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La unión cívico militar es la columna para liberar al país de las prácticas paramilitares que pretenden instaurar sectores de la derecha, cuyas aspiraciones deben ser neutralizada a través de la verdad, la única vía que garantizará que el destino de la patria sea la paz, expresó este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro. Durante un contacto telefónico con el programa semanal Con El Mazo Dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, el Jefe de Estado rechazó el ataque a tres efectivos militares que participaban en una operación contra el contrabando en la entidad andina, por lo que ordenó cerrar por 72 horas la frontera colombo-venezolana en la entidad. "Toda nuestra solidaridad con nuestros tenientes, soldados de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que nada nos detenga; iremos a la batalla, con una mano construyendo la patria todos los días, construyendo el derecho a la educación, a la salud, a la vida, a la vivienda, a la felicidad de nuestro pueblo, la democracia, defendiendo la libertad de nuestro país, y con la otra ir golpeando (a factores desestabilizadores) con la constitución en la mano, ir liberando al pueblo y el territorio, protegiendo a nuestro pueblo", expresó el Primer mandatario. Asimismo exhortó a la colaboración de las autoridades colombianas en la búsqueda y captura de los implicados en la emboscada, donde el teniente Daniel Veloz recibió un impacto de bala en la parte superior del pulmón derecha, mientras que el cabo primero Miguel Nuñez fue impactado por una bala en la pierna derecha y el brazo izquierdo. Igualmente, el teniente Alexis Rodríguez recibió impacto de bala en la cabeza y espalda, con orificio de entrada y salida, de acuerdo con información aportada vía Twitter por el gobernador del estado Táchira, José Vielma Mora.

Entretanto, el presidente de la AN lamentó que ocurriera este hecho y exhortó a la defensa de la patria. "Que sucedan estas cosas es indignante; mañana no tengan duda que saldrán los defensores de los guarimberos a salir en contra de estas medidas que está tomando el Ejecutivo". Esta emboscada demuestra que el país se enfrenta "contra una mafia que busca un espacio en el contrabando, el desabastecimiento, y los medios incitando al pueblo a rebelarse, pero este pueblo cuando salga a la calle, sabrá a dónde ir (hacia la paz)", expresó en su programa. 19/04/2017 ALONSO MOLEIRO @amoleiro UNION CIVICO MILITAR | VENEZUELA | La obediencia de las Fuerzas Armadas venezolanas a la Constitución Nacional, que el actual Ministro de la Defensa no se cansa de reivindicar, tiene varios años adulterada. Parte de su interpretación se está yendo por un coladero denominado “la unión cívico-militar”. El concepto-semilla, de carácter faccioso, que Hugo Chávez dejó sembrado en el liderazgo militar venezolano para poder controlarlo, y que está dificultando gravemente las cosas en este tramo de la crisis nacional. Como la “repolarización del país”, la “unión cívico miliar” es un lineamiento estratégico en el chavismo, presente desde sus años iniciales, los conspirativos. Su movimiento tenia elementos cívico militares y como tal arribó al gobierno, al que ha ido envolviendo con sus hábitos y valores. El MVR, de hecho, era al comienzo un movimiento parcialmente militar. Es un concepto diseñado para poder apoyarse en los instrumentos de mando dentro del poder; para incorporar a uno de los ejes constitutivos del estado venezolano dentro del proyecto hegemónico. Hay que reconocer que atiende a una genética natural del chavismo

como movimiento golpista. De hecho, hasta entrado el siglo XX, “guerra” y “política” eran conceptos casi gemelos en todo el mundo. Se fueron separando en la medida en que avanza la civilización como norte en el pensamiento universal. El propio Hugo Chávez hizo alusión alguna vez al trabajo político que había hecho en las Fuerzas Armadas, de acuerdo a lo que afirmaba mucho más hondo de lo que se imaginaba la opinión pública. Su muerte ha convertido sus valores en religión de estado. La renuencia de las Fuerzas Armadas a comprender el dolor de los venezolanos, y el calado de la crisis en curso, guarda relación con la imposición de esa saeta, esa tesis política para las consola más delicada del poder en una nación, denominada “unión cívico militar”. La “unión cívico militar” es el puente natural que habilita moralmente a un efectivo de las Fuerzas Armadas a tomar parte por una parcialidad política, a politizar sus funciones, a volverlas parte interesada de la política, en detrimento del debate público, a pesar de que tal circunstancia la prohíbe expresamente la Constitución y violenta una tradición republicana de varias décadas, sobre la cual, después de todo, ha estado fundamentada la paz pública. Gracias a esa correcta interpretación de los militares, de alguna forma, el siglo XX venezolano no tuvo guerras civiles. Hubo golpes, lamentablemente, pero no hubo guerras civiles. La “unión cívico militar” una línea política, traducida en una orden, mimetizada como un valor de alto rango nacional, con la cual los efectivos militares terminan involucrados dentro de la causa chavista. Si el vínculo entre lo militar y lo cívico que defiende Vladimir Padrino consistiera en organizar visitas al Jardín Botánico; encuentros con periodistas en Fuerte Tiuna; debates académicos en la Universidad Católica o la Bolivariana, o intercambios

institucionales con la Iglesia, claro que el criterio no tendría nada de objetable. Lo que debemos evaluar acá es el contenido del intercambio que plantea la yunta. Su sabia es veneno institucional. Son vectores que no se consiguen en sociedades democráticas. La “unión cívico militar” lo único que pretende es mantener vivo el espíritu de conjura, el acuerdo sagrado en torno al complot, el ánimo de logia heredado del 4 de febrero de 1992. El daño institucional hecho a la Fuerza Armada es notorio. Gracias a ella, perniciosos elementos subjetivos, unilaterales, peregrinos y discutibles, irrespetuosos con la diferencia, están entrando a dominar espacios institucionales sagrados, que le pertenecen a todos los venezolanos. Esta circunstancia produce hoy un enorme dolor en muchos venezolanos con su Fuerza Armada, cuyo funcionamiento y orientación lucen desnaturalizados. Hugo Chávez promovió una consulta electoral en el año 2007, el Referéndum de la Reforma, con el objeto de intentar oficializar la politización del ejército al proponer una nueva redacción del articulado. El pueblo votó que No, derrotando la iniciativa de Chávez, y de cualquier manera el veredicto no fue respetado. Peor aún: el país ha elegido abrumadoramente una Asamblea Nacional, que está neutralizada en su desempeño, y sobre los mandos militares no priva una interpretación literal de sus funciones constitucionales: todos prefieren triangular la operación para terminar rindiendo lealtad y honores, no a la Constitución Nacional y la Democracia, sino al Socialismo, la Revolución y la Unión Cívico Militar. Lo que está planteado en el país con el funcionamiento de la Asamblea Nacional es de una gravedad extrema. Esta sería la primera vez en 50 años que el poder político, que los poderes fácticos, que las Fuerzas Armadas se prestan

para desconocer, o burlarse del voto de los venezolanos. En El contrato social, Jean Jeacques Rousseau, padre del pensamiento político moderno, y uno de los autores más influyentes en el pensamiento de Simón Bolívar, había llegado a afirmar que los parlamentos constituyen “el corazón de la legalidad” y que su existencia era, para el espíritu de la República, para las libertades públicas, aún más importante que la del propio Poder Ejecutivo. La soberanía nacional no es un asunto de tanques y consignas militares: reposa en la voluntad general de los ciudadanos. Sobre el criterio de “la unión cívico-militar”, deslizado de manera sibilina en el debate, y hecho cumplir a rajatablas dentro de las Fuerzas Armadas, es que descansa el desconocimiento a la Constitución y la voluntad nacional expresada en las elecciones parlamentarias de Diciembre de 2015. La ruptura no se expresa con tanques y tomas escandalosas. Se hace cumplir interpretando esta curiosa consigna, que no está presente en la Constitución Nacional, que no es obligante para nadie, salvo para el puñado de individuos que son tributarios de ella, y que politiza gravemente a las Fuerzas Armadas en detrimento de los intereses de la sociedad venezolana. ¿Acaso Rómulo Betancourt, o Isaías Medina, o López Contreras, o Luis Herrera Campíns, o el propio Juan Vicente Gómez, dejaron dicho que era un deber de estado estarlos alabando eternamente una vez fallecidos? Vladimir Padrino garantiza el pluralismo político y el derecho a manifestarse en paz (hasta Chacaíto) para que no nos acusen de vivir en una dictadura. La Oposición podrá existir con el mayor de los gustos, siempre que no se lo ocurra estar ganando unas elecciones. Ni Padrino, ni nadie en el gobierno, dice una palabra sobre elecciones, sobre los retrasos institucionales que alimentan esta crisis, sobre el canal humanitario, sobre la escasez de medicamentos. Sobre la existencia de una Asamblea

Nacional electa, soberana, legítima, de mandato sagrado, que está maniatada y sobre la cual iba a caer una sentencia para eliminar la inmunidad de sus diputados y legislar por mampuesto. ¿No es eso importante? Olvida Padrino, de pronto, que su deber es cumplir y hacer cumplir lo que dispone de forma expresa la Constitución. No cumplir la Constitución los martes por la tarde, para lucir demócrata y seguir rindiéndole honores a un pacto parcial, a un acuerdo político, a un arreglo de terceros, hecho entre políticos con y sin uniforme, que no es obligante en un estado como el nuestro, Democrático y Social de Derecho y de Justicia, y al que nadie debía deberle obediencia. Los artículos de la Constitución Nacional son bien claros. Es hora de interpretarlos literalmente y jugarle limpio a Venezuela. Lo único que está pidiendo este país es comida, medicinas, seguridad y elecciones. Todavía estamos a tiempo. Toda Venezuela espera una interpretación noble y leal de las Fuerzas Armadas respecto a lo que sucede. No vaya a creer el general Vladimir Padrino que en esta, la crisis política, económica, institucional y moral más grave que hayamos tenido que vivir en varias décadas, los historiadores del futuro no se van a estar preguntando cómo era que se llamaba aquel Ministro de la Defensa en los años de la disolución de la Asamblea Nacional y el secuestro de la voluntad general. El líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, siempre destacó la importancia de la unión cívico-militar para garantizar la continuidad de la Revolución Bolivariana ante los reiterados ataques emprendidos por la oligarquía contra la constitucionalidad del Gobierno Nacional. Unión cívico-militar se construye y consolida día tras día En definitiva la mejor defensa que tiene el pueblo venezolano, es la integración que se ha logrado consumar

entre los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que es el pueblo uniformado, y el pueblo de a pie, en la calle, construyendo una filosofía integradora para enfrentar las grandes amenazas que vienen de adentro y afuera. Ese vínculo es una fortaleza evidente que se construye y se consolida día tras día. La unión cívico-militar no es una expresión más, pues su concepto se ha incorporado a la nueva Ley Orgánica de la FANB que acomete con dignidad las grandes tareas y desafíos de la defensa nacional. LAS RELACIONES CÍVICO-MILITARES Y LA CONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EN AMÉRICA LATINA: ENFRENTANDO LA CRISIS DE LAS JÓVENES DEMOCRACIAS 1. Introducción Cuando en la década de 1980 las distintas naciones latinoamericanas volvieron a la experiencia de la democracia como régimen político, las intervenciones militares en los asuntos políticos parecieron haber sido dejadas atrás. Los cambios en el contexto internacional influyeron ciertamente en esta percepción. Las posibilidades de la toma del poder por los militares dejaron de ser aceptadas por la comunidad internacional como un patrón normal de regulación de la vida política, aún cuando se tratara de jóvenes y conflictuadas naciones. Como era de esperar, de la mano de la democratización aparecieron distintas problemáticas relacionadas con la reconducción de las instituciones armadas luego de una historia fecunda en intervenciones militares. La resolución de las acciones de los gobiernos autoritarios principalmente en materia de derechos humanos, la reorganización del peso presupuestario de los gastos militares en el gasto central de los gobiernos, y la inserción de los civiles en el proceso de decisión de la seguridad y la defensa fueron las principales problemáticas que, con mayor o menor éxito,

los distintos países fueron enfrentando. El abrupto cambio del sistema internacional en 1990 se sumó a ellas, planteando la necesidad de redefinir misiones y funciones de las fuerzas armadas. En un contexto que incluía la disminución de amenazas tradicionales a la seguridad nacional (dada una mayor tendencia a la resolución pacífica de conflictos y a la cooperación como forma de relación entre países vecinos) y la preocupación por las cuestiones del desarrollo económico y social, la manutención de grandes y poderosas instituciones militares comenzó también a perder su razón de ser. No todos los países atravesaron las mismas circunstancias. Las diferencias en las transiciones democráticas se enraizaron en una historia propia que marcó el ritmo de las transformaciones. También, las distintas situaciones de seguridad. Para los países andinos, sea por ejemplo por un mayor prestigio de las fuerzas militares ante la sociedad (como en el Ecuador), o por el tipo de amenazas sufridas (como en Colombia), la problemática de las relaciones entre civiles y militares fue sustancialmente diferente a la de los países del cono sur de América. Y, entre estos últimos, el caso de la Argentina marcó un paradigma de reconstrucción de la subordinación militar, producto de que su transición no tuvo condicionamiento alguno luego de la derrota en la Guerra de Malvinas. Cómo reconstruir una institucionalidad democrática cuyo sistema y dinámica excluyera la intervención militar en política constituyó una pregunta central común a toda la región. Las relaciones entre civiles y militares y las alternativas del control civil eran parte de esta pregunta, y comenzaron a ser abordados por políticos y académicos en el intento de sentar las bases de una calidad democrática diferente para América Latina. La preocupación por la intervención militar en política-compartida por miembros de la comunidad internacional para quienes la democracia pasaba a ser un valor central a desarrollar en la vida de los

pueblos- comenzó a disminuir en los '90 a medida que se desvanecían las posibilidades de intentos serios de alteración del orden democrático en la generalidad de los países latinoamericanos. Aunque crecía la preocupación por las posibilidades de una democracia gobernable en un contexto de inicio de crisis de seguridad interna o económicas. Veinte años después de iniciadas aquellas transiciones (y luego de un período en el que pareció que la consideración de la problemática civil-militar en América Latina no constituía ya un foco preferente de atención), la pregunta central acerca de la construcción de una institucionalidad plenamente democrática permanece abierta. Aunque no se observan ya las tradicionales intervenciones militares, su ausencia no se explica por la presencia activa de una conducción efectivamente civil de los destinos nacionales. Algunos de los casos de los últimos años que han vuelto a ocupar las primeras planas de la consideración política regional e internacional incluyen la problemática civil-militar y demuestran esta aseveración. Por ejemplo, en el Perú, el régimen fujimorista fue basado en el control y represión de la oposición sostenido con el apoyo de las fuerzas militares. En Ecuador existieron intentos de golpes de estado, y uno de sus líderes es hoy el presidente legítimamente electo por la población. En Argentina, aún permanecen saldos del pasado dictatorial en materia de derechos humanos. En Venezuela, la crisis entre gobierno y oposición tiene en los militares un actor central sobre el que confluyen las miradas ya sea para sostenerse o para alcanzar el poder. En Paraguay, las luchas intestinas de los militares, y de éstos con los civiles, han signado la vida nacional de la última década, incluyendo las disputas políticas en torno al carismático e influyente líder militar Lino Oviedo. Si la subordinación formal al poder político no resuelve la pregunta acerca de cómo controlar el papel de las instituciones militares, ¿qué debemos entonces observar?

Esta presentación intentará brindar una explicación a los problemas de la institucionalidad democrática y del control civil en América Latina abrevando en las distintas teorías aparecidas en el campo de las relaciones cívico-militares, relacionándolas con las distintas etapas de la historia latinoamericana, y tomando de ellas sus aportes más significativos para construir una explicación actual. Trabaja sobre la premisa de que la intervención militar en los asuntos políticos no depende exclusivamente de la subordinación formal al poder civil. La hipótesis central que buscaremos presentar es que un efectivo control civil depende de tres variables: el tipo de mentalidad profesional militar, la concepción de la comunidad nacional acerca de la misión militar en la sociedad, y la asunción civil de la conducción de la política de seguridad y defensa. Para justificar nuestra hipótesis, tomaremos la caracterización de la realidad latinoamericana y algunos elementos del que acaso fuera el caso paradigmático de la subordinación militar en las últimas décadas: la Argentina. Finalmente, buscaremos concluir cómo puede construirse el control civil para fortalecer la institucionalidad democrática en la región en los próximos años. 2. Democracia, Relaciones Cívico-Militares y Control Civil En el caso de las relaciones entre civiles y militares, las distintas teorías apuntan a desentrañar las características y modalidades de la relación entre una sociedad y sus fuerzas armadas. Entendemos aquí por relaciones cívicomilitares la dinámica de la relación existente entre determinada sociedad, expresada (y representada) en un Estado, y el instrumento militar del mismo. Esta dinámica incluye tanto las alternativas del diseño y ejecución de la política de seguridad y defensa como la relación que el aparato militar del Estado entabla con los representantes electos.

