1.2. Chiroleu, Adriana (2000) - La Reforma Universitaria,pdf.pdf

CHIROLEU, Adriana, “La Reforma Universitaria”, en FALCÓN, Ricardo (dir.), Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Tomo VI de la Colección Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 2000. (pp. 357-389)

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por ADRIANA R. CillROLEU

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a acelerada urbanización y el proceso de terciarización de la economía operados en la Argentina de fm de siglo tuvieron una importante incidencia en la expansión de la educación y en la forma que la misma adoptó. Sin embargo, ésta fue además -especialmente en el nivel primario- el fruto de una política deliberada de la Generación del 80, la cual visualizó al nivel elemental como una herramienta clave en la tarea de homogeneización de la población, indispensable en un contexto en el cual los extranjeros tenían un peso muy relevante. El nivel medio, por su parte, de neto corte enciclopedista, estuvo desde sus orígenes orientado a formar al personal necesario pará el cumplimiento de la función pública. La falta de correlación entre las características de este nivel y los requerimientos reales de la estructura ocupacional fue enfrentada desde el gobierno a través de la creación de diferentes modalidades que procuraran la desviación de la demanda desde los colegios nacionales hacia los industriales, comerciales, etcétera. Los grupos gobernantes trababan el camino de la universidad a la marea integrada por

los ya numerosos contingentes de sectores medios que intentaban lograr un ascenso económico o legitimarlo en el plano social. Para ello, se procuró la diversificación de los estudios medios, preservando una vía (el Colegio Nacional) como exclusiva para el ingreso a la universidad. Esto, sin embargo, fue rechazado por las dases medias atentas a impedir la institucionalización de diferenciaciones explícitas con los sectores dominantes. P~r otra parte, las propias características de la estructura productiva, basada en la explotación extensiva de la riqueza de la pampa, con una industrialización incipiente dominada por talleres artesanales que requerían escasa tecnología y un crecimiento const~nte del sector t~rciario, especialmente comercio y servicios, hacia poco necesana una acentuada especialización técnica dentro de la enseñanza fonnal. En muchos casos, además, los conocimientos requeridos eran aprendidos en el propio establecimiento en el transcurso de la jornada de trabajo. Algunos datos estadísticos iluminan aquellas políticas, al revelar ciertos rasgos de la expansión del sistema educativo. Ya en 1869, alrededor del20% de la población en edad de escolarización asistía a la escuela primaria, iniciando un exitoso proceso de alfabetización alentado desde el Estado. Por su parte, el siguiente Censo de Población, que tuvo lugar en 1895, detectaba un crecimiento importante: la población asistente al primer nivel era de alrededor del 31% de la escolarizable, mientras en 1914 el porcentaje ya ascendía al 48%. · La enseñanza secundaria alcanzaba ese año a algo más del3% porcentaje que de por sí no resulta impresionante y señala la loca~ lización de los esfuerzos gubernamentales en la expansión del nivel inicial mientras el medio se desarrolla numéricamente en forma mucho más lenta y gradual aunque el ritmo de expansión resultara superior. Al respecto, hacia 1920 sólo cuatro de cada mil h~bitantes estaban inscriptos en el segundo nivel. Sin embargo, rmentras la matrícula de enseñanza primaria se multiplicaba cerca de ocho veces entre 1885 y 1930, en el mismo lapso la de nivel medio lo hacía casi veintiséis veces. Otro dato que puede resultar esclarecedor es el relacionado con el analfabetismo, el cual descendía del 77% en 1869 al 53% en 1895 para llegar al 35% en 1914. Fuera de los promedios nacionales las realidades provinciales eran otras. En efecto, provincias como Tucumán, San Juan, San

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Luis, La Rioja y Catamarca reunían dos rasgos aparentemente contradictorios: poseían porcentajes de analfabetismo y cantidad de inscdptos en la enseñanza media superiores al promedio nacional. Esto abonaría la hipótesis de un comportamiento diferencial de las clases más o menos favorecidas de la sociedad. Para las primeras, las escasas posibilidades que otorgaban economías regionales - estancadas que no conseguían insertarse con éxito en el modelo agroexportador convertían a la educación secundaria en una meta deseable tanto para la obtención de un empleo público como para la continuación de estudios en la universidad. Para los sectores socialmente más desfavorecidos, en cambio, resultaba imposible el mero acceso a la educación formal. En opinión de Torcuato Di Tella, los sectores medios del interior del país, aunque reducidos en número y débiles en su poder económico, tenían sin embargo importantes tradiciones culturales que se aunaban a las dificultades para lograr movilidad social ascendente a través del ejercicio de actividades productivas. Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Santa Fe poseían un comportamiento más esperable, con bajos índices de analfabetismo y alta participación en la educación media. Se trataba en ambos casos de zonas prósperas del país con una inserción privilegiada en el modelo de acumulación; constituían además las zonas más densamente pobladas y en ellas se ubicaban los centros urbanos más importantes. En éstos el crecimiento del comercio y los servicios producía, sin duda, una necesidad de mayor expansión educativa a partir de los mayores requerimientos que al respecto tenían. La provincia de Córdoba, por su parte, tenía una situación singular: más analfabetos que el promedio del país y menos de un inscripto en enseñanza media por cada 1.000 habitantes (junto con la provincia de Río Negro, constituida como tal recién en 1895). Estos datos podrían hacer suponer que se trataba de una provincia económicamente retrasada y sin tradición educativa, y no de aquella que cobijó a la primera universidad creada en nuestro territorio, a inicios del siglo XVII. Probablemente la subsistencia de algunos rasgos coloniales, como lo ilustran el peso del poder eclesiástico y la rígida jerarquización de su sociedad, contribuya a explicar esa situación.

