Conflicto Medio Oriente

1. EL CONFILCTO EN EL MEDIO ORIENTE Desde su creación, el 14 de mayo de 1948, el territorio de Israelse ha reconfigurado en la medida que estallaban -una y otra vez- los conflictos con los países árabes. En un momento, Israel pasó de ocupar la mitad del territorio Palestino -establecido por Naciones Unidas- a duplicarlo; incluso, tras la Guerra de los Seis Días, llegó a ocupar por completo la Península del Sinaí. Después de que la Segunda Guerra Mundial dejara como saldo más de 6 millones de judíos asesinados manos del nazismo, se iniciaron las primeras discusiones sobre la posibilidad de crear un Estado que le pertenezca al pueblo judío y que pueda, además, garantizar su seguridad. “El Primer Congreso Sionista Mundial discute la posibilidad de que este Estado no necesariamente sea creado en la que bíblicamente consideran "La tierra prometida", Palestina (…) porque la idea fundamental no era realizar una promesa bíblica, era proteger a los judíos del mundo”, explica el internacionalista Farid Kahhat. En 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó un plan para la partición de Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. El establecer el nuevo Estado sobre territorio que no era mayoritariamente judía como Palestina, propició el surgimiento de tensiones que terminaron en un enfrentamiento que sigue activo 70 años después. Respaldado por la resolución de las Naciones Unidas, el líder sionista David Ben Gurión declara la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Esto ocasiona la llegada masiva de judíos a territorio palestino. Un día después, la alianza de países árabes (Egipto, Jordania, Siria e Iraq) ataca al nuevo Estado estallando la que sería la Primera Guerra Árabe - Israelí. Los palestinos recuerdan este momento como Nakba, “Catástrofe”, porque más de 700 mil personas fueron exiliadas convirtiéndose en refugiados. Para sorpresa de muchos, el nuevo Estado no solo gana la guerra, también logró extender su territorio.

“Israel se apropia de la mitad de lo que debía ser territorio palestino y los Estados Árabes (se apropian) de la otra mitad y no se crea jamás el Estado Palestino”, resalta Kahhat.

Las guerras continuaron El 5 de junio del 1967, estalla una guerra que configuraría en adelante el territorio de Israel: La Guerra de los Seis Días, donde el nuevo Estado logra el control sobre la franja de Gaza, el Sinaí, Cisjordania (incluida Jerusalén Oriental), y Altos de Golán. Si bien este conflicto se inicia con acciones hostiles de Egipto, como el cierre del Canal de

Suez, Israel fue quien realizó la primera acción militar ante la despliegue de tropas árabes en su frontera y pone en práctica una guerra preventiva. “(La Guerra de los Seis Días) es la más importante porque Israel captura la otra mitad de lo que según la resolución de partición debía ser un Estado Palestino y que queda en manos de Estados Árabes”, cuenta Kahhat y agrega que los territorios que ahora permanecen bajo el control de Israel son los actualmente denominados “territorios palestinos ocupados”. Esta guerra se alarga hasta 1978 cuando Israel y Egipto- con intermediación internacional- deciden negociar un acuerdo de paz y firmar los acuerdos de Camp David. Tras la firma, el Sinaí es devuelto a Egipto. Años más tarde, en el 2005, Israel se retira de la franja de Gaza. Actualmente, Israel ha logrado ocupar la mayor parte del territorio que se declaró que formaría parte del Estado Palestino mientras que este último se ha visto reducido de forma alarmante. Setenta años después, el conflicto continúa y no parece haber soluciones de paz para este enfrentamiento. 2. LA DECADA DE LOS SETENTA La década de 1970 está marcada por una profunda crisis social y económica. Los países en desarrollo están atrapados en una situación sin precedentes de deuda externa, acompañada de un aumento alarmante del desempleo, la pobreza y sus males asociados, dando lugar a movimientos de protesta y a olas de cambio (a las que se apuntan, entre otras, celebraciones como el primer Año Internacional de la Mujer en 1975 y el primer Año Internacional del Niño en 1979). Al comienzo de la década, la crisis del dólar y la caída de los acuerdos de Bretton Woods, el sistema monetario internacional, se tradujo en un dramático aumento en el precio del petróleo, lo que provocó la desestabilización de las economías de los países industrializados y la denominada “crisis energética”. Esto a su vez marcó el comienzo de un período de una profunda recesión en 1973. Al mismo tiempo, continuaron los procesos de descolonización y el final de algunos regímenes autoritarios. El desarrollo de los procesos sociales que trajeron consigo la esperanza de una mejor calidad de vida es, sin embargo, ensombrecido por el alzamiento violento de golpes de Estado militares que instalaron regímenes dictatoriales y el estallido de la guerra en Oriente Medio y en Asia. Los graves accidentes nucleares de Harrisburg (1979) y el accidente químico de Seveso (1976), entre otros, impulsaron a la ciudadanía, a los grupos ecologistas y a diversas ONG a luchar en contra de la carrera de la energía nuclear y los desastres medioambientales. En 1974, la Declaración de Cocoyoc pone sobre el tapiz medioambiental el término “ecodesarrollo”, que Kissinger se encargará de borrar para sustituirlo por “desarrollo sostenible”. La canción El progreso, del brasileño Roberto Carlos, sonó por todo el planeta denunciando la crisis ambiental por medio de “ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales”. En el campo de los sistemas educativos, las instituciones internacionales impulsan la tecnología en la enseñanza a través de la reforma educativa, propuesta ideológica y política en la que se prioriza la