El concepto de relaciones cívico-militares, acuñado por la sociología militar para explicar la dinámica de la relación entre el sector civil y el sector militar, ha sido objeto de debate. Se ha debatido, por ejemplo, que el concepto correcto a utilizar es el de relaciones político-militares planteando que la problemática histórica de los países resulta de la relación entre las fuerzas armadas y la clase política, y no entre aquéllas y la sociedad.1 Pero esta distinción aparentemente semántica encierra en realidad una problemática más profunda. Si el militar profesional sirve a los ciudadanos de un Estado, en un régimen democrático esto significa que el gobierno legítimamente electo representa a la sociedad, y que la relación entre la clase política y los militares es una de las expresiones de las relaciones entre sociedad y fuerzas armadas. Caracterizar (o acotar) la amplia y lógica variedad de situaciones de relación entre la sociedad y sus fuerzas armadas como político-militares, significaría basarse en al menos dos supuestos reñidos con la legitimidad de un régimen democrático. El primero de ellos es el de asumir como dato que la sociedad es un espectador impotente que no tiene participación efectiva en la vida institucional de un país. Sin embargo, aún las teorías que postulan que la vida política se encuentra en la práctica regida por una élite o clase política (Mosca y Pareto, o el elitismo democrático de Schumpeter, por citar algunos2) reconocen la representatividad que dicha clase política obtiene del conjunto de la sociedad, y se refieren abundantemente a cómo esas élites cambian en la medida en que pierden la capacidad de responder a dicha representatividad. El segundo supuesto es la asunción indirecta de que, en realidad, la única relación a la que las fuerzas armadas y la clase política deben prestar atención es a la que entablan entre ellas mismas, leyendo en términos de poder la posición y relación de las fuerzas armadas en el sistema político, incorporándolas como un actor más del sistema.

Para nosotros, el concepto de relaciones cívico-militares ha probado su eficacia en los últimos cuarenta años en el campo de la sociología militar y creemos que resulta el más adecuado para abordar la problemática que nos ocupa.3 Al ser las fuerzas armadas el instrumento principal del monopolio estatal del uso de la fuerza, herramienta de violencia legítima, es innegable que el vínculo entre los militares y la sociedad ha sido y continúa siendo un desafío principal para los pueblos, a la hora de prevenir, evitar o resolver la crítica situación en la que la espada se vuelve contra quien la forjó. La sociedad quiere a los militares porque los necesita, pero al mismo tiempo, desea tenerlos tan lejos como sea posible, actitud por cierto bastante natural si se considera que difícilmente alguien desee per se ver a su país involucrado en cualquier clase de conflicto armado que pueda suponer su muerte o la de sus seres queridos. Los militares son instituidos por la sociedad para asegurar la paz, y es por lo tanto correcta la percepción de que sólo van a aparecer en caso de conflicto. Como el hombre religioso convencional que recurre a Dios sólo cuando tiene problemas, la sociedad suele evitar mayores contactos con la realidad de los hombres de armas, para pasar a adorarlos cuando los necesita. Este mensaje ambivalente no siempre es bien manejado por el sector militar. Si la institución militar no mantiene su estructura de valores y confunde sus objetivos profesionales, sea porque no acepta el "relegamiento" al que la confinan los "irresponsables" ciudadanos, o porque cae en el canto de sirenas de los "ultras" internos o externos que le rinden adoración, estamos en presencia de una segura crisis de las relaciones cívico-militares. Resulta entonces que una variable clave a atender será el control a ejercer sobre la institución militar. El concepto de control civil intenta responder a esta preocupación. En un

régimen democrático, los civiles están a cargo de los asuntos de la nación y entre ellos, de controlar el uso de la fuerza por parte del Estado y sus instrumentos (tanto fuerzas militares como policiales).4 Para el caso latinoamericano la definición elaborada por Felipe Agüero incluye la problemática política característica a la región: el control (que él equivale a la 'supremacía') es "la capacidad de un gobierno civil democráticamente elegido para llevar a cabo una política general sin intromisiones por parte de los militares, definir las metas y organización general de la defensa nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa, y supervisar la aplicación de la política militar"5 A lo cual agregamos -como se argumentará más adelanteque el control no trata sólo de capacidad sino también de voluntad política. 3. Los diferentes aportes teóricos en la perspectiva de la historia Las ciencias sociales intentan responder a las problemáticas de la vida en comunidad. Como cuerpos teóricos, evolucionan y distinguen variables que ayudan a explicar los problemas. Algunas de ellas, en el campo de las relaciones cívico-militares, han ayudado a comprender las alternativas de la historia de la intervención militar, las complicaciones del control civil, y las prácticas que ayudarían a fortalecer las posibilidades de la democracia. Por ejemplo, en la Argentina de los '80, los estudios académicos provenientes de la ciencia política y de la sociología norteamericana (principalmente Huntington6, Janowitz7, Moskos8, Stepan9 y en menor medida el británico Finer10) fueron utilizados para ayudar y asesorar a la toma de decisiones. Se tomaron trabajos elaborados en décadas anteriores (excepto el de Stepan) para comprender el escenario que se abría en las primeras transiciones, luego de las obvias censuras que este tipo de literaura había sufrido durante las dictaduras militares. Otras teorías -como la de la modernización-11 sirvieron

para comprender el pensamiento subyacente en las élites militar y civil que vieron en la institución militar a aquella única organizada y provista de los medios necesarios para controlar el "caos" en el que se debatía la acción de los partidos y líderes políticos en épocas difíciles como las de los años '60. En la actualidad, el estudio de Peter Feaver12 proporciona un marco de análisis para la construcción cotidiana del poder civil que puede ser aplicado a la región, así como el trabajo antecitado de Richard Kohn y los nuevos desarrollos de Moskos, Williams y Segal.13 Sin pretensión de exhaustividad, tomaremos aportes de algunos de estos conocimientos para acercarnos al problema del control civil en América Latina en la actualidad. Aunque no estaba dirigida a analizar las relaciones entre civiles y militares, la teoría de la modernización contuvo elementos que explican en parte cómo fue justificado en la región el papel militar en política en la década de 1960.14 La visión de los militares como agente modernizador subyace en los argumentos políticos que en los diversos países presentaron la calidad institucional organizada y compleja de las fuerzas armadas, en contraste con la desorganización de los partidos políticos. Si bien para dicha teoría el principal agente modernizador debía ser justamente el partido político, en América Latina la ausencia o inoperancia de éstos remitía inmediatamente ante la falta de una historia y tradición democráticas- al reemplazo por otros agentes que pudieran conducir al desarrollo. La esencia de la modernización como proceso es "dirigir y gobernar conscientemente las consecuencias sociales, las crecientes diferenciaciones de roles y el complejo de la organización dentro de una sociedad".15 Dentro de los tipos políticos, se encuentra la posibilidad de lo que Apter denomina autocracia modernizadora que "se moderniza mediante la tradicionalización de las innovaciones".16 Y

aunque acepta la existencia de esta clase de autocracia, fustiga claramente que su forma varíe a la de "oligarquía militar" dado que los militares "casi nunca sirven como modernizadores eficaces"17. El problema central de la teoría en su traslado a la vida política latinoamericana no reside tanto en que se impulse o no el papel militar, sino en que se le otorgue un papel. Reconocer la posibilidad de que los militares ocupen un espacio en el sistema de poder político en las naciones que caminan hacia el desarrollo legitimó, en los hechos, su ocurrencia. Más aún, si las funciones de las élites en la modernización son especificar objetivos, coherencia institucional, y gobierno central, un solo paso podía conducir a mirar a los militares como los únicos que podían conducir al desarrollo. Las preguntas que no pueden ser respondidas son, naturalmente, las más difíciles para la salud de la precaria democracia latinoamericana en los '60: ¿quién coloca el límite entre autocracia modernizante y oligarquía militar? ¿Cómo proclamar virtudes modernizantes en un agente evitando que tome el poder? Más explicativa para la realidad latinoamericana resultó, décadas después, la obra de S. Finer analizando las causas de la intervención militar. Para este autor, dado el carácter de la organización militar y su peculiaridad respecto de cualquier institución civil, la institución militar posee dos cualidades esenciales por las cuales naturalmente puede verse impulsada hacia la intervención en la vida política: tiene la estructura organizativa, y tiene las armas. No lo hacen en general por dos motivos: su incapacidad técnica para administrar comunidades complejas, y su falta de legitimidad. Lo que no parece advertir o considerar Finer es que la mayor debilidad estriba en que, precisamente, las características que distinguen a los ejércitos como institución respecto de otras, se ponen en juego y son sistemáticamente minadas por la intervención en la actividad política.

Más allá de esta última cuestión, lo que él presenta como las condiciones de la intervención sirvieron de comprensión histórica en una región rica en conflicto civil-militar. Básicamente, dos argumentos: la intervención de los militares en política se ve determinada por el comportamiento de dos variables: la disposición (definida en términos de motivos y de temperamento), y la oportunidad para hacerlo; y la intervención adquiere diferentes niveles si se la combina con la variable cultura política. Los motivos por los cuales pueden verse dispuestos a intervenir son para Finer los siguientes: el "destino manifiesto", por el cual se asigna a las fuerzas armadas la misión de "salvar a la patria"; el interés nacional, cuando se instauran en las fuerzas armadas dos premisas por igual peligrosas: la primera, la idea de que la nación y el gobierno son entidades diferentes y que su deber es hacia la nación, por lo cual subyace la natural pregunta acerca de quién define cuál es el interés nacional; o una segunda idea, por la cual las fuerzas armadas son el "sostén" de la democracia y de las instituciones; el interés sectorial, que parte de la intención de satisfacer necesidades propias de la institución o, si se produce una mayor degradación, necesidades personales de los oficiales superiores. Otro importante aporte tomado por la academia en distintos países de la región fue la visión del profesional militar aportada por S. Huntington y M. Janowitz. La comprensión acerca de la profesión militar permitió escudriñar el mundo de una institución que, históricamente cerrada y abroquelada, había producido resultados políticos que los

enfrentaban con la nueva concepción democrática predominante y que aparecían desconcertantes a los ojos de la civilidad. ¿Qué era exactamente un militar? ¿Eran en algo diferentes al resto de las profesiones? ¿Cómo podía comprenderse su mentalidad? El control civil debía relacionarse con el conocimiento y comprensión del fenómeno militar. Además del conocido y sustancial aporte al concepto de control civil y sus tipos (objetivo y subjetivo), el pionero trabajo de Samuel Huntington escrito en 1957 estuvo dirigido a demostrar que los hombres de armas son profesionales, no solamente porque reciben una paga por su trabajo o pertenecen a la estructura administrativa del Estado, sino porque el ejercicio de su labor supone una vocación especial, que contiene las características distintivas de una profesión: maestría, responsabilidad y corporativismo. Así, el ejercicio de la profesión supone la formación de la llamada mentalidad militar.18 Avanzando en el tema, propone llegar a la sustancia de esta mentalidad, definiéndola como una ética profesional: la ética militar, entendida como el "patrón constante por el cual es posible juzgar el profesionalismo de cualquier cuerpo de oficiales en cualquier momento y lugar"19, cuya definición es para él la de un realismo conservador.20 Morris Janowitz , diferenciándose de Huntington, se refiere al carácter dinámico de la profesión militar (y por ende de la institución), en contraste con el carácter estático que Huntington le adjudicaba. Esta diferencia es subsidiaria del contraste principal entre ambos autores, cual es la autonomización institucional respecto del resto de la sociedad pregonada por Huntington, y la integración propulsada por Janowitz. En su clásica obra El Soldado Profesional, Janowitz define en una frase la peculiaridad de la profesión militar: "El militar profesional es un ente original, pues es un experto en la práctica de la guerra y en el uso organizado de la violencia." Y continúa: "Este

objetivo esencial de la organización militar crea un medio peculiar e influye sobre el proceso de adopción de decisiones. Los antecedentes sociales, la autoridad militar y las experiencias de la carrera condicionan las perspectivas de sus jefes. El estilo de vida de la comunidad militar y el sentido del honor militar contribuyen a perpetuar el carácter distintivo de la profesión. El reconocimiento de los atributos propios de la profesión militar suministrará una base realista para mantener una supremacía político-civil sin destruir la necesaria autonomía profesional."21 Janowitz parte de determinadas hipótesis de trabajo respecto de la organización militar en los Estados Unidos, que sugiere pueden aplicarse a otras naciones. Algunas de ellas intentan caracterizar ciertos cambios operados en el interior de la institución militar; otras se refieren a las modificaciones sufridas por la profesión militar, y a cómo éstas conllevan una mayor interiorización en la actividad política, por parte de los militares. En lo referente a la institución militar, la primera de las hipótesis se refiere a la columna vertebral de la institución: la capacidad de mando y obediencia. Aquí Janowitz observa el surgimiento de una nueva autoridad organizativa: el dominio autoritario pierde relevancia, al tiempo que se confiere un papel más importante a la persuasión, la manipulación y el consenso colectivo. Se produce así un desplazamiento del tipo de autoridad. Una segunda hipótesis analiza la disminución de las diferencias en la capacidad técnica, entre las élites militar y civil: el jefe militar debe asumir la realización de técnicas organizativas, orientaciones políticas de la institución, y aún de relaciones públicas, en virtud de la mayor complejidad que posee la tarea a su cargo. Esta hipótesis se relaciona con otra que alude al significado de los distintos tipos de carrera, donde Janowitz observa que la carrera que tiene mayor posibilidad de triunfar en su ascenso hacia los puestos más altos es aquella de tipo adaptativo.

La nueva característica de la autoridad y la distinción entre funciones (jefes heroicos, expertos en organización, y tecnólogos) fueron elementos principales que influyeron en una nueva visión hacia la institución militar por parte de los académicos que, dentro de la región, buscaban respuestas al problema de cómo resolver el intervencionismo militar. También el concepto de "civilización" (que posteriormente otros como Moskos traducirán mejor como "civilinización"), aludiendo al impacto de los desarrollos tecnológicos sobre la profesión, que produce una distinción menos clara entre el mundo civil y el militar. A partir de ello, la toma de decisiones en la institución militar debería manejarse en un delicado equilibrio entre la comprensión de la tendencia de la civilinización, y la manutención del llamado "espíritu combativo", por el cual el hombre se ve impulsado a llevar a cabo su misión, aún dejando de lado su seguridad personal. También desde la profesión explicada por Janowitz podía mirarse uno de los problemas más severos de las transiciones: las violaciones a los derechos humanos y los valores que rigen la profesión militar. El mando (autoridad) y la obediencia (disciplina), y el valor del honor militar, junto a los de unidad y camaradería, representan características fundamentales y definitorias de la profesión militar. Aunque no puede pensarse un ejército deliberativo en el campo de batalla, el honor tampoco es un concepto estático, y ha experimentado cambios de acuerdo a las transformaciones en el tipo de autoridad y a las virtudes que hoy mayoritariamente se reconocen al oficial militar. El honor entendido como la ausencia de especulaciones políticas o pecuniarias en el proceso de toma de decisiones, es un valor esencial a cualquier líder que de ello se precie. La obediencia es la respuesta esperada e institucionalizada, pero no cubre el caso de órdenes reñidas con la conciencia

o inmorales, que bajo los nuevos tipos de autoridad no encontrarían cómo desarrollarse. Pasados los primeros años de la transición, las miradas académicas comenzaron a ser dirigidas al otro componente de la ecuación: el sector civil, entendiendo particularmente aquí al sector político. Habiéndose ya hecho cargo de la representación popular y de la administración general del Estado, innegablemente la función de seguridad y defensa era una de las áreas de acción estatal que debían ser conducidas por los representantes electos. El problema aquí, sumado a un desconocimiento de la problemática específica de la labor militar, estribaba en que debían asumirse funciones que históricamente habían desempeñado los militares y que éstos resguardaban como sus áreas privilegiadas de trabajo. Elementos culturales del área -como el secreto y la especificidad profesionalayudaron en la práctica a desalentar los deseos civiles de introducirse en el tema (que, por otra parte, difícilmente rendiría frutos electorales en sociedades preocupadas más por sus crisis económico-sociales que por la defensa ante agresores cada vez más indefinidos). Así, la preocupación comenzó a trasladarse desde los elementos de control sobre la institución militar misma, a las capacidades a construir en el sector civil y en las instituciones encargadas de conducir el área de seguridad y defensa (por ejemplo, la creación o la regeneración de capacidades de Ministerios de Defensa, la capacitación de burocracias especializadas, y el fortalecimiento del papel de las comisiones parlamentarias con jurisdicción en el tema). Todo ello fue ayudado por los cambios en el ambiente de seguridad internacional, más favorable a la cooperación entre países, e innegablemente opuesto a cualquier clase de quiebre en el orden democrático. En el Mercosur, por ejemplo, una cláusula específica previene a sus socios contra intentos antidemocráticos; a nivel

regional, la propia OEA sostiene la adhesión de sus miembros al régimen democrático. El aporte teórico de Peter Feaver, a mediados de los '90, eleva el aspecto de conducción (relacionado con la delegación y el monitoreo) a la primera plana en la cuestión del control civil. Tres temas sobre los cuales hay que decidir representan la esencia de las relaciones cívicomilitares: la decisión civil de delegar algún grado de poder de elaboración de política (policymaking) a los militares, especialmente cuando se refiere al uso de la fuerza; la decisión civil acerca de cuáles son las mejores formas de monitorear esa delegación; y la decisión militar de actuar estratégicamente para aferrar la delegación y minimizar el monitoreo. Para esta perspectiva teórica no es suficiente poner el foco en la subordinación a la autoridad civil (como proponía Huntington) o en la profesionalización militar y la integración con la sociedad (como presentaba Janowitz). La explicación al control civil debe buscarse, desde la ciencia política, en el establecimiento de una variable dependiente: el grado de delegación civil a los militares y las clases de monitoreo que se adoptan para regular esa delegación. Presenta una visión dinámica: el control civil es un proceso; una visión normativa sólo permite clasificar en función de si una relación es estable o no, si existe o no conflicto (como ofrecen las diversas tipologías que a lo largo de las décadas pudieron generarse en el campo de las relaciones cívico-militares); debe avanzarse en la propuesta teórica abordando qué sucede a lo largo de un proceso complejo que involucra el uso de la fuerza del Estado.

