Contexto Sociopolitico Ddr.docx

CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO E HISTÓRICO DEL DDR EN COLOMBIA Y EN MEDELLÍN.

Violencia en Colombia

De diversas maneras, nuestro país ha sido afectado por expresiones de violencia, una de ellas ha sido la vivencia de conflictividades resueltas por la vía armada durante un periodo de larga duración. Estas expresiones de violencia han sido la manifestación de desórdenes y procesos políticos que no han podido ser corregidos bajo parámetros democráticos. Esta situación a su vez ha estado acompañada por la complejización en la relación: Estado-gobierno-ciudadanos, en cuyas expresiones de violencia se encuentra la vinculación a los GAI y la reacción armada de la población ante inconformidades con los procesos político democráticos; como consecuencia en diferentes grupos sociales expuestos a situaciones de crisis social, se han legitimado diversas expresiones de ilegalidad combinadas con acciones de violencia. La ilegalidad y la violencia, han llegado a ser consideradas como formas válidas de estar en la sociedad, problemas que han exigido que las instituciones estatales generen tanto estrategias que permitan volver al cuerpo social a quienes han participado en la conformación de grupos armados ilegales, como formas de prevención en las nuevas generaciones de colombianos, para prevenir la reconfiguración de nuevos ciclos de violencia e ilegalidad.

Un recorrido por los puntos cruciales en la historia de violencia en Colombia durante las últimas décadas, evidencia que la desigualdad en la repartición de la riqueza, la corrupción en varios los niveles de la sociedad, la monopolización del poder por los partidos políticos, el desarrollo de las guerrillas, la aparición sobre la escena del tráfico de drogas, el surgimiento de las AUC y posteriormente las Bandas Criminales (BACRIM), entre otros aspectos, explican el nivel de violencia que se vive en Colombia, que según Redepaz, (2009) es elevado en comparación

con otros países a nivel mundial. La población ha estado en medio de la confrontación armada y la cooptación de grupos armados ilegales, lo cual genera que los colombianos perciban vivir en una cultura del miedo en la cual son permanentemente víctimas o testigos de ejercicios de violencia. (Palacio, Abello, Maldarriaga, y Sabatier, 1999). Daniel Pécaut (2003), distinguido estudioso de los fenómenos políticos en Colombia, en su libro Midiendo Fuerzas, remite al análisis de la realidad del conflicto que ha atravesado Colombia, el cual en forma diversa y fluctuante se extiende hasta nuestros días, a su vez plantea que por los estados de desesperanza algunos colombianos de diversas clases sociales, parecen estar convencidos de que la tragedia actual no es sino la continuación de las diversas guerras internas que sacudieron al país a lo largo del siglo XIX. Se puede constatar además, que desde hace aproximadamente 100 años, Colombia se ha acostumbrado a vivir en una situación intermedia entre la guerra y la paz, los enfrentamientos no han dejado de agravarse, y los sucesivos procesos de paz han creado la ilusión de que en cualquier momento una transición sería imposible, debido a la percepción de fracaso entre los ciudadanos. Aún así los últimos años, como efecto de la evolución y el desarrollo social que hace sociedades más exigentes de sus sistemas de gobierno, se ha planteado la necesidad inminente de nuevas formas de gobierno, en las cuales la relación entre gobernantes y ciudadanos haga alusión a la legitimidad y a la posibilidad de cambio. Las nuevas generaciones se han caracterizado por una conciencia social que avizora el papel protagónico que adquiere la sociedad civil vinculada con las instituciones estatales; es decir tanto en el sostenimiento de ciclos de violencia como en la resolución no violenta de las conflictividades cotidianas se reconoce que es decisivo el papel protagónico de los individuos del común que conforman el conjunto social.

