. 2. La incapacidad legal para la generación de ingresos propios contribuye sobremanera al agudizamiento del problema mencionado en el literal anterior. Entonces, es menester fortalecer las capacidades de gestión de cada gobierno local para la consolidación de una verdadera autonomía de gestión, libre de presiones político financieras. 3. Las capacidades de gestión para el logro del desarrollo endógeno, en el país, se deben a dos vías de acceso: la eficiencia en la capacidad de gasto y endeudamiento externo, mediante sistemas de generación de ingresos sostenidos; ó vía cabildeo político para el incremento de las transferencias percibidas, en perjuicio de la equidad distributiva del presupuesto del Gobierno Central. 4. Existen brechas tan marcadas entre gobiernos locales, que no permiten la inserción global del país, en forma territorial, en procesos de descentralización y

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autonomías, debido a las debilidades evidenciadas en el análisis. Mas bien, estos procesos deberán ser planteados en forma individual, considerando las capacidades territoriales, ó en su defecto a través de esquemas de solidaridad territorial, que permitan cerrar las brechas de polos de desarrollo, tan evidentes en la realidad nacional. 5. Tanto en cuanto, el proceso de descentralización exige la demostración de capacidades locales para asumir competencias, tan necesarias por el fracaso del modelo centralista, es evidente que existen territorios que no están listos ni siquiera para ser gestores de su propio desarrollo económico territorial, tornando en menester la necesidad de fortalecimiento institucional, reorganización administrativo presupuestaria, y, de planificación de largo plazo. Este hecho pone en clara duda la capacidad local para la gestión del desarrollo endógeno. 6. Tal como se ha observado, muchas provincias son subsidiarias del desarrollo de otras, siendo así, no solo es necesario considerar las capacidades locales para el logro de las autonomías, sino que además, debe precautelarse las fuentes de financiamiento de las más fuertes y representativas, en claro perjuicio de las rezagadas, siendo que estas dependerán, por mucho tiempo más, de las transferencias centrales. 7. En este momento no existe una instancia nacional que cumpla con el papel coordinador de las políticas del DET; más aún la legislación vigente ha conferido competencias sobre el territorio a algunos entes ministeriales y a los gobiernos del régimen seccional autónomo. Desde el ámbito de la planificación se considera que el tema del desarrollo territorial debe estar articulado con la planificación nacional; este es el espíritu del Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Planificación que incorpora la temática de desarrollo territorial como un elemento fundamental. En principio se entendería que le corresponde a SENPLADES el marco de la planificación y que sobre esos lineamientos se deberían articular las acciones de gobierno central / seccional / regional. 8. En este momento, la legitimidad de SEMPLADES es mínima, puesto que en la Constitución del 98 se estableció una transitoria que establecía que la Presidencia tenía 90 días para poner en consideración del Congreso Nacional una propuesta de ley para la estructuración del Sistema Nacional de Planificación, sin embargo los Gobiernos de turno han preferido trabajar con una instancia creada mediante Decreto Ejecutivo, lo cual le ha restado legitimidad, a eso se debe su poca convocatoria. En cuanto a herramientas para impulsar los procesos del DET, esta instancia solo cuenta con un sistema de información, sin embargo, se han logrado ciertos acuerdos entre los diferentes niveles de gobierno central / seccional. El rol de facilitación ha permitido convocar a los diferentes actores y contribuir con la generación de instrumentos legales y operativos. 9. El manejo de competencias en el Ecuador se caracteriza por la alta dispersión y discrecionalidad en su manejo, ya que al tener los diferentes niveles de gobierno

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la posibilidad legal de ejercer competencias en temas concurrentes, su manejo resulta absolutamente arbitrario y contradictorio. En general se observan superposiciones y falta de coordinación institucional que no han permitido concertar una política nacional integral y con carácter multisectorial. Por tanto, es urgente acordar las responsabilidades en el manejo de competencias por niveles de gobierno.

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CAPÍTULO IV: DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LA PRÁCTICA INSTITUCIONAL: LO TERRITORIAL (REGIONAL, LOCAL)

LA COGESTIÓN PÚBLICO PRIVADA ANTECEDENTES El paradigma público privado encuentra su punto de partida más significativo durante los años ochenta, cuando la evolución del pensamiento económico, se empieza a cuestionar sobre el rol que el Estado debía asumir, frente a los procesos de impulso al desarrollo económico territorial. Y es durante los años noventa que el escepticismo respecto al rol del Gobierno, se hizo relevante en las políticas, tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo. La política industrial tradicional, proponía la creación de nuevas industrias, utilizando instrumentos tales como el crédito subsidiado, subvenciones estatales, el fortalecimiento de la propiedad pública y la protección industrial. En muchos de los casos, fracasó el cumplimiento de sus objetivos, al crear industrias que no eran competitivas internacionalmente, ó al impulsar el establecimiento de industrias que no eran viables. La política regional tradicional, intentaba atraer empresas y capitales hacia regiones menos avanzadas y fomentar la creación de fuentes de empleo a nivel local. Sin embargo, la mayoría fracasó durante el intento y se dio paso a la creación de un dinamismo endógeno, siendo las industrias dispersas las que crearon conciencia crítica respecto de todos estos procesos. Por ello, el Gobierno debía buscar medidas más eficientes para apoyar, de un modo más directo, a las empresas privadas. Pero debía fomentar la aplicación de medidas genéricas que beneficiasen a todas las industrias por igual, y no polarizar los sectores económico industriales específicos. Es así como se aplicaron medidas aceptables que coadyuvaran a disminuir las fallas de los mercados, sin generar demasiadas oportunidades y distorsiones. Esto obligó a rediseño de las políticas macroeconómicas, lo cual mejoró las condiciones para el impulso de las iniciativas del sector privado, y para el desarrollo en general, especialmente, a partir de las inestabilidades macroeconómicas internas, mismas que junto con las vigentes estrategias de sustitución de importaciones y de sobre regulación, dificultaron el dinamismo del sector privado. Al analizar los resultados propios de los procesos de ajuste estructural, fueron las instituciones locales y regionales las que registraban altos índices de desatención por parte del Gobierno Central, lo cual originó condiciones severas de desempleo, debiendo entre otras cosas, enfrentarse a duros flagelos sociales como la delincuencia, el crimen y el detrimento de sus condiciones de vida.

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En busca del alivio de los problemas latentes, fueron los gobiernos locales y regionales los que comenzaron a posicionar su espacio, originando el deslindamiento del Gobierno Central de sus áreas de política, tanto regional como industrial. De esta forma, han sido los actores locales y regionales, los que han decidido, por sí mismos, impulsar iniciativas propias para estimular el desarrollo económico territorial a escala local. Construyendo experiencias de gran valor para ser implementadas en otros lugares de sus propias territorialidades, iniciando procesos que puedan ser sostenibles por ellos, priorizando, a nivel de estrategia, el involucramiento de la sociedad civil en su conjunto, desde el inicio; buscando equilibrios entre las aportaciones externas (inter territoriales) y las actividades locales (endógenamente). En la construcción de las relaciones público privadas, ha jugado un rol fundamental, la propuesta de utilización a nivel público, de una serie de herramientas desarrolladas para ser utilizadas a nivel empresarial. Durante la década de los noventa, dentro de los esquemas de gestión pública del país, se pusieron de moda los modelos de planificación estratégica, los mismos que emergieron con fuerza como contrapeso a los instrumentos de planificación tradicionalmente utilizados por las regiones y localidades. La utilización de las herramientas de gestión empresarial se unieron a esquemas de planificación participativa, donde los actores sociales no eran más objetos sino sujetos de desarrollo. En la utilización de las herramientas mencionadas, los organismos de desarrollo municipal o provincial llevan ventajas sobre la planificación nacional, puesto que mientras mayor es el contacto con la sociedad, más eficientes demuestran ser los instrumentos mencionados. Los procesos de planificación estratégica del desarrollo local, sustentados en procesos participativos han permitido a los diferentes actores sociales comprender el rol que cada uno cumple en el tramado socioeconómico, cuales son las relaciones que existen y cuales las que deberían existir para transformar las condiciones imperantes. Es decir, los procesos de planificación se han convertido en las instancias de planificación y de concertación para las ciudades y las provincias del país. Actualmente en el Ecuador, la mayoría de municipios y gobiernos provinciales cuentan con planes de desarrollo local y han incorporado la dimensión del desarrollo económico territorial como uno de sus objetivos de intervención. Los sectores económicos, sociales, gremiales, institucionales acuerdan las estrategias, programas y proyectos que les permitan avanzar en la construcción conjunta de la visión territorial. La discusión sobre la institucionalidad que se requiere para materializar la asociación publico – privada, es otra de las novedades a nivel nacional y local, puesto que la transferencia que ha operado desde el Gobierno Central hacia los gobiernos subnacionales, no ha reproducido el esquema de gestión de los Ministerios ó Secretarías de Estado, los mismos que operan con unidades ejecutoras o dependencias, orgánicamente dependientes del Ministerio o del Ministro.