innovación metodológica que ofrecen los nuevos ingenios tecnológicos, lo sistemático, lo objetivo, la eficiencia, el control, etc. La década de 1970 se resume en un crecimiento prolífico para la educación ambiental. Fue una época con una gran capacidad de creación en este campo. En ella resaltan con luz propia las Cumbres de Estocolmo y los Seminarios de Belgrado y Tblisi. Hay un rico debate en torno a las definiciones, objetivos y metodologías en educación ambiental. Con todo, la educación ambiental de principios de los años 70 no se basa únicamente en la presentación de información. La educación ambiental ayuda a lograr una alfabetización ambiental, es decir, a adquirir conocimiento sobre el medio ambiente, actitudes positivas hacia el medio ambiente, competencia en las habilidades de acción ciudadana, y sentido de empoderamiento (Disinger y Monroe, 1994). Además, si bien la audiencia es a menudo la juventud, la educación ambiental es para todas y todos: jóvenes y adultos, así como individuos y grupos organizados. La educación ambiental entra en la escuela de la mano de las ciencias naturales como experiencias generadas por profesorado inquieto e interesado en el tema. Son proyectos o actividades puntuales que afectan a un aula y a su docente. En esta década, surgen con fuerza los movimientos ecologistas tanto locales, como de carácter internacional. Estos movimientos, junto a los documentales televisivos, películas ambientalistas, campañas institucionales, aparición de revistas especializadas… conforman, con mayor o menor intencionalidad, un gran espectro de posibilidades de comunicación social que favorece la sensibilización y la formación sobre diferentes problemáticas ambientales (extinción de ballenas, peligros de la energía nuclear, ahorro en el consumo de recursos, nuevas tecnologías, accidentes…), a la vez que crea y difunde un pensamiento crítico sobre el modelo de vida actual y sobre la propuesta de alternativas o que promueve y facilita la intervención directa sobre el medio. Además, se crean las primeras asociaciones que agrupan a profesionales de educación ambiental... 

CRISIS DEL PÉTROLEO DE 1973

La Crisis del Petróleo de 1973 es una crisis internacional que tuvo lugar en el año 1973 con la decisión de varios países del golfo pérsico de no exportar petróleo a países occidentales. La determinación del bloque árabe de la OPEP a llevar a cabo un embargo petrolífero a las naciones occidentales fue un acto de represalia a los países que apoyaron a Israel en la Guerra del Yom Kippur. Esta medida de castigo provocó un incremento de los precios del petróleo y en consecuencia un fuerte aumento de la inflación. Otros de los efectos de esta crisis fueron el aumento del desempleo y un bajo crecimiento económico. Orígenes de la crisis Entre el final de la Segunda Guerra Mundial y bien entrados los años 70, Japón, Estados Unidos y Europa consumían petróleo masivamente. Es decir, en occidente existía una fuerte dependencia del petróleo. Mientras tanto, el valor del dólar estadounidense caía de valor entre otras cosas como consecuencia de la guerra de Vietnam. La economía norteamericana comenzaba a mostrar síntomas preocupantes como una desaceleración en el crecimiento.

