Ciudadano - Contribuyente: Un Binomio No Resuelto

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Ciudadano - contribuyente: un binomio no resuelto Benjamín Gallegos Elías1

“…la democracia no es un régimen político, sino una cultura, una cultura política y social, que debe estar presente...” (Azuza; 2005:3,4).

Las notas pretenden llamar la atención sobre la necesidad de recuperar a la política como una acción cotidiana del ciudadano, esta condición es necesaria para construir contribuyentes que recuperen su atención respecto de los recursos sociales que administra el Estado como el asunto fundamental de la relación ciudadano-contribuyente y el Estado.

Palabras clave: ciudadano, contribuyente, democracia, transparencia e información.

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Profesional de la economía, profesor de materias de las ciencias económicas. Actualmente profesor de la

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Junio-Diciembre 2009

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l propósito de estas reflexiones es interrogarnos sobre la actitud del contribuyente hacia las finanzas

públicas, que son el sustrato en que se fundamenta su condición de ciudadano. Existe una profunda indolencia por conocer las leyes que establecen quiénes, cuánto y porqué debemos pagar impuestos; conocer cuál es el destino de los fondos y de qué manera se dispone del patrimonio nacional; asimismo,

hay un profundo desinterés por el destino de los

fondos de la sociedad recaudados por el gobierno. La idea generalizada de que los funcionarios que ejercen los poderes del Estado son corruptos, que roban y desvían los recursos del erario, produce en el ciudadano una sensación de impotencia que se traduce en desinterés. La percepción social es que en materia de tributación se legisla al margen y con frecuencia en contra de los intereses de la sociedad, en beneficio de los grupos de poder, al tiempo que no se perciben beneficios del gasto social. La información disponible es que el gasto social es altamente regresivo. Lo anterior nos lleva a cuestionar hasta qué punto los ciudadanos se sienten representados por quienes detentan el poder político del Estado, como establece el régimen político denominado democracia, más allá de la formalización jurídica-electoral. La discusión contemporánea acerca de lo que se entiende por democracia ha llevado a incorporar categorías sociales que rebasan con mucho los aspectos electorales, los partidos políticos y las formalidades

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jurídicas de las elecciones; esta discusión ha llevado a cuestionar el concepto estático y a-histórico para dar lugar a una conceptualización dinámica que incorpora elementos deliberadamente omitidos de lo que debíamos entender como democracia. La categoría fundamental que se hace indispensable revisar es la de ciudadano, toda vez que ella contiene la forma en que el sujeto social, jurídicamente acotado, se vincula con el Estado, que formalmente representa los intereses de la sociedad. La revisión de esta categoría es fundamental para conocer y evaluar la figura del contribuyente. El politólogo brasileño Azuza al referirse a las luchas por la democracia señala: “Hay muchas luchas que hasta ahora no consideramos como luchas

democráticas,

por

ejemplo,

la

cuestión

del

multiculturalismo, la lucha por el reconocimiento a la diferencia librada por los indígenas y por las mujeres, es también, una lucha de la democracia. Así como la que tiene lugar en la calle, en la fábrica, en la casa, en el espacio público en general. Hasta ahora hemos pensado la democracia mucho como un régimen político; por eso esta democracia está confinada al sistema de gobiernos, de partidos, es una isla democrática que convive en un archipiélago,

como

decir,

de

despotismo;

entonces

las

organizaciones que luchan por una democracia más amplia, social, presente en todos los dominios de la vida social, tienen que ser democráticas, o sea, la democracia se hace con demócratas; y hoy en día vemos que la democracia como régimen político se está haciendo con gente que no es demócrata, se dicen demócratas, pero son autoritarios, son corruptos, y por eso no son una esperanza para nosotros” (Azuza; 2005: 4-5). De tal manera que no es posible generar un concepto independiente e incluso contrario con los elementos que lo constituyen y le dan sentido.

