Derecho Civil I Sesiones 01_06

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

ORDENAMIENTO JURÍDICO ORDENAMIENTO JURÍDICO: Está formado por el conjunto de normas jurídicas vigentes en una comunidad. CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS JURÍDICAS Los hombres que viven en sociedad no sólo están regidos, al realizar sus actos, por normas jurídicas, sino también por otras de muy diferente clase: morales, religiosas, de uso social, etc. Sin embargo, las normas jurídicas presentan ciertos rasgos particulares que las distinguen claramente de todas las demás. Son: FINALIDAD IMPERATIVIDAD BILATERALIDAD O ALTERIDAD GENERALIDAD ABSTRACTEZA COERCIBILIDAD

a) FINALIDAD: El fin de las normas jurídicas es justamente mantener el orden y la paz social. b) IMPERATIVIDAD: Las normas jurídicas son imperativas porque expresan una orden, un mandato, y no un ruego, un consejo o sugerencia. Se dirigen a los miembros de la comunidad, quienes están obligados a acatar el mandato, ya sea por la conveniencia de hacerlo o por temor a las sanciones que, por lo general, trae la violación o incumplimiento de la orden. Si las normas jurídicas no fueran obligatorias y quedaran a merced de la sola voluntad de los individuos, sobrevendría el caos y la anarquía. c) BILATERALIDAD O ALTERIDAD: La norma jurídica no es una regla de conducta para el individuo aisladamente considerado, sino en su relación con otros, sus semejantes. Este carácter se conoce con el nombre de bilateralidad o alteridad, palabra esta última que deriva del latín alter, que significa “el otro”, el “no yo”, y efectivamente no se dan para el hombre en soledad sino para sus relaciones con otros hombres, entre los cuales establecen derechos y deberes, al revés de las normas morales y las de uso social que sólo crean deberes.

Página 1 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

d) GENERALIDAD: La norma jurídica es general en el sentido que regula todos los casos que encuadren en las hipótesis previstas en ella. De este modo, la norma no se dirige a casos determinados sino a todos los que ocurran durante su vigencia, sin referirse específica o nominativamente a alguno en particular. La generalidad de las normas jurídicas responde al principio de igualdad ante la ley, pues la regla es la misma para todos, sin favorecer o perjudicar determinadamente a nadie. La generalidad evita la discriminación arbitraria. ¿Cómo se explican entonces las leyes que se refieren nominativamente a una persona, cosa o relación? Ejemplos de esa leyes son las que reconocen a cierta persona años de servicios prestados; las que otorgan o privan de la nacionalidad a un sujeto; las que, por gracia, conceden a un individuo una pensión vitalicia. La explicación que suele darse a estas leyes es que, en verdad, no constituyen normas jurídicas, sino actos administrativos emitidos por el poder legislativo que revisten forma de ley, limitándose a constatar que la persona a que aluden se encuentra en la situación prevista por determinada norma general. Así por ejemplo, cuando a un extranjero se le concede por gracia la nacionalidad chilena, no se hace sino comprobar, por un acto administrativo dictado en forma de ley, que dicho extranjero cumple con las condiciones que establece la norma general donde se establece el citado beneficio honorífico. e) ABSTRACTEZA: Por lo mismo de ser generales, las normas jurídicas son abstractas, es decir, no prevén casos concretos, sino situaciones-tipo. Así, no dicen las normas que si Pedro no paga su deuda a Juan deberá indemnizarle los perjuicios, sino que si un deudor no cumple exacta y oportunamente su obligación, se verá en la necesidad de indemnizar los daños que de ello se sigan al acreedor. f) COERCIBILIDAD: Para que los fines del Derecho se alcancen es indispensable que el mandato de sus normas sea respetado a todo trance, quiéranlo o no los obligados. En este aspecto, las normas jurídicas son coercibles en el sentido que admiten la posibilidad de cumplimiento forzoso cuando es necesario y factible. Tal posibilidad no se da en otro tipo de normas, tales como las morales, cuyo cumplimiento depende sólo de la conciencia o voluntad del sujeto.

Página 2 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

LA SANCIÓN DE LAS NORMAS Generalmente, la inobservancia o violación de las normas jurídicas trae como consecuencia una sanción. Las sanciones son de muy variadas especies: 1. LA PENA La más grave. Consiste en la pérdida o menoscabo de derechos personales que el Estado causa al sujeto que ha violado un deber jurídico, y se traduce concretamente en la supresión de la libertad por un mayor o menor tiempo (reclusión en establecimientos penitenciarios); en la restricción del derecho de residir donde le plazca (extrañamiento, relegación), o en la privación de bienes patrimoniales (multa, comiso). 2. LA EJECUCIÓN FORZADA Consiste esta sanción, cuando es posible y necesario, en el empleo de medios compulsivos contra el incumplidor de la norma para lograr el mismo resultado que se habría obtenido si él la hubiera cumplido espontáneamente. Por ejemplo, si el deudor no paga su obligación, puede el acreedor, si concurren ciertos requisitos o condiciones, embargarle uno o más bienes, y hacerlos vender luego en pública subasta para, con el precio logrado, satisfacer su crédito. 3. INDEMNIZACIÓN Es la compensación o resarcimiento con el cual se repara un daño causado a otro. Por ejemplo, el que hirió intencionalmente o por imprudencia a una persona deberá pagarle los gastos de curación, las sumas de dinero que dejó de ganar en su actividad mientras de recuperaba, el daño moral, esto es, los dolores físicos y las aflicciones espirituales sufridos con motivo de las heridas, etc. 4. NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS Esta sanción consiste en la ineficacia de dichos actos (contrato, testamento) cuando no reúnen algún requisito que exige la ley para su existencia o validez. Por ejemplo, no tiene validez el contrato celebrado con un enfermo mental o un menor de edad, porque la ley exige que los contratantes sean capaces, es decir, mayores de edad y mentalmente sanos; tampoco tiene validez alguna el testamento otorgado sin testigos, etc.

Página 3 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

5. INOPONIBILIDAD Hay inoponibilidad cuando, frente a un tercero, no pueden hacerse valer, es decir, oponerse, ya sea los efectos de un acto jurídico, o la nulidad u otra causal de terminación anormal del mismo. Por ejemplo, en nuestra legislación la venta de cosa ajena es válida, sin perjuicio de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el lapso de tiempo (art. 1815 del CC). En este caso, evidentemente, el dueño, que no intervino en el contrato de compraventa, es un tercero, un extraño en este contrato y, por lo tanto, los efectos del mismo no lo obligan, y si el comprador se presenta a reclamarle la entrega de la cosa, se la negará aduciendo que el contrato que celebró con el vendedor es ineficaz, es inoponible respecto de él. Otro ejemplo. Supóngase que entre dos personas se forme una sociedad y que antes de ser declarada nula por algún vicio en su constitución, funcione de hecho y realice diversas operaciones. Una vez declarada nula, los terceros de buena fe, es decir, los terceros que la creyeron válida, pueden entablar contra todos y cada uno de los asociados las acciones que les corresponda para reclamar los derechos que emanen de los contratos que hubieren celebrado con dicha sociedad, sin que los asociados, para eludir su responsabilidad, puedan alegar la nulidad del contrato social, pues ella no perjudica a los terceros de buena fe, o sea, frente a éstos la nulidad es inoponible. CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS Existen numerosas clases de normas jurídicas, pero las más importantes y de mayor trascendencia son: a) NORMAS DE ORDEN PÚBLICO Y NORMAS DE ORDEN PRIVADO Esta clasificación se efectúa según puedan o no las normas ser sustituidas o modificadas por las partes de una relación. Las normas de orden público, son aquellas a las cuales los sujetos, en sus relaciones, deben ceñirse o ajustarse ineludiblemente, no pudiendo modificarlas ni sustituirlas por otras de su creación. Estas normas envuelven un predominante interés colectivo, y por tanto, es lógico que no puedan alterarse por la voluntad de las partes. Ejemplos típicos de estas normas son las que establecen solemnidades para algunos actos, como la escritura pública en la compraventa de bienes raíces; las que fijan la capacidad de las personas; la mayoría de las normas de derecho de familia, etc. Página 4 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Las normas de orden privado son las que, en sus relaciones, las partes pueden modificar o sustituir enteramente por otras elaboradas por ellas mismas. En consecuencia, estas normas que envuelven un puro interés de los sujetos de la relación, rigen cuando ellos no disponen otra cosa. Son, pues, supletorias de la voluntad de las partes. Ejemplo de norma de orden privado es la que prescribe que los gastos que ocasiona el pago de una obligación sean de cuenta del deudor, conforme lo indica el art. 1571 del CC; pero las partes, como no hay comprometido ningún interés social o de terceros, pueden dejar de lado esa regla y acordar que dichos gastos sean solventados por el acreedor o a medias. Por lo anterior, suele decirse que las normas de orden público son irrenunciables o inderogables por las partes y las de orden privado renunciables o derogables por aquellas, aunque no se está tomando aquí el sentido técnico o legal que tiene propiamente la palabra derogación, sino sólo dar a entender que las partes, para su relación, descartan la aplicación de la respectiva norma. b) NORMAS DE DERECHO COMÚN Y DE DERECHO ESPECIAL Normas de derecho común son las dictadas para la totalidad de las personas, la totalidad de las cosas o la totalidad de las relaciones jurídicas. Normas de derecho especial son las dictadas para una determinada clase de personas, cosas o relaciones jurídicas, en razón de ofrecer esa determinada clase particularidades que exigen apartarla de la regla general de las normas comunes, pero, en todo caso, no se oponen a éstas. Como no hay contraposición sino una simple matización o adecuación, las normas de derecho común suplen los vacíos de las de derecho especial. El Código de Comercio, por ejemplo, es frente al Civil un derecho especial, y de ahí que los casos no resueltos específicamente por el Código de Comercio se rigen por las normas del Código Civil (C. de Com., art. 2º). De acuerdo a lo señalado, entonces, las normas de derecho común o generales se aplican supletoriamente respecto de las de derecho especial, pero, a la inversa, los vacíos de las normas comunes no pueden ser llenados con las normas de derecho especial.

Página 5 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Por otra parte, las normas especiales se aplican con preferencia a las comunes. Nuestro Código Civil, refiriéndose a normas contenidas en cuerpos legales distintos, expresa: “Las disposiciones contenidas en los Códigos de Comercio, de Minería, del Ejército y Armada y demás especiales, se aplicarán con preferencia a las de este Código” (art. 4). Y, aludiendo a las distintas clases de normas contenidas en un mismo cuerpo legal, dice: “Las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares, prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley cuando entre las unas y las otras hubiere oposición (art. 13). Por último, la calificación de si una norma es de derecho común, general o de derecho especial depende de su propia naturaleza y no del cuerpo legal en que está. Así, una norma general puede, por cualquier razón, estar colocada en un cuerpo de normas legales especiales y no por eso deja de ser general. Al respecto, hagamos presente que nuestro Código Civil no fija el momento y el lugar en que se perfeccionan los contratos; pues bien, según el Mensaje con que fue presentado el Proyecto de Código de Comercio, éste determina el momento y el lugar en que las propuestas verbales o escritas asumen el carácter de contratos perfectos, “llenando de este modo un sensible vacío en nuestra legislación comercial y civil”. Las palabras transcritas demuestran claramente que los redactores del Código de Comercio y los legisladores que lo aprobaron entendieron que en un Código especial introducían una norma general, de derecho común, y por ende aplicable no sólo a los contratos comerciales sino a los de cualquiera clase. c) NORMAS REGULARES Y NORMAS EXCEPCIONALES Normas regulares (o normales) son las que aplican de un modo u otro los principios generales de una rama del derecho o de una institución jurídica; y normas excepcionales son las que se inspiran en principios contrapuestos a aquéllos, respecto de los cuales constituyen excepciones. Veamos un ejemplo de norma excepcional: Un principio regular y común es el de la libertad de contratación, esto es, que en general, todas las personas pueden celebrar los contratos que deseen, pero constituye una norma de excepción a este principio la norma que declara “nulo el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente y entre el padre o madre y el hijo de familia” (art. 1796 del CC).

Página 6 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

c) NORMAS IMPERATIVAS, PROHIBITIVAS Y PERMISIVAS Esta clasificación se efectúa según la clase de mandato que contengan las normas. Normas imperativas (o preceptivas) son las que mandan hacer algo, imponen una acción u ordenan el cumplimiento de ciertos requisitos o formalidades. Por ejemplo, las que ordenan pagar impuestos o prestar el servicio militar. Prohibitivas son las normas que mandan no hacer algo, o sea, las que imponen una abstención u omisión, como la ley que prohíbe celebrar el contrato de compraventa entre cónyuges no separados judicialmente. Permisivas, son las normas que permiten hacer o no hacer algo. Ejemplo de un permiso de acción es la norma del art. 1117 del CC, que deja al legatario la elección, a su arbitrio, de la cosa legada. En este caso, el deudor del legado está sometido al imperativo de dejar elegir la cosa al legatario. Ejemplos de permiso de omisión son los de la Ley de Tránsito que autorizan a los vehículos de emergencia para omitir ciertas normas del tránsito, cuando se dirigen a cumplir sus urgentes funciones.

d) NORMAS INTERPRETATIVAS O EXPLICATIVAS Y NORMAS SUPLETIVAS O INTEGRADORAS Normas interpretativas o explicativas son las que fijan el sentido, extensión o contenido de otras normas, o sirven de regla para su interpretación o la de los actos jurídicos. Nuestro Código Civil dedica un párrafo completo a la interpretación de la ley (párrafo 4º del Título preliminar, arts. 19 al 24), donde se establecen varias normas interpretativas en general; sin perjuicio de que en su cuerpo se encuentren esparcidas varias otras, como por ejemplo el art. 574. Respecto de normas de interpretación de los actos jurídicos, hay un título relativo a la interpretación de los contratos (arts. 1560 a 1566). Normas supletivas o integradoras son las que suplen los vacíos del contenido de las declaraciones de voluntad de los autores o de las partes de un acto jurídico. Ejemplo: si en un contrato no se establece de qué diligencia o culpa debe responder el deudor, hay una norma que se encarga de llenar dicho vacío en este caso, como lo es el art. 1547 inc. 1º).

Página 7 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

f) NORMAS REGULADORAS Y NORMAS DE APLICACIÓN O DE REENVÍO Se llaman normas reguladoras las que reglan en forma directa una relación jurídica, y normas de aplicación o de reenvío las que para los casos que ellas contemplan no establecen regulación, sino que disponen que ésta ha de ser la que para casos distintos contemplan otras normas. Por ejemplo, la permuta carece de normas reguladoras propias, pues el CC ordena aplicar a ella las normas que regulan la compraventa. El artículo que así lo establece, el 1900, es la norma de aplicación o de reenvío; los artículos que establecen las normas sobre la compraventa, a los cuales se hace remisión, son las normas reguladoras. g) NORMAS PERMANENTES Y NORMAS TRANSITORIAS Esta clasificación se efectúa atendiendo al tiempo de duración de las normas. Permanentes son las normas que no tienen predeterminada su vigencia, porque se establecen para llenar necesidades permanentes y por ende de un modo duradero hasta que otra norma posterior no las prive de vigencia mediante la derogación. Las normas transitorias son las que tienen duración puramente temporal. h)

NORMAS

DE

DERECHO

ESCRITO

Y

NORMAS

DE

DERECHO

NO

ESCRITO

O

CONSUETUDINARIO Según que las normas, al crearse, se formulen por escrito o no, se dividen en de derecho escrito y de derecho no escrito. Estas últimas se llaman también consuetudinarias porque se constituyen por la costumbre, la cual ha sido definida como “la observancia constante y uniforme de una regla de conducta, llevada a cabo por los miembros de una comunidad social con la convicción de responder a una necesidad jurídica”. Nuestro Código Civil prescribe que “la costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella (art. 2º). Página 8 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

i)

NORMAS SUSTANTIVAS O MATERIALES Y NORMAS ADJETIVAS O FORMALES

Las normas materiales o sustantivas son las que tienen una finalidad propia, fijando la regla de conducta y las facultades y deberes de cada cual. Normas adjetivas, sólo tienden a facilitar los medios para que se cumpla la regla establecida. Ejemplo de normas sustantivas son las de derecho civil, y de normas adjetivas las de derecho procesal. ORDEN JERÁRQUICO DE LAS NORMAS El orden jerárquico de las normas implica la subordinación de la norma de grado inferior a la de grado superior; aquella debe conformarse a ésta, y sin se coloca en pugna no tiene eficacia. La ley de grado inferior está en pugna con la superior cuando sobre la misma materia de que ésta trata dispone algo contradictorio, o algo más amplio o más restringido. NORMAS CONSTITUCIONALES La Constitución Política del Estado es el conjunto de principios y normas o reglas fundamentales de un Estado que fijan las atribuciones de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; la competencia de los más altos órganos del estado; los derechos y deberes esenciales de los individuos y las garantías que estos mismos tienen frente a los poderes públicos. Las normas constitucionales gozan de mayor estabilidad que cualesquiera otras, porque, para ser modificadas, exigen condiciones más estrictas y un quórum más elevado (Constitución, arts. 127 y siguientes). Después de las leyes constitucionales viene una serie de leyes de jerarquía superior a las ordinarias y que exigen trámites más complicados y quórum más elevados que estas últimas. Son: a) LEYES INTERPRETATIVAS DE LA CONSTITUCIÓN Son aquellas que aclaran o determinan su sentido oscuro o dudoso, las que para su aprobación, modificación o derogación necesitan de las 3/5 partes de los diputados y Página 9 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

senadores en ejercicio (Constitución, art. 66, inc. 1º). Además, antes de ser promulgadas deben pasar por el Tribunal Constitucional para el control de su constitucionalidad (Constitución, art. 93 nº 1). En estricto rigor, la ley interpretativa no representa un escalón nuevo y aparte de la ley interpretada, porque se entiende incorporada a ésta (C.Civil, art. 9º). Por tanto, la ley interpretativa de una Constitución tiene el carácter de constitucional. b) LEYES ORGÁNICAS CONSTITUCIONALES Estas leyes tienen por objeto fijar la organización y el funcionamiento de los poderes públicos, de ciertos servicios e instituciones del mismo carácter y regular otras materias consideradas de capital importancia. La propia Constitución se encarga, en cada caso, de declarar que se trata de una ley orgánica constitucional. En cuanto al quórum de estas leyes, su establecimiento, modificación o derogación requiere las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 2º). También antes de su promulgación es necesario cumplir con el trámite del control de su constitucionalidad, que debe practicar el Tribunal Constitucional (art. 93 nº 1). Como ejemplo de leyes orgánicas constitucionales se pueden citar las que versan sobre organización y atribuciones de los tribunales de justicia (art. 77); organización básica de la administración pública (art. 38); atribuciones de las municipalidades (art. 118 inc. 5º), estados de excepción (art. 44), etc. c) LEYES DE QUÓRUM CALIFICADO Su aprobación requiere la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio (art. 66 inc. 3º). Ejemplos: las que se ocupan de las conductas terroristas y su penalidad (art. 9 inc. 2º); las relativas a los abusos de publicidad (art. 19, nº 12 inc. 1º), etc. El quórum tan elevado exigido para las leyes orgánicas constitucionales, interpretativas de los Página 10 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

preceptos de la Constitución y de quórum calificado lo fundan los comentaristas en la importancia que tienen ellas por la materia que abordan y además, se aduce la conveniencia de que se reúna un significativo número de votos para modificar o derogas leyes que se considera que dan estabilidad institucional. d) LEYES ORDINARIAS Después de las leyes referidas precedentemente, vienen las leyes ordinarias, cuya aprobación, modificación y derogación representan lo común en la materia. e) DECRETOS CON FUERZA DE LEY Más adelante se verá que los cuerpos legales llamados decretos con fuerza de ley tienen dentro de las materias que pueden regular, la misma jerarquía de las leyes a que normalmente se sujetan estas materias.

e) DECRETOS GENERALES O REGLAMENTARIOS DICTADOS POR EL PODER EJECUTIVO Hay dos clases de reglamentos que puede dictar el Presidente de la República: los de ejecución de una ley y los autónomos. Los primeros son los que fijan las normas en detalle para la aplicación de las leyes a que se refieren. Los reglamentos autónomos son los que puede dictar el Presidente sobre cualquier materia no entregada a la competencia de las leyes. Sobre este punto, señalemos que son materia de las leyes las que taxativamente señala la Constitución (art. 63); todas las demás pueden ser reguladas por el Presidente de la República haciendo uso de su potestad reglamentaria (art. 32 nº 6).

Página 11 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

LAS DIVISIONES DEL DERECHO El Derecho (objetivo) es uno solo, pero, al igual que un árbol, presenta varias ramas. La gran distinción que se efectúa en esta materia es la relativa al derecho público y privado, de donde resultan las subdivisiones posteriores. DERECHO PÚBLICO Y DERECHO PRIVADO La distinción entre derecho público y privado se hace tomando los siguientes factores: EL INTERÉS PREPONDERANTE QUE TUTELAN LOS SUJETOS DE LAS RELACIONES LA CALIDAD EN QUE ELLOS ACTÚAN

El derecho público tutela preponderantemente un interés colectivo, y el derecho privado un interés particular, individual. De acuerdo a lo señalado, el derecho público se define como el conjunto de normas que, mirando a un preponderante interés colectivo, regulan la organización y actividad del Estado y demás entidades públicas menores (como las municipalidades, por ejemplo), sus relaciones entre sí o con los particulares, actuando el Estado y dichas entidades en cuanto sujetos dotados de poder soberano o público. Derecho privado es el conjunto de normas que, considerando un preponderante interés individual, regulan las relaciones de los particulares entre sí o la de éstos con el Estado o las demás entidades políticas en cuanto estos últimos no actúan como poder político o soberano, sino como si fueran particulares, o, por fin, las relaciones de estas mismas entidades políticas entre sí en cuanto obran como si fueran particulares y no como poder político o soberano. En el derecho privado se considera que las relaciones se establecen entre sujetos que intervienen en un plano de igualdad y ninguno de ellos como entidad soberana. Si el Estado expropia un terreno a un particular, actúa como poder político y la norma que rige este acto es de derecho público; pero si el Estado compra o toma en arriendo una casa a un particular, el derecho que disciplina la relación es el privado.

Página 12 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Nótese que el hecho de que el Estado y los demás entes políticos actúen, a veces, como poder público y otras como si fueran sujetos privados, no significa que tengan doble personalidad, una de derecho público y otra de derecho privado, pues su personalidad, en cualquiera órbita que actúen, es la de derecho público; sólo quiere decir que en un caso obran con atributos de superioridad y en el otro no. Ahora bien, según que las normas se refieran a la vida interna del Estado o a su vida externa, el derecho público se divide en nacional o interno y derecho internacional o externo. Derecho público nacional es el que organiza el poder público y regula las relaciones de los particulares con dicho poder. Derecho público internacional es el que rige las relaciones de los Estados entre sí, y es objeto de estudio particular en la asignatura de Derecho Internacional Público. En lo relativo al derecho privado, también es posible distinguir un derecho nacional y uno internacional. RAMAS DEL DERECHO PÚBLICO NACIONAL a) DERECHO CONSTITUCIONAL es el conjunto de normas que determinan la organización del Estado, fijan las atribuciones de los poderes públicos y garantizan los derechos individuales. b) DERECHO ADMINISTRATIVO es el conjunto de normas que tienen por objeto la organización, los medios y las formas de actividad de la administración pública y las relaciones jurídicas consiguientes entre ella y los demás sujetos. c) DERECHO PENAL es el conjunto de normas que, desenvolviendo la potestad punitiva del Estado, tratan del delito, el delincuente y las penas u otras medidas que le son aplicables en defensa social. d) DERECHO PROCESAL es el conjunto de normas que se refieren al desenvolvimiento de la actividad jurisdiccional del Estado. Tales normas fijan la organización y atribuciones de los tribunales de justicia, las reglas conforme a las cuales deben tramitarse los juicios y otros Página 13 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

asuntos sometidos al conocimiento de esos tribunales. Los juicios pueden ser civiles o penales. De la tramitación de los primeros se ocupa el derecho procesal civil, y de los segundos el derecho procesal penal. e) DERECHO LABORAL o del Trabajo es el conjunto de principios y normas que regulan las relaciones de empresarios y trabajadores y de ambos con el Estado, a los efectos de la protección y tutela del trabajo. Cabe agregar que hay un derecho procesal del trabajo que se ocupa de los tribunales especiales del trabajo y de las causas o juicios laborales. RAMAS DEL DERECHO PRIVADO NACIONAL a) DERECHO CIVIL es el derecho privado general y común; las demás ramas del derecho privado son derechos privados especiales. b) DERECHO COMERCIAL es el conjunto de normas que regula los actos de comercio, la capacidad, los derechos y deberes de las personas que hacen del comercio su profesión habitual (comerciantes), las organizaciones jurídicas y los instrumentos de que se valen estos mismos sujetos en su actividad. c) DERECHO DE MINERÍA es el conjunto de normas que regula la exploración, concesión de explotación de los yacimientos minerales y las relaciones de los particulares entre sí en todo lo concerniente a la industria minera. d) También forma parte del derecho privado el DERECHO DEL TRABAJO en cuanto regula las relaciones entre los empresarios y los trabajadores. En cuanto al DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO, es el conjunto de normas que determina la legislación del país que debe aplicarse a una situación jurídica dada que pretende ser regida por dos o más legislaciones. Por ejemplo, si una persona fallece en Italia, la pregunta consiste en determinar por qué legislación se regirá su sucesión por causa de muerte, esto es, su herencia, y tal es la cuestión que tiende a resolver la señalada disciplina, que constituye también una asignatura particular en los estudios de la carrera de Derecho. OTRAS RAMAS DEL DERECHO: A través de los tiempos se han multiplicado las ramas especiales del derecho. Por vía ilustrativa podemos mencionar algunas, como el derecho Página 14 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

marítimo, derecho aéreo o aeronáutico, derecho astronáutico, etc. EL DERECHO CIVIL Civil es palabra que deriva del latín civilis, de civis: ciudadano. En consecuencia, etimológicamente, derecho civil quiere decir derecho concerniente al ciudadano; traducido en el lenguaje jurídico más exacto de hoy significa el derecho propio de los nacionales de un país o Estado. DEFINICIONES Hoy el derecho civil puede definirse sintéticamente como el derecho privado común y general; en forma descriptiva, como el conjunto de normas sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia. CONTENIDO El contenido de derecho civil lo forman las normas sobre las instituciones fundamentales que se refieren a las personas, esto es, la personalidad, la familia y el patrimonio. 1) LAS NORMAS SOBRE LA PERSONALIDAD miran a la persona en sí misma, con prescindencia de sus relaciones familiares o patrimoniales con los demás. Regulan la existencia, individualización y capacidad de las personas tanto físicas como morales o jurídicas. 2) LAS NORMAS SOBRE LA FAMILIA rigen la organización de ésta y, dentro de ella, definen el estado de cada uno de sus miembros: cónyuge, hijo, etc. 3) LAS NORMAS SOBRE EL PATRIMONIO, es decir, sobre el conjunto de derechos y obligaciones valuables en dinero, regulan los derechos siguientes: a) LOS DERECHOS REALES Y LOS DERECHOS SOBRE BIENES INMATERIALES (obras literarias, marcas de fábrica, etc.). b) LOS DERECHOS DE OBLIGACIÓN, en virtud de los cuales una persona (acreedor) está Página 15 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

facultada para exigir de otra (deudor) una prestación en interés de la primera. La prestación se traduce en una acción positiva (dar, hacer) o en una abstención (no hacer). Hay, pues, obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. El estudio del derecho de obligaciones comprende, por una parte, el de las obligaciones en sí mismas, y por otra, el de sus fuentes: contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y ley. c) LOS DERECHOS DE SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE, que regulan la transmisión de los bienes o patrimonio de una persona por consecuencia de la muerte de ella. UBICACIÓN DEL DERECHO CIVIL DENTRO DE LAS RAMAS DEL DERECHO De acuerdo a lo explicado hasta aquí, aparece claro que el derecho civil se ubica dentro de las ramas del derecho privado. Es el derecho privado general y común. Es general porque rige las relaciones jurídicas ordinarias más generales del ser humano en cuanto tal, con prescindencia de cualquiera otra circunstancia (nacionalidad, profesión). Es también común el derecho civil, porque todas las relaciones jurídicas privadas de los hombres que no están reguladas por otra rama especial o autónoma del derecho, son regidas por el derecho civil, y es común, asimismo, porque sus principios o normas generales suplen los vacíos o lagunas de las demás especiales del derecho privado. Estas últimas con respecto al derecho civil son especiales porque, en su ámbito respectivo, derogan o modifican las normas civilistas. Pero cuando un derecho especial carece de regulación propia sobre una materia o situación, mantiene su imperio general el derecho civil. Así, por ejemplo, el Código especial llamado Código de Comercio declara que cuando sus preceptos no resuelven especialmente un caso se apliquen las disposiciones del Código Civil (art. 2º). IMPORTANCIA DEL DERECHO CIVIL VASTO CONTENIDO GENERALIDAD DE SU APLICACIÓN TÉCNICA DE SUS PRINCIPIOS