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En este caso, las provincias de Pichincha y Guayas, y a nivel Municipal, los Municipios de Quito, Guayaquil y Cuenca han optado por la creación de fundaciones o corporaciones, que cuentan con directorios en los que las autoridades públicas son solo uno mas de los miembros que cuentan con representación de los sectores económicos, gremiales e institucionales de cada localidad, lo cual da el marco de la asociación y las posibilidades de cada sector de incidir sobre la ejecución de los programas y proyectos. En menor medida las provincias de Tungurahua, Azuay, Loja y Carchi experimentan con la institucionalización de mecanismos de desarrollo económico territorial, que sin llegar aún ha constituirse como Corporaciones, ya son reconocidas a nivel de la sociedad civil, como esfuerzos de asociaciones público privadas, en beneficio del impulso al desarrollo endógeno. A continuación, realizamos un recuento de las principales experiencias. LA EXPERIENCIA DEL DET EN EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EL PLAN GENERAL DE DESARROLLO DE PICHINCHA Durante el año 2000, el H. Consejo Provincial de Pichincha, asume el reto de convertirse en un Gobierno Provincial y con él, la responsabilidad de transformar las actividades a él encomendadas por mandato, en el desarrollo de acciones articuladas que le permitan construir una plataforma para el desarrollo en Pichincha, incorporando en sus áreas de intervención “clásicas” a la salud, la educación, la producción, el arte y la cultura, las vías y el ambiente, entre otros muchos. Para ello, convoca en el primer proceso de planificación participativa descentralizada del país, a más de 3.000 actores de la sociedad civil pichinchana, representantes de todos los sectores de la economía provincial, juntas parroquiales, gremios, colegios profesionales, sector académico, movimientos sociales, ONG´s, políticos, servidores públicos, empresarios, estudiantes etc. Todos ellos, aglutinados en al menos 29 mesas temáticas, participaron en la construcción de la misión y la visión provincial, y diseñaron los mandatos para cada uno de los sectores a los que representaban. Esta suerte de planificación, perseguía como objetivo fundamental, contar con las directrices sectoriales que permitieran el impulso del desarrollo de la Provincia, así como las pautas para el direccionamiento de los recursos provinciales. Así, además del diseño de las estrategias de intervención en cada sector, se seleccionaron los proyectos prioritarios, que garantizarían el cumplimiento de los mandatos ciudadanos en pro del crecimiento económico de Pichincha, y se comprometieron además, participaciones y apoyos que la sociedad civil asumió, para la consolidación de estos proyectos y de su financiamiento para garantizar su continuidad. De esta forma, la provincia de Pichincha, fue la gestora de su herramienta de planificación con un

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horizonte de 20 años, que prevé la continuidad de sus procesos a través del control social y la veeduría ciudadana ejercida por los participantes. Concomitantemente a este proceso, los nueve cantones de Pichincha y sus parroquias y barrios realizaron ejercicios similares auspiciados por el Gobierno Provincial y sus Municipios. Cada uno de ellos, estableció en la misma forma, las directrices de acción para el impulso de su desarrollo, en el marco de lo dispuesto por la Asamblea Provincial. El resultado de este ejercicio, los Planes Cantonales y Parroquiales de Desarrollo, que de igual forma, ponen de manifiesto los proyectos prioritarios y las acciones a desarrollar para impulsar las economías locales. De esta forma, la plataforma para el desarrollo fue establecida por la ciudadanía y su Gobierno tiene ahora en mandato para hacerlas realidad, favoreciendo a este proceso, la asociación público privada emergente y consolidada durante el proceso, el compromiso adquirido por todos sus participantes, y; los procesos de seguimiento y evaluación auspiciados, que permitirán por primera vez, que una población, sea la protagonista de los procesos de rendición de cuentas de un Gobierno Seccional y los demás que a éste le sucedan. AGENDA PROVINCIAL DE PRODUCCION Y COMPETITIVIDAD El Plan General de Desarrollo de la Provincia orienta sus acciones al fortalecimiento de tres ejes fundamentales para la construcción de territorios competitivos y del desarrollo económico local:   

El mejoramiento de la calidad de vida de la población Construcción de infraestructura económica básica Creación de un contexto favorable para el desarrollo de emprendimientos económicos

Las estrategias diseñadas para la consecución de estos fines consensuados, se orientan hacia el mejoramiento de la competitividad de las empresas, el fomento productivo y el apoyo a las actividades innovadoras de alto potencial generador de ingresos. Estas estrategias, son llevadas a cabo mediante la implementación de la Agenda Provincial de Producción y Competitividad de Pichincha; a partir del año 2003, declarado por el GPP el Año de la Producción y la Competitividad. Esta Agenda corresponde al diseño de respuestas y mecanismos concretos correspondientes a lo expresado por mandato ciudadano, durante la Asamblea, en las mesas de concertación correspondientes a Industrias, Ambiente, Agropecuaria, Comercio y Pequeña Industria y Turismo. La Agenda de Producción y Competitividad Provincial, tiene como misión, la generación de espacios de acción entre los actores involucrados en la actividad económica, a fin de dinamizar el aparato productivo provincial. Esta propuesta constituye en un reto

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extraordinario para que el Gobierno Provincial, contribuya con elementos reales, para enfrentar con éxito los retos de la producción y la apertura comercial. En este contexto, y sobre la base de una dinámica de apoyo al fortalecimiento de los sectores rurales de la Provincia, se diseñaron instrumentos de política sectorial enfocados a la intervención en cuatro áreas específicas de la Competitividad y son la Rural, Empresarial, el Financiamiento y la Comercialización. Cada una de estas áreas dispone de programas y proyectos concretos encaminados a la construcción de territorios competitivos en Pichincha. Así los proyectos diseñados para el fortalecimiento de cada una de las áreas se exponen a continuación: COMPETITIVIDAD RURAL: Este componente tiene como objetivo fundamental el facilitar los contextos del área de la producción para el mejoramiento de los factores básicos del desarrollo de la Provincia (recursos humanos, inversión, acceso y transferencia de tecnología, investigación, asociatividad etc.). De esta forma, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, a través de su Dirección de Apoyo a la Producción, se encuentra trabajando en la puesta en marcha de acciones concretas para el logro de la inserción de los pequeños y medianos productores de Pichincha, en condiciones favorables, en las esferas de la producción, la transformación y comercialización de productos de calidad. Los que a continuación se exponen, son las iniciativas desarrolladas: Incubadora de Empresas de Agrupamientos Agroindustriales En este programa, se plantea un esquema de coparticipación y sinergia entre el sector público, el académico, los jóvenes estudiantes de últimos niveles de educación superior o tecnológica y las empresas privadas del ramo de la transformación productiva. Así, el Gobierno de la Provincia, plantea el establecimiento de un espacio físico destinado para la incubación de jóvenes emprendedores interesados en el desarrollo de proyectos y alternativas para el área de la transformación agroindustrial de la producción. La incubadora proporcionará en su seno, un espacio para el aprendizaje y la optimización de las sinergias entre sus incubandos. Así, mediante la asistencia técnica permanente, la capacitación y el aprendizaje conjunto, los jóvenes emprendedores, podrán desarrollar sus proyectos e iniciativas innovadoras amortizando los costos iniciales en los que deberían incurrir al poner una empresa nueva en marcha. El esquema de implementación de esta propuesta, contempla una suerte de asociación entre sectores público y privado, puesto que cada aporte, de acuerdo a cierta especialización institucional, permitirá la obtención de mejores resultados en el tiempo. Por ello, se ha convocado a Universidades, Municipio, Colegios Profesionales, Gremios para diseñar el esquema de coparticipación que haga realidad este proyecto.

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Clusters, Proyectos Asociativos y Redes Productivas En este programa, el Gobierno de la Provincia busca el fortalecimiento de las cadenas productivas a través de la consolidación de esquemas asociativos con cada uno de los participantes de los eslabones de las cadenas. Es decir, mediante la identificación de cada uno de los componentes de una cadena productiva, identificados y formando parte de la estrategia de los clusters, se formulan estrategias de intervención con los involucrados, de esta forma, son los actores los gestores de su propio desarrollo, incrementando su poder negociador, optimizando los recursos el momento de las compras de insumos, capacitándose en tecnologías de última generación, propendiendo a la formación de esquemas de colaboración para la homologación de actividades, para la contratación de esquemas de investigación etc. A su vez, las instituciones locales, tales como Gobierno Provincial, Municipios, Juntas Parroquiales, ONG´s y demás actores, facilitaran los entornos mediante la generación de políticas de fomento productivo, la regulación de precios, la provisión de insumos y ofertas de servicios y todos los componentes necesarios para agilitar y facilitar el acceso de pequeños y medianos productores a ellos. De esta forma, es un esfuerzo conjunto, el sector productivo, visto con integralidad, equidad y solidaridad, estará en capacidad de alcanzar los niveles necesarios para insertar nuestra producción provincial en mercados de calidad, tanto nacional como internacional. Biofábrica de Semillas Esta iniciativa contempla el hecho de reproducir, bajo técnicas modernas e internacionalmente validadas, especies in vitro en peligro de extinción. Paralelamente a ello, esta reproducción de especies, permitirá la reforestación masiva de la Provincia con especies nativas, sin alterar los ecosistemas y garantizando la calidad de las semillas que se comercialicen a precios asequibles, de modo de elevar la calidad de los productos que salgan a los mercados. Este programa de propagación de especies, realizado con la cooperación de Universidades Cubanas, permitirá la obtención de semillas en menores tiempos y costos, de la misma forma que permitirá la capacitación de los productores pichinchanos en la reproducción de especies nativas de nuestra Provincia. Los múltiples beneficios de la puesta en marcha de esta iniciativa, tienen más de un uso ya que Pichincha se beneficiará al contar con un modelo de producción replicable en todos sus cantones, y luego en el país. Abatiendo el constante flagelo vivido por nuestros productores de no contar con semillas certificadas que garanticen, con un manejo adecuado, resultados competitivos de su producción. Adicionalmente a esto, los programas de reforestación se verán fortalecidos por la disponibilidad de especies disminuyendo así costos de introducción de variedades.