Reseña histórica de los procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración en Colombia. “A diferencia de las negociaciones en países centroamericanos como El Salvador y Guatemala, en Colombia las negociaciones de paz se han caracterizado por responder a una lógica de paz parcial, situación que ha impedido un proceso óptimo de resarcimiento, perdón y reconciliación”. (Gaviria, 2006).

Según la Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica (ACR), de la Presidencia de la República de Colombia, “desmovilización” y “reintegración” son palabras que hacen alusión a procesos complementarios, en el marco de las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los grupos armados responsables de acciones de violencia. En la vía de lo político se ha buscado que se reconozcan las intuiciones estatales coercitivas, como exclusivos actores políticos legales a las cuales les corresponde el monopolio de las armas, lo cual configura un Estado encargado de la exigibilidad de deberes, pero también que posibilite el ejercicio pleno de los derechos humanos a los ciudadanos que habitan los territorios. Cuando se recorre la historia de Colombia, se puede constatar cómo desde la guerra de los mil días, la construcción del Estado, se ha

visto aludida

constantemente a diálogos, negociaciones y procesos de DDR con diversos grupos armados. Los diferentes gobiernos han diseñado estrategias para la inclusión a la sociedad actores armados que se desmovilizan. Situación que ha implicado el planteamiento de puntos de acuerdo entre las partes, y tienen como finalidad evitar la repetición de ciclos de violencia, sostenidas históricamente desde interacciones que avalan la venganza como forma de relación entre los individuos de la sociedad a través de las formas en que se resuelven los conflictos. Según las leyes y las experiencias que ha vivido el país en torno al tema de DDR, estas palabras significan:

Desmovilización: es un proceso que implica la dejación de las armas y la decisión de abandonar la vía ilegal. La desmovilización puede ser colectiva o individual. La primera tiene que ver con los acuerdos de paz entre el Gobierno y el grupo armado; y la segunda depende de la voluntad de una persona perteneciente a un grupo armado. Desmovilizado: es la persona que por decisión individual y/o colectiva abandona voluntariamente sus actividades como miembro de organizaciones armadas al margen de la ley (grupos guerrilleros y grupos de autodefensa) y se entrega a las autoridades de la República. Reintegración: es el proceso posterior a la desmovilización, que pretende el reintegro a la vida civil. Se relaciona con deberes y derechos legales, democráticos, sociales y económicos que tienen y pueden asumir quienes dejen las armas para lograr este propósito.

Desde 1902, hasta antes de la desmovilización de las AUC, se identifican por lo menos 16 procesos de entrega de grupos armados, en los cuales se pueden observan 2 categorías: la primera de ellas, en la cual se acuerda 1 perdón y olvido, exclusión en procesos políticos, compromisos de ciudadanía, y compromisos de no volver delinquir; en la segunda se incluyen en los acuerdos: negociación política, inclusión en las estructuras de incidencia, acuerdos para la paz, realización de programas, indulto jurídico y plan de reconciliación nacional; en Antioquia se acuerdan desmovilizaciones

de al

menos 8 grupos armados con incidencia en la región.

1

Las primeras negociaciones de las que se tiene reporte en nuestra historia están establecidas hacia los primeros indultos y amnistías registrados en La Guerra de los Mil Días (1899 -1903). Este conflicto comprometió a todo el país, con excepción de las zonas selváticas y el departamento de Antioquia.

Tabla (2): Procesos DDR en Colombia, Antioquia y Medellín. (fuente: viva palabra. Elaboración PPR) Primera

categoría:

Perdón

y

olvido,

exclusión

en

procesos

políticos,

compromisos de ciudadanía, y no volver delinquir ACUERDO

AÑO

CONFLICTO INTERVENCIÓN ESTATAL

Neerlandia,

Hasta

Guerra

de A cambio de la entrega de armas,

los

firmado

en 1902

los mil días2 tratados incluyeron libertad a los prisioneros

noviembre

de

desde 18 de de guerra, amnistía a los denominados

1902

octubre

de revolucionarios,

y

juzgamiento

a

los

Wisconsin.