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El ejercicio de la política constituye el meollo del quehacer ciudadano exigente y demandante de sus derechos; asimismo, enterado y responsable de sus obligaciones, que busca romper el círculo vicioso de que “el pueblo recibe pasivamente como una dádiva; obras que, al mismo tiempo, tienen un carácter clientelista porque están dirigidas a ganar el apoyo electoral de los ciudadanos…” (Harnecker; 1994: 9) y cuya fuente de financiamiento son los propios recursos tomados impositivamente de la sociedad y que en su retorno aparecen transfigurados como recursos ajenos a la sociedad por la intermediación del Estado. En un texto de entrevistas de Harnecker al alcalde y los concejales de Caroni en Venezuela se afirma que: “…una de las tragedias del ejercicio de la política en este país ha sido que la política ha sido sustraída del ejercicio cotidiano de la gente y ha sido arrebatada por un sector que se llama a sí mismo profesional de la política y que, en definitiva, es el único que se siente con derecho a opinar, a formular hipótesis y qué sé yo cuántas cosas, y es la razón por la cual nosotros lo hemos denominado, para que la gente lo comprenda muy bien: ‘la clase política’, porque de hecho se han ido separando de los intereses generales de la población y se han ido profesionalizando en el ejercicio de la política, en el discurso de la política” (Harnecker; 1994: 95). Esta sustracción de la política del quehacer cotidiano del ciudadano, y su reducción a la mera votación en las épocas de elecciones, ha sido un factor de separación de los intereses de los grupos en el poder respecto de los intereses de la sociedad que formalmente representan, al convertir al ejercicio de la política en sólo el discurso de la política. Esta situación hace que los asuntos públicos parezcan ajenos e incluso contrarios al interés social. De ahí la reflexión que hace Clemente Scotto: “una de las cosas que nos han enseñado durante todos esos años

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en Venezuela ha sido la desesperanza; han tratado de convencer a la población de que no vale la pena su participación, que de todas maneras los de arriba van a hacer lo que les dé la gana. Ese ha sido el resultado de la política de los cogollos2: cogollos en Acción Democrática y cogollos en la izquierda” (Harnecker; 1994: 26); es decir, se reitera que la sensación cierta de impotencia se convierte en desinterés, actitud que se replica en el ámbito nacional mexicano. La sensación que se basa en la realidad nos lleva a plantearnos la necesidad urgente de “rescatar la política como ejercicio cotidiano de la gente”. El ejercicio de la política sólo como instrumento de obtención del poder es “lo que ha envilecido más el proceso político…, es que los partidos le robaron la política a la gente y, si debemos tener un afán es, precisamente, el de rescatar la política como ejercicio cotidiano de la gente” (Harnecker; 1994: 99). Parafraseando a Clemente Scotto asumimos en estas notas que nuestros políticos no constituyen “solamente una clase política corrompida porque se haya cogido los reales, es que es una clase política corrompida también porque se cogió el poder, se cogió el patrimonio de elaborar la política… Entonces, hay, ciertamente en este país una clase política a la cual es necesario golpear en el discurso de quienes queremos politizar a este pueblo”3. Y con Scotto afirmamos que “Una de las tragedias del ejercicio de la política… ha sido que la política ha sido sustraída del ejercicio cotidiano de la gente y ha sido arrebatada por un sector que se llama a sí mismo profesional de la política y que, en definitiva, es el único que se siente con derecho a opinar, a formular hipótesis… y es la razón por la cual… lo hemos denominado… ‘la clase política’, porque de hecho se han ido separando de los intereses generales de la población y se han ido profesionalizando en el ejercicio de la política, en el discurso de la política”, al margen y con frecuencia en contra de los intereses de quienes

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Cúpulas en Venezuela Entrevista de Martha Harnecker Op. Cit. 107 – 111.

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formalmente representan y asumiendo los intereses reales de los grupos de poder de los cuales son voceros. Detentar

el

monopolio

del

quehacer

político

y

detentar

la

representación del poder económico lleva a que el Estado y los recursos de la sociedad se vean inmersos en un proceso de privatización; se reproduce así la contradicción de que los fondos sean sociales mientras que las decisiones sobre el uso de éstos sean privatizadas. Por lo tanto, para que exista democracia y para que el contribuyente se asuma responsable debe primero asumir su ser ciudadano, lo cual implica la necesaria complementariedad entre democracia participativa y representativa. Una razón muy sencilla es que si la democracia en los movimientos no se articula más con la política, sobre todo la política local, con presupuestos participativos, con la gestión (gubernamental) municipal, no vamos a tener participación (el ciudadano). (Azuza; 2005: 6). Estamos ciertos de que la cuestión fiscal es uno de los temas nacionales cuya sola mención provoca inmediatamente reacciones contradictorias, opuestas, frecuentemente ideologizadas. Debemos preguntarnos si al ciudadano-contribuyente se le informa de los asuntos públicos y en qué medida éste se involucra en su conocimiento; al respecto el gobierno mexicano adolece de “transparencia” no sólo en la rendición de cuentas, sino en la claridad de los conceptos. Un informe de Center of Budget and Policy Priorities4 clasifica al gobierno de México como uno que provee “alguna información a los ciudadanos”. Habría que matizar lo anterior agregando que existe un deliberada “opacidad” y confusión innecesaria en los conceptos que genera en los ciudadanos una resistencia a comprenderlos; aún en el caso de 4