Por su parte, el presidente Nixon decidió desligar el dólar del patrón oro, dando por finalizado el sistema pactado en los acuerdos de Bretton Woods. A todo esto hubo que añadir un gran detonante: la guerra del Yom Kippur. Los países árabes de la OPEP decidieron establecer un embargo a los países occidentales que apoyaron a Israel en aquel conflicto. Desarrollo y consecuencias de la crisis Debido a la fuerte dependencia que existía del petróleo procedente de Oriente Medio, los países occidentales se vieron sumidos en una grave crisis económica mientras el precio del petróleo aumentaba. El precio del barril de petróleo aumentó de los 2,90 dólares a los 11,90 dólares. Ante un aumento desorbitado de los precios del petróleo y los problemas de suministro, muchos países optaron por reducir su dependencia del crudo apostando por otras fuentes de energía. Francia, por ejemplo, apostó por la energía nuclear, mientras que Estados Unidos y Canadá optaron por la quema de residuos de madera. Mientras tanto, muchos países de la OPEP, que se hallaban en vías de desarrollo, nacionalizaron las empresas petrolíferas y vieron cómo sus ingresos públicos aumentaban notablemente. En otras palabras, los países árabes exportadores de petróleo experimentaron un notable crecimiento económico a corto plazo, sin embargo, no fue así a largo plazo. Ante el embargo llevado a cabo por las naciones de Oriente Medio, se produjeron importantes problemas de suministro energético y las consecuencias sobre los países más desarrollados no tardaron en hacerse notar. Pese a que el embargo duró seis meses (se levantó en marzo de 1974), se produjo un aumento de la inflación y muchos países entraron en una etapa de bajo crecimiento económico. Precisamente en este periodo económico, marcado por una elevada inflación y una economía estancada se acuñó el término “estanflación”. SEPARATISMO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO El separatismo político persigue la soberanía e independencia de un territorio o comunidad (normalmente, formada por personas con una conciencia nacional) de otro mayor. Un ejemplo lo constituyen las colonias al independizarse de su metrópolis. Los propios grupos separatistas a veces rechazan dicha denominación, creyéndolo peyorativo. Los movimientos separatistas comúnmente emplean métodos estrictamente pacíficos y dentro de la legalidad constitucional. La provincia de Quebec en Canadá alberga un movimiento separatista absolutamente pacífico desde aproximadamente los años 60´ excepción hecha de la Crisis de Octubre de 1970. Otros grupos pacíficos lograron sus objetivos en Checoslovaquia y la Unión Soviética. Singapur también se escindió pacíficamente de la Federación de Malaysia. Los Estados Confederados de América sólo acudieron a la guerra en 1861 tras una serie de secesiones constitucionalmente legales. En México hubo varios movimientos separatistas, algunos de ellos exitosos, permitiendo la existencia de la República de California, la República de Texas, la República del Río Grande, la República del Yucatán y Las Provincias Unidas de Centroamérica. También existieron movimientos en el estado de Chiapas. El separatismo también puede tomar la forma de una reacción violenta a un golpe militar pasado, respondiendo con el empleo del terrorismo. Por todo el mundo, diversos movimientos promueven el separatismo como la «única» manera de conseguir su objetivo de liberación nacional. Entre ellos se incluyen a la organización terrorista ETA en Españay Francia, a los separatistas Sij en India durante la década de los 80, el IRA en Irlanda desde la década de 1910, y el Frente de Liberación de Quebec en

los años 60. Su estrategia de guerrilla puede degenerar en guerras civiles, tal y como ocurriera en Chechenia. La violencia disminuye normalmente cuando existen medios políticos que los separatistas pueden emplear para conseguir mayor poder político y económico dentro de orden constitucional. Unas elecciones libres y referéndum pueden ser una vía para reducir la tensión. Sin embargo muy pocos países son conscientes de su potencial divisibilidad

[cita requerida].

3. PRIMERA GUERRA DEL GOLFO La llamada Guerra del Golfo Pérsico o simplemente Guerra del Golfo, también conocida como Operación Tormenta del desierto, fue la guerra que se dio desde el 15 de enero de 1990 a 1991 entre Irak y una coalición internacional, compuesta por 34 naciones y liderada por Estados Unidos, como respuesta a la invasión y anexión de Irak al emirato de Kuwait. En Irak, la guerra es con frecuencia llamada simplemente Um Maarak que significa "La Madre de todas las batallas". El inicio de la guerra comenzó con la invasión iraquí a Kuwait, la cual fue inmediatamente sancionada económicamente por las Naciones Unidas. Las hostilidades dejaron como resultado una crucial victoria por parte de las fuerzas de la coalición, lo cual condujo a que las tropas iraquíes abandonaran Kuwait, dejando un saldo muy alto de víctimas humanas. 4. ORGANIZACIONES QUE DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS Las organizaciones que defienden los Derechos Humanos, son organismos, instituciones y en general entidades que se dedican a promover, procurar la defensa y, hacer regir los derechos inherentes a cada individuo. Su trabajo está destinado a la promoción y protección de las legalidades escritas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La cual fue establecida en el año 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los derechos que defienden son aquellos inherentes a cada individuo por la sola razón de pertenecer a la raza humana. Siendo estos de carácter inalienable e independiente respecto a cualquier elemento particular o singular. Como raza, nacionalidad, religión o sexo, entre otros. Al mismo tiempo los Derechos Humanos son irrevocables, intransferibles e irrenunciables. Teniendo una base moral y ética la cual debe ser respetada por todos. Los Derechos Humanos han cobrado una gran relevancia con el paso de los años, siendo motivo de preocupación en muchas sociedades del mundo.