Página 16 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

La importancia del Derecho Civil radica, en primer lugar, en su vasto contenido, porque a pesar de los desmembramientos sufridos continúa siendo la disciplina mayor, pues abarca todas las relaciones jurídicas no comprendidas en los ordenamientos especiales. En segundo lugar, la importancia del Derecho Civil deriva de la generalidad de su aplicación; sus normas suplen los vacíos de los derechos especiales. Este carácter supletorio –según se dijo anteriormente- erige al Derecho Civil en un elemento de unidad y cohesión de todas las ramas del derecho privado. En tercer lugar, la importancia del Derecho Civil se revela en la técnica de sus principios, afinada durante siglos; ella informa o sirve de pauta a la de los derechos especiales. EL DERECHO CIVIL CHILENO NOCIÓN PREVIA DE FUENTES DEL DERECHO Por fuente del derecho se entiende toda constancia escrita o verbal que de cuenta de la existencia de normas jurídicas. Las fuentes del derecho pueden ser formales o materiales. Formales son los modos o formas concretas en que se manifiestan las normas de un ordenamiento jurídico determinado, como lo son la ley y la costumbre. Fuentes materiales son las manifestaciones escritas o verbales que no establecen normas jurídicas sino que aportan elementos para el conocimiento de ellas, su interpretación y aplicación. Son fuentes materiales de derecho la jurisprudencia y la doctrina de los autores de obras jurídicas. FUENTES FORMALES DEL DERECHO CIVIL CHILENO Son fuentes formales de nuestro Derecho Civil el Código Civil, las leyes complementarias, los reglamentos de ciertas instituciones y la costumbre. Por Código se entiende toda ordenación sistemática de normas legales relativas a una Página 17 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

determinada rama del Derecho o a una parte orgánica de ella. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE LA GESTACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL Al independizarse Chile regían en su territorio leyes que constituían el derecho común y general de España en todo lo que no había sido modificado por disposiciones especiales dictadas por la misma autoridad española. Cabe recordar entre los cuerpos legales españoles el Fuero Juzgo o Libro de los Jueces, las Siete Partidas, las Leyes de Toro, la Nueva Recopilación y la Novísima Recopilación. Además, regían en Chile leyes dictadas especialmente por el estado español para las colonias americanas en general o, en forma especial, para nuestro país. Reinaba en muchos aspectos un derecho positivo confuso, contradictorio y anticuado. Desde 1810, año en que se constituyó la Primera Junta de Gobierno, comenzaron a dictarse leyes patrias. Versaban, aparte de las relativas a la organización política y administrativa del país, principalmente sobre materias de procedimiento judicial, como el decreto del año 1837 relativo a la manera de fundar las sentencias; el decreto ley del mismo año sobre implicancia y recusación de los jueces; otro sobre el recurso de nulidad; enseguida uno relativo al juicio ejecutivo. También se promulgaron leyes de carácter penal y otras sobre materias civiles: le de 6 de septiembre de 1844 que regulaba el matrimonio de los no católicos; la ley de 24 de julio de 1834 sobre propiedad literaria y las leyes de 31 de octubre de 1845 sobre prelación de créditos. El vehemente anhelo de tener leyes ordenadas metódicamente en Códigos se manifestó a través de leyes y decretos que proponían bases y premios, ya para sujetos individuales o para comisiones que se dedicaran a presentar proyectos de Códigos. Principalmente se quería tener Códigos Civil, Penal, de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal. Los intentos primeros no tuvieron materialización alguna. Por lo que concierne al Código civil, la tarea comenzó a realizarse con la llegada a Chile, en 1829, del sabio venezolano don Andrés Bello López, que participó en toda la gestación de este cuerpo legal. Los diversos proyectos fueron todos obra suya con algunas modificaciones introducidas por la Comisión que los examinaba. A continuación enunciamos dichos Página 18 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

proyectos. PROYECTOS PARCIALES Al principio hubo proyectos que no abarcaban todas las materias propias del Código Civil, sino sólo algunas. Uno de ellos estaba consagrado a la sucesión por causa de muerte y el otro a los contratos y obligaciones convencionales, ambos obra de don Andrés Bello. Se crearon comisiones revisoras que después de alguna labor, se desintegraron y extinguieron. Estos proyectos con las enmiendas correspondientes sugeridas por aquellas comisiones fueron publicadas entre los años 1841 y 1845. PROYECTO DEL CÓDIGO CIVIL COMPLETO DE 1853 Don Andrés Bello continuó solitaria y silenciosamente la empresa de dar a Chile un Código Civil. En 1852 presentó un proyecto de Código Civil completo. El Gobierno, en cumplimiento de una ley de 14 de septiembre de 1852, dictó, el 26 de octubre de ese mismo año, un decreto que nombraba la Comisión Revisora de ese Proyecto, disponiendo además que el trabajo presentado por Bello y conocido generalmente con el nombre de Proyecto de 1853 por haberse publicado en esa fecha, se imprimiera desde luego y se distribuyera a los miembros de los miembros de los tribunales superiores de justicia y de la Facultad de Derecho de la Universidad para que formularan las observaciones que estimaran convenientes. La Comisión Revisora celebró más de 300 sesiones e introdujo numerosas innovaciones, gran parte de ellas propuestas por el mismo Andrés Bello. La Comisión, sin embargo, no dejó acta de sus sesiones, antecedentes que habrían sido de gran valor para interpretación de los preceptos del Código. PROYECTO INÉDITO De la primera revisión de este Proyecto de 1853 por parte de la Comisión, con las innovaciones introducidas, surge lo que se ha llamado el Proyecto Inédito, nombre que se le dio por haberse mantenido sin imprimir hasta que en 1890 se incorporó en las Obras Completas de Andrés Bello. Página 19 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

PROYECTO DEFINITIVO Luego, el Proyecto de 1853 fue sometido a un segundo examen y, en seguida, se presentó por el Gobierno a la deliberación del Congreso Nacional, a fines de 1855. Es el llamado Proyecto Definitivo, el cual contenía un Mensaje redactado por Bello. Después de algunos intercambios de ideas el Congreso aprobó el proyecto, no artículo por artículo, sino en su conjunto. La ley aprobatoria fue promulgada el 14 de diciembre de 1855 y se ordenó que el Código principiara a regir desde el 1º de enero de 1857. Un último aspecto a destacar dice relación con la persona misma de Andrés Bello, cuyos méritos no sólo se reducen al campo jurídico, sino también en los de gramática, la filología, la poesía, la crítica literaria, latinista, filosofía y ciencias naturales, habiéndose escrito cientos de artículos sobre su personalidad y amplia obra. FUENTES DEL CÓDIGO CIVIL Las fuentes de que se sirvió Bello para redactar el Código Civil son de dos clases: una de legislaciones positivas y otra de carácter doctrinario producidas por autores de distintas nacionalidades. Fuentes de legislación positiva: el Derecho Romano, el Código Civil francés, ciertas leyes españolas derivadas de las Siete Partidas, la Novísima Recopilación y el Fuero Real, los Códigos de Luisiana, Austria, de Prusia, holandés y bávaro, entre otros. La consulta de los Códigos mencionados se vio facilitada por una obra de A. Saint Joseph que contiene los textos de todos ellos llamada Concordancias de entre el Código Civil francés y los Códigos Civiles extranjeros. A las fuentes de legislación positiva se unen otras doctrinarias, es decir, obras de autores de distinta nacionalidad, entre las cuales se pueden mencionar las del alemán Savigny, las de los comentaristas franceses de su Código Civil: Delvincourt, Rogron, Mourlon; las de algunos juristas ingleses, muy pocos; las de varios españoles, como Gregorio López, Tapia, Molina, Gómez y, muy especialmente, las de Florencio García Goyena. Respecto del libro de las obligaciones y los contratos el autor de cabecera fue el gran jurisconsulto francés, Roberto Página 20 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

José Pothier. Pero el principal modelo de nuestro Código Civil fue el francés de 1804. ESTRUCTURA Y CONTENIDO: El Código Civil chileno comprende un título preliminar y cuatro libros, seguidos del “título final”. Cada libro de divide en título y muchos de éstos en párrafos. Por último, el Código se distribuye en artículos, desde el 1º al 2524, más el artículo final. El “TÍTULO PRELIMINAR” trata todo lo relativo a la ley y a la definición de varias palabras de uso frecuente en las leyes. El libro I se titula “DE LAS PERSONAS”. Habla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio; del principio y fin de su existencia; del matrimonio; de la filiación; de las pruebas del estado civil; de los alimentos; de las tutelas y curatelas; de las personas jurídicas, etc. El libro II se titula “DE LOS BIENES Y DE SU DOMINIO, POSESIÓN, USO Y GOCE”. Se ocupa de las varias clases de bienes, del dominio o propiedad, de los diversos modos de adquirir ésta, de la posesión de los bienes, de las limitaciones del dominio (propiedad fiduciaria, derecho de usufructo, derechos de uso y habitación, las servidumbres prediales), la reivindicación, y de las acciones posesorias. El libro III se denomina “DE LA SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE Y DE LAS DONACIONES ENTRE VIVOS”. Trata de la sucesión intestada, o sea, señala quiénes heredan los bienes del difunto cuando éste no ha hecho testamento, de los testamentos, de las asignaciones testamentarias, de las asignaciones forzosas, de los ejecutores testamentarios, de la partición o reparto de los bienes del difunto, del pago de las deudas hereditarias y testamentarias, de las donaciones entre vivos. El libro IV, titulado “DE LAS OBLIGACIONES EN GENERAL Y DE LOS CONTRATOS” habla de las diferentes clases de obligaciones; del efecto de ellas; de los modos de extinguirlas (pago efectivo, novación, remisión, etc.); de su prueba; de las convenciones matrimoniales y de la sociedad conyugal; de las diversas clases de contratos (compraventa, arrendamiento, sociedad, etc.); de los cuasicontratos; de los delitos y cuasidelitos civiles; de la fianza; de la prenda; de la hipoteca; de la anticresis; de la transacción; de la prelación de créditos, y de la prescripción.

Página 21 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

EL TÍTULO FINAL consta sólo del artículo último que se refiere a la observancia del Código. PRINCIPIOS QUE INSPIRAN EL CÓDIGO CIVIL Los principios fundamentales que inspiran el Código Civil chileno son los que muy brevemente se enuncian a continuación. 1º El de IGUALDAD de todos los habitantes de nuestro territorio, sean chilenos o extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles (C. Civil, art 57). 2º La LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS BIENES, incluso el de la mutación de la propiedad de la tierra, no sujetándola a trabas que obstaculicen su paso de unas manos a otras. 3º La DEFENSA DE LA PROPIEDAD INDIVIDUAL. 4º La PROTECCIÓN DE LOS MÁS DÉBILES por su edad o salud mental, tomando medidas que resguarden sus derechos. 5º La PROTECCIÓN DE LOS TERCEROS respecto de las partes de un contrato que se confabulan para atentar contra los derechos de aquéllos. 6º PROTECCIÓN DE LA BUENA FE. Esta en sentido objetivo es el comportamiento en las relaciones con otros sujetos. En sentido subjetivo es la creencia sincera o firme persuasión de conocer una situación jurídica, estando basada tal creencia o persuasión en un error de hecho. En homenaje a la convicción sincera el legislador protege al que en tales condiciones ha incurrido en error; lo protege contra las consecuencias del acto en que se ha obrado con dicho conocimiento erróneo. Ejemplo de esta buena fe es la del matrimonio nulo que produce los mismos efectos civiles del válido respecto del cónyuge que, de buena fe y con justa causa de error, lo contrajo, supuesto, sí, que el acto se hubiere celebrado ante oficial del Registro Civil. 7º El RECONOCIMIENTO DE LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, principio según el cual los particulares, respetando las normas del orden público y las buenas costumbres, pueden celebrar libremente los actos jurídicos y determinar, con arreglo a su voluntad, el contenido y efecto de los mismos.

Página 22 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

8° RESPONSABILIDAD: arts. 2314 y 2320. MÉRITOS DEL CÓDIGO CIVIL Nuestro Código Civil, si bien tuvo por principal modelo al Código Civil francés de 1804, no es una copia de éste ni tampoco de los numerosos otros que le sirvieron de fuente en varias disposiciones. En algunas ocasiones adoptó normas, en otras adaptó y en innumerables dio soluciones propias e innovadoras. Resultado de todo esto es que el Código de Bello, en su conjunto, tiene un apreciable sello de originalidad. El método del Código Civil es ejemplar; las materias se encuentran distribuidas con gran criterio lógico. Por lo que atañe al lenguaje es, en general, de gran pureza y claridad. Entre las innovaciones del Código Civil chileno se cuenta el establecimiento del principio de igualdad entre nacionales y extranjeros respecto de la adquisición y goce de los derechos civiles. También el Código de Bello fue el primero en legislar de una manera completa y precisa sobre las personas jurídicas. En el campo del derecho internacional privado consignó principios que sólo mucho tiempo después incorporaron a su seno leyes de otros países. Tocante a la propiedad raíz, el Código lleva a cabo importante progresos. Da fundamento sólido a la propiedad inmueble al establecer el registro Conservatorio de Bienes Raíces, en cuyos libros deben inscribirse todos los inmuebles y anotarse las transferencias y transmisiones de que sean objeto y los gravámenes que sufran como cargas; en pocas palabras, en dicho Registro se lleva la historia completa de los bienes raíces. Simplificó el régimen de las hipotecas, etc. Relativamente a la sucesión por causa de muerte, el Código el liberal y equitativo. Restringe la libertad de instituir herederos sólo cuando hay ciertos parientes llamados legitimarios. No llegó el Código Civil, como era deseable, a la secularización del matrimonio y la familia, es decir, a sustituir al respecto las normas eclesiásticas por las civiles, lo cual sólo se logró a través de leyes posteriores. El hecho de que el Código dejara la constitución de la familia y la comprobación del estado civil a los cánones de la Iglesia Católica, se debió a una transacción Página 23 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

con las ideas dominantes. El Código Civil chileno, en su conjunto es superior al Código Civil francés, llamado también Código de Napoleón. En efecto, todos los vacíos que éste tenía, puestos de relieve por la jurisprudencia y los comentaristas franceses, fueron tomados en cuenta por Bello al forjar su obra. VACÍOS Y DEFECTOS Se indica como uno de los vacíos de nuestro Código Civil el no haberse ocupado de la propiedad literaria dejando su regulación a una ley especial posterior (art. 584) En cuanto a los defectos, se anotan algunas contradicciones; muy pocas, entre ciertos preceptos; en el curso del estudio se explicarán. Incurre también en algunos errores científicos, como el del artículo 76, que presume de derecho, esto es, sin posibilidad de probar lo contrario, que “la concepción ha precedido al nacimiento no menos de ciento ochenta días cabales, y no más de trescientos, contados hacia atrás, desde la medianoche en que principia el día del nacimiento (art. 76). La ciencia ha demostrado la variabilidad de estos plazos. Otro yerro del Código es confundir la “enfermedad mental” con la “demencia” (arts. 456, 457, 1447, etc.). La primera expresión es genérica y abarca la totalidad de los trastornos mentales, cualquiera que sea su intensidad o su carácter, hallándose por consiguiente, comprendida dentro de sus límites la demencia. El Código que nos rige da a la palabra “demencia” la significación genérica de “enfermedad mental”. Por otra parte, hasta hace algunos años nuestro Código se encontraba muy atrasado en algunas materias, tales como el contrato de trabajo, relación entre patronos y empleados domésticos, investigación de la paternidad, capacidad de la mujer casada, etc. La causa de tal atraso radica en las ideas y prejuicios de la época de la dictación del Código. Pero las leyes posteriores reformadoras del Código Civil lo han modernizado en gran parte, armonizándolo con la realidad social contemporánea, inspiradas en ideas de justicia y de comprensión humana muy distintas de las de 1855.

Página 24 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

A pesar de los vacíos y defectos, el Código Civil chileno es considerado, entre los del siglo pasado, como uno de los mejores y más completos. ELOGIOS E INFLUENCIA Después de dictado nuestro Código, recibió grandes elogios de corporaciones científicas y de notables jurisconsultos europeos y americanos. Incluso en los tiempos actuales se alaba la perfección de su técnica, la claridad y coherencia de sus disposiciones. Se reconoce que no es una copia del Código de Napoleón y que presenta rasgos originales. La bondades del Código de Bello determinaron que éste influyera en la codificación de países sudamericanos y, también, en algunos de Centroamérica. Colombia y Ecuador, en sus Códigos Civiles copiaron el nuestro con muy pocas variantes. En una medida menor el nuestro influyó en el Código Civil de Uruguay, de Nicaragua, de Argentina, etc. LEYES COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS DEL CÓDIGO CIVIL Con posterioridad a la promulgación del Código Civil, se han dictado una serie de leyes destinadas a complementar sus preceptos, o a sustituirlos por otros más adecuados a la época, sin perjuicio, aún, de la introducción de instituciones nuevas. Algunas de estas leyes son Ley de efecto retroactivo de las leyes (1861); de Matrimonio Civil (1884, actual 19.947); de Registro Civil (1930); de Cambio de Nombres y Apellidos (1970); de Adopción (1999, su última versión); de Propiedad Intelectual (1970); Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces (1857); Ley sobre Arrendamiento de predios urbanos (1982); Ley de Propiedad Horizontal (1963); ley que introduce el régimen matrimonial de participación en los gananciales y estatuye sobre los bienes familiares (1994), etc.

Página 25 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

TEORIA DE LA LEY CONCEPTO Art. 1º CC define la ley como "una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la constitución, manda, prohibe o permite". Este concepto no sólo es aplicable al CC, cuerpo legal que lo contiene, sino que él alcanza toda clase de leyes, sean civiles, tributarias, penales, etc. CRITICAS AL CONCEPTO Esta definición corresponde a la que da el Digesto, y que ha sido objeto de más de una crítica: • Desde un punto formal se dice que la redacción no es la más adecuada, porque da la impresión que "manda, prohibe o permite" por estar manifestada en la forma prescrita por la constitución, y no por el hecho de ser una declaración de la voluntad soberana. • Desde otra perspectiva se señala que la definición en comento indica que la ley manda, prohíbe o permite, pero no se refiere al contenido de la ley, de manera que toda manifestación de la voluntad soberana en la forma prescrita por la constitución, tendrá el carácter de ley, a tal punto que revestirán de tal carácter meros actos administrativos, como por ejemplo las leyes de pensión de gracia, ley de carácter expropiatorio, etc. Pese a tales críticas, no podemos desconocer los aportes del concepto vertido en el art.1º: •

Es importante la vinculación que hace de la ley con la constitución.

•

Hace la clasificación tradicional de la ley, imperativa, permisiva y prohibitiva.

Página 26 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

REQUISITOS DE LA LEY De la definición de ley que da el Código se desprende que los requisitos de ella son externos e internos. Los primeros, son los que permiten a los ciudadanos cerciorarse si la norma que se les presenta es en realidad ley o no; y los segundos, miran al contenido de la norma: si el precepto es imperativo, prohibitivo o permisivo. REQUISITOS EXTERNOS: • Declaración de la voluntad soberana. • Esta declaración se manifiesta en la forma prescrita por la constitución.

•

DECLARACIÓN DE LA VOLUNTAD SOBERANA

La soberanía reside esencialmente en la Nación (Constitución, art. 5º), la cual delega su ejercicio, en lo que a legislar se refiere, en el poder legislativo, integrado, entre nosotros, por el Congreso Nacional y el Presidente de la República (Const., arts. 42 y 32). No son leyes por falta de este primer requisito, los simples decretos del presidente de la República, aunque sean de efectos generales y permanentes.

•

MANIFESTACIÓN EN LA FORMA PRESCRITA POR LA CONSTITUCIÓN

Nuestra Carta Fundamental resume en el art. 72 los requisitos necesarios para que esa forma se repute existir. Dice dicha norma: “Aprobado un proyecto por ambas Cámaras, será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley”. Es de tal modo necesario que concurra la forma específica prevenida por la Constitución, que no sería ley, por ejemplo, la declaración de voluntad de todos y cada uno de los miembros del Congreso Nacional y del Presidente de la República manifestada por medio de escritura pública y con cuantos otros requisitos y formalidades quieran suponerse. REQUISITOS INTERNOS:

•

Dicen relación con el contenido de la ley, pudiendo ser la ley IMPERATIVA, PROHIBITIVA Página 27 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

O PERMISIVA. A este respecto, por la propia definición de la ley del art. 1º, desprendemos la clasificación de las leyes en imperativas, permisivas y prohibitivas. Esta clasificación es importante para determinar cual será la sanción para aquel que infrinja uno u otro tipo de ley, ya que ella variará de acuerdo al tipo de norma. •

LEYES IMPERATIVAS

Son aquellas que mandan hacer algo, imponen una acción (como la de pagar impuestos o prestar el servicio militar), u ordenan la concurrencia de ciertos requisitos para la realización o ejecución del acto (como la que exige la solemnidad de la escritura pública para la celebración de la compraventa de bienes raíces). FINALIDADES PERSEGUIDAS POR LA NORMA IMPERATIVA: En definitiva la norma imperativa exige la concurrencia de ciertos requisitos para la validez del acto en consideración a tres tipos de finalidades distintas:

o

La especie o naturaleza del acto que se celebra, caso en el cual se dice que se trata de exigencias que miran al interés general.

o

La calidad o estado de las partes que ejecutan o celebran el acto, caso en el cual no está comprometido el interés general sino sólo el interés particular.

o

Protección de terceros, referente a ciertos actos que ejecutan las partes, pero que pueden afectar a terceros.

La importancia de distinguir estos tres tipos de finalidades se encuentra en la circunstancia de que la sanción será distinta en cada caso, como ya lo veremos. SANCIÓN A LA INFRACCIÓN DE LA NORMA IMPERATIVA (1681 y 1682): Si el acto se realiza sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley, de debe distinguir si tal requisito mira a:

o

La especie o naturaleza del acto que se realiza, en cuyo caso la sanción es la nulidad absoluta. Como aquí se persigue el interés general, la nulidad del acto

Página 28 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

puede ser invocada por el sólo interés de la ley o de la moral, e incluso ser declarada de oficio por el tribunal.

o

La calidad o estado de las partes que ejecutan o celebran el acto. La sanción será aquí la nulidad relativa. En este caso, los requisitos exigidos lo son como medida de protección o beneficio para determinadas personas, por lo que la nulidad solo podrá invocarse por quien es objeto de la protección.

o

La protección de terceros. La omisión en este caso no alcanza a la nulidad sino sólo a la inoponibilidad, es decir, el acto no se puede hacer valer frente a los terceros a quienes se pretende proteger con la norma. De este modo, el tercero puede desconocer el acto, aún cuando éste es plenamente válido entre las partes.

•

LEYES PROHIBITIVAS

Son aquellas que impiden la realización del acto bajo todo respecto y circunstancia. En este caso el acto prohibido no se puede ejecutar en ninguna forma, pues si el acto pudiera realizarse de algún modo o bajo ciertas circunstancias, la norma sería en realidad imperativa, como por ejemplo el caso del art. 254 del CC. A veces resulta difícil distinguir si se trata o no de un precepto prohibitivo. Hay ocasiones en que bajo un texto aparentemente prohibitivo existe una norma imperativa. El punto será examinar si hay alguna forma de realizar el acto. El art.1004 es prohibitivo, como también el 402 inc.1º, pero el inc.2º es imperativo. SANCIÓN PARA LA TRANSGRESIÓN DE LA NORMA PROHIBITIVA: La sanción es la nulidad absoluta, de acuerdo a los arts.10, 1466 y 1682. El art. 10 señala que los actos que prohibe la ley son nulos y de ningún valor, lo que se complementa con el art.1466 que establece que hay objeto ilícito en las deudas contraídas y generalmente en todo "contrato" prohibido por las leyes. La expresión "contrato" debe entenderse como "todo acto prohibido por las leyes", de suerte que tales actos adolecen del vicio de objeto ilícito, el que, según el art.1682, acarrea la nulidad absoluta. Página 29 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

ALCANCES SOBRE LOS PRECEPTOS PROHIBITIVOS

o

La primera cuestión dice relación con la parte final del art.10, que expresa "...salvo cuando se designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención." Podrá haber casos especiales de normas prohibitivas que la ley no sanciona con la nulidad absoluta, sino que con otro tipo de sanción. Ello porque la ley entiende que de aplicar la nulidad absoluta en tales casos, los efectos que pudieran suscitarse serían más graves y perjudiciales para las partes. Ejemplo: art. 745 (fideicomisos sucesivos); 769 (usufructos sucesivos), y 114 (matrimonio del menor sin autorización).

o

El art.11 señala "Cuando la ley declara nulo algún acto, con el fin expreso o tácito de evitar un fraude, o de proveer a algún objeto de conveniencia publica o privada, no se dejará de aplicar la ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la ley."

o

Por su ubicación, se ha entendido que la norma se refiere a aquellos casos de nulidad absoluta provenientes de actos prohibidos por la ley. Lo que sucede es que si a las partes se les permitiera probar que celebraron un acto que la ley anulaba, que no les provocó perjuicio, que no fue fraudulento o contrario al fin de la ley, la existencia de los preceptos prohibitivos sería ley muerta. En la nulidad absoluta siempre está comprometido el interés general, la moral o el fin de la ley.

o

Por último, los actos o contratos que la ley declara inválidos, no dejan de serlo por las cláusulas que en ellos se introduzcan y en que se renuncie la acción de nulidad (art. 1469).