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Programa de Producción Orgánica Los esquemas de producción tradicionales han ido mermando la rentabilidad de la actividad agropecuaria, debido principalmente a las tendencias internacionales de consumo y calidad. Para ser alcanzadas, los productores, mediante estrategias orientadas al análisis de la demanda, están conscientes de la emergente necesidad de transformar sus sistemas de producción, incorporando tecnologías limpias, homologando productos, y ampliando ciclos productivos que permitan disponer de ciertas variedades de productos estacionales, durante todo el año. Por ello, una de las estrategias diseñadas es la implementación del Programa de Producción Orgánica en Pichincha. Este programa plantea en su primer año de implementación, una suerte de capacitación masiva a los productores de la provincia. Esquema en el cual, se aprehenderá técnicas y estrategias, así como normativas internacionales de producción limpia de químicos. Sistemas que visualizados desde la integralidad de los sistemas productivos, pueden ser asumidos por pequeñas economías, simplemente optimizando el uso de sus recursos y eliminado significativamente los índices de desperdicio. Uno de los componentes fundamentales para la aplicación de este proceso está estrechamente relacionado con la asociatividad, puesto que en radios no mayores a 3 kilómetros, la producción debe verse libre de químicos y de elementos nocivos. Por ello, y en un esfuerzo por minimizar los costos de esta transferencia de conocimientos, los grupos de productores organizados, estarán en capacidad de enfrentar todos los retos que supone el producir bajo estándares internacionales, y el comercializar bajo las innumerables exigencias de los mercados modernos. Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra Debido a las múltiples demandas ciudadanas surgidas por la problemática planteada al no disponer de títulos de propiedad de las tierras trabajadas, se diseñó el modelo piloto denominado “Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra”. Este programa propone un esquema de intervención eficiente, mediante el cual, se depurarán los instrumentos diseñados para regularizar la tenencia de la tierra en la Provincia. De esta forma, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, determinó dos poblaciones piloto en uno de los cantones más poblados de la Provincia, para validar una estrategia de intervención que en una primera etapa permitirá obtener a más de cuatro mil productores, los títulos de propiedad de sus tierras. Los beneficios obvios de este programa se encuentran estrechamente relacionados con la facilitación de la inserción de los productores en los mercados financieros formales especialmente, además de ello, permite y garantiza el uso adecuado de los predios mediante el posicionamiento del concepto de propiedad, el estímulo a la construcción de viviendas e infraestructuras para la producción y muchos otros esquemas de beneficio para el sector de la producción en Pichincha.

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Para su implementación, se suscribieron convenios con instituciones relacionadas como el INDA, y fundaciones que trabajan en temáticas similares para garantizar el éxito de los resultados del programa, así como del posicionamiento de la metodología y estrategias de acción en los potenciales beneficiarios, que para enfrentar los trámites por su propia cuenta contarán con un sistema de asesoría en toda la Provincia, desarrollado sobre la base de esta primera experiencia piloto desarrollada en dos parroquias de Santo Domingo de los Colorados. Empresas de Economía Mixta Mediante el establecimiento de esquemas de coparticipación mixtos, entre los productores organizados y el Gobierno de la Provincia de Pichincha, es posible la constitución de empresas productivas. De esta forma, la formalización de actividades, así como la constitución de unidades productivas rentables hace posible el mejoramiento de las condiciones de producción. De esta forma, y contando como socio minoritario al Gobierno de la Provincia, los productores de pimienta, palmito y bambú, en esta primera etapa, se encuentran constituyendo unidades empresariales mixtas, mismas que están diseñadas para atender necesidades concretas de mejoramiento de alguna de las ramas de la producción. Claros ejemplos de ello, son las iniciativas de un centro de investigación de variedades de pimienta, que contará con centro de transformación y secado para el mejoramiento de la productividad de la semilla de pimienta. Paralelamente a ello, los palmito cultores se encuentran en etapa de constitución de una empresa transformadora y enlatadora de palmito; y finalmente los productores de caña guadúa y bambú se encuentran en etapa de diseño de una planta transformadora de la materia prima por ellos producida, que genera mayor valor agregado el momento que capacita a todos los productores en esquemas de transformación y comercialización. Los esquemas propuestos plantean el hecho de que el grupo productor mantenga la propiedad del 51% de las acciones de la empresa constituida y el Gobierno de la Provincia el 49%. De esta forma y una vez consolida la empresa, en un período no mayor a cinco años, el GPP, saldrá de la empresa, vendiendo su paquete accionario a los mismos productores. Así las inyecciones de recursos externos para la constitución de empresas rentables provienen del Gobierno Provincial, tornando en viables los proyecto de constitución de las mismas, y dando la oportunidad de contar con esquemas empresariales productivos legalmente constituidos con un socio externo “propio”. Proyecto Integral Noroccidente de Pichincha: El Primer Centro de Servicios de Apoyo a la Producción del Noroccidente de Pichincha Mediante el establecimiento del primer Centro de Servicios Agropecuarios en el Noroccidente de Pichincha, el Gobierno Provincial, ha generado un espacio de interacción entre los componentes de la producción, la capacitación, la transferencia de paquetes tecnológicos validados y la provisión de especies de alta calidad.

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De esta forma, y mediante la implantación de componentes productivos, tales como los que se exponen a continuación, el Cantón Pedro Vicente Maldonado, Recinto al Celica, cuenta con la Hacienda San Marcos, misma donde se desarrollan actividades integradas en las siguientes áreas agrícola, pecuaria, y silvo pastoril, cuyo objeto, a más de constituirse en experiencias validadas para su transferencia, permiten ofertar servicios de capacitación, asistencia técnica, y provisión de semillas entre otros. Los proyectos desarrollados en forma vinculada e integral son los siguientes: • Granja Integral Demostrativa (2ha) con sus componentes propios:           • • • • • • • • • • • • •

Infraestructuras Ganadería Menor (Bovinos, porcinos, pollos, conejos y cuyes) Agricultura bajo cubierta (Hortalizas y plantas medicinales) Piscicultura Frutales Ornamentación Biodigestor de Flujo Continuo Lombricultura Hidroponía Producción de Energías Alternativas

Palmito Investigación de validación de Naranjilla (en convenio con el INIAP) Establos para manejo bovino Sanidad Animal Cultivos Hidropónicos Biodigestor Vivero de Caña Guadúa Bambusario Bosque Secundario (40ha) Vivero Forestal Centro de Servicios de Gestión Empresarial Laboratorio de Primo Diagnóstico Clínica Veterinaria Móvil

De esta forma, se encuentra en marcha y prestando permanente atención a los productores, asociaciones, gremios y establecimientos académicos este Centro de Servicios de Apoyo a la Producción, diseñado bajo los estándares y exigencias de la población del Noroccidente de Pichincha, respetando sus ecosistemas, costumbre y tradiciones productivas, de la misma forma que incorporando novedosos sistemas que permitan ofertar servicios de calidad en la zona de influencia.

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Adicionalmente a esto, el Gobierno de la Provincia se ha planteado la ambiciosa meta de conformar estos modelos en al menos cinco cantones de la Provincia, contando al momento con los diseños para la implementación del segundo eje, Tabacundo – Cayambe. Otros de los programas en marcha, planteados por el Gobierno Provincial son los siguientes: Programa de Mecanización y Transferencia Tecnológica, Centros de Enfriamiento, Programas de Asistencia Focalizada a sectores como el de las Flores, Programas de Aprovechamiento de Recursos Naturales entre otros. COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL: Este componente tiene como objetivo fundamental el de generar contextos favorables para el desarrollo y consolidación de las iniciativas empresariales, de modo de contar con un entorno propicio para el impulso del clima de negocios en la Provincia. Pero el Gobierno Provincial, consciente de las limitaciones propias de la economía Pichinchana, ha generado herramientas para la inserción de la mano de obra en actividades empresariales, iniciativas innovadoras proporcionando una oferta de servicios adecuada a este cúmulo de necesidades que van muy de la mano con el desarrollo de los mercados. Por ello, hoy Pichincha cuenta con una serie de servicios enfocados a la capacitación, asistencia técnica, acceso a tecnologías de última generación, y programas de alto impacto. Los que a continuación se exponen, son las iniciativas desarrolladas y en marcha, en las que actualmente trabaja la Dirección de Apoyo a la Producción: Centros de Gestión Empresarial Estratégicamente ubicados en cinco cantones de la Provincia, los Centros de Gestión Empresarial, prestan servicios a sus poblaciones meta, y facilitan el acceso a tecnologías modernas, y a paquetes tecnológicos e informativos actualizados mediante la página Web [email protected] . Los Centros cuentan con la presencia de profesionales altamente capacitados para brindar asesoría permanente a los beneficiarios que acuden a los establecimientos. En ellos, sen encuentran disponibles computadoras, equipos de impresión, fax y scanner. De la misma forma que Internet. En uso eficiente de estos servicios, los pichinchanos pueden capacitarse en el uso de los equipos de la misma forma, que ser asesorados en el desarrollo de proyectos. Adicionalmente a esto, cada centro está equipado con una sala múltiple para sesiones, capacitaciones e inclusive usos de la comunidad organizada. De esta forma, y de acuerdo al plan de trabajo que mantienen estos centros, se ampliarán los servicios ofertados a la comunidad, poniendo a disposición de sus beneficiarios programas como la Guía del Inversionista, la Bolsa de Empleo, el Programa de Jóvenes Emprendedores de Pichincha entre otros.