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LA UNIVERSIDAD COMO BALUARTE DE LA TRADICIÓN La dinámica del régimen político resulta central a la hora de definir la situación de la universidad. Aun reconociendo la autonomía relativa de la institución y su tendencia -casi natural- al tradicionalismo y al inmovilismo, las lógicas de funcionamiento y evolución de los gobiernos conservadores y radicales son dignas de tenerse en cuenta a la hora de analizar el cansino devenir de la institución en una sociedad en movimiento. Ya Durkheim, en su Historia de la educación y de las doctrinas pedagógicas, planteaba que la universidad, como toda corporación, se caracterizaba por llevar en su seno el germen de la inmovilidad; su propia lógica de existencia y preservación la inclinaba en ese sentido aunque también, paradójicamente, tuviera una gran flexibilidad y adaptabilidad a circunstancias y espacios diferentes. No obstante, resulta interesante alertar sobre la exacerbación en muchos casos de esta condición "natural" por parte de minorías tradicionales con fmes de preservar o acentuar la exclusión de otros grupos sociales. El fracaso de los mismos en esta coyuntura particular está probablemente relacionado en forma directa con la enorme transformación social experimentada por el país, la cual había producido el ascenso económico de vastos sectores sociales que luego demandaron una participación mayor en los espacios político, social y cultural. En el plano político, la ley Sáenz Peña de 1912, al conceder la ampliación de la participación política, trajo como consecuencia directa la pérdida por parte de la oligarquía de los resortes indispensables a los efectos de triunfar en las urnas. De esta manera llegó al gobierno la Unión Cívica Radical que representaba a diversos sectores de la sociedad, en particular a los grupos medios. Los grupos tradicionales sin embargo conservaban todavía considerables espacios de poder. Tenían aún la mayoría parlamentaria y dominaban el Poder Judicial y la universidad. Al respecto señalan Cantón, Moreno y Ciria que ésta era también parte del "régimen", forma a través de la cual los radicales designaban a todos los gobiernos surgidos a partir de 1880. La universidad era pues un objetivo, una meta, un "oscuro objeto de deseo" para los grupos en ascenso y un bastión digno de defender para los grupos tradicionales, entonces en retirada estratégica. En este sentido, el radicalismo, desde la posición arbitral que le concedía el ejercicio -aún

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limitado- del poder político, probablemente no haya alentado el proceso de reforma universitaria, pero, una vez producido el estallido, lo amparó y oxigenó para su persistencia. Mientras tanto, el análisis estadístico permite constatar que los estudios universitarios también se expandieron en la Argentina "moderna", de forma similar a lo que había acontecido con los · otros niveles, y la nueva presencia social se hizo más visible en los primeros años del siglo. Hacia 1910 había alrededor de seis mil alumnos matriculados en las universidades argentinas, es decir, prácticamente el doble que una década atrás. La mayor parte de los mismos (78%) pertenecía a la Universidad de Buenos Aires; el resto se repartía entre las otras dos universidades existentes: la de Córdoba (8%) y la recientemente creada Universidad de La Plata (14%). Esta expansión matricular no guardaba relación alguna con el

Universidad Nacional del Litoral.

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desarrollo productivo ni era el correlato del "arrollador avance" del capitalismo y sus demandas siempre crecientes de recursos humanos más y mejor capacitados. No era además vista con buenos ojos por las clases dominantes, que desconfiaban de la creciente irrupción en los claustros de los sectores sociales en ascenso -producto de la inmigración-, lo cual podría conducir a una pérdida del control exclusivo que históricamente habían ejercido sobre la institución. Sin embargo, es precisamente la dinámica impuesta por los gobiernos oligárquicos la que pennite explicar este crecimiento constante experimentado por los claustros universitarios; incremento matricular por una parte, pero también expansión en el número de instituciones, con el nacimiento de las universidades de Santa Fe, Tucumán y La Plata. En efecto, la lógica que la expansión de la demanda educativa había experimentado hasta entonces había ido pasando de la enseñanza fundamental a la media, para luego focalizar en la universidad, institución tradicional y aristocrática, símbolo de la oligarquía en el poder. Por lo tanto, el prestigio de sus claustros podía ayudar a dar lustre a fortunas amasadas a partir del trabajo; si la propiedad territorial-máximo signo de distinción- era inaccesible, el diploma universitario parecía más próximo y, de esta manera, eran más asequibles tanto el logro de una legitimación simbólica como un mayor progreso económico. Es así como Florentino Sanguinetti afirma sin ambages que "los doctores constituyen el patriciado de la segunda república, sustituyendo poco a poco a las charreteras y a los caciques rurales en el manejo de los negocios". El gobierno procuró frenar este avance a través de distintos proyectos. La cuestión central, según Tedesco, radicaba en la función política que cumplía la universidad corno formadora de la clase dirigente del régimen. Ésta, por definición, no podía extenderse más allá de términos "razonables" por lo que se hacía necesario poner vallas para desviar la creciente presión que se ejercía sobre la institución. Los intentos oficiales fueron muchos y vanos. Desde los proyectos de reforma de la enseñanza media (Magnasco y Saavedra Lamas) hasta la creación de nuevas instituciones y sobre todo de nuevas carreras ligadas esta vez más estrechamente a las actividades productivas, todos fueron rechazados por la sociedad, que continuó reclamando un lugar en los espacios simbólicos históricamente valorados.

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LA EXPANSIÓN INSTITUCIONAL Y MATRlCULAR DE LOS- ESTUDIOS UNNERSITARIOS Hacia mediados de la década del 10, existían en nuestro país . tres universidades nacionales. La de Córdoba, nacida en 1613 con la denominación de Colegio Máximo -sobre el Noviciado de los Jesuitas- merced a la acción conjunta del Papado y el Imperio; la de Buenos Aires -creada en 1821 por inspiración de Bemardino Rivadavia- y la de La Plata, creada en 1905 sobre la entonces denominada Universidad Provincial de La Plata por iniciativa de Joaquín V. González. En 1889 había sido creada la Universidad Provincial de Santa Fe, que sería nacionalizada luego de la Reforma Universitaria; en 1921 surgió además la Universidad de Tucumán. La creación de las dos primeras está ligada a la primacía de sus ciudades sede como centro político dominante en cada momento histórico; las universidades de La Plata, Santa Fe y Tucumán, en cambio, son el resultado de las presiones ejercidas por los sectores dominantes de estas provincias en su aspiración por lograr su inserción en el nivel universitario. Estas últimas son creadas, además, con un esquema diferente y hasta alternativo en relación con las otras dos consideradas "tradicionales". Es así como albergan una gran cantidad de carreras nuevas, todas de carácter científicotécnico aunque muchas de ellas irán perdiendo peso -con los años- en su participación en la matrícula totaL Sin embargo, el ideal que había abonado la creación de las nuevas universidades, es decir, la separación entre carreras técnicas y científicas, no logró cristalizar en las mismas. La Universidad de Córdoba tuvo desde sus orígenes una orientación eminentemente teológica. Sólo a fines del siglo XVill se crearon cátedras de derecho civil y fue autorizada a otorgar grados en este derecho. Mantuvo un férreo carácter aristocrático hasta bien entrado el siglo XIX, al punto que -según reseña Carlos O. Bunge- su claustro "se negaba a recibir a quienes no acreditasen limpieza de sangre, y especialmente a los pardos". Julio V. González --eminente reformista e hijo de Joaquín V. González- señalaba que era un "venerable monumento colonial" que había permanecido casi inmutable en su contenido consistente en la pe-