Página 30 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

LEYES PERMISIVAS Son aquellas que facultan a una persona para obrar de manera determinada, o simplemente no obrar, quedando al arbitrio del titular el ejercer o no la norma. La norma permisiva no trae aparejada una sanción, pero una vez que el titular ejerce esa facultad, el ejercicio de ese derecho que nace al haberse ejercitado la norma permisiva traerá como consecuencia el derecho de exigir su cumplimiento y el respeto de los demás, o de quien contrató con aquel que realiza el acto. Algunos sostienen que la norma permisiva no es ley debido a que no lleva aparejada una sanción. Lo que sucede es que si bien en los otros tipos de leyes la obligación nace de la ley misma, en las permisivas la obligación no está señalada de inmediato, sino que una vez ejercida la facultad aparece la obligación de la contraparte o del resto de las personas. De lo anterior se desprende que aunque la norma permisiva no lleva en sí la sanción, ella se encuentra en el ejercicio de la facultad contenida en la norma, y en el evento que tal derecho sea desconocido. Es inadmisible el no considerar ley a este tipo de normas. Ella es una ley, aún cuando en principio no tenga una sanción y sólo tengamos la facultad de obrar o no de determinada manera. LA RENUNCIA DE LOS DERECHOS (ART.12) El Código Civil exige la concurrencia de dos REQUISITOS: •

Que el derecho sólo mire el interés individual del renunciante.

•

Que no esté prohibida su renuncia.

Esta situación obedece a que en derecho privado las normas tienen tal carácter, existen normas de orden publico en cuya virtud aquellas se tornan inderogables, inmodificables, irrenunciables, ya que el interés general va a prevalecer por sobre el interés personal del Página 31 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

renunciante. La norma de orden público es aquella que en sustancia mira al funcionamiento del Estado. En general, en su contenido, pretende cierta organización que se estima como necesaria para toda la comunidad, se considera indispensable para el mantenimiento de toda la sociedad. Así ocurre con las normas de derecho privado que regulan las relaciones de familia y que, por tal razón, son irrenunciables. En este caso el interés individual cede paso al interés general. La irrenunciabilidad puede deberse a dos CONDICIONES: •

Casos de irrenunciabilidad porque la norma no mira al interés individual del renunciante sino al interés general, como las normas que regulan la propiedad inmueble.

•

Casos en que la renuncia esta prohibida. Así la ley no permite la renuncia en variados casos, por ejemplo arts. 153, 334, 1469, etc.

La renuncia puede revestir dos FORMAS: • Expresa, aquella que se realiza por medios explícitos y formales. • Tácita, aquella que se deduce de ciertos hechos que inequívocamente no dejan lugar a dudas que el titular está renunciando a un derecho. En relación con la renuncia tácita debe tenerse presente que la renuncia en ningún caso se presume. Esto se aclara a propósito de la prescripción en el art. 2494. Toda renuncia de un derecho debe interpretarse restrictivamente, a tal punto que en caso de duda la interpretación de una renuncia debe ser con carácter restrictivo y no extensivo. Esto se relaciona con la CLASIFICACIÓN DE LA RENUNCIA EN ESPECIAL Y GENERAL: • Es general si se refiere a todos los derechos que se tengan sobre un determinado asunto.

Página 32 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

• Es especial si comprende derechos determinados, sean uno o más.

Por ejemplo, a propósito de la compraventa, el comprador tiene derecho al saneamiento de evicción y al saneamiento de los vicios redhibitorios. La renuncia de uno de estos derechos no implica la renuncia de ambos, y en caso de duda se debe hacer una interpretación restrictiva. Esta teoría se aplica a propósito de la transacción en el art. 2462. CARACTERÍSTICAS DE LA RENUNCIA •

No sólo se pueden renunciar los derechos establecidos por las leyes, sino también se pueden renunciar los derechos que tengan su fuente en la voluntad de los particulares, es decir, de los contratos.

•

No son las leyes las que se renuncian, sino los derechos que ellas confieren.

•

La renuncia es un acto unilateral, sólo requiere la voluntad del demandante.

•

La renuncia es un acto abstracto, no importan los fines o motivos.

•

La renuncia es irrevocable.

•

Por regla general, la renuncia es voluntaria.

•

Excepción, artículo 181 de la ley de quiebras apéndice del código de comercio.

Página 33 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

LA COSTUMBRE La costumbre es una norma jurídica de generación espontánea. Se define como la repetición de una determinada conducta realizada por la generalidad de los miembros de un grupo social, de manera constante y uniforme y con la convicción de que responde a una necesidad jurídica. Más brevemente, se dice que la costumbre es un uso implantado en una colectividad y considerado por ésta como jurídicamente obligatorio. Los elementos de la costumbre son dos: a) EL ELEMENTO EXTERNO, MATERIAL U OBJETIVO, que consiste en la general, constante y uniforme repetición de actos similares. Generalidad, implica que estos actos se llevan a cabo por la gran mayoría de los componentes del grupo o núcleo social, como los habitantes del país o de una ciudad. Las disidencias no menoscaban la generalidad si ellas se valoran como violaciones de la conducta mayoritaria o de califican de insignificantes excepciones. Constancia implica que cuando, concurriendo las mismas circunstancias, no deja de realizarse una serie de actos uniformes. Si la cadena se interrumpe en algún período más o menos largo en que existan esas circunstancias, los actos no pueden fundar costumbre. Uniformidad implica la repetición de actos que traducen el acatamiento a un mismo principio o regla. Los actos pueden ser o no materialmente iguales; nada importa: lo que cuenta es la igualdad de su significado. b) EL ELEMENTO INTERNO, ESPIRITUAL O SUBJETIVO, y está fundado en la convicción, por parte de los miembros de la comunidad, de la necesidad jurídica de aquella regla y, por ende de su obligatoriedad.

Página 34 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

CLASIFICACIÓN La costumbre admite diversas clasificaciones. Tomando como base el factor territorial en que impera, la costumbre puede ser general (la que rige en todo el territorio de un estado), y local (la que se observa en una determinada parte del territorio del estado). De acuerdo con el país en que se practique, la costumbre es nacional o extranjera. Según sea su relación con la ley la costumbre es contra la ley, fuera de la ley o según la ley. Costumbre contra la ley es la que introduce una norma destructora de la ley antigua, ya se proclamando su inobservancia, ya se imponiendo una conducta diferente de la establecida por la ley. En cualquiera de estas dos formas conduce al desuso de la norma legislativa. Costumbre fuera de la ley es la que rige una materia o asunto sobre el cual no hay normas legislativas. Costumbre según la ley es la que adquiere el carácter de norma jurídica en razón de ser llamada por la ley a regir un asunto determinado. Nuestro Código Civil reconoce la costumbre según la ley al decir que “la costumbre no constituye derecho sino en los casos en que la ley se remite a ella” (art. 2º). Que la costumbre no constituya derecho significa que no tiene fuerza de ley. Pero, de acuerdo con la última parte del artículo, la costumbre adquiere fuerza cuando ésta se remite a aquella. El legislador hubo de considerar la norma consuetudinaria, pues se dio cuenta que la legislación, por más general o casuista que sea, no puede comprender todas las modalidades que adoptan las relaciones de los hombres. Numerosos son los casos en que la ley se refiere expresamente a la costumbre. Por ejemplo, el Código Civil declara que si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago del arrendamiento de predios rústicos, se observará la costumbre del departamento (art. 1986), referencia ésta que debe entenderse a la comuna. Otro ejemplo en que la ley se Página 35 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

remite a la costumbre es el artículo del mismo Código según el cual la remuneración del mandatario se determina por la convención de las partes, antes o después del contrato, por la ley, la costumbre o el juez (art. 2117). Nuestro Código de Comercio acepta la costumbre fuera de la ley. Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley, cuando concurren los requisitos que señala (art. 4º). La costumbre tiene notable importancia en el Derecho Internacional Público, ya que constituye su principal fuente. Por el contrario, en el Derecho Penal la costumbre carece de toda fuerza: no hay delito ni pena sin previa ley que lo establezca. PRUEBA DE LA COSTUMBRE A pesar de que la costumbre en los casos en que la ley la llama a regir es una norma jurídica, necesita ser probada ante los tribunales de justicia, porque, al revés de lo que ocurre con la ley, ninguna autoridad pública atestigua oficialmente su existencia. En materia civil, cualquier medio idóneo para demostrar la costumbre es aceptable: instrumentos públicos o privados, testigos, etc. No ocurre lo mismo en materia comercial en que, como enseguida veremos, reina un criterio restrictivo. DIFERENCIAS ENTRE LA COSTUMBRE CIVIL Y LA MERCANTIL 1) La costumbre mercantil entra a regir en el silencio de la ley; la civil sólo cuando la ley se remite expresamente a ella. 2) El Código Civil no determina los requisitos que debe reunir la costumbre para que sea fuente de derecho; pero sí el Código de Comercio. Este dice “Las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos que las constituyen son uniformes, públicos y generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, y reiterados por un largo espacio de tiempo, que se apreciará prudencialmente por los juzgados de comercio” (art. 4º). 3) El Código Civil no especifica los medios por los cuales debe probarse la costumbre; de modo que es posible emplear todos los medios que el derecho establece: El Código de Página 36 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Comercio, en cambio, señala taxativamente los medios de prueba de la existencia de la costumbre, la cual, “sólo podrá ser probada por algunos de estos medios: 1º Por un testimonio fehaciente de dos sentencias que, aseverando la existencia de la costumbre, hayan sido pronunciadas conforme a ella; 2º Por tres escrituras públicas anteriores a los hechos que motivan el juicio en que debe obrar la prueba” (art. 5º). DE LA PROMULGACION, PUBLICACION Y DEROGACION DE LA LEY La ley produce sus efectos durante el tiempo que está en vigor, esto es, durante dos acontecimientos bien definidos: Desde su promulgación, publicación y entrada en vigencia, hasta su derogación. Toda actividad humana desarrollada en el espacio que media entre la entrada en vigencia de la ley y su derogación va a quedar bajo el imperio o dominio de ésta. PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY: Fundamentales son los arts. 6º y 7º. • Promulgación La promulgación es un acto por el cual el poder ejecutivo atestigua ante el cuerpo social la existencia de la ley, mediante un decreto promulgatorio, y obliga a su ejecución. Ella le da a la ley existencia cierta, auténtica, incontestable, y la reviste de la fuerza coercitiva de que antes carecía. No existe ni en la Constitución ni en el resto de la legislación una fórmula de promulgación de las leyes, de modo que es el uso el que ha consagrado, a veces con algunas variantes, la siguiente fórmula de decreto promulgatorio: Por cuanto el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente PROYECTO DE LEY (En este sitio se inserta el texto de la ley) Y por cuanto he tenido a bien sancionarlo (o aprobarlo y sancionarlo; Página 37 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST por tanto, publíquese y llévese a efecto como ley de la República. Santiago, 24 de noviembre de dos mil tres. (Firma del Presidente)

(Firma del respectivo Ministro)

Existen también determinados plazos para la promulgación y publicación, que se encuentran señalados en el art. 75 de la Constitución Política de la República: “Si el presidente de la República no devolviere el proyecto dentro de treinta días, contados desde la fecha de su remisión, se entenderá que lo aprueba y se promulgará como ley. Si el Congreso cerrare sus sesiones antes de cumplirse los treinta días en que ha de verificarse la devolución, el Presidente lo hará dentro de los diez primeros días de la legislatura ordinaria o extraordinaria siguiente. La promulgación deberá hacerse siempre dentro del plazo de diez días, contados desde que ella sea procedente. La publicación se hará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede totalmente tramitado el decreto promulgatorio”. La promulgación por sí sola no es suficiente, sino que se requiere también de su publicación mediante la inserción del texto en el Diario Oficial. Ambas instituciones constituyen las condiciones para que la ley sea obligatoria. Mientras la promulgación tiene por objeto atestiguar la existencia de la ley y ordenar su ejecución, la publicación tiene por objeto dar a conocer el texto legal. • PUBLICACIÓN La publicación es el medio que se emplea para hacer llegar la ley a conocimiento de los individuos. Responde a una razón lógica cual es que no puede exigirse el cumplimiento de una ley si no se proporciona el medio de conocerla. La publicación de las leyes debe hacerse, según señala el art.7º, mediante su inserción en el Diario Oficial. Este diario, creado por decreto de 15 de noviembre de 1876, comenzó a aparecer el 1º de marzo de 1877. Con anterioridad, diversos periódicos fueron empleados sucesivamente como órgano oficial. En casos especiales puede también usarse otra forma de publicación. En efecto, el CC agrega "sin embargo, en cualquiera ley podrán establecerse reglas diferentes sobre su Página 38 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

publicación y sobre la fecha o fechas en que habrá de entrar en vigencia" (inc. final art. 7º). De acuerdo a esto la ley podría publicarse por bandos, carteles, o mediante su inserción en algún otro tipo de publicación. La importancia de la publicación radica, por un lado, en que desde la fecha de ella la ley se entenderá conocida por todos y será obligatoria, como lo señala el propio art.7º y, por otro lado, la fecha de la publicación en el Diario Oficial lo será también la de la ley respectiva (inc. 2º art. 7º). La entrada en vigencia de la ley se determina por la fecha de su publicación, sin perjuicio de la excepción consagrada en el propio art.7º (inc. final), en virtud de la cual una ley puede disponer por sí sola que no entrará a regir a contar de la fecha de su publicación, sino un tiempo después, o un tiempo antes, o bien que en una o más provincias o regiones del país entre a regir en una fecha, y en otras en una distinta. En el caso que se establezca que la ley comenzará a regir un tiempo después de su publicación, se habla de vacancia de la ley, y se adopta en leyes que marcan un cambio acentuado de régimen jurídico o en leyes que por su complejidad requieren tiempo para ser cabalmente conocidas y aplicadas. En el caso que la ley comience a regir para casos verificados antes de su publicación (aunque se trata de situaciones muy excepcionales), se habla de leyes retroactivas, materia que más adelante se aborda. PRESUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE LA LEY (art.8º). El art. 8º contiene una presunción de derecho de conocimiento de la ley. En doctrina se señala que constituiría un principio de derecho, no se puede alegar la ignorancia ni se admite prueba en contrario. La presunción parte de un hecho conocido del cual se infiere otro, que se desconoce. En este caso el hecho conocido es la publicación de la ley, hecho del que se infiere otro desconocido, el que todas las personas tengan conocimiento de la ley. Es discutible que en realidad sea una presunción, sosteniéndose por algunos autores, que más que una presunción, se trata de una ficción necesaria creada por el legislador, que justifica su existencia en virtud del principio de la seguridad jurídica, ya que si admitiéramos que las personas pudieran alegar ignorancia de la ley se produciría la anarquía. Página 39 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

El art. 706 inc. final confirma lo anteriormente señalado. NUMERACIÓN DE LAS LEYES Teniendo presente la conveniencia de numerar las leyes para que puedan ser citadas con toda precisión, especialmente cuando se promulgan varias en un mismo día, el 8 de febrero de 1893 se dictó un decreto supremo en que se ordenó numerarlas según el orden en que las despachara el Consejo de Estado. La numeración comenzó a hacerse con leyes anteriores a esa fecha. La ley número 1 es de 11 de enero de 1893 y trata de prórroga por diez años de la prohibición de adquirir terrenos de indígenas. Todas las leyes anteriores a ésta carecen de número. Actualmente, suprimido el Consejo de Estado por la Constitución de 1925, las leyes se numeran según el orden en que las despacha el Presidente de la República. DEROGACIÓN DE LA LEY (arts. 52 y 53) La derogación de la ley es la privación de la fuerza obligatoria de una disposición legal, sea que se reemplace o no por otro texto legal. La ley no puede ser derogada sino en virtud de otra ley de igual o superior jerarquía. De esta manera, sólo al legislador le compete la función de derogación, no pudiendo hacerlo las partes, sino que tan sólo pueden dejar sin efecto normas de carácter supletorio. En nuestro sistema ni aún el desuso o el cese de las necesidades que motivaron la dictación de la ley pueden producir la derogación de ésta. Así, por ejemplo, los tribunales no estarían facultados para declarar la derogación de la ley por haber caído ella en desuso. Excepcionalmente una ley podría perder su eficacia sin que mediara otra ley, en casos muy particulares, como dice la doctrina "por causas intrínsecas". Tal seria el caso de las leyes transitorias o las de expropiación una vez cumplidas.

Página 40 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

TIPOS DE DEROGACIÓN EN CUANTO A CÓMO OCURRE, PUEDE SER EXPRESA O TÁCITA (art. 52) EXPRESA, cuando el legislador en términos formales suprime la fuerza obligatoria de la ley. TÁCITA, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. En este caso se entiende que hay derogación porque el legislador postula una nueva formula legal que, precisamente por ser nueva, contradice a la ley precedente en términos absolutos. Por ello debe concluirse que su intención es la de hacer desaparecer la regla contenida en la norma antigua. La derogación tácita es generalmente parcial, aún cuando en doctrina se sostiene que es posible que ocurra una derogación tácita total. El art. 53 señala que el efecto de la derogación tácita es que deja vigente en las leyes anteriores todo lo que no pugna con las disposiciones de la nueva ley, aunque versen sobre la misma materia. La disposición que en una nueva ley señala "derógense las disposiciones de tal o cual norma que están en contradicción con las del presente texto" está de sobra, pues sin ella igual se habría producido la derogación de tales normas. A este tipo de derogación se la llama DEROGACIÓN TÁCITA DE FORMULACIÓN EXPRESA. EN CUANTO A SU EXTENSIÓN, PUEDE SER TOTAL O PARCIAL (art. 52 inc. final) TOTAL, queda sin efecto todo un texto o cuerpo legal, toda una ley. PARCIAL, cuando sólo se derogan uno o más preceptos de un determinado cuerpo legal, o de una ley. Página 41 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

DEROGACIÓN ORGÁNICA Ésta ha sido aceptada en algunos casos por la legislación chilena. Exige, para que se produzca, que la nueva ley reglamente o discipline toda una materia de que se ocupaba una ley anterior, aún cuando entre las disposiciones antiguas y las nuevas no exista incompatibilidad. Algunos autores señalan que esta sería una forma de derogación tácita y total. Su existencia se explica en que el legislador ha partido de un nuevo supuesto para regular la materia de que se trata. Para que esta derogación tenga lugar, es menester que la nueva ley reglamente en forma completa una materia o un organismo dado. Hay pues, una incompatibilidad no de las normas singulares de ambas leyes sino una global entre los dos sistemas orgánicos. Generalmente, la derogación orgánica se presenta respecto de leyes que fijan un nuevo estatuto orgánico a una institución o corporación, como, por ejemplo, una municipalidad, o cuando se dicta un nuevo Código que sustituye a uno anterior del mismo ramo. Y en estos casos suele remarcarse expresamente la derogación de que se habla. Encontramos un ejemplo de lo aseverado en el artículo final de nuestro propio Código Civil, que dice: “El presente Código comenzará a regir desde el 1º de enero de

1857, y en esta fecha

quedarán derogadas aun en la parte que no fueren contrarias a él, las leyes preexistentes sobre todas las materias que en él se tratan. Aunque la llamada derogación orgánica no está consagrada en forma general en ningún precepto de nuestro ordenamiento jurídico, la Corte Suprema ha reconocido más de una vez su existencia. PROBLEMAS EN RELACIÓN CON LA DEROGACIÓN DE LA LEY PROBLEMA DE LA DEROGACIÓN DE LA LEY DEROGATORIA Página 42 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Este problema, que supone la existencia de una derogación expresa, consiste en determinar si por tal derogación de una ley derogatoria revive o no la ley primitiva. La doctrina mayoritaria estima que no, salvo que expresamente y en términos formales la última ley, que llamamos nueva, así lo estableciera. Si así ocurre la nueva ley recibe el nombre de ley restauradora o restablecedora. No podría concluirse que la ley derogada revive, mediante una labor interpretativa por la cual se diga que el espíritu de la ley era revivir la ley derogada. La razón de fondo aquí es que toda ley es una manifestación escrita, formal, por tanto si nada dice la nueva ley la primitiva no revive. PROBLEMA DE LA FALTA DE USO PRÁCTICO DE UNA NORMA En el proyecto del año 53, inspirado en la ley inglesa, se estableció que el desuso de una norma por más de 20 años producía su derogación. Tal idea no prosperó, no existiendo este tipo de derogación hoy en día. Entre las razones que justifican la no aceptación del desuso como causa de cesación de vigencia de las leyes se cuentan la incertidumbre del momento preciso en que el desuso se torna suficientemente grande para equipararlo a la derogación; el medio indirecto que tendrían los poderes ejecutivo y judicial para derogar las leyes, usurpando las atribuciones del legislativo, pues bastaría con que no aplicaran las leyes que no les convienen y hacerlas caer en el olvido; por último, se aduce que podría prestarse a arbitrariedades: nada costaría a un tribunal rechazar la aplicación de una determinada ley argumentando que está en desuso. PROBLEMA DE LA CONTRADICCIÓN ENTRE UNA LEY GENERAL POSTERIOR Y UNA ESPECIAL ANTERIOR. La doctrina al respecto está dividida: La doctrina mayoritaria sostiene que la ley general no deroga tácitamente la especial. En efecto, por disposición del CC, las normas especiales prevalecen sobre las generales (arts. 4º y 13), por lo que ha de concluirse que si una ley general está en pugna con una ley especial anterior, ésta subsiste, no queda derogada, a menos que la ley general nueva Página 43 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

declare expresamente que deroga la especial o si no lo hace de modo expreso resulte con toda evidencia que la ley general nueva quiere incorporar a su régimen la materia que antes era dominio de la ley especial. Por ejemplo, si la jubilación de determinada categoría de funcionarios públicos estaba regida por una ley especial, y más tarde una ley general dispone que “todos los funcionarios públicos, sin excepción, jubilarán de acuerdo a las normas de la presente ley”, no hay duda alguna que aunque no hubo cita formal de la ley especial, ella queda derogada. Algunos autores como Ruggiere optan por la tesis contraria, en el sentido que una ley general puede derogar tácitamente a una ley particular anterior. DEROGACIÓN POR RETRUEQUE O CARAMBOLA Hay leyes que para regular una materia se remiten, en mayor o menor grado, a las disposiciones de otra. Estas leyes que simplemente se limitan a referirse a otros textos se llaman referenciales, y los textos a los cuales aluden se llaman leyes referidas. Un ejemplo típico lo encontramos en la norma del CC que dice: “Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permutación en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato...” (art. 1900). Pues bien, ¿qué ocurre con la ley referencial si se deroga la ley referida? ¿También deja de existir? Si se concluye afirmativamente, es decir, que como consecuencia de la supresión de la ley referida, en la cual se apoya la referencial, queda al mismo tiempo derogada ésta, hay derogación tácita por retrueque. No existe pauta general alguna o uniforme para determinar cuándo se produce o no se produce esta derogación, por lo que habrá que construir la solución en cada caso concreto, analizando sus particularidades. Así, por ejemplo, si la ley referencial puede operar autónomamente con las disposiciones de las cuales se apropió, es claro que éstas subsistirán como suyas por la referencia y nada importará la derogación de la ley referida, o que el texto de ésta se sustituya por otro. Pero hay derogación por retrueque si se suprime la ley referida y ésta instituía un servicio, un funcionario o un tribunal que también era indispensable para el funcionamiento de la ley referencial. JERARQUÍA DE LAS LEYES Y DEROGACIÓN

Página 44 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Conforme a una doctrina, las normas jurídicas pueden ser derogadas tanto por normas de la misma jerarquía como por normas de superior jerarquía. Así, una ley ordinaria pude ser derogada por otra ley ordinaria o por una constitucional. La norma derogatoria jamás puede ser de inferior rango que la derogada. No se concibe que un reglamento derogue una ley. De acuerdo con otra doctrina, sólo cabe la derogación entre normas de la misma jerarquía, porque cuando lo son de distinta, simplemente la superior prevalece sobre la inferior, aunque esta última sea posterior. CESACIÓN DE VIGENCIA DE LA LEY POR CAUSAS INTRÍNSECAS Se trata de casos de cesación de vigencia de la ley señalados en forma expresa o implícita en la misma ley. Se pueden mencionar los siguientes: 1) El transcurso del tiempo fijado para la vigencia de la ley, ya sea que ese tiempo aparezca establecido en una fecha precisa de antemano señalada o sujeta a un hecho que no se sabe cuándo se va a producir. Ejemplo del primer caso sería una ley que estableciera un impuesto extraordinario hasta el 31 de diciembre de 2005; y ejemplo del segundo caso sería la ley que impusiera cierta obligación a los ciudadanos mientras dure una guerra. 2) La consecución del fin que la ley se propuso alcanzar; ejemplo, la ley que ordena una expropiación y ésta se consuma. 3) La desaparición de una institución jurídica, que trae como consecuencia la cesación de la vigencia de todas las leyes relacionadas con ella, como sucedió con la abolición de la esclavitud. 4) La imposibilidad de que se produzca un hecho que era presupuesto necesario de una ley; ejemplo: la ley que ordena honores extraordinarios a un personaje cuando llegue al país, y aquél muere antes de emprender el viaje.

Página 45 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

LA INTERPRETACION DE LA LEY Interpretar la ley consiste en determinar el alcance o sentido de la norma jurídica frente a situaciones jurídicas concretas en que dicha ley deba aplicarse. En la interpretación, por ende, está incluida la aplicación de la ley. Toda norma jurídica tiene un carácter general y abstracto que debe adaptarse a las situaciones concretas. La norma jurídica no resuelve el caso particular, es abstracta, y es por ello que debemos aplicarla al caso concreto. Cuando queremos aplicar una norma será necesario interpretarla, aun cuando su sentido sea claro, ya que debemos buscar siempre su verdadero sentido y alcance. De lo contrario, deberíamos concluir que sólo cabe la interpretación respecto de leyes dudosas, y las que aparecen claras no requerirían de esta labor, y ello no es así, pues siempre debe buscarse el verdadero sentido y alcance de la ley. Todas las normas jurídicas requieren de interpretación, no solo las obscuras. En base a lo dicho, podemos afirmar que no existe oposición entre aplicación e interpretación de la ley. El CC separa aparentemente ambas materias, en el art.5º, que señala que la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas. CUANDO SE DEBE INTERPRETAR La interpretación será necesaria: •

En aquellos casos en que no se entiende su sentido, ya que él es dudoso, contradictorio, siendo éste el caso más frecuente.