Feaver propone para ello el marco de la teoría de la relación principal/agente la cual permite estudiar la relación de control en forma cotidiana: "se trata de formas en las que el principal puede moldear la relación de forma de asegurar que ha contratado empleados [agentes] que llevarán adelante sus deseos".22 Una premisa central es que el control no finaliza con la decisión de delegar, sino que supone la elección de medidas de monitoreo. A su vez, el sector militar elabora una respuesta a esta delegación y monitoreo, que deberá ser contrarrestada de ser necesario por el sector civil. Todo ello supone que el analista debe buscar evidencias de control no tanto en el marco general, sino en aspectos no tan obvios, como los mecanismos cotidianos de relación. El estudio está especialmente realizado para analizar el caso norteamericano, y aunque presenta una serie de hipótesis para el análisis de la interacción civil-militar, no necesariamente pueden ser aplicadas a América Latina. Ello puede explicarse porque el fundamento del control civil aparece diferente en ambos casos. En el presentado por Feaver, existe una estructura militar poderosa cuya influencia debe ser controlada en función de los desafíos de seguridad que se enfrentan en Estados Unidos, que podrían llegar a constituir una fuente de poder. En el caso latinoamericano, la influencia nace del papel político histórico y actual; estructuras militares débiles en lo atinente a su función pueden ser políticamente poderosas por su papel en la vida política. Más que contrarrestar una estructura militar poderosa en su función específica, el ámbito del control debe aludir a elevar la influencia civil. Por ello puede ser útil, para nuestro caso, agregar al enfoque principal/agente los fundamentos para el control civil que propone Richard Kohn. Este autor focaliza su atención también en los nuevos regímenes democráticos comprendiendo que las tareas suponen un desafío adicional cual es tomar el control del proceso de decisiones

de la política de seguridad y defensa, lo cual no aplica al caso norteamericano. Mirando al igual que Feaver el control civil como un proceso en desarrollo antes que como una figura estática, Kohn se dirige al corazón de lo que se percibe actualmente como la problemática acuciante en América Latina ante la debilidad de la clase política -las capacidades civiles para el control de la institución militar y fundamentalmente de las políticas de seguridad y defensa: "Construir un cuidadoso set de procedimientos y políticas, y hacerlos funcionar, requerirá tres cosas: coraje de parte de los civiles para insistir; aquiescencia de parte de los militares para someterse; y el sostén del público que animará a ambos (...) a alcanzar una relación de cooperación y respeto mutuo que funcione".23 Su trabajo aporta asimismo lo que denomina fundamentos del control civil, a saber: el régimen democrático en sí mismo, y un concepto de subordinación asumido por los conductores, la población y los militares; los mecanismos de gobierno por el cual puede controlarse la fuerza militar (aquí interviene la importancia de la administración); la existencia de un poder que contrarreste a los militares si intentan ejercer poder (sea castigando violaciones a la subordinación, o reduciendo la estructura); y finalmente la que coloca como la más importante: la institución militar misma y su deseo de abstención de la vida política (sostenido en el ethos profesional y en la neutralidad política). Estos distintos aportes teóricos han enriquecido el análisis del control civil a lo largo de las últimas décadas en América Latina. Las posibilidades de evaluar teóricamente el tema luego de haber transitado la experiencia histórica nos sitúa como investigadores en un lugar privilegiado que sin duda no tuvieron o tienen los autores aquí reseñados, y cabe por ello antes que nada destacar su contribución al conocimiento. Con sus diferencias, cada uno de ellos ha enfocado diferentes variables que nos permiten hoy diseñar

una hipótesis para entender la problemática del control civil, que surgirá más claramente luego de arrojar una mirada sobre la historia reciente latinoamericana y sus desafíos. 4. La institucionalidad democrática en situaciones de crisis La ausencia de intervención militar en la política es un indicador de la presencia de un régimen democrático. Sin embargo, en los últimos años se ha observado que aunque la legalidad democrática permanece, su legitimidad está siendo fuertemente cuestionada. Por ejemplo, recuérdese el caso del gobierno argentino caído en diciembre de 2001, la fuerte lucha entre oposición y oficialismo en Venezuela a finales de 2002 o, más cercano, la virulenta protesta ciudadana en Bolivia en febrero de 2003. Como hemos visto, el control civil supone aspectos más complejos que la mera subordinación formal a las autoridades civiles electas. De hecho, el mismo concepto no enfrentará las mismas problemáticas en una realidad política estable y de larga tradición democrática que en democracias jóvenes, con desafíos a la seguridad pero también a la misma convivencia social. Recordando la definición de Agüero, el control civil supondrá desarrollar capacidades para llevar a cabo una política general sin intromisiones por parte de los militares, definir las metas y organización general de la defensa nacional, formular y llevar a cabo una política de defensa, y supervisar la aplicación de la política militar. En el caso latinoamericano, el contexto en el que deben pensarse las posibilidades del control incluye, entre las principales, las siguientes características: a) América Latina muestra signos de debilidad profunda en la vitalidad de sus regímenes democráticos. De acuerdo con las encuestas de Latinobarómetro24, un promedio del 60% de las poblaciones nacionales ha preferido en el período 1996-2002 la democracia a cualquier otra forma de gobierno, mientras que la satisfacción con la democracia

apenas llega a un 32%. Estas cifras son menores frente a la confianza en las instituciones, encabezadas por la iglesia, la televisión y las fuerzas armadas, quedando los partidos políticos en el último lugar de la confiabilidad popular. Más aún, la percepción de que los militares no están involucrados en política apenas alcanzaba el 35% en el año 2001, mientras que para los últimos datos de 2002 al 50% de las personas consultadas no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si pudieran resolver los problemas económicos y dar trabajo a todos. b) Las vulnerabilidades de las economías de la región se relacionan estrechamente con estos resultados. Aunque la democratización unida a la idea de libre mercado asomaron como los instrumentos que guiarían hacia el desarrollo, la situación económica fue deteriorándose más aún a medida que el mundo avanzaba en la especialización y el desarrollo tecnológico y financiero. Las realidades varían según los países, pero en general las economías caminan en medio de una fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, y se caracterizan por el predominio del sector primario, con escasa industrialización y casi ningún desarrollo tecnológico propio. Ello en el marco de una reducción de las capacidades estatales al compás de la idea de los Estados mínimos (alentada también por los organismos internacionales de crédito).

c) El desafío que supuso para todas las naciones del mundo adaptarse al proceso de transformación global de las últimas décadas se agudizó en América Latina, pues en la práctica se superpuso al proceso de democratización. Los nuevos regímenes debieron adaptarse a una época de continua transformación sin poseer aún la fuerza institucional necesaria para comprender y diseñar las mejores formas de adaptación al cambio. Así, la debilidad intrínseca de estos Estados se acentuó aún más, sumándose a la vulnerabilidad natural de las jóvenes

democracias las dificultades de la clase política para hacerse cargo en una forma eficiente y servicial de la gestión gubernamental. d) La situación regional de seguridad (exceptuando la crisis de seguridad interna en Colombia) ha evolucionado favorablemente hacia la cooperación y la desactivación de hipótesis de conflicto, cuestionando la permanencia de grandes estructuras militares insostenibles además en medio de las actuales situaciones económicas nacionales. Dadas las dificultades planteadas en el acápite anterior respecto de la conducción de los asuntos de la defensa, las estructuras militares no han sido reformuladas en función de una evaluación de objetivos de defensa actuales. Las discusiones de los últimos diez años acerca de las posibles responsabilidades militares en la lucha contra las llamadas nuevas amenazas (narcotráfico, terrorismo) dicen entonces relación no sólo con la permanencia en algunos sectores de la idea de que si hay un conflicto, cualquiera sea su naturaleza, son las fuerzas armadas quienes deben actuar. Estos debates también nos hablan de la búsqueda desesperada de nuevas misiones para justificar aparatos y presupuestos en medio de la incertidumbre provocada por la cuasi desaparición de las hipótesis de conflicto vecinales. De cada una de estas caracterizaciones generales de la situación regional se derivan condicionantes con los que el fortalecimiento del control civil deberá lidiar: En primer lugar, las fuerzas armadas latinoamericanas han tenido una activa participación en la vida política de sus naciones. Ello no sólo implica que han tenido un lugar en la mesa política de decisiones: han probado y experimentado el poder con sus atracciones y sus debilidades. Por otra parte, la insatisfacción ciudadana con el funcionamiento de la democracia encuentra correlato con un débil sostenimiento a la idea de que son realmente los civiles quienes deben gobernar. Elemento ciertamente preocupante que puede dar lugar a nuevas formas de

intervención que sin llegar a la ruptura del orden democrático posibilite que la institución militar tome mayores lugares en la arena de la decisión política.25 Segundo, la exigüidad de los presupuestos nacionales disminuye las posibilidades de utilizar el presupuesto militar como instrumento de control o como tema de negociación. Los presupuestos de defensa no sólo han disminuido, sino que las carencias operativas por falta de presupuesto y los bajos salarios alimentan las resistencias y los resquemores militares. Tercero, el control civil debe ser encarado por representantes que se debaten hoy en una profunda crisis de legitimidad ante sus pueblos, en instituciones de un Estado cada vez más débil ante los grupos de poder. Y aunque las transiciones incorporaron los debates acerca de la reformulación de la defensa nacional y su lugar en la política del Estado, lo cierto es que la lejanía de amenazas a la seguridad estratégica relegó en general la consideración de la defensa entre los líderes políticos, quedando el tema formalmente en manos civiles, pero en la práctica, a consideración de los mandos militares. Finalmente, las misiones de las fuerzas armadas no están claras. La actual situación de la seguridad internacional no sólo ha relegado aún más la importancia estratégica de la región, sino que provoca al interior de los países un resurgimiento de la búsqueda de seguridad en el sentido más estricto de seguridad militar. El proceso de toma de decisiones en torno a las llamadas nuevas amenazas se ha visto rodeado de intensos debates durante la última década, poniendo en riesgo la diferenciación entre misiones externas e internas que ayudó a superar las transiciones y a evitar o manejar cuidadosamente el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior. Aunque el caso extremo ha sido la Argentina (donde se estipuló por ley la separación entre defensa y seguridad), las fuerzas armadas de la región se

han mantenido en general (con la obvia excepción de Colombia) apartadas de presiones para introducirse en tareas tales como la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, luego del 11S, la confusión aún existente respecto de qué herramientas debe el Estado utilizar y cómo debe conducirlas se ha agravado. En este sentido, debe tenerse en cuenta que para una democracia avanzada las opciones de utilización de los instrumentos de fuerza contiene diversas opciones en tanto se asegura que el control civil será perseguido aún en situaciones de excepción. Pero, ¿cuál es el rumbo a tomar cuando no existe aún en el espíritu institucional gubernamental o en el militar la garantía de que la conducción corresponde a los estamentos civiles?26 Estos condicionantes ilustran las particularidades de la situación regional y los desafíos que la construcción de instituciones democráticas más fuertes deberá abordar. Históricamente, la práctica del control civil en las jóvenes democracias latinoamericanas colocó el centro de atención en las posibilidades de disminución de la autonomía militar. Sin embargo la búsqueda de una profesionalización estricta por medio de la restricción de misiones y presupuesto no es necesariamente el método más eficiente para el logro del control. Tomemos por un instante el caso argentino observado por años como ejemplo de subordinación militarpara pensar al respecto. La Argentina experimentó una situación privilegiada en lo que se refiere a una transición sin condicionamientos: la Guerra de Malvinas y el fracaso político-económico del último proceso militar hicieron derrumbar la imagen de las fuerzas armadas como institución organizada y creíble y marcaron el carácter de una nueva relación entre civiles y militares. Pero aunque las posibilidades estuvieron dadas para una reestructuración militar en función de la nueva estrategia de seguridad estratégica (que incluyó la cooperación y la adhesión a los regímenes internacionales

de seguridad), lo que en la práctica se implementó fue la reducción presupuestaria conservando al mismo tiempo una estructura militar con fines difusos y sin disponibilidad de medios.27 Y aunque la actitud de las Fuerzas en la crisis de diciembre de 2001 fue concordante con el mantenimiento del orden democrático, no puede dejar de observarse con preocupación que algunos mandos militares comiencen a desafiar a las autoridades civiles.28 ¿Cómo explicar esta clase de dificultades en la construcción del control civil? Hasta el momento, los aportes académicos a la comprensión de la construcción de instituciones democráticas y del control civil han sido abordados progresivamente, de acuerdo con las circunstancias históricas atravesadas. Los primeros años de la transición tomaron los elementos profesionales de la institución militar y los estudios sobre intervención en política para trabajar sobre la realidad del momento. Posteriormente, el foco de atención cambió y se abrió paso a la discusión acerca de las capacidades civiles. ¿Es posible, en el contexto latinoamericano, construir un control civil efectivo? El control civil, ¿se construye en etapas? 5. Conclusión: hacia un control civil posible y efectivo en América Latina La construcción de instituciones democráticas y la predominancia política sobre los asuntos militares -y más aún, la no intervención en política- necesita un ambiente de pensamiento democrático donde desarrollarse, una conducción de parte de quienes son electos para esa tarea, y la respuesta de los mandos militares de adherir al sistema. Si alguno de estos elementos no se encuentra presente, la democracia se pone en riesgo. Este riesgo no se refiere sólo al ámbito formal o legal. El problema actual más severo respecto de la democracia en la región no estriba tanto en la ruptura del orden legal, sino en la profunda falta de legitimidad que los gobiernos democráticos poseen ante los ciudadanos.

Las relaciones cívico-militares refieren a tres actores: la institución militar, los representantes político-estatales, y la sociedad en su conjunto. Por tanto, a cada uno de ellos corresponde observar qué situaciones o características de su comportamiento ejercen influencia sobre el desarrollo del control civil, y cómo puede operarse sobre ello. Si la construcción de control ha experimentado hasta el momento diversas etapas ello ha demostrado ser escasamente efectivo. La experiencia académica ha tomado distintas piezas de una realidad compleja no sólo a medida que se debatía y reflexionaba sobre diversos avances teóricos, sino también en cuanto la circunstancia lo permitía. No puede en este sentido obviarse el hecho de que la reconstrucción democrática en algunos países de la región contó con severos condicionamientos políticos, principalmente resistencias militares. Sin embargo y como hemos visto, aún en el caso en el que no hubo condicionamiento a la transición -el argentino- tampoco se logró establecer pautas de control que permitieran el avance de la institucionalización. Así, el abordaje progresivo de la problemática del control civil debe ser reemplazado por una consideración simultánea y sistemática de las variables que en él intervienen. A partir de las diversas propuestas teóricas, de la realidad observada y de la consideración de los tres actores que intervienen en el proceso, surge que la problemática de la construcción institucional democrática y del control civil tiene ante sí básicamente: una institución militar cuya mentalidad profesional lo acerca o lo aleja de la intervención; representantes político-estatales que asumen o no la responsabilidad de conducir;

una sociedad que sostiene el ambiente democrático sobre el cual se apoya el control, o que vacila (y hasta proyecta) ante la intervención militar. Un control civil efectivo y posible para la realidad latinoamericana depende entonces de tres variables: El tipo de mentalidad profesional militar: los valores primordiales y los códigos recibidos por el profesional militar desde su ingreso a la institución informan su pensamiento y construyen concepciones acerca de su misión que pueden trasladarse a la intervención política. Por ejemplo, existe en la mayoría de los ejércitos latinoamericanos una concepción misional transmitida de promoción en promoción de que el Ejército es anterior a la nación, y que en él recae la última responsabilidad de supervisar y, de ser necesario, guiar, el destino nacional.29 Las percepciones que la institución construye acerca de la realidad nacional, regional e internacional contribuyen también a moldear una mentalidad. Una fuerza con misiones claras y dedicada a construir un ambiente de paz regional e internacional -por ejemplo- podrá ser menos proclive a inmiscuirse en asuntos de política interna. Mientras que un ejército ocioso y aferrado a una concepción clásica del poder militar como el más importante a desarrollar por una nación, tendría mayores posibilidades de tentarse a intervenir en la toma de decisiones. La concepción de la comunidad nacional acerca de la misión militar en la sociedad: así como los golpes militares fueron alentados o al menos soportados por gran parte de la población, la adhesión a los ideales democráticos es el más fuerte freno para la intervención militar. Si la sociedad coloca a las fuerzas armadas en el papel de sustituto alternativo de la clase política, que puede naturalmente suplantar a éstos cuando el gobierno muestra signos de corrupción o ineficiencia, las posibilidades del control civil pueden verse disminuidas. Ello está en la base de la

concepción de que las fuerzas armadas, como institución organizada, constituyen una reserva natural frente a los problemas políticos. Por el contrario, la adhesión a la resolución democrática de los conflictos está en la base de la construcción institucional necesaria para el desarrollo de la democracia. La asunción civil de la conducción de la política de seguridad y defensa: los representantes político-estatales no sólo necesitan la capacidad para conducir, sino también la voluntad de hacerlo. Ambos atributos deben coexistir. Si el poder político cuenta con las capacidades pero no con voluntad de operar sobre las dificultades o sobre las transformaciones necesarias, no asume sus prerrogativas (por ejemplo, el caso argentino). Si no cuenta con las capacidades, su voluntad permitirá ir trabajando sobre ellas (posiblemente, el caso chileno). La conducción de la política de seguridad y defensa representa un punto esencial en el manejo de la institución militar y en la respuesta de la clase política a los desafíos nacionales de seguridad. El análisis académico debe trabajar simultáneamente en el comportamiento de estas tres variables. Si, por ejemplo, la disposición militar a intervenir es escasa y ello se interpreta como presencia de un control efectivo, estaremos obviando otras variables que actúan en el proceso y que pueden provocar cambios. Si la concepción de la sociedad nacional descarta la presencia militar en política, pero la clase política no asume sus prerrogativas y la mentalidad profesional militar no se modifica, ello podría generar en el largo plazo problemas en cuanto a la conducción del poder político. Así podría continuarse elaborando ejemplos que ilustran cómo estas tres variables se interrelacionan continuamente operando sobre el control civil. Figura 1. Areas de acción para el logro del control civil