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sada herencia de trescientos años de orientación confesional. Un ejemplo citado por el propio González ilustra esta situación. Los estatutos de 1878 -momento en que el proceso de seculalización avanzaba a nivel nacional tanto en el terreno discursivo como en el de las realizaciones prácticas- establecían en su artículo 54, objetado luego por el presidente Nicolás Avellaneda: "La patrona de esta Universidad será la Virgen Santísima, bajo el título de la Concepción, según fue jurado en Claustro de 23 de febrero de 1818; a cuya festividad de vísperas y misa concurrirán todos los estudiantes y graduados, por el orden de antigüedad en Claustro". Con todo, este estatuto era menos religioso que el de 1858, el cual, según un observador, "respiraba" un manifiesto espíritu católico, al punto de exigir a los alumnos que presentaran un certificado acreditando haber cumplido con la Iglesia en la Catedral durante la "Semana Mayor". Si en opinión de González el espíritu de la Universidad de Córdoba era "conservador, unilateral y reaccionario", para Carlos Cossio, la institución era producto del clericalismo cordobés; era una universidad positivista pero confesional, básicamente clerical. En materia de enseñanza esto se traducía en el estudio del 1 derecho público eclesiástico y canónico, en la inclusión en el programa de filosofía del derecho de los "deberes para con los siervos"; se enseñaba una teoría del derecho público que sostenía que "el Estado, aunque es distinto, está no obstante subordinado a la Iglesia, no puede separarse de ella por la pretendida libertad de conciencia y de culto, y está obligado a proteger a la Iglesia con sus leyes y a poner su espada material al servicio del reino de Dios y del orden espiritual". La institución, sin embargo, no era ajena al contexto en el que surgía. Córdoba había permanecido a lo largo del siglo XIX inmersa en la atmósfera colonial. A pesar de su ubicación geográfica y su función de enlace entre el Litoral y el resto del país, tenía todavía una economía escasamente diversificada en la cual el comercio -desarrollado desde los tiempos del Virreinato del Perú- ocupaba un lugar central. Puede decirse que la ciudad conservaba aún los rasgos característicos de la vieja aldea, plagada de templos y de rituales religiosos. Otra era en cambio la situación planteada en el Litoral, ámbito geográfico y espiritualmente más próximo a las influencias de ultramar en el que surgieron tres universidades. Por otra parte, desde

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el momento mismo de su creación, la Universidad de Buenos Aires entrañó una verdadera reorganización educacional en la medida en que desa
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se adaptó con menores resistencias a las transformaciones planteadas a partir de la Reforma. Este mismo modelo se repitió en la Universidad de Tucumán, fundada por Juan B. Terán, que albergó por primera vez en el ámbito universitario las carreras de ingeniería química e industrial, el Instituto de Investigaciones Industriales y la Escuela de Mecánica y Electricidad. En lo que respecta a la Universidad de Santa Fe, que sería nacionalizada en 1919 con el nombre de Universidad del Litoral, dio cobijo en la ciudad de Santa Fe a carreras como química industrial y agrícola y ciencias jurídicas y sociales. En Rosario funcionarían ciencias matemáticas, físico-químicas y naturales, ciencias económicas, comerciales y políticas y ciencias médicas, farmacia y ramos menores; en Paraná, ciencias económicas y educacionales, y en Corrientes, agricultura, ganadería e industrias afines. Resulta pues especialmente interesante destacar los esfuerzos invertidos en lograr una diversificación de las carreras que permitiera superar además la concentración de la demanda en Derecho y Medicina. Esta renovación en la oferta de estudios universitarios, sin embargo, no se vio acompañada por un crecimiento acorde de la demanda social por este tipo de estudios alternativos a los tradicionales. De esta manera, la sociedad metabolizaba la distancia entre la presunta mayor adaptación de estos estudios a los requerimientos de la economía y la ausencia de posibilidades concretas de inserción profesional en la medida en que el modelo de acumulación vigente no requería mayormente ingenieros, agrónomos o veterinarios. La inserción de la Argentina en la división internacional del trabajo como proveedora de materias primas actuó así, indirectamente, provocando los reflejos de la sociedad y su reacción prefiriendo el camino del "doctorismo". Por ejemplo, según Bagú, la mayor parte de los 877 profesionales vinculados a la actividad agropecuaria relevados en el Censo de 1914 estaban empleados en la enseñanza, en las oficinas públicas y en empresas no directamente aplicadas a la producción agropecuaria. De modo que si se analizan las transformaciones experimentadas por la orientación de la matrícula entre 1900 y 1918, podrá observarse un crecimiento permanente de las denominadas carreras modernas, aunque éstas en el año de la Reforma apenas superaban el 20% de la matrícula total. La forma de encauzar la demanda por parte de la sociedad no

supone pues un rasgo de miopía sino, todo lo contrario, reflejos adecuados que recogían las limitaciones estructurales del proceso de modernización en marcha en el marco del capitalismo dependiente,- el cual no ofrecía un terreno firme para el desarrollo de las profesiones "modernas"; abogacía y medicina continuaron siendo los destinos preferidos para los hijos de los s~ctores dominantes y las únicas capaces de cubrir las expectativas de las clases medias en ascenso. Eran además profesionales ligados al poder político y económico y, en ese sentido, lo percibían como un trampolín para el acceso a las funciones de gobierno, al reconocimiento social y al ascenso económico. Una parte importante de la alta burocracia gubernamental se integraba con hombres egresados de las universidades de Córdoba y Buenos Aires, particularmente de las facultades de Derecho y Medicina. La profesión de abogado era pues el vehículo seguro para el ejercicio de múltiples funciones; por otra parte, los abogados, como estadistas o funcionarios públicos, crearon los instrumentos de control político destinados a lograr la adecuación entre la creciente población y el modelo de acumulación vigente y, sobre todo, tendiente a mostrar a éste como perpetuo, ignorando o negando su transitoriedad. Institución adaptada a los requerimientos de una minoría tradicional y oligárquica que preparaba a sus alumnos para el ejercicio de la función pública en sus distintos escalones, la irrupción de los sectores medios en la vida nacional, que reclamaban una mejor inserción en la estructura económica y un reconocimiento en los planos político, social y cultural similar al que ya habían obtenido en el económico, estaba destinada a chocar contra un muro de contención que irá mostrándose con el pasar del tiempo incapaz de frenar aquel avance arrollador.