1889.

En responsables de delitos no políticos. Liberales

Guerrillas

Santander.

excluidos de los acuerdos.

Ley 82 del 10 1948

Violencia

Legitimar a las clases populares para que

de diciembre de -1957

partidista

dejaran de ser perseguidas por la protesta y el

liberal. Chinácota

1948

para

alzamiento posteriormente tras la ubicación

y

de los dirigentes gaitanistas, los pájaros3

los

arremeten en forma violenta y los dirigentes

perdonar olvidar

acontecimientos

gaitanistas fueron cayendo asesinados.

del 9 de abril.

2 3

http://www.youtube.com/watch?v=azq5jmY_egY&feature=related Ejército Armado que operaba en forma ilegal con ideología política de corte conservadora.

Decreto

1823 1953

Violencia

Amnistía a quienes se habían levantado

de

1953

bipartidista

contra las instituciones y cometido excesos.

“entrega de la

Surgió

guerrilla liberal”

Socorro.

Gobierno

la

Oficina de

Rehabilitación y

del

general Gustavo Rojas Decreto 2184

Amnistía a los militares comprometidos en el intento

de

golpe

contra

Alfonso

López

Pumarejo. Se desmovilizaron las guerrillas con 111 combatientes, no hubo entrega de armas y se les otorgó un salvoconducto para el porte de éstas. 2585 de 1958

1958

Frente

Medida unilateral que brindaba amnistía e

Nacional.

indulto para delitos cometidos antes del 15 de

Represión

octubre de ese año.

política.

Segunda categoría: negociación política, inclusión en las estructuras de incidencia, acuerdos para la paz, realización de programas, indulto jurídico y plan de reconciliación nacional. ACUERDO Ciclo de procesos DDR con las guerrillas. Movimiento 19 de Abril (M19), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de

AÑO Desde noviembre 1989. – hasta julio de 1998. Ocho procesos de negociación.

CONFLICTO Exclusión: política, social y económica.

INTERVENCIÓN ESTATAL Inclusión y transformación social, los ex

-grupos

alzados

en

armas

agilizaron sus procesos para participar en

la

Asamblea

Nacional

Constituyente, con el fin de lograr un verdadero tratado de paz, restituir el Estado

de

Derecho

institucionalmente

y la

consolidar apertura

Liberación (EPL), y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL), Corriente de Renovación Socialista (CRC). Procesos en 1989 – 1998 Antioquia

1989, 1989 Noviembre 2. Pacto Político por la Paz y la Democracia. (M -19)

Acuerdo final 1990 con el PRT. 1990, agosto 2. Acuerdo Final 1991 Con EPL. 1991, febrero 15. Acuerdo final 1991 QL. 1991, mayo 27. Decreto 213 de 1991. Acuerdo final. 1991 Comando Ernesto Rojas.

democrática.

Exclusión política, social, económica (presencia de narcotráfico) Exclusión política, social, económica (presencia de narcotráfico)

Solución parcial a situaciones de conflictividad armada a nivel urbano. Intervención sobre delincuencia organizada. Perdón, olvido, indultos. Acompañamiento estatal. Oficina de Paz y Convivencia. Ampliación de espacios democráticos. Mecanismos para acceder a espacios de poder por las circunscripciones especiales de paz. Inversión en zonas de presencia del M-19 a través del Fondo Nacional de Paz. Dejación de armas y material de guerra ante la comisión internacional socialista. Dejación de armas y desmovilización. Representación política en la Asamblea Nacional Constituyente, garantías políticas y jurídicas, plan de reconciliación nacional. Participación en la Asamblea Nacional Constituyente, promoción de procesos de paz y políticos, garantías jurídicas, dejación de armas y desmovilización. Dejación de armas ante la veeduría nacional e internacional. Acceso a condiciones de ciudadanía plena. Establecimiento de auxilios. Dejación de armas ante la veeduría nacional e internacional. Acceso a condiciones de ciudadanía plena. Establecimiento de auxilios.