Una dimensionalización primaria podría sugerir dicotomizar las alternativas (positivo/negativo, intervención/no intervención, etc.). Esta primera aproximación permitiría catalogar casos y deducir la existencia de dificultades. Sin embargo, si el control civil es un proceso debemos observar las alternativas de su desarrollo, buscar -como diría Kohn- en los lugares menos obvios. Por otra parte, la dicotomización nos habla de la existencia o inexistencia de problemas, pero no permite descubrir dónde éstos radican, cómo se originan, y cómo podría analizarse su resolución. Para que el proceso quede a los ojos del analista, es necesario trabajar cada una de las variables en distintas dimensiones y buscar indicadores que permitan comprender la dinámica de dicho proceso. Aunque por razones de síntesis un desarrollo completo no pueda presentarse aquí, el siguiente esquema básico de trabajo puede representar un punto de partida para futuros estudios de caso: - Mentalidad Profesional Militar:30 Valores: entendidos como los ideales, parámetros o instituciones hacia los cuales se tiene una especial consideración afectiva y adhesión. Podemos dividirlos en: - Morales: que informan el "espíritu" profesional - Técnico-profesionales: acerca del tipo y el ejercicio de la carrer Actitudes: el sentimiento o el estado de ánimo hacia cierto tema; en este caso, entendido como la fijación de misiones: - Hacia la sociedad - Hacia la actividad política

Perspectivas: entendidas como la percepción o información (de tipo cognitivo) que permite interpretar el ambiente: - Modos de ver y comprender la realidad nacional - Modos de ver y comprender la realidad internacional

- Concepción de la comunidad nacional acerca de la misión militar:

Valores Morales: - Adhesión al ideal democrático - Práctica cotidiana

Opiniones: - Acerca de las misiones militares - Acerca de la política - Acerca de la situación de seguridad nacional - Acerca de la situación de seguridad internacional

Asunción civil de la conducción política:

Acciones: - Generación y mantenimiento de instituciones - Elaboración y ejecución de políticas - Conducción de operaciones

Opiniones: - Acerca de las misiones militares - Acerca de la situación de seguridad nacional - Acerca de la situación de seguridad internacional

De esta dimensionalización pueden deducirse hipótesis de trabajo a ser aplicadas en casos concretos. Algunos de estos elementos pueden ser respondidos seguramente a simple vista; otros en cambio no son tan obvios, y requieren estudios específicos y una más profunda dimensionalización para poder clasificarlos. En su conjunto, representan las bases a partir de las cuales comenzar a analizar cambios y permanencias en el papel militar dentro de la vida política de cada país.

Dotar el ambiente político latinoamericano de una mayor institucionalización que garantice la continuidad de los procesos democráticos no sólo en función de la legalidad sino también de la legitimidad representa sin duda un desafío. El actual contexto crítico en la región invita a aumentar la reflexión. La problemática militar no es un tema menor en un ambiente de crisis como el actual. En este sentido, esta presentación no ha pretendido ser exhaustiva en el análisis, sino antes bien abrevar en los aportes teóricos que las ciencias sociales han brindado, para construir un esquema posible y eficiente para el control civil. Hemos propuesto desplazar el eje colocado en la reducción de la autonomía militar por medio de la restricción de misiones y el ajuste presupuestario. El mismo no sólo ha demostrado ser inadecuado, sino que oculta los aspectos menos obvios del proceso y sus debates no permiten salir de las pautas históricas de la relación civilmilitar.

En cambio, proponemos el abordaje simultáneo de las variables que intervienen en el problema y de las cuales dependen las posibilidades de un control efectivo. Ya que, en suma, el control civil dependerá de: lo que dejen hacer, lo que piensen que se debe hacer, y lo que se quiera hacer. EJEMPLO DE UNIDAD CÍVICO-MILITAR El 13 de abril de 2002 la unión cívico militar logró derrotar el golpe de estado que intentó aniquilar los sueños de la Revolución Bolivariana. Expulsaron a los traidores del Palacio de Miraflores y rescataron al comandante Chávez para que retomara el poder que el pueblo le otorgó. Esto contrasta con papel represor que desempeñó el estamento militar durante el estallido social conocido como El Caracazo, en febrero de 1989. Cuando soldados, por órdenes del poder político de entonces, enfilaron sus armas contra el pueblo y como resultado más de dos mil venezolanos perecieron.

EL CARÁCTER ESTRATÉGICO DE LA MILICIA Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López: “La Milicia tiene carácter tan estratégico, como lo puede tener el sistema de defensa antiaéreo que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tiene un carácter estratégico, altamente disuasivo, como un submarino de nuestra Armada Bolivariana. Hay que verlo así, no hay que ver la milicia de manera simple, la milicia obedece a un concepto, es un concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación”. El concepto de unión cívico-militar es para construir una patria libre, independiente y soberano, expresó este jueves el Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y presidente de la República, Nicolás Maduro.

“La unión cívico-militar para ser libres, independientes y soberanos. La unión cívico militar para hacer respetar la Constitución y construir la felicidad del pueblo”, expresó desde el Fuerte Tiuna durante un acto de la institución castrense para ratificar su compromiso con el mandatario nacional en una transmisión conjunta de radio y televisión. En la actividad, Maduro agradeció a la FANB su compromiso y lealtad e instó a convertir esa proclama en juramento que sea asumido por cada oficial y soldado del país.

La Fuerza Armada realizó un juramento en el que ratificó su “compromiso de fidelidad a los sublimes ideales del Libertador Simón Bolívar, retomados por el Comandante Supremo Hugo Chávez a través de la Revolución Bolivariana” y reafirmaron su “lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela”. Asimismo, juraron “luchar junto al pueblo venezolano en perfecta unión cívico-militar para defender la nación contra las agresiones imperiales y garantizar su liberta, independencia y soberanía”. A su vez, el presidente Nicolás Maduro instó al cuerpo castrense a preservar la unión, para así enfrentar los ataques de los ejes imperiales que buscan derrocar la Revolución Bolivariana. “Que nadie le abra las puertas a la conspiración, ni a la fractura de la sagrada unión moral, ética, profesional y patriótica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana “, expresó el jefe de Estado. “Jurar la lealtad, la subordinación, la disciplina, el compromiso con el comandante en Jefe legítimamente electo por el pueblo es una acto de transcendencia, sabiendo las conspiraciones que vienen desde Washington

y de Bogotá, tratando de financiar la fractura de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó el mandatario venezolano en la actividad, en la que participaron aproximadamente 1.450 miembros de los diferentes componentes del cuerpo castrense.

Más temprano, el presidente Maduro denunció que contra Venezuela y el proceso electoral del pasado 20 de mayo, factores de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se dispusieron a desarrollar una serie de planes “para generar una violencia militar y tratar de evitar la elecciones democráticas en el país”.

Asimismo, denunció que está en marcha un plan para crear enfrentamientos bélicos en la frontera colombo-venezolana, por lo instruyó la activación de “máxima inteligencia” por parte de la FANB.

En la actividad, los miembros del cuerpo castrense rindieron honores a Nicolás Maduro, electo como Presidente de la República el pasado 20 de mayo con más de seis millones de votos. La clave se encuentra en la llamada unión cívico-militar, una alianza forjada entre las FAS y el pueblo para forjar y defender la llamada revolución socialista. La Constitución de 1999 ya introduce el concepto de corresponsabilidad civil-militar para garantizar la seguridad de la Nación. A partir de esta concepción se desarrolla el pensamiento militar bolivariano cuya base, para bloquear a sus enemigos imperialistas, es la unión cívico-militar. En esta unión, las FAS son el medio de combatir el imperialismo y la oligarquía. De manera que la tradicional relación de enemistad se convierte en colaboración para desarrollar

una sociedad “verdaderamente democrática” en el ámbito político, social y económico.

La unión cívico-militar se basa en una relación de reciprocidad, mediante la cual la ciudadanía se implica en la Defensa y las FAS en el desarrollo del país, para la realización de dicha revolución. Así la corporación militar en el cumplimiento de sus obligaciones, contraídas en esa unión con el pueblo, además de la defensa exterior y de la seguridad interna, tienen asignada la participación en el desarrollo de la nación, como también expresa el mismo texto constitucional. De manera que como consecuencia con esta unión y de las misiones a partir de la misma asignadas a las FAS, éstas desbordan el ámbito meramente militar y se desenvuelven también en el civil.

La lucha antiimperialista y la revolución democrática son los elementos que justifican la unión cívico-militar, así como los roles que asumen el pueblo y el ejército. No obstante, la aportación realizada por uno y otro conduce inexorablemente a la militarización de la sociedad y a la politización de los militares. En efecto este proceso no puede trascurrir de otra manera, desde el momento en que las FAS se consideran “agentes de la revolución”. Su labor a través de su participación en el desarrollo nacional se entiende como una forma de llevar a cabo esta revolución democrática pese a los obstáculos y a la oposición existente.

En definitiva su acción está directamente implicada en la realización de un proyecto político, en el que las FAS son una pieza angular. Desde ese momento podría decirse que su politización es inevitable, pública, no disimulada y

coherente con el planteamiento desarrollado. De ahí la definición de éstas como “socialistas”. Es históricamente demostrable, en ese contexto, que el concepto "unión cívico-militar" no es un concepto venezolano como lo demuestra la Historia de las revoluciones pero, en el caso concreto de la revolución criolla, ese importante pensamiento bolivariano y el proceso histórico-venezolano, la unión cívico-militar en nuestro caso nacional, tiene características propias que la expresan en forma única y diferente tanto desde lo objetivo revolucionario como lo antropológico-social como se demuestra en nuestra Historia con las realidades sucedidas desde los tiempos de la colonia en el ambiente de la sociología llanera.

Pero Chávez Frías impuso el concepto "unión-cívico-militar" como una característica propia de la revolución criolla sobre la base histórica del proceso independentista, justamente, con el contenido profundo y significativo de tan álgido proceso pero no exponiendo el ambiente concreto militar sino los contenidos sociales y político-ideológicos de la revolución criolla, lo cual obliga al concepto "unión cívicomilitar" a ser particularmente considerado y precisado en su proyección socio-política e ideológica.

Es, en ese marco referente, que las derechas, en simple y sencilla expresión y comportamiento hipócrita, rechaza esa "unión cívico-militar" de importancia vital no solo en lo referido-interno-nacional sino en su conjunción objetiva de las nuevas doctrinas militares que se tuvieran que adoptar tanto a lo significativo del impacto en los PIB nacionales como dentro de la doctrina de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, como la objetivación de la mundialización y la seguridad internacional para lo sistémico capitalista.

Pero el propio desarrollo del sistema capitalista mundial y las "nuevas inseguridades" que se vienen desarrollando están obligando a los estados nacionales, en la conjunción real de la globalización, a redefinir esa seguridad internacional rediseñando una "nueva doctrina militar y de seguridad" cual está sustentada esa obliganza en las no tan recientes experiencias de lo militar estadounidense y sus aliados de la OTAN en lugares de guerra en Afganistán y Iraq como las consecuencias tanto en Libia como en los actuales escenarios de guerra con sus propias características en Siria.

Es decir ante la "nueva doctrina militar" en su desarrollo teórico y en su aplicación real, la "unión cívico-militar" bolivariana y chavista en el real y objetivo de lo significativo que representa el proceso revolucionario criollo se expresa, consideramos, en diferentes variables y conceptos que permiten y obligan a una praxis nacional con extensiones allende fronterizas.

Es en el marco de esa realidad que cada gobernación que pudiera quedar bajo los designios de la derecha nacional soportada por la nueva realidad internacional de las políticas de extrema expresión capitalista bien conocidas, socavarían, real y objetivamente, el desarrollo de la revolución criolla en su curso retrotrayéndola a estadios superados desde el mismo momento del triunfo de Hugo Rafael Chávez Frías en aquel diciembre de 1998. T/ Oriana Gámez

INTEGRANDO CIVILES Y MILITARES A PARTIR DE LA EDUCACIÓN

José Robles Montoya Enero 2005

Introducción

Las relaciones entre la sociedad en su conjunto y los miembros de los institutos militares configuran en Latinoamérica un tipo de interacciones sociales, cuyas particularidades pueden y deben ser analíticamente abordadas para comprender sus características y propiedades.

Teniendo como premisa que toda interacción social se desenvuelve a partir de un conjunto de prácticas sociales comunes, queremos destacar la necesidad de promover espacios de encuentro entre grupos de la sociedad civil e integrantes de la fuerza armada, con la finalidad de propiciar un mayor acercamiento y conocimiento mutuo, que ayudaría a comprender del lado de los civiles el papel, rol y ubicación de la fuerza armada en el marco de un estado de derecho, y del lado de los militares, la noción de una ciudadanía inclusiva. Este proceso es el que llamaremos proceso de integración civil militar.

Históricamente la integración civil militar siempre está referida y unida al concepto de “relación civil militar” es decir se sustenta en las relaciones institucionales dentro del aparato del Estado y con la sociedad en su conjunto. Este enfoque ha hecho que la realidad de una integración civil militar siempre tenga una entrada política al tema y en algunos momentos se soslaye o se subsuma por la

coyuntura política imperante. La particularidad de la integración entre civiles y militares excede el ámbito de lo político, consideramos entonces que el enfoque de análisis respecto a la integración civil militar debe tener un carácter multidimensional donde la educación represente la base, al ser esta la etapa formadora de todo profesional. El presente ensayo busca expresar la importancia de la integración civil militar basado en un enfoque desde la educación y la necesaria oferta educativa que los institutos educativos militares brindan a toda la sociedad.

Importancia integración

de

los

aspectos

educativos

en

la

La introducción de los cambios necesarios, que se vienen produciendo desde la ultima década del siglo pasado, con la finalidad de contar con una fuerza armada cuya concepción, función, organización y formación respondan a valores democráticos es sin duda alguna parte esencial de los procesos de transición y consolidación democrática que vienen afrontando los países latinoamericanos. Ser consecuentes con el principio básico de una efectiva supremacía civil en la definición y dirección de la política de defensa nacional exige no sólo que los temas dejen de ser coto cerrado y exclusivo de los militares si no que se conviertan en preocupación prioritaria del conjunto del estado y la sociedad, preocupación que demanda conocimiento de los temas e interés y voluntad política por ellos mismos, más aún cuando estos cambios vienen generándose en un contexto de globalización e internalización de diversos fenómenos que pueden considerarse como amenazas a nuestra seguridad. De allí la importancia primaria de la educación (formación, capacitación y perfeccionamiento) en estos temas,

educación que se debe brindar en los institutos educativos militares y civiles.

Otro aspecto que relieva la importancia de la integración civil militar desde un enfoque educativo es el romper con los sentimientos de otredad que presentan los militares en su relación con los civiles, contraponiendo permanentemente los estilos de vida sin analizar en profundidad contextos o situaciones comunes y enfatizando el hecho de que dichas actividades se dan en lugares distintos. Esta distancia se origina en la manera como se construye a los sujetos militares1donde la formación y la educación basada en rituales y valores específicos, en muchos casos desconocidos por la sociedad ya sea por desinterés o porque los mismos militares buscan mantenerlos reservados, asumen una importancia primaria.

Acortar esta distancia tendiendo puentes entre civiles y militares es papel que los institutos educativos deben asumir a fin de permitir una sólida integración civil militar como sustento de gobernabilidad de las democracias en Latinoamérica.

Dimensiones de la integración por la educación

El enfoque de la integración civil militar basada en la educación presenta dos dimensiones básicas, en función a su punto de aplicación, importantes por igual y no excluyentes entre sí: Valores comunes y compartidos

Esta dimensión busca incidir directamente en la formación militar y civil. La cultura militar está fundamentada en prácticas continuas donde destacan rituales, lenguajes, símbolos, memoria corporativa pero, sobre todo la profunda importancia que se le brinda a los valores “militares” como honor, valor, lealtad, etc; valores que también se practican en ámbitos no militares aunados a tolerancia y otros. Se tiene la percepción errónea que los “valores militares” son mucho más rígidos, más verticales y nada democráticos.