Las principales organizaciones e instituciones defensoras de los Derechos Humanos

1- Amnistía Internacional

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Consiste en un movimiento a nivel mundial, con más de dos millones de integrantes de 152 países, quienes se encargan de realizar investigaciones sobre situaciones de abuso o violación de los Derechos Humanos. Esta organización tiene como objetivo realizar las denuncias correspondientes, reclamando justicia para las personas que han sufrido dichos abusos. Al mismo tiempo, se ocupan de emprender las acciones necesarias para prevenirlos.

2- Centro de Acción de los Derechos Humanos

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Esta organización se ocupa de todos los asuntos que se encuentren relacionados con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene como objetivo finalizar con los abusos de dichas jurisprudencias, utilizando un método tecnológico e innovador para fomentar nuevas estrategias destinadas a tal fin. Además, el Centro de Acción de los Derechos Humanos procura brindar apoyo a otros grupos defensores de los Derechos Humanos en distintas partes del mundo.

3- Centro Simon Wiesenthal

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Este centro corresponde a una organización internacional judía, que en su solidaridad con Israel, se dedica a enfrentar al antisemitismo, el racismo, la discriminación y el terrorismo.

Su trabajo está destinado, entre otro, a promover la dignidad y los Derechos Humanos, a defender la seguridad de las personas judías a nivel mundial; y a promover las lecciones del Holocausto para las generaciones venideras.

4- El Fondo para la Defensa de los Niños (CDF)

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Childrens Defense o el Fondo para la Defensa de los Niños, realiza diferentes programas de intervención, destinados a sacar a los niños de la pobreza y a garantizar su derecho a la educación y a la salud. Al mismo tiempo, pretende protegerlos de los abusos y abandonos. Siendo su principal objetivo, garantizar los derechos de los más indefensos: los niños.

5- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

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UNICEF es una organización mundial sin fines de lucro, que opera en más de 190 países, con el objetivo de proteger los derechos humanos de todos los niños. Esta organización es una agencia de las Naciones Unidas, creada en el año 1946, período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día, su primer objetivo fue prestar ayuda en situaciones de emergencia. A partir de 1953, se convirtió en un organismo permanente de las Naciones Unidas y desde entonces tienen como misión proteger y velar por los derechos de todos los niños del mundo. Entre otros de sus trabajos, se encuentran: realizar misiones de protección de la infancia, promover la educación de los menores, intervenir en situaciones de emergencia como desastres naturales o provocados por el hombre, etc.

6- Human Rights Watch

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A su vez, esta organización realiza investigaciones correspondientes a abusos y violaciones de los derechos humanos, las cuales exponen para que los culpables de tales faltas sean juzgados. Human Rights Watch interviene en diferentes ámbitos, como la política, la justicia, y los diferentes gobiernos de los países integrantes del mundo con el objetivo de presionar en favor del cuidado y protección de los Derechos Humanos; exigiendo justicia para sus violaciones.

7- La Organización de Las Naciones Unidas (ONU)

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Esta organización tuvo sus orígenes en el año 1945. Nació con el objetivo de proporcionar ayuda para encontrar soluciones a los conflictos entre países. Trabaja en la adopción de medidas en relación a todas las cuestiones de interés e inherentes a la humanidad. En la actualidad, la ONU está compuesta por 193 países, siendo una de las principales organizaciones internacionales dedicadas a la protección y defensa de los Derechos Humanos.

8- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)

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La UNESCO tiene como objetivo primordial construir y promover la paz. Su trabajo consiste en coordinar la cooperación proveniente a nivel internacional, en la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación. Esta organización procura el fortalecimiento de la toma de consciencia en los hombres, a nivel regional, nacional e internacional. Defiende derechos como la educación, el derecho a vivir, el desarrollarse en un entorno rico culturalmente, la capacidad de recibir los beneficios obtenidos por los avances y logros científicos, la libertad de expresión, entre otros.

9- Organización Mundial de la Salud (OMS)

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La OMS es una organización mundial dedicada a la salud, surgida en el año 1948 con el objetivo de construir un futuro más saludable para todos los individuos del mundo. Más de 150 países integran la OMS, trabajando para la prevención, promoción, cuidado y garantía del derecho fundamental de todos los seres humanos: el derecho a la salud. Promoviendo y garantizando que todas las personas tengan acceso a los distintos servicios de salud y puedan gozar de su máximo grado.

