Derechos Humanos En Africa

http://www.lainsignia.org/2006/noviembre/der_004.htm

Nigeria (Violaciones de derechos humanos en el periodo previo a las elecciones) En abril de 2007 se celebrarán en Nigeria elecciones a la presidencia, al parlamento y a los gobiernos estatales. Amnistía Internacional ve con preocupación el grado de violencia e intimidación que ya rodea el proceso electoral, y la posibilidad de que se cometan más violaciones graves de derechos humanos en el contexto del proceso electoral en el periodo comprendido entre la fecha actual y abril de 2007. La organización ha documentado actos de violencia política generalizados antes, durante y después de las elecciones celebradas en Nigeria en 1999 y 2003, que incluyen varios asesinatos políticos, así como agresiones y combates entre milicias armadas vinculadas a los candidatos. La violencia política se produjo tanto en el ámbito nacional, como en el estatal y el local. Amnistía Internacional ya ha recibido numerosos informes de casos de violencia política relacionados con las elecciones del 2007, incluidos asesinatos y tentativas de asesinato de varios candidatos electorales. Abundan en todo el país alegaciones según las cuales los líderes políticos están proporcionando armas a grupos de civiles para fomentar la violencia política en el ámbito local y en el estatal. La amenaza de la violencia armada está alimentada por la creciente entrada de armas en Nigeria. A Amnistía Internacional le preocupa especialmente la violencia política que se está produciendo en el ámbito local, a la que la organización cree que no se está prestando la debida atención. Bajo esta violencia relacionada con las elecciones subyacen varias cuestiones graves relativas a la gobernanza y al acceso a los recursos en el país, así como una cultura de la impunidad que hace que por lo general no se someta a investigación, no digamos se juzgue, a destacadas personalidades políticas que según se dice fomentan la violencia. Pese a las recientes declaraciones de algunos funcionarios de seguridad y a las ocasionales detenciones, no se investiga ni se castiga la mayor parte de los actos de violencia relacionados con las elecciones. La impunidad por delitos y violaciones de derechos humanos similares cometidos durante elecciones anteriores revierte directamente en la situación actual y en la posibilidad de que la situación de la seguridad en el país se deteriore aún más a medida que se acerque el mes de abril del 2007. El papel de Amnistía Internacional en las elecciones no es actuar como observador electoral, ni en Nigeria ni en ningún otro país. La organización se limita a investigar y comentar los abusos contra los derechos humanos que se cometen en el contexto de las elecciones y a pedir que se respeten y se protejan estos derechos. La organización es estrictamente neutral en cualquier contienda electoral, sin favorecer a ningún partido ni candidato. Tampoco hace comentarios sobre procedimientos ni cuestiones técnicas relacionados con las elecciones. Amnistía Internacional considera que la Comisión Africana puede desempeñar un papel crucial para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en Nigeria. Por este motivo, animamos a la Comisión a que: -Pida al gobierno de Nigeria que garantice el respeto y la protección plenos de los derechos humanos consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y pida a todos los partidos políticos que declaren públicamente que no tolerarán abusos contra los derechos humanos en el contexto de las elecciones; -pida a las autoridades pertinentes que investiguen todas las denuncias de abusos contra los derechos humanos y, si hay pruebas admisibles suficientes, que enjuicien a los presuntos autores; -pida al gobierno que respete y proteja la labor de los defensores de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos humanos de las mujeres, y garantice que pueden llevar a cabo sus actividades de promover y vigilar el respeto a los derechos humanos durante las elecciones. Amnistía Internacional desea animar a la Comisión Africana a que efectúe una visita a Nigeria antes de las elecciones de abril del 2007, con el fin de promover la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de animar a las autoridades correspondientes y a todos los partidos políticos a que se comprometan públicamente con un programa claro de protección y respeto de los derechos humanos tanto durante como después de las elecciones. Sudán (Darfur)