La integración se debe dar a través de compartir e internalizar valores practicados en cada esfera. Debemos entender que los valores son los mismos, lo que los diferencia es la intensidad de los mismos según el ámbito donde se desenvuelva el profesional militar o civil. Este compartir redundará en la conceptualización de ciudadanía donde el militar debe incorporarse de manera más definida. Es más, pienso que más que en los temas de seguridad y defensa (que de hecho deben de aprender los civiles), es en el tema de ejercicio de derechos, marco constitucional, derechos/obligaciones, separación de poderes, en donde el estamento militar debe de involucrarse de manera más definida.

Conocimiento de la temática de la defensa nacional

Esta dimensión busca romper con el mito que los asuntos de defensa son de exclusividad castrense para entenderlos como aspectos que deben ser conocidos y entendidos por la sociedad en su conjunto. Como consecuencia de este conocimiento se mejorará la capacidad de gestión en temas de defensa; capacidad que se da a través de educación para civiles desde institutos educativos con la

finalidad de crear mejores cuadros para la gestión de la defensa. Cuadros con conocimiento de la esencia de la profesión militar. Por otro lado, esta dimensión busca también cuadros militares con conocimientos de gestión modernos de las organizaciones que operan en ámbitos no militares.

Integración castrenses

civil

militar

en

instituciones

educativas

Una de las herramientas más importantes para lograr la integración civil militar desde la educación es sin lugar a dudas los conocimientos que se brindan para civiles y militares desde los institutos educativos militares. Estas instituciones desarrollan actividades de enseñanza a estamentos de la sociedad en su conjunto con la finalidad de transmitir definiciones y conceptos relacionados a temas de seguridad y defensa con la finalidad de romper con la distancia existente entre civiles y militares.

Si analizamos la oferta educativa desde los institutos educativos militares en los distintos países de Sudamérica observamos que son dos enfoques los que se presentan: el primero destinado a brindar cursos de seguridad y defensa a civiles y el segundo que brinda cursos donde la especialización militar en determinados temas puede ayudar en la capacitación de los profesionales civiles. Estos enfoques no son y no deben ser excluyentes entre sí, considero que por el contrario son complementarios y coadyuvan en la integración entre civiles y militares. Enfoque Cursos de Seguridad y Defensa

Desde la década del 70 las fuerzas armadas establecieron en sus institutos académicos del más alto nivel capacitación para civiles en cursos de seguridad y defensa. A la fecha algunos países han avanzado más que el resto en este tipo de capacitación en temas de seguridad y defensa para profesionales civiles, así tenemos:

(1) En Chile tenemos a la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE)2y a la Academia de Guerra del Ejército. La ANEPE tiene como misión desarrollar actividades de docencia, investigación y extensión, destinadas a incrementar los conocimientos en materias de Defensa y Seguridad Nacional entre el personal de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, de la Administración del Estado y del Sector Privado, teniendo como uno de sus objetivos principales alcanzar el mayor grado de de unidad de procesos e integración civil-militar, y entre las instituciones de la Defensa Nacional. En la ANEPE se brinda un magíster en seguridad y defensa con mención en gestión política y estratégica así como el curso sobre "Administración de la Defensa en una Sociedad Democrática", que tiene por objetivo, proveer a los estudiantes civiles y militares de un entendimiento crítico de las estructuras y procesos mediante los cuales la defensa debe ser conducida en una sociedad democrática. Por otro lado la Academia de Guerra del Ejército3 ha establecido una Magíster en operaciones de paz, en historia militar y pensamiento estratégico, además de diplomados en temas como planificación y dirección en prevención de manejo de desastres dirigido a civiles y militares del sector defensa y de otros sectores de la administración publica.

(2) En la República Argentina también se ha registrado un avance importante en este campo de la oferta educativa para civiles desde instituciones militares. Como nos dice Juan Belikow “entre las diversas iniciativas para recomponer las relaciones civiles militares, deterioradas como consecuencia de la alternancia entre gobiernos democráticos y golpes de estado, surgió casi naturalmente un acercamiento entre los ámbitos académicos que a través del conocimiento personal y la interacción entre profesionales, civiles y militares, fue plasmando un vehículo de integración cuya efectividad y alcances nos sorprende cada día”4 A nivel Estado Mayor Conjunto el Instituto de Inteligencia5 es un centro educativo que capacita a militares y civiles de las Fuerzas Armadas como especialistas de inteligencia militar, de tal forma que estén preparados para enfrentar con éxito los desafíos que las necesidades específicas, conjuntas y combinadas, imponen a la defensa nacional. La Escuela Superior de Guerra del Ejército brinda cursos de grado, postgrado y especialización para civiles y militares destacando entre estos: Maestría en estrategia y geopolítica, licenciatura en ciencias de la educación y especialización en Conducción y gestión estratégica, teniendo como propósito formar analistas e investigadores estratégicos capacitados para asesorar en los distintos niveles de decisión, en ámbitos del conflicto o la negociación.6

(3) En el Perú el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) brinda la Maestría en Desarrollo y Defensa Nacional cuyo objetivo es perfeccionar en temas de seguridad y defensa a funcionarios públicos y privados así como a empresarios con la finalidad de poder desempeñarse en funciones de dirección y/o

asesoramiento al más alto nivel en actividades de desarrollo, seguridad y defensa nacional.

(4) En Ecuador el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) fue creado con el propósito de estudiar la realidad nacional ecuatoriana y generar investigaciones estratégicas requeridas, en base a técnicas relacionadas con la planificación, coordinación, dirección y ejecución de las políticas nacionales en los altos niveles de la conducción del Estado. En este marco se ofertan postgrados a profesionales de los sectores público y privado que enfatizan los siguientes temas: la seguridad, el desarrollo y el liderazgo. Se cuenta con la maestría en seguridad y desarrollo con mención en gestión pública y gerencia empresarial, la maestría de alta gerencia y el diplomado superior en alta gerencia.

Es indudable que estos cursos permiten la integración entre civiles y militares creando asimismo capacidades que tendrán consecuencias directas en las futuras gestiones de los sectores de defensa.

Para la integración entre civiles y militares desde las instituciones educativas existe otro punto de vista, me refiero al caso inverso: la salida de los militares hacia el ámbito educativo civil. En muchos países los oficiales obtienen, junto con su formación castrense, un título universitario y en este sentido, se podría decir que se forman en “universidades especiales” ajenas al mundo civil. Por ello es que considero pionera y de vital importancia la iniciativa de la Escuela Militar de Chile que permite tomar cursos a sus cadetes en la Universidad Diego Portales, lo que permite a los jóvenes cadetes mantener interacción

con el mundo civil, interacción que tendrá sus beneficios cuando estos cadetes se conviertan en oficiales.

Enfoque Cursos de Especialización

Las instituciones educativas militares se han dado cuenta que poseen ventajas comparativas y competitivas en algunos aspectos profesionales, por ello ha establecido “nichos específicos”7con alto nivel de capacitación y excelencia dirigidos en particular a empresarios y directores de organizaciones. Estos temas se centran en aspectos de dirección, organización, administración de personal, administración logística entre otros.

En Chile el instituto geográfico militar8imparte cursos para profesores civiles en aspectos de geodesia y cartografía; en la Argentina la Escuela de Guerra Naval brinda las maestrías en Gestión Logística, en estudios estratégicos y en dirección de organizaciones. Estas maestrías se realizan con la convicción de tener un programa de calidad, donde los civiles, en especial empresarios, pueden capacitarse en aspectos estratégicos de dirección de organizaciones9, asimismo en la Escuela Superior Técnica se dictan las maestrías en transporte, en seguridad e higiene ocupacional e incluso están abordando la modalidad de estudios a distancia con la especialización en Gestión ambiental. En el Perú la Escuela de Enfermería del Ejército en convenio con una Universidad Nacional forma profesionales de salud en ramas de enfermería y auxiliares de salud.

Un caso especial es lo que sucede en Bolivia donde la Escuela Militar de Ingenieros del Ejército boliviano brinda una serie de cursos de grado, como ingeniería ambiental, agronómica, civil, comercial, industrial entre otras; cursos de postgrado como maestrías en administración y dirección de empresas, en ingeniería estructurada y en gestión ambiental y de recursos naturales.

Conclusiones

Debemos enfatizar el cambio en el enfoque de la integración civil militar hacia una integración vía la educación. Este cambio tiene que ver con el comportamiento y conductas de las personas donde la educación es la vía para la modificación de la desconfianza mutua, los prejuicios históricos y los preconceptos negativos que arrastran los actores de la relación civil militar en Latinoamérica. La educación integrada e interactiva permitirá el florecimiento de nuevas ideas y conceptos mutuos.

La importancia de buscar la integración vía la educación y formación se verá reflejada en la disminución del sentimiento de otredad que se percibe entre civiles y militares; aspectos como la existencia de residenciales militares, colegios específicos para hijos de militares, hospitales exclusivos para militares son sin lugar a dudas reflejos de esta otredad que puede reducirse a través de una integración desde la formación educativa. Es pues necesario insistir en las dos dimensiones planteadas a fin de fortalecer esta integración: el reforzar los valores como un todo común y el conocimiento de la temática de defensa para una mejor relación.

Este proceso de integración debe pues reforzarse y acrecentarse. Las capacidades educativas y formativas de la fuerza armada deben ser utilizadas por el sistema educativo nacional dentro del cual siempre debe operar. Su adecuada utilización por mayor cantidad de personas donde la interacción sea un proceso maduro permitirá tender puentes seguros de integración y sin duda coadyuvará a un mejor entendimiento entre civiles y militares que redundará en beneficio de una democracia consolidada. Integración cívico militar La unión de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y el pueblo es el eje fundamental de la nueva doctrina militar para alcanzar la seguridad integral de la nación, y es esa unidad cívico militar el principal cambio experimentado en el ámbito castrense en los últimos años.

En la actual gestión del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, hay coincidencias entre voceros del Gobierno Nacional y sector militar en afirmar que la nueva concepción de la defensa fundamentada en la unidad cívico militar ha pasado de la teoría a la práctica en corto tiempo.

Lo que comenzó con un cambio de doctrina en la Constitución, hoy en día es una realidad con las activaciones de nuevas unidades militares con un criterio de trabajo con la población y las autoridades civiles, como una demostración del avance en la nueva doctrina militar.

Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, la Fuerza Armada Nacional tuvo que reconsiderar sus principios doctrinarios

en cumplimiento con el postulado de la corresponsabilidad, para posteriormente aprobar de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (Lofan).

Este cambio de doctrina buscó romper viejos esquemas y patrones copiados de las grandes potencias como Estados Unidos y trabajar en una doctrina propia basada en nuestros principios.

Es decir, la doctrina del Libertador Simón Bolívar, Francisco de Miranda y la liberación, el nacionalismo liberador, y de la unión del soldado con su pueblo.

Participación popular y defensa integral

El artículo 322 de la Constitución Nacional en el título VII, de la seguridad de la Nación, Capítulo I, De las Disposiciones Generales establece las líneas fundamentales de la nueva concepción de la defensa integral:

"La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional".

En complemento a este postulado, el artículo 326 señala que la seguridad de la Nación se fundamenta en la

corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia y solidaridad, entre otros.

En más de una oportunidad el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, se ha dirigido a la nación para explicar la defensa integral. Específicamente, en el programa Aló Presidente del 20 de marzo del 2005, el Jefe de Estado invitó al pueblo a 'asumir una actitud de defensa nacional integral a fin de preservar nuestra soberanía ante naciones como Estados Unidos'.

Desde el año 2004 se comenzó a trabajar en la "ofensiva ideológica del nuevo pensamiento militar venezolano, que debe partir de nuestras raíces, del pensamiento antiimperialista, unificador, patriótico, igualitario, justiciero, fraterno y liberador'.

Esta doctrina militar incluye la cooperación activa del pueblo en defensa de la soberanía. Dicha doctrina tiene tres líneas:

1) Fortalecimiento del poder militar de la Nación,

2) Profundización de la unión cívico militar (soldados y pueblo) y

3) Fortalecimiento y participación popular en las tareas de la defensa nacional.

Preparados para conflictos asimétricos

Las teorías de defensa evolucionan con el pasar del tiempo, y es por ello que en la actualidad la nueva doctrina militar estudia la guerra asimétrica o conflicto desigual.

Este nuevo pensamiento militar permitirá a la FAN afinar estrategias para contrarrestar amenazas a la seguridad interna, con la participación de la población en diferentes áreas. Con la promulgación de la Lofan, los pensum académicos y los ejercicios militares comenzaron a incluir la participación popular en las actividades de defensa integral. Es por ello, que se le ha dado importancia al fortalecimiento de la Reserva Nacional y de la Guardia Territorial.

La Lofan en su artículo 10 señala a la Reserva Nacional que está constituida por todos los venezolanos y venezolanas mayores de edad que no estén en servicio militar activo, que hayan cumplido con el servicio militar o que voluntariamente se incorporen a las unidades de reserva que al efecto sean conformadas.

La misión de la Guardia Territorial es preparar y mantener al pueblo organizado para operaciones de resistencia local, ante cualquier agresión interna y/o externa, así como la participación en misiones especiales de defensa y desarrollo integral de la Nación.

En el artículo 11 de la referida ley, se explica que la Guardia Territorial está constituida por los ciudadanos y

ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de resistencia local ante cualquier agresión interna o invasión de fuerzas extranjeras. Estos grupos deben ser debidamente registrados por la Comandancia General de la Reserva Nacional y de la Movilización Nacional, quedando bajo su mando y conducción.

Conclusión El Estado tiene la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos terrestres, insulares y marítimos, preservando la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con el desarrollo cultural, económico, social y la integración. Atendiendo la naturaleza propia de cada región fronteriza a través de asignaciones económicas especiales.

El Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico.

A tales efectos, le corresponde también establecer el concepto estratégico de la Nación. Presidido por el Presidente o Presidenta de la República, lo conforman, además, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional, el Presidente o Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, el Presidente o Presidenta del Consejo Moral Republicano y los Ministros o Ministras de los sectores de la defensa, la seguridad interior, las relaciones exteriores y la planificación, y otros cuya participación se considere

pertinente. La ley orgánica respectiva fijará su organización y atribuciones.

El concepto de desarrollo integral se encuentra en el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, estableciendo que: "El desarrollo integral, a los fines de esta Ley, consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades y labores que acordes, con la política general del Estado y en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente, se realicen con la finalidad de satisfacer las necesidades individuales y colectivas de la población, en los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar." acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación."

El llamado formulado, por el Presidente Hugo Chávez a todos los venezolanos y venezolanas a defender la paz, la independencia, la soberanía y el espacio geográfico del país tiene su fundamento en esta Ley, establecido en sus artículos 5, 6 y 7:

La participación popular y el protagonismo del pueblo. Frente Francisco de Miranda 8 “Los procesos para la transformación revolucionaria que hará posible el socialismo en Venezuela sólo podrán ser exitosos si en ellos participa todo el pueblo”

La importancia de la participación popular en el ejercicio directo de la soberanía está refrendada en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como en la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y otros documentos jurídicos. Conocer y profundizar sobre el significado de la misma se convierte en necesidad insoslayable para la acción revolucionaria y consciente en el contexto de la nueva sociedad Socialista Democrática Participativa y Humanista.

La participación y el protagonismo del pueblo en la Revolución Venezolana es un ejercicio de democracia directa, un proceso de empoderamiento popular que ha ido alcanzando cada vez mayor fuerza y profundidad acorde al avance y radicalización de la Revolución dirigida por el Comandante Chávez. Se trata de promover a través del accionar de los luchadores sociales y demás fuerzas revolucionarias, un trabajo político con el pueblo que potencie su poder real de autogestión revolucionaria. En esta dirección, tal labor educativa deberá lograr un nivel de participación popular que ascienda de una identificación con la Revolución, a un comprometido accionar de las masas en la dirección, planificación, ejecución, evaluación y control de los proyectos de trasformación comunitarios, así como en las demás tareas y actividades que la Revolución exige.

En esta tercera etapa de la Revolución, la participación del pueblo en los consejos comunales, desarrolla y perfecciona su gestión con la asesoría y acompañamiento de los órganos y entes del poder popular, con vistas a la constitución del Estado Comunal.

La participación social comunitaria es la función fundamental que garantiza la existencia y desarrollo de la comunidad y el ejercicio pleno de la democracia verdadera.

De acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la participación ciudadana se construye la base para refundar el Estado orientado a la transformación, y propiciando la destrucción definitiva del modelo de democracia representativa burguesa y consolidando la democracia participativa, principalmente desde el ámbito cotidiano, dado que es desde los pequeños espacios donde se debe profundizar la democracia, en los diferentes escenarios como: la familia, el barrio, el trabajo, entre otros, afianzando deberes tales como: la disciplina, la unidad, la participación, la solidaridad, la integración, la ayuda mutua, la corresponsabilidad social, la rendición de cuentas y el manejo trasparente, oportuno y eficaz de los recursos que dispongan para el funcionamiento del consejo comunal.