¿Qué es el Derecho Internacional Humanitario? El DIH es un conjunto de normas internacionales, convencionales o consuetudinarias, destinadas a resolver los problemas causados directamente por conflictos armados internacionales o no

internacionales. Protege a las personas y los bienes afectados, o que pueden resultar afectados, por un conflicto armado, y limita el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o que ya no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también "derecho de la guerra" y "derecho de los conflictos armados". El DIH es parte del derecho internacional, que regula las relaciones entre los Estados. Está integrado por acuerdos firmados entre Estados –denominados tratados o convenios–, por el derecho consuetudinario internacional que se compone a su vez de la práctica de los Estados que éstos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. El DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. No determina si un Estado tiene o no tiene derecho a recurrir a la fuerza. Esta cuestión está regulada por una importante parte – pero distinta– del DIH, que figura en la Carta de las Naciones Unidas. El DIH se encuentra esencialmente contenido en los cuatro Convenios de Ginebra de 1949, en los que son parte casi todos los Estados. Estos Convenios se completaron con otros dos tratados: los Protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las victimas de los conflictos armados. Hay asimismo otros textos que prohíben el uso de ciertas armas y tácticas militares o que protegen a ciertas categorías de personas o de bienes. Son principalmente: • la Convención de la Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos Protocolos; • la Convención de 1972 sobre Armas Bacteriológicas; • la Convención de 1980 sobre Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos; • la Convención de 1993 sobre Armas Químicas; • el Tratado de Ottawa de 1997sobre las Minas Antipersonal; • el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del DIH como derecho consuetudinario, es decir, como normas generales aplicables a todos los Estados. RECONOCIMIENTO DE LOS CULTIVOS ILICITOS Y UBICACIÓN EN EL MAPA

Creció un 17% en 5 departamentos y la sustitución de cultivos solo llegó a 72 mil familias. Se necesitan 2 billones para cumplir con los pactos firmados El gobierno Duque con el alto consejero para el post-conflicto Emilio Archila a la cabeza, recibió alarmado de la Agencia de Naciones Unidas Contra la Droga el informe el monitoreo de los territorios afectados por la siembra de coca. El resultado del 2017 muestra un crecimiento disparado de un 17% y sin que los programas de sustitución voluntaria hayan impactado la realidad. En los casi dos años de firmado el Acuerdo de Paz con las Farc, que operaban en las zonas cocaleras, sólo se ha llegado a 77.600 familias, aunque se han firmado pactos con miles de éstas, que para cumplirlos se requerirán $ 2 billones que el Presidente Duque ha dicho que no los hay. El gobierno aún no ha definido el reemplazo de Eduardo Díaz, responsable de este ambicioso programa parte integral de los Acuerdos de Paz de La Habana y por el momento lo único claro es que se reiniciará la fumigación como lo anunció el canciller Carlos Holmes Trujillo en su visita a la Unión Europea en Bruselas. A diciembre 31 de 2017 el área sembrada de coca en Colombia tuvo un incremento del 17% (25.000 ha) respecto a la medición de 2016, alcanzando las 171.000 ha. El 64% del incremento se encuentra en los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Nariño (7% de incremento) sigue siendo el departamento más afectado por cultivos de coca a pesar de que el cultivo creció menos allí que en el resto del país. Tumaco sigue siendo el municipio más afectado del país a pesar de que la coca se redujo en un 16%. La mayor reducción se presentó en Guaviare donde se reportaron 1.915 ha menos que en 2016.

33% de los cultivos de coca se encuentran en zonas aisladas a más de 10 km de cualquier centro poblado. En promedio, los cultivos están a 24 km de una cabecera municipal y a 135 km de un centro de mercado. El 34% de los cultivos de coca identificados está en zonas que en 2014 eran bosque. El área productiva sufrió un aumento considerable del 33%, llegando hasta las 167.400 hectáreas en 2017 La producción de hoja fresca de coca sufre también un incremento del 32%, pasando de 707.100 toneladas en 2016 a 930.900 en 2017. Igualmente, la producción potencial de cocaína se ve incrementada en un 31%, pasando de 1.053 toneladas en 2016 a 1.379 toneladas en 2017. En 2017 las incautaciones de cocaína aumentaron un 20%, se optimizó la intervención sobre los complejos de transformación, la erradicación forzosa casi se triplicó y se lograron los primeros acuerdos de erradicación voluntaria. El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) logró la vinculación de 54.027 familias al programa en 2017, mientras que en junio de 2018 pasaron a ser 77.659 familias El 5 % de la coca está dentro de los PNN y otro 27 % está a menos de 20 km de un parque. La coca sigue siendo una gran amenaza para la diversidad biológica y cultural de Colombia; el 10% de la coca está en resguardos indígenas y 16 % en tierras de las comunidades negras. Resultado del Programa de sustitución de cultivos El programa sí tiene buenos resultados: 99% familias cumplen el propósito. Los niveles de resiembra, en el caso del PNIS, es “ínfimo”, es alrededor del 12% de reincidencia (resiembra) (Emilio Archila, Alta Consejería Posconflicto). El Gobierno todavía no cuenta con los 2 billones de pesos que se necesitan en 2019 para mantener los acuerdos que PNIS que ya se firmaron. (Emilio Archila, Alta Consejería Posconflicto). El Gobierno Nacional ha pedido a UNODC la realización de otro informe que de cuenta del panorama de los cultivos hasta agosto de 2018 para mostrar cómo está recibiendo el nuevo gobierno el problema de los cultivos. (Gloria María Borrero, Minjusticia).