Citado en EuropeAid. Oficina de Cooperación. IV Foro “Los retos de la gobernabilidad en Centroamérica”. “Fiscalidad y cohesión social”. La Antigua, 18 y 19 de junio de 2007. “ Junio-Diciembre 2009

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disponer de definiciones, la confusión de las mismas persiste como una manera de evitar su comprensión.

Índice de presupuesto abierto 2006

Fuente: EuropeAid; 2006: 8. Esto significa que la obligación de proveer a los ciudadanos de información clara y suficiente sobre la hacienda pública, es cumplida por el gobierno mexicano de un modo tan mediocre, que se puede equiparar con el desempeño de países como Rusia y Turquía, cuyos regímenes están considerados por las Naciones Unidas como de la más alta corrupción. Una

encuesta

de

Latinbarómetro

corrobora

la

desconfianza

ciudadana en la honradez de sus funcionarios al manejar fondos públicos. A la pregunta ¿Tiene Usted confianza en que el dinero de los impuestos será bien gastado por el gobierno? el porcentaje de ciudadanos latinoamericanos que respondieron afirmativamente en la encuesta del año 2005, fue el siguiente:

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Porcentaje de ciudadanos que respondieron afirmativamente respecto del buen uso de los impuestos, en países de América Latina, 2005.

Fuente: EuropeAid; 2006: 8. La práctica del gobierno mexicano de presentar “alguna” información, que además de escasa suele ser confusa, y el significativo número de políticos que se han apoderado de dinero público a lo largo de la historia de México, valida y fundamenta la impresión acerca del manejo deshonesto de los recursos de la sociedad en manos del Estado5. El gobierno de México proyecta una lamentable imagen de sí mismo, dado que apenas el 15% de los encuestados respondió afirmativamente respecto al buen manejo de los fondos públicos. Estas prácticas son posibles por un marco jurídico que otorga a los funcionarios criterios discrecionales en el manejo de los recursos públicos, al mismo tiempo que ha creado una maraña de trámites y procedimientos que dificultan y vuelven tediosa la investigación sobre los asuntos hacendarios y sólo enmascara su comprensión. 5

En febrero-marzo de 2009 el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes Doctor Luis Téllez K. afirmó

que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se había “adueñado de la mitad de la cuenta secreta”. Esta cuenta consistía en una partida presupuestal de uso discrecional del Jefe del Ejecutivo Federal, que era repuesta por la SHCP para mantener su monto; con lo cual la cantidad total extraída o utilizada discrecionalmente sólo era conocida por algunos de los más altos funcionarios de la Secretaría. Junio-Diciembre 2009

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Cambiar este estado de cosas no será fácil porque “la mayoría de los políticos actúa pegado al oportunismo electoral, y con escaso sentido de Estado, y es improbable por tanto que incluso aquellos con mayorías propias aborden a fondo las dos asignaturas pendientes: la creación de un verdadero Estado de derecho y la ampliación de la base tributaria, con una burocracia eficaz y decente, para recaudar y gastar más en quien más lo necesita (...) Esto vuelve necesario contribuir a desarrollar la cultura de la participación, así como la cultura de la exigencia de cuentas públicas” (Harnecker; 1994: 98). Al respecto Ángel Gurría,