La participación del pueblo es la participación de los sujetos que se identifican conscientemente con los objetivos de la Revolución a través de su acción política, económica, social y cultural en todos los niveles de la sociedad y así construye el nuevo poder y la nueva cultura política. Se trata de alcanzar un nivel de autogestión popular que posibilite diagnosticar sus propias necesidades materiales y espirituales, elaborar planes de desarrollo comunitario a partir de decisiones de masas, proponer y aprobar presupuestos, estableciendo las necesarias redes de apoyo; encauzar la ejecución de tales proyectos e incluso realizar las funciones de contraloría como ejercicio de su poder ciudadano. El pueblo en el poder ejerce la democracia directa, la Democracia Participativa que es la verdadera democracia,

con su participación comunitaria. En la comunidad se hacen más tangibles y directos para el hombre sus vínculos sociales. La democracia participativa y protagónica del pueblo se concreta en la conformación y perfeccionamiento de los Consejos Comunales, en los cuales el pueblo organiza, planifica, ejecuta y controla la vida cultural, económica, política y social de las comunidades acorde a las características y necesidades propias de cada Consejo Comunal. Es el autogobierno popular. Nada le es impuesto “desde arriba”. Las decisiones se aprueban en la Asamblea de ciudadanas y ciudadanos.

El pueblo construye el poder desde abajo, desde los sectores más humildes, con la participación de los pobres de la tierra, quienes participan como iguales: hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos, mestizos, negros, blancos, que conforman los sectores tradicionalmente excluidos. Ahora, con la Revolución son dueños de su futuro. A diferencia de la llamada democracia representativa burguesa que es el gobierno de los poderosos que se declaraban representantes del pueblo, pero que gobernaban para defender los intereses de los ricos, de la minoría privilegiada y explotadora, que ni representaba al pueblo, ni era democracia, pues sólo defendían los intereses de la oligarquía que se enriquecía en nombre de la patria, a la que despojaron de sus riquezas y la pisotearon, asesinando a los mejores de sus hijos durante doscientos años.

El pueblo organizado aprende a gobernar participando en las transformaciones revolucionarias como protagonista para construir una sociedad colectivista, justa y libre y a la vez que construye esta nueva sociedad, se autoconstruye y autoeduca como pueblo de hombres nuevos, solidarios,

que se sienten felices al contribuir a la felicidad de los demás, de todas y todos, con una nueva sensibilidad humana, con nuevos principios y valores que guían su acción, entre los cuales debe destacarse la unidad para el logro de un objetivo común: continuar la construcción, desarrollo y consolidación de la Revolución Bolivariana, y en este marco lograr una abrumadora victoria del PSUV en la próximas elecciones parlamentarias, es una batalla que el bravo pueblo venezolano debe ganar participando masivamente. Con tu participación el 26 de septiembre al votar por los candidatos del PSUV en la Asamblea Nacional votas por la Patria, votas por la Revolución, votas por el futuro de tus hijos, votas por la vida. Es suficiente ver el cerco militar y político que el imperio tiende al Gobierno Revolucionario y al Comandante, para entender la importancia de una participación militante en el proceso que aquí vivimos. Podemos deducir de todo esto: que el apoyo a la Revolución Bolivariana, al Socialismo, son deberes, tareas irrenunciables de los revolucionarios. Que hoy no se puede ser patriota venezolano sin apoyar a la Revolución, que ese apoyo se resume en el apoyo al Comandante Chávez.

En la batalla de las elecciones parlamentarias debemos votar por los candidatos del PSUV, que son los candidatos de Chávez., debemos actuar pensando en la Revolución y en la patria, que es pensar en el Comandante Chávez.

¡No hay excusas válidas para no hacerlo! DEFINICIÓN DE INTEGRACIÓN

La palabra integración tiene su origen en el concepto latino integratĭo. Se trata de la acción y efecto de integrar o integrarse (constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo).

Integración No obstante, el término que nos ocupa también se emplea en el ámbito científico. Concretamente se utiliza en las Matemáticas para referirse a la suma que se lleva a cabo de infinitos sumandos. Como integral se denomina también a este concepto básico dentro del sector del cálculo, que tiene un origen antiquísimo pues ya fue utilizado por Arquímedes. Y tras él hicieron lo propio otras figuras tales como Isaac Newton o Leibniz.

La integración social, por su parte, es un proceso dinámico y multifactorial que supone que gente que se encuentra en diferentes grupos sociales (ya sea por cuestiones económicas, culturales, religiosas o nacionales) se reúna bajo un mismo objetivo o precepto.

De esta forma, la integración social puede darse dentro de un cierto país, cuando se busca que las personas que pertenecen a los estratos sociales más bajos logren mejorar su nivel de vida. Para esto, el Estado o las instituciones civiles deben promover políticas y acciones

para fomentar habilidades de autonomía personal y social, la inserción ocupacional, la educación y la adecuada alimentación.

Asimismo, además de la integración social, también podemos hablar de la conocida como integración racial. Con ella lo que se persigue básicamente es que exista una igualdad real entre las personas independientemente de su raza y que se desarrolle una cultura donde exista la tolerancia necesaria para que todas las culturas tengan cabida y sean respetadas, entre otros objetivos.

Por otra parte, la integración puede ser buscada por distintos países, para potenciar la capacidad de cada nación y, en el trabajo conjunto, mejorar la situación de todos los habitantes. Un ejemplo de integración política y económica es el Mercado Común del Sur (Mercosur), formado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú (aunque con distintos tipos de membresía).

Entre los elementos fundamentales que deben existir para sustentar e incentivar la mencionada integración económica están la unión económica y monetaria, el mercado común, la zona de libre comercio o la zona preferencial de comercio.

Asimismo en el marco de aquel continente existe lo que se conoce como integración latinoamericana. Un término con el que se viene a definir y englobar a todo el conjunto de acciones, de diversa tipología, con el que lo que se persigue es aunar a los países de América Latina siempre

respetando la esencia y las señas de identidad de cada uno de ellos.

Para conseguir todo ello existen diversos organismos de tipo supranacional y se desarrollan un sinfín de actuaciones tanto a nivel político como económico, cultural o social.

En todos los casos, la integración siempre supone el esfuerzo coordinado, la planeación conjunta y la convivencia pacífica entre los sectores que conforman el grupo. Esa es la única forma donde las partes pueden constituir un todo, aún sin perder su individualidad.

Participación popular por 29/12/2015, 12:00 PM

8 Compartidos ComparteTuitea Bolívar La falta de conocimientos, la ignorancia para decirlo más claramente, conspira contra la participación efectiva de las personas en los distintos asuntos que les son propios

Luis Fuenmayor Toro

Es muy difícil encontrar a alguien que rechace la posibilidad de que la gente participe en la instrumentación de las políticas, que tienen que ver con la vida diaria, su trabajo, su educación y formación, su vivienda, las relaciones con el poder y su recreación y esparcimiento. Sería absurdo que alguien se planteara intervenir en una comunidad, para enfrentar algún problema colectivo y rechace solicitar información de lo que sucede a sus habitantes, así como consultarlos sobre determinadas soluciones. Otro tanto ocurriría en un servicio hospitalario que se quisiera modificar para mejorar su desempeño o en una fábrica escogida para mejorar su productividad. Los actores principales, lo cual incluye no sólo a los trabajadores de distintos niveles de formación sino también a los usuarios de los servicios prestados o bienes producidos, necesariamente deben ser consultados para garantizar un diagnóstico acertado de los problemas y de las limitaciones existentes, para luego establecer los correctivos a que haya lugar también con la participación de todos.

La participación de la gente, sin embargo, no es infinita, pues tiene limitaciones derivadas de la preparación y conocimiento que quienes participan tienen sobre la situación enfrentada. La falta de conocimientos, la ignorancia para decirlo más claramente, conspira contra la participación efectiva de las personas en los distintos asuntos que les son propios. La gente entonces no puede participar en todo lo que sería necesario hiciere. No importa su motivación ni su disposición a colaborar, a trabajar en conjunto, si desconoce la materia está impedido de participar. Y es aquí donde se descubre la demagogia de ciertos políticos, de ciertos gobernantes, que se llenan la boca hablando de participación popular, que llegan a

calificar incluso como protagónica, pero nada hacen para mejorar la formación y preparación de la población, de manera que realmente se les garantice una participación seria y efectiva en los asuntos que les afectan y no un simulacro de participación.

Venezuela es hoy un país con un promedio de educción formal de 7 años, apenas dos años más que en 1999, cuando quienes gobiernan hoy se iniciaron en medio de una serie de expectativas, que fueron frustrándose una a una en estos 17 años. El sistema educativo, lejos de mejorar, ha empeorado, pues actualmente sólo se dan unos 140 días de clases en el año, en lugar de los 200 días efectivos que deberían cumplirse. Hoy tenemos una carencia de 18 mil profesores de física, química y matemática, aparte de las necesidades no cubiertas en español, inglés y otras disciplinas. ¿Dónde está la emergencia educativa que una situación de este tipo debería producir? ¿Hay algún plan para cubrir en cierto plazo este grave déficit en asignaturas tan importantes? ¿Hay algún programa del Ministerio de Educación en este sentido? No. Absolutamente nada. No hay respuesta a esta vicisitud; la única medida es simple y llanamente una perversión: exonerar las asignaturas no vistas por falta de profesores.

Se trata de la misma respuesta, la misma siniestra medida tomada por los gobiernos adecos y copeyanos, por los traidores a la patria, por los neoliberales salvajes, por quienes sólo sirven a la oligarquía criolla. La revolución bolivariana, la revolución de Chávez, la antiimperialista, la popular, la de la democracia participativa y protagónica, la

del socialismo del siglo XXI, da a un problema tan serio la misma respuesta de quienes dice combate a muerte. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el pasado y el presente? ¿Sólo la vocinglería barata y demagógica de Chávez, Maduro, Cabello y el resto de focas aplaudidoras? En algo tan sensible, tan básico, tan de justicia social, como es la educación de los niños, adolescentes y jóvenes, el comportamiento es idéntico y descalifica el discurso demagógico, patriotero, populachero e irresponsable de quienes nos gobiernan. Y éste es sólo un ejemplo de los parecidos existentes entre quienes se presentan como polos opuestos, valga la redundancia. La revolución socialista y la participación popular Por: Homar Garcés | Jueves, 23/08/2007 02:57 PM | Versión para imprimir Si consideramos la propuesta presidencial de la reforma constitucional como un hito importante en el tránsito de refundación de la sociedad venezolana y, por tanto, del proceso revolucionario bolivariano, se ve que en ello adquiere una jerarquía capital la participación popular, más allá, incluso, del texto constitucional al dejar abierta la posibilidad de que el pueblo ejerza el poder constituyente y modifique radicalmente la estructura del Estado, hasta ahora regido por los cánones burgueses y reformistas tradicionales que impiden la existencia y funcionamiento de una democracia más cercana a los sectores mayoritarios del país. Por ello, más que la necesidad de extender el mandato presidencial o de definir al Estado venezolano como socialista, lo que debe interesar a todos los revolucionarios verdaderos es que tal reforma afirme los cimientos aún endebles de la democracia participativa y protagónica insertada en la Constitución de 1999, ya que ella contiene los gérmenes que harán realidad los diversos cambios revolucionarios que se ha propuesto alcanzar el pueblo de Venezuela, rediseñando las relaciones de poder

y planteándose un sistema económico y una geopolítica más favorable a sus expectativas.

La participación popular es (o debiera ser), por consiguiente, el objetivo central de la reforma constitucional, asegurando de este modo la construcción desde abajo- del nuevo socialismo, con valores opuestos a la representatividad, al burocratismo y al clientelismo político que caracterizaron la historia republicana venezolana del último medio siglo. En este sentido, se han dado algunos pasos significativos, especialmente con la conformación y la gestión de los Consejos Comunales, donde los voceros fungen de ejecutores de la voluntad de las asambleas de ciudadanas y ciudadanos, cuestión que trastoca por completo la pasividad y el apoliticismo a que se vieran éstos obligados durante más de cuarenta años de régimen reformista puntofijista. Esto permitirá, sin duda, el surgimiento de liderazgos más directamente conectados con los sectores populares e impulsará una mayor acción contralora y legisladora de parte de los mismos, siendo fortuita la transformación del Estado y afectando el radio de acción tanto de la dirigencia política como del gobierno, obligados ahora a compartir las responsabilidades del poder constituido, independientemente de si así lo desean o no. Siendo ello así, Venezuela estará profundizando y redefiniendo lo que entendemos por democracia de un modo novedoso y único en el mundo, comparable quizás en objetivos, debates y participación a lo protagonizado por el pueblo ruso en los días iniciales de la revolución bolchevique de 1917. Ello exige, adicionalmente, que el pueblo adopte una conciencia nueva, producto de una formación teórica realmente revolucionaria, con un conocimiento siempre renovado, pero firme, de lo que debiera ser el socialismo en el siglo XXI y proporcionándose, en consecuencia, un espacio

autogestionario, alejado de la manipulación de cualquier gobierno.

Por ello mismo, la inserción de los conceptos de comuna y comunidad en el texto constitucional contraen una trascendencia sin igual, la cual -a pesar de estar ligada al ámbito geográfico inmediato- abarca aspectos sociológicos, económicos, culturales, históricos y económicos que fueran ignorados a través del tiempo, manteniéndose inalterables durante los mandatos “democráticos”. Esto conduce a la adopción de un sentido de pertenencia y de unos valores humanos diferentes a los inculcados por la sociedad de consumo capitalista, además de revestir un significado, digamos, ecológico o ecologista, ya que se centra en el ser humano como ser social, buscando y asegurando su pleno desarrollo, de forma integral y no únicamente material. Mas, esto no quiere decir que deba repetirse la vieja historia del Estado paternalista. En lugar de eso, la participación popular -a la par de contribuir a la definición y construcción del socialismo- se encamina también a suplir la ética prevaleciente del tener por la ética del ser, con lo cual se romperán no escasos paradigmas. Asimismo, obliga a desarrollar una nueva cultura del trabajo, basada en parámetros sustancialmente distintos al capitalismo, aunque exista alguna convivencia forzosa, superable con el tiempo, a medida que se haga carne y práctica diaria el socialismo.

Es fundamental que se comprenda que la revolución socialista y la participación popular deben imbricarse de tal manera que se hagan indivisibles, en toda instancia y momento, para convertirse en una realidad característica permanente. Esto supone avanzar hacia el autogobierno del pueblo, cosa que implica creer en su madurez y capacidad política para manejar asuntos de Estado, lo

mismo que estimular en él los conocimientos básicos con los cuales enfrentar cualquier tentativa por desviar los propósitos revolucionarios fundamentales por que ejerza la democracia de una forma directa, otorgándole rasgos populares únicos.

Participación ciudadana La participación ciudadana es un conjunto de mecanismos para que la población acceda a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. Se debe de tomar en cuenta que la participación ciudadana no solo se refleja a través del voto, sino que existen múltiples maneras de tomar parte en asuntos públicos. Ejemplos de esto pueden ser acciones como expresión, deliberación, creación de espacios de organización y disposición de recursos por medio de los cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración y decisión de temas que son de su interés. El término participación social o ciudadana puede ser conceptualizada desde diferentes perspectivas teóricas, así puede referirse a los modos de fundamentar la legitimidad y el consenso de una determinada población, por ejemplo participación democrática o también puede referirse a los modos de luchar contra las condiciones de desigualdad social y para cuya superación se necesita impulsar la participación.1 En la mayoría de las definiciones de participación ciudadana, existen elementos en común: una mediación entre sociedad y gobierno para que los distintos sujetos sociales intervengan, con base es sus diversos intereses y valores, los cuales influyen en políticas públicas y en las estructuras de gobierno, fundamentándose en el reclamo del derecho a la intervención en los asuntos que les competen.