Acuerdo político final. Corriente de Renovación Socialista (CRC) Acuerdo para la convivencia ciudadana. Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes para el Valle de Aburrá, Milicias metropolitanas de la ciudad de Medellín. MIAR – COAR. Acuerdo final. Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armados

1994 Abril 9.

1994 26.

Mayo

1998, 29.

Julio

Compromiso de desarrollo regional en las zonas en conflicto. Participación ciudadana. Realización de foro sobre derechos humanos. Programas de Reintegración con énfasis integral. Procesos de desarme y veedurías. Desmovilización, dejación de armas y reincorporación a la vida civil. Beneficios jurídicos, seguridad y protección, favorabilidad política.

Desmovilización dejación de armas y reincorporación a la vida civil, indulto, veeduría del procesos, obras de desarrollo en áreas de influencia, reconocimiento estatal.

Estos procesos de negociación política, realizados en el marco de la reconciliación nacional, han generado programas de reintegración a la vida civil para quienes conformaron los GAI, y para las comunidades que apoyaron o sufrieron las consecuencias de los alzados en armas en su accionar político militar. Para lograr tal fín se han desarrollado mecanismos jurídicos, que viabilicen el regreso al sistema social y político de quienes han salido de él debido a la integración de GAI. Se ha logrado a partir de estas desmovilizaciones que la izquierda política, mantenga sus ideales y principios en el ejercicio político sin la utilización de las armas, en ejemplo de esta es el la elección como alcalde de la capital colombiana, en el año 2011, de un ex – combatiente de la guerrilla. Desde

ese tiempo hasta la última desmovilización colectiva, correspondiente a las AUC, las negociaciones han sido parte constitutiva del conflicto armado, en la medida que ellas permiten, desde su deber ser, el diálogo, el acuerdo entre las partes, la inclusión política y, a su vez, la apertura democrática.

Aprendizajes

de

procesos

DDR

hasta

1998

y

relación

con

la

desmovilización de las AUC en Medellín.

En el ámbito social, los proces llevados a cabo en la década de los noventa han facilitado acciones que permiten a los miembros de los grupos armados la reintegración a la ciudad, a través de la posibilidad de ser ciudadanos productivos que reconozcan la autoridad y soberanía que ejerce el Estado sobre las comunidades.

Los

acuerdos

estuvieron

caracterizados

básicamente

por

negociaciones que han incluido intercambio de beneficios como garantía para el reconocimiento legal entre ambos actores, se pretendió que el Estado brindara garantías de inserción a los miembros de los grupos armados y éstos reconocen al Estado como actor responsable de la gobernabilidad en el territorio, también a generar condiciones de convivencia como ciudadanos en construcción de nuevas formas de vida civil y nuevas formas de interactuar sin acudir a la violencia instrumental, que según autores como Llorente 2001, González y Villacorta, 1998, y García, 2004 , es un Tipo de violencia que hace alusión al uso de la fuerza para conseguir determinados fines, expresada sobre todo en situaciones de contextos en conflictividad armada. Progresivamente en Colombia se ha buscado configurar eficientemente del estado social de derecho propuesto por la Constitución Política de 1991.