actual Secretario General de la

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y exSecretario de Hacienda y Crédito Público declaró “La reforma fiscal es imprescindible porque el mercado no redistribuye los ingresos. Era ‘necesaria’ en México con el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), ‘urgente’ con Fox (20002006), e ‘impostergable’ con el nuevo presidente, Felipe Calderón (20062012)” (Aznárez; 2007: 2). Esta asignatura aún está pendiente y sin viso alguno de tener una propuesta por parte de ningún partido porque eso significaría “desarrollar la cultura de la participación” lo que pondría en jaque la hegemonía de los partidos sobre la sociedad. Por su parte Dante Caputo, Secretario para Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos. señala "Hay cuestiones que no debatimos suficientemente. Tenemos que romper tabúes, y la fiscalidad es uno de ellos…”. Caputo agrega refiriéndose a las campañas electorales en América Latina: "¿Cuántos candidatos plantearon el tema de la fiscalidad en América Latina? ¿Y cómo va a mejorar la concentración del ingreso si no mejora la fiscalidad?, ¿y cómo va a mejorar la fiscalidad si usted no tiene un Estado capaz de cobrar y hacer pagar? ¿Quién está discutiendo esa forma de Estado, un nuevo Estado para una nueva democracia?¿De verdad, con fuerza y compromiso? Muy pocos.

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“…la participación no se puede reducir únicamente a un proceso electoral… Porque hay delincuencia electoral, la clase política entendió siempre que participar electoralmente era buscar las maneras de negociar, de acomodarse, de ir quitando de alguna manera en la mesa electoral los votos a unos en beneficio de otros.” (Harnecker; 1994: 97). “…la democracia trae un elemento de cooperación, de solidaridad, básicamente

las

presiones

mercantilización

desde de

arriba la vida,

son

mercantiles,

no buscan crear

economías de mercado, sino sociedades de mercado, quieren mercantilizar la educación, la salud, la seguridad social, el agua, la electricidad, los servicios públicos, todo es mercancía y por eso los consumidores que tienen plata son los únicos que pueden tener acceso, los otros no”. (Azuza; 2005: 8). En México lo que realmente existe es un enorme déficit democrático y el descrédito de la política, el Informe del PNUD de 2004, «Democracia en América Latina », identificó que el 54% de las personas entrevistadas prefería un régimen autoritario que solucionase la pobreza y la incertidumbre (Machicao; 2006: 6). “Limitar la democracia a la política, y además excluir la economía de su esfera de actividad en nombre de la ‘competencia’ y del ‘libre juego de las fuerzas del mercado’, cuando la ley del mercado se ha apoderado de (casi) todas las esferas de la actividad humana, equivale a privar a la democracia de todo asidero sobre la realidad y corre el riesgo, peligrosamente, de vaciar de contenido su conquista, pagada a tan alto precio y jamás lograda por los pueblos, la clase trabajadora y las clases populares” (CETIM; 2000: 2). En esta línea de acción el gobierno mexicano asume como propias las políticas sugeridas por los organismos que conforman el Consenso de Washington que hacen coincidir Buena gobernanza y buen gobierno. Para

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el FMI la buena gobernanza, no es el aumento de la participación democrática de los individuos y de los pueblos en el proceso de decisiones, ni el respeto de su derecho al desarrollo, sino obligar a los Estados nacionales a des-regularizar los mercados, es decir, a regularlos únicamente por las fuerzas del capital mundial dominante (CETIM; 2004: 3); aunque éste ha dado muestras evidentes de irracionalidad económica de enorme impacto negativo para la sociedad. “…si algo no ha cambiado en América Latina, y allí nacen parte de sus desgracias, es la estructura de poder. Las elites de siempre le jugaron al Estado cuando éste era el poderoso y ahora le juegan al mercado cuando se le reconoce como el asignador por excelencia de los recursos del país. La tecnocracia, que trató de suplantar la política, ignoró este tema y probablemente allí nació su incapacidad para contribuir a los grandes cambios que se esperaban. La economía no creció y menos se lograron los procesos sociales que requieren los pueblos latinoamericanos. Además, la coincidencia del nuevo modelo de apertura en lo económico y la consolidación de democracias en la región, terminó debilitando a los pueblos Latinoamericanos

en

este

esquema

político

(PNUD,

2004).

(Machicao; 2006: 26). No sólo la pobreza sino la concentración de ingresos, de propiedad, de poder político en la Región empiezan a reconocerse como limitaciones del crecimiento y de los procesos de inserción exitosos en el mundo global (Machicao; 2006: 25, 26). En paráfrasis con Machinea podemos concluir: Un pacto que consagra un modelo de protección social, basado en derechos y orientado hacia la cohesión, exige como complemento eficaz, un pacto fiscal que determine los niveles y las fuentes de financiamiento, tanto contributivo como no contributivo.