Características de la participación ciudadana En la actualidad según el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa y otros organismos internacionales, suman algo más de 1.500 las experiencias a nivel mundial de democracia participativa. Entre ellas se dan semejanzas y diferencias, tanto desde el punto de vista cualitativo –calidad de la participación entendida ésta como influencia directa de los ciudadanos en los procesos-, desde el punto de vista cuantitativo –número de personas implicadas-, o el histórico –tiempo desde la puesta en marcha del proceso, así como su continuidad-, desde el concepto de la transversalidad –sectorialización o generalización de la participación-, y también en función de los niveles de decisión que son sometidos al proceso participativo. Sin embargo, recogiendo las aportaciones de investigadores como Yves Cabannes ó Tomás R. Villasante, a nivel mundial hay dos características comunes a todos los procesos de participación ciudadana que merece la pena recoger: el predominio abrumador de las experiencias participativas a nivel local –Ayuntamientos, entidades locales-, y la existencia de unas normas que lo regulan, es decir, su Reglamentación. En España, en los últimos meses, y a raíz de lo proclamado por las distintas opciones políticas que han concurrido a las recientes elecciones del 24 de mayo, parece que definitivamente se despierta el interés por la participación ciudadana y los presupuestos participativos. Esto nos puede llevar –oidos algunos mensajes políticos-, al intento de traslación de modelos y a la reproducción de experiencias participativas más avanzadas y arraigadas en sus respectivos ámbitos. Sin perjuicio de la necesidad de documentarse y de contar con el asesoramiento de personas con experiencia en democracia participativa, entendemos como un error

garrafal la implantación ortopédica de procesos participación ciudadana, ya que son precisamente características de la “demanda” social las que van determinantes, junto al liderazgo político, del éxito proceso.

de las ser del

Es por esto por lo que siguiendo lo recogido en el magnífico trabajo de Clara Pérez González, -Análisis de la Participación Ciudadana en España-, y también las aportaciones de Ernesto Ganuza -La Participación Ciudadana en el Ámbito Local Europeo-, y Jordi Borja –La Gestión de las Ciudades en la Era de la Información-, reseñaremos a continuación los cambios respecto a la participación ciudadana que se han producido en los últimos tiempos en el ámbito local español. Partimos de la base de que el gobierno local ostenta una serie de características que lo hacen adecuado para fomentar las iniciativas de participación ciudadanas entre las que destacamos: - La identificación de los mandatarios políticos con los intereses de los vecinos. - El sentimiento identitario de comunidad de los propios vecinos. - La capacidad que los ciudadanos reconocen a la Corporación para atender y priorizar sus necesidades y demandas. - La posibilidad de que el Ayuntamiento cree espacios para incluir a sus habitantes en la toma de decisiones públicas y en la discusión de los asuntos que afecten a todo el municipio. En definitiva, la administración local es la institución que cuenta con las características necesarias para convertirse

en la más receptiva. De esta manera, son los gobiernos locales los que pueden conseguir cumplir con los fines perseguidos por la participación:

1. Proporcionar información y oportunidades a los ciudadanos para estar mejor informados y aumentar su comprensión de las políticas y sus prioridades. 2. Escuchar y aprender de las opiniones de los ciudadanos. 3. Definir los problemas y debatir las soluciones con los ciudadanos. 4. Incluir a los ciudadanos en la adopción de decisiones vinculantes para la comunidad vecinal. En lo que respecta a las vías que sigue la participación ciudadana, observamos fundamentalmente dos clases. Una de ellas se da a través del nivel de participación y la segunda a través de los objetivos y características de la formalización de la participación. En cuanto a la clasificación de los grados de participación podemos encontrar los siguientes niveles: 1º Información. En este nivel se recoge todo tipo de información, tanto ascendente (de ciudadanos a autoridad) como descendente (de autoridad a ciudadanos). En este grado encontramos la recogida de demandas y quejas, la explicación presencial de las políticas municipales, la evaluación de los servicios por parte de los usuarios, etc. 2º Consulta. En este nivel se consulta a los ciudadanos su opinión con el objetivo de mejorar las decisiones tomando en cuenta las ideas críticas y propuestas de estos. Esta consulta puede hacerse a través de diferentes

instrumentos: encuestas de opinión, encuestas de satisfacción, estudios de impacto, reuniones públicas, referendo, conferencias de consenso, consultas directas a través de internet, etc.

3º Concertación. En este nivel se considera a los ciudadanos como expertos e intervienen permanentemente en grupos o asociaciones en los procedimientos administrativos o en la formulación de las políticas públicas locales. 4º Adopción de decisiones. Se adoptan decisiones conjuntamente con las autoridades o en lugar de éstas. Se podría denominar la auténtica participación, ya que implica compartir el poder con los políticos locales convirtiéndose en una co-decisión entre los habitantes y sus representantes. Entre estos mecanismos podemos destacar: el referéndum decisorio, la creación de comisiones de usuarios de los servicios públicos, la cogestión y gestión directa o el presupuesto participativo. Por otro lado en cuanto a las características, objetivos y grado de formalización se pueden distinguir: - Métodos tradicionales: son aquellos instrumentos previstos en el ordenamiento jurídico como por ejemplo la información pública o la consulta a interesados. Estos métodos son poco activos ya que el ciudadano participa en la adopción de decisiones cuando ya está todo decidido y las posibles modificaciones que pueda incorporar son mínimas o ni tan sólo tomadas en cuenta. - Métodos del ciudadano-cliente: estos mecanismos consideran al ciudadano como cliente de la prestación del servicio público. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en las Cartas de Servicio donde se procura conocer la opinión

del receptor del servicio para prestarlo de la mejor forma posible.

- Métodos de democracia directa: estos mecanismos intentan incorporar a todos los grupos de la sociedad en la democracia directa a través, de, por ejemplo la elaboración de los presupuestos locales. - Métodos de foros o consejos: estos mecanismos permiten llevar a cabo reuniones que agrupan un conjunto de ciudadanos en función de criterios territoriales o de intereses comunes. - Métodos de innovaciones deliberativas: estos mecanismos permiten promover la discusión y la reflexión ciudadana sobre temas que afectan al municipio a través de un proceso deliberativo: es el caso por ejemplo de los jurados ciudadanos. Así, pues, será cada comunidad local la que habrá de diseñar su propio proceso participativo, reglamentarlo e implicar al mayor número posible de vecinos y entidades. Finalmente, cabe destacar la cada vez más importante presencia en los procesos participativos de la participación ciudadana a través de internet, APP para smartphones, y otros recursos de las TIC,s. La Participación Ciudadana La participación ciudadana se presenta constitucionalmente como la expresión de un derecho humano de naturaleza política cuyo ejercicio se concreta por diferentes medios, cumpliendo un deber individual o estableciendo un principio organizativo dela Administración Pública. También, como un proceso sociopolítico que en el ámbito municipal se relaciona con los procesos de planificación y

descentralización, si tomamos como referencia las exigencias participativas señaladas para el Poder Público Municipal, siguiendo el articulado de este capítulo dela CRBV.

La Participación Ciudadana, es un proceso gradual, mediante el cual, el Ciudadano (a) se integra de forma individual o colectiva a la toma de decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones tanto de los entes públicos como privados, que afectan los aspectos políticos, económicos, educativo, sociales y ambientales; a cualquier nivel gubernamental, permitiéndole su desarrollo y el de su comunidad.

Características de la Participación

1. ACTIVA: Supone un esfuerzo, una acción dirigida a insertarse en la tarea común, un salir de sí mismo para entregarse a los demás. La participación no sólo es un derecho fundamental del hombre y de los grupos sino un deber sin cuyo cumplimiento no se logra el mínimo de solidaridad que comporta la pertenencia a la sociedad.

2. CONSCIENTE, LIBRE Y RESPONSABLE: No puede ser pura y superficial agitación .Exige que la población esté suficientemente informada de los elementos involucrados en su participación y esa información debe ser objetiva, completa y comprensible.

3. EFICAZ: Logra la inserción del hombre en la sociedad, de tal manera que permite la mayor realización posible en sí mismo y del conjunto.

Ámbitos de Participación, según la Constitución de 1999

Participar como candidato en las elecciones para cargos públicos (Art.41)

Participar asociándose con fines lícitos (Art.52) Participar en reuniones públicas o privadas, con fines lícitos y sin armas (Art.53) Participar en los programas destinados a la prevención, seguridad ciudadana y administración de emergencias (Art.55) Participar libremente en todos los asuntos públicos (Art. 62) Participar en el sufragio (Art. 63) Participar solicitándole a sus gobernantes la rendición de cuentas públicas, transparentes y periódicas (Art. 66) Participar creando asociaciones con fines políticos (Art. 67) Participar en manifestaciones pacificas y sin armas (Art. 68) Medios de Participación ciudadana (Art. 70)

Participar en el referéndum sobre materias de especial trascendencia nacional (Art. 71) Participar en el referéndum revocatorio del mandato, de todo cargo o magistratura de elección popular (Art. 72) Participar en el referéndum aprobatorio de ley (Art. 73)

Participar en los referéndum de aprobación de los tratados, convenios y acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales (Art. 73) Participar en los referéndum abrogatorios de leyes y decretos con fuerza de ley (Art.74) Participar en el cabildo abierto, asambleas de ciudadanos, plebiscito, en las instancias de atención ciudadana en la autogestión, cogestión, cooperativas, cajas de ahorros, mutuales, empresas comunitarias y asociaciones solidarias que gozan de protección y garantías constitucionales (Art. 70, 118, 308) Participar conjuntamente con el Estado en garantizar a los jóvenes y a las jóvenes las oportunidades para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta (Art. 79) Participar conjuntamente con el Estado en garantizar a los ancianos y ancianas, el pleno ejercicio de sus derechos (Art. 80) Participar conjuntamente con el Estado en garantizar a los discapacitados el disfrute del ejercicio pleno de sus capacidades (Art. 81) Participar en la promoción y defensa de la salud (Art. 83) Participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de las políticas específicas en las instituciones públicas de salud (Art. 84) Participar en la creación de sindicatos (Art. 95) Participar promoviendo ciudadana (Art. 102)

el

proceso

de

educación

Participar en la investigación científicas, humanística y tecnológica (Art. 109) Participar en los programas y el desarrollo de actividades deportivas (Art. 111)

Participar en toda actividad tendiente a garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación (agua, suelo, aire, costas, clima, capa de ozono, las especies vivas) (Art. 127) Participar en la política de ordenación del territorio (Art.128) Participar en la defensa de la patria, sus símbolos, valores culturales, soberanía, nacionalidad, integración territorial, autodeterminación, intereses de la nación (Art. 130) Participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social (Art. 132) Participar en las funciones electorales (Art. 134) Participar en el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (Art. 166) Participar en el proceso de definición, ejecución y control de la gestión pública (Art. 168)Participar solicitándole a los Municipios, la creación de parroquia, con el objeto de promover la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos.(Art.173) Participar en pública.(Art.182)

el

consejo

local

de

planificación

Participar solicitándole a los Estados y Municipios la transferencia a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios, previa demostración de su capacidad para Prestarlos,(en materia de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales y conservación de áreas urbanas, etc) (Art. 184) Participar en el Consejo Federal de Gobierno. (Art.185)

Participar en la Administraciónde Justicia (Art.253) Participar en la iniciativa legislativa (Art. 204) Participar en la selección y designación de los jueces o juezas. (Art. 255). Participar en los comités de postulaciones de los poderes judicial, electoral, ciudadano.(Art. 270,279,295) Participar en Nación.(Art.322)

la

defensa

de

la

seguridad

dela

Participar en el restablecimiento de la vigencia efectiva dela Constitución.(Art.333) Participar solicitando Constitucional. (Art. 341)

y

aprobando

la

enmienda

Participar solicitando la convocatoria a una asamblea nacional constituyente. (Art. 347) Anuncios La Doctrina Militar Bolivariana de Seguridad y Defensa Integral Por: Agustín León Navas | Sábado, 15/06/2013 11:10 AM | Versión para imprimir A partir de una investigación que nació en el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional (IAEDEN), proponemos responder una pregunta clave:

¿Existe una Doctrina Militar Bolivariana para la formulación de una política pública en Seguridad y Defensa Integral? La respuesta más elaborada que se pueda dar a esta pregunta está contenida de forma esquematizada en la Propuesta del Candidato de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. Objetivo 1.6, acerca de: Programa de Gobierno (Gestión Socialista) 2013-2019. Allí se establece:

Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. 1

La respuesta más aproximada que se pueda indicar es que existe una base doctrinalmente firme capaz de sustentar la construcción de un cuerpo de políticas públicas en materia de Seguridad y Defensa Integral, en sus objetivos más estratégicos.

El Plan Económico y Social de la Nación 2013-2019 (Gestión Bolivariana) y el que finalizó exitosamente en 2007-2013, dan resultados identificados claramente a la luz de los objetivos nacionales planteados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Proyecto Simón Bolívar 2007-2013, así como en la Doctrina Militar Bolivariana como política y base fundamental para la construcción de políticas públicas de Estado en Seguridad y Defensa Integral de la Nación.

Necesario es aclarar que la Doctrina Bolivariana es un compendio de ideas y postulados políticos, económicos, jurídicos y militares que llevan una profunda carga ideológica determinante, a partir de la vida y obra del Libertador de cinco naciones Simón Bolívar, necesario para alcanzar una política integral de Seguridad y Defensa. Es entonces que el Gobierno Bolivariano se ha planteado bajo los escenarios de cambios profundos del sistema político y social venezolano una planificación a partir del 2 de febrero de 1999 que busca determinar primeramente en la afirmación de su existencia y posteriormente en su

consolidación como sistema político aceptado por la mayoría del pueblo venezolano. El documento oficial «Proyecto Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista (PPS) del Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007-2013» generó siete macro lineamientos sociales, económicos y políticos, de los que se identificó cuál es la doctrina imperante y garante del nuevo entramado institucional. La Doctrina Bolivariana se está formulando como una política pública de Estado, escapando de esta manera a una etérea y fugaz política de gobierno que por su naturaleza es de carácter temporal. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Art. 322, se expone claramente la conceptualización del Nuevo Sistema de Seguridad Integral con suficiente amplitud: La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.2 Sí la seguridad y defensa integrales son un instrumento de análisis estratégico que tiene como fin último proteger los objetivos nacionales, ¿entonces a quién corresponde formularlas? Necesario es establecer su connotación como instrumento político y si es un instrumento entonces es parte de un conjunto de actividades de políticas públicas. La Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación ya es la piedra angular para la formulación operativa que fundamenta los objetivos estratégicos del plan 2013- 2019. Esta Ley determina en su Art. 3° los parámetros de la Defensa Integral, donde la define como:

Defensa integral, a los fines de esta Ley, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación.3

La elaboración de los planes estratégicos y otras políticas públicas que impulsa el Gobierno Central encuentra en esta y otras leyes su fundamento operacional. El Plan Socialista o Plan Simón Bolívar bajo la Nueva Geopolítica Nacional activa por medio de la planificación estratégica del Estado la materialización de los preceptos emanados de la Doctrina de Seguridad y Defensa Integral, entendiendo a los diferentes Ejes de Desarrollo Territorial4 y las zonas determinadas por la jurisprudencia para la implementación del resguardo de la soberanía. Para ello, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en todo su articulado, y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en el Art. 47 definen las Zonas de Seguridad como: los espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica, características y elementos que los conforman, están sujetos a regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas.

Recientemente la puesta en marcha de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral y sus Comandos, a través del Decreto N° 6.239 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en

donde su numeral 5° define y establece: Establecimiento de las Regiones de Defensa Integral y su Comando Militar.

Estas regiones (REDI) contribuyen y refuerzan las figuras antes mencionadas para darle operatividad y mayor desplazamiento al Estado en aquellas áreas o zonas que su carácter estratégico así lo determinen. Es importante resaltar la focalidad de la activación de estos instrumentos, que junto a la articulación orgánica con las comunidades organizadas y organizaciones de base del poder popular (como lo señala el Art. 3° del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno donde:

A los fines del presente Reglamento se entiende por Sociedad Organizada: Constituida por consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras, comunas y cualquier otra organización de base del Poder Popular debidamente registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana5

Otro ejemplo de incorporación activa de población en su corresponsabilidad para la defensa es la conformación de la Milicia Territorial y el Cuerpo de Combatientes. Muestra de ello es la integración cívico-militar que caracteriza a nuestra nueva Doctrina de Defensa, basada y fundamentada en el Art. 326 de nuestra carta magna. Este nuevo componente desarrolla las fortalezas de una población consciente de su papel histórico emancipador, para aportar a la estabilidad del modelo de Democracia Protagónica Revolucionaria, la independencia, libertad y el poder originario del individuo como pilar fundamental del nuevo modelo socialista venezolano.

* Especialista en Negociación y Resolución de Conflictos en Seguridad y Defensa Integral.

1 Propuesta del Candidato de la Patria, Comandante Hugo Chávez Frías, Gestión Socialista, 2012, p. 5.

2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título VII, De la Seguridad de la Nación, Capítulo I, con Exposición de Motivos, 24 de marzo de 2000.

3 Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, Gaceta Oficial N° 37.594 de 18 de diciembre de 2002.

5 Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial N° 39.655 del 13 de abril de 201 La Doctrina Militar Bolivariana de Seguridad y Defensa Integral Por: Agustín León Navas | Sábado, 15/06/2013 11:10 AM | Versión para imprimir A partir de una investigación que nació en el Instituto de Altos Estudios para la Defensa Nacional (IAEDEN), proponemos responder una pregunta clave:

¿Existe una Doctrina Militar Bolivariana para la formulación de una política pública en Seguridad y Defensa Integral? La respuesta más elaborada que se pueda dar a esta pregunta está contenida de forma esquematizada en la Propuesta del Candidato de la Patria para la Gestión Bolivariana Socialista 2013-2019. Objetivo 1.6, acerca de: Programa de Gobierno (Gestión Socialista) 2013-2019. Allí se establece:

Fortalecer el poder defensivo nacional para proteger la independencia y la soberanía nacional, asegurando los recursos y riquezas de nuestro país para las futuras generaciones. 1

La respuesta más aproximada que se pueda indicar es que existe una base doctrinalmente firme capaz de sustentar la construcción de un cuerpo de políticas públicas en materia de Seguridad y Defensa Integral, en sus objetivos más estratégicos.

El Plan Económico y Social de la Nación 2013-2019 (Gestión Bolivariana) y el que finalizó exitosamente en 2007-2013, dan resultados identificados claramente a la luz de los objetivos nacionales planteados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Proyecto Simón Bolívar 2007-2013, así como en la Doctrina Militar Bolivariana como política y base fundamental para la construcción de políticas públicas de Estado en Seguridad y Defensa Integral de la Nación.

Necesario es aclarar que la Doctrina Bolivariana es un compendio de ideas y postulados políticos, económicos, jurídicos y militares que llevan una profunda carga ideológica determinante, a partir de la vida y obra del Libertador de cinco naciones Simón Bolívar, necesario para alcanzar una política integral de Seguridad y Defensa.