•

En aquellos casos en que la ley es ambigua, esto es, da dos o más soluciones.

•

Cuando la ley es insuficiente o no da solución al caso planteado, guardando silencio Página 46 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

respecto al punto. •

En general, como lo hemos venido diciendo, en todo momento, ya que siempre deberá determinarse el verdadero sentido y alcance de la norma.

SISTEMAS DE INTERPRETACIÓN El proceso o labor de interpretación de la ley se denomina Hermenéutica Legal. Para la realización de esta labor pueden darse las siguientes alternativas:

•

SISTEMA REGLADO. Aquí el proceso de interpretación es regulado por la ley, en el sentido que ha sido el legislador el que entrega las normas al intérprete para la realización de tal labor. Se critica este sistema pues constriñe la interpretación de la norma, pues no se da libertad en la labor que se desarrolla. Sin embargo, este sistema evita la subjetividad en la interpretación. En Chile éste es el sistema que se sigue. Encontramos las normas de los arts.19 al 24 del CC, y además los arts 25 y ss. que contienen definiciones legales. Aun más, en materias como el testamento y los contratos encontramos más normas de interpretación (1056, 1560 y ss).

•

SISTEMA NO REGLADO. No se le dan al intérprete pautas a seguir en el desarrollo de su cometido (sistema adoptado por Francia y Alemania). Si bien este sistema da más libertad al intérprete, no es menos cierto que ello puede imprimir excesivo subjetivismo en la labor de interpretación, lo que puede conllevar cierta inseguridad en las personas, así como en la sociedad en general.

Sobre este tema cabe preguntarse si las normas e interpretación que señala nuestro CC son o no de aplicación a toda clase de leyes. El punto se presenta puesto que el sistema reglado de interpretación está contenido, entre nosotros, en el Título preliminar del CC y ordinariamente se han considerado como normas universales no exclusivas del derecho privado ni específicamente del Civil. Pero se ha observado que, en verdad, no pueden ser iguales los criterios interpretativos en el derecho privado que en el público por la diversidad Página 47 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

de fines y funciones que ambos tienen, y que si corrientemente las reglas generales son aplicables, a veces no lo son o no lo son a todas sus ramas. Así, por ejemplo, la interpretación analógica que se admite por regla general, no es aplicable al Derecho penal y a todas aquellas leyes que restringen el libre ejercicio de los derechos. Al respecto, puede mencionarse que en sus notas al Proyecto Inédito de Código Civil, don Andrés Bello escribió el siguiente comentario: “Este Título debe considerarse como una introducción, no sólo al presente Código Civil, sino a la legislación toda; cualquiera que sea, por ejemplo, la ley que se trata de interpretar, ya pertenezca al presente Código, ya a los Códigos que sucesivamente se publiquen, es necesario observar en su interpretación las reglas contenidas en el párrafo 4º de este Título Preliminar”. En una nota al art. 20 afirma expresamente la aplicabilidad de las normas interpretativas del Código Civil a la inteligencia de las leyes penales. CLASIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN Se postulan dos grandes clasificaciones, en atención a dos factores distintos: 1.- QUIÉN HACE LA INTERPRETACIÓN

a)INTERPRETACIÓN

DOCTRINAL O PRIVADA, que es aquella que hacen los

particulares (tratadistas, profesores, abogados).

b)INTERPRETACIÓN DE AUTORIDAD O PÚBLICA. Esta, a su vez puede ser: o

Interpretación legal o auténtica, es la que hace el propio legislador cuando explica el sentido o alcance de una norma por medio de otra ley.

o

Interpretación judicial, que aquella que hace el juez en la sentencia, cuando interpreta la ley para aplicarla a los hechos del juicio.

2.- OBLIGATORIEDAD DE LA INTERPRETACIÓN

a)GENERAL. La interpretación legal la produce. Página 48 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

b)RELATIVA.

Tiene lugar en la interpretación judicial, ya que en ese caso el efecto

de la interpretación sólo alcanza a las partes del juicio.

En cuanto a la obligatoriedad de la interpretación doctrinal, en realidad no la tiene. La fuerza de este tipo de interpretación reside en el grado de convicción que puedan revestir los argumentos que señale el respectivo tratadista o jurisconsulto. Al efecto, el art. 3º del CC marca la extensión obligatoria de la interpretación legal o auténtica y la de la judicial; dice: “Sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”. MÉTODOS DE INTERPRETACIÓN Nos estamos refiriendo a las distintas concepciones o escuelas que doctrinalmente se conocen y que nos tratan de explicar el cómo debe desarrollarse la labor de interpretación, es decir, cómo debe realizar la interpretación el juez al aplicar la ley al caso concreto. Dentro de estas diversas concepciones o escuelas analizaremos tres:

o

ESCUELA O CONCEPCIÓN TRADICIONAL, exegética de la ley (método lógico tradicional)

o

ESCUELA DE LA NATURALEZA HISTÓRICA EVOLUTIVA (método histórico evolutivo)

o

ESCUELA DEL MÉTODO DE LIBRE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Existen numerosas otras, coma la escuela de la interpretación libre o la de la jurisprudencia de los intereses. ESCUELA EXEGÉTICA (MÉTODO LÓGICO TRADICIONAL) El origen lo encontramos en Francia, en el siglo XIX, siendo éste el método que sigue Página 49 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

nuestra legislación. En este sistema lógico, la premisa fundamental es aquella que nos indica que el intérprete debe tratar de reconstruir la verdad o intención del legislador, considerando especialmente la época en que se dictó la ley, de manera de fijar la verdadera voluntad del legislador. Para la consecución del fin antedicho, esta escuela postula: a) Toda solución del problema interpretativo debe provenir de la propia ley, ya que es ella la que contiene el derecho. Es por esto que a este sistema se le denomina exegético, pues persigue una aplicación gramatical de las palabras. Aquí presumimos que el legislador sabe usar las palabras, es decir, que él ha recurrido a las palabras exactas. b) También se puede recurrir a los textos, trabajos, anteproyectos, discusiones de la ley respectiva, ya que en tales trabajos preparatorios puede estar la verdadera voluntad del legislador. Aquí se busca desentrañar el verdadero sentido de la norma legal mediante la reconstrucción de la misma. c) Otro elemento que podemos considerar es el de las conjeturas o juicios probables, esto es, la necesaria relación que debe existir entre los diversos preceptos lógicos del legislador. Así, por ejemplo, suponemos que el legislador da soluciones racionales, por lo cual debemos rechazar toda conjetura que nos lleva a una solución absurda. Es en este sentido que este método recibe la denominación de "lógico", ya que la labor de interpretación nos debe llevar a soluciones que revistan tal carácter. d) Este método recurre también a la analogía, lo que reviste de gran importancia, toda vez que gracias a ella se podrá dar soluciones a las lagunas legales. En efecto, si existe algo que el legislador no comprendió, el germen de solución debe estar en la ley, correspondiéndole al intérprete desentrañar tal solución. Al valerse para esto de los métodos deductivo e inductivo deberá usar la analogía. CRÍTICAS El método clásico, llamado también exegético por el apego y respeto a los textos, tiene en su contra –según se dice- que tiende a la petrificación del Derecho, porque, mientras la vida se renueva constantemente, deja a las normas jurídicas estáticas en la época de su Página 50 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

nacimiento y, por ende, sin aptitud para moldear en forma adecuada las nuevas realidades.

MÉTODO HISTÓRICO EVOLUTIVO Fue postulado en Francia por Saleilles. CRITICAS DEL MÉTODO HISTÓRICO A LA DOCTRINA TRADICIONAL a) La escuela tradicional produce un estancamiento del derecho, lo estatifica, no permite que la norma se adapte a las nuevas situaciones sociales. b) Obedece más a las reglas de la lógica que a la solución de los problemas y necesidades a los que se enfrenta la norma jurídica. c) Abusa de las abstracciones y de la lógica. d) No se alcanza a comprender cómo el legislador podrá tener poder adivinatorio para situarse en hechos y situaciones no previsibles en la época en que dictó la norma respectiva, de manera de encontrar esa solución al reconstruir el pensamiento del legislador. POSTULADOS DE ESTA DOCTRINA Para esta escuela, una vez dictada la ley ésta se independiza de la voluntad del legislador, y la norma no es más o no dice más que lo que el legislador consideró al momento de dictarla. Dictada la ley ésta adquiere independencia de la voluntad del legislador y, por tanto, como ella no expresó más que la voluntad legislativa del momento en que se dictó, para aplicar la ley en el futuro habrá que adaptarla a las necesidades sociales de ese momento.

Página 51 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Lo que sucede es que la interpretación se debe ir adaptando a la evolución de la sociedad. Es por ello que evidentemente, con este método, la ley no sería más que la expresión de un estado social de un momento determinado, del momento en que ha sido dictada. De este modo, el CC no sería más que la expresión del año 1855, pero para aplicarlo hoy en día es necesario adaptarlo a la realidad actual. De este modo, ha de darse a la ley, no el sentido que tuvo al tiempo de dictarse, sino el que pueda tener al momento de ser aplicada. No hay que indagar lo que habría pensado el legislador en su época, sino que es necesario esforzarse para hacer decir al texto legal lo que conviene a las exigencias actuales. INCONVENIENTES DE ESTE MÉTODO a) Si el sentido de la ley dependiera del momento de su aplicación esto traería inseguridad jurídica, pues la persona tendrá el texto de la ley, pero no se sabrá cual es el sentido de ella, el que sólo sabremos cuando debemos aplicarla. b) Lo anterior es aún más grave si la ley es interpretada por medio de otra ley, en el sentido que su carácter deberá ser aquel que se determine en la interpretación. Ello puede provocar que tal sentido sea completamente distinto a aquel que se tuvo en vista al dictarse la ley, lo que implicaría que se está "sustituyendo" la ley por medio de la interpretación. c) A diferencia de la interpretación exegética no hay pautas, no hay norma o patrón alguno para determinar cuándo se va a ir realizando el ajuste, pues solamente se señala que ello ocurrirá cuando los requerimientos de la sociedad así lo establezcan. Imperará, por tanto, el subjetivismo y la arbitrariedad en la determinación de ese momento. ESCUELA DE LA LIBRE INTERPRETACIÓN CIENTÍFICA Representa una conciliación de los dos sistemas anteriores. En efecto, conserva del sistema tradicional el apego a la ley, de manera que si la cuestión está solucionada en la ley, debemos aplicar la norma establecida. Página 52 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Pero si el acto no encuentra solución en el texto legal, el juez determina el sentido del precepto recurriendo a los elementos que le entregan las ciencias, sea la historia, la economía, política, sicología, etc.

Serán estas ciencias las que le entregarán al juez los elementos objetivos a considerar en la interpretación. El juez será libre de investigar, pues no estará sujeto a ninguna autoridad en la búsqueda de la norma. Desarrollará, pues, una labor no sujeta a pautas y científica. Los autores sostienen que este tipo de interpretación mantiene la seguridad jurídica, puesto que el alcance y sentido se encuentra en la norma y sólo ella se interpretará en el evento que no sea capaz de resolver el problema ella misma. El juez, al fijar el sentido de la ley en un caso que no tiene solución, deberá hacerlo poniéndose en el lugar del legislador que dictó la ley, pero trasladándose al momento actual. CONCLUSIÓN GENERAL Doctrinariamente, cada uno puede inclinarse por el método interpretativo que estime más adecuado. En todo caso, sin embargo, nadie puede dejar de conocer a fondo los procedimientos del método lógico tradicional, pues son los que permiten comprender los textos legales, captar sus matices y espíritu. Desde el punto de vista de la legislación positiva chilena, y dentro del ámbito en que se reconozca imperio a las reglas de interpretación de la ley que señala el Código Civil, el método lógico tradicional debe ser acatado por el intérprete, porque en él se fundan esas reglas positivas que, según la mayoría de los comentaristas, constituyen mandatos obligatorios y no meros consejos dados por el legislador al juez. Los demás métodos pueden utilizarse como coadyuvantes.

Página 53 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

INTERPRETACIÓN DOCTRINAL O PRIVADA Es que hacen los juristas, sean autores de obras de derecho, profesores o abogados. Esta interpretación se manifiesta en los tratados, en las revistas jurídicas y en la cátedra. El producto así elaborado recibe el nombre de doctrina, palabra que también denota el conjunto de personas que participan en la tarea o labor de interpretación privada. Este tipo de interpretación no tiene fuerza obligatoria alguna y su valor depende del prestigio del intérprete y de la solidez de los fundamentos y argumentos que la sustentan. En Chile, pueden citarse como autores de renombre en las obras de derecho civil a José Clemente Fabres, Carlos Aguirre Vargas, Paulino Alfonso, José Ramón Gutiérrez, Leopoldo Urrutia, Luis Claro Solar, Alfredo Barros Errázuriz, Arturo Alessandri Rodríguez, Manuel Somarriva, y más recientemente, Pablo Rodríguez Grez, Ramón Meza Barros y René Ramos Pazos, entre otros.

INTERPRETACIÓN DE AUTORIDAD O PÚBLICA INTERPRETACIÓN JUDICIAL Es la que emana de las sentencias de los tribunales, y su fuerza obligatoria es muy limitada, ya que sólo alcanza a los litigantes. La regla a este respecto lo entrega el art. 3º del CC según el cual “sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren”.

Página 54 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

La interpretación judicial no obliga ni siquiera al mismo juez que falla el conflicto en que hizo la interpretación; puede dicho juez, en casos análogos, interpretar la ley y resolver los otros juicios en forma diversa. En este sentido se cita la interpretación que hizo la Corte Suprema del artículo 688 del CC antes de sentar la doctrina definitiva; interpretó esta norma en cinco formas distintas. Aunque la interpretación de ningún tribunal obliga, ocurre que cuando reiteradamente la Corte Suprema interpreta una disposición legal en el mismo sentido, los tribunales siguen la huella, aunque no tienen obligación alguna de hacerlo; pero la práctica, en cierto modo se explica, porque los tribunales, que dependen de la Corte Suprema, se exponen a que ésta les case, les anule sus sentencias. Con todo, no son pocas las veces en que las Cortes de Apelaciones se apartan de las interpretaciones del más alto tribunal de la República e incluso éste, a veces, llega a adoptarlas. REGLAS QUE DA EL CC PARA LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL Los arts.19 al 24 del CC nos muestran claramente la influencia del sistema lógico tradicional en el CC. Se señalan aquí cuatro reglas o elementos de interpretación a los cuales debe recurrir el juez. De allí que nuestro sistema se clasifique como reglado, ya que es la ley la que señala las reglas y pautas que deberán usarse cuando se interprete la ley, por medio de la labor de hermenéutica legal. Los elementos son:

o

ELEMENTO GRAMATICAL

o

ELEMENTO HISTÓRICO

o

ELEMENTO LÓGICO

o

ELEMENTO SISTEMÁTICO

ELEMENTO GRAMATICAL (Art.19 inc.1º, 20 y 21) Si interpretar implica determinar el sentido o alcance de un precepto, este elemento implica que habrá que buscarlo en las palabras de que se haya valido el legislador. Las palabras son el medio a través del cual al legislador se comunica con nosotros, y por

Página 55 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

ende es en el lenguaje donde encontraremos las respuestas. La primera operación que se debe realizar, según el art.19 inc.1º, es el determinar el sentido de la ley a través de las palabras que se hayan empleado. Si el sentido es claro no será necesario recurrir a los otros elementos para determinar el alcance, pues éste aparece determinado por el significado de las palabras. Esto pues al legislador le presumimos ilustrado y que, por tanto, ha hecho buen uso de las palabras.

Puede

ocurrir

que

los

términos utilizados por el legislador fuesen claros, y que, no obstante ello, el sentido de la disposición sea obscuro. Lo importante aquí es que cuando el sentido de la ley es claro no se desatenderá su tenor literal, lo que no es lo mismo que decir que las palabras sean claras. En materia de contratos y testamento, sin embargo, hay normas diversas. El art. 1560 señala, a propósito de los contratos, que si es conocida claramente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. El art.1069 señala que sobre las reglas de inteligencia y efecto de las disposiciones testamentarias prevalecerá la voluntad del testador claramente manifestada, con tal que no se oponga a los requisitos o prohibiciones legales. Para conocer la voluntad del testador se estará más a lo sustantivo de las disposiciones que a las palabras de que se haya servido. De estas normas resulta claro que aquí predomina la intención de los contratantes o testador, por sobre el tenor literal de lo expresado. Se da prioridad a la voluntad. Ello se explica por el hecho que a los contratantes o al testador no se les puede exigir, como al legislador, una cierta cultura o una exquisita ilustración para que hayan utilizado correctamente las palabras de uso legal. Sentido natural y obvio (Art.20). Dada la importancia que tiene el significado de las palabras en la interpretación, el Código precisa que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, y éste es aquél que determina al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Pero, y así lo entiende la norma, éste puede no ser el significado legal correcto, sino aquel que determine el uso general de las mismas palabras, que corresponde al significado que se le atribuye al término en el medio social.

Página 56 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

En todo caso, y como lo indica la parte final de la norma, si el legislador ha definido expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas tal significado legal. Prevalece entonces la definición que hubiere dado el legislador, frente al sentido natural y obvio que pudiese tener la expresión verbal en cuestión. En los arts.25 y ss del CC encontramos definiciones legales de palabras de uso frecuente, lo que ocurre también en los arts. 44 inc final, 45, 46 y 47. Las palabras técnicas (art. 21). De esta norma se aprecia que para dar el verdadero sentido a la palabra no basta con estar al sentido que le den los que profesen la respectiva ciencia o arte, sino que habrá que analizar si se ha tomado o no en un sentido diverso por el legislador, para lo cual habrá que considerar la época de dictación de la norma. Por ejemplo, la palabra demencia es una palabra técnica que se refiere a cierto tipo específico de enfermedad mental. Pero se ha entendido que el legislador no la toma en este sentido especial, sino que para referirse a todas las enfermedades que privan de razón a la persona. ELEMENTO LÓGICO (art.19 inc.2º, 22 inc.1º) Este elemento busca el sentido, alcance o inteligencia de la norma, a través de la relación que debe existir entre el pasaje oscuro y el cuerpo de la ley de la cual aquél forma parte. Se busca el sentido dentro del contexto de la propia ley. Como este elemento busca desentrañar el verdadero sentido de la norma tratando de lograr que ella no escape al contexto de la ley en la que se inserta, resultando de particular utilidad en esta labor los elementos prácticos de interpretación, como la analogía. A este respecto, resulta lógico pensar que si el legislador dio una determinada solución para un caso particular, la misma solución sea aplicable a un caso similar. En este mismo sentido se aplica el art. 22 del CC, que indica que “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”. Se trata pues, de entender que todas las partes de una ley forman una unidad y responden a una misma intención o espíritu y es natural Página 57 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

entonces que guarden armonía y no contradicción. Por tanto, si en un artículo de una determinada ley cierta expresión puede ser tomada en dos sentidos y en todos los demás artículos se considera uno de dichos sentidos, a la expresión ambigua habrá que atribuirle este sentido que demuestra ser el de la voluntad de la ley. ELEMENTO HISTÓRICO (art.19 inc.2º) Este elemento nos invita a buscar la historia del establecimiento de la ley, tanto en los proyectos e iniciativas de ley, como en las opiniones de esa época. En el CC es frecuente recurrir a la historia fidedigna de su establecimiento, expresada tanto en los proyectos del CC, como en los pareceres de Andrés Bello, y aun más, en fuentes tales como el Código Civil Francés o de autores como Pothier, etc. Si se trata de una ley cualquiera se buscan los antecedentes en las actas de las Cámaras, el mensaje

de

envío

al

Congreso,

las

discusiones

parlamentarias,

etc.,

lo

que

desgraciadamente no se puede hacer con el CC por haber sido aprobado en bloque, sin debate, ni haber dejado actas la Comisión Revisora del Proyecto respectivo. ELEMENTO SISTEMÁTICO (art. 22 inc. 2º y 24). Aquí se parte del supuesto de que toda norma forma parte de un sistema legal, sistema dentro del cual debe existir armonía. La totalidad del ordenamiento de un país debe ser un cuadro armónico y lógico de textos legales. Este elemento se parece al lógico, en el sentido que busca el sentido y contenido de la norma en su contexto, pero aquí la labor de armonización y concordancia de la ley es más amplia aun, ya que se extiende a todo el ordenamiento jurídico. El fundamento de este elemento está en que las normas que forman parte de un ordenamiento jurídico determinado, en cierto momento histórico, obedecen a una idea de unidad jurídica, y es en esa unidad donde deberá encontrarse el recto sentido de la norma Página 58 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

que nos aparece como obscura y ambigua. El espíritu general de la legislación. El art. 24 habla de él. Estaría constituido por una serie de principios que la informan y le dan su estructura básica. Serían tales: o

Facilitar la circulación de los bienes.

o

Proteger los derechos de los incapaces.

o

Publicidad de los actos jurídicos.

o

Protección de la familia.

La equidad natural. También la señala el art. 24. Ella se aplica solo en defecto de los otros elementos. Este elemento deberá tomarse, en todo caso, como el sentido de justicia para el caso concreto, es decir, siguiendo a Ulpiano, "dar a cada quien lo suyo". Es el sentimiento del propio juez, el que emana de su naturaleza humana, con prescindencia del derecho positivo. Espontáneamente permite distinguir lo justo de lo injusto, del mismo modo que distinguimos entre el bien y el mal, o lo verdadero y lo falso, lo hermoso y lo feo. Los tribunales chilenos han señalado que la equidad natural es la justicia natural, por oposición a la letra de la ley. Juan Antonio Abach la define como la justicia ejercida conforme al buen sentido y a la razón. Por otro lado, debe considerarse que el art. 24 sólo hace referencia a pasajes oscuros o contradictorios, de lo que debemos concluir que la equidad natural podrá recibir aplicación sólo en estos casos, y no cuando estemos frente a un vacío legal. Es en base a ello que algunos sostienen que la analogía (equidad natural) no tendría lugar cuando es necesario llenar un vacío legal, sino que sólo cuando se trata de interpretar pasajes obscuros o contradictorios. Otros autores son de opinión diversa, y señalan que sí es posible recurrir a la equidad natural para llenar vacíos legales, haciendo uso de la llamada analogía integradora, ya que existen ciertos casos en que es la propia ley la que recurre a la equidad natural para que cumpla tal cometido. Por ejemplo, según el art.170 Nº 5 del CPC, en los fallos deben enunciarse las leyes con arreglo a las cuales se pronuncian, o en su defecto los principios de equidad en que se

Página 59 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

funda el fallo. Aquí se llama a la equidad a suplir el silencio de la ley. Ello se condice con el art.10 del COT, según el cual una vez reclamada la intervención de los tribunales en forma legal y en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aún por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su conocimiento. De esta manera, la equidad natural podría servir o como elemento de interpretación o como elemento de analogía integradora, en el caso de vacío de la ley.

ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE INTERPRETACIÓN No hay un orden determinado, pero pareciera en todo caso que el elemento sistemático se aplicaría en defecto de los otros elementos, mientras que el elemento gramatical sería el primero en aplicarse. En todo caso, en general, se usa más de un elemento de interpretación. OTRAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN

o

El art. 23 señala que lo favorable u odioso de una disposición no se tomara en cuenta para ampliar o restringir su interpretación. La extensión que deba darse a toda ley se determina por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes.