El Memorial de cargos y anhelos del Comité Pro Reforma Universitaria de Córdoba, elevado en abril de 1918 al ministro de Justicia e Instrucción Pública, José Salinas, nos permite delinear dos órdenes de problemas: aquellos referidos a la enseñanza, el profesorado, los planes de estudio y la organización disciplinaria dentro de la institución, y los referidos al gobierno universitario. En materia de enseñanza merecen resaltarse especialmente la

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LAS CRÍTICAS A LA UNIVERSIDAD

ausencia de criterio experimental y la falta de un profesorado competente. En relación con el primero, en La Universidad de La Plata, libro editado por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública con motivo de la fundación de aquélla, puede leerse que "sólo se conciben las universidades dogmáticas donde el núcleo apenas se extiende al quadrivium del Derecho, la Medicina, las Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas, y la Filosofía; y cada vez que se insinúa la intromisión de algún factor extraño, como el de esos nuevos departamentos de ciencias, de fines menos aristocráticos, aunque de igual valor científico intensivo, se alarma el criterio clásico y sus viejos consejos académicos se estremecen como a la aproximación de una catástrofe o de un envilecimiento de los estudios". Éstos parecerían querer preservarse de la contaminación ínsita en la expansión y modernización de los mismos, lo cual lleva a pensar en la caracterización weberiana de los estamentos como mantenedores de las convenciones sociales, y en su defensa del

honor social como única forma de diferenciación de estos grupos de aquellos cuyo poder se cimenta en el plano económico. Este "hono~ social" radicaba en los estudios clásicos, los cuales, por lo tanto, no debían expandirse al punto de jaquear ----en términos de Bourdieu-la distinción que otorga la rareza de un bien material o simbólico. Este peligro se habría manifestado con mayor fuerza en los primeros años del siglo XX: es así como 1905 puede considerarse un punto de inflexión en la composición social de la universidad. Un problema no menor era la escasa capacitación e idoneidad del profesorado que en su mayoría repetía anualmente manuales o "apuntes" sin contemplar la actualización del conocimiento y su adecuación a los nuevos contenidos desarrollados por la producción científica nacional e internacional. Por otra parte, la formación que recibían los estudiantes era de carácter netamente profesional. Cossio sostenía en 1927 que la "Vieja Universid~d", anterior a la Reforma, no aspiraba más que a entregar el correspondiente diploma. "Era pues eminentemente técnica, sus universitados (sic) debían ser hombres que proveyeran el arte de emplear los conocimientos enseñados. Carecía por completo de toda preocupación de ciencia pura." También estaban ausentes los análisis de la problemática social nacional y aun temas científicos de enorme peso y actualidad. Juan B. Justo destacaba en 1918 que, por ejemplo, hasta ese momento, la Biblioteca de la Universidad de Córdoba no tenía un solo libro de Morgan, Marx o Engels. También estaban ausentes Bemard, Stammler, Haeckel y Darwin, a pesar del afán de los sucesivos rectores por resaltar en las Memorias elevadas al ministro de Justicia e Instrucción Pública para ser presentadas al Congreso de la Nación, el número de volúmenes que formaban el acervo de la institución. Para algunos autores, la problemática central era la falta de separación entre la función científica y de investigación y la función eminentemente burocrática de entregar la habilitación profesional. Para Julio V. González, la llave del problema se hallaba en el hecho de que la enseñanza profesional había relegado a segundo plano la investigación científica y la elaboración de la cultura. De esta manera, las instituciones postergaron su función de incentivar la reflexión crítica y la creación de nuevo conocimiento para convertirse en espacios de transmisión ritual de asignaturas

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Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, durante el acto eleccionario de las nuevas autoridades, octubre de 1918.

Buenos Aires, Derecho y Medicina, habían caído en poder de círculos familiares que las administraban como si fueran feudos. El carácter vitalicio del ejercicio de estos cargos les quitaba por otra paite toda posibilidad de dinamismo y de renovación en materia de ideas y procedimientos. En 1916, Martínez Paz fundamentaba la necesidad de transformar el gobierno de la Universidad de Córdoba, sosteniendo que la falta de alternancia era nociva para la institución "no porque la función atrofie el órgano como se dice con incorrecto símil biológico, para dar a entender que la capacidad reconocida de un académico al tiempo de la elección pueda ir anulándose paulatinamente en su ejercicio, lo que es erróneo; sino porque la continuidad de una misma función vuelve mecánico su ejercicio y por lo tanto rutinario".

indispensables para el ejercicio de una profesión pero poco ligadas a la formación de dentistas. En palabras de Ortega y Gasset, en su clásico Misión de la Universidad: "Ser abogado, juez, médico, boticario, profesor de latín o de historia en un instituto de segunda enseñanza, es cosa muy diferente de ser jurista, fisiólogo, bioquímico, filólogo, etcétera. Aquéllos son hombres de profesiones prácticas; éstos son nombres de ejercicios puramente científicos". Por otra parte, la aspiración al ejercicio del profesorado se basaba fundamentalmente en su peso simbólico. Para Cossio, ésta era "la decoración más elegante a que podía aspirar una persona de figuración en la clase culta". Ya en 1916, Rodofo Rivarola, en un escrito sobre los problemas educacionales de la Facultad de Filosofía y Letras, señalaba la necesidad de fundar el mejoramiento de la enseñanza en la preparación especial del profesorado. Esto podría lograrse, en su opinión, si el título tuviera peso propio, lo cual permitiría atraer a los institutos de preparación para el profesorado a un amplio número de aspirantes para poder mejorar simultáneamente las condiciones de la preparación y elegir a aquellos que demostraran una aptitud superior. Desde las propias universidades se señalaban como problemas acuciantes el crecimiento de la matrícula con la consiguiente falta de espacio y la inadecuada dotación de recursos por parte del Estado. Es así como, por ejemplo, en las Memorias elevadas en 1890 por el rector de la Universidad de Buenos Aires al ministro de Justicia e Instrucción Pública se señalaba que a pesar de haberse mudado recientemente a un edificio nuevo, la Facultad de Medicina padecía de problemas de espacio, siendo similar la situación de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Otro tanto ocurría en las universidades de La Plata y Córdoba. Sobre el gobierno universitario, los reclamos se orientaban hacia una ampliación de la participación en los órganos respectivos, que quedaban reservados a los miembros de las denominadas Academias. Éstos constituían una especie de oligarquía del saber que ejercía sus funciones sin relevo posible en razón de que los cargos eran ad vitam. No existía, pues, renovación y la constitución de cerradas camarillas que dominaban la vida universitaria era inevitable. Para Julio V. González, las Academias constituían "la expresión acabada del régimen oligárquico imperante en la universidad". Las dos facultades más importantes de la Universidad de