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Incubadora de Empresas de Base Tecnológica Con la implementación de esta iniciativa, el Gobierno de la Provincia de Pichincha, en asociación con otras instituciones tales como el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Fundación Esquel, la Corporación Andina de Fomento, varias Universidades de la capital, busca la promoción del nacimiento y consolidación de emprendimientos económicos, sustentados en procesos de investigación y adaptación tecnológica, orientados al desarrollo de productos “apetecidos” en el mercado nacional e internacional. Este proyecto que ha experimentado un gran nivel de avance desde el año anterior, incubando al momento al menos ocho iniciativas innovadoras, y ofertando servicios de asesoría y gestoría en los campos de diseño de proyectos, finanzas, legislación, gerencia entre otros. Adicionalmente a esto, recibe en sus instalaciones a los jóvenes emprendedores que inician su vida empresarial, constituyendo sus empresas, amortizando los costos de capital iniciales para su puesta en marcha. Así, esta suerte de direccionamiento y apoyo, contribuye significativamente no solo al establecimiento de empresas, sino a la reducción del desempleo, a la motivación de nuestros jóvenes, que con ideas innovadoras, buscan oportunidades en un mercado aún castigado por la situación económica generalizada del país. Corporación Provincial Todas las iniciativas y proyectos planteados como alternativas para el impulso al desarrollo de la provincia, en respuesta al mandato ciudadano expresado por los Pichinchanos durante la elaboración del Plan General de Desarrollo, demandan de infraestructuras, recursos y capacidades que requieren de un esquema público privado de coordinación, ágil, eficiente y permanentemente innovativo. Es decir, que los pichinchanos, debemos ser los gestores de nuestro propio desarrollo. Por ello, el Gobierno de la Provincia se encuentra en el proceso de consenso y negociación con las instituciones privadas, públicas, sectores académicos, gremios, colegios profesionales y sociedad civil para constituir la Corporación Provincial, organismo que se encargará de coordinar, gestionar y mantener proyectos de vital importancia para la construcción de territorios competitivos en la Provincia, tales como la Ventanilla Única y el programa de Capacitación Laboral entre otros. La Corporación Provincial, concebida como un organismo autónomo, contará con un Directorio multidisciplinario, constituido por todas las instituciones socias, con presupuesto propio, y en sus inicios, con programas diseñados, mismos que en el tiempo serán sujetos de ampliación y mejoramiento conforme vayan sirviendo a la población de Pichincha.

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FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN Este componente persigue la inserción de los pequeños y medianos productores de la provincia, empresarios y emprendedores en mercados financieros formales, facilitando su acceso mediante la dotación de herramientas reales, instrumentos de fomento financieros y no financieros y esquemas de dotación de recursos diseñados de acuerdo a sus necesidades. Además de ello, persigue la estructuración de esquemas asociativos eficientes para el logro de una comercialización más justa y solidaria, esto mediante la dotación de herramientas como la capacitación desde la producción hasta el manejo poscosecha, la investigación y transferencia tecnológica, y el establecimiento de normatividades que permitan regular las actividades comerciales de los pequeños y medianos productores. De esta forma, se plantean programas y proyectos acordes con las realidades de estos sectores productivos de nuestra economía provincial, diseñados con elementos reales, asequibles y sobre todo rentables, que permitirán su existencia y su cobertura en el tiempo, minimizando los riesgos y brindando oportunidades a los sectores rezagados de las acciones de la banca privada nacional y de los esquemas rígidos impositivos. Las alternativas diseñadas, son las siguientes: Banco Provincial de Desarrollo: Este ambicioso proyecto plantea esquemas innovadores de fomento productivo, financieros y no financieros que persiguen impulsar la producción mediante la generación de instrumentos alternativos de gestión de recursos. Esta iniciativa, que no competirá con la banca privada nacional, se constituirá en una oportunidad para los nichos de mercado desatendidos debido a sus características propias de riesgo, estacionalidad, y de garantías “diferentes” a las exigidas por los rígidos esquemas convencionales de financiamiento. Su esquema de capitalización, cuidadosamente diseñado, permitirá la atención amplia y diferenciada de su población objetivo. Su operatividad, planteada en el marco de la Descentralización, será el puntal para garantizar su cobertura, y el esfuerzo asociativo, planteado como un reto para las instituciones que actualmente trabajan por el desarrollo de la Provincia, permitirá la ampliación de sus servicios. Mercados Regionales: Mediante la promoción del acceso a los mercados a los productores en condiciones de equidad y justo precio a pequeños y medianos productores de la Provincia, se busca generar una suerte de trabajo asociativo entre los actores de las cadenas de producción y comercialización con el objetivo primero de rentabilizar las actividades productivas.

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El establecimiento de estos esquemas mediante la implantación de mercados regionales, estratégicamente ubicados en la Provincia, cuyos actores y manejadores sean los propios productores capacitados, que cuentan con tecnologías adecuadas y productos de calidad, para ofertar productos sanos, que cumplen con las exigencias de los mercados actuales, que optimizan recursos y respaldados con regulaciones justas, que garanticen el justo precio, será posible estimular el aparato productivo, y alcanzar un desarrollo solidario de las economías productivas. De esta forma, el estímulo a todos los actores e intervinientes en las cadenas productivas, lejos de desplazar mano de obra, integran a los agentes en una suerte de asociatividad responsable y solidaria, que se traduce en el beneficio conjunto y equitativo de todos ellos. LA CORPORACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO PRODUCTIVO La Corporación de Fomento Productivo de Pichincha, es una persona jurídica de derecho privado con finalidad social, sin fines de lucro, con sujeción al Título XXIX, del Libro I, del Código Civil Ecuatoriano, a las demás leyes pertinentes de la República del Ecuador y al presente estatuto. Tendrá un plazo indefinido de duración. Los fines primordiales de la Corporación son los siguientes: • • • •

La vinculación de organismos públicos y privados para la búsqueda de consensos y acciones mancomunadas para la implementación de estrategias de fortalecimiento de las capacidades competitivas locales. El impulso a la construcción de un territorio competitivo regional, a través de la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos específicos orientados al fortalecimiento de la capacidad productiva y el asociativismo. La generación de un contexto favorable para los emprendimientos económicos. Desarrollar todas las actividades conexas relacionadas con los propósitos antes señalados. LA EXPERIENCIA DEL DET EN EL MUNICIPIO DE QUITO

El Plan General de Desarrollo Territorial del Distrito Metropolitano de Quito (PGDT) asume una perspectiva y una visión del desarrollo que se sustenta en las definiciones estratégicas del Plan de Desarrollo Integral Quito Siglo XXI. El PGDT es un instrumento para orientar el desarrollo de la región metropolitana, de la ciudad y de sus centros poblados, en el que se establecen las directrices para un uso responsable del territorio con la finalidad de atender las necesidades sociales en el presente, en el futuro y para garantizar la sustentabilidad ambiental. Es por ello que estratégicamente es:  Un Plan anticipatorio, para enfrentar el futuro.  Un Plan sistémico  Un Plan para organizar el territorio

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 Un Plan para desarrollar la territorialidad como ámbito de construcción de identidad y ciudadanía, que afirme un proyecto colectivo para el Distrito.  Un Plan para un desarrollo territorial de calidad.  Es un Plan para garantizar una gestión integral del suelo, en forma programada en el tiempo.  Un Plan para potenciar la articulación, del DMQ al entorno mundial y regional y afirmar la vocación competitiva de Quito y su región, de modo de contribuir al fortalecimiento de un proceso que promueva una inserción real del Distrito Metropolitano de Quito en la economía y cultura del mundo actual. LA ESTRUCTURA TERRITORIAL DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO La estructura territorial que se propone (re)construir en el DMQ mediante el PGDT se sustenta en cinco ámbitos básicos:     

La pluricentralidad. La macro-centralidad. La sustentabilidad. La descentralización. El espacio público.