Esta norma tiene un fundamento histórico, ya que en tiempos pasados lo que resultaba odioso o desfavorable restringía el alcance del precepto, mientras que si el resultado era favorable se aceptaba su sentido o alcance, lo que condujo a abusos e injusticias. Esta norma es obligatoria para el juez, principalmente en materia penal. En todo caso, en esta materia, el juez no puede pasar por alto el principio pro-reo, de manera tal que ante una duda interpretativa, y consultando el espíritu general de la legislación, deberá considerar tal principio.

o

Especialidad de la ley. El art.4º señala que las disposiciones contenidas en códigos especiales se van a aplicar con preferencia a las del CC. Agrega el art.13 que las disposiciones de una ley, relativas a cosas o negocios particulares prevalecerán sobre las disposiciones generales de la misma ley, cuando entre unas y otras hubiere Página 60 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

oposición. La idea es que en una determinada materia prevalecerá la ley especial sobre la general, ya que se estima que el legislador ha querido exceptuar de la aplicación de la ley general a dicha materia. Esta prelación se produce tanto en el texto mismo, como también entre dos textos legales distintos. REGLAS PRÁCTICAS DE INTERPRETACIÓN: AFORISMOS LEGALES Y JURÍDICOS Estos aforismos se han formado en la práctica del foro, y los emplea tanto la doctrina como la jurisprudencia. Se les cita, generalmente, con fórmulas latinas que les dieron los antiguos juristas. No son reglas obligatorias ni tienen un carácter absoluto, pero su uso conviene, en cierto modo, a las reglas de interpretación que da la ley. Particularmente podríamos decir que tienen cabida en el elemento lógico. ARGUMENTO DE ANALOGÍA O A PARI Se expresa en el adagio: "Donde existe la misma razón debe existir la misma disposición". Este argumento cabe perfectamente en el elemento lógico. Frente a un texto legal, si hay vacilación entre dos o más posibilidades, se puede elegir aquella que sea similar o equivalente a otra que da el legislador para una situación parecida. Es decir, constituye un razonamiento que nos lleva a concluir que un caso no previsto por la ley, ni en su letra ni es su espíritu, se resuelve conforme a otro semejante o análogo previsto por ella. La analogía puede revestir dos formas:

a)ANALOGÍA INTERPRETATIVA PROPIAMENTE

TAL. Tendrá lugar frente al precepto oscuro,

dudoso o ambiguo, en que encontramos el recto sentido del pasaje utilizando la solución que el legislador ha dado a una situación de similar naturaleza.

b)ANALOGÍA INTEGRADORA. Aquí no hay un precepto oscuro o contradictorio, sino que un vacío legal. En este caso la analogía viene a solucionar el caso no reglado en la ley, utilizando la misma solución que da la ley en una materia similar a la que no se encuentra reglada. El CC contempla la analogía como medio interpretativo al disponer que “los pasajes oscuros Página 61 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras leyes, particularmente si versan sobre el mismo asunto” (art. 22 inc. 2º). La analogía tiene límites. Hay materias en las que no opera, como la penal, incapacidades, solemnidades, prohibiciones, debido a que tales situaciones son de derecho estricto, no admitiendo la interpretación analógica. Así, por ejemplo, no hay más incapacidades que las que señala la ley, de modo que por similar que sea la condición de un individuo en relación a una incapacidad señalada en la ley, no se le puede hacer extensiva por la vía de la analogía. ARGUMENTO DE NO DISTINCIÓN "Donde la ley no distingue no le es lícito al intérprete distinguir". Se agrega, sin embargo, que este principio es cierto si la ley no distingue ni en su letra ni en su espíritu; pero puede suceder que no distinga en aquélla y sí en éste. ARGUMENTO DE MAYOR RAZÓN O A FORTIORI Este principio se expresa en dos fórmulas: "Quien puede lo más puede lo menos” “A quien le está prohibido lo menos, le está prohibido lo más" Resulta lógico, en el primer caso, que si a una persona le es permitido vender su inmueble, con mayor razón le será permitido hipotecarlo; y, al revés, en el segundo caso, si a alguien se le prohíbe hipotecar con mayor razón se le prohibirá vender. Regla especial, en todo caso, existe en materia de mandato con relación al primer caso, en el art. 2143 del CC, en que se indica que la facultad de vender no comprende la de hipotecar. ARGUMENTO DE CONTRADICCIÓN O A CONTRARIO SENSU "Lo que la ley afirma de una cosa lo niega de otra". Se estima que incluida una situación en la ley, se entienden excluidas las demás. Pero esto es muy peligroso, pues estamos suponiendo que el silencio de la ley implica la situación contraria a la establecida en ella, lo que pudiera no ser así. Es por ello que, aun cuando Página 62 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

aceptamos esta regla tendrá que ser en aquéllos casos en que las alternativas de interpretación son varias. De ahí que resulta difícil de aceptar esta regla, ya que supone una voluntad de la ley, que pudo no haber existido. Es decir, que cuando la ley no dice ni sí ni no, su silencio tan sólo puede hacer suponer que quiere lo contrario en un caso de lo que ha dicho en otro; pero esta suposición puede ser absolutamente gratuita, porque el silencio del legislador puede ser explicado de muchas otras maneras. ARGUMENTO DEL ABSURDO O PER ABSURDUS Debe rechazarse toda interpretación que conduzca a un absurdo, esto es, cualquiera conclusión contraria a las reglas de la lógica, del buen sentido o de la razón. PUBLICACIÓN DE LAS INTERPRETACIONES LEGALES Las interpretaciones que de la ley hacen los tribunales se llama jurisprudencia. Ahora bien, las sentencias que contienen doctrinas de cierto valor, se publican en revistas de aparición periódica, y generalmente son las de los tribunales superiores (Cortes de Apelaciones y Corte Suprema). En Chile, las principales publicaciones sobre jurisprudencia son la Revista de Derecho y Jurisprudencia, los Fallos del Mes y la Gaceta Jurídica, sin contar otras revistas publicadas por universidades y otros organismos. Especial mención merece una obra de gran envergadura, el Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Comprende en numerosos tomos, todos los Códigos de la República y las leyes, reglamentos y decretos de proyecciones generales, y la respectiva jurisprudencia de los tribunales desde 1841 en adelante, artículo por artículo. En cuanto al Código Civil, está contenido en 12 tomos y dos suplementos, más un Índice General. CLASIFICACIÓN DE LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL POR EL RESULTADO Nos referimos aquí al resultado al que se llega por medio de la interpretación, la que puede ser declarativa, restrictiva y extensiva. Al efecto, se dice que si el proceso interpretativo consiste en la investigación de la voluntad de la ley expresada en una fórmula, que puede ser inadecuada, el resultado de la indagación será necesariamente uno de estos tres:

Página 63 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

a)INTERPRETACIÓN

DECLARATIVA. Aquella en que se concluye que las situaciones

reguladas por la ley son precisamente las que se desprenden de su tenor literal.

b)INTERPRETACIÓN

RESTRICTIVA. Aquella en que se concluye que las situaciones

regladas por la ley son menores que las que se desprenden o se pudieren desprender de su tenor literal.

c)INTERPRETACIÓN

EXTENSIVA. Aquella en que se concluye que las situaciones previstas

por la ley son más amplias que las que se desprenden de su tenor literal. En este caso se dice por el intérprete que el legislador pretendió regular más situaciones que las que pudieren derivar de las palabras o del tenor literal de la norma. Este último tipo de interpretación es aceptada en la doctrina en general, salvo cuando se trata de normas y reglas que se refieran a las incapacidades, solemnidades y prohibiciones. Ejemplos: Interpretación declarativa, o sea, aquella que se limita a comprobar que la letra de la ley corresponde al pensamiento de ella. Una disposición establece que “la existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su madre” (art. 74 inc. 1º del CC). La inteligencia de la norma quedará fijada simplemente con explicar los conceptos que denotan las palabras “separarse completamente de su madre”. Interpretación extensiva, es decir, aquella que establece que el pensamiento de la ley es más amplio que lo que dicen las palabras en que lo ha expresado. Un artículo del Código Civil, ubicado en el título del mutuo o préstamo de consumo, permite estipular intereses en dinero o cosas fungibles (art. 2205). Se ha entendido que por esta disposición se permite pactar intereses no sólo en el contrato de mutuo, sino en todo contrato que implique crédito de dinero a favor de otro, como la compraventa en que el comprador anticipa el precio o, al revés, en que lo queda debiendo. Y esto porque en todos los casos la razón es la misma: el derecho a obtener frutos civiles del propio dinero que, en una u otra forma, se facilita por un tiempo a otra persona.

Página 64 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Interpretación restrictiva, esto es, aquella en que se concluye que el pensamiento de la ley es más estrecho que el que significan sus palabras. Históricamente se ha puesto el ejemplo siguiente para explicar este caso: “En Bolonia había una ley que condenaba a muerte a todo el que derramase sangre en la plaza pública. Habiendo dado a cierto individuo una hemiplejia la plaza pública, le sangró allí mismo un barbero; ¿había éste incurrido en la pena? No, por cierto, aun cuando estaba comprendido en las palabras generales de la ley. La razón de ésta era la seguridad pública, la cual no se turbaba por la picadura de la vena” INTERPRETACIÓN LEGAL O AUTÉNTICA Es aquella que realiza el propio legislador en virtud de una ley que se denomina ley interpretativa. Ley interpretativa es aquella que tiene por objeto aclarar el sentido oscuro o ambiguo de otra ley. La finalidad de esta ley es aclarar la inteligencia o alcance de dicho precepto. De este modo, al señalar el legislador cómo debe entenderse la ley interpretada, se limita a reiterar su voluntad ya existente, y no a hacer una nueva declaración de ella. A diferencia de la interpretación judicial, el legislador no está sometido a ninguna normativa especial al realizar esta labor de hermenéutica, como tampoco se le señala una oportunidad para hacerlo, por lo que la dictará cuando lo estime conveniente, por iniciativa propia o a insinuación de los tribunales o de los particulares. Al efecto, la sugerencia en este sentido es obligatoria para los tribunales de justicia de acuerdo al art. 5º del CC que indica que “La Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Alzada, en el mes de marzo de cada año, darán cuenta al Presidente de la República de las dudas y dificultades que les hayan ocurrido en la inteligencia y aplicación de las leyes, y de los vacíos que noten en ellas”. Por su parte, el COT ordena al Presidente de la Corte Suprema que en la exposición que haga el 1º de marzo de cada año, al iniciar sus funciones dicha Corte en audiencia pública, señale las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y de los vacíos que se noten en ellas y de que e haya dado cuenta al Presidente de la República en cumplimiento al artículo 5º del Código Civil. Esa exposición debe ser publicada en el Diario Oficial y en la Gaceta de los Tribunales (art. 102 Nº 4 COT). El legislador puede o no atender estas insinuaciones; es soberano para dictar leyes interpretativas; el ejercicio de esta atribución es facultativo y no obligatorio. Página 65 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

La interpretación auténtica, al estar contenida en la ley, tiene una obligatoriedad general. Al respecto, el propio art. 3º señala en su inc.1º que sólo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. En cambio, el alcance de la interpretación judicial queda circunscrito a la causa en que se pronunciare, como lo señala el inc. 2º de la misma norma al decir que las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren. La sentencia tiene así un efecto relativo, ya que ella sólo afecta a las partes que intervienen en el asunto. Este tipo de interpretación, incluso, no obliga al propio juez o a otros jueces. PROBLEMA DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY INTERPRETATIVA (art. 3º en relación al art.9º inc. 2º). Una ley tiene efecto retroactivo, hablando en términos generales, cuando somete hechos pasados a su imperio. En la especie, de conformidad al inc. 2º del art. 9º, la ley interpretativa, por una ficción, se entiende incorporada en la ley interpretada, de manera que los actos acontecidos antes de la vigencia de ella, quedan igualmente bajo su imperio. Es decir, la ley interpretativa en realidad es retroactiva, porque sus efectos alcanzan a situaciones o relaciones jurídicas surgidas antes de su entrada en vigor. Así, por ejemplo, si una persona vende a otra una sustancia que, conforme a la ley de la época del contrato, pareçía no estar entre las de comercio prohibido y una ley posterior, interpretativa, declara que sí lo estaba, el contrato deberá estimarse nulo. Pero esta regla tiene limitaciones:

o

La sentencia ejecutoriada, en atención al principio personal de la cosa juzgada.

o

La transacción, por los arts. 2460 y 2446.

En relación con la primera excepción, ella se encuentra consignada en la 2º parte del inciso 2º del art. 9º cuando señala “...pero no afectarán en manera alguna los efectos de las sentencias judiciales ejecutoriadas en el tiempo intermedio”. Es decir, que si un pleito fue resuelto interpretando la ley en sentido A y posteriormente otra ley declara que el genuino sentido de aquélla es B, los efectos de la sentencia, o sea, los derechos declarados en ella, no se ven alterados. Las leyes interpretativas tampoco afectan a las transacciones celebradas en el tiempo intermedio que va de la ley interpretada a la interpretativa, pues esos contratos se Página 66 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

equiparan en sus efectos a las sentencias; dice el art. 2460 que “la transacción produce el efecto de cosa juzgada en última instancia”. En realidad en esta materia sólo hay una aparente retroactividad, puesto que la ley interpretativa viene sólo a declarar el verdadero sentido que debió dársele siempre a la ley interpretada, y en ello no habría retroactividad. En todo caso, en ciertos casos, el legislador ha querido dictar leyes con efecto retroactivo, bajo el disfraz de leyes interpretativas, pero ello constituiría un subterfugio legislativo. Finalmente, para que una ley tenga este carácter no es necesario que se diga expresamente. En todo caso, si una ley es calificada por el legislador de interpretativa, pero de hecho no lo es, no se entenderá incorporada en la ley interpretada, produciendo sus efectos, como consecuencia, sólo hacia el futuro. INTEGRACIÓN DE LA LEY Por muy acucioso que sea el legislador no puede prever todos, absolutamente todos, los casos que la realidad social actual presenta y menos los que pueden surgir en el futuro a consecuencia de las transformaciones técnicas, sociales y económicas. En estos casos en que no hay ley aplicable, ni clara ni oscura, no se está frente a un problema solucionable con la interpretación de la ley, sino con la integración de la misma que tiende a llenar sus vacíos o lagunas. Al efecto, algunos autores distinguen entre lagunas de la ley y lagunas del derecho. Llaman lagunas de la ley a aquellos casos de la vida real que no encuentran una norma específica adecuada para ser resueltos por ella. Si esos casos no pueden solucionarse ni aun por todo el ordenamiento jurídico entero, hablan de laguna del derecho. La verdad es que parece muy dudosa la existencia de lagunas del derecho; en doctrina prevalece la opinión de que sólo pueden existir lagunas de la ley, pero no en el ordenamiento jurídico tomado en su conjunto, porque cualquier caso que se presente es susceptible de resolverse, en último término, de acuerdo con las orientaciones marcadas por el mismo ordenamiento, esto es, el espíritu de éste. Nuestro legislador reconoce implícitamente sólo las lagunas de la ley en el art. 10 del COT, Página 67 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

que indica que una vez reclamada la intervención de los tribunales en forma legal en negocios de su competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión. Y en estos eventos, ¿cómo se llenan las lagunas? ¿Qué normas se aplican al caso? El Código Civil no lo dice. Es el CPC el que permite zanjar la dificultad, y ello mediante la equidad. Según ese Código (art. 170 Nº 5), toda sentencia definitiva debe contener “la enunciación de las leyes y en su defecto los principios de equidad con arreglo a los cuales se pronuncia el fallo. Luego, si no hay ley aplicable al caso que se falla, la decisión ha de fundarse en los principios de equidad. ¿Podría emplearse la analogía para llenar los vacíos o lagunas de la ley? ¿Un caso no previsto ni en la letra ni en el espíritu de ley alguna, sería dable resolverlo conforme a la ley que regula casos análogos? En el sentir de algunos, sólo sería posible si hubiera una declaración expresa del legislador. Otros consideran superflua tal exigencia; el recurso a la analogía parece natural y habría que estimarlo implícitamente admitido en todo el ordenamiento jurídico, si se tiene como premisa que ningún legislador puede prever todos los casos de la realidad presente y futura. La doctrina nacional ha admitido la analogía y el espíritu general de la legislación como fórmulas válidas para llenar las lagunas de la ley, porque si dichos elementos están contemplados por nuestro CC para interpretar las leyes oscuras o contradictorias (art. 22 inc. 2º y 24) con mayor razón son valederos para solucionar un caso en que no hay ley que lo contemple en su letra ni en su espíritu. En el derecho comercial cuando no hay ley aplicable rigen las costumbres mercantiles; y sólo si éstas tampoco son aplicables a un caso dado, caben las consideraciones anteriores. Así resulta de la disposición del Código de Comercio, según la cual “en los casos que no estén especialmente resueltos por este Código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil” (art. 2º). En el derecho penal no existe el problema de las lagunas, porque impera el principio “no hay delito sin ley; no hay pena sin ley” (Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege).

Página 68 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

EFECTOS DE LA LEY EN EL TIEMPO Por lo general, una ley tiene un ciclo de aplicación que empieza desde el día de su publicación oficial o transcurrido un tiempo señalado por ella misma, y termina cuando es derogada o e cumple el plazo o el hecho preestablecido para la cesación de su vigencia. Cuando entra a regir una nueva ley, el principio es que ella no se aplica a situaciones anteriores a su vigencia y que corresponden al imperio de la ley antigua. Al respecto el Código Civil dice: “La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo” (art. 9º inc. 1º). Este principio básico configura el principio de la irretroactividad de la ley, y que se justifica tomando como base la seguridad jurídica y la estabilidad de los derechos, puesto que ellos aconsejan que la ley no se remonte a una época anterior a la de su vigencia. El referido principio constituye un mandato para el juez, de modo tal que éste no puede otorgar a una ley efecto retroactivo. Al respecto, en relación a este principio se pueden originar dificultades en su aplicación tratándose de hechos y actos jurídicos que empiezan a formarse bajo la vigencia de una ley y terminan por consumarse o perfeccionarse bajo el vigor de una ley nueva; también se presentan dificultades cuando los efectos de un hecho o un acto jurídico nacido bajo el imperio de una ley se despliegan bajo el dominio de otra. En estos casos es necesario determinar el campo de aplicación de la ley antigua y el de la nueva de modo que ésta última no tenga efecto retroactivo si expresamente no se lo ha dado el legislador. La solución del conflicto que puede originarse entre la ley antigua y la nueva para regir ciertos casos es objeto de teorías y, entre nosotros, de una ley especial, que analizaremos Página 69 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

más adelante. FUNDAMENTO DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD El principio de irretroactividad de las leyes se fundamenta en la seguridad jurídica. Los derechos permanecerían inciertos si después de haberse adquirido conforme una ley, pudieran ser frustrados por otra que exigiera nuevos supuestos o requisitos para tenerlos por definitivamente consolidados. EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD ANTE EL LEGISLADOR Como el principio de irretroactividad está consagrado en el Código Civil, es decir, en una ley ordinaria y no en una constitucional, no compromete al legislador, ya que éste sólo se encuentra subordinado a la Carta Fundamental, por lo que puede dictar leyes con efectos retroactivos, cuando dicho efecto aparezca conveniente por razones de interés social. Si el legislador dicta leyes con efecto retroactivo el juez debe aplicarlas con tal efecto, pues a éste sólo le corresponde aplicar la ley, sin importar su carácter. Para el legislador no existe más límite que la Constitución. Es por eso que según algunos autores la fórmula de la irretroactividad de la ley debería contenerse en la Constitución, de manera de restringir la libertad del legislador para dictar leyes con efecto retroactivo. LIMITACIONES AL LEGISLADOR No obstante lo dicho, dentro de la constitución el legislador encuentra límites a su posibilidad de dictar leyes con efecto retroactivo, no pudiendo hacerlo respecto de dos tipos de materias: RESPECTO DEL DERECHO DE PROPIEDAD. Si se dicta una ley con efecto retroactivo en esta materia se podrá recurrir al Tribunal Constitucional. La protección constitucional al derecho de propiedad significa que no puede privarse del dominio, o de alguno de sus atributos, a su titular, siempre que no nos encontremos en un caso en que se alegue la función social de la propiedad, en virtud del cual el legislador puede imponer limitaciones y obligaciones al titular del derecho afectado. Página 70 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Conviene acotar que el hecho que el legislador tenga un límite en el propio precepto constitucional para dictar leyes con efecto retroactivo en esta materia, ha servido de freno evitando la dictación de leyes con este efecto a este respecto. En ello influye la extensión que se le ha dado al derecho de propiedad, que comprende no sólo las cosas corporales sino que también las incorporales, según emana del art.19 Nº 24 de la Constitución, reiterado en el 583 del CC. El art. 19 Nº 24 de la Constitución asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies; nadie, en caso alguno, puede ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador, teniendo el expropiado siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. EN MATERIA PENAL, de acuerdo al art.19 Nº 3 de la constitución, en sus incisos 4º, 6º, 7º y 8º, coincidentes con el art.18 del CP. El art. 19 Nº 3 inc.7º señala que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración a menos que una nueva ley favorezca al afectado”. Nótese que la ley no puede ser retroactiva cuando es desfavorable al inculpado, pero sí lo debe ser cuando lo favorece; por disposición del Código Penal, no sólo lo beneficia mientras se le procesa, sino también después de condenado (art. 18). En resumen, el legislador es libre para dictar leyes retroactivas, pero, excepcionalmente, no puede hacerlo en materia penal cuando desfavorece al reo y tampoco, en materia civil, cuando la retroactividad importa un atentado contra el derecho de propiedad. JUSTIFICACIÓN DE LAS LEYES RETROACTIVAS Por su gravedad, las leyes retroactivas no son frecuentes. Pero, a veces, el progreso y la evolución de la vida social imponen la dictación de normas retroactivas. Sin ellas, la abolición de la esclavitud y de los derechos señoriales y feudales, se habría retrasado notablemente. Ahora bien, como la norma general es que la ley no tenga efecto retroactivo, la excepción, esto es, la retroactividad de la ley, lógico es que se declare expresamente y Página 71 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

que su interpretación y aplicación sean restrictivas, de derecho estricto. EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD ANTE EL JUEZ El CC., al declarar que la ley sólo puede disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo (art. 9 inc. 1º), establece una norma obligatoria para el juez, el cual no puede aplicar una ley con efecto retroactivo si ella misma no lo señala expresamente. El juez no debe darle a la ley una inteligencia que lo conduzca a la aplicación de ella con efecto retroactivo. INTERESES EN JUEGO En materia de retroactividad o irretroactividad de la ley, podemos señalar que los intereses en juego son: o

El interés de quienes celebraron actos o contratos conforme a la antigua ley, y quieren que se mantengan sus efectos.

o

El interés del legislador de que la nueva ley entre en vigencia y caigan bajo su imperio todas las situaciones reguladas por ella.

o

El interés de la sociedad que exige la estabilidad de las situaciones.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Muchas veces el legislador dicta las llamadas disposiciones transitorias, mediante las cuales previene los conflictos entre la ley antigua y la nueva al determinar los efectos precisos que ésta debe producir en las relaciones o situaciones anteriores. De modo que para resolver un problema de posible retroactividad de una ley, antes que nada se debe analizar si existen en ella disposiciones transitorias que solucionen el tema. TEORÍAS SOBRE EL EFECTO RETROACTIVO DE LAS LEYES Pero si no existen tales disposiciones transitorias corresponde al juez señalar los límites de las nuevas normas con respecto a los hechos, actos o situaciones generados antes de su entrada en vigor. ¿Qué criterios le servirán de guía en esta tarea para NO dar efecto retroactivo a una ley que no lo consagra expresamente? Página 72 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Diversas teorías procuran dar la respuesta. Se mencionarán aquí sólo dos, la clásica, por constituir el centro de todas las demás y por estar en ella fundada nuestra Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes, a que después nos referiremos, que precisamente se elaboró para decidir los conflictos que resultaran de la aplicación de las leyes dictadas en diversas épocas; y la moderna del tratadista francés Paul Roubier.

TEORÍA CLÁSICA O DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS Y DE LAS MERAS EXPECTATIVAS Esta teoría fue enunciada por Blondeau, en el año 1809, a través de la publicación de su obra "Ensayo sobre el llamado efecto retroactivo de las leyes". Ya antes de él otros autores habían estudiado el tema, como Portalis y Lasalle, y su último brillante defensor y elaborador más perfecto, ha sido el italiano Gabba, con su obra “Teoría de la retroactividad de la ley”. Esta teoría postula que una ley es retroactiva cuando lesiona intereses que para sus titulares constituían derechos adquiridos bajo la ley anterior, pero no es retroactiva la ley cuando sólo lesiona meras facultades legales o simples expectativas. Si en el caso que debe resolver el juez hay derechos adquiridos por las partes bajo la vigencia de la antigua ley el juez debe aplicar ésta, pues de aplicar la nueva se perjudica el derecho. Si la ley nueva sólo atenta en contra de meras expectativas o facultades legales no ejercidas, entonces el juez aplica la nueva legislación. La esencia del problema estriba en determinar los conceptos de derecho adquirido, mera facultad y simple expectativa. CONCEPTOS BÁSICOS PARA ESTA DOCTRINA DERECHO ADQUIRIDO: Planiol y otros autores señalan que el concepto no es claro, pero que podría entenderse como aquél que se ha incorporado definitivamente al patrimonio de un sujeto por un hecho o un acto de un hombre. La jurisprudencia ha repetido en diversos casos un concepto del italiano Gabba, quien señala que derechos adquiridos son aquellos que son consecuencia de un hecho apto para producirlo en virtud de una ley vigente al Página 73 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

tiempo en que se realiza ese hecho, y que han entrado inmediatamente a formar parte del patrimonio de la persona, aunque la ocasión de hacerlos valer se presente bajo el amparo de una nueva ley. En definitiva para Planiol es un derecho definitivo del cual su titular no puede ser privado. FACULTAD LEGAL: constituye el supuesto para la adquisición de derechos y la posibilidad de tenerlos y ejercerlos, como, por ejemplo, la capacidad de obrar (es decir, de ejercitar un derecho), la facultad de testar. MERA O SIMPLE EXPECTATIVA: es la esperanza en la adquisición de un derecho fundada en la ley vigente y aún no convertida en derecho por falta de alguno de los requisitos exigidos por la ley; por ejemplo, la expectativa a la sucesión del patrimonio de una persona viva. CRITICAS A LA DOCTRINA CLÁSICA 1. - Resulta a veces muy difícil de distinguir, de un modo indubitable, si una determinada situación es un derecho adquirido, una mera expectativa o una facultad legal, dificultando la decisión de si la nueva ley es o no retroactiva. Un ejemplo típico de esta incertidumbre lo ofrecen los conflictos de leyes en materia de mayor edad. Si la nueva norma eleva de 18 a 30 años el límite de la menor edad (sin que nada se disponga por vía transitoria), ¿volverán a ser menores los que eran ya mayores por haber cumplido los 18 años? Algunos autores, como Windscheid y Demolombe, se pronuncian por la afirmativa, basándose en el concepto de que la mayor edad es sólo una capacidad y entra, por tanto, en la categoría de facultad legal. Para otros, como Gabba y Savigny, constituye un derecho adquirido la mayor edad en cuanto que el estado personal, una vez adquirido, se convierte en derecho intangible. 2. - No está claro el exacto significado y alcance de la noción de derecho adquirido, sobre todo si se comprende o no dentro de ese concepto la existencia misma del derecho y sus consecuencias o manifestaciones, o si sólo se comprende lo primero, mientras que sus consecuencias constituirían facultades legales no ejercitadas o meras expectativas, siendo afectadas por la nueva ley sin ser ésta retroactiva. 3. – La teoría clásica no nos resuelve el problema de la retroactividad con respecto a los derechos que no forman parte del patrimonio, como son los de familia, puesto que Página 74 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

considera como elemento característico del derecho adquirido el entrar a formar parte del patrimonio. No considera, pues, todos los derechos privados, sino sólo a los patrimoniales. TEORÍA DE PAUL ROUBIER Posteriormente a la teoría clásica de los derechos adquiridos y las meras expectativas, surge la teoría de las situaciones jurídicas, elaborada por Paul Roubier en 1920. Esta teoría tiene como base fundamental su alejamiento de la conceptualización de la teoría clásica. El sistema de Roubier reposa sobre la distinción entre efecto retroactivo, que es la aplicación de la ley en el pasado, esto es, en el tiempo anterior a su entrada en vigor, por lo que afecta a situaciones que ya se han producido, sometiéndolas a su imperio; y efecto inmediato, que es su aplicación en el presente, es decir, a todas las situaciones que se produzcan desde que ella entra en vigencia, tanto las que ya habían nacido y que se encuentran pendientes, en curso, y las que van a nacer durante su vigencia. Este sería el efecto normal de la ley, esto es, su efecto inmediato y hacia el futuro. El problema consiste en determinar la acción de la ley frente a las situaciones jurídicas, amplio término que constituye una de las bases de la teoría, y que puede definirse como “la posición que ocupa un individuo frente a una norma de derecho o a una institución jurídica determinada”. La noción de situación jurídica –afirma Roubier- es superior a la de derecho adquirido, porque no entraña forzosamente, como ésta, un carácter subjetivo, pudiendo aplicarse a situaciones como las del menor de edad, el interdicto, pródigo, etc, en las cuales no puede siquiera hablarse de derechos adquiridos; no puede decirse que el estado de interdicción, de menor edad, de pródigo, constituye un derecho adquirido, pero sí que es una situación jurídica. La teoría de Roubier parte de la observación de que toda situación jurídica se puede encontrar en tres momentos diversos: o

CONSTITUIDA.

o

EXTINGUIDA.

o

EN CURSO. Esto es en el momento de producir sus efectos.

Página 75 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Para Roubier la solución para determinar la retroactividad o la irretroactividad de una ley estaría en distinguir entre:

1.SITUACIÓN JURÍDICA CONSTITUIDA Y EXTINGUIDA no hay problema, ya que a ellas no les afecta la nueva ley. Si la nueva ley dispusiera expresamente que estas situaciones quedan bajo su imperio, tal ley tendría carácter retroactivo.