Los procesos DDR tanto con guerrillas como con las AUC, no lograron constituir una reconciliación total. La oposición coinciden en afirmar que “la paz quedó inconclusa al ser asumida más como la ausencia de enfrentamientos armados, que como la construcción conjunta de una nueva sociedad” (viva la palabra, 2006). El modelo de reintegración promovido por el Gobierno hasta antes de la desmovilización colectiva de las AUC “mostró su desgaste, por cuanto los excombatientes consideraron que dieron todo de sus vidas ante la indiferencia y la apatía de muchos sectores de la sociedad; de ahí las reticencias de los actuales grupos guerrilleros para concretar la desmovilización en forma colectiva”. (ibid, 2006). Además de lo restrictivo y discriminatorio según los excombatientes, del término reinsertado, se dice según la Corporación Viva Palabra (2006), que para los procesos con los grupos armados de izquierda, “el modelo quedó reducido en gran medida a la atención de necesidades particulares de cada uno, generándose una problemática de dependencia frente al Gobierno, acompañado de una postura demandante ante el Estado, que traía a su vez por parte de los desmovilizados, la falta a los compromisos adquiridos tras los acuerdos de paz”. Así mismo, fue frecuente encontrar ausencia de responsabilidad subjetiva y por el contrario los desmovilizados asumieron la justificación de las acciones delincuenciales, en los pactos acordados y según ellos rotos por el Gobierno Nacional (Viva Palabra, 2004).

Al momento de la desmovilización se revelaron marcadas diferencias entre los diferentes grupos de izquierda, evidenciándose de manera súbita las desigualdades. La irrupción de las individualidades, el haz de disparidades y su expresión en los “liderazgos” fueron asumidos como problema y como obstáculo, frente a unos grupos sociales que desde la entrega de armas testimoniaron su preocupación e incertidumbre. El tema se volvió preocupación sólo de algunos como analistas políticos e historiadores. Los análisis se dirigieron hacia las formas en que los desmovilizados acogieron los procesos de negociación y abandono del

grupo armado. Como lo plantea Pécaut, (2000) estos colectivos armados han suministrado identidad, pertenencia, protección y hasta argumentación social a quienes pueden no tener motivaciones políticas claras y eso es lo que se arriesga en la desmovilización; hasta antes de la negociación con las AUC, los acuerdos incluían el cese de hostilidades, entrega de armas, perdón y olvido, oportunidades educativas, laborales y procesos de reconciliación social, desde el proceso DDR con las AUC, se sumó un nuevo componente en los acuerdos, enfocado hacia el acompañamiento psicosocial de los excombatientes que regresaban a la vida civil. 4

Otros de los inconvenientes que tuvo el proceso de reintegración se clasifican así: Conflictividades entre los grupos desmovilizados: Entre las problemáticas surgidas después las negociaciones con los GAI, este inconveniente es considerado desde la falta de homogeneidad de los grupos desmovilizados, y la continuación en un aspecto fundamental en un proceso de paz: la reconciliación entre grupos que tuvieran problemas o rencillas por enfrentamientos. Los conflictos entre los grupos desmovilizados continúan y no hubo una construcción de post conflicto sin violencias de tipo armado.

Lo urbano del proceso: aspecto a tenerse en cuenta puesto que existió gran influencia de toda clase de violencia y formas de monopolio económicas (narcotráfico, subversión urbana, delincuencia común y organizada).

En el PPR estos dos factores se vieron conjugados tras la desmovilización de los miembros de las AUC que operaban en los barrios donde posteriormente 4

Desde las ciencias sociales se plantean cuestionamientos respecto a la intervención con nuevas categorías sociales que hacen parte del contexto social en el marco de las transiciones propuestas para el conflicto armado, tales como: desmovilizados, víctimas, desplazados, entre otras.

volvieron a habitar; al respecto se plantearon espacios de reuniones para las actividades psicosociales en los cuales los desmovilizados tenían que cruzar fronteras que hasta entonces representaban posibilidades de riesgo a su seguridad; se disminuyeron las confrontaciones armadas pero las interacciones en ocasiones eran problemáticas entre ellos,