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El financiamiento de la protección social depende de dos vectores fundamentales. El primero es la estructura del mercado de trabajo en que, como ya se sabe, sólo una fracción de trabajadores accede a empleos con provisión de servicios sociales, dada su calidad de contribuyente a la seguridad social. El resto, sean miembros de su familia no comprendidos por las prestaciones o trabajadores no insertos en sistemas contributivos, deberán recurrir a la oferta del sistema público, a la propia familia o al mercado. Un pacto social cristalizado en un pacto fiscal coherente es a la vez medio y fin, punto de partida y punto de llegada de la cohesión. Tiene una enorme relevancia en la dimensión procesal de la gobernabilidad democrática, porque constituye un espacio de diálogo basado en un lenguaje

compartido,

en

reglas

compartidas

y

en

mecanismos

consensuados de diálogo y negociación. Opera, también, como mecanismo de legitimación para una política de Estado que apunta a elevar la equidad, reducir la exclusión y consagrar derechos sociales para todos. Y por otro lado infunde un mayor sentido de pertenencia y de justicia distributiva a los actores involucrados y a quienes representan, lo que despierta mayor confianza en el futuro y en la institucionalidad democrática. En México el gasto social es altamente regresivo, situación única entre los países grandes de América Latina; es decir, el coeficiente de Gini calculado después de realizado el gasto social muestra mayor desigualdad (tiende a cero), como se muestra en el cuadro siguiente en la distribución del gasto por quintiles de ingreso por persona de menor (I) a mayor (V).

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Distribución del gasto social, 2000

Fuente: Andretta, John Scott (S/f.: 5). Un segundo aspecto crucial en las finanzas públicas es el de la carga impositiva. Con base en dicha carga, el Estado no sólo puede cubrir brechas de protección frente a riesgos en sectores más vulnerables, sino que en general cuenta con más o menos financiamiento para destinar a políticas sociales que contribuyan a la mayor cohesión. En América Latina la carga impositiva alcanza un promedio de 18 por ciento del PIB (22% cuando se incluyen otros recursos mayoritariamente provenientes de la renta de los recursos naturales), muy por debajo del 41% de la Unión Europea, del 36% de la OECD, y del 26% de Estados Unidos.

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La carga tributaria en Latinoamérica, esto es, los ingresos fiscales de los gobiernos, oscilan entre el 8% y el 24% del PIB, con la excepción de Brasil, que alcanza el 34%. El promedio es famélico comparado con el europeo: entre el 35% y el 45%. "En América Latina algunos miran al Estado desde arriba y dicen: 'A mí no me toca. Yo soy más fuerte que el Estado', algunos están tan abajo que el Estado no llega a ellos. Entonces sólo queda un sectorcito cautivo al cual llega el Estado", explica Dante Caputo.

América

Latina

es

el

subcontinente

con

mayor

concentración de poder fuera del Estado. Y el poder económico genera poder político. "¿Qué capacidad tiene usted de hacer pagar impuestos cuando el poder no está en el Estado? El desafío es inmenso", y agrega “...La ciudadanía ejerce poder, más allá de la votación, pero estos fenómenos suceden en un proceso forzado por la carencia de un Estado que responda

por

sus

demandas

sociales,

económicas

y

políticas” (Aznárez; 2007: 2). Lo que no pagan en impuestos lo pagan comprando prestaciones privadas en el mercado. Con ello, no tienen incentivos ni para reclamar por una mejor calidad de los servicios públicos, y mucho menos para pagar más impuestos que redunden en una mejor calidad y cobertura de los servicios públicos. Todo esto erosiona el sentido de solidaridad de las clases medias y altas hacia el resto de la sociedad, y genera ciudadanías sociales de primera y segunda clase, afectando gravemente la cohesión social. En México se considera que la carga fiscal es muy reducida, aunque las tasas impositivas están en el nivel de los países de la OCDE. Los factores que inciden en la baja recaudación son: por un lado, la alta evasión declarada por las propias autoridades hacendarias, y por otro, el marco jurídico que permite no contribuir al gasto social; en el mismo sentido, la discrecionalidad legal otorgada a las autoridades hacendarias