Proyectos Metropolitanos El Plan prevé la realización de un conjunto de proyectos fundamentales cuya ejecución consolidará la nueva estructura territorial metropolitana para que sea eficiente y competitiva, equitativa, sustentable, segura y gobernable y que consolide a Quito y a su territorio como capital del Ecuador y como centro de carácter internacional: 1. Aeropuerto internacional, zona franca y parque industrial tecnológico. 2. Centro de convenciones (situado en el actual aeropuerto). 3. Ríos orientales (agua, electricidad y protección ecológica). 4. Proyecto sanitario Oyacoto (plantas de tratamiento y desechos sólidos). 5. Recuperación ambiental de los ríos Machángara y Monjas. 6. Corredores de transporte metropolitano. 7. Corredores troncales de transporte urbano. 8. Terminales interprovinciales e interparroquiales de pasajeros. 9. Nueva panamericana (perimetral distrital). 10. Autopista Interoceánica (Quito - nuevo aeropuerto). 11. Vía metropolitana (perimetral urbana). 12. Parque metropolitano y terminal de Ilaló. 13. Reorganización del comercio popular en el Centro Histórico. 14. Reubicación de los centros de Rehabilitación Social ubicados dentro del sector céntrico. 15. Centro Cívico Nacional. 16. Rehabilitación integral de El Panecillo. 90

17. Recuperación de la estación del ferrocarril de Chimbacalle. 18. Estructuración urbana de la avenida Pichincha. 19. Parque de Cotocollao. 20. Terminal de Carga. 21. Central de Transferencia de víveres. 22. Tren turístico Cumbayá - El Quinche. 23. Tren El Recreo - Machachi. Para impulsar su gestión, el DMQ ha creado varias corporaciones entre las que tenemos:    

Corporación de Salud Ambiental de Quito Corporación Metropolitana de Turismo Corporación Aeropuerto y Zona Franca del Distrito Metropolitano de Quito Corporación de Seguridad Ciudadana de Quito LA EXPERIENCIA DEL DET EN EL MUNICIPIO DE GUAYAQUIL

El modelo de gestión de Guayaquil, no incluyó la formulación de un Plan de Desarrollo Local que guié el accionar de las diferentes instituciones, organizaciones y gremios, sino que ha seguido la propuesta realizada por los alcaldes que se han sucedido a lo largo de la última década. Sin embargo, ha coincidido en fundamentar su accionar sobre la estructuración de un esquema de gestión en el cual las fundaciones, con directorios ampliados, han jugado el rol protagónico a la hora de diseñar y ejecutar los grandes proyectos del Municipio de Guayaquil. • • •

•

Fundación Malecón 2000 Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) Terminal Terrestre Fundación Siglo XXI LA EXPERIENCIA DEL DET EN LA CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

La Cámara de Comercio de Guayaquil, es una entidad vigilante del desarrollo del comercio de Guayaquil, en particular y del Ecuador en general, exigiendo la recta y oportuna aplicación de la Ley, cooperando con el interés público en el análisis y discusión de los más importantes asuntos económicos, financieros y sociales, que gravitan en el desarrollo de la Patria y que buscan el bienestar de todos los ecuatorianos. Dentro de sus proyectos prioritarios, definidos como de interés comunitario, su objetivo primordial es contribuir a la reactivación económica del sector comercial y del país, entre ellos se encuentran: •

Construyendo Ventajas Competitivas, Aprender a Emprender, Ventanilla Única de la Agencia de Desarrollo Empresarial, Escuela de Negociadores,

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Centro de Computación para Microempresarios, Corporación Guayaquil, Fondo Capital Riesgo, Agenda para el Desarrollo Social y Económico del Ecuador, Proyecto 3C.COM, Plan casa, Proyecto de Renovación Urbana del Cerro Santa Ana. 1.1.5.LA EXPERIENCIA DEL DET A NIVEL DE PROGRAMAS SECTORIALES Este programa, impulsado por la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, es una buena muestra de cómo esta funcionando la asociación publico privado, puesto que las instituciones relacionadas con la actividad agroproductiva se asociaron para impulsar la creación de un portal que sirviera a los productores como un medio para mantener la comunicación entre los actores público y privados, con los mercados de bienes, servicios e insumos, para lo cual crearon un portal denominado agronegocios.com. A NIVEL DE CONCLUSIONES 1. Los niveles territoriales de impulso al desarrollo económico son los definidos políticamente en la Constitución, es decir, Provincias, Cantones, Parroquias, y de esa forma son distribuidos los recursos presupuestarios desde el Gobierno Central. 2. La articulación que debería darse entre programas de la misma línea de impulso al desarrollo y la competitividad es nula, toda vez que cada provincia, o municipio ha establecido en base a las demandas de sus ciudadanos, plasmada en los Planes de Desarrollo, sus propios programas y proyectos, sin articular ninguna de estas iniciativas a nivel territorial, con otras jurisdicciones, que contando con el know how previo, podrían aportar significativamente a los procesos. En este contexto, es el Gobierno Provincial de Pichincha, el de mayor avance, y el único que ha promocionado la firma de Convenios de Hermandad Territorial, para la transferencia de modelos, pero sin aún poder, efectivamente, erradicar la miope visión de muchas provincias y municipios. 3. Lo anterior nos pone, como nación, bajo la dinámica de un esquema de duplicidad de acciones, y de descoordinación, que lejos de tornarnos eficientes y más competitivos como territorio, nos coloca en situaciones de profundización de brechas sociales inter provinciales e inter cantonales. 4. En este contexto, se establece como prioritario, la construcción, a nivel territorial, de una nueva institucionalidad, que garantice la definición de esa visión integral para el territorio, que coordine las acciones de las diversas instituciones, organizaciones y gremios que conviven en el espacio territorial, que gestione la construcción de la asociación público privada como condición básica para el desarrollo y que ésta sea permanentemente evaluada y retroalimentadas por los actores, verdaderos gestores de los procesos territoriales. En el Ecuador, esta nueva institucionalidad debe ser la de los Gobiernos Provinciales. Surgidos de los antiguos Consejos Provinciales, fortalecidos con la transferencia y gestión de las

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competencias de los Ministerios, y; apoyados por la nueva institucionalidad civil, que articule procesos de veeduría y control social de la gestión local por procesos. 5. Dado que a nivel territorial no tiene sentido reproducir la gestión de competencias sectoriales, sino avanzar sobre la definición de una visión sistémica, es que se propone avanzar en la construcción de competencias territoriales que permitan: la construcción de gobernabilidad, la gestión sostenible y sustentable de recursos y stocks de capital, mejoramiento de la competitividad y el impulso del Desarrollo Humano Sustentable y del cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

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CAPITULO V.

DESDE LO LOCAL: AUTONOMÍA Y POSIBILIDADES DE PROTAGONISMO TERRITORIAL

ESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO En el Ecuador, el Estado esta conformado por los organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, Ejecutiva y Judicial. Los organismos electorales. Los organismos de control y regulación. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la prestación de servicios públicos. En la Constitución Política del Estado (CPE) se establece que las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común. Aquellas instituciones que la Constitución y la ley determinen, gozarán de autonomía para su organización y funcionamiento. En cuanto a su organización, se establece que el territorio del Ecuador es indivisible. Para la administración del Estado y la representación política se establece la existencia de provincias, cantones, parroquias y circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas. En el artículo 225 de la CPE se establece que el Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. Así mismo, que el Gobierno Central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios del régimen seccional dependiente. En el Artículo 226, que las competencias del Gobierno Central podrán descentralizarse, excepto la defensa y la seguridad nacionales, la dirección de la política exterior y las relaciones internacionales, la política económica y tributaria del Estado, la gestión de endeudamiento externo y aquellas que la Constitución y convenios internacionales expresamente excluyan. En virtud de la descentralización, no podrá haber transferencia de competencias sin transferencia de recursos equivalentes, ni transferencia de recursos, sin la de competencias. La descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y tenga capacidad operativa para asumirla. En cuanto a los gobiernos seccionales autónomos, en el artículo 228 de la CPE, se establece que los Gobiernos Seccionales Autónomos serán ejercidos por los Consejos Provinciales, los Concejos Municipales, las Juntas Parroquiales y los organismos que determine la ley para la administración de las circunscripciones territoriales indígenas y afroecuatorianas.

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Los gobiernos provincial y cantonal gozarán de plena autonomía y, en uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones especiales de mejoras. Las provincias, cantones y parroquias se podrán asociar para su desarrollo económico y social y para el manejo de los recursos naturales. Los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de solidaridad y equidad. Los recursos que correspondan al régimen seccional autónomo dentro del Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de conformidad con la ley. En cada provincia habrá un consejo provincial con sede en su capital, conformado con un número de consejeros fijados por la ley, en relación directa con su población; y, desempeñarán sus funciones durante cuatro años. La mitad más uno de los consejeros serán elegidos por votación popular, y los restantes designados de conformidad con la ley por los concejos municipales de la provincia y serán de cantones diferentes a los que pertenezcan los consejeros designados por votación popular. El prefecto provincial es el máximo personero del Consejo Provincial, que lo preside con voto dirimente. Es elegido por votación popular y desempeñará sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constan en la ley. El Consejo Provincial representa a la Provincia y, además de las atribuciones previstas en la ley, promueve y ejecuta obras de alcance provincial en vialidad, medio ambiente, riego y manejo de las cuencas y micro cuencas hidrográficas de su jurisdicción. Debe ejecutar obras exclusivamente en áreas rurales. Cada cantón constituye un Municipio. Su gobierno está a cargo del Concejo Municipal, cuyos miembros son elegidos por votación popular. Los deberes y atribuciones del Concejo Municipal y el número de sus integrantes están determinados en la ley. El Alcalde es el máximo personero del Concejo Municipal, que lo preside con voto dirimente, es elegido por votación popular y desempeña sus funciones durante cuatro años. Sus atribuciones y deberes constan en la ley. El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, puede planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización u otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad. En cada parroquia rural hay una junta parroquial de elección popular. Su integración y atribuciones se determinan en la ley. Su presidente es el principal personero y tiene las responsabilidades y competencias que señala la ley. En la CPE, en el artículo 236 se establece que la ley establecerá las competencias de los órganos del régimen seccional autónomo, para evitar superposición y duplicidad de atribuciones, y regulará el procedimiento para resolver los conflictos de competencias, sin embargo esto esta pendiente de concretarse.