Es entonces que el Gobierno Bolivariano se ha planteado bajo los escenarios de cambios profundos del sistema político y social venezolano una planificación a partir del 2 de febrero de 1999 que busca determinar primeramente en

la afirmación de su existencia y posteriormente en su consolidación como sistema político aceptado por la mayoría del pueblo venezolano.

El documento oficial «Proyecto Simón Bolívar en su Primer Plan Socialista (PPS) del Desarrollo Económico y Social de la Nación para el período 2007-2013» generó siete macro lineamientos sociales, económicos y políticos, de los que se identificó cuál es la doctrina imperante y garante del nuevo entramado institucional. La Doctrina Bolivariana se está formulando como una política pública de Estado, escapando de esta manera a una etérea y fugaz política de gobierno que por su naturaleza es de carácter temporal.

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Art. 322, se expone claramente la conceptualización del Nuevo Sistema de Seguridad Integral con suficiente amplitud:

La Seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional.2

Sí la seguridad y defensa integrales son un instrumento de análisis estratégico que tiene como fin último proteger los objetivos nacionales, ¿entonces a quién corresponde formularlas? Necesario es establecer su connotación como

instrumento político y si es un instrumento entonces es parte de un conjunto de actividades de políticas públicas.

La Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación ya es la piedra angular para la formulación operativa que fundamenta los objetivos estratégicos del plan 2013- 2019. Esta Ley determina en su Art. 3° los parámetros de la Defensa Integral, donde la define como:

Defensa integral, a los fines de esta Ley, es el conjunto de sistemas, métodos, medidas y acciones de defensa, cualesquiera sean su naturaleza e intensidad, que en forma activa formule, coordine y ejecute el Estado con la participación de las instituciones públicas y privadas, y las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objeto de salvaguardar la independencia, la libertad, la democracia, la soberanía, la integridad territorial y el desarrollo integral de la Nación.3

La elaboración de los planes estratégicos y otras políticas públicas que impulsa el Gobierno Central encuentra en esta y otras leyes su fundamento operacional. El Plan Socialista o Plan Simón Bolívar bajo la Nueva Geopolítica Nacional activa por medio de la planificación estratégica del Estado la materialización de los preceptos emanados de la Doctrina de Seguridad y Defensa Integral, entendiendo a los diferentes Ejes de Desarrollo Territorial4 y las zonas determinadas por la jurisprudencia para la implementación del resguardo de la soberanía. Para ello, la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional en todo su articulado, y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en el Art. 47 definen las Zonas de Seguridad como: los espacios del territorio nacional, que por su importancia estratégica,

características y elementos que los conforman, están sujetos a regulación especial, en cuanto a las personas, bienes y actividades que ahí se encuentren, con la finalidad de garantizar la protección de estas zonas ante peligros o amenazas internas o externas.

Recientemente la puesta en marcha de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral y sus Comandos, a través del Decreto N° 6.239 con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en donde su numeral 5° define y establece: Establecimiento de las Regiones de Defensa Integral y su Comando Militar.

Estas regiones (REDI) contribuyen y refuerzan las figuras antes mencionadas para darle operatividad y mayor desplazamiento al Estado en aquellas áreas o zonas que su carácter estratégico así lo determinen. Es importante resaltar la focalidad de la activación de estos instrumentos, que junto a la articulación orgánica con las comunidades organizadas y organizaciones de base del poder popular (como lo señala el Art. 3° del Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno donde:

A los fines del presente Reglamento se entiende por Sociedad Organizada: Constituida por consejos comunales, consejos de trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, de pescadores y pescadoras, comunas y cualquier otra organización de base del Poder Popular debidamente registrada en el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de participación ciudadana5

Otro ejemplo de incorporación activa de población en su corresponsabilidad para la defensa es la conformación de

la Milicia Territorial y el Cuerpo de Combatientes. Muestra de ello es la integración cívico-militar que caracteriza a nuestra nueva Doctrina de Defensa, basada y fundamentada en el Art. 326 de nuestra carta magna. Este nuevo componente desarrolla las fortalezas de una población consciente de su papel histórico emancipador, para aportar a la estabilidad del modelo de Democracia Protagónica Revolucionaria, la independencia, libertad y el poder originario del individuo como pilar fundamental del nuevo modelo socialista venezolano.

* Especialista en Negociación y Resolución de Conflictos en Seguridad y Defensa Integral.

1 Propuesta del Candidato de la Patria, Comandante Hugo Chávez Frías, Gestión Socialista, 2012, p. 5.

2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Título VII, De la Seguridad de la Nación, Capítulo I, con Exposición de Motivos, 24 de marzo de 2000.

3 Ley Orgánica de la Seguridad de la Nación, Gaceta Oficial N° 37.594 de 18 de diciembre de 2002.

5 Reglamento de la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Gaceta Oficial N° 39.655 del 13 de abril de 201 Vision Humanista sobre Latinoamerica y el mundo en la actualidad. DE EDISON "EL PAYANES" 2 DE MARZO DE 2011 Vision Humanista sobre Latinoamerica y el mundo.

*Publicamos la transcripciòn completa de la conferencia dada en la Universidad Hebrea de Jerusalén, por el referente latinoamericano del humanismo, Tomàs Hirsch. Sus reflexiones y su mirada a la situación actual de Amèrica Latina, asì como sus propuestas, van màs allà de la simple exposiciòn de una visiòn para compartir una posiciòn frente al mundo.

¿Cuáles son las tendencias actuantes mundiales y qué está ocurriendo en Latino América?

Con la mundialización avanza la regionalización y en ese contexto Latinoamérica se está integrando, está creciendo económicamente, fortaleciendo sus democracias y avanzando hacia una mayor participación de sus pueblos originarios y en general de sus sectores mas discriminados. Veamos esto más de cerca.

Latinoamérica está viviendo una gran dinámica social. En muchos países asistimos a la modificación de la estructura y organización de la sociedad en el intento de los pueblos de acceder a mejores condiciones de vida. Nuevas constituciones en Venezuela, Ecuador, Bolivia que garantizan derechos antes denegados. Lo que sucede en Brasil, como resultado de la aplicación de políticas

económicas y sociales con un fuerte contenido de justicia social de Lula, el tema educativo y de salud en Venezuela con la ayuda de los cubanos, como los nuevos beneficios sociales en Argentina son algunas muestras de esta dinámica.

Hay conflictos y tensiones sociales por la búsqueda de estos nuevos derechos, que se han traducido en leyes antidiscriminación en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Muy destacable es la toma de conciencia que se ha ido produciendo por parte de los pueblos originarios en reclamo de sus derechos. Así sucede en Bolivia, donde además Evo es reelecto con una inmensa mayoría. Pero han sido importantes también las movilizaciones de los mapuches en el sur de Argentina y Chile y de las etnias en Perú.

Definitivamente Latinoamérica está en movimiento: hay múltiples acontecimientos en el ámbito político, económico, social, cultural, étnico, institucional, religioso, espiritual que muestran un nuevo momento.

También han habido accidentes, como los fuertes terremotos en Haití y en Chile, las dramáticas inundaciones en Brasil, el derrame de petróleo en el Golfo de México, o

la muerte de Néstor Kirchner en Argentina. Y sin duda se debe destacar el accidente y posterior rescate de los 33 mineros en Chile.

Si bien son muchos los acontecimientos, reconocemos tres factores relevantes que están actuando en la región:

Un primer factor relevante ha sido la fuerte crisis económica, sobre todo del sistema financiero de USA, que ha pegado en Europa desencadenando una crisis económica, laboral, social y política. A su vez esta crisis ha reforzado el rol de China como centro determinante de la economía mundial. Esta crisis ha contribuido a impulsar la integración regional, sobre todo con la intensa agenda multilateral de la UNASUR, pero también con el Mercosur y otras instancias multi y bilaterales. Ese impulso integrador, a su vez se ha visto afectado, “atacado” por intentos de desestabilización de las democracias, por el momento con escaso éxito: En ese marco se pueden reconocer los fracasados intentos de golpes militares en Venezuela, Bolivia y Ecuador, así como el realizado con “éxito” en Honduras que es una suerte de advertencia a los países de la región. También la fuerte descalificación mediática hacia los gobiernos de Cristina Fernández en Argentina, de Evo, de Correa y otros, obedece a esta misma lógica desestabilizadora, que está en el apogeo de su actividad.

Esta crisis económica y sobre todo del sistema financiero de USA y Europa, ha golpeado poco a la región latinoamericana cuya economía no es fuerte en el ámbito financiero sino que está básicamente construida sobre la exportación de materias primas. Así, iniciado el nuevo siglo una crisis golpea mucho más fuerte al llamado mundo “desarrollado” mientras Latino América se fortalece,

desarrollando sus relaciones económicas con Asia y especialmente con China, abasteciendo con sus materias primas la creciente demanda de ese país. Así, Latino América no ha tenido un aumento significativo del desempleo, y por el contrario, su economía ha crecido y sus reservas han aumentado. Brasil por ejemplo, en los últimos 4 años redujo su desempleo del 12 al 6,8% mientras aumentó sus reservas de 30 a más de 300 billones de dólares. Perú crece a tasas solo superadas por China mientras por primera vez Bolivia logra tener reservas monetarias internacionales.

Es destacable como en Brasil el gobierno de Lula sacó a más de 25 millones de personas de la pobreza mientras consolidó acuerdos económicos no solo con China sino que también con África. Igualmente, en Argentina, en plena crisis, fue el único país del planeta en el que se apoyó a la industria automotriz, evitando el despido masivo. Y mientras tanto ambos países pagaron sus deudas históricas al FMI desligándose de la asfixiante imposición de políticas económicas por parte de ese organismo.

Este crecimiento económico de toda la región, desalineado de USA y Europa, y acompañado de un progresismo creciente del que ya hablaremos, es una de las características relevantes de este momento. Mientras Europa está envuelta en una crisis generalizada y Estados Unidos está complicado, Latino América crece y se desarrolla con integración y progresismo. Sin duda no todo es positivo: Hay nubes amenazadoras entre Nicaragua y Costa Rica; en México aumenta la violencia urbana con municipios totalmente controlados por el narcotráfico, y la desigualdad entre ricos y pobres crece en algunos países a niveles nunca antes vistos.

Un segundo factor que podría parecer que no tiene que ver con Latinoamérica, es el conflicto del Medio Oriente, incluyendo en él a Israel/Palestina, Irak, Afganistán y sobre todo las crecientes tensiones con Irán, país que Estados Unidos ha convertido en su “enemigo número 1”, con un trasfondo de amenaza nuclear creciente. Es importante comprender que este conflicto ha tocado la región, que no se ha quedado ausente. Brasil intenta asumir por primera vez un rol mediador (seguramente motivados por su intento de ingresar como miembro permanente al Consejo de Seguridad de las UN), Venezuela, Ecuador y Bolivia fortalecen sus vínculos con Irán, con visitas presidenciales y acuerdos económicos, políticos y militares. Y recientemente varios de los países de la región han sido los primeros del planeta en reconocer a Palestina como Estado independiente y soberano. Lo incluyo como factor relevante porque refleja bien un tema que es central para comprender el nuevo momento: Latinoamérica se está constituyendo como Región.

Hoy, cuando vivimos un proceso que avanza hacia la regionalización en desmedro de los países aislados, me parece posible observar en Latinoamérica un avance significativo en esa dirección. Me atrevo a decir que Latinoamérica podría estar en condiciones de hacer un aporte al mundo mostrando lo que puede ser la Integración del siglo 21, tal como hizo Europa con su proceso de integración del siglo 20. Esa integración necesariamente deberá ser no solo económica, sino política, social, cultural, étnica, ambiental, humana.

Un tercer factor determinante ha sido la profunda crisis de la iglesia católica, acusada de ocultar innumerables casos de delitos de pedofilia cometidos por los miembros de su clero. Cientos de casos han sido denunciados en todos los países de la región y de Europa, salpicando a las más altas autoridades de dicha iglesia, que se ha visto debilitada, creándose un espacio para la promulgación de un gran número de leyes progresistas, normalmente bloqueadas por los sectores más conservadores. Así América Latina ha visto desde las leyes de matrimonio igualitario en Argentina hasta nuevas leyes de no discriminación, de libertad de expresión, de libertades personales, derechos laborales y reconocimiento de la diversidad étnica, un aire de nuevas libertades y derechos recorre la región. No podría decir que todas estas leyes han sido el resultado de la crisis de la iglesia, pero sin duda que esa situación de debilidad facilitó la aprobación de medidas largamente resistidas por las conservadoras jerarquías eclesiásticas locales.

Planteados estos tres factores quiero volver a enfatizar en que comprendemos el momento actual como de Regionalización, de fortalecimiento de las regiones y de desdibujamiento de los países. En este proceso, con el fortalecimiento de Brasil y de toda Latinoamérica, podría incluso surgir una nueva concepción regional que por primera vez incluya a Estados Unidos, México y Centro América.

Son muchos los factores externos que pueden atentar contra este panorama auspicioso para Latinoamérica que estamos mostrando, pero son los factores internos los que se deben atender y resolver: 1. La globalización provoca múltiples cambios en aspectos sicosociales: asistimos al renacimiento de nacionalismos culturales expresados como afirmación de lo propio, como fundamentalismos y

ortodoxias y simultáneamente se puede observar una tendencia universalista, una cultura humana integradora de la diversidad cultural. Acá enfrentamos un desafío: Si se fortalecen estos nacionalismos culturales, el proceso se volverá desintegrador y peligroso ya que estará marcado por la violencia racial, cultural, étnica y religiosa. Es necesario entonces fortalecer una cultura que tienda a la universalidad y que permita la expresión de las distintas creencias y tradiciones, permitiendo convivir y progresar a todo ser humano independientemente de su credo, raza, cultura. Es decir que será necesario hacer prevalecer una cultura de la No Violencia Activa como metodología de acción personal y social.

1. El acelerado crecimiento económico está concentrándose también aceleradamente y esto puede distorsionar completamente el proceso de integración, al marginar a sectores de la población y no incorporarlos a la participación y desarrollo. Si esta tendencia no se corrige, corromperá toda la institucionalidad regional que se pretenda construir.

2. Uno de los factores que ha posibilitado este nuevo momento en Latinoamérica es su compromiso de constituirse como zona libre de armamento nuclear, compromiso adquirido en el Tratado de Tlatelolco en 1969. La nueva riqueza adquirida podría tentar a países como Brasil a constituirse en nuevas potencias nucleares, lo que probablemente haría imposible una futura integración regional en términos paritarios. Contrariamente, el avance hacia una desmilitarización de la región y una reducción progresiva y proporcional del presupuesto bélico, podrían además levantarla a una posición ejemplar ante la población mundial.

Finalmente, en este proceso de regionalización, al que se van uniendo los diferentes países y gobiernos, las tradicionales categorías de izquierda y derecha se han desdibujado y no son ya útiles como elementos de análisis. Tampoco nos sirve referirnos como “progresismos” a las viejas izquierdas por el hecho de haber moderado sus viejos esquemas estatistas. La época presenta nuevos dilemas entre nacionalismo y universalismo, entre aislamiento y regionalización, entre concentración de poder y democracia real, entre violencia y no violencia, entre el ser humano y su sentido y la deshumanización.

Este complejo contexto histórico lleno de peligros pero también de posibilidades está necesitando del surgimiento de nuevos proyectos mundiales, nuevos ideales universales que orienten la acción transformadora del ser humano, de una nueva espiritualidad que de unidad y cohesión a las distintas culturas que se están encontrando y chocando en cada rincón del planeta.

Los humanistas de Latinoamérica nos inspiramos en las enseñanzas de Silo, pensador y místico latinoamericano, su mensaje inspiró al nuevo humanismo y a los partidos humanistas y ha comenzado a conectar a los hombres y mujeres de diferentes latitudes, sobre todo jóvenes, que buscan encontrar un sentido para sus vidas, que aspiran a la construcción de un mundo mejor.

Silo nos habla de superar el temor, el deseo, el sinsentido, la violencia, el sufrimiento y de cómo se alcanza el sentido

y la plenitud. Se trata de una nueva espiritualidad que se traduce y expresa en el Humanismo Universalista.

El Humanismo Universalista ubica al Ser Humano como valor central. No al dinero, dios, la patria, el estado ni otro valor. El Ser Humano como Valor central. Coherentemente con esto, plantea la No Violencia Activa como única metodología válida de acción. Propone la democracia real por sobre la actual democracia formal. En materia económica discute la actual relación entre capital y trabajo y se opone al capital especulativo, exigiendo la reinversión del capital productivo mientras propone la propiedad participativa de los trabajadores en la empresa, en la que deben participar tanto de las utilidades como de las decisiones. El Humanismo Universalista plantea la necesidad de la descentralización del aparato estatal encaminando la lucha política hacia la creación de un nuevo tipo de sociedad; una sociedad flexible y en constante cambio, acorde con las necesidades dinámicas de los pueblos hoy por hoy asfixiados por la dependencia.

Este Humanismo se ha ido expresando en el mundo como partidos políticos, organizaciones sociales y culturales, centros de estudios, etc.

Como ven, he querido ir más allá de simplemente exponer mi visión de América Latina. He querido compartir también con ustedes mi particular visión y posición como Humanista. No quisiera terminar sin antes invitar a quienes se interesen, a conocer más del Mensaje de Silo y de sus múltiples expresiones en el mundo.

Muchas gracias.

*Tomás Hirsch Anuncios