Para los desplazados de Darfur la supervivencia sigue siendo difícil y peligrosa. El mismo gobierno que financió, apoyó y participó junto con la milicia yanyawid en su expulsión de sus pueblos y tierras se niega ahora a permitir que se realice en Darfur la transición de la actual Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS) a una misión de paz de la ONU mejor equipada, a la que el Consejo de Seguridad de la ONU ha otorgado el mandato de proteger a la población civil. El mismo gobierno cuya obligación debe ser proteger a su pueblo está negando esa protección a su propio pueblo. Mientras tanto, el pueblo sufre. Más de 2.000 poblaciones de Darfur han sido destruidos desde el 2003. Casi dos millones de personas viven confinadas en campos, decenas de miles más han buscado refugio en las ciudades, y 200.000 permanecen en los campos de refugiados del Chad. En la mayor parte de Darfur Occidental, las tierras están ocupadas por la milicia yanyawid y los desplazados no pueden salir de los campos para desplazados internos ni de las ciudades sin correr el riesgo de ser torturados, violados o asesinados por la milicia. Amnistía Internacional, a la que no se le ha permitido el acceso a Sudán, ha recogido en el Chad decenas de testimonios de personas que han huido recientemente de Darfur, en los que hablan de matanzas y torturas a manos de la milicia yanyawid. La policía sudanesa no toma medidas efectivas para investigar las denuncias de los abusos que comete la milicia, y en algunos casos, ha detenido y torturado a quienes han acudido a ella para denunciarlos. El gobierno de Sudán, tras varios acuerdos patrocinados por la Unión Africana (UA) desde el 2004, no ha adoptado ninguna medida efectiva para desarmar a la milicia yanyawid. Lo que es peor, los miembros de esta milicia no sólo se están incorporando ahora en organizaciones paramilitares como las Fuerzas Populares de Defensa o el Servicio de Información de Fronteras, sino, según los informes, también en el ejército regular. En lugar de ser desarmados, se les está rearmando. Por ejemplo, los observadores, incluidas las víctimas de los ataques de Jebel Moon, informan de que los yanyawid que les atacaron iban armados con armas totalmente nuevas y llevaban uniformes sudaneses totalmente nuevos. Los observadores en el Campamento de las Fuerzas Armadas Sudanesas de Tina, en la frontera con el Chad, a unos 80 kilómetros de Jebel Moon, también han informado de la presencia de milicianos yanyawid con armas y uniformes nuevos dentro del campo. Se ha atacado a pueblos situados a pocos kilómetros de un campamento de las fuerzas armadas sudanesas sin que éstas hicieran intento alguno de proteger a sus habitantes. Al mismo tiempo, las fuerzas armadas sudanesas han cometido ataques indiscriminados y, en algunas ocasiones, según los informes, ataques selectivos contra civiles, mediante el bombardeo de pueblos civiles. Las fuerzas de la AMIS que fueron tan bien recibidas cuando iniciaron su despliegue se enfrentan ahora a la desconfianza de los desplazados de Darfur. Carecen de financiación adecuada y de equipos esenciales, como medios de transporte y de comunicaciones, a menudo como consecuencia del incumplimiento de las promesas de los países donantes. El gobierno sudanés limita sus movimientos, imponiendo el toque de queda y exigiendo autorización previa para los vuelos, lo que dificulta cualquier respuesta rápida a los ataques contra civiles y alimenta la desconfianza y la indefensión de la gente. En marzo del 2006, el Consejo de Paz y Seguridad de la UA respaldó la transición a una fuerza de paz de la ONU en Darfur. El 31 de agosto de 2005, el Consejo de Seguridad de la ONU había adoptado una resolución en la que invitaba al gobierno de Sudán a que diera su consentimiento al despliegue de unas tropas de paz de la ONU en Darfur con mandato y medios para proteger efectivamente a los civiles. Ya hay más de 10.000 tropas de paz de la ONU en el sur del país, como parte de la UMIS. El Movimiento de Liberación Popular de Sudán, aliado del Congreso Nacional en el gobierno de Unidad Nacional, apoya la transición a las tropas de la ONU, así como todos los partidos de la oposición de Sudán. La única excepción es el partido gobernante, el Congreso Nacional. Sin un gobierno que los proteja, los desplazados de Darfur se ven abocados a pedir ayuda a las organizaciones regionales e internacionales: la Unión Africana y las Naciones Unidas. En su 38º. periodo ordinario de sesiones, la Comisión Africana adoptó una resolución muy importante en la que pedía al gobierno de Sudán que cumpliera sus obligaciones contraídas en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Amnistía Internacional considera que la Comisión Africana debe seguir ejerciendo su autoridad e instar al gobierno de Sudán a que garantice la protección efectiva de los civiles en Darfur y a que dé su consentimiento al despliegue de una misión de paz de la ONU en Darfur, conforme a lo previsto en la Resolución 1706 del Consejo de Seguridad de la ONU.

Declaración sobre los desalojos forzosos La práctica del desalojo forzoso ha alcanzado proporciones epidémicas en África, donde se informa que más de tres millones de africanos han sido desalojados de sus hogares desde el año 2000. Amnistía Internacional considera que los desalojos forzosos constituyen una de las violaciones de derechos humanos