Correlativamente y como consecuencia casi inevitable de la expansión experimentada por la universidad, comenzaba a visualizarse la imposibilidad de seguir clausurando una participación más amplia en el gobierno universitario así como la incapacidad de la propia institución para encauzar los cambios esperados. En este contexto, empezaron a escucharse las primeras "voces clamantes en el desierto", según definirían los propios estudiantes de Córdoba en el Memorial de cargos y anhelos del Comité Pro Refonna Universitaria en 1918. Ya las últimas décadas del siglo habían sido testigos de diversos enfrentamientos entre los estudiantes y las autoridades universitarias, entre los cuales se destaca especialmente el producido en 1871 como consecuencia del suicidio de un estudiante provinciano que había sido aplazado en la Universidad de Buenos Aires. Este hecho había desnudado, en opinión de sus compañeros, la necesidad de reformar a la institución, poniendo límite a las "falsas jerarquías docentes". En los primeros años del siglo XX, la misma institución vuelve a constituirse en el escenario privilegiado de los conflictos estudiantiles, los cuales conducirán en esta ocasión a la reforma estatutaria de 1906, que intenta paliar así algunos de los reclamos referentes al gobierno universitario. Halperin Donghi describe con precisión que el conflicto se inició en la Facultad de Derecho cuando los alumnos solicitaron, a

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LOS PRIMEROS CONFLICTOS

fines de 1903, una reforma de la ordenanza de exámenes parciales y finales, la cual fue rechazada. En diciembre de ese año se originó una huelga momentáneamente resuelta por el Consejo Superior por medio de la aceptación de la solicitud estudiantil. Al regresar a las aulas los estudiantes pidieron una prórroga de los exámenes finales por el tiempo perdido en la huelga, que les fue denegada por la Academia. Sobrevino entonces una nueva huelga, seguida de las renuncias de la mayoría de los académicos y del decano de la facultad. El movimiento estudiantil amplió entonces sus objetivos apuntando a la falta de actualización y renovación de los estudios. Resultaba evidente que la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires era sólo la punta del iceberg, y que pedidos similares y aún mayores, efectuados en forma manifiesta o solapada, tenían lugar desde dentro y fuera de la Universidad. En el mes de febrero el nuevo decano, Dr. Obarrio -docente más antiguo-, consiguió que los académicos retiraran sus renuncias y en los primeros días de marzo de 1904 volvió a reunirse la Academia y aceptó las prórrogas de exámenes solicitadas por los alumnos. Sin embargo, la huelga no cesó y ante los reiterados tumultos las autoridades decidieron suspender las actividades de la facultad. El movimiento estudiantil se organizó tras las banderas de docencia libre, nuevo sistema de exámenes y disminución de los aranceles, en referencia a la situación de los estudiantes sin recursos, manteniendo como meta general la desaparición de las Academias. Algunas de estas demandas eran coincidentes con las que históricamente habían planteado los estudiantes; aparecía sin embargo por primera vez un reclamo de ampliación de la base social de la universidad a través del pedido relativo a los aranceles. De alguna manera, la problemática estudiantil no se agotaba en las cuestiones intrauniversitarias y en el reclamo de democratización interna sino que también surgía en forma embrionaria una, aún débil, demanda de democratización externa. Ante la nueva renuncia de los académicos, se estableció a través de una reforma del Estatuto que los profesores titulares integrarían la corporación por orden de antigüedad. Esto permitiría mantener la continuidad institucional mientras, como elemento de presión sobre el claustro estudiantil, se rechazaba el pedido de los estudiantes de rendir sus exámenes en la Universidad de Córdoba. Durante el transcurso del año la reconstitución de la Academia,

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cuya composición era algo más equilibrada, coadyuvó a la solución del conflicto, que se alcanzó en diciembre cuando se encararon m~didas para la transformación del plan de estudio y de la enseñanza en general y los exámenes en particular. Por su parte, en 1905 surgió un nuevo conflicto, esta vez en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, a raíz del concurso de Clínica Médica. Los estudiantes y un importante grupo de médicos locales apoyaban al doctor Julio Méndez, quien había sido excluido de la terna luego de un examen de "servicios y trabajos científicos" realizado por la Academia. Se declaró la huelga y se profundizó por una resolución de aquélla, que para asegurar el nivel de exigencias en los exámenes fijaba de antemano el porcentaje de estudiantes que debía obtener cada calificación. En marzo de 1906 se solucionó el conflicto a través del retiro por parte de la Academia de la polémica resolución. Ese mismo año asumió un nuevo rector, Eufewio Uballes, quien propuso una reforma de los estatutos para adaptarlos a los nuevos tiempos. En líneas generales puede decirse que la importancia adquirida por estos dos conflictos en la Universidad de Buenos Aires, se relaciona en forma directa con la toma de conciencia por parte de la sociedad y de muchos de los propios universitarios (estudiantes y profesores) de la necesidad de una reforma que democratizara el gobierno universitario. Se generó asimismo un profundo debate que llevaría a la reforma del Estatuto de 1906 que contemplaba la abolición de las Academias. Estos cambios, sin embargo, se limitaron a la Universidad de Buenos Aires; en la de Córdoba no hubo movilización estudiantil y siguieron vigentes los antiguos estatutos y, con ellos, las Academias vitalicias. La "tranquilidad" reinante es destacada permanentemente por las autoridades universitarias cordobesas en las Memorias que anualmente elevaban al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para ser presentadas al Honorable Congreso de la Nación. Es así como en 1904, un año especialmente conflictivo en la Universidad de Buenos Aires, pueden leerse expresiones tales como: " .. .las tres Facultades que componen la universidad funcionaron regularmente, sin que incidente alguno digno de mencionarse viniera a perturbar el orden y la disciplina tradicionales y característicos de la casa". En 1910, el entonces rector José Deheza era aún más contundente: "Los cursos se desarrollaron regularmente, sin que conflic-