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Adicionalmente, se establece que existirán regímenes especiales de administración territorial por consideraciones demográficas y ambientales. Para la protección de las áreas sujetas a régimen especial, podrán limitarse dentro de ellas los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar al medio ambiente. La ley normará cada régimen especial. Los residentes del área respectiva, afectados por la limitación de los derechos constitucionales, serán compensados mediante el acceso preferente al beneficio de los recursos naturales disponibles y a la conformación de asociaciones que aseguren el patrimonio y bienestar familiar. Este es el caso de la Islas Galápagos. En el artículo 242 de la CPE, se establece que la organización y el funcionamiento de la economía responderán a los principios de eficiencia, solidaridad, sustentabilidad y calidad, a fin de asegurar a los habitantes una existencia digna e iguales derechos y oportunidades para acceder al trabajo, a los bienes y servicios: y a la propiedad de los medios de producción. Como objetivos permanentes de la economía se establecen: 1.El desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y democráticamente participativo. 2.La conservación de los equilibrios macroeconómicos, y un crecimiento suficiente y sostenido. 3.El incremento y la diversificación de la producción orientados a la oferta de bienes y servicios de calidad que satisfagan las necesidades del mercado interno. 4.La eliminación de la indigencia, la superación de la pobreza, la reducción del desempleo y subempleo; el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, y la distribución equitativa de la riqueza. 5.La participación competitiva y diversificada de la producción ecuatoriana en el mercado internacional. En el artículo 244 de la CPE, se establece que dentro del sistema de economía social de mercado al Estado le corresponderá: 1.Garantizar el desarrollo de las actividades económicas, mediante un orden jurídico e instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza. Las actividades empresariales pública y privada recibirán el mismo tratamiento legal. Se garantizarán la inversión nacional y extranjera en iguales condiciones. 2.Formular, en forma descentralizada y participativa, planes y programas obligatorios para la inversión pública y referenciales para la privada. 3.Promover el desarrollo de actividades y mercados competitivos. Impulsar la libre competencia y sancionar, conforme a la ley, las prácticas monopólicas y otras que la impidan y distorsionen. 4.Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y regularlas y controlarlas en defensa del bien común. 5.Crear infraestructura física, científica y tecnológica; y dotar de los servicios básicos para el desarrollo. 6.Emprender actividades económicas cuando lo requiera el interés general.

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7.Explotar racionalmente los bienes de su dominio exclusivo, de manera directa o con la participación del sector privado. 8.Proteger los derechos de los consumidores, sancionar la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad. 9.Mantener una política fiscal disciplinada; fomentar el ahorro y la inversión; incrementar y diversificar las exportaciones y cuidar que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del país. 10.Incentivar el pleno empleo y el mejoramiento de los salarios reales, teniendo en cuenta el aumento de la productividad, y otorgar subsidios específicos a quienes los necesiten. En el artículo 245 de la CPE, se proclama que la economía ecuatoriana se organizará y desenvolverá con la coexistencia y concurrencia de los sectores público y privado. Las empresas económicas, en cuanto a sus formas de propiedad y gestión, podrán ser privadas, públicas, mixtas y comunitarias o de autogestión. El Estado las reconocerá, garantizará y regulará. Así mismo, en el artículo 246, se establece que el Estado promoverá el desarrollo de empresas comunitarias o de autogestión, como cooperativas, talleres artesanales, juntas administradoras de agua potable y otras similares, cuya propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad o a las personas que trabajan permanentemente en ellas, usan sus servicios o consumen sus productos. Es responsabilidad del Estado la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar. Podrá prestarlos directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual, de acuerdo con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones. El Estado garantizará que los servicios públicos, prestados bajo su control y regulación, respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad; y velará para que sus precios o tarifas sean equitativos. En el artículo 251 de la CPE se establece que los gobiernos seccionales autónomos, en cuyas circunscripciones territoriales se exploten e industrialicen recursos naturales no renovables, tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado. La ley regulará esta participación. Podrán constituirse puertos libres y zonas francas, de acuerdo con la estructura que establezca la ley. En el artículo 254 de la CPE, se establece que el sistema nacional de planificación establecerá los objetivos nacionales permanentes en materia económica y social, fijará metas de desarrollo a corto, mediano y largo plazo, que deberán alcanzarse en forma descentralizada, y orientará la inversión con carácter obligatorio para el sector público y referencial para el sector privado. Se tendrán en cuenta las diversidades de edad, étnico culturales, locales y regionales y se incorporará el enfoque de género. El sistema nacional de planificación estará a cargo de un organismo técnico dependiente de la Presidencia de

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la República, con la participación de los gobiernos seccionales autónomos y de las organizaciones sociales que determine la ley. En los organismos del régimen seccional autónomo podrán establecerse departamentos de planificación responsables de los planes de desarrollo provincial o cantonal, en coordinación con el sistema nacional. En el artículo 34 de la Ley de Modernización del Estado (LME), se establece que son competencias del Concejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas de descentralización que tiene por objeto la delegación del poder político, económico, administrativo o de gestión de recursos tributarios del gobierno central a los gobiernos seccionales, en coordinación con la Asociación Nacional de Municipalidades AME y con el Consorcio de Consejos Provinciales CONCOPE, en lo que sea pertinente. Así mismo coordinar, supervisar y controlar la ejecución de las políticas de desconcentración cuya finalidad es transferir funciones, competencias, tributos y responsabilidades administrativas y de gestión tributaria del gobierno central a sus propias dependencias provinciales. Así mismo, en el artículo 35, se establece que cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado deben dictar acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común. Los ministerios de Estado o los titulares de las entidades públicas, podrán disponer el traslado de los funcionarios que consideren conveniente, cumpliendo las obligaciones previstas en la Ley, para atender las necesidades de las respectivas zonas geográficas. En el artículo 4 de la Ley de Descentralización y Participación Social (LDYPS), se establece que la descentralización del Estado y la participación social tienen como finalidades principales: a. Lograr equidad en la participación y distribución de los recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero del Estado y especialmente de la Función Ejecutiva hacia los gobiernos seccionales autónomos, organismos de desarrollo regional y organismos seccionales dependientes, contribuyendo así a la eficiencia en la prestación de servicios públicos en favor de la comunidad; b. Incentivar las iniciativas y fortalecer las capacidades locales para consolidar una gestión autónoma eficiente, entre otros medios, a través de la planificación y prestación adecuada de servicios públicos a la comunidad respectiva; c. Definir las relaciones y responsabilidades entre la Función Ejecutiva y los gobiernos seccionales autónomos, en cuanto a las áreas de servicio a la comunidad, a fin de optimizar la utilización de los recursos y servicios, y evitar la superposición de funciones; d. Fomentar y ampliar la participación social en la gestión pública así como 98

promover la autogestión de las fuerzas sociales comunitarias; e. Transformar integralmente la organización administrativa y financiera del Estado y de las instituciones del sector público; así como redistribuir con justicia sus servicios y recursos financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, a efectos de incrementar los niveles de eficacia, agilidad y productividad en la administración de las funciones a su cargo; y, f. Fortalecer prioritariamente a las instituciones del régimen seccional autónomo, a través de la transferencia definitiva de funciones, facultades, atribuciones, responsabilidades y recursos que les permitan satisfacer de manera próxima y eficiente las demandas de la comunidad, sobre todo en la prestación de servicios públicos. En el artículo 9 de la LDYPS, se establece la obligatoriedad de la Función Ejecutiva para transferir definitivamente a los municipios las funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que se detallan a continuación: a)Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar programas integrales de salud, nutrición y seguridad alimentaria para su población, con énfasis en los grupos de mayor riesgo social, garantizando la participación activa de la comunidad, de las organizaciones de salud formales y tradicionales, y de otros sectores relacionados; b)Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física de los servicios de atención primaria de salud garantizando la aplicación de las normas de bioseguridad; c)Construir, dotar, equipar y mantener la infraestructura física en los establecimientos educativos en los niveles preescolar, primario y medio; d)Coadyuvar a la preservación y conservación de los bienes patrimoniales culturales y naturales en coordinación con los organismos competentes y en función de las políticas correspondientes y de acuerdo con la Ley de Patrimonio Cultural; e)Construir, dotar, mantener y equipar instalaciones deportivas, de educación física y de recreación; f)Controlar, conservar y administrar puertos y muelles fluviales no fronterizos; g)En coordinación con el respectivo Consejo Provincial de Tránsito, los municipios podrán planificar, regular, supervisar y tomar acciones correctivas, respecto de la calidad de servicio que prestan los medios de transporte público de carácter cantonal e intercantonal, con excepción de las competencias previstas en leyes especiales que se refieren a esta materia. La Policía Nacional ejercerá el control del tránsito vehicular y el transporte terrestre de conformidad con la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y su Reglamento, con la misma excepción antes señalada; h)Planificar, ejecutar y administrar programas de vivienda de interés social urbano marginal y rural, de acuerdo con las políticas nacionales que se dicten al respecto; i)Controlar, preservar y defender el medio ambiente. Los municipios exigirán los estudios de impacto ambiental necesarios para la ejecución de las obras de infraestructura que se realicen en su circunscripción territorial; j)Velar y tomar acción para proteger la inviolabilidad de las áreas naturales delimitadas como de conservación y reserva ecológica;