situación que fue asumida por la

intervención psicosocial en los talleres, a través de la formación en resolución de conflictos, la convivencia pacífica, la tranquilidad social y la posibilidad de ser ciudadanos en territorios en los cuales desaparecieran las fronteras territoriales delimitadas por las situaciones de conflictividad armada vividas en el pasado. Así mismo, a través de las actividades comunitarias en los diferentes sectores de residencia, se pudo plantear el carácter de interacción no violenta entre los grupos de participantes desmovilizados y las comunidades en las cuales habitaban e incluso habían generado situaciones de victimización. Entre los años 2004 y 2008 los homicidios en la ciudad disminuyeron significativamente, sin embargo desde 2009

se

inicia

una

especie

de

confrontación

entre

mandos

medios

desmovilizados5 y no desmovilizados por el control espacios en la red delincuencial, lo que trajo consigo el aumento en los índices de homicidio y la reconfiguración de fronteras imaginarias en algunos territorios de la ciudad.

Carácter armado e ilegal que algunos desmovilizados dieron al proceso de reintegración: Es el caso de la Cooperativa de Vigilancia y Servicio a la Comunidad (COOSERCOM) creada ante la desmovilización de las milicias populares, que indiscutiblemente activó respuestas violentas en la resolución de los conflictos entre los asociados en sus zonas de influencia, nombradas por los habitantes de esas comunidades entrevistados, como grupos asociados a limpieza social y 5

Se entienden como mandos medios a personas de han establecido niveles de liderazgo e injerencia en el GAI, a su vez, viabilizan relaciones de poder entre los ex - comandantes y lo militantes rasos. En el caso de la reconfiguración del conflicto armado tanto a nivel urbano como rural se sabe, que algunos de ellos rechazaron la oferta institucional y contrario a los compromisos establecidos en el proceso DDR, fueron actores claves en la conformación de nuevos grupos ilegales de carácter armado. Además posterior a la extradición de los ex - comandantes, fueron partícipes del restablecimiento de la conflictividad armada entre grupos de desmovilizados con supuesta reincidencia criminal.

tráfico de estupefacientes. La situación se asemeja a el proceso de la Corporación Democracia , que tras la desmovilización de las AUC y a pesar de su influencia en los grupos de desmovilizados en la mayoría de los barrios de la ciudad, muchos de ellos no dieron cuenta del proceso de Reintegración, algunos de ellos en la actualidad se encuentran desvinculados del proceso de reintegración por causas como la extradición, el desplazamiento, los problemas de seguridad, la reincidencia, el encarcelamiento y un manejo de “doble cara entre lo legal y lo ilegal”; se dice que establecieron una relación específicamente problemática con el programa de Reintegración de la Alcaldía. Lo anterior sugiere un punto de quiebre en el proceso en cuanto a la forma de asumir los compromisos y los beneficios por parte de los líderes de las organizaciones desmovilizadas, debidos a su influencia en situaciones de delincuencia asociadas con narcotráfico y otro tipo de actividades económicas ilegales. Por otro lado, los

niveles bajos de escolaridad de los desmovilizados, no

permitían vías factibles para que se reintegraran a la vida civil, y por ello mismo se estableció la necesidad, tanto para el programa de reintegración como para ellos mismo, de desarrollar habilidades orientadas a la vinculación en formas productivas legales. Este aspecto también se ha identificado desde la desmovilización colectiva de las ex – AUC; ante tal situación el PPR ha generado estrategias desde el acompañamiento psicosocial como la motivación constante y persuasión a los participantes del proceso, los profesionales destacaron lo importante que sería que la población se vinculara a las actividades educativas, con el fin de hacerse competentes en el medio social en cuanto a la consecución de empleos para generar sostenibilidad a sus proceso de reintegración.

Situación de riesgo en seguridad: La experiencia de miembros de los distintos grupos armados políticos que han participado del conflicto, bien desde las zonas rurales o urbanas, quienes vivieron procesos de paz que para muchos se concretaron en el ingreso a la civilidad, mientras que para otros fue el inicio de la persecución o la eliminación sistemática vía homicidio, lo cual se vio traducido en

la

exclusión

de

desmovilización.

los

entornos sociales que pretendían habitar tras la