más extendidas y menos reconocidas en África. Pese a que la práctica es una violación manifiesta de los derechos humanos según el derecho internacional, los gobiernos de África continúan desalojando de sus hogares a cientos de miles de personas cada año. Como consecuencia de los desalojos forzosos, estas personas quedan sin hogar, pierden sus pertenencias sin recibir indemnización alguna y son alejadas contra su voluntad de las fuentes de agua potable, alimentos, saneamiento, sustento o educación, vulnerando así la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Estos desalojos forzosos suelen ir acompañados de violaciones de otros derechos humanos consagrados en la Carta, como uso de fuerza excesiva por los que llevan a cabo los desalojos, detención arbitraria, palizas, violación sexual, tortura e incluso homicidio. Se estima que en Nigeria dos millones de personas han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2000. En varios casos se han arrasado asentamientos enteros, dejando en la indigencia a hombres, mujeres, niños y niñas. En Sudán, aproximadamente 1.800.000 personas desplazadas internamente, forzadas por el prolongado conflicto y la marginación a abandonar sus hogares, residen hoy en la capital, Jartum, y sus alrededores. Más de 12.000 personas fueron desalojadas del campo de Dar Assalaam en agosto de este año. La mayoría ya habían sido desplazadas antes a causa del conflicto que vive el país y se habían asentado en campos de la capital o en sus proximidades. Las autoridades han desalojado de estos campos a miles de personas, reasentándolas en zonas desérticas sin acceso a agua potable, alimentos y otras necesidades esenciales. En el 2005, mediante una operación que fue objeto de una condena generalizada, el gobierno de Zimbabue desalojó de su hogar, de su lugar de trabajo o de ambos sitios a la vez, a unas 700.000 personas. Y hasta la fecha no ha tomado ninguna medida eficaz para resolver la situación en que han quedado estas personas. En Luanda, Angola, por lo menos 10.000 familias han sido desalojadas desde el 2001, y sus hogares han sido destruidos. Muchas de estas familias, que no han recibido ninguna indemnización y cuyas posesiones fueron robadas por las mismas personas que llevaron a cabo los desalojos, continúan sin vivienda. En Kenia, aproximadamente 70.000 personas que vivían en zonas forestales han sido desalojadas de sus hogares desde el año 2005, y por lo menos 20.000 más han sido desalojadas de barrios de Nairobi o de zonas próximas a la capital desde el 2000. En marzo y abril de este año, más de 7.000 personas quedaron sin vivienda en Ghana cuando fueron desalojadas por la División de Caza, Fauna y Flora del Parque Nacional de Digya. Los desalojos se interrumpieron en abril cuando un barco que transportaba a más de 150 de estas personas volcó causando la muerte de por lo menos 10 de ellas. La amenaza de desalojo forzoso sigue pesando sobre las que quedaron en el Parque. También se destruyeron los hogares de unas 800 personas en Legion Village, Accra, en mayo de este año, y unas 30.000 de la comunidad Agbogbloshie de Accra llevan amenazadas con desalojo desde el 2002. En Guinea Ecuatorial, más de 650 familias han sido desalojadas de sus hogares desde el 2004, año en que el gobierno emprendió un programa de regeneración urbana en Malabo y Bata. Estas familias tenían título de propiedad. Millares más pueden correr la misma suerte. Pese a que la jurisprudencia de la Comisión Africana refleja la prohibición de los desalojos forzosos, la Comisión no ha emitido un comunicado oficial ni hecho una declaración que aborde esta cuestión específicamente. Dada la gravedad y la magnitud del fenómeno de los desalojos forzosos en África, Amnistía Internacional alienta a la Comisión a que adopte una resolución que condene esta práctica y la defina como una violación grave de la Carta Africana. Amnistía Internacional también desea sugerir que la Comisión Africana desarrolle principios para prevenir los desalojos forzosos y brindar protección contra esta práctica en África, basados en la Carta Africana, en la jurisprudencia sentada por la Comisión y en el derecho y las normas internacionales de derechos humanos elaborados por los organismos y expertos de las Naciones Unidas. Amnistía Internacional recomienda especialmente que los Estados Partes en la Carta Africana se aseguren de que todos los desalojos cumplen los siguientes principios: se realiza una consulta genuina con las personas afectadas; se da un aviso adecuado y razonable (no inferior a 90 días) de la fecha prevista para el desalojo a todas las personas afectadas; se comunica información sobre los desalojos que se proponen y, en su caso, sobre los fines para los que se utilizarán las viviendas, en un plazo de tiempo adecuado a todas las personas afectadas; se dispone la presencia de funcionarios del gobierno o de sus representantes durante los desalojos, especialmente cuando éstos se aplican a grupos de personas; se identifica debidamente a todas las personas que llevan a cabo el desalojo;

no se realiza el desalojo en tiempo particularmente inclemente o de noche, a menos que las personas afectadas den su consentimiento; no se deja nunca sin techo a una persona a causa de un desalojo: las personas desalojadas deben recibir una indemnización justa y una alternativa de vivienda; se asegura un acceso seguro y sin riesgos a alimentos, agua potable y saneamiento, así como a servicios médicos, para las personas desalojadas; se ofrece recurso legal a las personas afectadas para que puedan impugnar los desalojos, incluida asistencia letrada gratuita a aquéllas que la necesiten para poder buscar reparación en los tribunales.