2.SITUACIONES

EN CURSO. Ellas van a quedar sometidas a la nueva ley producto del

efecto inmediato de la misma. Ahora bien, si la nueva ley ordena que las nuevas situaciones sigan bajo el imperio de la antigua ley, se estaría derogando el efecto inmediato y aplicando el efecto diferido o ultra activo de la ley. ROUBIER Y LOS CONTRATOS Para Roubier esta es una materia de excepción importantísima. En materia de contratos la nueva ley queda privada de su efecto inmediato, respecto de las situaciones en curso al momento de dictarse esta nueva ley. Ello quiere decir que el contrato, que es sorprendido por el cambio de legislación con sus efectos en plena producción, va a seguir bajo el imperio de la ley antigua. Esto no es más que reconocer el efecto diferido en materia de contratos. Según algunos el art.22 de la LER en materia de contratos, es una ley prístina y con una clara alusión al principio de la supervivencia de la ley, al indicar "...en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración." El efecto diferido se aplicará a aquellos contratos que son producto del acuerdo voluntario de las partes contratantes. Esas normas contractuales deben permanecer al abrigo de todo cambio de ley, pues si se permitiera que la nueva ley pueda aplicarse de inmediato al contrato, equivaldría a reemplazar el acuerdo de voluntades que se hizo en función y sobre la base de las normas vigentes al momento del contrato, por otras normas diferentes contenidas en la nueva ley (respecto de las cuales no ha concurrido la voluntad de los contratantes). Respecto de las normas que inciden en los contratos, pero que en realidad constituyen un Página 76 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

estatuto jurídico propio y completo, en que la voluntad es sólo necesaria para desencadenar el efecto jurídico, pero que sus cláusulas no admiten ser discutidas por las partes, en que estas no las pueden modificar, ellas no admiten disenso con la nueva ley, y en cuanto a estas normas la nueva ley tendrá efecto inmediato. Así sucede con los contratos del Derecho de Familia: matrimonio, adopción, etc.; la nueva ley que modifica los efectos o los modos de disolución del matrimonio, se aplica inmediatamente a los matrimonios anteriormente celebrados. La teoría de Roubier lleva en muchos casos a soluciones distintas de la teoría clásica.

SUPERVIVENCIA DE LA LEY O EFECTO DIFERIDO DE LA LEY Se habla de supervivencia o efecto diferido de la ley antigua cuando no obstante haber sido derogada continúa rigiendo determinadas situaciones jurídicas. Ya hemos mencionado como ejemplo el art. 22 de la LER. Otro ejemplo lo podemos encontrar en la ley sobre legitimación adoptiva. LEY SOBRE EL EFECTO RETROACTIVO DE LAS LEYES En la mayoría de los países el desarrollo del principio general de la irretroactividad de las leyes queda entregado a la doctrina de los autores y al criterio de la jurisprudencia. Entre nosotros no se creyó conveniente dejar abandonada esta cuestión a la apreciación de los tratadistas y los jueces, porque siendo varias y no concordantes las teorías que pudieran servirles de guía, las soluciones podrían ser discrepantes o dudosas y los litigios frecuentísimos. Por todo esto se estableció que los conflictos que resultaren en la aplicación de las leyes dictadas en diversas épocas se decidirán conforme a las disposiciones de la Ley de Efecto Retroactivo de las Leyes, de 7 de octubre de 1861 (art. 1º de la ley). Esta ley está inspirada en la teoría de los derechos adquiridos y de las meras expectativas, como aparece claramente de manifiesto en el art.7º, aun cuando algunos autores sostienen que en algunas materias no se ha seguido esta teoría. ÁMBITO DE APLICACIÓN Página 77 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Se aplicarán sus preceptos cuando el propio legislador no hubiere solucionado el cambio de una ley a otra mediante una formula legislativa expresa como, por ejemplo, las disposiciones transitorias, o que ellas fueren insuficientes y no contemplen todas las situaciones. Esta LER no regula la retroactividad en materia de derecho público, porque en tales asuntos no hay derechos adquiridos, siendo el efecto inmediato el normal. Tampoco hay referencias a materia penal, donde por regla general no hay efectos retroactivos, a menos que se aplique el principio pro-reo (art.18 CP). MATERIAS QUE TRATA ESTADO CIVIL CAPACIDAD GUARDAS PERSONAS JURÍDICAS NORMAS SOBRE INTEGRUM RESTITUTIO DERECHOS REALES POSESIÓN DERECHOS DEFERIDOS BAJO CONDICIÓN CONTRATOS PRUEBA DE ACTOS Y CONTRATOS DERECHOS SUCESORIOS PRESCRIPCIÓN REGLAS DE PROCEDIMIENTO

ESTADO CIVIL (arts.2º 3º 4º 5º y 6º). El art. 304 señala que el estado civil es la calidad de un individuo, en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones civiles. Sin embargo, la doctrina piensa que ésta es más bien una definición de capacidad, y por ello se prefiere decir que estado civil es en realidad la calidad permanente que una persona ocupa en la sociedad, y que depende fundamentalmente de sus relaciones de familia, y que le da ciertos derechos y obligaciones. Hay estado civil de soltero, de casado, de viudo, de hijo, etc. Tratándose de las personas jurídicas no se aplican estos artículos, sino que el artículo 10, que se refiere a la existencia y derechos de estas personas. Página 78 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

CAMBIO DE LEGISLACIÓN Debemos hacer una serie de distinciones:

1)ESTADO CIVIL NO ADQUIRIDO. Según el art. 2º prevalece íntegramente la nueva ley, ya que sólo se tenía una mera expectativa.

2)ESTADO CIVIL ADQUIRIDO. La ley lo considera en el art. 3º inc.1º, prim. parte, como un derecho adquirido; por ende la nueva ley no lo afecta, a menos que esta nueva ley fuera expresamente retroactiva, puesto que la LER se pone en el caso de que la ley nueva nada diga. Por lo estatuido en este artículo es que todas las personas casadas antes de 1884, fecha en que regía el Derecho Canónico en todo lo relativo a la celebración del matrimonio, se consideran válidamente unidas aun después de ese año en que se promulgó la Ley de Matrimonio Civil. Por otra parte, la mayoría de los autores partidarios de la teoría clásica no puede explicar satisfactoriamente el respeto de la nueva ley por el estado civil adquirido, ya que considera como carácter esencial del derecho adquirido su incorporación a un patrimonio, y el estado civil no es un derecho patrimonial. En este sentido, más lógica y sencilla es la explicación que fluye de la teoría de Roubier. El estado civil adquirido, con ella, es una situación jurídica constituida que, por lo tanto, la nueva

arreglo a ley no puede

desconocer sin caer en la retroactividad.

3)EFECTOS

DEL ESTADO CIVIL NO EJERCITADOS. Son los derechos y obligaciones que

nacen del estado civil, todos los cuales se subordinan, se rigen por la nueva ley, sea que se deroguen o se modifiquen por ésta, pues se considera en el art. 3º inc.1, seg. parte, que no son más que facultades legales no ejercitadas.

4)EFECTOS

DEL ESTADO CIVIL EJERCITADOS. En este caso los actos válidamente

ejecutados bajo el imperio de una ley anterior, subsisten plenamente, de acuerdo al art.3º inc. 2º. Página 79 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

5)LOS

DERECHOS DE USUFRUCTO LEGAL Y DE ADMINISTRACIÓN QUE EL PADRE DE

FAMILIA TUVIERE EN LOS BIENES DEL HIJO, y que hubieren sido adquiridos bajo una ley anterior, se sujetarán a lo que disponga la nueva ley, según el art. 4º. Esta nueva ley podrá modificarlos e incluso suprimirlos sin que ella sea retroactiva, porque ellos no se refieren al estado civil en sí mismo, sino que no son más que una consecuencia de él, no constituyendo derecho adquirido.

6)Adquirido

el ESTADO DE HIJO NATURAL bajo el imperio de una ley, no se puede perder

tal estado por una ley nueva, pero los derechos y obligaciones que se tienen como consecuencia de tal estado quedarán sujetos al imperio de la nueva ley, por no constituir más que facultades legales no ejercitadas. Sobre este punto, cabe señalar que la ley 19.585, la nueva ley de filiación, en su art. 1º transitorio, inc. 1º, indica que “todos los que posean el estado de hijo natural a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, tendrán los derechos que ésta establece”. Lo dicho se traduce, por una parte, en que en adelante el estado civil de ese sujeto será simplemente el de “hijo” de aquella persona respecto de la cual tiene determinada su filiación y, por otra, en que puede gozar de los derechos que a todo hijo le corresponden, básicamente, en materia de alimentos, patria potestad y en materia sucesoria. Se elimina, en consecuencia, la odiosa nomenclatura de hijo natural y éste accede a un estatuto nuevo, en que no existen diferencias relativas a las circunstancias de su nacimiento. 7) EL DERECHO DE ALIMENTOS DE UN HIJO ILEGÍTIMO subsiste bajo el imperio de una nueva ley, pero en cuanto a su goce y extinción se rige por la ley nueva, según el art.6º. Esta es una norma excepcional en la que se asimila el derecho de alimentos a un derecho adquirido, porque el único derecho que tiene el hijo

simplemente ilegítimo es el de

alimentos, y si una nueva ley le quitara ese derecho se produciría un estado civil vacío, sin ninguna consecuencia. En la segunda parte de esta norma de habla de goce y extinción con lo que habría una contradicción con la primera parte. Además, al señalar la ley "pero en cuanto a su extinción" nos indica que ella parte de la base que el derecho continúa, por lo que la nueva ley no podría suprimir llanamente el derecho pues sería retroactiva, pero sí podrían establecerse nuevas causales que pongan término al derecho sin que la ley sea retroactiva. Página 80 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

CAPACIDAD (arts. 7º y 8º). Es la aptitud legal de una persona para ser sujeto de derechos y para poder ejercerlos por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra (1445 inc.2º). Se comprenden dos tipos de capacidad: CAPACIDAD DE GOCE: Aptitud para ser titular o adquirir derechos, llamada también capacidad adquisitiva. CAPACIDAD DE EJERCICIO: Aptitud para ejercitar o ejercer derechos. No hay incapacidades de goce generales, sólo para casos particulares, en cambio la capacidad de ejercicio no la tienen todos. En doctrina se discute si la capacidad es un derecho adquirido o una facultad legal no ejercitada, ya que ella es el requisito exigido por la ley para realizar el acto. Gabba lo considera un derecho adquirido. CAMBIO DE LEGISLACIÓN

1.CAPACIDAD

DE GOCE. La LER la considera como una facultad legal no ejercitada, y por

tanto quedará sujeta a la nueva ley sin ser ésta retroactiva, (se infiere ello del art. 7 LER). La nueva ley que priva de la capacidad de goce no es retroactiva.

2.CAPACIDAD DE EJERCICIO. El art.8º se refiere precisamente a esta capacidad, al hablar del "derecho de administrar sus bienes". La ley la considera un derecho adquirido, de manera que quien adquirió la capacidad de administrar sus bienes no la pierde con la nueva ley, pero la constitución y ejercicio se sujeta a ésta. Esta no pérdida de la capacidad de ejercicio lograda de acuerdo con la ley antigua está en pugna con la teoría clásica de los derechos adquiridos que por lo general sigue la LER. Porque según esa teoría dicha capacidad es una facultad, el supuesto para ejercer derechos, y por eso corresponde aplicarse inmediatamente a todos. La solución dada por la LER, se ajusta, empero, a la moderna teoría de Roubier. De acuerdo con ella, la nueva ley no puede aplicarse sin caer en la retroactividad a los que ya adquirieron la capacidad de Página 81 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

ejercicio bajo el imperio de la ley antigua. LAS GUARDAS (art.9º) Según el art. 338 inc.1º, las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida. Las guardas son las tutelas o curatelas, y el pupilo es el que está sujeto a guarda.

CAMBIO DE LEGISLACIÓN

1.GUARDADOR

VALIDAMENTE NOMBRADO POR UNA LEY ANTIGUA. Sigue ejerciendo el

cargo en conformidad a la nueva ley, aunque según ésta hubiere sido incapaz de asumirlo. Así, la guarda se asimila a un derecho adquirido. Aquí hace crisis la LER, ya que el cargo de guardador más que un derecho es una carga para quien lo desempeña. El legislador considera a la guarda como un verdadero estado civil adquirido. 2. EJERCICIO DE LA GUARDA. Queda sujeta al cambio de legislación, como también las remuneraciones e incapacidades o excusas sobrevinientes. El inc. 2º del art.9º señala que la pena que se aplicará por torcida o descuidada administración se sujetará a aquella de las dos legislaciones que fuere menos rigurosa al respecto, pero las faltas cometidas bajo el imperio de la nueva ley se castigarán conforme a ésta. PERSONAS JURÍDICAS (art.10) El art. 545 inc.1º del CC señala que se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y Página 82 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

extrajudicialmente.

Las

personas

jurídicas

son

de

dos

especies:

corporaciones

y

fundaciones de beneficencia pública. CAMBIO DE LEGISLACIÓN

1. EXISTENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA. No la afecta el cambio de legislación. 2.

DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SEÑALA LA LEY. Son afectados por la nueva ley,

porque se consideran equiparados a los derechos y obligaciones que nacen del estado civil que, según el art.3º, no son más que facultades legales no ejercitadas.

RESTITUCIÓN “IN INTEGRUM” (art.11) La “in integrum restitutio” era un beneficio en favor de los incapaces para pedir que se dejara sin efecto un acto por haber sido perjudicial para él, restituyéndosele lo dado en virtud del contrato, aun cuando el acto fuera válidamente celebrado. La institución dio margen para abusos y, a la postre, se volvió contra los mismos privilegiados, porque nadie quería contratar con ellos ante la posibilidad de perder después los derechos adquiridos; por eso el CC. la suprimió de raíz. CAMBIO DE LEGISLACIÓN No constituye un derecho adquirido, de manera que la nueva ley la afecta (art. 11 LER). La supresión mencionada de este instituto jurídico se confirma en el art. 1686 del CC, que señala que los actos y contratos de los incapaces en que no se ha faltado a las formalidades y requisitos necesarios, no podrán declarase nulos ni rescindirse, sino por las causas en que gozarán de este beneficio las personas que administran libremente sus bienes. DERECHOS REALES (arts.12, 15, 16 y 17). El art. 577 del CC señala que derecho real es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a

Página 83 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, los de usufructo, uso y habitación, los de servidumbres activas, el de prenda, el de hipoteca y otros que establezcan leyes especiales, como la concesión minera. De estos derechos nacen las acciones reales. CAMBIO DE LEGISLACIÓN

1.Respecto del dominio se debe tener siempre en cuenta que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA de la República lo protege en el art. 19 Nº 24, de manera que en esta materia no se pueden dictar leyes con efecto retroactivo (Art.12).

2.ADQUISICIÓN

DEL DOMINIO Y DEMÁS DERECHOS REALES. Prevalece la ley antigua,

pues habría un derecho adquirido (art.12).

3.GOCES Y

CARGAS QUE SE PUEDEN IMPONER AL TITULAR. Prevalece la ley nueva, pues

se trataría de facultades legales no ejercitadas (art.12).

4.EXTINCIÓN.

La nueva ley puede señalar nuevas causales de extinción, pero no puede

llanamente eliminar el derecho (art.12). Ilustremos lo dicho con un ejemplo. Bajo la vigencia de la legislación española el contrato de bienes raíces no requería escritura pública; tampoco era menester cumplir con requisitos que dieran publicidad a la transferencia del dominio. Pero nuestro CC dispuso que el contrato de compraventa de bienes raíces debe celebrarse por escritura pública, y que la tradición de ellos ha de realizarse mediante la inscripción del contrato en el Registro del Conservador de Bienes Raíces. A pesar de esto, la propiedad de los bienes raíces adquirida con anterioridad a la entrada en vigor del CC y en conformidad a las leyes españolas, subsistió sin sufrir modificaciones bajo el imperio de las nuevas disposiciones legales, porque “todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad a ella, subsiste bajo el imperio de otra”, como indica el art. 12 de la LER. Por otra parte, puede señalarse que el art. 12 ha sido objeto de innumerables críticas. Este artículo consagra el principio del derecho adquirido con respecto al derecho real y, por tanto, es irretroactivo. Pero en cuanto al goce y cargas del derecho, se les asimila a Página 84 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

facultades legales no ejercitadas, lo que podría transformar a la ley en retroactiva, porque a través de ello se podrían modificar las facultades a tal punto que se podría, en la práctica, privar al derecho de ellas, y nos encontraríamos ante un derecho sin facultades, sin contenido, que no serviría para nada. Ello hace aseverar a los autores que la irretroactividad del art.12 no es más que aparente, porque si bien ampara al derecho real en sí mismo al considerarlo un derecho adquirido, los goces y cargas se ven afectados por la nueva ley, lo que podría llegar a afectar la esencia del derecho. Algunos autores han querido zanjar el problema entendiendo que la expresión "todo derecho real adquirido bajo una ley" se referiría al caso que una nueva ley señale nuevos requisitos para adquirir el dominio, pero en tal caso ya no se seguiría la tesis clásica. Respecto de los otros casos mencionados (arts. 15, 16 y 17): 1. USUFRUCTOS O FIDEICOMISOS SUCESIVOS QUE SE ENCUENTREN CONSTITUIDOS. Según el art.15 si se hubiese empezado a usufructuar de ellos por el segundo usufructuario o fideicomisario, continuarán disfrutándose bajo la nueva ley, pero caducará el derecho de los demás usufructuarios o fideicomisarios si los hubiere. El CC prohíbe constituir este tipo de usufructos y fideicomisos (745 y 769), de manera que tal norma del art.15 está dada para aquellos casos que ya estaban constituidos al entrar en vigencia el CC. 2. SERVIDUMBRES. El art.16 no difiere del art.12 en el sentido que el derecho real de servidumbre no puede ser afectado por la nueva ley, pero sí se sujetarán a ésta su ejercicio y conservación. Esta norma contiene imprecisiones que han hecho pensar que se trata de errores de imprenta. Las servidumbres naturales, al depender de la natural ubicación de los predios, no son afectadas por la nueva ley; y las servidumbre voluntarias, al ser un producto de la voluntad de las partes, se regirán por la regla del art. 22. Por tanto las únicas servidumbres a que se refiere el 16 son las legales, precisamente las que no menciona el artículo 16 en referencia.

Página 85 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

El art. 17 presenta un error aún más grave al expresar "Cualquiera tendrá derecho a aprovecharse de las servidumbres naturales“, pues precisamente éstas son determinadas por la naturaleza y no por una nueva ley, por lo que es lógico pensar que el legislador no haya tenido en mente referirse a estas servidumbres, lo que se confirma con la misma redacción del precepto, que continúa señalando “......servidumbres naturales que autoriza a imponer una nueva ley”. Por esto se entiende que se refiere a las legales. Así entendido, el dueño del predio gravado no tiene derecho adquirido alguno para oponerse a la servidumbre que le imponga la nueva ley, el derecho real es respecto del predio dominante. En todo caso, como agrega la norma, quien quiera aprovecharse de la servidumbre debe abonar al dueño del predio sirviente los perjuicios que la constitución de la servidumbre le irrogare, renunciando éste por su parte las utilidades que de la reciprocidad de la servidumbre pudieran resultarle; a las cuales podrá recobrar se derecho siempre que restituya la indemnización antedicha. LA POSESIÓN (art.13) El art. 700 define a la posesión como la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño mientras otra persona no justifique serlo. La posesión es un hecho, no existe un derecho de posesión sino sólo la tenencia de la cosa. Otra cosa es que al poseedor se le confieran ciertos derechos, entre los que se incluyen las acciones posesorias. CAMBIO DE LEGISLACIÓN La posesión constituida bajo una ley anterior no se retiene, pierde o recupera bajo el imperio de una ley posterior, sino por los medios o con los requisitos señalados en ésta (art. 13). La misma crítica que se hace a la disposición que trata sobre los derechos reales se aplica aquí: la irretroactividad de las leyes sobre la posesión sólo sería ilusoria.

Página 86 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Si adquirida la posesión de una cosa bajo el imperio de una ley, no puede conservarse bajo otra posterior, sino por los medios que esta última señala, es indudable que no puede hablarse de

irretroactividad. Así, según la ley vigente, para adquirir la posesión de una

cosa basta con la tenencia de ella con ánimo de señor y dueño. Si cierta persona ha adquirido la posesión de esta forma y viene una ley posterior que exige para conservarla o retenerla una declaración por la prensa, por ejemplo, el que antes adquirió la posesión, para no perderla, veríase obligado, a virtud del artículo 13 que estudiamos, a hacer dicha declaración; debería conformarse al mandato de la nueva ley. Y esto está demostrando que las leyes sobre la posesión son retroactivas. DERECHOS ADQUIRIDOS BAJO CONDICIÓN (art.14) La condición es un elemento accidental del negocio jurídico, que puede dejar en suspenso la adquisición de un derecho o extinguirlo si está cumplida. El art.14 se pone en el caso de que la nueva ley señale un nuevo plazo en el cual deba considerarse fallida la condición. En tal caso la condición debe fallar en el plazo más breve que falte por cumplir. Por ejemplo art.739. La razón de ello es que al existir derechos sujetos a condición resolutoria, estos son inestables, y la estabilidad es necesaria en pro del principio de la seguridad y certeza jurídica, lo que se logra fallando la condición en el plazo más breve. DERECHOS SUCESORIOS (arts. 18, 19, 20 y 21). La sucesión puede ser intestada, cuando se encuentra enteramente regulada por la ley, la que se aplica cuando no existe testamento, o testamentaria, que supone que el causante hizo testamento regulándose de acuerdo a éste la sucesión. CAMBIO DE LEGISLACIÓN EN SUCESIÓN INTESTADA La LER no señala normas a las cuales debe sujetarse la sucesión en este caso, pero nadie duda que la sucesión intestada se rige por las normas vigentes al tiempo de la delación o transmisión de la asignación.

Página 87 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Esta solución está en el mensaje de la LER, que señala que “siendo constante que los derechos hereditarios no se transfieren sino a la muerte de su autor, el Proyecto establece que en cada sucesión testamentaria o abintestato, el derecho de los llamados a ella sea definido por la ley vigente a la época de su delación o transmisión. De lo transcrito se desprende que el sujeto que era incapaz de heredar según la ley antigua, puede recibir la asignación, si a la apertura de la sucesión lo considera capaz la ley nueva. Por el contrario, el que era capaz de suceder conforme a la ley antigua no podrá recoger la herencia si en el instante de su delación (actual llamamiento de la ley a aceptar o repudiar la herencia o legado), que es el de la muerte del causante, resulta incapaz con arreglo a la nueva ley. CAMBIO DE LEGISLACIÓN EN SUCESIÓN TESTAMENTARIA Para producir sus efectos el testamento requiere de la muerte del testador. Ahora, durante el lapso que media entre el otorgamiento del testamento y la muerte de su autor, pueden presentarse muchas circunstancias tanto de hecho como de derecho, y entre ellas, que hayan variado las reglas legales bajo las cuales se hizo el testamento. En todo caso, la ley no puede prever la situación patrimonial del testador. Este podría ser rico al momento de testar y estar en la miseria al morir, o viceversa. Para solucionar el cambio de legislación en materia testamentaria el legislador no da una formula única, de hecho la LER sólo soluciona algunos de los aspectos que veremos. Distinguimos:

1)CAMBIO

EN MATERIA DE SOLEMNIDADES. Según el art.18 las solemnidades externas

del testamento se rigen por la ley coetánea a su otorgamiento. De este modo, si una nueva ley exige solemnidades distintas, nada importa: el testamento conserva su valor si se otorgó en la forma requerida por la ley que entonces regía.

2)CAMBIO

EN MATERIA DE DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS. El art.18 da una regla

diferente de la anterior. En efecto, las disposiciones testamentarias se rigen por la ley Página 88 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

vigente a la época en que se defiere la asignación (muerte del testador). Como agrega el Código, “en consecuencia, prevalecerán sobre las leyes anteriores a su muerte las que reglan la incapacidad o indignidad de los herederos o asignatarios, las legítimas, mejoras, porción conyugal y deheredaciones”. La razón por la cual las disposiciones del testador se rigen por la ley vigente a su muerte, según indican los autores, estriba en que se reputan dictadas en ese mismo momento, como que antes el testamento es esencialmente revocable, y sólo desde entonces produce sus efectos, esto es, pueden hacerse efectivos los derechos y obligaciones que de él proceden. Como consecuencia de los principios anteriores, el art. 19 estatuye que “si el testamento contuviera disposiciones que según la ley bajo la cual se otorgó, no debían llevarse a efecto, lo tendrán sin embargo, siempre que ellas no se hallen en oposición con la ley vigente al tiempo de morir el testador”. Y así, por ejemplo, si hoy en día un testador deja todos sus bienes a un extraño y no respeta, por lo tanto, las asignaciones forzosas (es decir, las que es obligado a hacer a ciertas personas por mandato de la ley), y si antes de su fallecimiento se dicta otra ley que suprime las asignaciones forzosas, sus disposiciones tendrán pleno efecto, conforme al art. 19 que transcribimos.