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k)Administrar el catastro rural cantonal con sujeción a las disposiciones legales vigentes; l)Fortalecer la planificación, ejecución, control y evaluación de proyectos y obras de saneamiento básico; m)Construir, mantener y administrar caminos vecinales al interior de los respectivos cantones; n)Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar en el respectivo cantón las actividades relacionadas con el turismo; y, o)Las demás que le correspondan conforme a la Ley. Así mismo, en el artículo 10 de la LDYPS, se establece la obligatoriedad de la Función Ejecutiva para transferir definitivamente a los consejos provinciales funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, para el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades que se detallan a continuación: a)Construir, mantener y administrar caminos vecinales y carreteras en el ámbito provincial; b)Coordinar las gestiones de los diferentes municipios y mancomunidades en cada provincia y dirimir las controversias entre éstos en los casos que señale la Ley; c)Los consejos provinciales conjuntamente con las empresas eléctricas promoverán el desarrollo de proyectos hidroeléctricos; d)Planificar, ejecutar y coordinar con la comunidad programas de desarrollo rural integral en el ámbito de su competencia; e)Prevenir, evitar y solucionar los impactos ambientales negativos que se puedan producir o se produzcan por la ejecución de proyectos de vialidad llevados a cabo en el ámbito provincial respectivo; f)Construir, mantener y operar canales de riego en coordinación con las entidades competentes en función de la materia así como desarrollar proyectos productivos en aquellas provincias en que no cumplan estas actividades los organismos de desarrollo regional; g)Construir locales escolares, excepto en la zona urbana de la capital de la provincia; y, h)Las demás que le correspondan conforme a la Ley. El Plan Nacional de Descentralización, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 1616. RO No. 365 de 10 de julio del 2001, establece entre sus objetivos finales: Mejorar la provisión de servicios en calidad y cantidad, con la modernización del Estado, un nuevo diseño institucional representativo y sostenible, con reducción de costos administrativos y una cercanía entre las autoridades elegidas y los ciudadanos; Crear nuevas condiciones de relación entre los distintos sectores territoriales del país, sobre la base de la paulatina superación de las enormes diferencias regionales, la distribución más equitativa de los recursos, el impulso de formas de interrelación e integración regionales y la aplicación de políticas y programas generales que armonicen al país; Profundizar la democracia motivando la participación de los ciudadanos en las decisiones 100

y las políticas de sus comunidades, y transformando las condiciones de relación entre representación política y participación social. El siguiente cuadro resume competencias y dimensiones por niveles de gobierno en el tema de DET. Federales / Unitarios Nacional

P l a n i f i c a Infraestructura económica básica Vías Comunicaciones Energía Ordenamiento territorio y uso suelo Fomento productivo Investigación y Des. Tecnológico Capacitación y empleo Asociatividad Financiamiento Concertación público-privada Sist. de Información productiva Desarrollo de Cadenas Productivas Política de Turismo Promoción exportaciones Atracción de inversiones Mejoramiento de la competitividad Competencias más “tradicionales” (opcional) Agua potable y saneamiento Educación y salud Vivienda y otros Nomenclatura sugerida en el ejemplo: A: Competencia predominantemente autónoma C: Competencia predominantemente compartida X: Sin el detalle de la competencia

A A A A A A A A A A A A A A A A C

F i n a n c i a A A A A A A A A A A A A A A A A C

Regional

P l O a p n e i r f a i c a A A A A A A A A A A A A A A A A C

C C C A C C C C C C A A C C C A C

F i n a n c i a C C C A C C C C C C A A C C C A C

Local

P l O a p n e i r f a i c a A C A A A A A A C C A A C C C A C

C C C A C C C C C C A A C C C A C A A A A C C C C A A A C C A C

F i n a n c i a C C C A C C C C C C A A C C C A C A C C

O p e r a

C C C A A A A A C C A A C C C A C A C A

La capacidad de los Gobiernos Seccionales Autónomos para gestionar sus recursos presupuestales y financieros, provienen de la facultad establecida en el artículos 231 de la CPE, que señala que los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos 101

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de solidaridad y equidad. Los recursos que correspondan al régimen seccional autónomo dentro del Presupuesto General del Estado, se asignarán y distribuirán de conformidad con la ley. La asignación y distribución se regirán por los siguientes criterios: 1.Número de habitantes. 2.Necesidades básicas insatisfechas. 3.Capacidad contributiva. 4.Logros en el mejoramiento de los niveles de vida, y. 5.Eficiencia administrativa. La entrega de recursos a los organismos del régimen seccional autónomo debe ser predecible, directa, oportuna y automática. Están bajo la responsabilidad del ministro del ramo, y se hace efectiva mediante la transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las entidades correspondientes. La proforma anual del presupuesto general del Estado determina obligatoriamente el incremento de las rentas de estos organismos, en la misma proporción que su incremento global. Los recursos para el funcionamiento de los organismos del gobierno seccional autónomo están conformados por: 1. Las rentas generadas por ordenanzas propias. 2. Las transferencias y participaciones que les corresponden. Estas asignaciones a los organismos del régimen seccional autónomo no podrán ser inferiores al quince por ciento de los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. 3. Los recursos que perciben y los que les asigne la ley. 4. Los recursos que reciban en virtud de la transferencia de competencias. 5. Se prohíbe toda asignación discrecional, salvo casos de catástrofe. En el Ecuador, no existen predeterminaciones para la utilización de los recursos que se generan tanto por autogestión como por transferencias. Cada organismo del Régimen Seccional Autónomo, en uso de la autonomía establece libremente el uso de los recursos. La única limitación a la utilización de los recursos de transferencia esta dado por el techo para el gasto corriente, el mismo que no puede exceder el 30%, teniendo que para el 2009 no podrá exceder el 20%. El siguiente cuadro contiene la información de ingresos a nivel subnacional y permite darse una idea de las capacidades financieras locales / regionales y niveles de autonomía o dependencia para impulsar procesos de DET.

