Documento De Financiacion Y Canastas De Gratuidad

DESFINANCIACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA Y NECESIDAD DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE GRATUIDAD. La exclusión de la educación por razones socioeconómicas es una realidad en Colombia, muchos niños y niñas no asisten a la escuela porque sus familias no pueden sufragar las cuotas que cobra el sistema escolar público, o bien, por los costos asociados a tener sus hijos en el colegio. Actualmente hay en Colombia más de millón y medio de niños y niñas entre los 5 y 17 años que se encuentran completamente excluidos del sistema educativo (12% del total de la población). Según la Encuesta de Calidad de Vida 2003, la principal razón que tiene la población en edad escolar para no estudiar es la falta de recursos y los costos educativos que las familias deben sufragar (46% de los encuestados). De acuerdo a las investigaciones adelantadas en Colombia sobre el gasto de Bolsillo de la Familias y la canasta educativa, se ha calculado que el monto asociado a enviar un niño o niña a la escuela pública, corresponde a un promedio de 700 mil pesos por estudiante al año, teniendo en cuenta los costos exigidos por las escuelas públicas (Derechos Académicos, servicios educativos –carnet, sistematización, boletines de notas seguro estudiantil, uniforme, alimentación escolar, útiles escolares, transporte escolar). Esto resulta aún más oneroso para familias que tienen más de un hijo o hija que en esta medida ven multiplicadas las erogaciones monetarias para poder acceder al sistema escolar. En efecto, Colombia es el único país de América Latina que avala en su legislación y desde la misma Constitución el cobro de cuotas escolares a las familias en la educación primaria (Matricula y Pensiones), contraviniendo pactos internacionales que señalan la gratuidad como componente irrenunciable del Derecho a la Educación (PIDESC y Declaración de San Salvador). Hoy en casi todas las escuelas públicas se cobran cuotas escolares, con el pretexto de que quienes tienen capacidad de pago deben aportar a la financiación de las instituciones escolares, haciendo caso omiso a las recomendaciones que organismos internacionales como Naciones Unidas1 y el Ministerio Publico, han hecho respecto a la negación del acceso y la permanencia en el sistema educativo de muchos niños y niñas cuyas familias de escasos recursos no tienen el dinero para el pago de estos costos 2. De acuerdo a una investigación realizada por la Corporación Región en una zona marginal de Medellín, una familia promedio debería dedicar cerca del 61% de sus ingresos anuales para cubrir los costos asociados a enviar sus hijos a la escuela, lo que es totalmente imposible en una estructura de gasto familiar donde la dedicación a alimentación equivale al 50% del ingreso y los servicios públicos a un 31% adicional. En consecuencia, ante tales costos prohibitivos, las familias se ven en la penosa decisión de elegir cual de sus hijos van a estudiar o bien, no enviar a ninguno a la escuela.

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Cita de la Relatoría Cita de la Procuraduría

Detrás de esta política de cuotas escolares y traslado de los costos de la educación al bolsillo de las familias, lo que existe es una desfinanciación creciente de la educación pública por parte del Estado, que ha sido operada como política de ajuste fiscal de los últimos gobiernos. En este sentido, mientras que según estándares internacionales se ha expresado que la disposición mínima de recursos para la educación en un país en desarrollo debería ser del 6% del PIB y de un 20% del presupuesto nacional, en Colombia el gasto público en educación financiado por el Gobierno central es apenas del 3,8% del PIB, equivalente a un 10% del presupuesto nacional, lo que muestra un déficit de por lo menos un 50% de la financiación requerida. Como lo muestra el siguiente gráfico, durante más de 18 años, el aumento del gasto público en educación ha sido marginal y ha crecido de manera muy lenta, incluso hasta estancarse. Por su parte, el gasto de las familias se ha mantenido cercano al 30% del gasto total en educación.

Diversas investigaciones han evidenciado esta situación. Varios estudios de costos han demostrado que el monto mínimo por estudiante que debería ser asignado para el sostenimiento del servicio educativo público, teniendo en cuenta componentes como la construcción y mantenimiento de la infraestructura educativa, la dotación, la nómina y formación docente, la alimentación y el transporte escolar así como la administración y los sistemas de Información, corresponde a una suma que oscila entre 1´400.000 y 2 ´100.000 anual, dependiendo del sistema de costeo utilizado. Hoy en día el Gobierno asigna del presupuesto nacional (Sistema General de Participaciones) menos de un millón de pesos por estudiante al año, lo que muestra que entre un 40 y un 60% del gasto requerido por niño o niña para la realización del Derecho a la Educación, está desfinanciado.