3)CAMBIO EN MATERIA DE CAPACIDAD Y LIBRE VOLUNTAD DEL TESTADOR. Estos son los que se llaman requisitos internos del testamento, o subjetivos del testamento, y sobre el punto, la LER nada dice. Se presentan variadas soluciones en la doctrina. JOSÉ CLEMENTE FABRES afirma que la capacidad y libre voluntad del testador se rige por la ley vigente al momento del fallecimiento del causante, porque antes de ese día el testamento no es más que un mero proyecto, que sólo adquiere eficacia al morir el causante. LUIS CLARO SOLAR, señala que la capacidad y libre voluntad del testador son aspectos determinantes de las disposiciones testamentarias, y como, según el art.18, las disposiciones testamentarias se rigen por la ley vigente a la época de fallecimiento del causante, la capacidad y la libre voluntad del testador también deben sujetarse a la ley vigente a la muerte del causante, pero además deberán ajustarse a la ley vigente al Página 89 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

otorgamiento del testamento. De esta manera el aspecto que nos ocupa debe ser eficaz tanto respecto de la nueva ley como respecto de la antigua, pues una nueva ley no podría validar un acto que desde el comienzo fue nulo. ARTURO ALESSANDRI sostiene que dentro de nuestra legislación lo más aceptable es sostener que la capacidad y libre voluntad del testador quedan sujetas a la ley vigente a la época del otorgamiento del testamento y no a la del fallecimiento. Para sostener esto, esta autor señala que el art.18 supone dos situaciones, las solemnidades,

regidas

por

la

ley

coetánea

al

otorgamiento,

y

las

disposiciones

testamentarias, que se rigen por la ley vigente a la época de la apertura y de la delación de la asignación. Ahora, las solemnidades no son más que formas a través de las cuales se manifiesta la voluntad, y el art.18 sujeta a éstas a la ley coetánea al otorgamiento, de manera que parece lógico que las normas relativas a la capacidad y libre voluntad del testador también se sujetan a la ley vigente al tiempo del otorgamiento del testamento, aunque la ley posterior pueda implicar la incapacidad del testador. Aun más, Alessandri señala que este principio estaría consagrado en el art.1006 CC., que a continuación del 1005, que señala las personas inhábiles para testar, manifiesta que “el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Y, por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por le hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad”. Además agrega que la facultad de testar no es más que una forma de capacidad de ejercicio, la que dentro de la LER se considera un derecho adquirido, que subsiste a un cambio de legislación, confirmando que la capacidad y libre voluntad del testador se rige por la ley vigente a la época de otorgarse el testamento. CAMBIO DE LEGISLACIÓN RESPECTO AL DERECHO DE REPRESENTACIÓN (art. 20) A este respecto el art. 984 señala que se sucede abintestato, ya por derecho personal, ya por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos Página 90 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

hereditarios que tendría su padre o madre, si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Se puede representar a un padre o madre que, si hubiese querido o podido suceder, habría sucedido por derecho de representación. La representación se produce sólo en la descendencia del difunto y en la descendencia de sus hermanos. Ella supone además que no hay testamento (art. 986). Para entender la representación pongamos un ejemplo: si en la sucesión de Pedro hay un hijo vivo y otro que murió antes que Pedro, todos los descendientes del premuerto, hasta el infinito, heredarán en lugar del ascendiente común. Y si la herencia consistiera en 100, 50 corresponderían al hijo vivo del causante y el resto debería repartirse entre los hijos del premuerto. Ahora bien, según el art. 20 inciso 1º de la LER, en las sucesiones intestadas el derecho de representación de los llamados a ella se regirá por la ley bajo la cual se hubiese verificado su apertura. Y así, por ejemplo, si mañana se dijera por una ley que el derecho de representación sólo tiene cabida hasta el segundo grado de parentesco en línea recta y no hasta el infinito, como ocurre ahora, y si la sucesión se abre bajo el imperio de la última ley, los bisnietos del causante, que en conformidad a la ley antigua podían heredar por derecho de representación, ahora no lo podrían, porque son ellos parientes en tercer grado del causante. CASO DEL inc. 2º DEL art.20. El art. 20 inc 2º se refiere a aquella sucesión testamentaria en que se designa a una persona "x" que en caso de faltar será sustituida por aquellos que le sucederían por derecho de representación. Ejemplo: el testador instituye heredero a Patricio y si llega a faltar, a las personas que tienen derecho a representarle. En tal caso, dice la ley, para la determinación de esas personas se atenderá a la ley vigente a la fecha en que se otorgó el testamento. Y esto es lógico, porque el testador tuvo en vista para referirse al derecho de representación la ley vigente a la época en que hizo el testamento, la cual le es conocida. Cabe advertir que aquí las personas suceden, no por derecho de representación, como Página 91 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

podría inferirse de una lectura descuidada del artículo, sino en virtud del expreso llamamiento del testador, pues aquel derecho no tiene lugar en la sucesión testada. Lo que ocurre es que el testador manifiesta su voluntad remitiéndose al derecho de representación que la ley consagra para las sucesiones intestadas. CAMBIO DE LEGISLACIÓN RESPECTO DE LA PARTICIÓN Y ADJUDICACIÓN (art.21) Se regula por las normas vigentes al momento de su delación. Como ya se dijo, la delación de la herencia es el actual llamamiento que la ley hace a aceptar o repudiar la asignación. El momento de la delación es cuando muere el testador, salvo que la asignación sea condicional suspensiva, siendo entonces al cumplimiento de la condición. Así, aquí nos encontramos frente a una mera expectativa. CONTRATOS (art.22) Hay quienes creen ver en esta norma un clara expresión del efecto diferido o supervivencia de la ley antigua, lo que es difícilmente aceptable, pues la legislación chilena está inspirada en la doctrina clásica, según la cual el contrato queda al abrigo del cambio de legislación, pues de él nacen derechos que se consideran adquiridos, y así se ha expresado en la fórmula del art. 22. REGLAS DEL ART. 22. Dice este artículo, en su inciso 1º: “En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración”. Esto significa: 1. Los requisitos de existencia y validez del contrato quedan bajo el amparo de la ley antigua vigente al tiempo de celebrarse el contrato. 2. Los efectos del contrato, es decir, los derechos y obligaciones que de él emanan, quedan igualmente sujetos a la ley antigua. Aquí no se refiere a los efectos de los contratos que se producen de inmediato y que lo extinguen, ya que estos son contratos agotados, sino que se refiere a los efectos de los contratos que se encuentran en curso. El fundamento de este art.22 sería el mismo tanto para la doctrina clásica cómo para la Página 92 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

doctrina de Paul Roubier. Para la primera de cada contrato nace un derecho adquirido para cada contratante; para la segunda, en materia de contratos tiene aplicación el efecto diferido de la ley. EXCEPCIONES A ESTA NORMA Siguiendo la doctrina clásica, se trata de aquellos casos en que, en materia de contrato, no hay derechos adquiridos:

o

Las leyes procesales, o como dice la LER, las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resulten de ellos.

Estas normas no se entienden incorporadas al contrato. No hay derechos adquiridos ni supervivencia de la ley antigua, porque las reglas procesales son de derecho público y rigen in actum. Esta excepción al art.22 se repite en el art.24.

o

Las leyes penales, o como dice el Nº 2 del art.22, las que señalan penas para el caso de infracción a lo estipulado en ellos; pues será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido la infracción.

Esta norma se refiere a las penas legales, ya que las de carácter contractual o convencional, como la cláusula penal, forman parte del contrato y, por tanto, quedan sujetas a la ley vigente al tiempo de celebración del contrato. Estas sanciones o penas legales pueden ser la nulidad, indemnización o resolución. Si la ley establece alguna de estas sanciones en forma diferente a las estipuladas por la ley antigua, se regirá por la nueva ley.

o

La doctrina y la jurisprudencia han consagrado otra excepción, la de las llamadas leyes de orden público, es decir, aquellas cuyo objetivo es el interés general de la sociedad, y que deben prevalecer sobre el interés particular. La ley de orden público se aplica y produce sus efectos en forma inmediata, afectando aún a los contratos que estén en curso. Es lo que ha ocurrido en los contratos en materia monetaria.

Siguiendo esta idea, si se dicta una ley, no específicamente contractual, que disponga que a partir de hoy se prohibe pactar intereses de todo tipo, y que de hecho tendrá efectos en materia contractual, por un lado, podrá alegarse el art.22 inc.1º, pero por otro lado podría Página 93 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

sostenerse que la norma es de orden publico y, por tanto, rige in actum. Las leyes de orden publico no están definidas en la ley, de tal suerte que su calificación le corresponderá al juez. El problema de estas normas se ha dado, fundamentalmente, en materia de rentas de arrendamiento. ALCANCE DEL ART. 22 El art. 22 no sólo se aplica en materia de contratos, entendido en sentido abstracto, sino que a toda convención, esto es, todo acto jurídico del cual nacen derechos y obligaciones. Y también la norma debe extenderse a los actos jurídicos unilaterales, tales como la renuncia de un derecho, porque a su respecto exista la misma razón, además de que su no mención se explica por un error en la tramitación de la ley. Así también lo evidencia la disposición siguiente a la referida que habla de la prueba de los actos y contratos. En esta materia el legislador podrá dictar leyes con efecto retroactivo, pero señalándolo expresamente, a través de dos fórmulas:

o

Expresamente: "Esta ley tiene efecto retroactivo".

o

Diciendo que las disposiciones de esta ley se aplicarán a los contratos vigentes.

Debemos recordar que esta norma retroactiva puede estar limitada por el art.19 Nº 24 de la constitución, y que, como lo ha aceptado la jurisprudencia, de los contratos nacen derechos personales, sobre los cuales el contratante tiene también una especie de dominio, por lo que aquella norma que los afecta sería inconstitucional. PRUEBA DE ACTOS Y CONTRATOS (arts. 23 y 24). La definición clásica de prueba señala que es la demostración de la verdad de un hecho, de acuerdo a los medios legales, que sirve de fundamento al derecho que se reclama. ELEMENTOS DE LA PRUEBA Lo que se prueba son los hechos, a través de los medios que la ley establece. En la ley pueden distinguirse dos aspectos:

Página 94 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

o

ASPECTO SUSTANTIVO. Dice relación con los medios de prueba y su admisibilidad. En Chile es la ley la que señala cuáles son los medios de prueba que pueden hacer valer las partes, y lo hace taxativamente en los arts.1698 CC y 341 CPC. Además, frente a determinados asuntos la ley va señalando la admisibilidad o inadmisibilidad de los medios de prueba que la ley establece.

o

Aspecto adjetivo. Dice relación con la forma de rendir la prueba, es decir, las reglas procesales o de procedimiento que regulan la rendición de prueba.

CAMBIO DE LEGISLACIÓN EN EL ASPECTO SUSTANTIVO En cuanto a los medios de prueba y su admisibilidad la regla la da el art. 23 primera parte, según la cual tales ítems se regirán por la ley antigua. Esta norma se justifica pues en cierto modo está en armonía con el art. 22 que consagra el principio según el cual se entienden incorporadas en el contrato las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Según Claro Solar es natural que las partes al celebrar un acto tomen en cuenta los medios de prueba que establecen las leyes vigentes al tiempo de su celebración, pues de no ser así podría suceder que se defraudara el derecho del o los contratantes, por no poder probarlo por el medio con el que contó al tiempo de celebrarlo. El medio de probar el contrato es, por consiguiente, una parte integrante del contrato. Se advierte que el art.23 utiliza la expresión "podrán probarse" y no deberán probarse, de lo cual se desprende que se podrá escoger entre los medios de prueba establecidos en la antigua ley y aquellos de la nueva ley. Se ha sostenido que ello sería sólo posible en la medida que al hacer uso de un medio de prueba establecido por la nueva ley no se esté recurriendo a uno que prohibía la ley anterior. CAMBIO DE LEGISLACIÓN EN EL ASPECTO ADJETIVO A la forma de rendir la prueba se refieren tanto la segunda parte del art. 23 como el art. 24, y estas leyes se sujetan por entero a la nueva norma, porque son reglas de procedimiento, y por tanto de derecho público, que rigen in actum. Ejemplificando todo lo dicho, podemos señalar que si para probar un acto celebrado bajo la ley antigua ella permitía, por ejemplo, recurrir a testigos, podrán hacerse valer estos para Página 95 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

probar dichos actos, aunque la nueva ley no los acepte; pero en cuanto a la forma de esa prueba, deberá estarse a la ley nueva, y si conforme a la antigua la prueba de testigos podía celebrarse en secreto y la nueva ley exige que se efectúe públicamente, deberá hacerse en esta última forma. EXCEPCIONES EN MATERIA DE REGLAS PROCESALES Nos referimos a reglas que inciden en el aspecto adjetivo de la prueba, y tales excepciones las señala el art. 24, segunda parte:

o

El plazo procesal que se encuentre corriendo.

o

La diligencia ya iniciada.

Estos actos se sujetarán a la ley vigente al tiempo de su iniciación. PRESCRIPCIÓN (arts. 25 y 26). El art. 2492 señala que la prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas o de extinguir las acciones y derechos ajenos, por haberse poseído las cosas o no haberse ejercido los derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Una acción o derecho se dice prescribir cuando se extingue por la prescripción. La prescripción puede ser de dos tipos:

o

Adquisitiva, entendida como un modo de adquirir el dominio de las cosas ajenas por haberse poseído por un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Hay un dueño o titular y un poseedor o prescribiente.

o

Extintiva, entendida como un modo de extinguir las acciones y derechos ajenos por no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos legales. Hay un titular o acreedor y un deudor o prescribiente.

En ambas debe transcurrir un lapso de tiempo, habiendo inactividad por parte del dueño o acreedor, según el caso. Sin embargo, la prescripción adquisitiva, al ser un modo de adquirir el domino, implica posesión; mientras que la extintiva no comprende tal elemento, siendo sólo una forma de extinguir acciones y derechos. Página 96 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

CAMBIO DE LEGISLACIÓN La LER nos da dos reglas en esta materia: o

Art. 26, sólo se refiere a la prescripción adquisitiva, al utilizar la expresión "poseerla", que indica posesión, elemento que sólo está presente en este tipo de prescripción. Según la LER el prescribiente sólo tiene una mera expectativa, de acuerdo a la doctrina clásica, de manera que una nueva ley la afecta.

o

Art. 25. Esta regla es aplicable a ambos tipos de prescripción. En este caso la LER nos da una solución ecléctica, tal como preconizaba Savigny, dándole al prescribiente un derecho de opción para escoger entre quedar regido por la nueva o por la antigua ley, pero si opta por la nueva, el plazo no podrá comenzar a contarse sino desde ella.

Ejemplo: a) Una ley antigua requería 15 años para la prescripción, y la nueva, sólo 10. Si cuando ésta fue promulgada, iban corridos 7 años, el prescribiente puede elegir la una o la otra; pero en cualquier caso, estará obligado a completar alguna. Y como decidiéndose por la de 10, éstos empezarían a correr desde la fecha de la promulgación de la ley posterior, es indudable que optará por la de 15, ya que prescribiría con sólo 8 años más. b) Suponiendo de 10 años el tiempo de prescripción de la ley antigua, y de 6 el de la posterior; corridos 3 a la promulgación de ésta, ¿qué prescripción será conveniente elegir? La de la ley nueva, pues en conformidad a ella el derecho prescribiría en 6 años a contar desde su promulgación; en cambio, si se optara por la ley antigua, habría que esperar 7 años más para prescribir con arreglo a ella. Entre nosotros, dos leyes han reducido el plazo de prescripción. La ley 6.162 de 1938 redujo el plazo de prescripción extraordinaria de 30 a 15 años, y la ley 16.952 de 1968 lo volvió a reducir a 10 años. Sin embargo, ambas leyes dijeron que los nuevos plazos se aplicarían a las prescripciones que estuvieren en curso, derogando tácitamente al art. 25 de la LER. Además se estableció que los plazos se contarán desde que se inició la posesión y no desde que empiezan a regir estas leyes. Ello se hizo siguiendo aquel principio que Página 97 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

postula el estabilizar los derechos lo más rápido posible. Estas leyes también se preocuparon de resguardar a los titulares afectados, quienes en algunos casos tuvieron muy poco tiempo para accionar contra los prescribientes, otorgándoles un plazo de un año para que pudieren demandar a quienes estaban prescribiendo. En los casos en que ya había demanda no se podían aplicar los plazos de la nueva ley, sino que se regirían por la antigua. LA LER EN DERECHO PÚBLICO Como señalamos, en esta materia no hay derechos adquiridos, las leyes rigen in actum, de modo que sólo nos encontramos con facultades legales que si fueron ejercidas no pueden verse afectadas, y si no se han ejercido serán modificadas (derecho a sufragio, por ejemplo). En este sentido, las normas relativas a la organización judicial y competencia de los tribunales son, precisamente, de derecho público; reciben, por lo tanto, aplicación inmediata. Pero hay discrepancia de pareceres en cuanto a las leyes de competencia relacionada con litigios pendientes: Si nos encontramos con un juicio pendiente ante un tribunal y se produce un cambio legislativo, según el cual esa causa debe pasar al conocimiento de otro tribunal, se presenta el problema de determinar en definitiva cuál será el tribunal competente. Ejemplo: actualmente los juicios de divorcio son de la competencia de los jueces de letras en lo civil; supongamos que se dicte una ley que crea un tribunal especial para conocer de estos asuntos. Si la nueva ley nada dice respecto de los juicios de divorcio pendientes, ¿pasarán éstos a conocimiento del nuevo tribunal o continuarán substanciándose ante el juez de letras? He aquí el problema. - Algunos opinan que no se puede cambiar de tribunal. Su fundamento se encuentra en el principio de la "radicación", contenido en el art.109 del COT que indica que “radicado con arreglo a la ley el conocimiento de un negocio ante tribunal competente, no se alterará esta competencia por causa sobreviniente”. Además, el art. 24, 2º parte de la LER que se refiere a materias procesales, hace expresa mención a aquellas diligencias que se hubieren comenzado, las que se rigen por la ley antigua. - Otra postura sostiene que aquí no juega la regla de la fijeza o radicación, pues el hecho de Página 98 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

dictarse una nueva ley implica la cesación de la competencia que otorgaba la antigua ley. Así, sigue la regla general del art. 24, 1º parte de la LER, y siendo norma de procedimiento se aplica la ley nueva.

EFECTOS DE LA LEY EN EL ESPACIO Conforme a los principios básicos del Derecho Internacional Público todo Estado soberano e independiente ejerce dentro de su territorio, en forma absoluta y exclusiva, la potestad legislativa (facultad de dictarse sus propias leyes) y jurisdiccional (facultad de hacerlas cumplir). De aquí deriva el hecho de que cada Estado sólo puede dictar leyes y hacerlas cumplir dentro de las fronteras de su propio territorio; ninguno puede pretender que sus normas jurídicas sean respetadas más allá de sus confines territoriales. Si este doble principio fuera reconocido y aplicado con todo rigor no se producirían conflictos entre las legislaciones de los diversos Estados; cada uno aplicará sólo su propia legislación sin considerar la nacionalidad de las personas, el país en que se encuentren las cosas o en que se celebren los actos y contratos. Pero se comprende que una aplicación estricta del concepto de soberanía sería obstáculo a las relaciones internacionales y entrabaría el comercio. Estos factores determinan el respeto de las leyes extranjeras y su aplicación, en muchos casos, dentro del territorio nacional. En este sentido, puede suceder que dos o más legislaciones pretendan, simultáneamente, regir una misma situación jurídica. En esta hipótesis ¿a cuál se le dará preferencia? De esta materia se ocupa el Derecho Internacional Privado.

Página 99 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Diversas causas hacen que una situación o relación jurídica pretenda ser regida por dos o más legislaciones: la nacionalidad de los individuos, el cambio de domicilio, la circunstancia de encontrarse un bien en otro país que en el que reside el dueño, el hecho de celebrase un contrato en un país para que produzca efectos en otro, etc. El conflicto de legislaciones puede ser simple o múltiple: es simple cuando se encuentran dos legislaciones que pretenden regir un mismo caso jurídico; y es múltiple cuando las legislaciones concurrentes son más de dos; ejemplo: un ciudadano francés y otro inglés celebran un contrato en Alemania sobre bienes situados en Italia y se origina un pleito en Chile, mientras uno de los contratantes tiene su domicilio en Argentina y el otro en Bolivia. Varias teorías se han preocupado de determinar, atendiendo a diversos factores y puntos de vista, la legislación de qué país debe aplicarse cuando concurren dos o más a regir una misma situación jurídica, las que se mencionarán más adelante. TERRITORIALIDAD Y EXTRATERRITORIALIDAD DE LAS LEYES Todos los conflictos de leyes en el espacio giran en torno a dos principios: el territorial y el extraterritorial o personal. Según el principio territorial, las leyes se dictan para el territorio y tienen su límite espacial marcado por las fronteras de cada país. Por el contrario, de acuerdo al principio extraterritorial o personal las leyes se dictan para las personas, y acompañan a éstas fuera del territorio. ¿Qué ocurriría si se aplicara exclusivamente uno de los principios? Si sólo tuviera valor el de la territorialidad, el Estado podría exigir el reconocimiento exclusivo de su derecho sobre el territorio que le pertenece; pero no podría pretender que sus normas fueran reconocidas más allá de sus fronteras. Y, por el otro lado, si se aplicara en absoluto el principio personal, el Estado sólo podría legislar para sus nacionales y no podría hacer valer ninguna autoridad sobre los extranjeros que residieran en su territorio. A través de la historia ha regido en una época un principio y en otras el contrario. Así, en los tiempos de las invasiones bárbaras estuvo en vigor el principio de la personalidad de la ley, conforme al cual cada individuo permanecía exclusivamente sometido a la ley de su origen en cualquier parte que se hallara: el godo, a la ley goda; el franco, a la ley franca; el romano, a la ley romana, etc. En la época feudal, en cambio, imperó el sistema de la territorialidad de la ley traducido en el axioma de que las leyes no valen fuera del territorio en que se instituyen.

Página 100 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

TEORÍAS CONCILIADORAS DE LOS PRINCIPIOS TERRITORIAL Y PERSONAL La solución extrema de los dos principios expuestos presentaba dificultades e inconvenientes muy graves. Por eso cuando las relaciones sociales y comerciales entre los pueblos se hicieron más continuas y regulares, se comprendió que la ley no podía ser absolutamente personal ni absolutamente territorial, y que había que buscar fórmulas de armonía y conciliación entre esos dos opuestos principios. Esta ha sido la constante aspiración de los sistemas de Derecho Internacional Privado. En ellos se da por supuesto que algunas leyes son territoriales y otras tienen eficacia extraterritorial; pero lo que se discute es:

o

La preponderancia que ha de tener el principio personal o el territorial;

o

La fórmula que ha de determinar qué leyes son territoriales y cuáles personales, y

o

El fundamento o justificación de la autoridad extraterritorial del derecho interno.

Entre las teorías que han intentado dar solución a estos problemas sobresalen la de los estatutos, la de comunidad del derecho y la de la personalidad o nacionalidad del mismo. Nosotros limitaremos nuestro estudio a la primera, por estar fundada en ella, en parte, nuestra legislación. Por lo demás, todo lo relacionado con los conflictos de las leyes en el espacio cae dentro de la órbita del Derecho Internacional Privado, y es materia de dicha asignatura. Entre las teorías que han intentado dar solución a estos problemas sobresalen la de los estatutos, la de comunidad del derecho y la de la personalidad o nacionalidad del mismo. Nosotros limitaremos nuestro estudio a la primera, por estar fundada en ella, en parte, nuestra legislación. Por lo demás, todo lo relacionado con los conflictos de las leyes en el espacio cae dentro de la órbita del Derecho Internacional Privado, y es materia de dicha asignatura. TEORÍA DE LOS ESTATUTOS La teoría de los estatutos nació en el siglo XIII y se desarrolló posteriormente. Clasifica las leyes en personales, es decir, relativas a las personas; reales, o sea, relativas a los bienes y las leyes mixtas que se refieren al mismo tiempo a los bienes y a las personas y particularmente a la forma de los actos jurídicos. Página 101 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Las leyes personales afectan directa y exclusivamente al estado de persona, es decir, a la universalidad de su condición, a su capacidad o incapacidad para celebrar o ejecutar los actos de la vida civil y que si tienen relación con las cosas es sólo accesoriamente. Así, son personales: la ley que determina si el individuo es nacional o extranjero; la que fija la mayor edad; la que establece los requisitos o condiciones para celebrar el matrimonio; la que somete a los hijos de familia a la patria potestad; la que señala la capacidad de obligarse o de testar, etc. Son leyes reales las que se refieren directamente a las cosas para determinar su naturaleza y el modo de poseerlas o adquirirlas, transferirlas entre vivos y transmitirlas por causa de muerte, sin que ellas tengan relación con el estado o capacidad de la persona si no es de un modo incidental y accesorio. A esta clase pertenecen las leyes que clasifican los bienes en cosas corporales e incorporales, muebles e inmuebles; las que determinan el derecho de suceder abintestato o por testamento, las que fijan la cuota de los bienes suyos de que puede disponer libremente el testador, etc. En cuanto las leyes relativas a los actos jurídicos (mixtas) más adelante se tratarán. Ahora bien, las leyes personales tienen aplicación extraterritorial, pues siguen a la persona a cualquier país que vaya; la siguen –como decían los antiguos estatutarios- como la sombra al cuerpo. El fundamento de lo anterior radica en que tales leyes se dictan en consideración al medio ambiente, el clima, los hábitos, las costumbres que imperan en el país en que el individuo nace y se desarrolla; siendo así, estas leyes se ajustarían más a la condición del individuo, por lo cual es justo que esté sometido a ellas donde quiera que se encuentre. Por el contrario, las leyes reales sólo se aplican en el territorio en el cual están situados los bienes, es decir, tienen carácter local, territorial, y el fundamento de ello se encuentra en la soberanía territorial, esto es, el dominio eminente del Estado sobre los bienes que se hallan dentro de sus fronteras. Las leyes mixtas o relativas a los actos jurídicos se ciñen a un doble estatuto, según se trate de sus requisitos externos o internos como se señalará más adelante. Entre otros inconvenientes que ofrece la teoría de los estatutos no es menor el de la dificultad que se presenta en algunos casos para saber si una ley es real o personal, porque comprende con igual relieve a las personas y a los bienes. NUESTRA LEGISLACIÓN Página 102 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

El Código Civil adoptó como principio general el de la territorialidad de la ley, ya que siendo Chile al momento de su dictación un país en formación y escasamente poblado, al mismo tiempo que estimular la inmigración, le convenía la uniformidad de población y legislación. Por eso el artículo 14 de ese cuerpo legal dispone: “La ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, inclusos los extranjeros”. El principio de la territorialidad de la ley declarado en forma genérica, se refuerza con otra disposición más específica, la del artículo 16 que, en su primer inciso, prescribe que “los bienes situados en Chile estarán sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile”. Interpretando en forma amplia el art. 14 significa que todas las personas que habitan el territorio nacional, sean chilenos o extranjeros, quedan sometidos a la ley chilena desde el punto de vista de sus personas, bienes y actos. Y así, por ejemplo, si conforme a su ley nacional un extranjero es mayor de edad a los 17 años, dentro de nuestro territorio será menor de edad, porque la ley chilena establece la mayor edad a los 18 años. Este principio de la territorialidad absoluta está consagrado en varias disposiciones de nuestra legislación positiva y en algunas lo ha llevado al extremo. Así por ejemplo, en lo que se refiere al matrimonio, está el artículo 80 inc. 1, 2 y 3 de la Ley de Matrimonio Civil. También es una corroboración del art. 14 el art. 997 del CC que establece que “los extranjeros son llamados a las sucesiones abintestato abiertas en Chile de la misma manera y según las mismas reglas que los chilenos”. Ahora bien, el sometimiento del extranjero que vive en nuestro país a la ley chilena tiene la compensación de estar asimilado a los chilenos en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles (art. 57). En todo caso y en general, puede decirse que la doctrina de la territorialidad de la ley adoptada por el art. 14 de nuestro CC resulta mucho más práctica y conveniente: evita tener que conocer las leyes de los demás países y con ello se ahorran fraudes y errores, de modo tal que cuando en Chile se va a celebrar un acto, basta conocer la ley chilena. Igualmente, evita una desigual situación entre los individuos impidiendo que unos estén sometidos a una legislación y otros a otra diferente. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LA TERRITORIALIDAD Página 103 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

La regla de la territorialidad de la ley chilena tiene excepciones. Podemos distinguir dos clases:

o

Aplicación de la ley extranjera en Chile

o

Aplicación de la ley chilena en el extranjero.