6.

Cultivos ilícitos: el problema y las alternativas posibles

Países como Afganistán, México y Colombia han aumentado su producción de cultivos ilícitos ¿Qué hay que hacer para disminuir este fenómeno? El crecimiento de los cultivos de amapola, vinculado al tráfico de heroína con destino a los Estados Unidos, ha sido parte del debate sobre seguridad previo a las elecciones presidenciales en México. Según las Naciones Unidas, el país es el tercer mayor productor a nivel mundial, luego de Afganistán y Myanmar (donde también se registraron ascensos). Según la Secretaría de la Defensa Nacional, en 2017 los militares reportaron el hallazgo de 28,221 hectáreas sembradas con amapola, un repunte en comparación con las 22,235 hectáreas de 2016. Este crecimiento se ha dado a la par del alza en los niveles de violencia en las zonas de cultivos y la competencia de múltiples estructuras criminales por el control del negocio. La expansión de cultivos ilícitos no es una preocupación exclusiva de México. En Afganistán, un reciente informe de las Naciones Unidas señaló que los cultivos de adormidera pasaron de 201.000

hectáreas en 2016, a 328,000 en 2017. En cuanto a la producción de coca, en 2017 Colombia habría registrado un ascenso notable en el número de hectáreas, superando las 180,000 (40,000 más que en 2016). Para cada caso no hay una única explicación sobre el crecimiento, aunque sí varios rasgos comunes que contribuyen a entender el surgimiento y la expansión de los cultivos ilícitos. Aunque la preocupación principal suele dirigirse al aumento en el número de hectáreas, éste es un indicador insuficiente para entender la dinámica de los cultivos y sus verdaderos impactos. Las zonas que desarrollan una dependencia con los cultivos ilícitos suelen ser caracterizadas por bajos niveles de presencia efectiva del Estado, con una limitada provisión de bienes y servicios, bajos niveles de inserción a la economía legal, alta vulnerabilidad social y falta de control por parte del gobierno. Muestra de ellos son los casos de Afganistán, México y Colombia, donde el problema de los cultivos no solo es un asunto que afecta la seguridad, sino que está íntimamente ligado al desarrollo. Si bien hay un reconocimiento creciente de esta situación, los esfuerzos se siguen dirigiendo a afectar la oferta —a través de la destrucción de los cultivos—, con la expectativa de tener un impacto negativo en la demanda, a través del aumento sostenido en los precios y la reducción en el consumo de drogas (una meta que, dicho sea de paso, rara vez se ha conseguido). Las medidas aplicadas en los distintos países no tienen grandes variaciones. Por un lado se encuentra la erradicación forzada, con operaciones de aspersión área y erradicación manual; por el otro, los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que implican una participación activa de comunidades que se comprometen a hacer el tránsito hacia una economía legal con el apoyo del Estado. Hay un debate abierto sobre cuáles de estas alternativas son las más efectivas y cuáles son sus impactos. En este artículo buscamos contribuir a esta discusión, señalando lo que sabemos —y no sabemos— sobre las respuestas para hacer frente a los cultivos ilícitos, a partir de la escasa literatura y evidencia disponible. 1. La erradicación forzada puede tener efectos en el corto plazo, pero estos suelen no ser sostenibles en el largo plazo. La aspersión aérea y la erradicación forzada tienen un efecto inmediato en la disminución de cultivos; sin embargo, en el mediano plazo, esta baja suele ser revertida con la aparición de nuevos cultivos. Para conseguir un descenso significativo, se requiere de una intervención de gran escala, con un balance costo-beneficio desfavorable. 2. Los efectos de la erradicación forzada tienden a recaer sobre los cultivadores, quienes absorben los costos de las acciones realizadas por el gobierno. Los cultivos ilícitos generalmente funcionan como un monopsonio, bajo el control de una organización criminal que define el precio, independientemente de la oferta. Esta situación lleva a que los costos de la erradicación recaigan sobre los campesinos, mientras que las facciones criminales conservan suficiente margen de ganancia para mitigar el impacto de las acciones del Estado.

