Deforestacion Y Tenencia De Tierras

DEFORESTACION Y TENENCIA DE TIERRAS De manera general, la mayoría de los problemas relacionados con el uso actual de los recursos naturales se origina en las condiciones de tenencia u otorgación de derechos de uso de los mismos, que no ofrecen garantías de largo plazo, dando lugar a un enfoque extractivista, que pocas veces ha tomado en cuenta su aptitud, primando el concepto de explotación que maximiza el valor económico presente y no considera las posibilidades futuras, ni la capacidad y costo de reposición. Por ejemplo, por lo general se considera que los problemas de tenencia cuentan entre las causas principales de la rápida deforestación en América Latina. La inseguridad de la tenencia en las tierras agrícolas impide que éstas se utilicen en forma más racional y con gran intensidad de mano de obra, lo que podría reducir las presiones migratorias hacia las áreas de frontera. En las zonas fronterizas, la imposibilidad de que los gobiernos hagan respetar sus derechos de propiedad, y otras políticas equivocadas, fomentan la eliminación de la cubierta forestal en forma particularmente aguda. Esas fallas de mercado y de políticas promueven el manejo inadecuado de la tierra: así, en América Latina, la existencia de legislación incompleta, la demora en la reglamentación de la Ley y el saneamiento de los derechos de propiedad sobre la tierra (en muchos países existe todavía un sistema informal de posesión física de la tierra, limitan el desarrollo de un mercado de tierras dinámico, eficiente, que promueva el uso sostenible de este recurso en sus distintas alternativas posibles. El acceso a la tierra y demás recursos productivos es uno de los medios más eficaces para garantizar la seguridad alimentaría y combatir la pobreza rural. Los campesinos que obtienen tierras aptas para la agricultura incrementan la productividad de los cultivos, producen bienes más remunerativos y hacen un uso más eficiente de los recursos, contribuyendo al desarrollo de sistemas agrícolas más sostenibles. No obstante, en las condiciones actuales de distribución y tenencia de la tierra en la región, las propiedades grandes, ocupan generalmente los mejores suelos, tanto por la presencia de pendientes bajas como por la calidad de los mismos, mientras que los pequeños propietarios (minifundios) ocupan las tierras situadas en pendientes fuertes y con las peores características. Esto origina una distorsión en el uso del suelo, pues por una parte se subutiliza la tierra con ganadería en zonas aptas para el desarrollo agrícola y, por otra parte, se sobreutiliza el recurso en las zonas más frágiles, con las consecuencias lógicas de erosión y degradación del suelo. Según la teoría económica, al aumentar la seguridad de tenencia en las áreas agrícolas establecidas debería aumentar la productividad, el uso de la mano de obra y la eficacia de las transacciones del mercado de tierras. Las experiencias obtenidas en la región confirman que con un título de propiedad es más fácil obtener crédito y se invierte más en las explotaciones agrícolas. Por lo tanto, el fortalecimiento de los derechos de propiedad es un elemento importante de toda estrategia encaminada a fomentar la agricultura intensiva y la