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propicia la inequidad en la aplicación de las leyes, así como da espacio a la corrupción de las autoridades y los contribuyentes con intereses cercanos a los gobiernos. La percepción de los actores es de crucial importancia. Así como es muy difícil avanzar en términos de cohesión social en un país o región donde persisten fuertes brechas de ingreso y de acceso a distintos activos, ¿cómo promover mayor sentido de solidaridad y de pertenencia si los ciudadanos no confían en las instituciones básicas de la democracia y perciben que la justicia no es la misma para todos? ¿Cómo promover mayor disposición a contribuir al bienestar general por vía tributaria si los actores sienten que el gasto social no mejora la equidad, no rescata de la pobreza y carece de transparencia y efectividad? ¿Cómo hablar de cohesión social en sociedades donde la negación del otro ha sido la regla por décadas o siglos, permeando la cultura política y cívica? (Machinea; 2007: 1-9). En conclusión se puede plantear la hipótesis siguiente: en materia de finanzas públicas no existe espacio para los procesos democráticos; se requiere que la sociedad se transforme para asumir la responsabilidad de su destino, el binomio no tendrá solución en tanto no exista el ciudadano. BIBLIOGRAFÍA 1. Andretta, John Scott (S/f.). “La otra cara de la reforma fiscal, la equidad del gasto público”. CIDE. INDETEC. Estimaciones a partir de ENIGH, 1998. INEGI. 2. Aznárez, Juan Jesús (2007). “El lastre de América Latina. La oposición de las grandes fortunas y consorcios a las reformas fiscales impide reducir las enormes desigualdades sociales”. El País.com.internacional. 14/01/2007. http://www.elpais.com/articulo/internacional/lastre/America/Latina/elpepu int/20070114elpepiint_11/Tes 3. Azuza Santos, Boaventura de (2005). “La democracia se radicaliza o muere”. Revista Cultura y Trabajo. Edición Número 61 - Sección General. Publicado el 5/03/2005. http://www.ens.org.co/articulos.htm?x=48558&cmd=c-1-61 4. Banco Interamericano de Desarrollo (BID; s/f). La cohesión social en América Latina y el Caribe. Análisis, acción y coordinación. www.iadb.org

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5. Carrera Castro, Fernando (2008). “Más democracia, mejor política fiscal”. Diálogos. FLACSO. Nueva época, No. 67 Guatemala, agosto de 2008. http://www.flacso.edu.gt/dialogo/67/dialogo.pdf 6. CETIM (2000). Mundialización económica y democracia. Sub-Comisión de derechos humanos 2000. Intervención al tema 4 et 12: el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. ONU símbolo: E/CN.4/Sub.2/2000/NGO/13 http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=144 7. CETIM (2004). Centro Europeo-Tercer Mundo. Comisión de derechos humanos 2004. “¿Buena gobernanza contra buen gobierno?” http://www.cetim.ch/es/interventions_details.php?iid=46 8. EuropeAid (2006). Oficina de Cooperación. IV Foro Los retos de la gobernabilidad en Centroamérica. Fiscalidad y cohesión social. La Antigua, 18 y 19 de junio de 2007. 9. Harnecker, Marta (1994). Gobernar tarea de todos. Venezuela. Alcaldía de Caroní. Colección Haciendo Camino Al Andar Nº1, Editorial Fundarte, Caracas http://74.125.95.132/search?q=cache:PqylZfibEQEJ:bibliotecavirtual.clacs o.org.ar/ar/libros/martah/caroni.rtf+Gobernar+tarea+de+todos&hl=es&c t=clnk&cd=2&gl=mx 10. Machicao Barbery, Ximena, et.al. (2006). América Latina, un debate pendiente. Aportes a la economía y a la política con una visión de género. Red de educación popular entre mujeres de América Latina y el Caribe / Alternativas de desarrollo con mujeres para una nueva era / iniciativa feminista de Cartagena (REPEM / DAWN / IFC) 11. Machinea, José Luis (2007). Secretario Ejecutivo (CEPAL). “Pacto social, pacto fiscal: Miradas cruzadas”. Unión Europea - América Latina. Paris 29 - 31 octubre 2007. http://www.eurosocialfiscal.org/uploads/documentos/20080110_120115_J L_Machinea_291007.pdf

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