FINANZAS TERRITORIALES

102

INGRESOS PROPIOS SOBRE INGRESOS TOTALES

REGION

Provincia \ Año El Oro Esmeraldas

COSTA

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

29.08

23.93

29.02

30.53

25.12

20.75

17.72

18.07

13.07

29.84

33.98

8.86

3.57

7.01

7.67

13.48

8.93

9.18

22.31

15.99

40.46

40.46

42.31

43.12

34.79

34.03

19.93

Guayas

49.11

Los Ríos

8.96

Manabí Azuay Bolívar

7.86

Cañar

SIERRA

61.66 10.62

14.14

12.23

8.79

24.92

19.37

15.37

12.74

17.11

13.39

17.08

14.34

13.44

22.46

24.19

19.48

10.11

20.79

10.34

11.62

35.17

34.2

43.18

39.72

37.53

42.68

38.92

41.71

51.26

26.31

7.04

8.23

8.02

7.97

9.01

13.41

9.69

15.03

15.51

15.09

9.44

11.64

9.44

10.76

7.71

10.61

9.58

10.55

10.91

19.49

Carchi

17.01

9.37

10.06

8.19

11.86

13.19

20.92

18.82

23.22

30.26

24.99

Chimborazo

26.48

23.22

24.54

26.45

23.67

27.44

28.32

25.25

20.89

28.64

26.21

Cotopaxi

18.73

17.88

23.8

21.78

18.05

23.14

20.3

28.34

28.01

26.45

22.56

Imbabura

26.34

37.81

30.29

26.57

22.82

21.61

22.76

27.92

33.34

33.09

33.07

9.33

11.73

13.61

18.65

22.81

19.53

27.01

40.83

38.41

39.91

31.67

Pichincha

42.81

43.03

38.43

43.72

36.99

38.41

39.53

47.63

55.58

52.17

38.11

Tungurahua

31.64

28.61

30.12

27.33

25.73

32.04

34.57

46.73

38.91

38.21

32.86

6.71

7.11

6.25

10.05

11.27

14.19

16.12

8.53 7.32

Loja

Morona Napo

7.56 6.37

9.06

8.14

4.94

6.75

11.97

10.84

12.37

11.46

12.28

11.36

26.08

10.13

8.21

8.01

9.83

10.17

14.21

13.54

16.67

7.49

Orellana

8.41

11.11

25.63

14.25

18.83

18.08

27.91

6.51

20.11

18.35

15.28

Pastaza

11.11

10.17

11.02

12.51

13.11

10.85

14.78

12.92

17.73

20.25

15.63

Zamora

5.97

5.62

6.19

6.75

8.61

7.37

8.73

8.58

7.71

8.21

7.42

24.94

26.28

28.61

44.88

52.33

40.21

51.42

52.26

47.06

21.19

20.82

RECURSOS AUTOGESTION

18.52

18.34

20.99

18.83

20.25

20.61

22.82

23.74

24.71

25.14

20.35

TRANSFERENCIAS

81.48

81.66

79.01

81.17

79.75

79.39

77.18

76.26

75.29

74.86

79.65

AMAZONIA

INSULAR

Nueva Loja

Galápagos

Fuente: INFOPLAN 2

A Modo de Conclusiones En el Ecuador, las autoridades de todos los niveles de gobierno son de elección popular y tienen mandatos con una duración de cuatro años. En general, la situación política e institucional del gobierno nacional atenta a la formulación de programas, proyectos y estrategias de intervención de mediano y largo plazo, mientras que a nivel de los gobiernos seccionales autónomos se observa una gran estabilidad, existen alcaldes y prefectos que se han reelegido por cuatro ocasiones consecutivas, contando con el marco político e institucional para impulsar procesos de desarrollo económico territorial de corto, mediano y largo plazo. Pese a que el marco normativo y regulatorio favorece el desarrollo del DET, a nivel 103

practico, en los ministerios y en los órganos de gobierno central, existe un desconocimiento casi total sobre la definición y práctica del DET, por tanto, la ausencia general de estrategias que favorezcan este tipo de iniciativas. A nivel territorial, tanto los Consejos Provinciales como los Municipios, están desarrollando iniciativas en el DET, como respuesta a las demandas de los ciudadanos y de las instituciones locales, y sustentados en los Planes de Desarrollo Provincial y Cantonal, pero totalmente aislados de las políticas y estrategias nacionales, que siguen privilegiando el enfoque sectorial, en detrimento del territorial. Otra de las características del proceso radica en la creciente asociación entre los sectores públicos y privados, en procura de impulsar este tipo de iniciativas. A nivel territorial, el grado de autonomía fiscal y financiera en la provisión de bienes públicos locales, difiere de manera significativa entre Consejos Provinciales y Municipios, así como entre los Municipios Capitales de Provincias y los que no lo son, marcando serias diferencias que ahondan las brechas económicas y de desarrollo entre territorios. En general, encontramos que los Municipios tienen mayor capacidad de generar recursos por autogestión que los Consejos Provinciales, ya que en promedio, el nivel de autonomía de estos no rebasa el 10%, mientras que los municipios llegan a casi al 50% (circunstancias establecidas en la Ley – posibilidades de generación de recursos propios). Los gobiernos del régimen seccional autónomo, vienen impulsando iniciativas enfocadas al impulso de las condiciones de competitividad territorial, mediante el mejoramiento de la calidad de los servicios básicos, desarrollo de la infraestructura de apoyo económico en vías, electrificación, comunicación, desarrollo de puertos, aeropuertos, etc. Y el establecimiento de un clima que favorezca a la consolidación de iniciativas y emprendimientos. En forma adicional, los gobiernos locales han venido asumiendo competencias, sin contar con el proceso de transferencia efectiva de ellas, menos a{un con recursos de contraparte por el lago del Gobierno Central, en áreas como la educación, salud, sistemas de información y transferencia tecnológica, capacitación y micro financiamiento – en forma incipiente – que les permitirán, en el largo plazo, hacer efectivos los procesos nacidos de las demandas ciudadanas. Un campo en auge de desarrollo es el trabajo que con jóvenes y nuevos profesionales se ha apoyado a través de los Gobiernos Locales en pro del fomento al desarrollo económico territorial. Es así que, proyectos de fomento, incubadoras de empresas, microcréditos para emprendimientos, foros de participación y espacios de diálogo hoy son fuertemente promocionados, como parte de una política integral de apoyo y de inserción de la población más joven al ámbito laboral seccional. A pesar del enorme movimiento migratorio del país, y al flagelo social de la migración, los gobiernos nacional y local, aún no han posicionado herramientas ágiles y adecuadas

104

para la canalización de divisas que por este hecho, se suman a las cuentas nacionales. De igual forma, no existen aún, iniciativas que prevean la reincorporación de compatriotas a las actividades productivas nacionales, siendo que el campo (nivel local), principalmente, ha sido abandonado por la falta de programas de rentabilización de actividades productivas. Es decir, que las posibilidades de desarrollo endógeno, se ven claramente limitadas por la falta de intervención integral y articulada de los organismos nacional y local, sumado a ello, las imposibilidades de mejoramiento presupuestario, y los candados legales impuestos para la generación de ingresos propios en las provincias del país. Estos hechos, en su conjunto, dificultan el verdadero despegue de los territorios, haciendo del Desarrollo Económico Territorial una práctica poco accesible para los beneficiarios finales del Ecuador.

105

CAPITULO VI.

SISNTESIS E INTERPRETACION GENERAL DEL CASO

En lo que se refiere al análisis respecto del proceso y posicionamiento del Desarrollo Económico Territorial en el país, a lo largo de la década de los noventa, podemos afirmar que su evolución ha sido lenta, y se ha posicionado territorialmente en diferentes niveles gubernamentales (provincias y cantones) sin mostrar mayores niveles de articulación, y sin aún estar respaldado por un proceso de descentralización y autonomías que lo validen y permitan reconocer su injerencia y beneficio en el general del sistema, por ello, y en el marco de la evidencia mostrada, se llega a las siguientes conclusiones: 1. Sí hay evidencias acerca de la existencia de un discurso público favorable al DET. 2. La continuidad de los planes, dada por cada uno de los Gobiernos de turno, se ha visto afectada por dos ámbitos claros; el primero, consiste en que cada gobernante ha elaborado su propio plan de acción en función de sus intereses partidistas; y, el segundo consiste en la temporalidad de cada administración. Entonces, no existe una verdadera dinámica gubernamental que haya garantizado la continuidad de las políticas de estado, en beneficio de la construcción de un proceso de desarrollo económico territorial sostenido en el país durante la década analizada 3. La consistencia entre lo que plantea la teoría y la literatura sobre DET y el diseño especifico de políticas de DET, en el caso del Ecuador, no se puede constatar, debido a que no existen políticas nacionales ni específicas a nivel territorial sobre desarrollo económico. Lo que se observa, son esfuerzos aislados y autogestionarios de impulsar el tema, sin responder a una política o estrategia nacional. 4. En el Ecuador, el universo sectorial e institucional que se definen como parte de sus políticas de DET, está dado por los niveles de gobierno definidos en la Constitución, estos son: Provincia, Cantón, Parroquia y Circunscripción Territorial Indígena y/o Afroecuatoriana. 5. Los marcos legales y de asignación de recursos, para el caso Ecuatoriano, se constituyen en verdaderos limitantes de los procesos de Desarrollo Económico Territorial, haciendo de los programas establecidos para el despegue de la competitividad, esfuerzos aislados que derivan en acciones puntuales que no alcanzan a ser reconocidas en el marco de la articulación de políticas desde el Gobierno Central. 6. Es evidente que en el país, existen territorios que no están listos ni siquiera para ser gestores de su propio desarrollo económico territorial, tornando en menester la necesidad de fortalecimiento institucional, reorganización administrativo presupuestaria, y, de planificación de largo plazo. Este hecho pone en clara duda la capacidad local para la gestión del desarrollo endógeno.

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7. En este momento no existe una instancia nacional que cumpla con el papel coordinador de las políticas del DET; más aún la legislación vigente ha conferido competencias sobre el territorio a algunos entes ministeriales y a los gobiernos del régimen seccional autónomo. 6. Se establece como prioritario, la construcción, a nivel territorial, de una nueva institucionalidad, que garantice la definición de una visión integral para el territorio, que coordine las acciones de las diversas instituciones, organizaciones y gremios que conviven en el espacio territorial, que gestione la construcción de la asociación público privada como condición básica para el desarrollo y que ésta sea permanentemente evaluada y retroalimentadas por los actores, verdaderos gestores de los procesos territoriales. En el Ecuador, esta nueva institucionalidad debe ser la de los Gobiernos Provinciales. Surgidos de los antiguos Consejos Provinciales, fortalecidos con la transferencia y gestión de las competencias de los Ministerios, y; apoyados por la nueva institucionalidad civil, que articule procesos de veeduría y control social de la gestión local por procesos. 7. Dado que a nivel territorial no tiene sentido reproducir la gestión de competencias sectoriales, sino avanzar sobre la definición de una visión sistémica, es que se resalta además, la necesidad de avanzar en la construcción de competencias territoriales que permitan: la construcción de gobernabilidad, la gestión sostenible y sustentable de recursos y stocks de capital, mejoramiento de la competitividad y el impulso del Desarrollo Humano Sustentable y del cumplimiento de los Objetivos del Milenio. gal/

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