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to o incidente alguno, ni por parte de los cuerpos académicos Y docente ni por parte de los alumnos de las distintas facultades, viniera a alterar la tradición de orden y disciplina que han señalado a nuestro instituto a la aprobación y aplausos generales. Me complazco pues, como lo hice en años anteriores, en hacer constar esta feliz circunstancia, porque ella constituye una característica de esta casa que la recomienda especialmente al afecto del pueblo y a la atención del gobierno". Otro tanto ocurre en las Memorias de los años siguientes, en donde se traduce un clima de convivencia institucional plena que haría suponer que los hechos de 1918 fueron el resultado de una explosión súbita y ajena a las propias características de la insti~­ ción. Sin embargo, ese mismo año, Garzón Maceda, entonces director de la Revista de la Universidad Nacional de Córdoba, atribuía aquella aparente tranquilidad a la aplicación de severas normas disciplinarias y a la existencia de un sistema de premios Y castigos totalmente inadecuados para la época. Otra consecuencia más o menos directa del último conflicto fue la constitución en 1908, en Buenos Aires, de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), primer intento de organización del movimiento estudiantil. Ese mismo año en Montevideo se reunía el Primer Congreso de Estudiantes Americanos, que contó con representaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay y elaboró como resolución propositiva general, aprobada por aclamación, la recomendación de que, los Consejos Directivos contaran con representación estudiantil. Es~a sería solicitada oficialmente por la FUBA en 1916 cuando reqmrió la sanción de una ordenanza por la cual se admitía la participación de un estudiante con voz en los Consejos hasta tanto "se permita el logro integral de las aspiraciones de la juventud estudiosa". Queda plasmada de esta manera una reivindicación que ha~ta el momento no se había corporizado y que suponía una amp}mción considerable de la meta de democratización universitaria. Esta ya no se agotaría en la renovación de la representación de los profesores sino que incluiría una representación de los alumnos.

LA REFORMA UNIVERSITARIA La necesidad de desarrollar un proceso de reforma en la univer-

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sidad era pues un hecho ineludible que planteaban desde hacía varias décadas los estudiantes pero también prestigiosos profesores y graduados que consideraban que ésta constituía la única vía para elevar a la institución del estado de postración en que se hallaba. Estos pedidos habían logrado además acceder al Congreso Nacional y tomar cuerpo a través de la presentación en la Cámara . de Diputados de cuatro proyectos de modificación del régimen universitario, los cuales, aunque no tuvieron un trámite favorable, marcaron el peso y la expansión de la inquietud que generaba la situación de la Universidad aun en los círculos más próximos al poder político. Los proyectos en sí eran bastante similares y marcaban de esta manera el consenso existente en la necesidad de la reforma y la convicción de la conveniencia de ampliar la base de sustentación del gobierno universitario. Proyectos de corte semejante surgieron a partir de 1907 en la propia Universidad de Córdoba, aunque ninguno de ellos logró concretarse. Esto supone que el clima era también propicio en aquélla para la elaboración de una reforma sustancial de los estatutos que permitiera ampliar la participación en los órganos de gobierno universitario. Asimismo, éste sería sentido tanto por estudiantes como por académicos, profesores y graduados, coincidiendo todos en los aportes que una reforma supondría para el "aggiornamento" de la institución. Sin embargo, ésta parecía adormilada, incapaz de renovarse por sí misma, sorda a los requerimientos que brotaban de sus propios claustros y resonaban aún en los más diversos ámbitos del poder político. El conflicto se originó en Córdoba. Y no resulta extraño si se atiende especialmente a los rasgos cerradamente jerárquicos de esa institución, a su aislamiento y negación de los progresos científicos y al clima clerical y tradicionalista imperante en sus claustros en años de agudas transformaciones sociales y políticas como son los últimos años de la década del lO. La chispa se encendió a fines del año 1917 cuando los centros de estudiantes de Ingeniería y Medicina protestaron por la modificación del régimen de asistencia a clase y la supresión del internado del Hospital de Clínicas. Al no dar respuesta las autoridades a estos reclamos se constituyó el Comité Pro Reforma, que proclamó la huelga general el 31 de marzo de 1918. El 2 de abril, el Consejo Superior decidió clausurar la Universidad y dos días después el Comité Pro Reforma pidió la intervención del gobierno

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nacional, la cual se efectivizó una semana después cuando el presidente Yrigoyen nombró interventor al entonces procurador general de la Nación, José Nicolás Matienzo. Por esos días, el Comité envió al ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, José S. Salinas, el denominado Memorial de cargos y de anhelos del Comité Pro Reforma Universitaria de Córdoba, explicando que el mismo había sido preparado para ser presentado al Consejo Superior de la Universidad, lo cual no fue posible por la clausura de la institución. En el mismo señalan textualmente: "No sólo es el régimen orgánico de los estudios superiores que precisa modificarse: es urgente la renovación del profesorado, en forma que asegure la competencia de los docentes designados; es indispensable la reforma de los planes de estudio para modernizar y mejorar la enseñanza, y queremos, por fin, los estudiantes, otra organización disciplinaria, menos meticulosa, más sincera y más útil. Todo ello a nuestro juicio, si no es secundario, tiene como base la reforma de constitución universitaria, que, entregando, hasta la fecha, a unos pocos el gobierno de la casa, mediante las academias vitalicias, ha substraído la universidad a las

Llegada de Matienzo a la provincia de Córdoba, 1918.

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innovaciones que su propio progreso necesita". Luego de una breve gestión de tan sólo diez días Matienzo presentó el 22 de abril un proyecto de reformas, aprobaqo por decreto presidencial el 7 de mayo. El mismo diagnosticaba que uno de los principales problemas era la anquilosis que se había producido en la institución, la inamovilidad de los cuerpos directivos y, consiguientemente, proponía la participación del cuerpo de profesores en la elección de consejeros y de rector. El propio interventor señalaba en su discurso al instituir la Reforma UniversitaCaras YCaretas, 13 de abril de 1918. ria de Córdoba, que "el Estatuto del 7 de mayo asienta el gobierno de la Universidad sobre el profesorado, reconociendo que nada hay más alto ni más respetable que la cátedra en una casa destinada a la enseñanza superior, que es, por su naturaleza, la fuente de donde emanan las fuerzas intelectuales más vivas y más fecundas de la sociedad. Y para que todas las ideas, todas las doctrinas y todos los métodos puedan concurrir según méritos a disputar la dirección de la Universidad, ha adoptado el sistema de renovación frecuente de los funcionarios, lo que evita además la tendencia a la oligarquía, tan peligrosa en todas las esferas de la vida social". Todo el proceso que condujo a esta reforma merece ser interpretado como un acto más de la disputa entre el viejo régimen que había sido desplazado en 1916 y el movimiento liderado por Hipólito Yrigoyen que intentaba afianzar su poder haciendo pie en una institución que había perrna.TJ.ecido en manos de sus adversarios. Como tal, si esta reforma fue adoptada con premura por el gobierno nacional y acogida con júbilo por parte de muchos estudiantes, fue resistida por los sectores universitarios tradicionales.