Declaración sobre la pena de muerte Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos. Algunos de quienes sostienen que se debería conservar esta pena alegan argumentos culturales y religiosos. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que la pena capital viola el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y de penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, derechos humanos reconocidos universalmente que también están consagrados en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Nunca se ha demostrado que la pena de muerte sea más eficaz que otras penas para disuadir de la comisión de delitos. El uso de la pena de muerte conlleva el riesgo omnipresente de ejecutar a personas inocentes y cada ejecución tiene un efecto insensibilizador en la sociedad que la lleva a cabo. Por estas razones y muchas más, el mundo está rechazando el homicidio judicial a manos del Estado. En 1977 sólo habían abolido la pena de muerte 16 países. Hoy esa cifra es de 99. Treinta países más pueden considerarse "abolicionistas en la práctica", al no haber realizado ninguna ejecución durante al menos 20 años. De los 190 países del mundo, 129 se han liberado ya de la pena de muerte. Los Estados africanos también han dado pasos importantes hacia la abolición de la pena capital. Según los informes, en el 2006, de los 53 Estados miembros de la Unión Africana, cuatro habían realizado ejecuciones: Egipto, Libia, Somalia y Sudán. Lamentablemente, Botsuana se sumó a esta lista en el 2006 con la ejecución en la horca de Oteng Modisane Ping el 1 de abril. Angola, Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Liberia, Mauricio, Mozambique, Namibia, Santo Tomé y Príncipe, las islas Seychelles, Senegal, Sudáfrica y Yibuti han abolido la pena de muerte por completo. Liberia la abolió para todos los delitos en el 2005. En el 2006, las autoridades nigerianas conmutaron las penas impuestas a 107 condenados y el fiscal general de Ghana pidió la abolición de la pena capital. Las autoridades de Kenia y Ruanda han indicado su deseo de eliminar la pena de muerte de sus leyes. El gobierno de Togo ha informado recientemente a Amnistía Internacional de su deseo de abolir la pena capital. Pero en otros países la situación sigue siendo negativa. Egipto sigue realizando ejecuciones después de procesos judiciales injustos que no cumplen las normas internacionales, como el derecho a apelar a un tribunal superior. La ejecución de personas menores de 18 años de edad en el momento del juicio está estrictamente prohibida en el derecho internacional. No obstante, en la República Democrática del Congo (RDC) y en Sudán, la ley permite la ejecución de estas personas y en ambos países se condena a muerte a menores. Según los informes, la última ejecución de un menor se produjo en la RDC en el 2000. En Somalia se han realizado ejecuciones horas después de la imposición de la pena capital por un tribunal islámico (saria), que niega el derecho del procesado a disponer de abogado y a apenar ante un tribunal superior. En Etiopía hay presos de conciencia condenados a muerte por cargos relacionados con sus actividades pacíficas y legítimas. En resumen, según la información de que dispone Amnistía Internacional, de los 53 Estados miembros de la Unión Africana, 13 han abolido la pena de muerte, otros 17 son abolicionistas en la práctica y quedan 23 que mantienen y usan la pena capital. En su 26º. periodo ordinario de sesiones, celebrado en noviembre de 1999 en Kigali, Ruanda, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana) adoptó una resolución en la que pedía a los Estados partes de la Carta Africana que considerasen la abolición de la pena de muerte. Esta resolución reflejo el punto de vista de la comunidad internacional, así como la tendencia a la abolición de la pena capital. Amnistía Internacional recibe con beneplácito y respalda plenamente al Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte en África, al que considera un importante mecanismo para la abolición total de la pena de muerte en África. La organización cree que el Grupo de Trabajo podría consolidar la labor que ya ha realizado la Comisión Africana y le anima a seguir elaborando recomendaciones a los Estados africanos

a fin de lograr la abolición de la pena de muerte. En esta tarea, el Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte en África debería considerar la posibilidad de condenar públicamente la pena de muerte como una violación de derechos humanos fundamentales, incluidos los que garantiza la Carta Africana, e instar a todos los Estados partes de la Carta Africana que aún mantienen la pena de muerte a que: -procedan a abolir totalmente la pena de muerte y, mientras tanto, ordenen la suspensión de las ejecuciones; -garanticen que las personas acusadas de delitos que conllevan la pena de muerte gozan de todas las salvaguardias y garantías de debido proceso que establecen la Carta Africana y las normas internacionales, y tienen derecho a pedir el indulto o la conmutación de la pena; -no impongan la pena de muerte a personas menores de 18 años en el momento en que cometieron el delito, y excluyan de la pena de muerte a las mujeres embarazadas y a las madres con hijos de corta edad a su cargo, así como a las personas que padecen discapacidades mentales o intelectuales; -no impongan la pena de muerte más que para los delitos de máxima gravedad. Amnistía Internacional anima también al Grupo de Trabajo a que pida a los Estados partes de la Carta Africana que ya no aplican la pena de muerte pero aún la mantienen en su legislación que procedan a su abolición e inste a todos los Estados que aún no lo han hecho a que ratifiquen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Segundo Protocolo Facultativo, destinado a abolir la pena de muerte.

http://www.redescristianas.net/2008/04/25/%c2%bfy-los-derechos-humanos-de-africaodile-tobner/ ¿Y los derechos humanos de África?

Odile Tobner Rebelión

Survie France Traducido por Caty R. Del 24 al 28 de febrero, varias ciudades de Camerún, especialmente Douala y la capital, Yaundé, fueron escenario de motines generalizados reprimidos de una forma brutal y sangrienta que causó, como poco, un centenar de muertes, según la Asociación Cristiana contra la Tortura (ACAT) de Douala. Un conocido dirigente asociativo, Jacques Tiwa, ha sido asesinado a sangre fría. En Francia han aparecido algunos artículos en la prensa escrita sobre el asunto, pero nada en las grandes cadenas de televisión, ninguna declaración de la clase política. Los medios de comunicación han ignorado la manifestación de los cameruneses de la diáspora en París. En ningún medio se trasmite una declaración de la oposición en el exilio que reclama una comisión de investigación de la ONU. Desde el 1 de marzo hay un silencio absoluto mientras la represión bate marcas: juicios sumarísimos, cacería de presuntos agitadores, apaleamiento de los sospechosos. Ni una sola declaración pública dirigida al régimen camerunés. El 14 de marzo, una manifestación de un centenar de personas reactivó los disturbios en Lhassa, Tíbet. Las revueltas se extendieron, el 15, a la provincia de Sichuan. El gobierno tibetano en el exilio habló de 80 muertos y estos lamentables sucesos abrieron todos los telediarios durante varios días. Mostraron a los manifestantes tibetanos en París, entrevistaron a la oposición en el exilio. Quince días después todavía se sigue interrogando a todos los invitados, políticos o no, de todas las emisiones televisadas, que expresan su indignación. Daniel Cohn Bendit se despacha en France 2: «Hay momentos en los que no se puede guardar silencio»; Bernard Kouchner, ministro de Asuntos