3. La erradicación forzada tiende a tener rendimientos decrecientes, debido a la resiembra y a la reubicación de los cultivos. La erradicación forzada se limita a levantar las plantas sin cambiar las condiciones de base que facilitaron el surgimiento y crecimiento de los cultivos, lo cual requiere de la intervención integral del Estado. Esta situación lleva a que los cultivos vuelvan a aparecer al cabo del tiempo (con niveles de resiembra que rondan el 40% en el caso de Colombia), o se reubiquen en zonas de difícil acceso (lo que se conoce como el “Efecto Globo”). 4. En contexto de alta movilización social y alta presencia de organizaciones criminales, la erradicación manual es poco viable. La erradicación forzada requiere unas condiciones mínimas de seguridad en el territorio, con un despliegue policial y militar que proteja al personal y las aeronaves (en el caso de la aspersión) en zonas altamente vulnerables. Las comunidades organizadas pueden impedir la destrucción de los plantíos a través de bloqueos, con el riesgo de generar enfrentamientos con las fuerzas del Estado. 5. La sustitución de cultivos tiene mayores efectos en el largo plazo, pero exige de mayores recursos y tiempo. Los programas de sustitución, acompañados con asistencia técnica, tienen un impacto significativo en la reducción de cultivos ilícitos. Diferentes programas de desarrollo alternativo y de consolidación territorial han mostrado resultados positivos en el mediano y largo plazo, pero suelen no generar bajas inmediatas y funcionan en escalas limitadas. 6. Medidas como la formalización y acceso a la propiedad de la tierra tienen un efecto positivo en la disminución de los cultivos ilícitos. Durante el Plan Colombia, los municipios que obtuvieron mayor éxito en la disminución de cultivos fueron aquellos que tuvieron un mayor nivel de formalización o titulación de la tierra (la formalización de un hectárea adicional se asocia con una disminución de aproximadamente 1.4 hectáreas destinadas a la coca). Además de los incentivos micro-económicos, la formalización de la propiedad funciona como una herramienta de disuasión, aumentando los costos de siembra y los riesgos de tener cultivos ilícitos. 7. Existen pocas pruebas de que las acciones de erradicación o interdicción tengan algún efecto sostenible en los mercados de distribución. La evidencia no permite señalar que la reducción de la oferta tenga impactos directos en la demanda, en el nivel de pureza de las sustacias psicoactivas o en los precios del mercado final. En el mejor de los casos pueden producir perturbaciones transitorias, sin un efecto sostenible.Bajo este marco, las medidas para responder a los cultivos ilícitos tienen que ver más con el fortalecimiento del Estado y la integración de territorios aislados, que con la reducción de oferta de drogas ilegales. La evidencia señala que para tener una respuesta efectiva y sostenible a los cultivos ilícitos, se requiere de una base institucional mínima que fortalezca la presencia del Estado, de incentivos para que los campesinos abandonen esta actividad, de una respuesta diferenciada para los distintos eslabones de la cadena (con alternativas económicas para los más débiles), y de intervenciones acopladas a las características de cada territorio. No se trata de escoger entre el garrote y la

zanahoria, sino de tener una respuesta articulada que sea capaz de conectar la seguridad y el desarrollo. Dentro de las alternativas que están sobre la mesa también se encuentra la regulación de las drogas ilegales y el uso lícito de las plantaciones. Los avances en este campo se limitan a la marihuana, en cuya producción y comercialización predominan las empresas con condiciones desfavorables para los pequeños cultivadores (incluso en los EE.UU). En México se ha planteado la producción legal de amapola para fines medicinales, una alternativa que parece poco viable bajo las actuales condiciones, teniendo en cuenta la sobreoferta globalasí como las condiciones institucionales requeridas para este cambio. La tarea de hacer de esta propuesta una opción viable y favorable para los campesinos sigue pendiente. El contexto mexicano nos muestra que, en lo que tiene que ver con la amapola, el impacto mayor lo está teniendo la irrupción del fentanilo. Se trata de un opioide sintético 50 veces más potente que la heroína que está golpeando el precio del kilo de goma de opio en las zonas productoras. Con la marihuana, por su parte, a medida que avanza la legalización con fines recreativos en los EE.UU, la industria ilegal va perdiendo terreno. Esto no quiere decir que la producción ilegal en México vaya a desaparecer de un día a otro, pero sí advierte de transiciones que cambiarán las condiciones en las zonas dependientes de los cultivos ilícitos. Dada esta realidad, es sensato plantear el debate sobre alternativas legales para los pequeños cultivadores, no solo desde la reducción de la oferta, sino desde una perspectiva humanitaria enfocada en el desarrollo y la reducción de la pobreza. La erradicación de los cultivos sin la aplicación de ninguna otra medida complementaria, no solo es una manera ineficiente de invertir los recursos, sino una vía para prolongar la industria ilegal de las drogas. El próximo presidente de México tendrá que decidir si continuar con una fórmula que no ha dado resultados o arriesgar a implementar una solución de fondo. Aceptémoslo de una vez: el problema no son las matas, sino la ausencia de un Estado que funcione.

7.