APLICACIÓN DE LA LEY EXTRANJERA EN CHILE Artículo 16 inciso 2º del CC. Para entender esta situación cabe señalar que como se dijo anteriormente, el art. 16 en su inciso 1º constituye una manifestación clara del principio de la territorialidad de la ley, y reforzaba el art. 14, indicando que “los bienes situados en Chile están sujetos a las leyes chilenas, aunque sus dueños sean extranjeros y no residan en Chile”. Pero la excepción se encuentra en el 2º inciso, que indica que la regla anterior se entiende sin perjuicio de las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño. Esto significa que no obstante que los bienes situados en Chile están sujetos a la ley chilena, las estipulaciones contractuales que a ellos se refieren, otorgadas válidamente en el extranjero, tiene pleno valor y efecto en Chile. Ello, como es sabido, porque en todo contrato se entienden incorporadas las leyes vigentes en el lugar y al tiempo de su celebración. Pero todo lo anterior tiene una limitación, ya que el mismo art. 16 declara, en su inciso 3º, que en todo caso “los efectos de los contratos otorgados en país extraño para cumplirse en Chile, se arreglarán a la ley chilena”, lo que quiere decir que los derechos y obligaciones

que de ellos emanan deben ajustarse a la ley chilena. De este

modo, si por ejemplo, una obligación importa un hecho ilícito según nuestra legislación no podrá llevarse a cabo en Chile. Otro ejemplo: si conforme a la ley extranjera un inmueble se entiende transferido por efecto del solo contrato, en Chile el inmueble para su transferencia requerirá inscripción del contrato en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, porque en Chile la tradición del dominio de los bienes raíces se realiza mediante esa inscripción. Artículo 955 del CC. Dice este artículo que “la sucesión en los bienes de una persona se abre al momento de su muerte en su último domicilio; salvo los casos expresamente exceptuados. La sucesión se regla por la ley del domicilio en que se abre; salvas las excepciones legales”. Conforme a esta disposición, si al morir el causante tenía su domicilio en Francia, la sucesión se regirá por la ley francesa y no por la chilena aunque los bienes del difunto estén situados

Página 104 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

en nuestro país. Cabe señalar, sin embargo, que como la misma disposición indica, hay excepciones, esto es, hipótesis en que no se aplica la ley extranjera del último domicilio del causante, sino la ley chilena, como la del art. 998 del CC, que, en síntesis, vuelve a la regla general respecto a los parientes chilenos, indicando que ellos tienen en la sucesión del extranjero fallecido dentro o fuera de la República, a título de herencia o de alimentos, los mismos derechos que según las leyes chilenas les corresponderían sobre la sucesión intestada de un chileno; y los chilenos interesados pueden pedir que se les adjudique en los bienes existentes en Chile de la persona extranjera fallecida, todo lo que les corresponda en la sucesión de ésta. Un ejemplo servirá para explicar estas excepciones y contraexcepciones: Si un inglés fallecido en Inglaterra deja bienes en Chile, según la regla general de los artículos 14 y 16 la sucesión de sus bienes debería regirse por la ley chilena; pero en virtud de la excepción del art. 955 procede aplicar las leyes inglesas; sin embargo, si hay chilenos con derecho a herencia o alimentos, sus derechos se reglan por las leyes chilenas y podrán pedir que se les adjudique el total de lo que les corresponde en los bienes existentes en Chile. APLICACIÓN DE LA LEY CHILENA EN EL EXTRANJERO Se considera en el artículo 15 del CC, que señala las reglas fundamentales a este respecto: “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos que hayan de tener efecto en Chile, y en las obligaciones y derechos que nacen de su relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos”. Este principio está repetido en el art. 80 de la Ley de Matrimonio Civil, que dice que “el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno. Sin embargo, si un chileno o chilena contrajere matrimonio en país extranjero, contraviniendo a los artículos 4º, 5º, 6º y 7º de la presente ley, la contravención producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere cometido en Chile”. El fundamento del art. 15 del CC está en que el legislador no quiere que mediante un subterfugio se burlen las leyes chilenas relativas al estado y capacidad de las personas, y a las relaciones de familia, leyes todas éstas que son de orden público; de lo contrario, se Página 105 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

burlaría la ley con sólo traspasar las fronteras del país. Por otra parte, cabe observar que, en todo caso, lo que ordena el señalado artículo 15 es que el chileno debe respetar la ley chilena en el extranjero, únicamente para aquellos actos que han de tener efecto en Chile; de manera que no se trata que la ley chilena vaya a ser aplicada por tribunales extranjeros. Igualmente, cabe destacar que la señalada disposición sólo se refiere a los chilenos; por tanto, si un chileno se nacionaliza en país extranjero, dejará de estar sujeto a esta norma, como no lo está cualquier extranjero. En seguida, el art. 15 sólo hace obligatorias para el chileno que está fuera del territorio de la República las leyes chilenas relativas al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar actos que hayan de tener efectos en Chile, y las relativas a las obligaciones y derechos que nacen de las relaciones de familia. Las demás leyes chilenas, aunque sean personales, no obligan al chileno que se halla en el extranjero. En tercer lugar, el art. 15 se refiere en su nº 2 a los cónyuges y parientes chilenos, sin que la ley se preocupe de los extranjeros. ANÁLISIS DEL Nº 1 DEL ART. 15 Dice este numeral: “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero en lo relativo al estado de las personas y a su capacidad para ejecutar ciertos actos, que hayan de tener efecto en Chile”. Se puede observar respecto de esta disposición lo siguiente: a) Un acto jurídico tiene efectos en Chile cuando los derechos y obligaciones que engendra se hacen valer o cumplir en nuestro país. b) Si un chileno ejecuta en el extranjero un acto que haya de crear derechos u obligaciones en Chile, deberá ajustarse a las leyes chilenas en lo que se relaciona con el estado civil y la capacidad para ejecutar ese acto. c) De lo señalado fluye que si un extranjero ejecuta ese acto no estará sujeto a las leyes chilenas, aunque ese acto vaya a producir efectos en Chile. Y en esta última hipótesis no cabe entrar a averiguar si es capaz según la ley chilena, sino si lo es según la ley de su país. Página 106 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

ANÁLISIS DEL Nº 2 DEL ART. 15 Dice: “A las leyes patrias que reglan las obligaciones y derechos civiles, permanecerán sujetos los chilenos, no obstante su residencia o domicilio en país extranjero, en las obligaciones y derechos que nacen de su relaciones de familia; pero sólo respecto de sus cónyuges y parientes chilenos”. Este numeral tiene por objeto proteger a la familia chilena; y de su tenor se observa que el cónyuge extranjero o los parientes extranjeros no pueden acogerse a esta disposición.

LEYES RELATIVAS A LOS ACTOS JURÍDICOS (ESTATUTO MIXTO) Para determinar qué ley rige los actos jurídicos, sean unilaterales, como el testamento, sean bilaterales, como los contratos, es preciso distinguir entre los requisitos externos y los internos. Son requisitos internos o de fondo los relativos a la capacidad de los sujetos, al consentimiento de ellos, al objeto y a la causa del acto o contrato. Son requisitos externos o de forma los relativos a la manera de hacer constar fehacientemente la existencia del acto. Constituyen la manifestación externa del acto, son los que “lo hacen visible”. Así, en la compraventa de bienes raíces, la formalidad, el requisito externo o solemnidad, es la escritura pública. Ahora bien, cuando un acto jurídico se otorga o celebra en Chile, no hay necesidad de hacer distinción alguna, porque en nuestro territorio, la ley patria es obligatoria para todos; el asunto cobra importancia cuando los actos se realizan en el extranjero y ellos han de tener efectos en Chile.

Página 107 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

LEY QUE RIGE LA FORMA DE LOS ACTOS La ley chilena acoge la regla universalmente consagrada según la cual la forma de los actos, los requisitos externos, se rigen por la ley del lugar en que se otorgan o celebran, principio éste que está consagrado en el aforismo latino “locus regit actum”. La justificación de esta regla se halla en que es la única que permite, sin complicaciones, celebrar actos jurídicos en un país para producir efectos en otro. Si la forma del acto se rigiera por la ley del país en que él va a producir sus efectos, resultaría, por ejemplo, que en caso de que la legislación de éste exigiera que el acto se celebre con la intervención de un notario, el acto no podría llevarse a cabo si en el país en que se celebra no existe la institución del notariado. El aforismo locus regit actum está consagrado entre nosotros en el art. 17 del Código Civil, que señala: “La forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados. Su autenticidad se probará según las reglas establecidas en el Código de Enjuiciamiento. La forma se refiere a las solemnidades externas y la autenticidad al hecho de haber sido realmente otorgado y autorizado por las personas y de la manera que en los tales instrumentos se exprese”. Al mencionar el CC al Código de Enjuiciamiento, dicha referencia debe entenderse hecha al Código de Procedimiento Civil, en cuyo artículo 345 se regula expresamente la materia de la autenticidad. La pregunta que surge en este punto es si el CC adopta el principio del locus regit actum únicamente respecto de los instrumentos públicos, como indica, o también se aplica a los demás actos jurídicos. Del análisis de diversas disposiciones aparece que su aplicación es amplia y por tanto se aplica también a los actos jurídicos en general. Así, el propio inc. 2º del art. 16 reconoce valor en Chile a los actos o contratos válidamente otorgados en país extranjero. También el art. 15 inc. 1º de la ley de matrimonio civil lleva a la misma conclusión, indicando que “el matrimonio celebrado en país extranjero, en conformidad a las leyes del mismo país, Página 108 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

producirá en Chile los mismos efectos que si se hubiere celebrado en territorio chileno”. Lo mismo acontece con el art. 1027: “valdrá en Chile el testamento escrito, otorgado en país extranjero si por lo tocante a las solemnidades se hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria”. De este modo, cualquiera sean las formas a que se someten los actos jurídicos en el país de su otorgamiento, serán válidos en Chile si se han observado esas formas. También se pregunta si se aplica la regla del locus regit actum a los instrumentos privados, esto es, aquellos que se otorgan sin solemnidades. Como en tales instrumentos no hay formas externas, no se aplica el principio en estudio. Sin embargo, en el caso que el instrumento privado tenga algún tipo de solemnidad la situación varía. Es el caso del testamento ológrafo, que algunas legislaciones extranjeras contemplan, y que es el escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador. Conforme a lo dispuesto en el art. 1027 del CC, precedentemente transcrito, puede decirse que en tales casos los instrumentos privados otorgados en el extranjero valen en Chile si se prueba que reúnen las solemnidades exigidas en el país en que se otorgan y si además se prueba su autenticidad en la forma ordinaria. La referida norma legal no distingue si el instrumento testamentario es de carácter público o privado, por lo que se aplica a uno y a otro. Nuestra Corte Suprema ha declarado que el principio locus regit actum es de carácter general, se refiere a todo acto o contrato y a todo instrumento, sea público o privado y, entre ellos, incluso a la letra de cambio (RDJ., T. XXV, 2º parte, Sec. 1º, p. 544). De otra parte, puede señalarse que en el ordenamiento jurídico chileno el principio locus regit actum no es una regla obligatoria, sino una regla facultativa. Los nacionales pueden en el extranjero sujetarse a las leyes chilenas para realizar actos que hayan de surtir efectos en Chile, acudiendo a los funcionarios diplomáticos o consulares que estén autorizados para desempeñar en estos casos funciones de Ministros de Fe. Los chilenos residentes en el extranjero sabrán qué les conviene más, si ajustarse a las leyes chilenas o a las extranjeras. Sin embargo, puede señalarse que el otorgamiento de instrumentos ante los funcionarios diplomáticos o consulares chilenos tiene la ventaja de Página 109 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

simplificar en gran medida la prueba de la autenticidad de esos documentos; se evitan los largos y costosos trámites de legalización. Sin embargo, los chilenos que deseen celebrar matrimonio en país extranjero deben hacerlo ciñéndose necesariamente a las leyes de ese país, porque los Cónsules chilenos que tienen atribuciones para actuar como Ministros de Fe Pública, expresamente están privados de la facultad de intervenir como Oficial Civil en la celebración de matrimonios (Reglamento Consular, publicado en el D. O. de 29 de julio de 1977). Se indica en doctrina que el principio del locus regit actum tiene una excepción en el art. 1027 del CC ya citado, toda vez que sólo reconoce validez a los testamentos otorgados en país extranjero cuando fueren escritos; no se reconoce validez en Chile a un testamento verbal otorgado en otro país, cualquiera que sea el valor que las leyes de ese país le atribuyan. La excepción se justifica por la dificultad que habría en nuestro país de probar su autenticidad, prestándose el acto a fraudes más o menos fáciles. Un último tema a mencionar, se refiere a aquellos casos en que las escrituras privadas no valen como prueba en Chile. A este respecto, el art. 18 del CC señala que “en los casos en que las leyes chilenas exigieren instrumentos públicos para pruebas que han de rendirse y producir efecto en Chile, no valdrán las escrituras privadas, cualquiera que sea la fuerza de éstas en el país en que hubieren sido otorgadas”. Así, por ejemplo, si en un país los bienes raíces pueden venderse por escritura privada, ésta no podrá operar en Chile tratándose de un inmueble situado en nuestro país, porque la ley chilena exige escritura pública, y no podría solicitarse la inscripción con la escritura privada. LEY QUE RIGE LOS REQUISITOS INTERNOS DEL ACTO Los requisitos internos o de fondo son los que constituyen la substancia del acto y se miran como tales la capacidad de las partes, el consentimiento de ellas, el objeto y la causa del acto. Entre nosotros se concluye que todos estos requisitos, salva una excepción, se rigen por la ley del lugar en que se otorga el acto o contrato. Así se ha deducido de la norma del CC que da valor en Chile a las estipulaciones contenidas en los contratos otorgados válidamente en país extraño (Art. 16 inc. 2º). La excepción que se ha mencionado lo constituye el art. 15 Nº 1 del CC, ya estudiado Página 110 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

anteriormente, por el cual se somete a la ley patria la capacidad y el estado de los chilenos que ejecutan ciertos actos en el extranjero que han de tener efecto en nuestro país. LEY QUE RIGE LOS EFECTOS DE LOS CONTRATOS OTORGADOS EN EL EXTRANJERO Los contratos otorgados válidamente en país extraño producen efectos en Chile, es decir, los derechos y obligaciones que ellos engendran pueden hacerse valer en nuestro país; pero para cumplirse en él deben arreglarse a la ley chilena (art. 16 inc. 2º y 3º). Ejemplo: si conforme a la ley extranjera un inmueble se entiende transferido por efecto del solo contrato, en Chile el inmueble para su transferencia requerirá inscripción del contrato en el Registro del Conservador de Bienes Raíces, porque en Chile la tradición del dominio de los bienes raíces se realiza mediante esa inscripción.

LA TEORÍA DEL ACTO JURÍDICO Se dice que siempre a través de la historia se ha tratado de encontrar el elemento común o que vinculara a las diversas instituciones del derecho civil, por ejemplo: qué pueden tener en común el matrimonio con la compraventa. Un primer punto es que ELLOS NACEN A CONSECUENCIA DE LA VOLUNTAD DEL HOMBRE y efectuada con un propósito determinado; y en segundo lugar también les une que todos esos actos PRODUCEN EFECTOS JURÍDICOS, ya que crean, modifican o extinguen derechos. A ESTOS ACTOS REALIZADOS POR EL HOMBRE, CON UN PROPÓSITO DETERMINADO Y QUE PRODUCEN EFECTOS JURÍDICOS DE CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS SE LES DENOMINA ACTOS JURÍDICOS De aquí entonces que los autores han tratado de establecer las reglas o principios generales aplicables a todos los actos jurídicos, sea cual fuere su especie, y es así como surge la Teoría General del Acto Jurídico.

Página 111 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Su fundamento histórico está en el concepto de LA LIBERTAD PERSONAL surgido en el siglo XVIII en el sentido que la persona es libre para obligarse si así lo quiere. Este es el principio de la AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD, en el sentido de que las personas son libres para realizar los actos jurídicos que deseen, así como determinar su contenido y los efectos de los mismos. De esta manera, esa voluntad libre de las personas es lo que constituye la base de la teoría general del acto jurídico. El Código civil no regula expresamente la teoría general del acto jurídico, y desconoce incluso el término, pero el Libro IV (“De las Obligaciones en General y de los Contratos”) tiene muchas normas que, por su carácter general, pueden aplicarse, no sólo a los contratos, sino que también a los actos jurídicos que no participan de esa calidad.

LOS HECHOS JURÍDICOS. CONCEPTOS GENERALES

Antes de comenzar el estudio de los actos jurídicos, debemos detenernos en el concepto de hecho, el cual, en sentido amplio es comprensivo de todo tipo de acontecimientos, actuaciones, sucesos o situaciones, y pueden tener su origen tanto en la naturaleza como en actos del hombre. 1) DE LA NATURALEZA: La lluvia, la muerte, el nacimiento. Página 112 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

2) DEL HOMBRE: Casarse, comer, caminar. De todos estos hechos no todos interesan al derecho, pues algunos desde el punto de vista jurídico son irrelevantes, entonces acordaremos que sólo interesan al derecho aquellos que producen efectos jurídicos, por eso se llaman HECHOS JURÍDICOS. De esta manera surge una primera clasificación: 1) HECHOS NO JURÍDICOS (también llamados hechos simples o materiales): son aquellos hechos del hombre o de la naturaleza que no producen efectos jurídicos (caminar, la lluvia, comer). 2) HECHOS JURÍDICOS: Son aquellos acontecimientos, ya sea de la naturaleza o del hombre,

pero

que

producen

efectos

jurídicos,

los

cuales

pueden

consistir

en:

ADQUISICIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS. Los HECHOS JURÍDICOS es posible clasificarlos en: HECHOS JURÍDICOS DE LA NATURALEZA Y HECHOS JURÍDICOS DEL HOMBRE O VOLUNTARIOS: HECHOS JURÍDICOS DE LA NATURALEZA: son aquellos que provienen de la naturaleza. Entre éstos, merecen citarse, por su relevancia, los siguientes:

o

El nacimiento, ya que con el hecho natural del nacimiento la criatura que estaba en el vientre materno adquiere la calidad de persona que lo habilita para ser titular de derechos subjetivos.

o

La muerte, porque este hecho pone fin a la existencia de las personas, produciéndose la transmisión de los derechos y obligaciones transmisibles del causante a sus herederos.

o

La demencia, porque es un hecho natural que priva al demente de la capacidad de ejercer por sí mismos sus derechos, debiendo nombrársele un curador.

o

La adquisición de la mayoría de edad, ya que el solo transcurso del tiempo hace que la Página 113 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

persona que cumpla 18 años de edad adquiera la plena capacidad para ejercer por sí misma los derechos civiles.

o

Paso del tiempo para el cómputo de la prescripción adquisitiva.

o

Caída de un rayo como presupuesto del caso fortuito, y que libra de responsabilidad.

HECHOS JURÍDICOS DEL HOMBRE: son aquellos que provienen del hombre. Pueden ser voluntarios e involuntarios. Ejemplo: El contrato de compraventa, el matrimonio, la comisión de un delito civil o penal. La crítica que se hace a esta clasificación es que hay hechos que participan de ambas características, o sea, provenientes de la naturaleza y de la voluntad del hombre, lo que revelaría que la clasificación es equivocada o artificial. Estos hechos son conocidos como HECHOS HÍBRIDOS, como por ejemplo el suicidio, ya que si bien se trata de un hecho natural, no puede desconocerse que se produjo por un hecho voluntario de la víctima. HECHOS JURÍDICOS DEL HOMBRE O VOLUNTARIOS Estos hechos del hombre admiten una clasificación: HECHOS JURÍDICOS DEL HOMBRE LÍCITOS O ILÍCITOS: HECHOS JURÍDICOS DEL HOMBRE LÍCITOS: Son aquellos que se conforman con el derecho, o sea, están de acuerdo con las normas del derecho. Estos pueden ser ejecutados con intención (acto jurídico o negocio jurídico), o sin intención (cuasicontrato) HECHOS JURÍDICO DEL HOMBRE ILÍCITOS: Son aquellos que son contrarios a derecho. Pueden ser cometidos con intención (delito civil) o sin intención (cuasidelito civil). Es importante mencionar que sólo los hechos jurídicos lícitos están protegidos por el derecho y son los que producen los efectos queridos por las partes o por el autor.

Página 114 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

Frente a los actos jurídicos ilícitos el derecho los sanciona de dos formas: Impidiendo que el acto produzca los hechos queridos por las partes o por el autor Ordenando reparar los daños causados. Así por ejemplo un acto en que el consentimiento de una de las partes fue obtenido por la fuerza, este sería un acto jurídico ilícito, ya que contraviene lo que el ordenamiento jurídico quiere: que el consentimiento se preste en forma libre y espontánea, por lo cual la ley da la posibilidad que se solicite la nulidad del contrato. Otro ejemplo podría ser cualquier delito o cuasidelito civil, en que la legislación reacciona obligando al que cometió el daño a reparar los perjuicios causados. Otra clasificación de los actos jurídicos del hombre distingue entre: ACTOS JURÍDICOS Y NEGOCIOS JURÍDICOS: Reconozcamos que esta clasificación no la hace la doctrina nacional, sino la extranjera, específicamente la Alemana y la Italiana principalmente, las cuales indican que caracteriza al EL NEGOCIO JURÍDICO el hecho de que los efectos por él producidos son los queridos por su autor o por las partes, de tal modo que dichos efectos surgen como consecuencia inmediata y directa de la voluntad. En cambio, en el ACTO JURÍDICO los efectos que éste produce no van necesariamente adheridos a la voluntad de sus autores y, muchas veces, son independientes de ella. Por ejemplo, negocio jurídico sería un contrato de compraventa y acto jurídico sería la construcción de un edificio en terreno ajeno sin conocimiento del dueño. El constructor ejecuta un acto voluntario que va a producir efectos jurídicos: el dueño del terreno se hace dueño del edificio, efecto que indudablemente no es el querido por el constructor y surge como independiente de su voluntad. En Chile no existe esta distinción, y se distingue únicamente entre actos voluntarios realizados con la intención de producir efectos jurídicos y los actos voluntarios realizados Página 115 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

sin dicha intención, denominando actos jurídicos sólo a los primeros. CONCEPTO DE ACTO JURÍDICO De acuerdo a todo lo dicho anteriormente, el acto jurídico puede definirse como LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD HECHA CON EL PROPÓSITO DE PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS, LOS CUALES PUEDEN CONSISTIR EN CREAR, MODIFICAR O EXTINGUIR DERECHOS. En esta definición de acto jurídico intervienen 2 ELEMENTOS FUNDAMENTALES: UNA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD: Es decir, no basta la existencia de una voluntad interna, sino que la voluntad de la persona debe exteriorizarse a través de una declaración o un comportamiento que permita conocer esa voluntad. La mera intención de celebrar un acto jurídico que se mantiene oculta en el fuero interno no produce consecuencia alguna para el derecho; debe ella exteriorizarse. VOLUNTAD DESTINADA A PRODUCIR EFECTOS JURÍDICOS: Esto es, crear, modificar o extinguir derechos subjetivos. Sin embargo, la doctrina moderna dice que lo que las partes en realidad quieren es un fin eminentemente práctico, sin conocer, muchas veces, los efectos jurídicos que determina la ley. Por ejemplo, en la compraventa, lo que quieren las partes realmente es vender y comprar respectivamente, pero es poco probable que conozcan el exacto contenido jurídico de las obligaciones que asumen. ESTRUCTURA DEL ACTO JURÍDICO En lo relativo a este aspecto, es tradicional la distinción entre: o

ELEMENTOS DE LA ESENCIA (O ESENCIALES) DEL ACTO JURÍDICO

o

ELEMENTOS DE LA NATURALEZA (O NATURALES) DEL ACTO JURÍDICO

o ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL ACTO JURÍDICO ELEMENTOS DE LA ESENCIA (O ESENCIALES) DEL ACTO JURÍDICO: Estos pueden ser: COMUNES O GENERALES: Son aquellos que nunca pueden faltar en ningún acto jurídico, sea cual fuere su especie.

Página 116 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

ESPECIALES O ESPECÍFICOS: Son aquellos que se requieren según sea el acto jurídico de que se trate. Ejemplo: El testamento y la compraventa tienen elementos esenciales comunes, pero tienen elementos esenciales especiales diferentes. ELEMENTOS ESENCIALES COMUNES Para un sector de la doctrina son sólo dos: LA VOLUNTAD LA CAUSA. Para otros -doctrina anticausalista- sería sólo LA VOLUNTAD Pero en la doctrina tradicional hay consenso en que los elementos esenciales comunes son: 1) LA VOLUNTAD 2) EL OBJETO 3) LA CAUSA Al efecto, el art. 1444 del CC “aquellas sin las cuales o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente”. De lo referido se desprende claramente las consecuencias que produce la falta de un elemento de la esencia. Si se omite un elemento esencial común o general el acto no produce ningún efecto; es la nada o inexistencia jurídica. En cambio, la omisión de un elemento esencial propio y específico del acto, si bien impide que se produzcan los efectos de éste, no cierra la posibilidad de que produzcan los efectos de otro acto jurídico, para cuya existencia fue idónea la manifestación de voluntad. Ejemplo: elemento esencial común es la voluntad, ya sea en un contrato, en un testamento, etc, por que sin ésta sería imposible que dichos actos jurídicos nacieran o produjeran efecto alguno. Un ejemplo de un caso en que se omite un elemento esencial especial es el caso de la compraventa en la cual se omite el precio. En este evento, ella degenerará en otro contrato llamado permuta porque se entiende que se trata de un cambio de una cosa por otra. En consecuencia, necesarios y suficientes para la constitución de todo acto jurídico son la voluntad, aunque esté viciada; el objeto y la causa, aunque sean ilícitos. ELEMENTOS DE LA NATURALEZA DEL ACTO JURÍDICO: Estos son aquellos que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial (ART Página 117 de 118

DERECHO CIVIL I CLASES 01 – 06, PROFESOR JORGE FERNANDEZ, DERECHO VESPERTINO, UST

1444 CC.) Ejemplo: En la compraventa, la obligación de saneamiento de la evicción y los vicios redhibitorios que tiene el vendedor (ART 1824 del CC). Estas obligaciones son un elemento natural, pues el vendedor contrae dichas obligaciones sin necesidad de una expresa declaración de voluntad en tal sentido, porque la ley lo subentiende. Sin embargo, por no ser esenciales de la compraventa, nada obsta a que las partes eliminen, si quieren, dicho efecto y en virtud de una expresa declaración de voluntad acuerden que el vendedor no contrae tales responsabilidades. ELEMENTOS ACCIDENTALES DEL ACTO JURÍDICO: Son aquellos que ni esencial, ni naturalmente le pertenecen al acto y que se le agregan por medio de cláusulas especiales (ART 1444 CC.): Ejemplo: LA CONDICIÓN, EL PLAZO Y EL MODO. Ejemplo: En un contrato de compraventa en virtud de un cláusula especial las partes establecen por medio de la autonomía de la voluntad que una de ellas pagará el precio en 10 días más y lo mismo sucederá respecto de la entrega de la cosa, o sea establecieron UN PLAZO de pago y de entrega.

Página 118 de 118