Exteriores declara: «La represión en el Tíbet es intolerable»; Rama Yade, secretaria de Estado de los derechos humanos, toma de nuevo la palabra «si hay un baño de sangre en el Tíbet, no voy a quedarme en la grada mirando una competición deportiva». Alain Juppé se escandaliza de que únicamente se haya pedido a China más contención. Se constata que los derechos de los pueblos oprimidos en todas partes del mundo, excepto en África, se defienden vigorosamente en Francia. En Camerún se destrozan de forma tan discreta que la noticia no llegó a Alain Juppé. El baño de sangre camerunés escapó a Rama Yade si no, habría propuesto sanciones contra un régimen despótico que mata, después de haberlos cazado, a los habitantes de los países africanos, sus hermanos. Bernard Kouchner ignora lo que pasa en Camerún, de otro modo no podría soportarlo. En cuanto al chiflado Cohn Bendit, ¿sabe siquiera que África existe? Dejemos de creer en la mascarada de los discursos sobre los derechos humanos tal como se nos bombardea desde los medios de comunicación. Sólo son discursos de propaganda política. Francia con respecto a Camerún es peor que China en el Tíbet: una potencia imperial que apoya desde hace medio siglo la opresión de un pueblo de pobres para atiborrarse libremente con sus recursos. En esta situación, ¿el concepto de derechos humanos puede siquiera florecer? Al acecho de que se pueda pedir que cese la opresión en África, los politólogos dicen: Los Africanos sólo tienen que actuar por sí mismos. ¡Que se liberen! Pero si surgiera en África un auténtico movimiento de emancipación o las demás potencias abriesen una brecha en el imperialismo del colonizador, podemos estar seguros de que los medios de comunicación y los politiqueros occidentales descubrirían de repente, con la más virtuosa indignación, que se pisotean los derechos humanos. La sangre de las víctimas no deja de fluir al Kivu ante la indiferencia general. Pero no hace falta sacudir los sensibles corazones de las estrellas mediáticas y políticas. Para alimentar la demencia de los tiranuelos locales basta con la avaricia anónima y desenfrenada de los compradores de metales preciosos, la avidez inagotable de las nebulosas de los proveedores de armas y tras ellos el mundo, pavimentado por miles de millones, de los paraísos fiscales y los traficantes. Demasiado silencio mediático. Demasiada hipocresía. Original en francés: http://survie-france.org/article.php3?id_article=1143 Caty R. pertenece a los colectivos de Rebelión, Cubadebate y Tlaxcala. Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y la fuente.

http://www.abc.es/20081010/internacional-africa/situacion-derechos-humanos-guinea200810101903.html

¿Cuál es la situación de los derechos humanos en la Guinea de Obiang? “A pesar de algunos pequeños avances en los últimos años, la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial continúa siendo preocupante para Amnistía Internacional. Esos avances han sido sobre todo cosméticos. Para que la situación mejore realmente, es preciso que los cambios sean profundos e institucionales. Se necesita una reforma profunda del sistema judicial, que incluya a las fuerzas de seguridad, y una separación de poderes pare garantizar la independencia del sistema judicial.

No se respeta la libertad de expresión ni de la prensa, ni de reunión o asociación: se dificulta la creación de medios de comunicación que no sean afines al gobierno; no se permiten los sindicatos ni organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que sean realmente independientes. Aunque el número de detenciones arbitrarias por motivos políticos se ha reducido en el curso de este año, éstas continúan a ser practicadas. Es el caso de Brigida Ela Asongsua, detenida y encarcelada en la comisaría central de Malabo durante cuatro meses, sin causa instruida, en violación no sólo de la ley internacional sino también de la ley de Guinea e ignorando impunemente una petición de “habeas corpus” emitida por su abogado. Unos 30 presos políticos y de conciencia fueron liberados en junio pasado con motivo del aniversario del presidente Obiang. No obstante, se les impusieron unas condiciones arbitrarias por autoridades que no tenían competencia para ello y sin ninguna base legal. Todavía hay presos políticos en las cárceles, muchos de los cuales parecen ser lo que AI considera presos de conciencia, que fueron condenados en juicios irregulares e injustos en los que no se respetaron las pautas internacionales de derechos humanos sobre la celebración de juicios. La mayoría fueron sentenciados a largas penas de cárcel sobre la base de confesiones obtenidas bajo tortura o malos tratos o amenazas. En noviembre del 2006 se promulgó una ley que sanciona la tortura, un paso adelante importante pero que necesita ser consolidado. AI ha recogido menos casos de tortura. No obstante, continúa a ser aplicada con impunidad, resultando en muerte en algunos casos. No se han llevado a cabo investigaciones independientes y exhaustivas sobre muertes bajo custodia policial -por ejemplo la de Saturnino Ncogo en marzo pasado- para establecer las causas de la muerte. Las autoridades dijeron que se había suicidado en la celda. Las condiciones de encarcelamiento se han endurecido en el último año con la prohibición absoluta de visitas de familiares a los presos. Esto quiere decir que todos los presos en las cárceles de Guinea están, de hecho, incomunicados. AI tiene información de que algunos de ellos están incluso aislados en celdas, encadenados de pies y manos. Es el caso de tres surafricanos condenados en 2004, y de Florencio Ela y otras dos personas secuestradas en Nigeria en junio de 2005 por las fuerzas de seguridad de Guinea. En lo que respecta a derechos económicos, sociales y culturales, los proyectos de urbanización de las principales ciudades han resultado ya en desalojos forzosos de cientos de familias en Malabo y Bata.”