Estimación de la deforestación por cultivos ilícitos en la zona de reserva forestal del Río Magdalena El Proyecto Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, SIMCI, se inició en 1999. Hoy es financiado por Naciones Unidas y su ejecución está en cabeza del Gobierno de Colombia. SIMCI produce el censo anual de cultivos de coca en el país y genera información que permite conocer el entorno en el que se desarrollan los cultivos ilícitos y su incidencia en los componentes ambiental y social. En 2003 se firmó el convenio interinstitucional AD/COL/03/H45 entre Naciones Unidas y el Gobierno de Colombia, permitiendo la integración de organismos del Estado'. El IDEAM 4, en desarrollo del trabajo de Zonificación Ambiental de la Zona de Reserva Forestal del Río Magdalena, ZRFRM (declarada mediante Ley 2 de 1959), requirió conocer el estado de los recursos existentes en el área, por lo cual nació la propuesta para desarrollar un trabajo de investigación que permitiera valorar las superficies deforestadas por cultivos ilícitos. De esta manera la Dirección General del IDEAM comisionó a un profesional de la Subdirección de

Ecosistemas e Información Ambiental para desarrollar la investigación, mientras que el Proyecto SIMCI proporcionó el espacio de trabajo, software, hardware e insumos, así como el apoyo de profesionales especializados en procesamiento digital de imágenes y edición. Entre los resultados del trabajo se encontró que la reserva contaba con una cobertura inicial de bosque de 1.144.815 hectáreas en el 2000, de las cuales 11.384 ha fueron deforestadas para el establecimiento de cultivos ilícitos entre 2001 y 2004, que equivalen al 1% de la superficie boscosa. De 52 municipios con jurisdicción en la Reserva, 27 presentaron procesos de deforestación por cultivos ilícitos, de los cuales San Pablo, Cantagallo y Santa Rosa del Sur reportaron los mayores índices de deforestación con 1.877,11 ha, 1.362,91 ha y 1.073,66 ha, respectivamente. El último registró la mayor superficie de bosque secundario transformada en coca: 1.053,07 hectáreas.

8.

Situación actual del conflicto armado en Colombia

El conflicto armado en Colombia, activo desde mediados del siglo XX es uno de los más largos y enquistados del planeta. Aunque la presencia de grupos guerrilleros y violencia paramilitar fueron fenómenos que se dieron en numerosos países latinoamericanos durante el siglo XX, casi todos estos conflictos terminaron hace dos o tres décadas. Las circunstancias particulares del conflicto colombiano, donde el narcotráfico ha servido para financiar a varios actores armados, ha hecho que la guerra se haya extendido hasta la actualidad. El acuerdo de paz y desarme firmado en 2016 entre el Gobierno y la principal guerrilla activa en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), supuso un importante paso hacia la consolidación de la paz, si bien no ha resuelto de manera definitiva el conflicto. Actualmente, varios actores armados siguen operando en distintos puntos del territorio colombiano. Entre ellos la guerrilla del ELN, la última activa de un país donde llegó a haber hasta cinco operando de manera independiente, que se encuentra en negociaciones con el actual Gobierno. Por otro lado, una miríada de pequeños grupos criminales vinculados al narcotráfico han ocupado el espacio dejado por la desmovilización de las FARC, haciendo muy compleja cualquier solución al conflicto.

7,7 millones de desplazados internos Durante sus seis décadas de duración, el conflicto armado interno de Colombia ha provocado un altísimo número de desplazamientos forzados. 7,7 millones de colombianos han tenido que huir de sus hogares y viven actualmente desplazados en otras partes del país. La violencia se ha centrado especialmente en la población civil por parte de todos los actores armados del conflicto. El 81% de los muertos son civiles, según datos del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia. La violencia fue particularmente acentuada en las zonas rurales y más pobres del país, habitadas mayoritariamente por población afrodescendiente, indígena o campesina. ACNUR ha trabajado junto al Gobierno en la coordinación de acciones para facilitar la reintegración de los colombianos retornados. ACNUR también ha facilitado misiones de los

gobiernos de El Salvador y Honduras para compartir la experiencia de Colombia y aprender del trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras. La agencia ofreció asistencia técnica a la Unidad de Víctimas, particularmente en lo referente al regreso y reubicación de comunidades étnicas desplazadas.

Seguridad, salud y educación para los desplazados de Soacha La actuación de ACNUR también se ha desarrollado en zonas de asentamiento de población desplazada, como la barriada de Soacha, en las afueras de Bogotá. La escuela de Eduardo Santos Altos de la Florida, construida por ACNUR, hace la doble función de centro educativo y refugio para los niños desplazados. Dar un lugar seguro a los niños es importante en estas poblaciones donde la violencia persiste, mimetizando los conflictos del lugar de origen de las comunidades. “La intervención de ACNUR nos ha permitido tener seguridad, salud, educación, infraestructura. Nos ha hecho facilitar los procesos en el sector; es como el mecanismo de presión para que la institucionalidad esté más pendiente de nosotros”, señaló Alexander Torres, Presidente de la Junta de Acción Comunal del III Sector de Soacha y uno de los principales líderes de la comunidad.