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Para entonces, los primeros ya se habían nucleado a nivel nacional en la Federación Universitaria Argentina y a nivel provincial en la Federación Universitaria de Córdoba, que pronto asumió la dirección del movimiento, disolviéndose el Comité Pro Reforma. Los sectores más cerradamente antirreformistas, por su parte, se organizaron en el Comité Pro Defensa de la Universidad y en los Centros Católicos de Estudiantes. Matienzo regresó a Buenos Aires luego de declarar caducadas a las autoridades universitarias y de convocar a todos los profesores titulares y suplentes para elegir a decanos y vicedecanos y constituir los órganos de gobierno universitario. Luego de las asambleas se convocó ell5 de junio a la Asamblea Universitaria que debía nombrar al nuevo rector. Los candidatos eran tres: Enrique Martínez Paz por parte de la Federación Universitaria de Córdoba, Antonio Nores por la Corda Frates, congregación secreta constituida por muchos notables de la ciudad y destinada a mantener sus privilegios y apoyar a sus miembros, y Alejandro Centeno, candidato intermedio. Según sostienen los reformistas, antes de la elección la Iglesia intervino directamente a favor de Nores presionando a los fieles a votarlo y aun amenazando a aquellos que pretendían actuar según su criterio. Lo cierto es que aunque los candidatos reformistas tenían un peso muy importante en la conformación de la Asamblea, ninguno de los postulantes pudo obtener en las dos primeras votaciones la necesaria mayoría. Se desarrolló entonces una tercera, esta vez entre los dos candidatos más votados (Nores y Martínez Paz), y Centeno dio sus votos al primero. Sin embargo, aquél no alcanzó a ser proclamado rector por la irrupción violenta de los estudiantes dispuestos a no permitir que se burlara la voluntad general. Se constituyeron entonces en Asamblea y convocaron nuevamente a la huelga general. El conflicto se extendió, y la efervescencia estudiantil llevó al desarrollo de marchas que recorrieron la ciudad y a distintas concentraciones que contaron con un amplio apoyo de la comunidad. Debe señalarse, sin embargo, que no ha quedado demostrado el carácter mayoritario de los reformistas en Córdoba, lo cual por otra parte hubiera sido paradójico si se tiene en cuenta las propias características de la universidad. Lo cierto es que el 21 de abril se dio a conocer el denominado Manifiesto Liminar, redactado por Deodoro Roca, que plasmaba el ideario de los estudiantes universitarios. El mismo se dirigía a

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los "hombres libres de Sudamérica" y suponía la irrupción de la juventud en la vida pública argentina como un actor social de peso, cuya proyección superaba los límites nacionales. El Manifiesto concluye señalando: "La juventud ya no pide. Exige que se le reconozca el derecho a exteriorizar ese pensamiento propio en los cuerpos universitarios por medio de sus representantes. Está can. sada de soportar a los tiranos. Si ha sido capaz de realizar una revolución en las conciencias, no puede desconocérsele la capacidad de intervenir en el gobierno de su propia casa". En septiembre llegó la nueva intervención, esta vez a cargo del propio ministro Salinas, quien se dedicó inmediatamente a reorganizar los aspectos administrativos y docentes de la institución. Se instauró así, en opinión de Garzón Maceda, el régimen democrático en la universidad, dando participación a los estudiantes en la composición de los órganos colegiados de gobierno. Se establecieron además reformas en la enseñanza imponiendo la asistencia voluntaria de los alumnos a los cursos y la docencia libre, esto es, libertad de enseñar y libertad de aprender. El autor señala que "el Bedel desaparece del mecanismo uni-

Toma de la facultad por la FUA, 1918.

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en 1932, en un clima diferente, ya que dos años antes el golpe de Estado de José Félix Uriburu, en cuya gestación y triunfo colaboraron a través de declaraciones tanto la Federación Universitaria Argentina como la de Buenos Aires, había acabado con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Sin embargo, poco después de producido el golpe, cuando ya se ponía en evidencia que uno de los obje. ti vos manifiestos del nuevo gobierno era acabar con la "anarquía universitaria", las organizaciones estudiantiles lo enfrentaron soportando continuas persecuciones. Las fuerzas antirreformistas volvían a adueñarse de la universidad.

SOBRE EL ASEDIO Y SUS VÍSPERAS

versitario para dejar como único resorte propulsor de la concuITencia a las aulas el interés que despierten las enseñanzas del profesor". En octubre se desmallaron finalmente las nuevas elecciones que dieron como vencedor a Elíseo Soaje. El movimiento estudiantil de reforma universitaria había triunfado, aunque se demostraría más adelante que sólo había ganado una importante batalla en una guerra mucho más prolongada en la cual las marchas y contramarchas entre reformistas y antirreformistas no dejaron de sucederse. Luego vendrían los tres primeros Congresos de Estudiantes, dos de carácter nacional y uno internacional. El primero, sesionó en 1918 en la propia ciudad de Córdoba y sancionó las bases del gobierno democrático de las universidades y de su renovación pedagógica. El segundo se desarrolló en México, en septiembre de 1921, y remarcó la importancia de la Reforma Universitaria de Córdoba en el contexto latinoamericano. El Tercer Congreso de Estudiantes se reunió en Buenos Aires

La Reforma Universitaria puede pues ser interpretada como el resultado de la tensión entre las transformaciones políticas y sociales ocurridas a nivel nacional y las nuevas características asumidas por el contexto internacional, y el inmovilismo de la universidad, reducto oligárquico e intransigente, cerrado a las renovaciones impuestas por los tiempos y defensor del tradicionalismo y las prerrogativas de los tiempos de la colonia. Al respecto, conviene reiterar que más allá de que esta tendencia institucional sea casi natural, la misma fue acentuada y prolongada artificialmente en el tiempo por los sectores dominantes con el propósito de mantener su exclusividad en la institución. En el orden nacional, la oligarquía había mantenido durante más de tres décadas el control de la maquinaria estatal a través de la restricción del sufragio; sin embargo, las demandas para ampliar la participación política procedentes de sectores sociales en ascenso, quedaron fmalrnente plasmadas en la ley Sáenz Peña, abriendo así las puertas para el acceso del radicalismo al gobierno. Esta presión fue vehiculizada por aquél, pero también se manifestó en la cada vez más candente "cuestión social" apoyada por anarquistas y socialistas. Lo cierto es que a partir de 1890 la agitación social por causas políticas de diferente signo fue una constante; de esta manera se produjeron las revoluciones radicales de 1893 y 1905 en las cuales, según se conjetura, tuvieron una participación importante los estudiantes universitarios, y las primeras huelgas de distinto alcance que adquieren especial magnitud a partir de 1902.