Fuente Conpes 97, 107 y 112

Indicador SGP Educación ($Millones corrientes)

2006 $ 9,211,119

2007 $ 9,854,055

2008 $ 10,919,753

Encuesta C-600

Matrícula(1)

10,452,114

10,552,261

ND

Resolución 166

Matrícula(2)

10,720,493

11,043,845

11,110,783

DANE

Población 5-17 años

11,534,873 $ SGP/ Mat(1) 881,269 $ Per cápita SGP/ Mat(2) 859,207 $ SGP/ Pob 798,545 * Proyección MEN c on base en matrícula a junio 30 de 2008

11,529,892 $ 933,834 $ 892,267 $ 854,653

11,502,416 ND $ 982,807 $ 949,344

Una investigación sobre el presupuesto público en educación, llevada a cabo por la Corporación Mujeres y Economía para 5 municipios de muy diverso tamaño y población, muestra que la asignación percápita apenas alcanza para cubrir los costos de la nómina docente, quedando desfinanciados los demás rubros relativos formación docente, transporte escolar, equipos y materiales, mantenimiento y construcción de la infraestructura. Solo en municipios con gran capacidad para generar ingresos propios como Bogotá y Medellín, se asignan partidas significativas para cubrir el mantenimiento de la infraestructura y el funcionamiento de las escuelas, y aún así ellas siguen siendo insuficientes. MUNICIPIO

Bogotá D.C. Medellín Cartagena Soacha Quimbaya Montenegro

% FINANCIACION% SGP FINANCIACION INGRESOS PROPIOS

% FINANCIACION DEUDA

74% 87% 96% 95% 99% 99%

3% 3% % 0% 0% 0%

23% 10% 4% 5% 1% 1%

DESTINO DE LA INVERSIÓN EN EL SECTOR EDUCACIÓN

9,91 0,00

90,09

0,00

GASTOS DE PERSONAL EN LA INVERSIÓN EN EDUCACION CONTRATOS CON INSTITUCIONES PRIVADAS EN LA INVERSION EN EDUCACION CALIDAD EN LA INVERSIÓN EN EDUCACION PAGO DE DEUDA EN EL TOTAL DE LA INVERSION EN EDUCACION

Esta es la verdadera razón para que se cobren cuotas y costos escolares a los padres de familia en casi todas las escuelas del país, descargando el funcionamiento cotidiano de las instituciones educativas sobre sus bolsillos. La idea de que las familias deben cofinanciar el servicio educativo a través de cuotas escolares, además de desconocer el contenido básico del Derecho a la

Educación, oculta que todos y todas ya están pagando por el servicio educativo a través de los impuestos, que en Colombia, durante la última década, después de 10 reformas tributarias regresivas, se han venido descargando cada vez sobre los más pobres. Estos impuestos están siendo asignados a gastos que no están en la vía de garantizar los derechos económicos y sociales de los ciudadanos contribuyentes, sino que se han dirigido a alimentar la política gubernamental de guerra, así como a garantizar el pago de la deuda pública a la banca y los rentistas financieros privados. La desfinanciación del servicio público educativo no solamente tiene consecuencias sobre las familias más pobres, sino también sobre la calidad de la educación que reciben todos los niños y niñas que logran acceder a ella. El salario medio docente es el más bajo de cualquier profesional en el Estado, y la formación docente se encuentra totalmente desfinanciada, lo que conlleva a la pauperización de la profesión docente, que se torna una carrera sin mayores incentivos ni oportunidades para mejorar la calificación y ascender. Se agrega a esto, el deterioro de equipos, bibliotecas dotaciones e infraestructuras por falta de recursos para reponerlas y mantenerlas de manera oportuna. De igual manera, la ausencia de recursos para que la comunidad escolar pueda llevar a cabo proyectos pedagógicos desvirtúa la posibilidad de que los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) sean una realidad. Todo esto impacta fuertemente la calidad de la educación pública y vulnera en su contenido todas las dimensiones del Derecho vinculadas a la Asequibilidad, Accesibilidad, Adaptabilidad y Aceptabilidad del servicio educativo público. Mientras el Estado Colombiano no dedique los recursos suficientes para financiar sus escuelas públicas es imposible pensar en mejorar los resultados de la educación en términos de calidad (Colombia sigue ocupando lugares muy secundarios, cuando no deshonrosos en todas las mediciones de resultados de calidad del proceso educativo), y en cuanto se siga cargando sobre los hombros de los Padres y Madres de Familia el sostenimiento del día a día de la escuela y su proceso pedagógico, a través de cuotas escolares, miles de niños y niñas tendrán que marginarse del proceso educativo por que sus familias no podrán asumir estos costos. Por esta razón es perentorio que la sociedad civil se organice y exija la financiación completa y equitativa del Derecho a la Educación para todos los ciudadanos, porque además de que están pagando impuestos para financiar estos derechos sociales, el Estado Colombiano en cuanto firmante de los tratados y pactos internacionales está obligado a garantizar el cumplimiento integral del Derecho a la Educación. En consecuencia, la gratuidad de la educación, comprendida como la abolición de cobros por parte de las escuelas para todos los niños y niñas en educación preescolar, básica y secundaria, así como la financiación pública progresiva de los costos asociados (empezando por las familias que hoy no pueden sufragarlos) debe ser una exigencia inmediata de la ciudadanía. En este sentido, la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación ha decidido liderar una campaña de exigibilidad

jurídica y movilización social con miras a lograr la gratuidad de la educación en nuestro país.

SIGUE TEXTO A CONCERTAR EN COMITÉ DE GRATUIDAD.