http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en %7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Africa&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q %3Dsituacion%2Bde%2Blos%2Bderechos%2Bhumanos%2Ben%2Bafrica%26tq%3Dsituation%2Bof %2Bhuman%2Brights%2Bin%2Bafrica%26sl%3Des%26tl%3Den

Los derechos humanos en África  From Wikipedia, the free encyclopedia De Wikipedia, la enciclopedia libre 

Jump to: navigation , search Saltar a navegación, búsqueda The situation of human rights in Africa is generally reported to be poor, and it is seen as an area of grave concern according to the UN , governmental, and non-governmental observers. La situación de los derechos humanos en África en general es informado de que los pobres, y es visto como un área de grave preocupación en función de las Naciones Unidas, gubernamentales y no gubernamentales de observadores. Democratic governments seem to be spreading, though are not yet the majority ( National Geographic claims 13 African nations can be considered truly democratic [ citation needed ] ). Los gobiernos democráticos parecen estar extendiéndose, aunque todavía no son la mayoría (National Geographic reivindicaciones 13 naciones africanas pueden ser considerados verdaderamente democrática [editar]). As well, many nations have at least nominally recognized basic human rights for all citizens, though in practice these are not always recognized, and have created reasonably independent judiciaries. Además, muchas naciones tienen por lo menos nominalmente reconocidos los derechos humanos básicos para todos los ciudadanos, aunque en la práctica, estas no siempre son reconocidos, y han creado razonablemente la independencia del poder judicial. Extensive human rights abuses still occur in several parts of Africa, often under the oversight of the state. Amplia violaciones de los derechos humanos siguen produciéndose en varias partes de África, a menudo bajo la supervisión del Estado. Most of such violations occur for political reasons, often as a 'side-effect' of civil war. La mayoría de tales violaciónes ocurrir por razones políticas, a menudo como un "efecto colateral" de la guerra civil. Notable countries with reported major violations include, but are not limited to, the Sudan, and Côte d'Ivoire. Notables los países con grandes informó de violaciónes incluyen, pero no se limitan a, el Sudán y Côte d'Ivoire. Reported violations include extrajudicial execution, mutilation, and rape. Informó de violaciónes incluyen ejecuciones extrajudiciales, mutilaciones y violación. The African Commission on Human and Peoples' Rights is an international body which seeks to provide supranational monitoring and rights to citizens of Africa. La Comisión Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos es un organismo internacional que tiene por objeto proporcionar supranacionales de vigilancia y los derechos a los ciudadanos de África.

http://www.rebelion.org/noticias/2007/12/61042.pdf

Las ONG y los derechos humanos en África

Leo Igwe Fundación Sur La proliferación de Organizaciones No Gubernamentales, ONG, es uno de los mayores desarrollos en la defensa, protección y promoción de derechos humanos en África. Me di cuenta cuando fui en representación de la Unión Internacional Humanista y Ética, IHEU, a la Sesión Ordinaria número 41 de la Comisión Africana para los Derechos Humanos y de los Pueblos, ACHPR, en Accra, Ghana. La Sesión de la ACHPR se celebra dos veces al año para ocuparse del estado de los Derechos