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Acto en la Facultad de Medicina el4 y 5 de septiembre de 1930.

Por su parte, la llegada de Hipó lito Yrigoyen al gobierno no implicó el control por parte de los radicales de los principales resortes de la vida institucional, que permanecieron en manos de los grupos tradicionales. Por otra parte, si bien el radicalismo no introdujo cambios sustanciales en materia económica ni en el modelo de acumulación vigente, supuso, para la época, un considerable crecimiento de la participación política y con ella la expansión de la noción de democratización a las distintas esferas de la vida social y cultural del país. Para que este proceso se profundizara, era indispensable la ocupación de los espacios que aún conservaba la oligarquía, siendo la universidad uno de especial trascendencia. Al respecto, la institución había permanecido ajena a los nuevos vientos que soplaban en el país; prácticamente incólume en las últimas décadas a pesar del constante reclamo por una reforma en su seno que permitiera una actualización de la enseñanza y una democratización de su gobierno. Los sucesivos conflictos estudiantiles que desde las últimas décadas del siglo XIX sacudieron a la universidad fueron creando en la sociedad una cierta conciencia sobre la necesidad de transformación de esta institución, tan prestigiosa como vetusta. Surgen además paralelamente una serie de proyectos legislativos tendientes a introducir reformas, generalmente de forma, en materia de educación universitaria que, en todos los casos, no consiguieron una resolución favorable. En este sentido cabe destacar dentro de la propia institución, por una parte el peso de la corporación universitaria para ubicarse a espaldas de los cambios reclamados reiteradamente tanto por estudiantes como por profesores, y por la otra los fuertes vasos comunicantes de la oligarquía universitaria con la mayoría parlamentaria, para obstaculizar la concreción de la ansiada reforma. Es necesario, sin embargo, recordar las diferencias que desde sus mismos orígenes reconocen las universidades de Córdoba y Buenos Aires, las cuales apuntan tanto a la concepción misma con la que surgen, como a la permeabilidad que fueron demostrando hacia los cambios y la incorporación de los nuevos conocimientos. Al respecto, resultaría interesante bucear en las características distintivas que asumieron las oligarquías mediterránea y porteña, más allá de los intereses comunes que las asocian y confunden en el ejercicio del poder político.

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Por su parte, en el ámbito internacional el fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa son reconocidos como factores destinados a tener un peso fundamental en la mentalidad de la sociedad. Si aquélla marcó el fin de una época, la Revolución Rusa -en opinión de Cossio- "suministró a los estudiantes el concepto revolucionario como el mejor para conseguir la Reforma de la Universidad" . . El prestigioso político e intelectual peruano José Carlos Mariátegui describe con precisión el clima en que surge la Reforma: "Las esperanzas mesiánicas, los sentimientos revolucionarios, las pasiones místicas propias de la posguerra repercutían particularmente en la juventud universitaria de Latinoamérica. El concepto difuso y urgente de que el mundo entraba en un ciclo nuevo, heroico y de realizar una obra histórica". Puede decirse entonces, que la "democratización" interna de la universidad era como una asignatura pendiente cuya ausencia resultaba extemporánea en tiempos de agitada transformación como los que transcurrían por entonces. Y era asimismo percibida como la llave que permitiría inaugurar el camino de una universidad de excelencia, cuya calidad académica guardara correlato con su propio medio social. En este sentido es que las bases angulares de la Reforma Universitaria de 1918, es decir, la defensa de la autonomía y la constitución del cogobiemo de docentes, estudiantes y graduados por una parte, y por la otra, la docencia y asistencia libre, la periodicidad de la cátedra, la publicidad de los actos universitarios, así como la extensión universitaria y la mejor inserción en el medio local y regional, apuntan de manera inequívoca no sólo a ampliar las bases sociales de la institución sino a mejorar la calidad académica. Los reformistas consideraron a la autonomía y el cogobierno como herramientas fundamentales en la lucha contra la mediocridad reinante en la institución; así como la docencia libre, la asistencia libre de los estudiantes, y la periodicidad en la cátedra permitirían la renovación del profesorado, única forma de evitar su burocratización y generar un movimiento permanente de actualización y formación, creando de tal modo condiciones más propicias para acceder a elevados patrones académicos. De esta manera la institución permitiría contener a otros sectores sociales -tradicionalmente excluidos- y plantearía una relación diferente con su entorno; para entonces, el castillo medieval

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aún seguía en pie pero estaba ya herido de muerte: se había resquebrajado por el peso de tradiciones que el paso del tiempo y los cambios políticos, sociales y culturales habían vaciado de sustancia. La universidad había permanecido encapsulada, defendiendo celosamente su pasado y los privilegios de un grupo cuyos intereses se confundían con el poder político. En fin, puede decirse que a partir de la sanción de la reforma electoral de 1912, los cambios en la universidad eran una cuestión de tiempo; el clima de movilización social del proletariado y los sectores medios que ya llevaba varias décadas llegaría a este baluarte de la tradición para imponer su transformación. La misma seguiría los lineamientos de una apertura restringida que favorecería a las ascendentes clases medias permitiéndoles mantener la ilusión de una aproximación simbólica a los grupos oligárquicos. El tiempo demostró, sin embargo, que los sucesos de Córdoba de 1918 podían ir mucho más lejos de lo previsto; que un movimiento de esta naturaleza una vez desatado puede perdurar y expandirse sin respetar moldes prefijados. Que una universidad cerrada en la defensa de sus jerarquías y tradiciones pasadas, termina vaciándose de contenido y convirtiéndose en una caricatura de sí misma.

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