generación de empleo. También se reducen las presiones demográficas sobre los recursos forestales y la demanda de una mayor producción agrícola. Sin embargo, la seguridad de tenencia debe estar complementada con la eliminación de la parcialidad en las políticas, que facilita la concentración de tierras en manos de grandes propietarios y la subutilización de las tierras productivas. En las áreas forestadas, las políticas de tenencia de la tierra tienen un papel importante para reducir el interés en la deforestación. Pero las políticas relacionadas con los derechos de propiedad por sí solas no pueden ser el elemento central de una estrategia para reducir las presiones sobre los bosques en las zonas de frontera. Sean cuales fueren esas políticas, es probable que la tala del bosque persista si las áreas colonizadas no ofrecen suficientes oportunidades de empleo a los migrantes. Además, las tendencias a la deforestación van a perdurar si las políticas de los gobiernos siguen apoyando el desmonte, al otorgar derechos de propiedad ex post-facto a los colonos y aumentar la rentabilidad privada de otros usos no sostenibles de la tierra. Una solución al problema de tenencia de la tierra pasa indudablemente por la reversión, la expropiación y el reagrupamiento de tierras para allanar la inseguridad jurídica. Lamentablemente a pesar de tener puntos favorables en algunas leyes, en la región todavía no existe la voluntad política de asumirlas. Conflictos de tenencia de la tierra La sobre posición de usos emergente del ordenamiento jurídico, que permite el uso simultáneo del suelo, subsuelo y vuelo por diferentes entidades en un mismo espacio territorial, constituye uno de los problemas centrales del uso de los recursos naturales renovables en Bolivia. Superposiciones de derechos sobre la tierra Existe una evidente anarquía en la expansión de la colonización y de la reforma agraria. Entre estas dos actividades, que son también servicios nacionales, tampoco se ha encontrado, hasta ahora, una coordinación adecuada y ambos servicios distribuyen tierras y títulos, en muchos casos, sobrepuestos. Aún, en gran número de casos, ninguno de los servicios puede controlar la ocupación de tierras. Debido a esta anarquía, muchos ecosistemas han sido destruidos. Entre ellos, la Reserva de Chimanes y el proyecto de Parque Nacional de Pilón Lajas han sido invadidos y depredados. La Reserva Nacional Amazónica Manuripi-Heath ha sido asediata por la ganadería comercial por un sector, y la colonización por otro. Entre ambos están liquidando otra unidad de conservación. Contratos de aprovechamiento forestal El acceso al recurso bosque con fines industriales, procedía mediante Contratos de Aprovechamiento Forestal a corto, mediano o largo plazo, los que fueron suscritos por el Centro de Desarrollo Forestal, estos contratos implicaron volúmenes maderables de extracción anual y estaban referidos a una determinada superficie de tierra (área de corte), sobre la que no se concede derecho alguno. Los contratos de aprovechamiento forestal debieron haberse otorgado en áreas clasificadas como Reservas Forestales donde la tierras es copropiedad del

Estado, sin embargo, estos contratos cubrieron, en términos territoriales, grandes áreas anteriormente otorgadas por el Consejo de Reforma Agraria o el Instituto Nacional de Colonización, para usos agropecuarios ; así también afectaron áreas protegidas. En razón de ello, en áreas fuera de las reservas forestales, existen dos propietarios de derechos en una misma porción de tierra. Estos contratos cubrieron aproximadamente un 22 % de la superficie del país, parte de ellos en las reservas forestales Chore y Guarayos donde también hay un persistente y continuo avance de la colonización, habilitando tierras forestales para cultivos. En virtud de la promulgación de la nueva Ley Forestal (N°1700), se procederá al « saneamiento » de los contratos para su paulatina adecuación a la figura jurídica de « concesión », lo que permitirá, en base a esta nueva norma legal, superar los actuales conflictos de derechos emergentes de las superposiciones con dotaciones y adjudicaciones agropecuarias. En caso de desmontes con fines de habilitación de tierras para usos agropecuarios, el Centro de Desarrollo Forestal solicitaba verificación del derecho propietario sobre la tierra, requerimiento que no siempre se cumplió, pero que ayudó a minimizar el problema. Contratos de operaciones de hidrocarburos Los contratos para la explotación de hidrocarburos los otorga Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en representación del Estado Boliviano, tanto a empresas nacionales como extranjeras ; estos contratos pueden ser de exploración o explotación, ambos otorgan derechos prioritarios ante la posible incompatibilidad de uso y de derechos con otros recursos, dado su carácter estratégico y prioritario para el interés nacional. Concesiones mineras El acceso a las concesiones mineras procede a solicitud de parte, mediante título ejecutorial otorgado por ante un notario de minas, previa verificación en el catastro minero. Los problemas de superposición de derechos se resuelven por el Superintendente de Minas, quien también tiene potestad para la resolución de las controversias suscitadas entre los concesionarios mineros y los titulares de otros derechos, como los de uso de recursos renovables, esto por disposición expresa del Código de Minería, dada su aplicación preferente ante otras leyes.