Humanos en África, especialmente de cómo los Estados miembros cumplen sus obligaciones y compromisos bajo la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Normalmente, parte de la sesión se dedica a escuchar los informes y los comunicados que hacen los Estados, las Instituciones de Derechos Humanos, las Organizaciones Intergubernamentales y No Gubernamentales, que tienen relación con la protección de los Derechos Humanos y su promoción en la región. En la última Sesión, escuche los comunicados, declaraciones e informes presentados por los delegados de Etiopía, Argelia, Gambia, Gabón, Sudán, Egipto, Zimbabue, etc. Sobre la situación de los Derechos Humanos en sus países. Los delegados de Estado, incluido los de los países con un historial terrible en relación con los Derechos Humanos, dedicaron gran parte de sus presentaciones a alabar a los Gobiernos de sus países y a describir, en términos entusiastas, el esfuerzo y el progreso que sus países están haciendo para defender los Derechos Humanos de sus pueblos. Nunca hicieron la menor referencia a ningún abuso de los Derechos Humanos perpetrados por sus Gobiernos. Incluso las instituciones nacionales de Derechos Humanos, en sus comunicados, no reflejaron las violaciones de los Derechos Humanos de sus propios Estados. Esto significa que si la ACHPR tuviera que confiar sólo en los informes y las declaraciones de los Estados miembros y en sus instituciones para realizar su trabajo, nunca se tendría un conocimiento completo ni una información adecuada sobre la situación de los Derechos Humanos en la región. Y uno de los propósitos por los que se estableció la Comisión habría fracasado. Esto me trae a lo que considero la importancia de las ONG en la protección de los Derechos Humanos y en su promoción en África. Las ONG son parte de la ACHPR. La comisión les ha dado el estatus de observadores. Las ONG se centran en las diferentes áreas de interés como los derechos de la mujer, los derechos de los niños, los de las personas sin hogar, los de las minorías, los de los homosexuales, los de los defensores de todos estos derechos, en la libertad de expresión, etc. Algunos días antes de cada Sesión, las ONG organizan un foro para debatir y articular una plataforma común y aprobar las resoluciones que serán presentadas en la Sesión. Además, a las diferentes ONG se les da la oportunidad de elaborar informes y declaraciones sobre casos de violaciones de Derechos Humanos durante la Sesión. En el último encuentro en Accra, me di cuenta de que las ONG, en la mayor parte de los casos, destacan y llaman la atención de la comisión sobre las violaciones más graves de los Derechos, que cometen los Estados miembros, y que ignoran o sobre las que se niegan a informar ellos mismos. Por ejemplo, el Gobierno de Gambia, en su informe, destacó el progreso que había hecho para reforzar la protección y promoción de los Derechos Humanos, especialmente en el ámbito de la adopción de una legislación sobre los derechos de la infancia por el conducto pacífico de las elecciones presidenciales y parlamentarias. No dice nada sobre ningún abuso de Derechos Humanos que pueda haber cometido. Fue una ONG, la Iniciativa de la Commonwealth para los Derechos Humanos, la que informó a la Comisión de la muerte y la desaparición de 50 inmigrantes africanos que tuvo lugar en Gambia en 2005. Estos inmigrantes estaban viajando por la ruta desde Senegal hasta Europa, cuando fueron arrestados por la policía de Gambia y soldados del ejército y les aporrearon y acuchillaron hasta matarles a todos, arrojando después sus cuerpos indiscriminadamente por diferentes lugares del país. El Gobierno de Gambia ha frustrado continuamente los intentos de investigación de los asesinatos extrajudiciales de estas personas. También, el delegado de Estado de Zimbabue informó en la Sesión sobre los pasos agigantados

que el Gobierno del Presidente Robert Mugabe ha hecho en el ámbito de la promoción y la protección de los Derechos Humanos. Culpó a los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña de distorsionar y desinformar sobre el Gobierno de Mugabe, para provocar un cambio de poder en el país y a la crisis que se ha generado por el proceso de redistribución de la tierra. En ningún momento reconoció ningún tipo de violación de los Derechos Humanos por parte del Gobierno. Pero fue una ONG, El Instituto de Derechos Humanos de Suráfrica, quien llamó la atención de la Comisión sobre el hecho de que el Gobierno de Zimbabue estaba utilizando una legislación restrictiva para suprimir el activismo político, especialmente la libertad de expresión y los medios de comunicación. Otra ONG, Human Right Watch, destacó el arresto y la grave paliza de que fueron víctimas más de 50 personas entre líderes de la oposición y activistas miembros de la sociedad civil por parte de la policía y los militares del Gobierno de Zimbabue, causando la muerte a uno de los activistas y graves heridas a otros. En el caso de Sudán, el jefe de su delegación contó a la Comisión cómo el Gobierno de Sudán estaba trabajando para implementar el acuerdo de paz de Darfur y para mejorar la situación humanitaria y los Derechos Humanos en la región. Pero una ONG, el Instituto de El Cairo para Estudios de Derechos Humanos, en su comunicado pidió a la Comisión que hiciese que Sudán termine con las graves y generalizadas violaciones de los Derechos Humanos que se están produciendo en Darfur. Señaló que el Gobierno de Sudán sigue, como antes, incumpliendo su compromiso a no entorpecer la llegada de la ayuda de las Agencias Humanitarias Internacionales a los desplazados internos, en la región de Darfur. Otras ONG expusieron ante la Comisión otros casos de violaciones de Derechos Humanos por parte de Estados presentes en la Comisión: Yibuti, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nigeria, Somalia, Uganda, etc. Estas son cuestiones, perspectivas y preocupaciones, que, normalmente, no hubieran sido escuchadas, ni se hubiera informado sobre ellas, ni la Comisión se hubiera ocupado de ellas, si las ONG no hubieran estado involucradas, si no se les hubiese dado voz en la plataforma de la ACHPR. Las ONG aumentan y enriquecen el trabajo y la Misión de la ACHPR. Las ONG dan profundidad, equilibrio y objetividad al conocimiento y comprensión de la situación de los Derechos Humanos en África. La participación de las ONG es crucial y muy importante para la defensa, el cumplimiento y la consagración de los Derechos Humanos en la región. A pesar de todo esto, se han manifestado un montón de críticas contra las ONG en África. Algunos las consideran meras herramientas, en manos de cualquier poder imperialista, Países de Occidente y organizaciones que normalmente socavan los gobiernos, los intereses y el desarrollo africano. Otros dicen que muchas de estas organizaciones que se hacen llamar No Gubernamentales, son en realidad grupos No Gubernamentales, que forman personas interesadas únicamente en enriquecerse a sí mismas. En cualquier caso, hay un dicho que reza, "el abuso no destruye el valor". Los abusos de aquellos que utilizan las ONG para algún motivo ulterior, no pueden destruir el hecho de que las ONG son una fuerza muy grande en la protección y la promoción de los Derechos Humanos en África, y en el mundo en general. En un continente donde los Gobiernos se pertrechan a sí mismos en el poder. A pesar de la voluntad y oposición popular, en un continente donde los Gobiernos son los mayores opresores, explotadores y violadores de los Derechos Humanos, en un continente donde los Estados apoyan sólo de boquilla o se muestran totalmente indiferentes a sus obligaciones y compromisos bajo la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, donde una rica y poderosa minoría oprime a los pobres, que son la mayoría sin ningún tipo de poder ni de voz, las voces, perspectivas y participaciones de las ONG en la promoción de los Derechos Humanos seguirá siendo de un valor

incalculable. Las ONG son y seguirán siendo un enorme recurso en el fomento de los Derechos Humanos, el desarrollo humano y los valores democráticos en África.

Organización no gubernamental De Wikipedia, la enciclopedia libre (Redirigido desde ONG) Saltar a navegación, búsqueda Una organización no gubernamental (tanto en singular como en plural ONG) es una entidad de carácter privado, con fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de los organismos internacionales. Jurídicamente adopta diferentes estatus, tales como asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras formas. Al conjunto del sector que integran las ONG se le denomina de diferentes formas, tales como sector voluntario, sector no lucrativo, sector solidario, economía social, tercer sector y sector social. Su membresía está compuesta por voluntarios. Internamente pueden tener un bajo o alto grado de organización. El financiamiento de actividades, generalmente, proviene de diversas fuentes: personas particulares, Estados, organismos internacionales, empresas, otras ONG, etc.

http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&langpair=en %7Ces&u=http://www.chr.up.ac.za/hr_docs/african/docs/achpr/achpr71.doc&prev=/translate_s %3Fhl%3Des%26q%3Dsituacion%2Bde%2Blos%2Bderechos%2Bhumanos%2Ben%2Bafrica %26tq%3Dsituation%2Bof%2Bhuman%2Brights%2Bin%2Bafrica%26sl%3Des%26tl%3Den RESOLUCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ÁFRICA The African Commission … La Comisión Africana ... Acknowledging that the human rights situation in many African countries is characterised by the violation of economic, social, cultural, civil and political rights, Reconociendo que la situación de los derechos humanos en muchos países africanos se caracteriza por la violación de los derechos económicos, sociales, culturales, derechos civiles y políticos, Alarmed by the possible resurgence of the illegal seizure of the reins of government in Africa, Alarmado por la posible reaparición de la confiscación ilegal de las riendas del gobierno en África, Expressing concern over the persistent situation of refugees and internally displaced persons affecting the African continent, Expresando su preocupación por la persistente situación de los refugiados y los desplazados internos que afectan el continente africano, Seriously concerned with the continuous restrictions imposed on the right of freedom of expression by the arrest of journalists and the closure of newspapers in some African countries, Seriamente preocupado con las continuas restricciones impuestas sobre el derecho de la libertad de expresión por la detención de los periodistas y el cierre de periódicos en algunos países africanos,

Considering that the persistent economic crisis in Africa has aggravated the human rights situation of vulnerable groups in African societies, in particular women and children, Considerando que la persistente crisis económica en África se ha agravado la situación de los derechos humanos de los grupos vulnerables en las sociedades africanas, en particular las mujeres y los niños, Also concerned with the consequences of persistent wars in several African states, on the civilian population, which prevent the realisation of the right to development, También preocupa a las consecuencias de la persistencia de las guerras en varios Estados africanos, sobre la población civil, que impiden la realización del derecho al desarrollo, Bearing in mind its role under the African Charter on Human and Peoples’ Rights, to ensure the protection of human and peoples’ rights: Teniendo en cuenta su función en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos, a fin de garantizar la protección de los derechos humanos y los derechos de los pueblos: 1. CONDEMNS the planning or execution of coup d’états and any attempt to seize power by undemocratic means; 1. Condena la planificación o ejecución de golpe de estados y cualquier intento de tomar el poder por medios democráticos; 2. CALLS UPON all African governments to ensure that elections and electoral processes are transparent and fair; 2. Exhorta a todos los gobiernos africanos para garantizar que las elecciones y los procesos electorales sean transparentes y justos; 3. URGES all African countries to adopt appropriate means to stop the phenomenon of refugees and internally displaced persons affecting the continent; 3. INSTA a todos los países africanos a adoptar los medios apropiados para detener el fenómeno de los refugiados y los desplazados internos que afectan al continente;

1. CONDEMNS all attempts at restricting the right to freedom of expression; Condena todos los intentos de restringir el derecho a la libertad de expresión;

2. CALLS UPON all African governments to adopt legislative and other measures to protect

3.

vulnerable groups of society, in particular women and children, against the consequences of the persistent economic crisis in Africa; Exhorta a todos los gobiernos africanos a adoptar medidas legislativas y otras medidas para proteger a los grupos vulnerables de la sociedad, en particular las mujeres y los niños, contra las consecuencias de la persistente crisis económica en África; URGES all those parties engaged in war on the African continent to abide by the provisions of international humanitarian law, particularly with regard to the protection of civilians and to undertake all efforts to restore peace. INSTA a todas las partes que participan en la guerra en el continente africano a acatar las disposiciones del derecho internacional humanitario, en particular en lo que respecta a la protección de los civiles y llevar a cabo todos los esfuerzos para restablecer la paz.